Femicidios
Tristeza, dolor, angustia, bronca. Algunas de estas sensaciones, entre otras, se notaban a simple vista frente a la vivienda de alquiler de Barracas en la que fueron atacadas 4 personas por ser lesbianas. Que Pamela, Roxana y Andrea hayan muerto, vuelve irreversible algo que nunca debió haber ocurrido. Pero sucedió. Entonces, tristeza, dolor, angustia y bronca, no alcanzan para describir. Quizá las fotos ayuden un poco más. Fotos: Emiliano Rojas SalinasEntrevista: Luis Angió
El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven elaboró un registro nacional de femicidios junto al medio de comunicación Feminacida. El 3 de junio fue un nuevo Ni Una Menos y, desde 2015, hay un femicidio cada 31 horas. Victoria Eger, integrante de Feminacida pasó por el programa radial Estás Muteadx y detalló algunos datos del registro. Compartimos un fotoinforme del Ni Una Menos. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Bárbara Barros/La Retaguardia Desde el primer Ni una Menos, en 2015, diferentes organizaciones feministas comenzaron a exigir un registro de cuántas mujeres habían sido asesinadas en manos de varones por violencia machista, porque hasta ese momento no había un relevamiento. “Era una deuda que el Estado tenía con nosotras. Así y todo, al día de hoy, quienes se encargan de ese relevamiento y de ese monitoreo, son organizaciones de la sociedad civil, que lo hacen a través de la publicación de las noticias de femicidios en los medios de comunicación. Obviamente, lo hacemos con colaboradoras a lo largo y ancho del país, que a través de diferentes mecanismos relevan todos los medios de comunicación zonales, locales, provinciales, nacionales y lo vuelcan a un registro que después nos permite realizar este tipo de informes. No nos sorprende que, una vez más, sea la sociedad civil la que se tiene que encargar de estas demandas. Sí existe un registro de la Corte de Justicia. Ninguno le gana al otro, estaría bueno que podamos compararlo, porque el registro que hace Ahora Que Sí Nos Ven, por ejemplo, se basa en casos que salen en medios de comunicación y el que hace la Corte tiene que ver con procesos judiciales. Y muchas veces las cifras no coinciden”, contó Victoria Eger, integrante de Feminacida. El medio feminista realizó un registro nacional de femicidios junto con el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que toma datos desde 2015 hasta 2023. El rol de los medios de comunicación Eger planteó que, en 2015, el Ni una menos fue un hito que permitió que la agenda de los feminismos irrumpa en las agendas mediáticas. “Obviamente que falta un montón, pero antes no se hablaba de la misma manera. Si bien tenemos una postura crítica en cuanto a cómo son las coberturas que hacen los medios tradicionales de comunicación sobre el tema, también podemos reconocer que antes del 2015 esto no sucedía. Incluso, eran casos que terminaban en la sección de policiales, vinculados a ‘crímenes pasionales’, y demás”, dijo. A su vez, la periodista reconoció “una especie de naturalización” o normalización de esas violencias: “Porque ahora para que un femicidio sea noticia, no alcanza por sí solo. Tiene que tener un agravante mayor. Es decir, si están involucrados hijos, hijas e hijes en ese femicidio. O cuando el agresor se suicida, que da más morbosidad todavía. O cuando están involucrados otros integrantes de la familia. Entonces ahí lo comunican, porque parece que no es noticiable simplemente con que sea un femicidio, sino que hay que agregarle algo más”, explicó. “A la hora de hacer ciertas recomendaciones para no caer en las revictimizaciones, hay estudios mediáticos que dan cuenta que, en una cobertura televisiva, por ejemplo, donde es noticia un femicidio y el tema lo toma el programa de la mañana, después el del mediodía, el de la tarde y el de la noche, y estamos todo el día hablando del arma, o de la manera en que esa mujer fue asesinada. La circulación de esas noticias durante tanto tiempo da ideas a los agresores, alienta a las prácticas. Entonces tenemos que cuidarnos incluso nosotres, que damos las informaciones desde una perspectiva respetuosa, y teniendo en cuenta la protección de esa víctima, qué información damos y en qué momento”, dijo la integrante de Feminacida. La periodista reflexionó acerca de las herramientas que existen para abordar estos hechos desde las diferentes instituciones estatales y también no estatales: “No sé si faltan leyes. Estamos fallando a la hora de llevarlas adelante. Hay muchas falencias. Muchas compañeras dicen ‘llamo a la línea 144, pero no me resuelve como quisiera’. En toda esa cadena de asistencia que tiene el Estado a la hora de implementar esa política pública es donde estamos fallando. Tenemos buenas leyes, pero falta energía en ver dónde están las fallas. Porque desde los diferentes sectores lo podemos advertir: desde el derecho, desde el periodismo, desde el trabajo social, desde el poder judicial. El Estado debería tomar cartas en el asunto para que los números bajen, porque nos demuestran todo lo contrario. Tenemos un ministerio que es nuestro (el de Mujeres, Géneros y