Fracking. Educación Y Salud
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Fabiana Cartolano es docente e integrante de la Asamblea No a la Megaminería de vecinos y vecinas de Playa Unión y Rawson. Durante semanas, participó de los cortes de ruta que se realizaron en la Ruta 3 y pedían el retiro del proyecto de ley de la zonificación de la actividad minera. El domingo 9 fueron reprimidos por la Policía provincial. Lo contó en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de Radio La Retaguardia y Radio Sur. Este viernes, la Justicia aceptó un amparo para frenar la puesta en marcha del proyecto de zonificación minera. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: El Chubut El proyecto de ley 128/20 establece la rezonificación en los departamentos de Telsen y Gastre, provincia de Chubut, y la extracción minera a gran escala. Desde 2003, existe una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto en la provincia. Por eso, la intención del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien responde a los intereses de las empresas mineras, es lograr la zonificación en distintos departamentos de la provincia como primer paso para después sí habilitar la actividad. Distintos grupos que pelean hace años por detener la minería en Chubut, como es el caso de la Asamblea No a la Megaminería de vecinos y vecinas de Playa Unión y Rawson, se opusieron al proyecto de ley y decidieron cortar la ruta para expresar su disconformidad. Juntaron firmas y presentaron un proyecto de iniciativa popular con 30 mil firmas para frenar la rezonificación, pero el jueves 6 de mayo la legislatura lo rechazó. Días después de las primeras manifestaciones, las fuerzas policiales reprimieron la protesta en la Ruta 3. En un comunicado anunciado el pasado viernes, la Justicia ordenó a la Legislatura provincial que se suspenda el tratamiento del proyecto de zonificación minera. El reciente amparo resuelve “suspender cautelarmente el tratamiento del proyecto de ley 128/20″. Fabiana Cartolano, integrante de la Asamblea, contó cuáles fueron los desencadenantes del conflicto: “El jueves (6 de mayo) terminó sucediendo lo que venimos denunciando hace muchos años las asambleas de Chubut: en la Legislatura se votó la aprobación del proyecto de iniciativa popular que había salido con despacho negativo de la Comisión de Ambiente. Esa Legislatura es un espacio que ha perdido toda legalidad y seriedad acá. Hace ya muchos años tejen los negociados por abajo, se entrega la provincia, y asumen personas que tienen causas. Hay diputados que tienen más de veintiuna causas”, expresó. La docente se refirió a los métodos de lucha que se venían tomando, previamente a la represión policial: “Se tomó la determinación, como última herramienta de lucha que estamos teniendo, cortar la Ruta Nacional N°3. En cuanto se aprobó el proyecto en la Legislatura, que estábamos todos afuera escuchando, nos vinimos hasta Trelew —autoconvocadamente, todo el mundo—, y llegamos hasta aquí. La solicitud del corte de ruta y de todas las actividades que se están haciendo en la provincia, es que se retire el proyecto de zonificación minera, que es un proyecto fraudulento, ilegal, un “corto y pego” del CONICET. De hecho, salió también el director de CONICET a nivel nacional a denunciar ese proyecto porque habían mal usado toda la información del CONICET y la habían utilizado para poder armar ese proyecto, que está claramente digitado y dictado por las mineras. Recordemos que nosotros tenemos nuestra primera iniciativa popular desde el 2014 y que una compañera, a través de una buena cámara con zoom, descubre -fotografiando un teléfono de uno de los diputados- que le estaban dictando los dueños de las mineras qué era lo que tenía que decir como fundamento. El jueves sonaban igual. Eran voceros de las mineras”, denunció Cartolano. Además, comentó que se estaban tomando medidas de fuerza en otros lados de la provincia: “El mismo jueves se tomó la Municipalidad de Esquel. Al igual que la Municipalidad de Trevelin, en la Comarca Andina, donde estuvo el fuego hace poco. También se cortó la Ruta 40”. Y destacó :”Pero los medios no están contando mucho, por eso estamos más que agradecidos. Porque saltar el cerco mediático provincial nos cuesta muchísimo”, admitió. Fabiana resaltó el rol de las mujeres en esta lucha: “En la logística del corte de ruta somos las mujeres las que vamos al frente. Lo decidimos así las mujeres y hemos logrado llevar adelante un corte de ruta tranquilo, porque somos nosotras las que dialogamos con los camioneros, con las familias, con los choferes de colectivos, y demás”, explicó. Un pueblo que resiste La docente rememoró el derrotero de luchas que el pueblo chubutense guarda en su historial: “Nosotros venimos de muchas luchas en la calle. Recuerden que dormimos 41 días afuera del Ministerio de Educación, cuando se tomó allá en el 2018, en pleno invierno. Amanecíamos con la ropa escarchada. Acá en la Patagonia el viento y el frío se hacen sentir. Hacemos fogatas en las puntas de los cortes de ruta”. Y exclamó: “Pero parece ser que al gobierno le encanta tener a la gente en la ruta. No hay diálogo. Es cada vez más hermético el gobierno con el pueblo. Al gobernador no se lo ve casi nunca. A veces pasan meses sin dar una nota, sin hacer una conferencia de prensa”, contó. La complicidad de los diputados provinciales con las mineras Para sumar al paquete de irregularidades que hay alrededor de la instalación de las mineras, también está la situación del diputado provincial Sebastián López, quien fue grabado pidiendo coimas a empresarios mineros: “‘Cien luquitas López’ le decimos nosotros. Es terrible. López, después de que salió ese escrache de la coima que él estaba pidiendo, se abre del bloque y hace un unibloque. Hay tres unibloques dentro de la Legislatura. Él solo quedó como bloque, y él solo decidió votar a favor de este despacho negativo a la iniciativa popular, al igual que Eliceche (Carlos, diputado provincial PJ- Frente de Todos y ex Intendente de Puerto Madryn, 2003-2011) y que Roddy
