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A finales de octubre de 2020 Chile decidió ponerle fin a la constitución pinochetista. Ese triunfo histórico comenzó a forjarse en 2019, cuando el país trasandino explotó y las revueltas populares lograron evidenciar que el milagro liberal chileno dejaba tras de sí un tendal de desigualdad, pobreza y racismo. A la rebelión, siguió una represión feroz, ejecutada por los carabineros, ordenada por Sebastián Piñera y avalada silenciosamente por la mayoría de los gobiernos de la región. Hoy, con el plebiscito constituyente consumado, algunos y algunas intentan decretar el fin de la historia, sin percatarse que la explosión que parió la consulta popular dejó cientos de personas presas, y que la persecución al pueblo mapuche, numeroso en Chile, nunca cesó. El jueves 18 de marzo organizaciones de diferentes espacios, residentes chilenos y chilenas en Argentina y población mapuche realizaron una jornada de protesta en el Consulado chileno de la calle Sáenz Peña al 500, en la Ciudad de Buenos Aires. Para ellos y ellas nada ha terminado y todo está por comenzar. (Por La Retaguardia) 📷 Fotos: Virginia Chaile/La Retaguardia 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro

Los 8 imputados llegaban por primera vez a juicio. No eran los nombres más reconocibles de la megacausa. Las penas bajas y la negación del genocidio. La descripción de Carlos Loza, sobreviviente e integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman, quien conoce el expediente en detalle. (Por La Retaguardia) ✍🏻 Texto: Paulo Giacobbe 📺 Entrevista y cobertura en juicio: Fernando Tebele/Luis Angió ⌨️ Edición: Fernando Tebele El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, condenó a 8 represores por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción, retención y ocultamiento de menores, en el cuarto tramo de la Megacausa ESMA.  Raúl Cabral, Carlos Castellví y Miguel Conde fueron condenados a prisión perpetua. Carlos Carrillo, Jorge Luis María Ocaranza, Ramón Zanabria y José Ángel Iturri, enfrentarán 15 años de prisión. El tribunal consideró coautores a unos, y partícipes secundarios a otros. En cambio, a Claudio Vallejos lo consideraron “partícipe necesario” y fue condenado a seis años, “la que se tiene por compurgada por el tiempo en detención sufrido”. Vallejos, quien declaró ser periodista, transitó parte del demorado proceso excarcelado, había estado prófugo y fue extraditado en 2002 desde Brasil. En ese país dio entrevistas ufanándose de sus crímenes. Al comienzo del juicio su abogado dijo que fue expulsado de su casa y estaba viviendo en la calle. Solo dos de los represores se encuentran en un penal: Zanabria y Carrillo. El resto goza del beneficio de la prisión domiciliaria.    “Los ñatos”, como nuestro compañero Víctor Basterra nombraba en genérico a todos los represores, fueron condenados en este comienzo del 2021, videoconferencia mediante.  En su fallo, los jueces declararon a los hechos “constitutivos de crímenes de lesa humanidad” e imprescriptibles. Pero, por mayoría, no hicieron lugar al pedido de la querella representadas por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, “respecto a considerar los hechos analizados del presente proceso como constitutivos de la tipificación normativa del Delito de Genocidio”. Los delitos sexuales no fueron considerados y los fundamentos quedaron para el 19 de abril de este año.  Condenados por la tarde La jornada comenzó por la mañana con las últimas palabras del represor Carlos Carrillo, quien negó su firma en documentación presentada por la fiscalía y trató de desprestigiar el testimonio de Víctor Basterra, que lo ubicó en la ESMA.  