gatillo fácil
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La etapa de investigación de los hechos que terminaron con la muerte de Camila López, de 13 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone, de 13; y Aníbal Suárez, de 22 años, está a punto de concluir. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contó en el programa Hasta que vuelvan los abrazos en qué estado se encuentra la causa y recordó cómo fue este hecho de gatillo fácil del que Rocío Quagliariello, de 13 años, es la única sobreviviente. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Natalia Bernades/Agustina Salinas San Miguel del Monte, ubicado a 110 km de la Ciudad de Buenos Aires, siempre fue considerado un sitio tranquilo. En los últimos años, el turismo en épocas de vacaciones o fines de semana fue convirtiendo el pueblo en ciudad, pero jamás perdió esa mística de lugar donde toda la gente se conoce. Su cercanía con la CABA, la facilidad para llegar y su maravillosa laguna, hacen de Monte un destino perfecto para cualquier visitante: para pescar, acampar en las orillas, hacer algún deporte acuático o pasear en bicicleta, los 11 km de extensión que tiene el perímetro de la Laguna de Monte son ideales. También lo es pasear por las calles de su pueblo que, cada vez con más comercios y ofertas gastronómicas, mantienen su atractivo histórico. Hace 1 año, el 20 de mayo de 2019, Monte fue noticia en todos los medios tradicionales de comunicación, y no precisamente por el atractivo de su laguna. Fue noticia por un caso de gatillo fácil, cuando cuatro adolescentes murieron al chocar su auto con un acoplado tras ser perseguidos a los tiros por dos patrulleros de la Policía Bonaerense. Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez fallecieron en el acto, mientras que Rocío Quagliariello sobrevivió con gravísimas heridas y el daño psicológico que implica perder a sus amigos en esta masacre.Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria que acompaña a las familias de las víctimas, relató lo sucedido esa noche: “En la madrugada del 20 de mayo del 2019, un grupo de adolescentes de entre 13 y 15 años se encontraron en la plaza. Allí decidieron dar unas vueltas con un joven, Aníbal Suárez, que hacía un tiempo que vivía en la localidad. En ese recorrido comenzaron a ser perseguidos por un móvil policial y luego por otro. Fue una persecución extensa. Desde una zona de la laguna hasta la Ruta 3, en el barrio San Bernardo. En las imágenes se vio muy claramente: a raíz de la persecución el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado en una suerte de calle colectora de la Ruta 3. En el acto murieron Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo. Rocío, como todos sabemos, pudo sobrevivir, no sin antes pasar por un estado grave de salud y con el daño psíquico que implica ser la sobreviviente de un hecho tan grave como este”. Si bien trataron de ocultar las evidencias y borrar las pruebas, el pueblo de Monte reaccionó rápido exigiendo justicia por los pibes y pibas. Con las imágenes que prueban que la Policía baleó el auto en el que se encontraban los adolescentes, los medios de comunicación tradicionales dieron, esta vez, la noticia a tiempo. La causa judicial está finalizando la etapa de investigación para dar lugar al juicio oral y público: “Hubo una investigación amplia y profunda. Es un tramo en el que ya está pedido por el fiscal el cierre de la investigación. La mayoría de las pruebas están producidas. Hay un plazo para que las partes terminen esa producción. Luego ya entrará el proceso del pedido de elevación a juicio por la fiscalía, la decisión del juez y, finalmente, el sorteo de un tribunal. Al ser una causa tan voluminosa va a llevar tiempo”, dijo Jarque. Los imputados por homicidio son los expolicías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez. Por delitos entre los que aparecen el encubrimiento, el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes de funcionario público están imputados los y las expolicías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez; el teniente Héctor Enrique Ángel; y el exsecretario de seguridad del Municipio, Claudio Martínez. Además, otro tramo de la causa investiga el accionar de la Policía científica la madrugada del peritaje, y la participación de la exintendenta de Monte, Sandra Mayol, presunta responsable de ocultar o demorar pruebas a la justicia: “El tramo fundamental de la causa tiene a once imputados: cuatro de ellos por el delito de homicidio y el resto por distintas acciones de encubrimiento. Luego, la causa tiene otros tramos que investigan, por una parte, el accionar de Policía científica respecto de una actividad pericial que realizó la noche del hecho, y otra, el involucramiento de la intendenta, Sandra Mayol, y del jefe de bomberos de la localidad de Monte en relación a acciones que podrían ser incumplimiento de deberes de funcionario público o encubrimiento, respecto de ocultamiento de pruebas y un retraso en la entrega de cámaras del municipio para poder identificar los distintos recorridos de los móviles. Eso fue lo que permitió identificar que uno de los policías iba con medio cuerpo afuera y disparando al automóvil en el que se trasladaban los jóvenes. La investigación está muy avanzada”, expresó la abogada de la CPM. Por último, Jarque destacó la labor del grupo de abogados y abogadas de las familias de los pibes y pibas involucradas en la Masacre. “Logramos que la justicia encamine un abordaje general e integral de la Masacre. Hay distintos planes y modalidades de acción. Todas ellas tienen una línea de investigación judicial. Tenemos la responsabilidad directa y la trama del encubrimiento, la revictimización de las víctimas a través de intimidaciones y amenazas, por lo cual existe una causa que está discutiéndose su competencia en relación a si hubo espionaje e inteligencia ilegal sobre las familias y la movilización del pueblo.