Diversidad), que lo luchamos, lo conseguimos, lo militamos y es una herramienta que no podemos descuidar, sobre todo en estos tiempos de amenaza de sectores antiderechos y fascistas, que hablan de eliminarlo. Hay que defenderlo, pero también hay que luchar para que podamos incidir. Tenemos una Ley de Educación Sexual Integral, donde uno de los ejes de esa ley es el abordaje de las violencias”. Los datos del informe Desde 2015 a 2023 hay un femicidio cada 31 horas, según el relevamiento de Feminacida y el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. En total fueron 2.257 las mujeres asesinadas. Además, el 64% de los femicidios se produce en la casa de las víctimas. “Este dato viene a romper con la idea de que el femicida es un loco suelto que me agarra en un callejón sin salida, como lo vemos en las películas. Son personas con las que convivimos, pueden estar al interior de nuestras casas, de nuestros trabajos, en los espacios de socialización. Es algo tan íntimo, tan personal, que es lógico que suceda al interior de las casas, porque es algo que avergüenza hacer para afuera. Cuántas veces hemos dicho ‘ah, no tenía cara de ser tan malo’, lo mismo cuando pasa un abuso sexual en la infancia. Por eso, desde las prácticas responsables sobre cómo comunicar hechos de violencia, insistimos en que no son monstruos, en que no están locos, ni
Estamos ante un nuevo 8 de marzo y las cifras de femicidios aumentan, los casos de abusos se intensifican, como así también la complicidad del Poder Judicial. Es alarmante la situación y gritamos que paren de matarnos y abusarnos. Hoy es un día especial. Pero no para emocionarnos con las flores y el “feliz día”. Hoy es un día especial porque sentimos que en este día, más que nunca, es cuando deben escuchar nuestros gritos de indignación y furia, cuando deben mirar nuestra lucha imparable. Todos los días luchamos. Todos los días gritamos. Pero hoy, el grito es mundial. Salgamos a las calles a pedirle nuevamente al Estado que se haga cargo de sus deberes como garante de derechos. Salgamos a gritar por las pibas que se llevaron y también por las pibas que nos mataron. Por las sobrevivientes que son obligadas a recordar y, que siendo descreídos sus relatos, padecen las violencias más inusitadas en los procesos judiciales. Hoy es por mí. Hoy es por vos. Por todas; las que estamos, las que no están y las que vendrán. (Por La Retaguardia) #DóndeestáTehuel #AbsoluciónparaHigui #Sevaacaer 📷 Foto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia
Lo dijo Victoria Aguirre, vocera nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), acerca del informe que redactó el Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, sobre 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en enero de 2022. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Aguirre puntualizó en detalles del informe, habló de la responsabilidad del Estado como garante de la integridad física y de cómo influye el acompañamiento de las redes de contención. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Chechu Rodríguez El Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) presentó un nuevo informe en el cual constan 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans desde el 1 hasta el 31 de enero. De las 38 muertes a manos de femicidas, 24 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios. Ocho muertes están asociadas al género, vinculadas a economías delictivas; como el narcotráfico, la venganza, las deudas, y a delitos comunes. Hay tres muertes de mujeres en proceso de investigación y tres suicidios femicidas. Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá, desarrolló los puntos principales del informe. Acerca de esta problemática, dijo: “Continuamos con esta denuncia, con el pedido de declaración de emergencia, de Ni una menos. Pasó enero y lamentablemente tenemos que contabilizar 38 muertes violentas, una muerte cada 19 horas en Argentina de una mujer, una persona travesti-trans en ocasión de violencia, ya sea por economías delictivas o por femicidio intrafamiliar”. —Vemos que fueron 24 los femicidios vinculados y travesticidios, ¿qué englobamos ahí? —Dentro de esos 24 femicidios, 19 son directos, es decir, la víctima es la mujer, la feminidad disidente, a la cual se quería lesionar. Un vinculado de niña mujer, es decir, que este fallecimiento tiene que ver con provocar el dolor, en este caso a la madre de esta niña o persona cercana, porque posiblemente el vínculo es otro para causarle dolor. Esa es la diferencia entre femicidio directo y femicidio vinculado. El femicidio vinculado se puede dar por dos formas, una es con esa intención de presionar una víctima principal, que en este caso es la mujer o femenina disidente, y en otro caso es cuando esa tercera persona se interpone a fin de evitar el femicidio y termina en la línea de fuego o en la ocasión de la violencia, tratando de guardar la otra vida. Cuando vemos el informe también vamos a tener femicidios vinculados de varones o de niños y tienen que ver con esta situación, con el vínculo que tenía con esta mujer, la cual el fin último era