Carlos Loza, integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman participó de la transmisión en vivo de La Retaguardia y dijo que Carillo tenía varios alias dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio: “Son excusas que siempre dan, que ya estamos acostumbrados. Que era marinero, que no había estado, que no correspondía, que cumplía otras funciones. Estamos ya cansados que no quieran asumir la responsabilidad que tuvieron, más o menos lo mismo que dijo el otro imputado que está preso con él, Zanabria”. Carrillo o Cari o El Salteño, como lo identificó Víctor Basterra “y otros testigos”, estuvo en el campo de concentración, aportó Loza.    Cuatro de los represores fueron ubicados por documentación interna, recordó el militante: Iturri, Zanabria, Néstor Tauro (fallecido en 2019) y Ocaranza “están en el listado que hizo Sergio Tarnopolsky. Hay como cuarenta nombres y es un trabajo de militancia como el que hizo Víctor Basterra. Sergio, su hermana, su esposa y sus padres se encuentran desaparecidos”. Radiografías Calos Loza brindó un rápido repaso de los prontuarios de dos represores, uno que fue condenado en este juicio y otro que logró evadir a la justicia por un tiempo más. “Un personaje muy importante porque era un personal civil de inteligencia, Miguel Conde, que iba de Campo de Mayo a la ESMA”, detalló Loza, “según Ana María Martí, sabía más de la organización Montoneros que cualquiera de los militantes. Es un hombre ya condenado en otra causa, esta con prisión domiciliaria, tiene más de 90 años y está siendo juzgado en simultáneo en la Megacausa Campo de Mayo. Un hombre muy importante porque se dedicaba a interrogar a las víctimas y a armar el rompecabezas de la organización y eso le permitía hacer nuevos procedimientos. Había penetrado en todas las estructuras a partir de estos interrogatorios y ubicando a cada uno había llegado a reconstruir las estructuras de la organización Montoneros”, fue la radiografía que Carlos Loza sacó del represor Miguel Conde.  El militante y sobreviviente también habló de Pantera, tal como se hacía llamar en el campo de exterminio de la ESMA el contralmirante retirado Horacio Luis Ferrari: “un caso que no está por una arbitrariedad es el de Ferrari”, denunció Loza. La Corte Suprema dejó firme un fallo de la Sala II Cámara Federal de Casación Penal: “ordenó que no puede ser juzgado por este tribunal con la participación de Daniel Horacio Obligado y Adriana Palliotti, porque ellos ya intervinieron en juicios anteriores y tienen opinión formada. Lo que está formado es la materialidad de los hechos, no los integrantes del tribunal”, por eso dijo Loza  que es “lamentable” la decisión de juzgar a Ferrari “por este tribunal pero con otros integrantes, esto ha sido apelado y es una arbitrariedad, porque siguen ganando tiempo”. Ferrari, como otros represores, “se escudó en que estaba navegando y está claro que estuvo en la ESMA y lo certifican varios testigos”, subrayó el integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman. Impunidad Biológica Carlos Loza calificó las prisiones domiciliarias como parte de un sistema para consolidar la impunidad de los genocidas: “este sistema está diseñado para la impunidad”. Y explicó que hasta que no llegue una sentencia firme, siguen detenidos en esa condición. Que a la espera de apelaciones, idas y vueltas por Casación, hasta recorrer el laberinto que conduce a la Corte Suprema pasan muchos años: “Nos va a encontrar muertos a nosotros, a ellos. Para tener una idea, el juicio que terminó en 2017, Casación todavía no lo confirmó. Tiene que ir a la Corte y la Corte  tiene alrededor de 60 casos para confirmar sentencia. Algunos tienen ocho años de atraso. Son cuatro años y ocho años,