Familiares de personas privadas de su libertad denunciaron que el Servicio Penitenciario reprimió salvajemente dentro de la Unidad 23 de Florencio Varela y asesinó a un interno, Federico Rey. El aislamiento preventivo, social y obligatorio encontró a todas las cárceles del país en graves condiciones sanitarias, lo que dificulta el control de la pandemia y denota un problema estructural. La respuesta de los efectivos del Servicio Penitenciario ante cada reclamo de los internos es la represión con balas de goma, gases y eventuales cortes de luz para despistar a los internos que reclaman. Uno de los primeros eventos represivos en contexto de cuarentena sucedió en la Unidad 3 de Bariloche y terminó con varios heridos de balas de goma y golpes. Compartimos además videos y fotos de contenido sensible que los presos nos hicieron llegar a través de sus familiares. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto ✏ Redacción: Andrés Masotto/Nicolás Rosales 💻 Edición: Rosaura Barletta 📷 📼 Videos y fotos tomadas por los internos Ante la dramática situación sanitaria y sumando el agravante de la pandemia, los internos comenzaron a tomar medidas de autocuidado, como suspender las visitas del exterior y exigir elementos mínimos de higiene para los lugares donde transitan el encierro. Y también agregaron un reclamo lógico: que los condenados por causas menores o que estén cerca de cumplir su pena sean beneficiados con prisión domiciliaria, algo que no suena exagerado cuando hay genocidas obteniendo el mismo beneficio. Por el momento, lograron a través de una intervención judicial la posibilidad de utilizar sus teléfonos móviles y así mantener un contacto con el exterior. Días más tarde hubo una escalada represiva y en los reclamos de internos que ocurrieron en Coronda y Las Flores, ambos en Santa Fe, los efectivos del servicio asesinaron a cinco presos y dejaron varios heridos de distinta gravedad. Al mismo tiempo, empezaron a llegar las voces de las personas privadas de su libertad denunciando las condiciones de encierro, apuntando que el coronavirus es un riesgo inminente pero que adentro también sufren el dengue, la tuberculosis, el debilitamiento por la comida que les entregan y la falta de medicamentos, que también produce muertes. Los crímenes de Estado no están en cuarentena El martes se conocieron dos eventos en Melchor Romero y en Corrientes, siendo el segundo el más grave: durante el recreo en la Unidad 1 un grupo de internos jugaba al fútbol cuando la pelota se colgó. Uno de ellos trepó un alambrado (interno, no perimetral) para alcanzarla y un agente penitenciario le disparó. Todo terminó en un levantamiento generalizado del penal y, otra vez, la represión terminó con un muerto: José Mario Candia, de 22 años.Esta mañana, en la Unidad 23 de Florencio Varela, se replicó la petición de los internos y también se replicó la respuesta del Servicio Penitenciario. En los videos que circulan se ve claramente cómo los agentes disparan sus escopetas desde los techos de los pabellones y luego tapan un cuerpo con una manta directamente en el techo donde murió. Manipulan el cuerpo sin un aparente peritaje. Las imágenes que se pudieron ver en el transcurso de los últimos días han podido ser registradas por los propios internos. Algo que parecería estar jugando una mala pasada al servicio penitenciario ya que quedan al desnudo las constantes violaciones de los derechos humanos que viven las personas privadas de su libertad en el hacinado e inhumano sistema carcelario.Desde este medio tuvimos la posibilidad de conversar con Marga, de la organización social “Raíces”, y tía de uno de los internos de la U23 cuya identidad preferimos preservar por razones de seguridad. “Hoy hubo una especie de motín, cosa que los medios masivos de comunicación están diciendo que era un enfrentamiento entre sectores, es mentira. Están peleando por que le ‘bajen’ (que les den) los beneficios. En el caso de mi sobrino recién hace dos días nos pudimos comunicar con la defensora oficial, porque están todos los juzgados cerrados. Hay un muerto, como se puede observar en los videos. Ahora hay un camión de la Penitenciaría que los va a trasladar”, detalló. Marga vive en Tigre, y el traslado hacia Varela le implica un extenso viaje. “Por lo que sé hasta ahora hay un grupo de familiares afuera, mi sobrino me contó que les quisieron sacar los celulares que el propio poder judicial de la Nación les había habilitado. En realidad se los quieren sacar porque no quieren que trasciendan las imágenes que registran”, dijo. Esto desató otro motín. Es sabido que en este mismo penal se dió a conocer el fallecimiento de otro interno, víctima del virus Covid-19. En las imágenes que Marga nos envió también pudimos observar a otros internos heridos. “En el lugar donde está alojado mi sobrino hay 160 chicos. Es una especie de SUM (salón de usos múltiples) y duerme en el piso”, agregó.Por último Marga hizo un pedido desesperado, “nosotros lo que queremos, como familiares, es que que intervengan los Organismos de Derechos Humanos, porque van a matar a todos los pibes ahí adentro. Si no los mata el coronavirus los mata la gorra”, sentenció.