tratar de lesionar. En este caso la lesionan psicológicamente con un daño tan enorme como perder un hijo. —Lo que suelen arrojar siempre estas estadísticas es que la gran mayoría de los casos son en las viviendas de la víctima y muchas veces son parejas o gente conocida. —Exactamente. Ese es un dato que está desde el 2015, creo. Que lo seguimos reflejando y la verdad es que yo siempre voy hacia el mismo ejercicio. Hoy estamos en un 55% de femicidios cometidos por parejas o exparejas. Normalmente este número siempre es arriba de 65. Pero si sumamos parejas, exparejas, hombres conocidos por la víctima, familiares directos o indirectos, el número total es 90. El 90% de los agresores tienen un vínculo con la víctima. El informe también aclara que hubo en enero 28 intentos de femicidios. Teniendo en cuenta que las muertes violentas son 38, y de haberse consumado esos intentos, el número sería el doble. Al respecto, Aguirre dijo: “Ahí es donde tenemos que reforzar esto de ¿qué sucede ahora con estos intentos de femicidio? Porque la contracara de lo que nosotras denunciamos en este informe es que estas víctimas de intento de femicidio si no tienen un sostén económico importante para poder llevar una querella, dependen exclusivamente de la voluntad de los juzgados”. ¿Y las fuerzas de seguridad? Del 1 de enero al 22 de noviembre de 2021 se cometieron 203 femicidios de un total de 298 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. El informe de Mumalá de ese año refleja que un 13% de los femicidios fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. En el informe que contempla sólo enero de 2022, el 5% de los femicidios fueron en manos de integrantes de las fuerzas. —En muchísimos casos no se les quita el arma reglamentaria a los integrantes de las fuerzas que son femicidas y tampoco se los condena. Es muy complicado aplicar justicia de alguna manera, ¿no? —El porcentaje anual suele ser el 13 o el 15%. Un 5% en una primera estadística es un montón. Es muy grande el número. Es muy representativo en 24 femicidios. El tema es que no termina de cerrar ese círculo y justamente lo que nosotras vemos en la relación con las fuerzas de seguridad es que además de la violencia sufrida, también hay un cierre hacia adentro que no permite que las y los familiares de las víctimas puedan acceder a la justicia también. Porque es difícil encontrar una institución donde sus propios integrantes, no todos, pero un porcentaje que es el que venimos denunciando, cometen delitos o tienen la potestad de estar circulando con un arma. Están capacitados físicamente para poder someter a las víctimas. O sea, es muy compleja la situación de quienes están atravesando violencia en manos de fuerzas de seguridad. Uno de los últimos casos que hubo en Chaco es que la víctima tenía 24 denuncias hechas a un policía. Entonces ya ese es otro caso muy similar al de Úrsula (Bahillo), que fue muy emblemático y lo que justamente nos refuerza es que no se está trabajando con las fuerzas de seguridad de forma criteriosa, que no hay una implementación de la Ley Micaela, no hay un resguardo de las personas que denuncian violencia, y lo más preocupante es, ¿cuál es el verdadero acceso que tienen estas personas que están sufriendo violencia a manos
Marta Montero, madre de Lucía Pérez, la joven víctima de femicidio y violación en Mar del Plata en 2016, habló sobre la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de suspender a los jueces que actuaron en el juicio que se realizó en 2018. Facundo Gomez Urso y Pablo Viñas serán sometidos así a un jury por mal desempeño. Montero, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, se refirió también a la anulación del juicio a los femicidas de Lucía donde los habían condenado sólo por venta de estupefacientes. Esperan una nueva fecha para juzgar a Matías Farías y Juan Pablo Offidani. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramirez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramirez Otero 📷 Fotos de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Lucía Pérez, de 16 años, fue asesinada en 2016 en Mar del Plata. Luego de años de lucha y un juicio con falta de perspectiva de género, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió en el Salón Dorado del Senado bonaerense, en la ciudad de La Plata y resolvió por unanimidad admitir la acusación contra los jueces Facundo Gomez Urso y Pablo Viñas y los suspendió de sus cargos para que sean sometidos a un jury por mal desempeño. Aldo Carnevale, el otro juez del caso, se jubiló en 2019. En el juicio que se realizó en 2018 decidieron absolver a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por el femicidio y violación de Lucía, y condenaron a ocho años de prisión a los primeros dos por venta y suministro de estupefacientes. Este año, la Cámara de Casación anuló el juicio y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó uno nuevo del que se espera una fecha de inicio. Marta Montero, mamá de la joven, contó cómo conocieron la noticia de la suspensión y el jury para los jueces: “Fue excelente para nosotros. La recibimos en la calle, bajo el sol