Entre las cuestiones que el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros parece haber venido a cambiar, también está el silencio de Silvia Tolchinsky. En esta extensa charla con La Retaguardia, la sobreviviente del genocidio, una de las pocas personas que pudo esquivar la muerte en Campo de Mayo, se lanzó a repasar su vida militante, más que seguro de manera incompleta, pero definitivamente con profundidad. Carga con varios estigmas: fue parte de la Contraofensiva, sobrevivió, y rehizo su vida familiar con una persona que estuvo imputada como parte de un grupo de inteligencia. Su voz surge desde el silencio, mitad impuesto mitad elegido. (Por La Retaguardia)     🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Fernando Tebele/Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Entre todos los testimonios de familiares, de hijos, hijas y sobrevivientes, una suerte de ansiedad especial recorría la sala el día de su declaración en el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros que continúa en instancia de alegatos. Fue, de alguna manera, un adelanto de la época que vivimos, porque ocurrió a través de una videoconferencia. Desde que pudo salvar su vida, apenas regresó tres veces a Argentina. En 1992 se instaló en Barcelona. Desde allí elegimos vernos, también a través de un enlace de video. —La Retaguardia: No es habitual escucharte, calculo que gran parte de la gente que habrá escuchado muchas veces tu apellido, quizás, esté recién ahora poniéndole voz a esos testimonios que alguna vez puede haber leído. No es fácil encontrar entrevistas tuyas, ¿esto es porque no te van a buscar o porque preferís o preferías hacer silencio? —Silvia Tolchinsky: Yo preferí mantener siempre un perfil bajo, no nos encontramos con los periodistas (ríe). Preferí no hacerlo. —LR: ¿Y qué cambió ahora? ¿Por qué ahora sí? —ST: De alguna manera, en este seguimiento que hace La Retaguardia del juicio, pensé primero que ese seguimiento nos acercaba mucho a todos desde lugares muy distantes y en momentos donde estábamos todos a distancia de seguridad. Me pareció que era una labor muy importante, que daba a los juicios una vida muy importante en un momento en el que necesitamos el contacto humano de cualquier manera. Me parecía que a tu pedido tenía que responder afirmativamente, tenía que decir que sí. Era una demanda que me gustaba complacer. —LR: ¿Te acordás de la primera vez que saliste a la calle a militar, y qué sensaciones te circundaban como para tomar esa decisión? —ST: La primera vez yo estaba en el colegio secundario, y en el colegio no había militantes. Buscaba algo, y de pronto encontré unos carteles de la Facultad de Derecho que anunciaban una charla, quienes estaban, entre otras personas, eran Cooke (John William, dirigente peronista de izquierda) Kriskausky (Rubén, dirigente de Vanguardia Comunista), Broquen (Enrique, abogado socialista), era una generación que ya no existe. Fui a escuchar la charla, me presenté al que me parecía más cercano que era Broquen, y dije que quería militar. Tenía 16 años, empecé en un grupo de izquierda y lo que hacíamos más bien era formación y un periódico que vendíamos por la calle en los bares de Avenida de Mayo y la sensación era que íbamos a cambiar el mundo. No teníamos ninguna duda, no había ninguna duda, la certeza era que con que quisiéramos y pusiéramos el esfuerzo, la voluntad y la alegría, porque nos alegraba muchísimo toda esa práctica, íbamos a cambiar el mundo. Poco a poco fui cambiando de referencias políticas, me costaba asumir el peronismo porque mi papá no lo era y yo tenía una relación muy cercana, pero poco a poco me fui separando de él a nivel político y me fui acercando al peronismo. —LR: A la distancia, ¿cómo ves aquella certeza de que iban a cambiar el mundo? Porque lamentablemente no lo cambiaron… —ST: Nada es igual, no podemos saber cómo hubiera sido el mundo de otra manera. Pero como no éramos los únicos, lo que hacíamos en Argentina se hacía en muchas partes del mundo. Fuimos la generación del ‘68. —LR: Aquella certeza que ustedes tenían hoy uno no la encuentra en las nuevas generaciones, ¿qué sensación te recorre 50 años después? —ST: Me hubiese gustado analizar más las cosas, ser más crítica. Yo era una activista, militaba y disfrutaba del trabajo que hacíamos. Creo que era más el amor por la actividad, a lo que hacíamos, al contacto con la gente, lo que fue de alguna manera cimentando esa certeza. Nos equivocamos mucho, todos nos equivocamos mucho, y creo que deberíamos haber