extractivismo
Lo dijo Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador del CONICET. Pasó por el programa radial Estás Muteadx y habló acerca de la producción de litio en Argentina, el cambio climático y la crisis hídrica. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Luciano MamoneRedacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez Otero En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nacionalizó el litio y su industria a través de un decreto presidencial. La medida supone una modificación en la constitución del país, que con este decreto considera al litio como un recurso estratégico que debe ser propiedad del Estado. México posee una de las reservas de litio más importantes del mundo y si bien la medida no retirará concesiones que ya han sido otorgadas, a partir de ahora la exploración y explotación de ese mineral estará exclusivamente a cargo del Estado mexicano. El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Guillermo Folguera, planteó la importancia de que las corporaciones y multinacionales dejen de ser las que determinan las políticas públicas en los países de América Latina. La medida de México podría leerse como positiva porque significa un retroceso de las empresas sobre los recursos naturales, pero también la explotación de litio por parte del Estado tiene riesgos para los territorios y sus habitantes. “El tema es que los Estados en muchos casos, y el caso argentino es un ejemplo, cuando toman los recursos naturales los usan en la misma dirección”, dijo Folguera, y planteó como falsa la distinción que suele hacerse de “compañías privadas versus Estados”, como si las empresas multinacionales arrasaran con los territorios sin permiso del Estado. “Una de las cosas más evidentes tiene que ver con el poder que tienen los grandes accionistas, que en Argentina también son grupos financieros como BlackRock, el de la deuda. Es un gran apostador de acciones de litio y de minería en general. Entonces, esa distinción tampoco es tan tajante”, explicó. Acerca de la nacionalización de las reservas de litio en México, el biólogo contó qué le generaba la noticia: “Por un lado la alegría, por el retroceso de ciertas corporaciones y la necesidad de pensar en términos nacionales. Y después la pregunta en torno a por qué los estados latinoamericanos reproducen las prácticas de autorías de esas mismas corporaciones”. Al conocer la noticia sobre la nacionalización del litio en México, es inevitable pensar en Argentina y en la situación de la industria en nuestro país. No solo en términos de quiénes explotan los recursos minerales y energéticos, sino también de qué manera lo hacen y qué consecuencias tiene para los territorios y las comunidades. En el caso del litio u “oro blanco” la promoción de sus beneficios está siempre acompañada de discursos que señalan un aporte ecológico por el reemplazo de combustibles, pero no refieren específicamente a los daños que ocasiona su exploración y explotación en un futuro no muy lejano. En Argentina no existe un marco legal que regule la extracción del litio. Actualmente existen varios proyectos de explotación de este mineral en el país que se desarrollan como acuerdos entre privados, ya que los salares —de donde se extrae— en la mayoría de los casos son propiedad de particulares. —¿Cómo se extrae el litio en Argentina y qué riesgo tiene esta práctica? —El litio que se extrae en Argentina, que es en salmuera, está básicamente en zona de salares. Hay dos grandes minas en actividad, una en la zona entre Catamarca y Salta y la otra en Jujuy. Hay un montón de proyectos ahí, creo que más de 30. Se hace mediante técnicas de evaporación, se generan grandes sopas en una especie de piletones de diferentes colores en los cuales empieza a decantar el litio y después se obtiene un compuesto que creo que es carbonato de litio, que es el que se termina exportando. Todos estos proyectos, usan químicos. De hecho, hace poquito hubo un derrame de ácido de un camión de la empresa Livent, en Antofagasta, en Catamarca. Contaminan mucho mediante químicos. Y quizás el elemento más importante y del que se habla poco, es que como son técnicas de evaporación, la cantidad de agua que se usa es tremenda, en un lugar donde el agua escasea. El proyecto de minería usa una enorme cantidad de agua, como el fracking y los agronegocios. Esa es la idea del agua como el elemento clave a