La justicia de Gualeguaychú falló a favor de Estela Lemes, docente rural de Entre Ríos, en el reclamo por los efectos de la exposición a agrotóxicos. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, Lemes explicó que a partir de esta decisión, la ART deberá indemnizarla y hacerse cargo de su tratamiento, estudios y prácticas de salud necesarias para atender aspectos de la enfermedad que padece, provocada por las fumigaciones. La docente recordó diferentes momentos y logros en estos años de lucha personal y colectiva contra las fumigaciones con agrotóxicos y remarcó la necesidad de continuar con estos reclamos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero —La Retaguardia: ¿Cómo has recibido esta buena noticia? —Estela Lemes: Después de tantos años de espera, sabía que en algún momento iba a llegar, y cuando llegó me sorprendió. Todavía me dura la sorpresa. Sé que es algo no muy común y que va a sentar precedentes. Eso me mantiene a la expectativa a ver qué pasa. —LR: ¿Qué otros detalles nos podés agregar del fallo? —EL: Ellos le indicaron a la ART que se tiene que hacer cargo de mi tratamiento, de estudios que yo necesite, de cualquier práctica y medicación que tenga que ver con mi enfermedad por estar expuesta a los agrotóxicos. —LR: Para recordar, ¿cuál es tu enfermedad y cómo fue que la contrajiste? —EL: Yo tengo ya hace muchos años una enfermedad producida por exposición a los agrotóxicos, es una neuropatía aguda. Esta enfermedad le quita la tonicidad a los músculos, atrofiándolos de a poco. Se siente mucho dolor. Me ayudo con medicación, me afectó sobre todo en mi brazo derecho y en mi pierna del mismo lado. También, en algunos momentos tengo dificultad para respirar. Me agito mucho cuando hablo demasiado, cuando camino, y pierdo el equilibrio. El fallo, cabe aclarar, sale por un daño dermatológico, no reconocen la neuropatía. Sobre esto último es lo que tengo que seguir trabajando para que me permitan hacer unos análisis nuevos y que pueda hacer el tratamiento que realmente requiero. La única perito mujer, después de hacerme muchos estudios haciéndome ir cuatro o cinco veces a su consultorio, descubrió además que tengo un síndrome químico múltiple producto de haber estado expuesta a los agrotóxicos. Sobre esta nueva enfermedad tengo que ver ahora cómo tratarla. —LR: Por otro lado, en 2019 se volvieron a modificar las distancias de fumigación en cercanías de las escuelas rurales, ¿cómo sigue eso hoy en día? —EL: Estamos pidiendo que se extienda la distancia mínimamente a lo que habíamos logrado antes, pero hay muchos intereses creados y es muy difícil que se revierta. De todas maneras, en este momento los diputados están con un proyecto de ley. Nosotros pedimos que se nos escuche, que se legisle y principalmente que tengan en cuenta las distancias. Pero mientras no le pregunten al pueblo o a quienes estamos luchando y que conocemos de lo que hablamos vamos a seguir igual. Estar detrás de un escritorio no es lo mismo que vivirlo día a día. Lemes agregó que hasta que el fallo tuvo sentencia firme pasó días de muchos nervios. “Cuando estuve segura, ahí recién lo empecé a contar y mostrar mi alegría. Y contagiar a la demás gente de que hay que luchar. Porque si la Justicia al fin reconoce que los agrotóxicos enferman, nosotros seguimos en la lucha porque además matan”, dijo la docente. Por otro lado, también se refirió a la novedad del abandono gradual del uso del veneno clorpirifós, un insecticida creado por la empresa Dow, que se aplica en la mayoría de los cultivos de Argentina. Justamente, el que ella recibió en su cuerpo al ser fumigada. Existiría un plazo de un año para su retiro definitivo en el país. —LR: ¿Qué fue lo primero que se pasó por la cabeza al recibir el fallo favorable? —EL: Pensé en mis hijos, quienes me han acompañado siempre. Lloré mucho, mi abogada también lloraba del otro lado del teléfono cuando me lo decía. Fue muy raro, en ese preciso momento estaba sola. Fueron muchos años de pasar cosas muy duras. De sentir al principio mucha soledad. Pensé en Fabián Tomasi, en Ana Zabaloy (docente que denunciaba fumigaciones en San Antonio de Areco y falleció de cáncer en 2019) y en tantos otros que no sé sus nombres pero que han pasado por lo mismo, y han dejado su vida por haber estado expuestos a los agrotóxicos y que no pueden ver esta victoria. Se las dedico a ellos.
Patricia Pines, docente de la Ciudad de Buenos Aires, compartió la experiencia que vive tras la vuelta a las clases presenciales. Según contó a La Retaguardia, en tan solo 5 días de asistencia, ella y su marido, también docente, se contagiaron aun cuando extremaron los cuidados. Pines destacó la importancia de que la educación sea virtual hasta que se universalice la vacunación, priorizando la salud, porque las escuelas en general no están en condiciones y los protocolos no son suficientes para evitar la propagación del virus. Publicamos su carta abierta. (Por La Retaguardia) 🖍️ Ilustración: Lorenzo Dibiase/La Retaguardia Si de algo deben servir las malas experiencias son de aprendizaje. Desde una sala de internación con Covid y neumonía donde me arrojaron 5 días de dar clase en la escuela les digo prioricen el cuidado de sus familias. Luché mucho para intentar evitar enfermar, me obligaron contra mi voluntad a asumir un riesgo que no quería y acá estoy, hace 11 días sin poder abrazar a mis hijos, justo lo que temía que pasara. Exijamos educación virtual hasta que se universalice la vacunación. Están jugando a la ruleta rusa con nuestras vidas. La enfermedad no conoce de edades ni de clases sociales. Urge una humanidad más sensible con la naturaleza, más cercana con los verdaderos intereses de la vida que no son justamente la producción salvaje y desmedida. Conecten con el bienestar de las infancias y las juventudes desde un lugar de afecto, de cuidado. Prioricen su salud y sus vidas, no expongan a estas experiencias traumáticas de contagios, aislamientos, miedos y enfermedad a las infancias. ¿Con qué necesidad real estamos exponiendo a lxs niñxs a estas experiencias tan insensibles y deshumanizadas? ¿Por qué este apuro desmedido por una falsa normalidad si sigue muriendo tanta gente y tanta otra sufre en camas de clínicas y hospitales? Urge que conectemos con nuestra humanidad, con la pacha, que se priorice lo importante de la vida, que es estar saludables. Todo lo demás ya habrá tiempo de recuperarlo. La clase trabajadora tiene que confiar en su fuerza productiva y hacer valer sus derechos. Entre ellos velar por la salud de sus familias. Más de 500 casos positivos y cientos de grupos de distintas edades en aislamiento en tan solo 2 semanas de clases. Por favor sean sensibles a esta realidad antes de que sea demasiado tarde. #VirtualParaNoEnfermar #SuspensiónDePresencialidadYa #NuestrasVidasValen #LosGobiernosSonResponsables