podido reflexionar más; pero eso siempre pasa. Algo quedó, una impronta quedó de esa generación, que es la impronta de la voluntad de luchar por algo mejor, y me hubiera gustado hacer mejor las cosas, me hubiera gustado que nos hubiésemos podido sentar a reflexionar más. Yo todo el tiempo pienso, todo el tiempo. No hay ningún momento en el que no pienso, no sólo qué sería de mí sin las pérdidas que sufrí, sino qué hubiera sido de la Argentina con esa generación que falta. Qué hubiese sido de la Argentina con Chufo, con mi hermano, con Croatto, con todos esos compañeros de una grandeza increíble. Es la primera vez que aparece El Chufo. No será la única. Tampoco será la única vez que aparezca el amor. —LR: ¿En esos inicios de tu militancia te cruzaste con El Chufo Miguel Francisco Villareal? —ST: Con Chufo no tan al principio. Nos cruzamos en el MALENA (MLN-Movimiento de Liberación Nacional). Era precioso. Lo conocí en una reunión nacional. Él era un tipo muy alegre, de un humor impresionante, muy inteligente, con una chispa increíble, y yo era más bien muy formal en la manera, así que me tomó bastante el pelo. Nos conocimos ahí. Él era de La Plata y yo era de Buenos Aires. En el año 67, 68, empezaron las grandes movilizaciones populares barriales, las pobladas. Yo estaba en la secretaría de organización, distribuía las cosas, y él apareció en mi casa

En las audiencias del 28 de octubre y el 4 de noviembre, declararon Juan Eduardo y Laura Carolina, hijo e hija de Juan Aristóbulo Hidalgo Pereyra, secuestrado el 12 de abril de 1977, y de Elba Inés Fresno, detenida una semana después, en Munro. También brindaron testimonio René Horacio Flores por la desaparición de sus hermanos, Jorge Antonio y José; y Dolores Araya, por el secuestro y la desaparición de su padre, Carlos María Araya, y su mamá, Catalina Fleming, el 9 de junio de 1977. (Por La Retaguardia) ✍️ Texto y cobertura del juicio: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Paula Doberti/Eugenia Bekeris (Dibujos Urgentes) Eran apenas unos bebés cuando secuestraron a su padre y a su madre. Los dejaron solos, tirados en una cama, con sus documentos encima. Fueron criados por sus abuelos, a quienes durante muchos años consideraron sus progenitores. Se trata de Juan Eduardo y de Laura Carolina, el hijo y la hija de Juan Aristóbulo Hidalgo Pereyra, secuestrado el 12 de abril de 1977, y de Elba Inés Fresno, detenida una semana después, el 20 de abril de 1977, en Munro, donde vivía la familia.  Entre los relatos de Juan, primero, y de Laura a continuación, pudimos conocer la historia de Juan Aristóbulo Hidalgo y de Elba Inés Fresno. Se conocieron en la facultad. Cursaban Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en la provincia de Mendoza. Juan había optado por Ingeniería Electrónica. Elba estudiaba Ingeniería Civil. Militaban en el Partido Comunista. En 1975 se mudaron a Buenos Aires y comenzaron a trabajar en Laboratorios Lazar, en Munro. Juan renunció en diciembre del 76 y, a la semana, empezó a trabajar en la Ford. Elba siguió en Lazar hasta que nacieron Juan y Laura, en marzo del 76. No esperaba mellizos. Por algún efecto adverso, su hijo nació con un problema congénito y tuvo problemas para caminar durante toda su infancia. Se sometió a 17 operaciones, pero ni su papá ni su mamá pudieron acompañarlo en ninguna de ellas. El secuestro de Hidalgo fue el 12 de abril de 1977. Ese día estaba en su casa porque tenía franco en su trabajo en la fábrica. “Se lo llevó gente del Ejército en un furgón”, contó Laura. Días antes, habían preguntado por él en un comercio cercano y el dueño respondió que no lo conocía. Cuando Juan pasó por allí, el dueño del local, que sí sabía quién era, le preguntó: “¿En qué andás Hidalgo? Porque te están buscando”. Después del secuestro de su marido, Elba se dirigió a Campo de Mayo. Llevaba documentación que acreditaba que Hidalgo no tenía antecedentes penales y también medicación, porque padecía de asma.” Ese día que se