Referentes de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil se reunieron con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, estuvo presente en el encuentro. Le pidió al funcionario un mayor respaldo y acompañamiento a las familias víctimas del gatillo fácil, además de reclamar justicia por los pibes y las pibas asesinados por el Estado. (Por La Retaguardia) ✍ Redacción 👉 Diego Adur🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele💻 Edición 👉 Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero📷 Foto de Portada 👉 Natalia Bernades Hace unos meses, la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, había recibido a integrantes de la Correpi. Aquella reunión resultó sorpresiva, por la habitual desatención que estos organismos de derechos humanos recibieron por parte del Estado en los últimos 15 años.En esta oportunidad, Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, recibió a tres referentes de las madres y familiares reunidas en la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Allí estuvieron Emilia Vassallo, mamá de Pablo Paly Alcorta; Inés Alderete, madre de Marcos Acuña; y Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Apenas minutos después de terminada la cita, Mónica Alegre habló con La Retaguardia, contó sus sensaciones e hizo un primer balance de lo que dejó el encuentro: “No fue fácil para mí. Fui a acompañar como una de las referentes de la Marcha Nacional. Pedí a Pietragalla la ayuda que tienen que tener las familias en estos casos donde hay una falta y ausencia de acompañamiento. Yo estoy pidiendo acompañamiento para los pibes y una justicia igualitaria. Le hice saber que si hay hijos de funcionarios que delinquieron y tuvieron justicia, nuestros hijos tienen que tener la misma justicia. Teóricamente la justicia tiene que ser igualitaria, tanto para mí como para el que tiene plata. Yo soy parte de esta sociedad como lo es Pietragalla y como lo son sus funcionarios. Yo tengo que poder acceder a la misma justicia que ellos”, afirmó Alegre.Parte de esa ayuda que la mamá de Luciano Arruga pidió al Secretario de Derechos Humanos, tiene que ver con que el Estado les brinde las herramientas necesarias para poder conseguir justicia, a las familias que fueron y son víctimas del gatillo fácil: “Nosotros desde la Marcha Nacional y como familia pedimos que ellos, que ahora están ahí, traten de poner a disposición de las familias abogados y peritos de parte. Le expuse mi causa y la de Santiago Maldonado, donde no tenemos acceso a un perito de parte porque piden sumas irrisorias. Entonces que nos den herramientas para poder ayudar y acompañar a esas familias que están desesperadas y no encuentran un camino. Que nos den abogados, que nos den psicólogos. Hay familias que están destruidas y caen en estado de depresión. Dijo que van a poner a disposición al (Centro de asistencia a las víctimas Dr. Fernando) Ulloa, que está en condiciones deplorables”, dijo Mónica, en referencia al espacio que se constituyó para asistir a los sobrevivientes y testigos en causas de delitos de lesa humanidad y que sufrió las políticas de vaciamiento del macrismoSi bien Mónica se mostró conforme con la reunión, exigió que las promesas de ayuda y de justicia que les dieron desde el Estado se cumplan y no queden en meras palabras o gestos sin contenido concreto: “Nosotros pedir pedimos, de ahí a que se cumpla… También dejó entrever que vamos a tener una reunión dentro de 20 días. Acá somos todos buenos de palabras. Yo quiero hechos. Quiero hechos con las familias, con los pibes. Quiero igualdad para todos. Le dije que ya estoy cansada de promesas. Quiero hechos. Que empiecen a hacer, o al menos intentar hacer: Acompañar a las familias, que cambien la temática”.Mónica, que trabaja como artesana en la Feria de San Telmo, ferozmente reprimida en la pelea por el espacio público durante 2019, le recordó a Pietragalla ese conflicto. “También salió a relucir el tema de San Telmo. No puede ser que el oficial Benítez siga trabajando después de haber maltratado y golpeado brutalmente a tantas mujeres y que desde Estado no hayan hecho nada. Pasó un año. Y así como pasó con Benítez, pasó con muchas otras causas. Derechos Humanos nos tiene que representar a nosotras, las víctimas, no a los que tienen para pagar. Yo soy tan ser humano como es él y necesito ser representada”, expresó.Mónica contó que desde la Secretaría de Derechos Humanos quieren crear un spot publicitario para concientizar a la policía y distintas fuerzas de seguridad sobre el uso excesivo de la represión y las consecuencias que eso podría traerles: “Fue bueno haberme reunido. Yo estoy en representación de los pibes. No me paro bajo ninguna bandera política. Hay muchos muertos del pasado por los que no han hecho nada. Espero que empiecen a hacer algo. Es fácil limpiar el vidrio sucio sin fijarse la mugre que quedó atrás. Quedaron muy comprometidos para colaborar con la Marcha y hacer un spot publicitario para concientizar a la policía. Me dio mucha risa eso, pero por respeto a mis compañeras no me reí en su cara. Quieren hacerle saber a la policía que si no cambian su acción van a proceder de otra manera y pueden llegar a tener un futuro no muy grato”, explicó.Alegre se refirió también al juicio por el asesinato de Pablo Paly Alcorta, a desarrollarse el 27 y 28 de abril a las 9 horas en los tribunales de Morón: “Lo vivo con muchos nervios, tratando de acompañar a Emilia. Ella sabe muy bien que quizás el policía salga en libertad porque no hay muchas pruebas que la favorezcan. Ahí estamos las madres para acompañar a Emilia y darle toda nuestra fuerza. El juicio se hace el 27 y el 28 de abril. Falta una prueba fundamental, una pericia. Si no llega a estar a tiempo puede que el juicio se aplace. Tantas veces se aplazó… Emilia está nerviosa. Está contenida y acompañada. Sabe que no es fácil. Ella ha acompañado en otros juicios y fue el sostén de otras familias.