Lo dijo Facundo Viola, quien sufrió un nuevo amedrentamiento que se suma a los ataques que recibe sistemáticamente el grupo de Vecinos Organizados contra las Fumigaciones en Arroyo Leyes, Santa Fe. En esta ocasión, entraron a la casa de Viola y le robaron su computadora, herramienta fundamental para denunciar las fumigaciones que se realizan en el territorio. El periodista fue entrevistado por el programa Tengo Una Idea de Radio La Retaguardia y contó lo sucedido. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Las fumigaciones en la provincia de Santa Fe traen diversas consecuencias a los y las habitantes del lugar, a los animales y al medioambiente en general, contaminan el agua y propagan enfermedades. Las denuncias para acabar con el uso de agrotóxicos se vienen realizando hace años y desde distintos sectores de la sociedad. Uno de ellos es el grupo de Vecinos Organizados contra las Fumigaciones que se formó en Arroyo Leyes, localidad cercana a la capital provincial de Santa Fe. El periodista Facundo Viola contó a La Retaguardia las consecuencias que sufren, hace años, al querer visibilizar estas temáticas y pelear por un territorio sin agrotóxicos: “Para el interior de los pueblos fumigados es muy importante visibilizar la situación que nos toca pasar, que es de mucha violencia, hostigamiento permanente, difamación y ataques de todo tipo. No sólo me sucede a mí, sino que le ha sucedido a varios compañeros en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Por quinta vez ingresaron a mi domicilio, rompieron los vidrios de entrada de la casa y me robaron la computadora. Es muy llamativo porque sobre la mesa había dinero y unas cámaras fotográficas que valen diez veces más que la computadora que se llevaron. No es la primera vez que nos dejan este mensaje mafioso donde se llevan nuestras herramientas de comunicación y trabajo, y dejan dinero a la vista dejando en claro que no son ladrones comunes sino un intento de amedrentamiento de ir sobre la información que nosotros manejamos. Cuando llegué a mi casa encontré el portón roto, la puerta de entrada rota y solo faltaba la computadora. No habían tocado nada, sólo revolvieron algunos papeles. Un trabajo limpio y profesional, como me habían dicho off the record algunos fiscales”, relató. El hurto de la computadora, el elemento que el periodista utiliza para llevar adelante sus protestas contra el uso desmedido de agrotóxicos en la región, es un claro mensaje contra la organización que está llevando adelante con otros vecinos y vecinas. Las denuncias judiciales por estos hechos delictivos se acumulan en cajones sin revisar, mientras que algunos de los logros de Viola y compañía para frenar las fumigaciones se ven eclipsados por la desidia del Estado y del Gobierno provincial: “La policía hasta el momento no me informó quién es el fiscal que está a cargo de esta denuncia. Desde 2016 hicimos diversas denuncias por amenazas de muerte, intentaron golpearnos, nos persiguieron en moto. Algunas veces nos avisaron que no iban a investigar. Es una situación muy difícil que genera muchos riesgos para nuestra integridad física y muchos trastornos emocionales en los vecinos. Es un mensaje para que la gente no se involucre en esto. Tenemos en claro que lo que intentan es seguir fumigando la localidad. Nosotros venimos batallando para detener las fumigaciones en distintos lugares que son sumamente críticos, zonas céntricas de escuelas. Esas fumigaciones se han detenido, pero todavía quedan varios campos fumigados en la zona. Fuimos logrando ciertas reglamentaciones y ordenanzas locales. Una de ellas definía que a fin de enero ya no se iba a poder fumigar en toda la zona que se determinó como eje urbano. Nos confirmaron que van a prorrogar la entrada en vigencia de esa ordenanza y van a seguir fumigando dentro de la zona urbana para producir frutillas con alta demanda de agroquímicos y hasta 40 productos diferentes”, lamentó Viola. Lo que el grupo ambientalista está denunciando son las consecuencias que genera la contaminación que producen en alimentos y derivados el uso excesivo de agrotóxicos y las fumigaciones en la provincia: “El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) informó que esos productos llegan a la mesa del consumidor. Vemos las consecuencias. La Universidad Nacional del Litoral determinó a nuestro pueblo con alto índice de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, agua contaminada. Fuimos viendo como nuestros vecinos se murieron muy jóvenes de leucemia y cáncer. Cada vez que fumigan aparecen pájaros muertos y los animales domésticos se enferman. Es la situación que venimos denunciando hace seis años a la fecha. Pretenden vetar esta información, silenciarnos y amedrentarnos. Es por eso que han atacado nuevamente nuestro domicilio. Es una situación muy difícil de sobrellevar. Estamos entre los territorios más contaminados por glifosato del mundo. Al año, se usan 600 millones de kilolitros de agrotóxicos, algo así como 15 kilos de agrotóxicos por persona si tomamos un promedio de los 40 millones de habitantes que tenemos en el país. Eso se intensifica si se toman los datos de las provincias que están siendo más fumigadas. Las consecuencias en la salud son tremendas”, aseguró. El problema, como bien señala Viola, es cuando estos actos mafiosos que pretenden adoctrinar a las personas para que abandonen su militancia ambientalista vienen del propio Estado y son los funcionarios del Gobierno quienes “encargan” esos trabajos delictivos: “El lobby del poder sojero en la agroindustria es muy grande. Hemos creado una red de solidaridad entre vecinos afectados por las fumigaciones. Nos acompañamos al momento de denunciar. Estamos recibiendo una presión muy grande. Son los mismos funcionarios, muchas veces, los que alientan este tipo de difamaciones, de escraches y hostigamientos sobre los vecinos que están involucrados en esta causa. Es una situación muy difícil la que se está viviendo. A los vecinos que son víctimas de las fumigaciones y que intentan salir a reclamar por esta situación se los criminaliza, se los judicializa y se le hacen acusaciones de todo tipo intentando