llevaron a mi papá de casa, secuestraron a muchísima gente de la Comisión Interna de Lazar. Hubo persecución”, denunció Laura y después mencionó algunos de los apodos que recordaba de esa caída, “La Negra” y “Pichi”. El 20 de abril del 77, a la madrugada, forzaron la puerta del domicilio de Cerrito 2915, en Munro, donde la familia Hidalgo-Fresno alquilaba su vivienda. Encapucharon al dueño de la casa, quien vivía en la planta baja y se dirigieron al primer piso a buscar a Fresno. “Se la llevaron en camisón y descalza. Nos dejaron solos. Se llevaron todo. Y a mi mamá también”, relató la hija de Elba. Juan lamentó que “no dejaron ni los recuerdos”. Los dejaron arriba de una cama, con sus documentos de identidad tirados encima. Juan Hidalgo, hijo de Juan Hidalgo Pereyra y Elba Fresno (Eugenia Bekeris) Elba, “La Negra” por su apodo de militancia, fue vista en Campo de Mayo por Cacho Scarpati y por Serafín Barreira García. Juan y Laura se criaron con sus abuelos, al sur de la provincia de Mendoza. Recién a los cuatro años, Laura se dio cuenta que no eran su papá y su mamá porque “eran más viejitos que los otros papás”. Durante su infancia, fueron discriminados por ser “los hijitos de los montoneros”. Antes de concluir sus declaraciones, relataron las consecuencias de la desaparición de su papá y de su mamá, y ambos testigos solicitaron que se les quite la prisión domiciliaria a los imputados que acceden a ese beneficio: “No ha sido fácil vivir sin ellos. Tengamos el derecho a la justicia. Las personas que realizaron estos actos no pueden vivir como si no hubiesen pasado. Tienen que responder por lo que hicieron. Pido que ninguna de esas personas tenga el beneficio que no tuvieron mis padres. Que no sigan cobrando, que el embargo se efectivice. Mientras no les cambiemos el nivel de vida no van a decir qué pasó. Solicito que no tengan más prisión domiciliaria. Que no disfruten de sus ingresos como si no hubiera pasado nada. Aún trato de explicarle a mi hija dónde están mis papás”, dijo Juan Eduardo Hidalgo Fresno. Su hermana, Laura Carolina Hidalgo Fresno, expresó: “Solicito que se revoque la prisión domiciliaria de los imputados. Nos ha costado muchos años, mucha soledad y mucho dolor. No están presentes para los cumpleaños, para cuando me recibí, para cuando nació mi sobrina.  Nos costó mucho caminar con cinco o seis añitos por las calles de General Alvear y que nos dijeran que éramos los hijos de los montoneros y no nos invitaran a los cumpleaños. La sentencia no nos va a devolver a nuestros padres. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”, concluyó. “Solo quedé yo de toda mi familia” René Horacio Flores testimonió por la desaparición de su hermano mayor, Jorge Antonio; También tiene otro hermano desaparecido, José, el del medio. Su madre, Luz del Valle Alarcón, murió después del secuestro de su primer hijo. Su padre, Bernabé Antonio Flores, falleció hace algunos años, resignado por no poder encontrar a ninguno de los dos. René Flores, hermano de Jorge y José (Eugenia Bekeris) En una habitación de su casa y conectado por videoconferencia con el TOF 1 de San Martín, René fue mostrando algunos de los cuadros que hizo su

María Rufina Gaston y Paula Analía Ramírez declararon por la desaparición de Aldo Omar Ramírez, detenido-desaparecido el 1 de septiembre de 1977. Rufina fue compañera de Ramírez y Paula la hija de la pareja. “El Gordo la Fabiana”, como se lo conocía en la militancia, fue visto en Campo de Mayo por Cacho Scarpati. (Por La Retaguardia) ✍️ Texto y cobertura del juicio: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero   🖍️ Ilustración: Paula Doberti/Eugenia Bekeris (Dibujos Urgentes) En la audiencia del 28 de octubre, Rufina hizo una extensa y detallada declaración acerca de su militancia junto a Aldo Ramírez, la creación de la Agrupación Alessia, que abarcaba a casi todos los trabajadores y trabajadoras de Astilleros de Argentina e incluso gente de Uruguay, y relató las distintas caídas que