El sábado pasado se realizó en La Tablada un homenaje a Gastón Tonchi Flores, asesinado hace 18 años por la Policía Bonaerense. Durante la jornada se pintó un mural, hubo música en vivo y se escucharon las voces de familiares, amigos y amigas del joven. (Por La Retaguardia) ✍ Texto 👉 Julián Bouvier🎤 Testimonios 👉 Pedro Tato💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero📷 Foto de Portada 👉 Florencia PropatoEs sábado al mediodía y La Tablada comienza a pintarse de protesta. También de alegría y de encuentro. Se cumplen 18 de años de que la Policía Bonaerense mató a un joven allí, en donde se entrelazan dos importantes calles matanceras: Avenida Crovara y Arieta.El asesinato de Gastón Tonchi Flores fue en la madrugada del 3 de marzo del 2002, cuando el cabo primero Gómez decidió fulminarlo con un itakazo en el estómago, luego de que otro Policía -vestido de civil- le diera varios disparos de balas de goma. El cabo Gómez, quien terminó con la vida del joven, fue condenado a 20 años de prisión. Luego, por decisión de la Cámara de Casación, la condena bajó a 18 y finalmente, alegando “buena conducta”, la justicia determinó liberarlo al haber cumplido 14 años de prisión, las dos terceras partes de la pena. Los demás responsables policiales del asesinato del Tonchi nunca fueron juzgados.La soleada y calurosa tarde matancera va tomando color: el Frente de Artistas del Oeste, junto con artistas autoconvocados/as desde temprano, pintan un mural. La cara de Tonchi, acompañada por unos cálidos colores pastel, se apropian de una pared en la que alguna vez hubo inscripciones que recordaban a los militares que murieron en el Regimiento de la Tablada, cuando en enero del ’89 militantes del MTP (Movimiento Todos por la Patria) intentaron tomar el cuartel. Cuatro de ellos aún permanecen desaparecidos. La madre de Tonchi, que de a poco empieza a hablar más y a sacarse de adentro el dolor con algunas palabras (si se pudiera), pide que en el muro se vea una frase de Diego Torres que ella siente como propia: “Siempre te recuerdo para no extrañarte”.Amigos y amigas de Tonchivan llegando desde temprano y acercan el sonido para el festival, cuelgan algunas banderas que ya convocan a la jornada que dará comienzo al atardecer con una murga. Niños y niñas con la cara del Tonchi en sus remeras, familiares, más amistades, artistas, llegan para ir armando lo que será esta amena tarde/noche de música, encuentro y lucha.Hacia la noche, entre las bandas que van ambientando la Avenida Crovara, se acerca al micrófono alguien que bien sabe de estas injusticias: Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, que parada junto al padre de Tonchi, reflexiona y nos invita a pensar: “Es importante recordar a las personas que fueron víctimas de la represión estatal en actividades como esta, porque tenemos que aferrarnos a la vida, porque la vida tiene que ver también con la alegría, pero es necesario en un momento hacer un silencio, poder pensar y tomar conciencia de lo que significa hablar de represión estatal. Hablar de represión estatal en nuestro país es hablar de la muerte sistemática de un montón de pibes y pibas de nuestros barrios. Y a su vez es pensar cómo se empiezan a generar estas políticas represivas”. Recordó, entre otras cosas, la responsabilidad política de quien es hoy otra vez intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la desaparición de su hermano.Después escuchamos las palabras de Ramón Guaro Flores, el padre del joven, que no son más que de agradecimiento, sobre todo hacia Abel Giménez, amigo de Tonchi ,que desde el día uno se encarga de recordarlo organizando cada actividad y convocando para que sean verdaderos homenajes. Además, recuera a amigos de su hijo que perdieron la vida, pero que siempre estuvieron acompañando en estas jornadas.Por último, su amigo Abel -organizador de este festival- cierra con unas palabras y con una propuesta a todas las personas que estamos allí. “Les vamos a pedir el apoyo a todos ustedes porque queremos armar acá una Plaza de la Memoria, que tenga la cara del Tonchi en el piso. Porque sabemos que Tonchi no va a volver con nosotros, pero no queremos que a ningún otro pibe le vuelva a pasar lo que le pasó a él. Sabemos que el aparato represivo está más vigente que nunca, aunque lo tapen. Tenemos que combatir eso. Y lo vamos a hacer con esa Plaza para seguir gritando Memoria, Verdad y Justicia”.
El caso de gatillo fácil más trascendente de los últimos años será juzgado sin público y sin periodistas. Así lo informó el Tribunal Oral de Menores N° 2 que llevará adelante el proceso que tiene dos imputados: Luis Chocobar, el policía de Avellaneda que mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, de 18 años; y el adolescente que habría protagonizado el robo y la agresión contra un turista en el barrio de La Boca. Chocobar llega al juicio en libertad, procesado por “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”. (Por Colectivo de Medios Populares*) La unificación en un solo juicio de los dos hechos que ocurrieron en diciembre de 2017 fue definida por la Cámara de Casación Penal luego de que el Tribunal Oral Criminal que debía juzgar a Chocobar se declarara incompetente. La decisión de la Justicia de juzgar a un menor y a un adulto en un mismo proceso implica que el juicio sea “reservado” en pos de preservar los derechos del niño. Esta ausencia de público y prensa en las audiencias beneficia al policía con las mismas garantías procesales que un menor y, al mismo tiempo, impide propiciar el debate de un caso de gran repercusión social y política. Ante esta decisión, el Colectivo de Medios Populares, que cubre casos de violencia institucional y represión estatal, presentó un pedido ante el TOM para que permitiera el ingreso de periodistas en las audiencias donde se aborde el hecho concreto del homicidio de Kukoc, con expreso compromiso de respetar los derechos del menor de edad imputado. La solicitud se sustenta en el derecho a la información y el derecho de la sociedad a ser informada sobre un proceso que debiera ser oral y público. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires firmó y avaló el pedido. En simultáneo, el CELS solicitó, como organismo de derechos humanos, autorización para ingresar a las audiencias en calidad de observadores, basados en el inciso 1 del artículo 413 del Código Procesal Penal de la Nación que permite asistir a juicios de menores a quienes “tengan interés legítimo en presenciarlo”. Luego de correr vista a las partes del proceso, y a pesar de que la asesora de menores no se opuso a la petición, los jueces del TOM rechazaron ambas solicitudes. El (no) debate Para un sector de la población el “caso Chocobar” fue un claro caso de gatillo fácil, avalado por las imágenes del video en el que se ve cómo el policía bonaerense le dispara por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc, mientras huía sin representar peligro aparente. Para otro sector de la sociedad, Chocobar fue el ejecutor de lo que las fuerzas de seguridad deben hacer: disparar siempre, por las dudas. En esta última