perder. En el caso del litio es muy evidente que todas las técnicas que predominan en el caso de la de la Puna, que comparten tanto Bolivia, Chile como Argentina, involucra la teoría del agua. Están sacrificando a las poblaciones locales y a los ecosistemas con esa pérdida de agua. Y muy probablemente también más allá del aspecto local, a toda una parte de afluentes que se van a ver afectados. Literalmente, se están secando los territorios. —¿Para qué se utiliza el litio hoy? —Lo difícil que es responder con claridad estas preguntas. El último dato que encontré es que más o menos el 54% está yendo para baterías, donde una parte son los celulares. Y una parte muy importante son vehículos de Europa y del primer mundo que están haciendo con eso la transición energética. Y después se usa para otro montón de cosas, se usa para la industria farmacéutica, para los agronegocios. Hay un montón de ramificaciones: se usa para industrias militares, y cuesta muchísimo encontrar esos porcentajes. A mí lo que me pasa con esto es que uno puede concebir que la transición energética tiene que darse, y que la situación del cambio climático, de la crisis climática es una locura, la hemos visto y la estamos sintiendo cotidianamente y además son escenarios que en primer lugar dañan a las comunidades más vulnerables. El cambio climático afecta a todos, pero afecta mucho más a algunos que a otros. El tema es que para mí discutir de manera aislada, oculta más de lo que devela. Lo que hay que discutir es por qué Europa no está fomentando el transporte
El biólogo, filósofo, investigador del Conicet y profesor de la Universidad De Buenos Aires pasó por el programa radial Hora Libre y habló acerca de la designación de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores de Alberto Fernández. También planteó los riesgos que genera la megaminería, el agronegocio, y se refirió a la resistencia a la explotación petrolera offshore que llevan adelante en la Costa Atlántica. Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Matías BreganteRedacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez Otero —¿Quién es Antonio Aracre y qué es Syngenta? ¿Qué significa políticamente que Aracre sea jefe de asesores de Alberto Fernandez? —Syngenta es una de las grandes empresas a nivel mundial que vende tanto semillas modificadas genéticamente, lo que se llama transgénicos, como químicos, agrotóxicos, agroquímicos, o como los llaman aquellos que los venden: fitosanitarios. La empresa es de origen suizo, luego la compró China y esto tiene mucha relación con los vínculos económicos entre Argentina y China. Respecto a Aracre, es una persona que trabaja desde hace muchos años siendo CEO en América Latina de Syngenta. Ha sido de los grandes representantes de Syngenta que en los últimos años tomó mucha visibilidad. El acercamiento de Syngenta a las políticas del Estado argentino es paulatina y todo lo que vamos a hablar trasciende signos partidarios, ojalá fueran problemas de un único partido. Pero hace un par de años empezó a ser una persona muy cercana a Alberto Fernández. Y también, no está mal que hablemos de los grandes medios de prensa, porque Syngenta puso mucha plata en publicidad y Aracre en particular empezó a coquetear con entrar al mundo gubernamental estatal. Con lo cual la noticia no sorprende, porque de alguna manera se esperaba la presencia de Aracre y de Syngenta. Sabemos que son gobiernos que están articulando directamente con los agronegocios, pero tiene una obscenidad que realmente impresiona. —¿Qué rol tiene la Academia en todo esto que nombraste sobre la trascendencia de los gobiernos de turno, los medios de comunicación y los agrotóxicos? —Muy importante. Por un lado ha sido un gran posibilitador técnico en muchos casos de manera directa. Por ejemplo, sobre el trigo transgénico (la variedad HB4 que funciona con el agrotóxico glufosinato de amonio) hablo de otra empresa, socia de Syngenta, que es Bioceres. El trigo transgénico tuvo como una de las grandes protagonistas a Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral. Es un ejemplo clarísimo donde la universidad pública, en este caso santafesina provee recursos materiales y recursos humanos para generar un transgénico en este caso en asociación a Bioceres. Por otro lado, es muy importante en términos de lo que no hacen y lo digo como profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es