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció en la Justicia a las empresas dueñas del complejo de Vaca Muerta y a la que se encarga del “tratamiento” de los residuos del megaemprendimiento. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, el abogado ambientalista Rafael Colombo brindó más detalles. Además, analizó en profundidad el método extractivista contaminante y opinó que el activo petróleo podría quedar obsoleto en poco tiempo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero El abogado ambientalista Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas comenzó explicando de qué se trata la denuncia que realizaron a las empresas que explotan Vaca Muerta y a la que debería encargarse del tratamiento de los residuos: “Nuestra presentación y denuncia penal tuvo por objeto revelar el millonario negocio que hay detrás de los residuos petroleros en Vaca Muerta. Es lo que nosotros denominamos como ‘el lado B’, donde se desnuda una detallada trama que envuelve maniobras de usurpación y contaminación de tierras públicas. Zonas liberadas, simulación de tratamientos de residuos petroleros y, al mismo tiempo, la cuantificación de un pasivo ambiental que llega a los 5 mil millones de pesos. Esto está íntimamente relacionado con las empresas que llevan a cabo, en teoría, el tratamiento de estos residuos, y que en esta ocasión en nuestra denuncia en particular, así como lo habíamos hecho con Treater Neuquén S.A en el año 2018, concentramos la lupa sobre lo que está haciendo actualmente COMARSA en la planta del Parque Industrial de Neuquén, y en la de la localidad de Añelo”, dijo. “Con un volumen de 400 mil centímetros cúbicos de residuos petroleros peligrosos que equivalen a 720 mil toneladas, y que al mismo tiempo estimamos que representa a 500 piletas olímpicas. Con residuos acumulados que contienen materiales radiactivos, metales pesados. Sin ningún tipo de tratamiento. Meramente acopiados y acumulados en gigantescos piletones sin impermeabilización y medidas de seguridad. Mezclándose con la atmósfera, la tierra, el agua. Ubicados muy cerca de comunidades que habitan en la zona. Esto está configurando un desastre socioambiental de proporciones colosales”, planteó. Un modelo antieconómico “Lo que planteamos básicamente es que Vaca Muerta no puede funcionar como lo está haciendo. Existen hoy 2.200 pozos petroleros que se intervienen mediante la fractura hidráulica que ya de por sí genera brutales impactos sobre el ambiente, y sobre la salud humana. Este es un modelo necesariamente antieconómico, porque se concentra sobre un activo que internacionalmente va camino a ser obsoleto. Depende de los subsidios a los combustibles fósiles. En Argentina, desde el año 2013 el Estado federal viene invirtiendo un total de 10 mil millones de dólares en los subsidios antes mencionados. El presupuesto 2021 contempla casi 80 mil millones de pesos en el marco de lo que es el “Plan Gas 4”. Esto es diez veces más que el presupuesto del Ministerio de Medioambiente, y cuatro veces más de lo presupuestado para el Ministerio de Salud en contexto de pandemia. Las prioridades del Estado parecen estar destinadas a continuar subsidiando Vaca Muerta cuando es evidente, como han manifestado muchísimas empresas, que sin este tipo de subsidios se retirarían de la explotación de yacimientos”, aseguró. Y el boom petrolero, ¿dónde está? “Lo que decimos es mucho más genérico: tiene que ver con que este modelo de explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales es completamente inviable desde lo económico. Es un modelo que está muy alejado de las promesas del milagro de la revolución del boom petrolero que nos va a salvar mediante la entrada de divisas. Eso es mentira. Desde que se explota Vaca Muerta hay mucha más pobreza en Argentina según datos oficiales. Es una industria que se concentra sobre un activo que está en crisis de manera estructural, que es completamente incompatible con los compromisos constitucionales y convencionales que tiene nuestro país en materia de cambio climático. Los fósiles están en baja en todo el mundo, por la crisis de precios que actualmente atraviesa la industria hidrocarburífera. También es un momento de recambio estructural. Vaca Muerta resulta entonces una apuesta ciega, un extractivismo energético contaminante y depredador de gran escala. Es una auténtica pesadilla que colisiona con la condiciones de un planeta asediado por el cambio climático. Más de 150 ciudades del mundo están liderando un proceso de desinversión de la industria fósil para reinvertir en energías renovables. El Banco Mundial ya no financia más proyectos de gas y petróleo. Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones va a camino a transformarse en un banco climático para destinar el 50 por ciento de sus activos en inversiones de energías renovables”, expresó el abogado ambientalista. Por otro lado, agregó: “Las falsas promesas que deliberadamente no se cumplen, parecen ser un denominador común con los extractivismos en general, porque ocurre con la megaminería, con la agroindustria a base de organismos genéticamente modificados con agrotóxicos, con la industria forestal. El Estado, en cambio, debería invertir en promover energías renovables”. Montaje político legal Al referirse a la otras empresas que integran el grupo Vaca Muerta y que también se encargan de de generar los residuos peligrosos, Colombo denunció: “Pedimos que se investigue a las empresas generadoras y que explotan Vaca Muerta, como YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) Pan American Energy, Shell Argentina, Chevron, TecPetrol, Pampa Energía S.A, ExxonMobil. Y al mismo tiempo pedimos que se investiguen las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados en este gran montaje de una ingeniería política y legal, que generó las condiciones de posibilidad para que Comarsa pueda llevar las acciones que lleva a cabo sin ningún tipo de control o fiscalización sobre terrenos públicos. Porque las 50 hectáreas que suman la planta de Añelo y la planta del Parque Industrial neuquino son tierras públicas. Cuando estas empresas, el día de mañana, se retiren de Vaca Muerta, nos van a dejar un pasivo ambiental desastroso desde todo punto de vista”.