línea se encolumnó el gobierno nacional de Mauricio Macri: el ex presidente se reunió en Casa Rosada con el policía -a quien llamó “héroe”- para brindarle su apoyo, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, modificó el reglamento para el uso de armas de fuego por parte de los miembros de esas fuerzas, a través de una Resolución que autorizaba a disparar contra quien “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar muertes o lesiones graves”. Desde entonces comenzó a hablarse de la Doctrina Chocobar. Lo que para unos/as fue un crimen, para otros/as fue justicia. Con su decisión, la justicia “se pierde” la oportunidad de contribuir a esclarecer al resto de la sociedad si es o no un delito que un integrante de una fuerza de seguridad le quite la vida a alguien que ya no representa un peligro para nadie. Si, aunque haya cometido un delito previo, Kukoc fue víctima de una pena de muerte de facto, o del obrar en defensa propia de un policía que cumplió con su deber. Quienes formamos parte de este Colectivo de Medios Populares tenemos una posición clara al respecto. Fue gatillo fácil. Y, como suele suceder, la víctima fue un pibe adolescente de una barriada pobre. Como comunicadores nuestro objetivo es presenciar el juicio, no como meros espectadores, sino como narradores de lo que suceda puertas adentro de las audiencias, con el fin de aportar a un debate que hoy casi no existe. El interés superior es el del niño. Pero ese interés superior se puede garantizar cubriendo el juicio, con todos los derechos que le asisten: no exponerlo, no nombrarlo, ni hacer referencia alguna a esa parte del juicio. El derecho a la información quedó perdido en algún cajón. La defensa de Chocobar se opuso al ingreso de los medios y de otros legítimos observadores. Claramente, estará contento con la decisión. * Sur Capitalino / La Retaguardia / Revista Revoluciones – revoluciones.net / FM Riachuelo / Agencia Paco Urondo / Radio Gráfica / FM La Caterva
Es producido por Artó Cine y cuenta con la participación del Colectivo FinDeUnMundo. Arranca mientras una voz tira la definición de máquina, mecanizar, persona, desaparecer. Luego se escucha: “Parece fácil pero no lo es, no es fácil desaparecer una persona. El Estado sí sabe, pero para que pueda hacerlo, es necesario que se ponga en marcha la máquina. Cada pieza funciona y encaja de forma perfecta, cada institución sabe lo que tiene que hacer. Cada cual atiende su juego”. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista y 📝 texto 👉 Paulo Giacobbe💻 Edición 👉 Rosaura Barletta “Es una película que habla sobre desapariciones forzadas en democracia, desde el 83 hasta ahora y tomamos alrededor de diez casos para ejemplificar la cantidad de desaparecidos que hay. No hay un número oficial, el único que lleva los números es CORREPI”, sintetiza Patricio Escobar, realizador del documental Antón Pirulero, al tiempo que reconoce que la idea era contar la historia de Luciano Arruga. Pero ocurrió que para el mismo momento que comenzaron con el proyecto se enteraron que ya se estaba filmando una película sobre Luciano, que llevaría por nombre “¿Quién mató a mi hermano?”. Entonces la idea original mutó. “Me junté con la gente de La Vaca, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, del Centro de Estudios Legales y Sociales, con Verónica Heredia, y empecé a preguntarles sobre desaparición forzada en general y fui recopilando casos y me di cuenta que eran todos iguales, por eso empecé a hablar de la máquina de desaparecer personas”.El nombre del documental es un juego infantil con canción. Se trata de que cada jugador atiende su juego y va con prendas para los perdedores. Dice Escobar: “La mayoría de los desaparecidos son todos pibes de barrios marginales, de las villas, pibes jóvenes. Hay distintas modalidades de cómo llegan a desaparecer, pero la mayoría es por averiguación de antecedentes, por el verdugueo que le hacen en la villa, entran y salen, entran y salen, y terminan desaparecidos porque los torturan en la comisaría. Después me encuentro con que la justicia no hace una mierda; en vez de investigar a la policía, investiga a los familiares. La familia tiene que llevar adelante todo, y eso lo vamos mostrando en el documental”.Patricio Escobar observa que Luciano Arruga es igual a Iván Torres, que Iván Torres es igual a Franco Casco y que Franco Casco es igual a Andrés Nuñez y a Daniel Solano. Distintos casos de desapariciones a lo largo y ancho del país. La organización de las familias pidiendo justicia es fundamental. En una marcha por Luciano Arruga, Patricio ve una bandera de HIJOS LA PLATA por Andrés Nuñez, que “es un caso parecido al de Luciano. Lo va a buscar una patota, se lo llevan, lo torturan, aparece cinco años después quemado en un campo, porque se quebró un policía, sino, no lo encontrás más”. La desaparición de Nuñez es en la ciudad de La Plata, anterior a la desaparición de Miguel Bru.“Lo de Solano era diferente, (continúa Escobar) es la empresa Expofrut que lo mandó a golpear, porque eran trabajadores del sur. Solano querían organizar a los compañeros (porque eran trabajadores esclavos), y en un boliche lo mandan a golpear, los que lo golpean son policías, en Choele Choel. Las modalidades eran todas muy parecidas y una vez desaparecidos, todos los hechos eran muy parecidos. Investigan a los familiares. La justicia actúa acorde a la policía, en parte porque están engrampados con la policía. Un denominador común es que no lo nombran como desaparición forzada, lo nombran como averiguación de paradero. ¿Y qué pasa? Si vos tardás cinco años en nombrarlo como desaparición forzada se desaparecen las pruebas. Lo que pasó con Solano. Hay testigos que dicen que está en un jagüel y andá a buscarlo, nunca lo precintaron, siempre estuvo abierto. El campo ese es de un familiar de un policía. El campo donde encuentran a Nuñez quemado es también de un policía de La Plata. Los casos de Paraná también, eran perseguidos de la villa, que por lo general se le paran de mano a la cana por equis motivo”.Franco Casco es uno de los desaparecidos de Rosario. Fue detenido por la policía y llevado a una comisaría, lo torturan y casi un mes después, aparece su cuerpo flotando en el río Paraná, no es el único. Como el Río de La Plata arrastró a las costas del Uruguay al negrito Avellaneda, o como desde los vuelos de la muerte los cuerpos de las Madres llegaron a la costa atlántica, los cuerpos arrojados por la policía al río Paraná aparecen flotando, torturados, pero en