de La Plata, en las afueras del Senado con muchas mujeres que acompañaban. Siempre hemos estado en las calles y nos encanta saber que tanta gente nos acompaña. Ese acompañamiento es sagrado, porque esto que va a pasar no es solo por Lucía y para Lucía, es para todas. Es un cambio que empieza a generarse desde la Justicia para todas. Esto es el primer paso de una reforma judicial en serio”. También habló de los antecedentes del Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata, que antes de la causa de Lucía ya había sido garante de la impunidad en muchas otras. “Estos tres mismos jueces dejaron libre a una docente que tenía decenas de denuncias de abuso sexual en una escuela privada. El caso de Lucía Bernaola, donde Federico Sasso, hijo de unos poderosos de Mar del Plata, la atropelló y la mató, también fue juzgado por ellos y ahí otra vez aseguraron la impunidad. Todas esas atrocidades y más, eso son estos tres jueces. Por eso no nos tenemos que quedar en la denuncia y debemos accionar. Estos jueces abusan de su poder porque la gente no actúa. Nosotros hace 3 años venimos atrás de este jury. Y hemos gastado lo que no tenemos, hemos hecho cosas que nunca antes hubiéramos hecho, y sin embargo seguimos adelante. Si uno no hace las cosas, nadie las va a hacer por uno. Si esta Justicia actúa mal, nosotros tenemos que hacer ver a la gente que esto estuvo mal. Ellos siguen gozando de sus sueldos, de su privilegio. Y yo a Lucía no la tengo más. Ellos dieron ese fallo, salvando a tres adultos vendedores de droga, sabiendo lo que hacían. No les importó nada”, dijo. A partir de la anulación del juicio, Farías y Offidani serán juzgados por el femicidio y violación de la joven. El tercero de los acusados, Alejandro Maciel, falleció en 2020. Según informó Montero, se estableció un plazo para volver a aportar las pruebas y luego se tiene que fijar una fecha para el nuevo juicio. “Eso tiene que ser cuanto antes, porque a Lucía hace 5 años que la mataron y nosotros seguimos sin justicia. Queremos que el juicio sea ya. Estamos exigiendo esa fecha. La causa está destinada al Tribunal N°2”, planteó. Por último, reflexionó acerca del impacto que tuvo el caso de Lucía en lo social y en lo comunicativo: “Todavía hay muchas cosas que cambiar. Los medios de comunicación forman y deforman la información, pero hoy siempre hay alguien para marcarles o decirles que las cosas que dicen son una barbaridad. Ahí estaremos siempre las mujeres haciendo lo que corresponde y luchando para que estas cosas dejen de pasar”.
Ofelia Mosconi es la mamá de Verónica Villar, una de las chicas asesinadas en lo que se conoció hace 24 años como el triple crimen de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, Ofelia repasó cómo fueron los primeros días después de la desaparición de las chicas y cómo, a través de la lucha en la calles, la palabra crimen fue reemplazada por femicidio. Además, denunció el accionar de la policía y de la Justicia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Rosales/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Silvina Ojeda Verónica Villar, de 22 años, junto a las hermanas Paula González, de 16, y María Emilia González, de 24, estaban paseando por un camino rural cuando fueron vistas por última vez con vida, el 9 de noviembre de 1997. A los 2 días aparecieron sus cuerpos. A este femicidio se lo conoció como el triple crimen de Cipolletti. La autopsia determinó que habían usado diferentes tipos de armas. Verónica estudiaba Agronomía. María Emilia quería ir a Misiones para cursar la Licenciatura de Genética y Paula no había terminado la secundaria, pero le atraía la carrera de Turismo. María Emilia era mamá de Agustina, de dos años en aquel momento de la desaparición. Las sospechas sobre la policía como autora y encubridora fueron fuertes. Sin embargo, la investigación judicial fue en otro sentido y condenó a dos civiles por el presunto secuestro de las adolescentes. Triple crimen por triple feminicidio Ofelia Mosconi, mamá de Verónica, destacó el rol de la memoria en el caso del femicidio de su hija, hace ya 24 años: “La memoria hace crecer a los pueblos. Es una denuncia pública. La memoria pasa por el corazón. Y a María Emilia, Paula y Verónica siempre las tenemos presentes. Las chicas salieron a caminar y no volvieron”. En relación a la ciudad de Cipolletti, donde sucedieron los hechos, expresó: “Era una ciudad casi pueblo en ese momento, donde todos nos conocíamos, donde nunca pasaban cosas tan tremendas como estas. Y bueno, una ciudad de los eslóganes mentirosos: Ciudad de Paz o Ciudad para Vivir. Este hecho mostró la otra cara, la perversidad, y otras irregularidades que se mantenían, que las desconocíamos. Nuestras hijas y nuestros hijos podían salir a la noche y volver. Todos los padres esperaban, pero ese día las chicas no volvieron”. Durante mucho tiempo a este caso se lo conoció como el triple crimen de Cipolletti, y hoy en día se lo llama femicidio: “Esto se debe a que la lucha de las mujeres en las calles ha logrado estas cosas y nosotros decimos que es femicidio, porque cuando no hay culpables hay un Estado