se produjeron en el Astillero Astarsa, donde trabajaba Ramírez. La testigo contó que Aldo “fue uno de los cóndores que fue a Malvinas”. A los 18 años, en 1966, junto a otros compañeros plantó una bandera argentina en las Islas Malvinas. “Fueron a reclamar y proclamar la soberanía nuestra de las islas”, relató después su hija, en la audiencia del 4 de noviembre. Por ese hecho estuvo detenido en Ushuaia. Durante su estadía en prisión “fue adquiriendo experiencia de personas con larga trayectoria en la militancia peronista”, contó Rufina, quien conoció a Aldo en la fiesta de bienvenida que le hicieron sus compañeros al retorno al continente. Paula describió a su papá como una persona que “disfrutaba escuchar de política”. En 1971, comenzó a trabajar en el Astillero Astarsa, gracias a la recomendación de su hermano mayor que estaba empleado allí. Tras la muerte de un compañero en un accidente durante la construcción de un barco, Aldo y otras personas “tomaron la fábrica en reclamo de mejoras para sus trabajadores y mayor seguridad”, indicó Paula. El 16 de noviembre de 1974 irrumpieron en la casa familiar de Aldo, amedrentaron a su mamá, a su papá e incluso a Paula, quien era apenas un bebé y la pusieron en la mesa para amenazar a su abuela y a su abuelo. Ramírez pudo escapar. Saltó la medianera y se ocultó en lo de su vecina. La Agrupación Alessia, que conformó Aldo junto a otros compañeros y compañeras abarcaba muchos otros astilleros. De allí, secuestraron a decenas de trabajadores y trabajadoras. El 5 de noviembre del 75 fue secuestrado a la salida del Astillero: “Lo interceptó un coche antes de llegar a la estación Carupá”, contó Rufina. Fue duramente torturado, pero salió con vida. Paula dijo que de todos los compañeros que secuestraron en aquella oportunidad con el que más tiempo estuvieron en la sesión de tortura fue con su papá. Lo liberaron a los dos días. Se fue a lo de su hermana, que era enfermera: “No quiso volver a la casa donde vivíamos porque no quería que mi mamá y yo lo viéramos en ese estado”, explicó su hija y contó que él decía que “esa vez había podido aguantar, pero otra vez no iba a ser posible”. A partir de ahí, comenzó la clandestinidad de Aldo y Rufina. El 24 de marzo de 1976, tras el golpe de Estado, secuestraron a compañeros del Astillero. Aldo no estaba trabajando, “estaba con licencia porque cuando fue secuestrado había sufrido torturas y no había quedado bien del corazón”, contó Rufina. La situación era cada vez más complicada para Aldo y para Rufina. A fines del 76, de común acuerdo, decidieron separarse y comenzar a vivir en distintos lugares. Buscaban proteger a su hija y se encontraban esporádicamente para que Ramírez pudiera pasar tiempo con ella.  Rufina y Paula continuaron su clandestinidad. Vivieron de casa en casa, sin pasar demasiado tiempo en ninguna como para sentirlas un hogar. Un día, a uno de esos lugares donde ellas se refugiaban del Terrorismo de Estado, llegó Armando, alias “Tito”, un compañero que había sido asignado para protegerlas: “Estaba lastimado, le sangraba el pie. Gritaba que nos teníamos que ir. Salimos corriendo de esa casa. Era un lugar de casa quintas. Tuvimos que pasar como por un alambre. Nos teníamos que esconder de las luces, tirándonos al pasto. Llegamos a un lugar donde Armando paró un colectivo y subimos. Fuimos a la casa de un amigo de él. Lo curaron. Ese día, el 5 de julio del 77, fue el día del secuestro de mi tía Silvia, Alicia Delaporte”, relató Paula. “La gorda Silvia”, como la conocían en la militancia, en ese entonces era pareja de Aldo. Fue detenida durante el mismo operativo que lastimaron a Armando. Iban a encontrarse en una pizzería, en Munro, cuando fueron descubiertos. “Tito” pudo escapar, pero a Alicia le dispararon en la mano y la secuestraron.  