democracia. Contrapuntos Como todas las películas de Escobar, el documental tiene contrapuntos. El rol que Julio Blanck llevó adelante con absoluta maestría de piedra en La crisis causó dos nuevas muertes, en Antón lo realiza el juez Gustavo Banco. Cuenta Patricio que Banco le reconoce que “es obvio que la policía usa a los pibes para merca, robar”, pero niega que eso ocurra en el caso de Luciano. Y si algo queda claro es todo lo contrario. “Fuimos a buscar la cana, nadie quiso hablar. Los fiscales muy pocos, los jueces muy pocos. Y la jueza que se jubiló, la de Solano (Marisa Bosco), que dice muchas cosas muy importantes de autocrítica, habló un poquito más. Y Banco que habla y se le nota corporalmente, un tipo nervioso. Estos hechos son posibles por eso, no solo por la cana, por los jueces y fiscales que no investigan o encubren”.El poder político también arrastra responsabilidades: “no hacen ninguna política de estado para resolver estos casos de desaparición forzada. Ellos saben lo que está sucediendo, lo dice clarito la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El responsable de una desaparición forzada es el Estado, porque están implicadas las fuerzas represivas del estado. El estado tiene responsabilidad como Estado y por no generar políticas para que no pasen más, para instruir a que
María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, se reunió con la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para dialogar sobre los reclamos que la organización mantiene y publicó hace algunos días. Verdú contó en La Retaguardia que el encuentro fue ameno y cordial y sirvió para puntualizar algunas cuestiones que la Coordinadora exige al Estado en materia represiva. (Por La Retaguardia) Hace algunos días sonó el teléfono en las oficinas de la Coordinara contra la Represión Policial e Institucional. Llamaban del Ministerio de Seguridad de la Nación para pactar una reunión entre la Ministra Sabina Frederic y la titular de la organización, María del Carmen Verdú. El pasado viernes 13 de diciembre, la CORREPI había presentado su Informe de la Situación Represiva Nacional del 2019 y el nuevo gobierno reaccionó rápido: pidió una cita para dialogar sobre ese informe y sobre otras cuestiones y protocolos que había dejado el gobierno anterior, que fueron derogados rápidamente. Así fue como se concretó la reunión, el jueves 26 de diciembre, entre María del Carmen Verdú y la Ministra de Seguridad de la Nación: “Fue una sorpresa para nosotros. Nos llamaron hace unos días para ir a hablar con la Ministra Frederic. CORREPI es una organización independiente que tiene una línea de intervención desde las calles y la denuncia pública. Jamás interviene en espacios de poder con ningún gobierno, porque definimos a los gobiernos como el administrador de turno de la política represiva del Estado. Tampoco nos negamos a intercambiar información, contestar lo que se nos pregunta o preguntar lo que necesitamos que sea contestado. Nosotros y nosotras veníamos señalando hace tiempo que había una serie de medidas que debían ser tomadas de manera urgente por el gobierno que asumiera la gestión del Estado Nacional a partir del 10 de diciembre pasado. Concurrimos hoy (por el jueves) a las 17. Fue una reunión en la que estuvo ella con tres asesores y mi compañero Ismael Jalil y yo. En un ámbito absolutamente cordial le desarrollamos los cinco puntos sobre los que pedíamos la derogación, los protocolos establecidos por el gobierno anterior (la resolución 956 –aprobaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales-, el Servicio Cívico Voluntario en Valores, el uso del hotel de Chapadmalal para Gendarmería, el uso de las pistolas táser, el programa de Ofensores en Trenes –permitía el control de documentación a cualquier persona para verificar si había cometido algún delito-). Entre el llamado para concertar la reunión y la reunión misma, estos 5 protocolos fueron derogados. Es un buen principio, no suficiente, pero sí necesario. Le desarrollamos también otros puntos, fundamentalmente todo lo vinculado con la cuestión de las detenciones arbitrarias, la cuestión de la situación carcelaria absolutamente extrema y cuestiones que quedan pendientes sobre la actuación de las fuerzas, los comandos unificados, la lógica bélica en la represión a manifestaciones, el uso de las armas reglamentarias con bala en recámara y sin seguro”, aseguró la titular de CORREPI que manifestó la sorpresa de la Ministra al enterarse de esta modalidad de uso de las armas de la Policías, listas para disparar en cualquier momento: “Fue un intercambio muy fluido, muy ameno. La Ministra no conocía esta situación del arma en condición de disparo inmediato. Tomaron nota de nuestras exigencias. Le dejamos una copia del (Informe) Antirrepresivo y les hicimos conocer nuestra disposición de continuar con este intercambio de información sin intervenir en ningún ámbito de colaboración ni cooperación con los organismos estatales, como es nuestra política”, remarcó Verdú.Desde CORREPI se mostraron al menos esperanzados en que la situación represiva y la violencia institucional cambien para mejor, y los casos de gatillo fácil o las represiones disminuyan: “Si esos reclamos que dejamos se cumplen, nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios van a estar en muchísimas mejores condiciones. Vamos a estar todos en mejores condiciones si, por ejemplo, dejamos de ver policías en las movilizaciones, si se logra evitar que el propio Ministerio de Seguridad provea de defensa gratuita y calificada a los policías, a los gendarmes, a los prefectos en causas de gatillo fácil o de muerte en las torturas”, manifestó la abogada en diálogo con Fernando Tebele en La Retaguardia.Por último, Verdú repasó algunas de las estadísticas que se incrementaron notablemente en estos últimos 4 años de gobierno macrista. Contó, también, que desde el Ministerio pidieron acceso al Archivo de CORREPI para iniciar su propia investigación sobre violencia represiva e institucional: “En 4 años, pasamos de 1 muerte cada 28 horas a una muerte cada 18.81. Volver a donde estábamos en diciembre de 2015 cuando menos es un avance. Una de las asesoras está destinada a la parte de estadística. Nos pidió acceso al archivo, que está publicado en nuestra página web. Quieren chequear los casos de las fuerzas federales, no con el ánimo de discutirlos o bastardearlos como intentó hacer la ex Ministra Bullrich, sino para poder hacer su propia investigación interna”, cerró la titular de CORREPI.