responsable. Porque no solamente es el primer triple femicidio, sino que hubo un segundo y hay más mujeres asesinadas y ninguno de los hechos tiene respuesta, ninguno fue esclarecido”, dijo. Esperanza y rebeldía Además, comentó algunos aspectos positivos en referencia a lucha feminista en las calles cipoleñas: “El cambio es que tenemos esperanza y rebeldía, porque la esperanza quieta es cobardía. Rompimos con un silencio cómplice que había en nuestra ciudad, donde han sembrado tanto terror que nadie se animaba a salir. Por eso decimos que lo peor que nos puede pasar es quedarnos en nuestra casa mirando cómo pasan las cosas. Cómo pasan los femicidios que se producen cuando hay machistas, homicidas, Estados patriarcales y también el silencio de la sociedad. Están los que callan porque saben y están los que callan porque no saben, esta es la impunidad que sufrimos nosotros”. Por otro lado, y respecto al accionar policial agregó: “Desde luego, los policías que hicieron la búsqueda, hicieron una búsqueda errática, mentirosa. Nos decían que a las chicas las habían visto por el norte, por el sur, subiendo a un camión. Bueno, todas esas mentiras que usan ahora también. No cambiaron. Es más de lo mismo. Nosotros conocíamos a nuestra hija, sabíamos que no se había ido. Si ellas no nos volvían a ver, era porque estaban retenidas”. Ofelia y una lucha sostenida Se supo que la familia González decidió no hablar más con los medios. Tampoco participan de las movilizaciones que se hacen año tras año. Las primeras marchas fueron masivas en la ciudad de Cipolletti, pero a lo largo de los años han perdido fuerza. Ofelia aclaró: “De la familia González está participando Agustina, que es hija de María Emilia González. Ella cuenta que le costó mucho salir. A los 15 años se enteró por su papá cómo habían sucedido las cosas. Gratamente les puedo decir que ella sí se está movilizando, está participando mucho y le hace muy bien, porque se saca muchas cosas que tenía dentro y no sabía cómo manifestarlas”. Mosconi también dió las razones que la ayudan a sostener su lucha durante estos 24 años: “Me mantengo de pie porque hay un grupo de mujeres feministas. Yo pertenezco a la Multisectorial (de Mujeres contra la Violencia en Cipolletti)y a organizaciones sociales. Parte de la sociedad, amigos, vecinos siempre nos acompañan. Hace 24 años que nos acompañan, es lo que da fortaleza para seguir de pie y no dejarse convencer por un Estado que lo único que quiere es el resarcimiento económico y que nosotras nos quedemos en la casa”. El mal accionar policial La escena del crimen en aquellas primeras horas y primeros días fue completamente adulterada. Fue algo muy significativo. Así lo recordó la mamá de Verónica: “Antes de que aparezcan las chicas ya tenían a los presuntos culpables que eran (Hilario) Sepúlveda y (Horacio) Huenchumil. Cuando la hipótesis de los marginales se cae, aparece este personaje que está preso, (Claudio) Kielmasz. Destruyeron pruebas y huellas. Entonces pisotearon todo el lugar, no se resguardó nada. Eso fue responsabilidad del subcomisario (Luis Erasmo Seguel). El que hizo la búsqueda mentirosa en donde se hizo la denuncia”. Impunidad judicial “La causa se eleva a juicio por error y porque buscaban a otras tres chicas que nunca aparecieron. Así que
Es un dato escalofriante que surge del Registro Nacional de Femicidios del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). Una de sus integrantes, Victoria Aguirre, en comunicación con el programar radial La Retaguardia, profundizó en las estadísticas de las violencias hacia las mujeres y disidencias. En el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia de Género, las cifras sirven para visibilizar la cruda realidad. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele
Lo dijo Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en derecho informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. Allí habló acerca del concepto de “pornovenganza” y dio como ejemplo el caso ocurrido en La Rioja, donde Patricio Pioli fue condenado a 5 años de prisión tras difundir un video íntimo de su expareja. También mencionó la importancia de una ley que tipifique la difusión no consentida de material íntimo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tocco/Miriam Libertad ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Marina es presidenta y fundadora de la Fundación Activismos Feminista Digital y abogada especializada en derecho informático. A partir del término “pornovenganza” utilizado por los medios comerciales de comunicación se abrió un debate en torno a la revictimización de las denunciantes y la poca carga de responsabilidad que atribuye el término. —¿Qué es la “pornovenganza”? —Nos dejamos llevar por los titulares de todo lo que surgió en torno a la sentencia en el caso Pioli, de La Rioja, en donde la denunciante lo que hizo fue llevar a la Justicia la difusión no consentida de material íntimo que su expareja realizó al finalizar la relación. Una relación muy corta, muy turbulenta que finalmente y luego de varias amenazas, termina con esta distribución irrestricta del