Como estaba mal herida, la llevaron a un hospital de Vicente López para que la atendieran: “El médico que le dio primeros auxilios queda muy shockeado porque ella le pidió que por favor la mate, que no permita que se la lleven de ahí con vida”. Tiempo después, ese médico, a través de recordatorios que salieron en los diarios, logró reconocer al hombre que llevó a Alicia Delaporte hasta allí como Carlos Francisco Villanova, alias “Gordo Uno”, imputado en esta causa, quien ya ha sido nombrado en este juicio por otra testigo. La última vez que Rufina y Paula vieron a Aldo fue el 26 de agosto del 1977. Se encontraron con la excusa de un cumpleaños de un tío: “Ahí me dijo que se iba a alejar de Buenos Aires. Por seguridad no me dijo a dónde”, relató la testigo Gaston. Paula se quedó con ganas de más: “Pude ver a mi papá durante unos minutos, se pasó muy rápido. Estaba apurado. Fue la última vez que lo vi”, contó. En aquella ocasión, la familia acordó que a las siguientes reuniones Aldo iría acompañado por Armando, quien vivía con Rufina, pero a las citas pactadas después de ese 26 de agosto Ramírez no asistió. “Eso nos indicaba que le había pasado algo”, contó Rufina. Efectivamente, Aldo Ramírez fue

Murió esta madrugada Víctor Melchor Basterra, sobreviviente de la ESMA e integrante de La Retaguardia desde su participación en el programa radial Oral Y Público. Hoy festejan los genocidas. Les toca a ellos, en sus celdas o en sus casas. Pero durará sólo por un ratito, sépanlo.  Él les decía Los ñatos. Y dedicó su vida después del horror de la ESMA a perseguirlos. Decía que tenía un mandato de su compañero, el Gordo Ardeti: “Si te salvás, que no se la lleven de arriba”. Lo consiguió sobradamente. Algo parecido a eso, un mandato, es lo que nos ha dejado a nosotros/as, entre tantas otras cosas. Durante el día, como podamos, iremos publicando recuerdos, incompletos y necesarios, como cada homenaje que se le haga. (Por La Retaguardia) Compartimos esta nota que cuenta parte de su historia  http://www.laretaguardia.com.ar/2015/10/victor-basterra-el-primer-eslabon-de-la.html En estos links, podrán ver todas las publicaciones de La Retaguardia sobre Basterra a lo largo de su vida militante http://www.laretaguardia.com.ar/search/label/Victor%20Basterra http://www.laretaguardia.com.ar/search/label/Basterra

El imputado por crímenes de lesa humanidad, Carlos Mario Castellvi, se encuentra en prisión domiciliaria y enfrenta actualmente el cuarto tramo de la Megacausa ESMA, que está en instancias finales. El pedido lo realizó la defensa del represor a través de su abogado particular Guillermo Fanego. Sorprendentemente, fue avalado por el fiscal Leonardo Filippini. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele Carlos Lordkipanidse lo identificó durante su testimonio como “Lucas”. También Víctor Basterra aportó información durante este juicio. Es la primera vez que Carlos Mario Castellvi está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, donde estuvo desde el 11 de abril de 1979 hasta marzo de 1980 como integrante del área de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2. Mientras el juicio ESMA IV transita sus últimas audiencias previas a la sentencia, el represor se encuentra en prisión domiciliaria. A partir de ahora, además, podrá salir a “realizar caminatas diarias acompañado de su garante”. El documento firmado por el juez Daniel Obligado, presidente del TOF 5 que lleva adelante la parte oral de la megacausa, agrega que la defensa del imputado, representada de manera privada por Guillermo Fanego, deberá informar los días y horarios en que dichas caminatas se lleven a cabo.  El representante del Ministerio Público Fiscal en este tramo del juicio, Leonardo Filippini, respondió al pedido de Fanego que “a la luz de la recomendación médica, no tiene objeción a que autorice las caminatas diarias de no más de una hora y siempre acompañado por un garante”, y dando aviso al Tribunal en cada oportunidad. En el mismo documento, Filippini pidió que se incluyera a Castellvi bajo el Programa de Vigilancia y se le colocara un dispositivo electrónico. En general eso no sucede porque no hay stock disponible.