El efectivo Ricardo Ayala que pertenencia en ese momento a la Policía Metropolitana fue condenado por tentativa de homicidio agravado. El Tribunal solicitó también que se investigue la responsabilidades políticas y civiles de las autoridades de ese momento. (Por Colectivo de Medios Populares) El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 impuso una pena de 16 años de prisión al agente de la entonces Policía Metropolitana Ricardo Ayala por el intento de homicidio agravado del joven vecino de la Boca Lucas Cabello. Se trata de un fallo histórico, que también solicita que se investigue judicialmente responsabilidades políticas y civiles.El 9 de noviembre del 2015, Lucas fue atacado en la puerta de su casa frente a su hija de 2 años y su mujer por el efectivo de la ex Policía Metropolitana, Ricardo Ayala. El brutal accionar del efectivo, que disparó tres veces a quemarropa, le dejó heridas gravísimas a Lucas quien se recupera en silla de ruedas. Cabe recordar que en el momento en el ocurrieron los hechos la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, defendió al agente y acusó públicamente por “violencia de género”. El fallo desmintió la versión policial e impuso una pena alta para el uniformado en el caso de gatillo fácil.Tras terminar la audiencia con una gran emoción Lucas habló ante una multitud de vecinos e integrantes de organizaciones sociales y derechos humanos que lo acompañaron durante todo el juicio. “Muchas gracias a todos. A cada uno de ustedes que vino hoy y el resto de las audiencias. No me voy a olvidar nunca más de ustedes. Estoy muy emocionado”.En este mismo sentido se expresó la abogada de Lucas y su familia Gabriela Carpineti quien se refirió a la condena en un texto: “Gracias Lucas. Por ganarle a la impunidad. No solamente son los 16 años de condena a prisión para el Policía verdugo que intentó matarte, sino su inhabilitacion perpetua para ejercer cargos públicos y la orden de investigar el encumbrimiento del entonces Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, la entonces Vice Jefa, María Eugenia Vidal y el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.”Además, la abogada añadió: “Esta querella logró convencer al Tribunal no sólo de la responsabilidad penal del Agente Ayala sino también de un conjunto de responsabilidades políticas y civiles que deben ser investigadas judicialmente. Una causa que arrancó amarilla en noviembre de 2015 y se va con una condena popular, como sus posibles encubridores, en diciembre de 2019. Gracias a todos, a esas madres inquebrantables que nos sostenían de pie, por resistir estos años difíciles desde la verdad, la organización colectiva y el amor incondicional a los pibes de nuestro pueblo”.Por otro lado, el letrado Matías Busso de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quienes también actuaron como querellantes destacó “que el fallo sienta un precedente muy importante. Es un fallo histórico. Todos le creyeron a Lucas. Eso es muy importante. También es muy destacable también, más allá de monto que es importante, que se investigará cuestiones vinculadas al encubrimiento y las responsabilidades políticas de las autoridades.”
Su sonrisa está en el aire, junto a esa mirada dulce que se refleja en banderas y remeras. Su cuadra se vuelve a vestir de fiesta, hoy que cumpliría 23 años, está su familia y su barrio festejándolo. Pero Nehuén no está: hace más de 5 años que nos falta. Una víctima más de la violencia institucional, otra historia dolorosa de las que habitan nuestros barrios. (Por Colectivo de Medios Populares*)Foto: Revista Resistencias Roxana, su mamá, se ha convertido en una luchadora capaz de impulsar la búsqueda de justicia, éste festejo que todos los años lo recuerda y hasta un merendero que recibe a les pibes que se acercan en búsqueda de comida y contención. Se ha multiplicado Roxy, como todas estas Madres que han sabido recuperar un legado histórico en nuestro país, y así luchar para que nadie más sufra lo que han sufrido ellas.Roxy explica el sentido de festejar cada año el cumple de Nehuén “el 7 de Noviembre me representa la vida de mi hijo, toda su alegría y todos sus proyectos. Me parce que está bueno hacer un recordatorio desde el barrio, desde los territorios. Manteniendo siempre viva la memoria de Nehuén y todos los pibes que mata la policía. Convocamos siempre familiares de gatillo fácil y violencia institucional para que se instale una conciencia en los más jóvenes y en el vecino y vecina común”.Hay un castillo inflable, un escenario improvisado para que suenen bandas, una radio abierta que FM Riachuelo lleva adelante, un puesto de patys y gaseosas, una muestra de fotos y obras. La calle es el lugar indicado para el recuerdo de este quemero de vida breve pero intensa, que recuerdan con alegría quienes lo conocieron, y también los que no tuvimos esa suerte pero en relatos y testimonios vamos hermanándonos con su ser. Nehuén vive entre nosotres, es la risa y el llanto de Roxy por partes iguales. Es la sonrisa de su hermanita Luna que hoy también cumple años, y recibe el canto de todos, como expiación y deseo de las mayores alegrías. Son todas las pibas y pibes que militan esta causa, que hacen pintadas, que venden remeras con su carita, que han bancado los trapos en el juicio.Nehuén también se multiplica, es una causa y un impulso de justicia. Una referencia de lo que no debe suceder, pero también de lo que se puede ser y hacer ante un dolor inenarrable. Es también el Kiki, Luciano, el Paly, y todes les pibes que han sido asesinados por las fuerzas de seguridad en estos años de dolor e impunidad. Son la lucha que recrudece ante cada nombre que se suma. Y que organiza esta calle que hoy celebra una vida que nos han arrebatado, y que sirve de escenario para que otras madres/padres den testimonio de su pérdida y dolor. Son estos encuentros que vamos asumiendo, esta memoria que construimos entre todes, ésta esperanza de que la lucha que encaramos le ponga fin a tantas muertes.Mantener viva esa memoria se traduce en una práctica concreta para Roxy, que implica la posibilidad de no naturalizar que las fuerzas asesinen a un pibe cada 21 horas “cuando a mí me pasó lo de mi hijo era una vecina común y no me involucraba ni tenía ningún tipo de concientización social de los hechos que pasaban en el barrio en relación a estos tipos de violencias. Desperté en este nuevo mundo para mí y me parece importante que los demás puedan tomar conciencia”.De lo que se trata es de trascender la justicia pocas veces justa del poder judicial para “conseguir una justicia social, con todo el acompañamiento de las organizaciones sociales y políticas del barrio. Esa justicia social es la que nos alienta a seguir luchando desde lo territorial a nosotras las madres” afirma Roxy unas horas después del festejo, todavía conmovida por toda esa vida arrebatada. Por todo lo que se extraña a Nehuén. *El Colectivo de Medios Populares es una construcción colectiva que produce y difunde de forma conjunta información relacionada con historias/causas/casos en torno a la represión estatal que asesina a un pibe cada 21 horas.Está compuesto por estos medios: FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente / Revoluciones.net