material que habían producido en la intimidad los dos. Los medios de comunicación titularon “Porno-extorsión,” “Ciber-extorsión”, “Pornovenganza”. Acá estamos frente auna problemática, una modalidad más de violencia machista que se da a través de esta forma; distribuyendo a terceras personas ajenas al vínculo y a la relación en la cual se produce el material, este material en formato digital que pueden ser fotos, videos con corte sexual, erótico que se ha dado en este intercambio interno. Así que la realidad es que para empezar a hablar de esto, erradiquemos la porno venganza como concepto porque está muy lejos de ser pornografía. La pornografía tiene por definición como destinatarios a los terceros y como objetivo, la excitación sexual de los terceros y este material, que trasciende la órbita de la privacidad, no está destinado a terceros, es parte del ejercicio de la libertad personal. —¿Cuál fue la sentencia en el caso Pioli? ¿Hacia dónde deberíamos ir, en términos jurídicos, para que esto se pueda encuadrar con más claridad? —Es el punto medular en torno al caso y es que si bien también lo que tuvimos a través de los medios fue “la primer sentencia por pornovenganza”, esto en realidad tampoco fue la primer sentencia que versó sobre la difusión no consentida de material íntimo o que condenó al autor de esta difusión por esta razón. En la causa, en realidad, la víctima denuncia muchísimos actos de violencia machista que comprenden, incluso, violencia física durante el último término de la relación y una vez finalizada. Esto se pudo ver por una transmisión pública de casi todo el juicio y las audiencias. Fue abierto a la sociedad, por streaming. La cuestión es que ella denuncia un montón de situaciones de violencia machista entre las cuales se focaliza la causa en las coacciones que son amenazas agravadas, amenazas con el fin de obligar indefectiblemente a la víctima a que haga algo por el agresor para evitar un mal mayor. Esto se dio porque Pioli, el agresor, la obligó o la instaba constantemente a volver a mantener el vínculo afectivo, a no dejarlo porque él se moría, porque no podía vivir sin ella y sino, difundía su material íntimo, esta producción que tenían desde antes entre ellos dos. Esta es la columna vertebral de la causa. —Sería chantaje… —Sí, claro. Es otra figura, pero está dentro del mismo título y tiene una relación directa esto de la afectación o de la coartación de la libertad física de alguien para procurar un bien directo o un beneficio directo del agresor. Las lesiones leves que también son el otro tipo penal de la causa, versan sobre los efectos psicológicos que ella ha tenido porque son lesiones leves psicológicas, todo en concurso real y todo agravado por violencia machista. Este es el foco de la sentencia, la difusión no consentida de material íntimo es una parte más del entramado de Pioli para con su víctima. —¿Desde la Fundación ustedes analizan si sería importante que nuestro Código Penal tipifique específicamente este tipo de delitos? La Justicia, si asume una perspectiva de género, tiene herramientas legales para hacerlo. ¿Esta discusión de tipificación legal aporta o suma más ruido y desnaturaliza el delito que es el mismo? —Es una discusión entre juristas. Principalmente entre abogados y abogadas se da mucho porque “¿para qué más delitos?, ¿para qué más leyes?”. Bueno, para tutelar derechos que al día de hoy son bastante novedosos para nuestra normativa y que, además, la normativa existente puede llegar a aplicarse directamente con algo de creatividad y un poco de fuerza, pero la realidad es que cuando tenemos víctimas que sufren determinadas cuestiones, principalmente que están relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación, o sea que pertenecen a los últimos diez años de nuestro país, van a presentarse ante la fiscalía, ante las comisarías y demás, y ante la inexistencia de legislación específica les rechazan la instancia de poder denunciar. Entonces no es simplemente un “que se cristalice esto en la ley”. Esto tiene que ver con una posición que abra la puerta a que en todas las dependencias públicas que receptan denuncias o que tienen asistencia directa a la víctima puedan tomar este instrumento de la problemática y dar tutela a las víctimas. En realidad, la ley como instrumento, nunca como último fin. Es un instrumento necesario. La penalización de la difusión no consentida de material íntimo permitiría no sólo la denuncia sino también la condena efectiva a todos los varones, y digo varones porque son el 99% de los casos y las víctimas son en un 99% mujeres;