impactante ver la falta de estudios y proyectos vinculados con las consecuencias de los agronegocios: estoy hablando de los daños en la tierra, la contaminación química en el agua y el aire, el modo en el cual está entrando en los cuerpos. Está produciendo enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Y el modo en el que incidieron en el incremento de la desigualdad social. Todas estas empresas y proyectos dejaron a la mitad de las personas bajo la línea de pobreza. También las cuestiones demográficas porque más de un 90% de personas vivimos en grandes ciudades y el modo en que se dieron los procesos de gentrificación dentro de las grandes urbes que implican un desplazamiento de los sectores bajos a las zonas marginales. Respecto al corrimiento del sector ganadero que a su vez multiplicó los focos de incendio por ejemplo en el caso del Río Paraná. Son una gran cantidad de eventos que están profundamente relacionados. Y en ese contexto, las universidades públicas y organismos como CONICET no fueron propicios en tratar de involucrarse y ver cómo pueden resolver esta situación. Se está dando un ocultamiento de esta figura que se dio a partir de la década del 90 durante el menemato, que es un período importantísimo para entender todo esto, que son los convenios públicos—privados. O sea, el modo en el cual se vertebran una universidad nacional y una empresa, eso nunca fue desarmado. Entonces encontramos instituciones académicas que parecen responder muchos más a esa lógica que generó y construyó el menemato que a una universidad autónoma capaz de cuestionar severamente el modo en el cual las empresas y las multinacionales están incidiendo directamente en las políticas públicas. —Europa viene desacelerando y sacando leyes en las cuales se prohíben muchas de estas semillas transgénicas y agrotóxicos y se habla de Argentina como un gran laboratorio a cielo abierto. ¿Es tan así que el mundo occidental está desacelerando el consumo de estos productos y aquí no paramos de aumentar el uso y el consumo de ellos? —La primera cuestión brutal es que Argentina no tiene datos confiables respecto a la cantidad de químicos que está tirando al ambiente y a los cuerpos. Eso tiene relación con la política montada en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Hay un montón de intentos individuales, de comunidades, de académicos, de profesionales que han intentado parcialmente tomar datos y a veces en hospitales públicos, pero a la hora de centralizar y sistematizar la información, no hay. En el último año he ido a un montón de pueblos llamados “pueblos fumigados” y las narrativas son de terror, el cáncer se está multiplicando. Es muy visible que conforme uno se va acercando a la zona donde se fumiga las enfermedades se multiplican. O sea, no hay ninguna duda. Pero que no haya datos es muy interesante porque tiene que ver con evitar que el Estado argentino aplique políticas de prevención, ese es el primer punto. La segunda cuestión es que hoy lo que Argentina y los órganos de control están haciendo cuando aprueban o no aprueban un agrotóxico o un transgénico básicamente tiene que ver con el mercado internacional. O sea, si Argentina garantiza un comprador del mercado internacional, el químico va a estar aprobado. Suena brutal y terrible, y lo es. Y eso
Hoy habrá masivas movilizaciones a un año de la primera manifestación, después de que el Gobierno nacional anunciara la explotación offshore en la Costa Atlántica. El pueblo marplatense y de los alrededores salió a la calle en lo que fue el “Atlanticazo”. Las movilizaciones continuaron y llegaron también a otras comunidades costeras de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Fernanda Génova, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras pasó por el programa Tengo una Idea y contó cómo avanzó el conflicto. Entrevista: Nicolás Rosales/Graciela CarballoRedacción: Pedro Ramírez OteroEdición: Fernando Tebele En la Costa Atlántica, la empresa noruega Equinor junto con el Gobierno nacional están intentando destrabar el inicio de la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa marplatense. Las comunidades costeras que se manifestaron en lo que fue el Atlanticazo habían logrado frenar la exploración a partir de una medida cautelar que fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones en diciembre de 2022. Desde el Gobierno