La Corte de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza que prohibía la megaminería en la provincia. La medida fue tomada en los últimos días de 2020 y determinó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2016, que explicitaba la prohibición de todo tipo de explotación minera en la cuenca del río Andalgalá, quedara sin efecto. Al respecto, Mariana Katz, abogada de la Asamblea el Algarrobo de Andalgalá, habló con La Retaguardia y dio sus sensaciones sobre esta decisión que pone en peligro el bien más preciado para el pueblo catamarqueño: el agua. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Diego Adur/Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Asamblea el Algarrobo En un fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que se dictó apenas unas horas antes de celebrarse la pasada navidad, la Ordenanza Municipal 029/16 que establecía la prohibición de la megaminería en la localidad de Andalgalá fue declarada inconstitucional. El pedido de nulidad de la medida dictada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de marzo de 2016 fue impulsado por la empresa minera Agua Rica, que cuenta con diversos negociados en la provincia. De esta manera, la paz social, el agua y la vida del pueblo catamarqueño se ve amenazada por las prácticas extractivistas que desarrollan las empresas y por los gobiernos provincial y nacional que avalan estas acciones. La abogada Mariana Katz, quien forma parte de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, habló con La Retaguardia y anticipó que existen recursos jurídicos para apelar el fallo de inconstitucionalidad: “Lo importante acá es que esto se va a apelar. Lo que va a ocurrir es que se van a presentar dos recursos extraordinarios federal. Uno por la municipalidad, quien es la demandada, y otro por los vecinos del propio pueblo de Andalgalá, que se presentaron como terceros interesados para sostener la constitucionalidad y pedirle a la Corte de Catamarca que también, además de hacerle el test de constitucionalidad, analice el test de convencionalidad. Al momento de analizarse cualquier ley que esté en posibilidad de ser contraria a la Constitución Nacional, esto tiene que ser pasado por el tamiz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. No hay ningún derecho absoluto respecto a lo que alega la empresa minera y lo que alega el Estado provincial en cuanto a la titularidad del dominio de los recursos naturales y a que la minería es una actividad lícita. Los vecinos de Andalgalá, con mi representación jurídica, solicitamos a la Corte de la provincia que amplíe el test de la constitucionalidad a la convencionalidad y analice si esta ordenanza municipal era una forma de aplicar directamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tal como así dispone la Constitución Nacional. La Corte no dijo nada al respecto porque no hay argumentos para contradecir esta cuestión”, explicó Katz. Uno de los argumentos planteados por la Corte para declarar la inconstitucionalidad fue determinar que la competencia municipal está por debajo de la competencia nacional. Esto significa que Andalgalá no puede prohibir una actividad que es propiciada por el Estado nacional, como lo es el actual modelo extractivista. Otra de las cuestiones que le permitió a la Corte dictar su fallo fue la falta de un referéndum, es decir, que la prohibición de la megaminería en Andalgalá sea sometida a votación popular por medio de un plebiscito: “La Constitución determina que los municipios tienen autonomía dentro de una cuestión de distribución de competencias en cuanto al ejercicio del poder político. En la toma de las decisiones por parte de las autoridades, lo que argumentaron es que en este ejercicio de reparto de competencias, los municipios tienen una competencia de segundo grado, como que sería menor. Y eso implica que la decisión de prohibir una actividad que tiene política de Estado, para la Corte de la provincia es inconstitucional. Esa es una de las líneas argumentales, porque hubo varias. Otras de las líneas argumentales que planteó uno de los ministros, que se llama (Carlos Miguel) Figueroa Vicario, dice que si bien en la provincia de Catamarca no hay una ley de protección ambiental, esta ordenanza municipal tendría que haber sido plebiscitada, tendría que haber sido convocado a un referéndum. En el año 2010, este ministro de la Corte era diputado provincial. Había hecho un proyecto de ley para que haya una ley provincial de protección del ambiente y en la cual pedía la prohibición de la megaminería a cielo abierto a nivel provincial. Primera incoherencia. Fue una de las líneas argumentales que siguieron todo el resto de los jueces que avalaron esa postura. Ese mismo año, el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una ordenanza municipal, que es la 02/2010, convocando un referéndum facultativo para que la población se exprese por el sí o por el no a la explotación minera. La propia Corte de la provincia dictó una medida cautelar limitando eso y suspendiendo ese referéndum facultativo que hoy vuelven a decir que hay que convocar. Ellos mismos fueron los que lo limitaron y le prohibieron a la población de Andalgalá ejercer la democracia. Entonces ahí te das cuenta de las propias incoherencias”, señaló. La lucha del pueblo de Andalgalá La respuesta del pueblo de la localidad catamarqueña fue inmediata: “Primero sacaron un comunicado repudiando esta situación, manifestándose masivamente en la caminata que todos los sábados llevan adelante como una de las herramientas que tienen como resistencia; porque una es la jurídica y otra es la resistencia en la propia calle, a través de las caminatas o de acciones concretas y de reclamos concretos en el ámbito local y en el municipio. Se manifestaron en las calles, pero además de eso también hubo un acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos que vienen acompañando el reclamo del pueblo de Andalgalá, que sacó un comunicado de prensa y adhirieron cerca de 1.700 personas, entre organizaciones y personas. Eso fue también enviado a la Corte de la provincia para decirles al poder político y al
La periodista, autora de los libros Malcomidos y Mala Leche, se refirió a la ley de rotulados de advertencia que se está discutiendo en comisiones en la Cámara de Diputados. En su paso por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, Barruti explicó la importancia de este proyecto y la fuerte presión que está haciendo la industria para que se modifiquen algunos aspectos. Por su parte, Andrea Graciano, la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), dialogó en el programa A mí no me importa. Allí aportó su visión acerca de esta propuesta indispensable para que los consumidores y consumidoras puedan decidir, con información clara, cómo alimentarse. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Fernando Tebele El proyecto de ley de rotulados frontales que implementaría sellos negros de advertencia cuando un producto procesado sea alto en azúcares, grasas, sodio o calorías, obtuvo hace algunas semanas media sanción en el Senado con 64 votos a favor y sólo 3 en contra. Cuando llegó a Diputados/as, Sergio Massa —el presidente de la Cámara— decidió girarlo a seis comisiones para debatirlo. Esta determinación fue, según la lectura de muchas personas que apoyan este proyecto, para dilatar su aprobación. Al poco tiempo, por la presión ejercida, la discusión se derivó a tres comisiones. Soledad Barruti, la periodista que derribó una y otra vez los mitos de la agroindustria y de los y las nutricionistas que acompañan este modelo de alimentos a base de ultraprocesados, manifestó su postura acerca de los etiquetados: “Es muy importante el proyecto, está muy bien armado y es muy necesario. Tenemos que empezar a discutir qué comemos, qué compramos, y meternos a conocer esa información que hoy en día está absolutamente relegada, oculta”. Explicó también que, de aprobarse los rotulados, implicaría que si un producto tiene al menos un sello de advertencia, no puede ser distribuido o comercializado en las escuelas. “Proteger a las infancias de esta avanzada de la industria en entornos escolares, en publicidades que están pensadas sólo para ellos, y que a través de esta ley estarían prohibidas. Es un paquete de medidas que como está muy bien pensada y muy bien fundamentada tiene muchísima oposición y muchísimo lobby en contra”, dijo. El poder de lobby del modelo agroindustrial La industria sigue buscando imponerse para modificar la ley, que está basada en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que establece una clasificación de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados con niveles excesivos de nutrientes críticos como azúcares, sal, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. Bajo esos parámetros, la mayoría de los productos que las principales marcas ofrecen tendrían sellos negros y esto no fue bien recibido por las empresas, que buscan modificar este aspecto del proyecto, entre otros que también les incomodan. Barruti detalló la situación de fuerte presión una vez que el proyecto pasó de recinto: “En Diputados entró a un círculo de lobby y de demoras, promovidas primero por Sergio Massa, que se reunió con azucareros y les prometió trabajar para ellos y para que la industria azucarera prospere en el mundo. Y luego, obviamente, por las interferencias que se sostienen también por las sociedades de nutrición. La Sociedad Argentina de Nutrición, a través de su presidenta Mónica Katz, ya se manifestó en contra de esta ley hace tiempo y ahora se suma como un actor fuerte Sergio Britos, que es otro nutricionista afín a las marcas, que trabaja frecuentemente para ellas y que viene a contarnos que él tiene la idea de un rotulado mejor a pesar de que este rotulado cuenta con el apoyo de Unicef, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Organización Panamericana de la Salud. O sea que hay evidencia de sobra para decir que realmente necesitamos esta ley, pero sin embargo aparecen todos estos profesionales de la salud con muchas comillas, muy afines a las marcas que la boicotean”. Poder elegir lo que comemos “El etiquetado que hoy tenemos en Argentina no cumple con su principal función, porque la razón de ser de un etiquetado debería ser informar y que la gente pueda tener en cuenta esa información y, particularmente, la información nutricional para tomar decisiones de compra”, remarcó Andrea Graciano, la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran) e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA (CaLiSA). Graciano señaló que esa información debe estar en el frente de los envases, de manera clara, simple, y que la gente pueda tenerla en cuenta cuando elige sus productos a la hora de comprar. “Lo que sabemos es que en Argentina solamente un tercio de la población lee la información de las etiquetas y solamente la mitad, el 13%, comprende la información nutricional. Por eso es tan necesaria esta ley”, aseveró, y planteó que el tema es de suma urgencia. “Lo que venimos viendo en nuestro país es que la malnutrición por exceso es una consecuencia de cómo se vienen transformando nuestros patrones alimentarios: vienen perdiendo lugar en nuestras mesas los alimentos naturales y mínimamente procesados, las preparaciones caseras hechas en el hogar, y lo que viene ganando presencia son estos productos industrializados con el contenido excesivo de nutrientes críticos y por eso es tan necesario tener en cuenta que la transformación de los sistemas alimentarios tiene un impacto en nuestros hábitos alimentarios y también en la nutrición y en la salud”, especificó. Un problema de salud pública Aunque no en todos los casos el exceso de peso es por mala alimentación o un riesgo para la salud, la nutricionista expresó que las consecuencias de los cambios en nuestros patrones alimentarios, basados en una dieta de productos ultraprocesados, generan en Argentina un incremento en la obesidad. “La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo mostró que entre el 2005 y el 2013, la obesidad aumentó un 42%. Pero entre 2005 y 2018, que fue la cuarta Encuesta Nacional
María Florencia Juárez, integrante de la asociación Vecinxs Amigxs de Luyaba Ecológica pasó por el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Allí habló acerca de los incendios que llegaron hasta el centro de este pueblo del Valle de Traslasierra y casi destruye todo. Los vecinos y vecinas se organizaron para detener la propagación de las llamas y están alertas porque el peligro de los incendios forestales sigue siendo extremo en todo el país. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Rodrigo Ferreiro ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto: En el fondo, una casa que vecinas y vecinos salvaron solidariamente del fuego. La capacidad de organización y las urgencias en la provincia de Córdoba quedaron evidenciadas en repetidas ocasiones cuando los vecinos y vecinas se juntaron para detener los focos de incendios forestales. María Florencia Juárez, integrante de Vecinxs Amigxs de Luyaba Ecológica, de este pueblo que pertenece al departamento de San Javier, se refirió puntualmente a la situación que vivieron a mediados del pasado octubre, cuando el fuego se extendió hasta alcanzar las casas de la gente: “Necesitamos equipamiento, necesitamos educación sobre todo. Ahora con toda esta experiencia espantosa nos vamos dando cuenta de que hay mucha gente que quizá quiere ayudar y no sabe cómo. Hablando sobre todo de los vecinos. Cada uno puede poner su granito de arena, acercando una botella de agua fresca a los voluntarios, una fruta, acercarse a cortar frutas para hacer una ensalada, no tenés que ir al fuego”. La comunidad resiste el fuego En Luyaba todo el pueblo sabe que la única forma de controlar las llamas es la organización de los vecinos y vecinas, el codo a codo que une saberes y fuerzas para apagar el fuego. Al respecto, Juárez enfatizó: “Estos son incendios forestales, no son incendios comunes como uno puede ver en las ciudades por ejemplo cuando se prendió una casa o un edificio y se va, se rodea y se apaga. Acá pasan los bomberos, pasa el avión, y quedan los árboles encendidos, las raíces encendidas, quedan brasas que pueden durar semanas con las altas temperaturas, el cambio de clima, la sequía. Y también tiene que ver con el cambio climático y con intereses que son de público conocimiento”. Del estado de situación al Estado en situación En referencia a la intervención y colaboración por parte del Estado, Juárez declaró que les llegó la noticia de un recorte para la lucha del fuego en el presupuesto 2021: “Eso nos están ofreciendo. Yo igual hablo personalmente, creo que también hablo en nombre de un grupo de vecinos. Hay un montón de gente movilizándose con la legalidad de todos los