El Ni Una Menos marcó un hito en la lucha feminista visibilizando la violencia machista y por supuesto, su consecuencia más grave y visible, el femicidio. A seis años de su surgimiento la lucha continúa, mientras la violencia y los casos de femicidio crecen a costa de un Estado ausente. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Natalia Bernades El 3 de junio de 2015 llegaba para cambiar la mirada de todas y todos. Ese día las calles se llenaron de gritos, consignas, abrazos y llantos. El repudio hacia el patriarcado resonaba fuerte cuando las pibas decían: “Nos están matando”. No fue el grito de una, fue el grito de muchas, de todas, dejando en claro que el patriarcado y la violencia machista no van más. A seis años del surgimiento del movimiento, seguimos denunciando la ausencia del Estado y la falta de aplicación de verdaderas políticas públicas para la prevención de femicidios. Según el observatorio Ahora Que Sí Nos ven, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 3 de junio de 2021, se cometieron 1717 femicidios, un femicidio cada 31 horas. El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas y ocurrieron en la vivienda de la víctima. Luego de seis años de gritar “Ni una menos, vivas nos queremos”, siguen preocupando la altas cifras de violencia de género y femicidios. La violencia machista no cesa y lo vemos reflejado en los números. ¿Y la Justicia? Hoy en día no nos sorprende, ante un femicidio, conocer que la víctima había realizado denuncias previas al hecho. El análisis realizado por el observatorio Ahora Que Si Nos Ven demostró que 2 de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa a su femicidio y sólo 1 de cada 10 tenía una medida de protección judicial. “Tenés que ir a hacer la denuncia”, te dicen. Pero lo que la mayoría de la gente ignora es que el Poder Judicial falla ante este pedido de ayuda. Los funcionarios y funcionarias del Estado no brindan las herramientas suficientes y a veces, directamente, no brindan ninguna. ¿Por qué no alcanza una denuncia, una perimetral, un botón de pánico? Ya haciendo este planteo, dejamos expuesta la ineficacia del Estado, sus agentes judiciales y policiales. Ante la ausencia de políticas de contención, seguimiento, acompañamiento y representación luego de realizar una denuncia, le sigue la frustración frente a un proceso que no puede continuar o que no contribuye a la solución del problema. Además de la ineficiencia estatal solemos encontrarnos frente a diversos cuestionamientos de la sociedad: “¿Por qué no hizo la denuncia?”, “tendría que haber denunciado y así evitaba que la mataran”, siempre poniendo en cabeza de la víctima la responsabilidad de no terminar siendo una más en las estadísticas por femicidio y no en quien realmente debe perseguir a los acusados y acompañar a las víctimas. Existen muchísimas razones por las cuales las mujeres, ante situaciones de violencia, deciden no acceder al sistema de Justicia: obstáculos a la hora de realizar la denuncia, miedo a que la violencia se incremente, exceso de burocracia, revictimización y humillación por parte de las mismas instituciones estatales, tantas otras distintas situaciones por las cuales no confiamos en el Estado ni en el Poder Judicial. Aún así, seguimos realizando reclamos constantes para haya una respuesta eficaz y rápida ante denuncias y una investigación exhaustiva frente a los femicidios. Por otro lado, seguimos observando que ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad nos protegen. Del 1 de enero al 29 de abril de este año, el 20% de las víctimas realizó al menos una denuncia, pero sin embargo sólo un 10% obtuvo una medida de protección judicial. El incremento de la violencia machista en contexto de pandemia Según Naciones Unidas Argentina, la cuarentena aumenta los riesgos de violencia de género y abuso sexual, ya que el encierro, el hacinamiento y la posible discontinuidad de redes de protección social afectan los determinantes sociales de la salud, el bienestar de las mujeres y las desigualdades de género preexistentes. La cuarentena agrava la violencia de género y en algunos casos aumenta los asesinatos de mujeres que no pueden salir de sus hogares, no tienen dónde ir, ven cortadas sus redes familiares y sociales o son reprendidas por salir a la calle, aunque esté establecido que sí podrían circular para realizar la denuncia por tratarse de un caso de “fuerza mayor”. A partir de información del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad desde el 20 de marzo de 2020, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 de atención a víctimas de violencia de género, superó en un 39% al de los días anteriores. 85 femicidios en 2021 Este año fueron cometidos 85 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de abril. La violencia no cesa, como así tampoco su consecuencia más grave: los femicidios. Hubo 1 femicidio cada 50 horas en abril. 66 intentos de femicidios en lo que va del año. El 73% fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. El 32% ocurrió en la vivienda de la víctima. 17 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 10 tenían medidas de protección. Al menos 60 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Un grito incansable Ya hace seis años demostramos estar hartas de la no visibilización, del destrato y de la violencia. Cada vez que tocan a una, nos tocan a todas, y es por esa misma razón que esta ola imparable no se cansa de pedir justicia por cada piba asesinada, por todas las mujeres que han sido y son violentadas, y por cada una que no fue escuchada. Somos muchas; estamos acá, diciendo: “Ni una menos. Vivas nos queremos”.