plantean, desde un principio, que no impactaría en las comunidades costeras por la distancia a la que se llevaría a cabo. Fernanda Génova, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, explicó por qué se oponen a este proyecto: “El mar no tiene fronteras y la contaminación que se produzca en esas áreas que son de altísimo valor biológico va a impactar sobre el resto del ecosistema marino. Por lo tanto, digamos que es como si nosotros dejáramos de preocuparnos por la devastación y la tala indiscriminada y los incendios en el Amazonas porque no lo vemos”. Los argumentos de la distancia, sostuvo Génova, se caen porque los pequeños o grandes derrames que pueda haber producto de las condiciones riesgosas que se den a esos 300 kilómetros, “van a impactar en el mar de una manera u otra, aunque no nos llegue la gota de petróleo a nuestras costas”. “Estos proyectos profundizan una matriz energética que no solamente es contaminante, sino que además provoca esta crisis ambiental, climática y sistémica que hoy ya nos está trayendo severas consecuencias como la sequía que estamos viviendo en nuestro país. Las temperaturas extremas que se están viviendo a nivel mundial tienen que ver con una matriz energética fósil que sigue extrayendo hidrocarburos del subsuelo y generando emisiones de carbono en la atmósfera. Y si no se detiene esta matriz energética, si no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero el colapso es inminente y por lo tanto el planteo es que los hidrocarburos deben quedarse en el subsuelo, y mucho más si esos hidrocarburos vienen de ecosistemas tan frágiles como es el marino”, planteó. David contra Goliat Las comunidades costeras se están enfrentando al poder de la industria petrolera, “que es un gran poder a nivel mundial que domina muchos territorios”. Los antecedentes de las luchas de las asambleas antimineras aparecen como referencia para los vecinos y vecinas que intentan frenar el extractivismo en la Costa Atlántica. “El petróleo ha sustentado el avance del sistema capitalista, básicamente porque es quien provee de la energía que necesita este sistema para poder seguir creciendo y devorando el planeta. Y nos estamos enfrentando nada más ni nada menos que a empresas, a grandes corporaciones que dominan territorios, dominan gobiernos, decisiones políticas a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de nuestra supuesta fragilidad como individuos, vemos que la acción colectiva ha tenido sus frutos y que estas grandes movidas que se han generado a partir del Atlanticazo tomaron repercusión no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Permitieron demostrar que hay comunidades que ya no estamos dispuestas a dejarlos pasar”, dijo Génova. El Gobierno nacional, a pesar de las manifestaciones de la sociedad en contra de la explotación offshore, sigue insistiendo en dar autorizaciones y que la empresa Equinor pueda operar en el mar. “Nosotros sabemos que nuestra herramienta fundamental es la calle, así como lo fue el Chubutazo para ponerle un freno a la megaminería. Y por eso es que sentimos que hay mucho respaldo para esta resistencia que se está generando desde las colonias costeras, porque no solamente estamos levantando esta consigna de defensa el mar nosotros, sino que también hay otros territorios, otras asambleas, otros colectivos en todo el país están defendiendo el mar como si vivieran acá”, agregó la activista. A un año del “Atlanticazo” La integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras contó cómo serán las actividades en Mar del Plata y en otras partes del país: “Vamos a estar movilizándonos a las 16 horas haciendo un abrazo al mar. A las 17 nos concentramos en la Rambla, que es un edificio emblemático de la ciudad, y nos movilizamos hacia el monumento de San Martín, que está cerca de la Municipalidad, también otro lugar muy emblemático de nuestra ciudad. A las 19 va a haber un festival de la mano de artistas locales que están comprometidos con la lucha ambiental”. También habrá movidas “en otras comunidades, a lo largo de la costa de la Provincia de Buenos Aires, de Río Negro y de Chubut. Y también en otros puntos del país, en CABA, vamos a estar haciendo distintas acciones de visibilización y de lucha, porque esta lucha no solamente tiene que ver con defender el mar de nuestra ciudad, sino que es una lucha que está encarada por todos los territorios”.