reclamos, de toda la presión y la presencia en la cuestión de la coordinadora de bosque nativo, hay un montón de movidas acá. Sin embargo, hay algo que es muy urgente y es poder equiparnos. Hago mucho hincapié en eso porque, por ejemplo, cuando fue el incendio en el casco, hubo un momento en que los bomberos no tenían combustible. No hay presupuesto, no hay ayuda, no alcanza”, manifestó. Juárez sabe que para alcanzar la solución necesitan la ayuda del Estado pero que también cada habitante de la zona puede acercarse a sumar su aporte y generar una red colectiva de contención: “No me quiero centrar en todo lo negativo y todo lo malo. Me quiero centrar en lo que sí podemos hacer. Podemos acompañar, organizarnos, equiparnos, capacitarnos. Las dimensiones de los incendios en lugares como éste son de tres mil hectáreas. No es que algo se prendió fuego en una manzana, esto es muy grande y realmente estamos tratando de trabajar en la concientización del vecino, de que el vecino se acerque a colaborar. Han venido igual de toda Traslasierra a ayudar, acá hay una red hermosa de contención y confianza. Vinieron vecinos desde Los Hornillos, desde Villa Las Rosas, desde Los Pozos, desde Cruz de Caña, desde Las Chacras. Todo un equipo hermoso de travesía que está siempre al pie del cañón para ayudar y colaborar. Los incendios en la sierra históricamente se apagan entre vecinos bajo supervisión de los bomberos porque no hay caminos, no entran los autobombas. Mucho, mucho cuerpo”, detalló. Los tiempos del fuego Para la activista el cuidado del bosque nativo en Luyaba es una asignación que está, no tanto como debería, pero está: “Yo siento que los fuegos no van a parar, los fuegos intencionales no van a parar. Y entonces donde tenemos que educar más es en la gente grande esto de la colaboración. Yo siento a veces que hay una actitud de que el fuego está lejos. ‘está allá por San Isidro, está allá por La Chacras, está lejos’. Porque es en el campo, porque es en la sierra, porque está lejos de las casas. Y esta vez creo que aprendimos la lección de que nunca está lejos: el fuego avanzó un kilómetro y medio en tres minutos. Y eso lo vi yo estando parada al lado del camión de bomberos. Entre que pidieron ayuda porque un foco se descontrolaba, el foco había avanzado hacia la plaza, la escuela y la biblioteca en pocos minutos. Hay mucha seca, hay mucho material combustible, el cambio climático aumentó un grado el planeta, se nota. Y los fuegos no son los de antes, y el viento es otro. Desde que se prendieron las quemas que se hacían tradicionalmente en el campo en lugares como estos, en mayo, junio, con la tierra fría se va acumulando material combustible que hoy a 38, 39, 40 grados con un foquito se descontrola completamente”, explicó. Cuando el foco parece apagarse, la guerra contra el fuego continúa. La integrante de Vecinxs Amigxs de Luyaba Ecológica señaló que para realizar el trabajo los vecinos y vecinas necesitaron todo tipo de donaciones: “Una vez que se apagó el gran incendio forestal, quedan muchos focos y queda muy caliente el terreno. Entonces todo el trabajo consiste en que ese calor, esas brasas y esas chispas no se unan a lo
A pesar de la iniciativa popular del movimiento asambleario chubutense que juntó 30 mil firmas para oponerse a la extracción de minerales a cielo abierto, el gobernador Mariano Arcioni pretende avanzar por la zonificación dándole autorización a las mineras. En diálogo con el programa radial Tengo una Idea, Viviana Moreno, integrante de la Asamblea de Autoconvocados por el NO a la mina de Esquel, repasó la lucha de su colectivo. También mencionó el cambio de las leyes y señaló la responsabilidad política. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: @noalaminaesquel “NO a la mina” es el lema más significativo de la lucha contra la megaminería de la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut. Este modo asambleario de lucha se multiplicó en otras zonas y esa frase flamea en muchas banderas. La primera semana de noviembre, el polémico gobernador Mariano Arcioni, que aún le adeuda varios meses de sueldos a gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, participó de una mesa virtual nacional donde presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Allí, anunció con bombos y platillos que tienen un proyecto para avanzar con una zonificación a fin de habilitar la megaminería en la provincia. De esa reunión participaron también el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. El avance es inminente, y la resistencia también. 18 años de lucha Viviana Moreno, integrante de la Asamblea NO a la Mina de Esquel, explicó el método de extracción a gran escala y contó la historia del movimiento asambleario con sus constantes luchas y resistencias: “En el 2002 aparece una minera, descubren oro en Esquel. Hay un yacimiento de oro y plata que queda a 6 kilómetros de la ciudad. En su momento fue bien recibido. Necesitábamos trabajo, veníamos saliendo de la crisis de principios del 2000. Hay mucho empleo público, y creíamos que era crecimiento para la ciudad. De pronto aparece un señor que viene de una empresa francesa, que venía a vender el cianuro para la extracción del oro. En ese momento había dos compañeras químicas que se opusieron al uso del cianuro y empezaron a averiguar de qué se trataba esta minería a gran escala. Porque ya no hay más vetas de minerales, sino que está diseminado. Entonces, nosotros por ejemplo encontramos diez gramos de oro en una tonelada de roca. Y para poder extraerlo rápidamente hay que volar miles de toneladas de roca todos los días con explosivos, para después pulverizarlos. Esto es, en realidad, una industria minera o metalúrgica, no se produce nada. El cianuro se queda ahí en un piletón para la perpetuidad”, relató. La activista continuó detallando el daño que genera la minería a cielo abierto y cómo se organizaron los vecinos y vecinas para combatirla: “Ha ocasionado daños ambientales tremendos, sobre todo por las estructuras de estas piletas denominadas diques de cola. Están tan cerca de Esquel que quisimos saber los pro y los contra. Y en un par de meses armamos la asamblea. Primero éramos 60, después 600 y después todo el pueblo. Hicimos tal movilización que le arrancamos un proyecto de ordenanza para un plebiscito que ganó por el 81%. A partir de ahí los diputados provinciales deciden hacer una ley provincial, que es la 5001. Es como la paralela anterior a la ciudad de Mendoza que los está protegiendo también contra la megaminería con la ley 7722. Lo que pasa que para aprobar esa ley, el artículo 1 dice ‘Prohibirse la explotación de minerales a cielo abierto con uso de cianuro’, pero el artículo 2 dice que va a haber una entidad que se llama Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) que va a zonificar. Es decir, en este artículo exceptúan una región de la provincia para que sí se pudiera hacer la megaminería. Eso se aprobó, la zonificación nunca se hizo y la intención de las mineras es actuar sobre esto. Nosotros nunca paramos de luchar desde el 2002 hasta ahora en la defensa y la resistencia todo el tiempo. La provincia de Chubut tiene prácticamente el 70% del territorio lleno de minerales: oro, plata, 20 minas de uranio. Uno de los proyectos no va a empezar en Esquel porque tiene la oposición de la población, pero sí en un lugar muy poco habitado que es la meseta centro norte. Tiene