Lo dijo Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en derecho informático de la UBA y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos de La Retaguardia y Radio Sur. Habló de la responsabilidad de los y las periodistas a la hora de comunicar, de la protección normativa hacia las personas menores de edad y de la visibilización de los agresores frente a una situación de violencia de género. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Virginia Chaile La era digital trajo aparejado cierto nivel de responsabilidad que muy pocas veces se respeta. Los medios de comunicación tradicionales suelen descuidar de manera habitual el respeto por los derechos de las personas menores de edad a la hora de comunicar. Consultada acerca de esta problemática, Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en derecho informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, dijo: “Es una tendencia bastante nueva y empieza a partir de los casos de violencia machista, por ejemplo, cuando las víctimas son colocadas en los medios de comunicación con una identificación plena de su persona, de sus antecedentes afectivos, o parejas anteriores. Las mujeres como sector poblacional tenemos esa problemática encima, que hay como un rastreo que fundamentaría ciertas cuestiones muy de la mano del ‘algo habrá hecho’, ‘hay que ver cómo fue hasta ahora para terminar siendo víctima de femicidio’. Imaginen la cantidad de casos que hemos tenido delante de los ojos en el último tiempo en que fuimos detectando paulatinamente este tratamiento”. ¿Cuál es el límite? Benítez Demtschenko explicó los cambios paulatinos que se están dando para una protección mayor cuando intervienen las redes sociales. “Sabemos muy bien que en las redes sociales, principalmente en la plataforma Twitter, tenemos usuarias y usuarios que generan novedad todo el tiempo y que muchas veces estas ‘novedades’ o comentarios, o información que se viraliza, termina en los medios de comunicación y acá tenemos la delgada línea de dónde generar una protección distinta y dónde cuestionarnos esto: cómo tratamos información personal desde la prensa y qué pasa con las leyes vigentes. ¿Cuál es el límite?”, planteó. En Argentina existe una normativa que protege la identidad y privacidad de las personas menores de edad. Sin ir más lejos, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene jerarquía constitucional y contempla diversos derechos y obligaciones para los Estados parte: “En el artículo 16, particularmente, se preveé esta protección a la privacidad, a la vida privada. Por ejemplo, a la familia, al domicilio de correspondencia del menor o de la menor, a no ser atacado en su honor. Acá es donde también tenemos una previsión normativa que nos puede ayudar a dar un marco a cómo tratar esto. No sólo la identidad, sino por sobre todo, la privacidad que es un derecho fundamental”, afirmó. La (i)rresponsabilidad de quienes tienen las herramientas En marzo de 2021 fue denunciada la desaparición de una niña menor de edad. Su madre denunció y el caso enseguida tomó relevancia en los medios de comunicación, en redes sociales, y exhibió una clara falta de responsabilidad hacia los derechos de la misma. “Lo que nos encontramos frente a su desaparición es que se estaba videograbando la casa en precarias condiciones de habitabilidad de la niña, qué hacía la madre, una sobre exposición absoluta que definitivamente eso contraría las previsiones de la Convención y acá debería de intervenir el Estado activamente, porque al ser una norma con rango constitucional no necesitamos ningún tipo de intermediación para ver si aplica o no. Pero esto es parte también de la desinformación que hay en la comunidad entera de cómo opera el derecho para proteger bienes jurídicos tutelados, en este caso, de menores”, dijo la abogada. Sin ir más lejos, este mes se viralizó en redes sociales un video donde se ve al cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, junto a su nieta quien es menor de edad. En el video, Coronel tiene la mano por debajo de la remera de ella. El repudio no tardó en llegar y se difundieron las imágenes mostrando el rostro de la niña menor de edad, incluso en algunos medios de comunicación. “Hay que distinguir dos órbitas de responsabilidad. Por un lado la responsabilidad sobre quienes detentan un poder, en este caso, la órbita del periodismo, de la prensa, que tiene una jerarquía mayor a una persona particular y una responsabilidad diferencial y por otro lado tenemos que distinguir la esfera que corresponde a las personas de la comunidad digital. Cuando podemos distinguir estas dos órbitas, vamos a tener que hablar de la mayor responsabilización de órbitas de poder. Esto también comprende al Estado, al sector privado, a empresas y demás, que tienen una posición privilegiada en función de la persona común. Y por tener una posición privilegiada también les corresponde mayor responsabilidad, esto también está previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, 25326, que es nacional, y me parece que es necesario que hablemos en dos niveles distintos por el hecho de que no puede responsabilizarse a una persona particular o cualquier usuario/usuaria de una red social de la misma manera”, explicó. Y continuó: “Es una problemática acuciante la falta de contemplación de estas cuestiones por parte de usuarios y usuarias comunes y es preocupante porque tiene que ver con la alfabetización digital y también con el conocimiento de los derechos y con los límites. La sobreexposición es un mal de época y pareciera como que cualquier cosa que se vuelca en una red social está habilitado y no es así y me parece que esto es crucial empezar a pensarlo”. La visibilización del agresor frente a la protección del macho —La Retaguardia: Los medios de comunicación ante casos de femicidio suelen mostrar la imagen de la víctima y proteger la identidad del femicida, ¿qué pensás de esta situación? —Marina Benítez Demtschenko: La concientización sobre la visibilización o no de determinadas cuestiones en