El periodista Patricio Eleisegui, en su columna mensual en el programa A mí no me importa de Radio La Retaguardia, habló acerca de los proyectos de extracción de litio en Argentina, como una forma más del modelo extractivista. Además, contó algunas de las consecuencias ambientales que tienen este tipo de prácticas en nuestro país y evidenció las responsabilidades políticas que conlleva su aplicación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur Los métodos de extracción de litio, llamado también “oro blanco”, que se utilizan en nuestro país son altamente nocivos y contaminantes para toda la región. El periodista especializado en medioambiente, Patricio Eleisegui manifestó que Bolivia, Argentina y Chile, reúnen hoy más del 70% de las reservas mundiales de este metal, que se utiliza básicamente para toda la tecnología que empleamos a diario: celulares, computadoras, tablets y demás. “Es importante remarcar, ante el discurso del ‘vos te quejas de eso, pero estás usando celular’, que alrededor del 20, 30% de litio que se extrae se utiliza para la electrónica hogareña. Todo lo demás, el 70, 80% va a parar a BMW, a Audi, a las grandes compañías automotrices que están generando el ‘auto verde’ para el primer mundo, a costa de destruir el tercer mundo, como pasa siempre. Es decir, estamos hablando de un problema muy grande porque esta es una industria que está depredando estos recursos, mucho más que en los casos de las tecnologías hogareñas”, explicó el autor de los libros Envenenados y AgroTóxico. El periodista explicó cuáles son las dos variedades principales de extracción de litio: “Primero, está el litio de roca, que es más caro de extraer. En Argentina se encuentra en Córdoba. Y después, está el de salares, que para las mineras es más fácil y barato de extraer”, informó. “Argentina, Bolivia y Chile tienen mucho litio sobre todo en la zona de los salares de la Puna, y ahí es donde se está llevando a cabo este desastre, amparado en la lejanía de los territorios, con provincias permeables y cómplices de las acciones de estas empresas. Son territorios habitados por pueblos originarios, que como sabemos, nunca son respetados”, contextualizó. Sobre la “sustentabilidad” del litio, Eleisegui aseguró que este concepto es uno de los más viciados de la última década: “Hoy decir que algo es sustentable está lejano a bajar el uso de los recursos, de no utilizarlos cuando no sean necesarios y reemplazarlos por otros menos dañinos. En el caso del litio, es el elegido por las empresas automotrices y por las grandes industrias de la tecnología como el reemplazo de los combustibles fósiles. Están viendo que la tendencia va para ese lado y obviamente no quieren perder el mercado. Entonces son los grandes consumidores de este litio, que se utiliza en gran medida de forma experimental”, aseguró. Y agregó: “Hay un científico del Conicet, Germán Lener, que viene investigando sobre este tema y explica cómo en Europa (donde trabajó) hacen pruebas mínimas de laboratorio con litio de Argentina, porque les es un producto barato, sin tener en cuenta del desastre que se genera al recurrir a ese material. Entonces promueven autos, que no sabemos si algún día llegarán a nuestro país, desde una promesa enarbolada por las gestiones de gobierno, lo cual lo hace más preocupante aún. Tenemos Ministerios que hablan de las bondades del litio, de la ley de electromovilidad para estimular vehículos basados en estas tecnologías. Y de fondo lo que tenemos es infinidad de proyectos que se están instalando en los salares, los que ya están funcionando, una técnica de extracción realmente muy violenta, depredatoria de estos espacios, y al mismo tiempo una salida de recursos sin valor agregado, ni mucho menos. Así que no tiene sustentabilidad económica, financiera, y mucho menos ambiental”, denunció. El periodista especializado en temáticas ambientales aseguró que