ciudades muy pequeñas. La más poblada tiene 500 habitantes. Hay aldeas escolares que tienen 60 u 80 habitantes. Ahí hay una mina de plata, oro y cobre enorme que se llama Proyecto Navidad (porque el yacimiento se descubrió el 25 de diciembre). Este gobernador, que ganó diciendo que estaba en contra de la megaminería, hoy se vende a las multinacionales y, al mejor estilo Beder Herrera de la Rioja, declara, y nosotros lo sabíamos por los sucesos que íbamos viendo, que quiere la zonificación”, denunció De la foto del lobby minero a las 30 mil firmas reunidas en contexto de pandemia “En la Constitución de la Provincia hay dos mecanismos de democracia semidirecta. Una de ellas es una iniciativa popular, quiere decir que el pueblo puede presentar una ley a la legislatura, que tiene que ir acompañada por el 3% del padrón electoral. Entonces nosotros hicimos un proyecto superador a la ley 5001. No sólo prohibiendo el cianuro, sino también el uranio porque veíamos y vemos que quieren perforar y arrasar con toda la provincia. Además, con un único río que atraviesa de oeste a este toda la provincia y abastece a la mayoría de la población. Hicimos un intento en el 2014. Después de que se presenta, los legisladores la transforman y la convierten en una ley minera. Pierde la esencia y pone la zonificación, habilitando a la minería. Todo el mundo conoce esa historia porque nosotros le sacamos la foto al celular Blackberry de un legislador cuando recibía las órdenes de una minera durante la sesión, cediendo ante el lobby
Lo dijo Patricio Eleisegui, periodista especializado en temas medioambientales, en su columna mensual en el programa radial A mí no me importa. Se refirió a la aprobación para la comercialización de una variedad de trigo genéticamente modificado, que Argentina comenzará a producir y que también incorpora resistencia a un nuevo agrotóxico más potente que reemplazaría al glifosato: el glufosinato de amonio. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Lorenzo Dibiase para La Retaguardia Papel El periodista Patricio Eleisegui habló acerca de la vía libre para la manipulación genética del trigo, un producto tan esencial en el consumo de los argentinos y argentinas, tras la habilitación que se conoció hace algunas semanas para impulsar la producción de este nuevo transgénico: “Es la quinta velocidad de los transgénicos, porque teníamos de repente una aprobación sistemática de soja desde mediados de los años 90, después se fue sumando el algodón, el maíz. La última novedad había sido la papa, una variedad de papa en particular. Pero ahora, el Gobierno tomó la decisión de habilitar finalmente la primera variedad de trigo genéticamente modificado. Es un producto que es inédito en el mundo. Pero no inédito porque estamos hablando de un desarrollo entre comillas que de repente viene iluminado desde la ciencia argentina, a nivel político, sino que el mundo entiende que el trigo es un tema muy sensible y que no se puede jugar con genética en un producto que se consume tanto. Y acá, acorde con la promoción que se hace del agronegocio, del extractivismo, y justamente de la agricultura de laboratorio, se ha ido más allá y se ha terminado aprobando un producto que no tiene mercado siquiera. Porque básicamente la resolución que oficializó el Gobierno dice que la expansión de este trigo está atada a la aprobación que haga Brasil de esta semilla. Porque Brasil compra casi el 50 por ciento de la exportación argentina de trigo y hay mucho temor a perder ese mercado. Entonces, por las dudas, no lanzan una siembra masiva, pero fijate lo perverso del sistema, lo perverso de la dirección que toma todo esto porque en ningún momento se habla de los consumidores locales”, manifestó. “En principio, esto fue aprobado por la Secretaría de Alimentos y de Economía, que es dependiente del Ministerio de Agricultura. Estamos hablando de la cartera que encabeza Luis Basterra, por poner una responsabilidad directa. La oficialización en el Boletín no está firmada por Basterra sino por Marcelo Alós, que es el Secretario de Alimentos, y es un poco el que pone la cara, pero la realidad es que esto no se puede hacer sin una venia del mandamás de la cartera que es justamente Basterra. Un Basterra que siempre sale indemne de todos los cuestionamientos, un tipo que siempre parece un poco simpático en un punto, pero que omite o no participa en las discusiones importantes como el acuerdo con China, todas cuestiones que tienen que ver con agricultura, con su cartera”, sostuvo sobre la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Jugar a ser Dios Eleisegui se refirió a las consecuencias desconocidas del consumo de estos productos alterados: “Lo transgénico en sí es una tecnología que lo que hace es incorporar genética de una especie en otra, básicamente. En este caso, se juega sobre el ADN, se inserta un gen de una especie diferente en ésta y básicamente se tiene un desconocimiento total sobre cuáles son los efectos de esa nueva combinación de genes y qué ocurre también cuando tu genética interactúa con este nuevo producto. Cómo va a responder tu cuerpo al consumir esto, es un misterio total. Esto es un experimento a cielo abierto. Como se hizo con la soja en su momento. Qué pasa cuando vos consumís esto en 5 años o 10 años. Bueno, este experimento no existe, lo van a hacer con la gente, lo van a hacer con nosotros”, denunció. Ciencia e ideología: relieves de una relación en puja Sobre el modo de pensar la modificación genética de los alimentos, el periodista agregó: “Es un producto que no incorpora ninguna mejora nutricional. Porque muchas veces se dice ‘la transgénesis no tiene la culpa’, eso es una lectura ideológica. No existe la ciencia sin ideología, como no existe nada que hagamos nosotros sin ideología. Esto responde a un interés determinado, en este caso el interés de una empresa, Bioceres, que es la Monsanto argentina. El interés no es mejorar el trigo para que nosotros estemos mejor alimentados. La particularidad que tiene este trigo, es que supuestamente se adapta mejor a suelos con menor cantidad de agua. En una instancia de sequía el trigo tendría casi el mismo rendimiento que un trigo tradicional en una instancia climática normal. El famoso estrés hídrico como le dicen a esta genética, o resistente a sequía. Pero lo que no se dice es que incorpora una resistencia a un producto que es el sucesor del glifosato que la industria agroquímica quiere imponer desde hace unos años, y que lo viene haciendo bastante bien, que es el glufosinato de amonio”. Acerca del origen del uso de este producto, expresó: “El glufosinato de amonio es un agrotóxico que comienza a despegar en vínculo con la soja, con el maíz. Porque el glifosato ya no genera el mismo efecto en el campo, porque las malezas se volvieron resistentes, después de tanto tirar millones y millones de litros de glifosato. Entonces, la industria dice ‘¿cómo combatimos estas malezas que compiten con los cultivos?’ Aplicando otra molécula, mucho más tóxica, mucho más potente que el glifosato y es este glufosinato de amonio. Nosotros tenemos hoy entre 10 y 15 semillas transgénicas que ya resisten glufosinato de amonio. La realidad es que hay ciencia que se ha hecho en el país: Rafael Lajmanovich fue uno de los primeros que investigó la toxicidad del glufosinato de amonio. Él comprobó en anfibios que genera daño celular, que genera daño genético, que eso