El viernes pasado en FOETRA, Sergio Maldonado participó junto a Miriam Lewin de una charla abierta cuya consigna inicial era una pregunta: ¿Cómo construir justicia y fortalecer los Derechos Humanos? En la charla planteó la necesidad, como familiar de Santiago Maldonado, de diferenciarse de los organismos de Derechos Humanos que actúan como querellantes en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano. En diálogo posterior con Fernando Tebele, profundizó sus críticas, explicó por qué lo hizo público y alertó sobre sus preocupaciones, de cara al juicio al médico de la Policía Federal, Augusto Werther Aguiar, que filtró fotos del cuerpo de Santiago en la morgue. Este juicio que comenzó hoy será el primero en torno del crimen de Santiago Maldonado. (Por La Retaguardia) Foto: Archivo La Retaguardia/Agustina Salinas Las personas que asistieron a la charla que organizó el viernes pasado en FOETRA Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, se sorprendieron ya en el comienzo de la exposición: “Hoy es un día muy dificil para mí. Porque voy a cargar contra aquellos que deberían estar de nuestro lado”. Con cierta incomodidad, y hasta con un relato algo confuso, Maldonado criticó a la APDH, el CELS, la CPM y la AEDD, los cuatro organismos de derechos humanos que son querellantes individuales, además de la familia de Santiago. En la mesa en la que realizó sus declaraciones, y a la que invitó a La Retaguardia y otros medios alternativos, Maldonado dejó a un lado de las críticas a Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo “de las que aprendimos todo”. La Retaguardia dialogó con Sergio Maldonado luego de sus declaraciones en la mesa que compartió con la periodista y sobreviviente de la ESMA, Miriam Lewin. -La Retaguardia: Nos pareció que estaba bueno intentar profundizar cuáles son esas molestias con los organismos, si es con todos, si es con algunos ¿Por qué? Lo primero que dijiste cuando se abrió el micrófono en FOETRA fue: “hoy es un día difícil para mí, porque es hablar de la gente que tendría que estar de nuestro lado”. -Sergio Maldonado: A veces es difícil cómo encarar, cómo decir las cosas, es más fácil cuando uno hace un comunicado. Tenés los tiempos para escribirlo, pensarlo bien. Se puede malinterpretar o no. Siempre fui una persona que desde el principio trató de consensuar y que fuera una especie de colectivo, de hecho la lucha por la aparición con vida de Santiago fue una amplitud hacia todos los partidos políticos, todos los organismos. Dentro de todo eso, que es el motor humano y que se va manifestando en la calle, también está la parte judicial. Entonces, en la parte judicial es donde la familia de Santiago, como querellante, tenemos una abogada que no es de ningún organismo (Verónica Heredia). Es personal. Desde el principio nosotros tenemos una estrategia y un objetivo, que es averiguar la desaparición forzada, por qué Santiago estuvo desaparecido. Independientemente de si después apareció muerto, lo que hace eso es incrementar la pena y quien me dijo que Santiago no estaba en el lugar fue el Estado. Entonces cuando empezás a ver todas las cosas que hay, la investigación y demás puntos, no hay nada que indique que no sea otra cosa que desaparición forzada. En esa línea nosotros nos seguimos moviendo. Participamos en todos los recursos, en todas las presentaciones, en todas las etapas. Porque es amplia la causa. Y es ahí donde entran los organismos querellantes: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esas cuatro querellas no tienen los mismos intereses que tenemos nosotros como familiares, que es avanzar en la verdad y la justicia. No es que ellos hagan lo contrario. Pero sí tienen otros intereses porque están más limitados. No participaron en todas las presentaciones que hicimos nosotros. Todos con distintas miradas. De hecho cuando recusamos al Juez (Federal de Esquel, Guido) Otranto, lo hicimos nosotros. Después, cuando ya estaba recusado, aparece el CELS. El resto de las querellas no hizo absolutamente nada, no salió a recusar al juez. O sea, si no hubiese sido por nosotros, seguiríamos estando con el Juez Otranto. Ahí es donde empieza la parte judicial y la parte que está atrás, en bambalinas, que no se ve y que empieza una fricción en lo que es el interés de las familias, que tienen su propia voz. Convengamos que estos organismos nacieron porque eran para representar y querellar en casos de Lesa Humanidad, donde por ahí era más amplio, en otra situación; pero en democracia, las familias empezamos a tener nuestra propia voz. Las Madres del Gatillo Fácil, Contra la Trata, en diferentes aspectos, todas las familias levantan su voz y van para adelante. Entonces hay que acoplarse a eso. Hace un tiempo vengo diciendo que hay que empezar a entender y construir, o ver de qué manera fortalecer los Derechos Humanos, me refiero a eso. Lo último, el detonante, que me hace ruido, es que cuando sale el fallo de la revocación del Juez Gustavo Lleral (segundo Juez de la causa), que lo hace la Cámara de Apelaciones, diciendo que descartaba la desaparición forzada, pero no descartaba otros delitos, lo que es contradictorio porque vos no podes decir que no es desaparición forzada si no hiciste una investigación. Ahí nosotros impugnamos el fallo. También impugna la APDH, pero por otro motivo. Si vengo desde hace dos años y dos meses sosteniendo algo, poniendo el cuerpo todos los días, manifestándome, dando charlas, dejé de lado mi vida, y viene un organismo y no respeta lo que nosotros estamos haciendo, con algo conciso, con algo concreto, no hay grises. Te lo digo personalmente y no me haces caso y seguís y seguís, y lo único que te importa es tu ego o tus propias individualidades. Esta cosa de salir por los medios y decir gracias a nosotros llegamos a