el peor de todos los modelos de extracción de litio es el que se utiliza en Argentina. “Se bombea el líquido que está debajo de los salares, lo que se le llama ’salmuera’, que incluye litio entre otros minerales. Se coloca en piletas, se va secando hasta generar ese cristal final, que es justamente de litio”. Y expresó: “Si buscan ‘oro cobre’ en Google, se pueden ver en la página oficial del proyecto esas piletas de la Puna donde bombean la salmuera. Este proceso es fatal para toda la zona, para la biodiversidad y para las poblaciones, porque justamente están sacando toda el agua que hay en la región. Y el salar, me comentaba Ariel Slipak (Economista por la Universidad de Buenos Aires) tiene un proceso natural de llenado, que cuando se desocupa, recurre al agua cercana para ocupar ese espacio y volver a llenarse, consumiendo todo el acceso de agua de las comunidades. Entonces quizás estas mineras no están sacando el agua directamente de los pueblos, pero al vaciar el salar, liquida las poblaciones con sus floras y faunas”. Patricio marcó la diferencia en la extracción de este metal con otros países de la zona: “En Bolivia, por ejemplo, se trabaja de otra manera. Existe cierta protección de los recursos. El mineral del litio está considerado un recurso estratégico, protegido por ley. Hay otras políticas vigentes en el país vecino. Y como acá no, estas empresas se están aprovechando”, razonó. Eleisegui explicó cómo se da el proceso de separación de minerales y cuáles son las consecuencias que puede generar en lo ambiental. “Para generar los cristales de litio, en la separación de minerales se utilizan muchos químicos, como en todos los procesos de minería a gran escala. Esto redunda en un lodo químico que ninguna empresa declara qué es lo que hace con él, asegura Slipak. Y los otros minerales que salen, como Potasio, Boro, no están declarados y no sabemos si quedan ahí como residuo, o si la empresa los está exportando de manera ilegal, como se ha comprobado en otras explotaciones”. Y expresó que “lo que se hace es bestial y en el propio canal de
Walter Rubén Mansilla es uno de las doce personas detenidas entre el lunes 12 y el miércoles 14 de abril en Andalgalá, días después de la Caminata por la Vida de cada sábado, que terminó esa vez en incidentes motivados por el avance del proyecto minero Agua Rica. A Mansilla se lo acusa de estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. Inés, una de las hermanas; y Analía, su compañera, reconstruyen cómo sucedieron los hechos.(Por la Red Nacional de Medios Alternativos) ✍️ Redacción: Red Nacional de Medios Alternativos – RNMA 📷 Fotos: Red Nacional de Medios Alternativos – RNMA Walter Rubén Mansilla, fotógrafo de la Radio El Algarrobo – que integra la Red de Medios Alternativos (RNMA) – y militante de la Asamblea El Algarrobo fue detenido el lunes 12 de abril. Se lo acusa de estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. Inés, una de las hermanas y Analía, su compañera, reconstruyen cómo sucedieron los hechos. Rubén es uno de las doce personas detenidas entre el lunes 12 y el miércoles 14 de abril. Todos ellos son militantes de la Asamblea y participaron de la marcha el sábado 10 de abril, que, como desde hace 12 años, los andalgalenses realizan por el centro de la ciudad para manifestarse en contra de la explotación minera y en defensa del territorio, el agua y la vida. El sábado, Rubén recorría la marcha sacando fotos como siempre lo hacía. Al escuchar una explosión, cuenta Inés, una de sus hermanas, se volvió y quedó espantado frente a las oficinas de la minera Agua Rica que se estaba incendiando. “(El domingo) hable con él y me dijo que me quede tranquila. Que había estado en la marcha pacífica sacando fotos. Quédate tranquila, me dijo, vos sabes que todo esto está armado, que tratan de hacernos quedar como violentos. Ellos son los violentos, no nosotros, me dijo”, recuerda su hermana. Detención sin orden judicial, pero con muchos golpes Inés nos cuenta que el lunes a la mañana un vecino fue a buscarla para avisarle que estaban destrozando la casa de Rubén. Cuando ella, acompañada por sus hijos, llega a la casa de su hermano, la encuentra cercada por cerca de 30 efectivos policiales y otros 15 en el interior de la vivienda. “Veo que lo sacan a mi hermano atado, descalzo y a los golpes. Lo tiran al piso y le dan botinazos y golpes con las armas. Yo no paraba de gritar: de qué lo acusan, déjenlo, suéltenlo, no es un criminal, donde están las pruebas. Entonces para que no lo vea lo llevan a un costado. Después me dejan entrar. Lo tenían atado y no dejaban que me mire y para que no se les vieran los golpes le ponen un barbijo, pero yo sabía que estaba golpeado”. Los policía a cargo del operativo pertenecen al Grupo Kuntur “grupo de presión que manda el gobierno”, subraya Inés, y a pesar de la insistencia de la familia no pudieron mostrar ni orden de allanamiento, ni de detención. Es más, según relata, uno de los oficiales del operativo le dijo que ellos solo tenían “la orden de destruir todo, que no sabían de que se lo acusaba (a Rubén)”. En su relato minucioso Inés describe que la presionaron para que firme el acta bajo amenaza de represalias con su hermana, con ella y con sus hijos, si seguía negándose a firmar. Además de ella, el acta de la detención fue firmada “por uno de ellos y por un señor canoso que no vio nada”, dice. Denuncia que a Rubén lo sacan de su vivienda a empujones y lo suben a una camioneta policial. En el trayecto a la sede policial lo siguieron golpeando. “Ellos creyeron que en las fotos (que sacó Rubén) salía uno de los tipos que ellos pagaron. En el barrio se sabe quiénes fueron, ellos mismos salen y gritan que les pagaron 500 pesos para quemar las oficinas de la minera”, dice Inés. De la casa de Rubén, se llevan la cámara fotográfica, la memoria, el celular y una memoria de USB, que Walter niega que sea suya, nos cuenta Analía, su compañera. Y nos dice que solo pueden verlo diez minutos por día y que se turnan entre toda la familia. Que el martes 13 de abril le tomaron indagatoria, y que quedó en calidad de detenido acusado – como el resto de los militantes detenidos – por estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. “En el momento de los incidentes tuvo la mala suerte de estar ahí frente a la puerta del galpón de Agua Rica. Imagino que lo que habrá pasado por su cabeza en ese instante, fue registrar la mayor cantidad de momentos posible. Nunca imaginó, que se lo iba a hacer responsable. Es más. En los videos y fotos se lo ve paralizado frente a todo lo que estaba ocurriendo”, cuenta su compañera. Radio El Algarrobo cumple diez años comunicando, este aniversario teñido por las detenciones de sus integrantes La Radio El Algarrobo cumplió diez años construyendo una otra comunicación que intenta romper el cerco informativo que imponen las usinas mediáticas que defienden a las empresas mineras. Soportando detenciones, amenazas, interferencias y trabajando de manera autogestionada para la defensa del agua, del territorio y la vida. La asamblea “El Algarrobo” y la radio que hoy cumple una década, son parte de la misma organización de habitantes de Andalgalá que luchan en defensa de la vida y que hoy tiene 10 detenidxs (ayer dos asambleístas fueron liberados). El 15 de febrero del 2010 una pueblada bloqueo los caminos de tierra que llevaban a la mina Bajo La Alumbrera. Las fuerzas de seguridad desataron una feroz represión ordenada por la fiscal Marta Nieva que encarceló a más de 150 personas. Aquel día las multinacionales no pudieron imponer el proyecto de Agua Rica y los andalgalenses concluyeron que, tanto los medios nacionales como regionales, se habían esforzado por desinformar sobre lo que estaba
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