El 7 de julio fue la declaración de Alfredo Puente, padrino de una de las hijas de Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera, a quienes desparecieron en el “Operativo Antijesuita”. En la audiencia siguiente, en el marco de la causa del  noveno juicio de lesa humanidad que se lleva adelante en el Tribunal Federal Oral Nº 1 de Mendoza,  testimoniaron María Soledad Olivera y María del Rosario Olivera, hijas del matrimonio Rodríguez Jurado-Olivera. Texto y cobertura del juicio: Luis Angió Edición: Pedro Ramírez Otero / Diego AdurFoto de portada: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia                 Alfredo Puente declaró en el caso de la desaparición de Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera. Era cuñado de Rafael y con su esposa fueron padrinos de la primera hija del matrimonio. Olivera hizo la secundaria en El Salvador y conoció a Nora cuando estudiaban juntos la carrera de Sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA).   El matrimonio Rodríguez Jurado-Olivera se fue a estudiar a Alemania. Allí nacieron Gimena y Soledad. Cuando regresaron a Argentina, en el año 1971, se alojaron en un departamento de la calle Viamonte, en Capital Federal.  En esos años quisieron amalgamar su fe católica con las relaciones sociales comunistas y la doctrina marxista. Puente dijo que “esa era la ‘melange’ ideológica con que querían justificar la violencia”.   Cuando asumió el Gobierno de Héctor Cámpora en 1973, se fueron a vivir a San Juan y nació su tercera hija, Rosario. Allí vivieron de manera austera. De San Juan se trasladaron a Mendoza y se alejaron de la familia. A principios de 1976 nació su última hija, Guadalupe. “En ese tiempo ya habíamos perdido todo contacto con ellos. Nosotros decíamos que estaban en la clandestinidad”, señaló el testigo. El 12 de julio de 1976, Nora y su hija Gimena bajaron del jardín de infantes a hablar por teléfono. De ese lugar se llevaron a las dos. En ese momento, en un operativo sincronizado, fueron a la casa donde se encontraba Guadalupe, la menor, y la entregaron en el jardín de infantes a quienes estaban llevando a cabo el secuestro de su madre y su hermana.   Posteriormente, Ercilia, la madre de Nora, recibió en España un llamado telefónico avisando que sus nietas estaban solas en Mendoza. El suegro de Rafael Olivera era comandante de la Región Militar. A partir del llamado, viajaron a Mendoza para localizar a sus familias. Fuentes militares les informaron que Nora tenía orden de captura y les entregaron una bolsa con ropa interior, carnet de vacunas y otra documentación.   Encontraron a las niñas, aunque tuvieron que esperar a que el juez les diera la tenencia. “En el Plumerillo los tres abuelos y yo nos encontramos con las chicas y reconocen a una abuela. La más grande (Gimena) le dice a la más chica (Guadalupe) ´no se llora, no se pregunta´. Esto fue en julio del 76”, recordó Puente.   Las otras dos hermanas, Soledad y Rosario, quedaron a cargo del juez y se las entregaron a una de las abuelas. En el aeropuerto de El Plumerillo, las abuelas y el abuelo pudieron hablar con ellas y Gimena comentó que estaban “en un lugar en el centro, donde había una máquina de escribir y que jugaban con ella”.    En relación a Rafael Olivera, Puente mencionó que la historia la reconstruyó a través de las hijas. Recordaron que andaba en bicicleta, aunque no hay ningún registro de lo que pasó con él. El padre de Rafael, que era general en el Comando de Sanidad, habló con otros militares en Mendoza quienes le dijeron que ellos no tenían nada que ver con su desaparición. Él creyó esa versión. Luego le dijeron que sus nietas estaban en la casa de otro militar y que a Guadalupe la tenía el intendente de Mendoza, también militar.   Al finalizar su testimonio, narró que le llamó la atención que denominaran “Operativo Antijesuita” a esta operación de secuestro y desaparición de personas, y recordó una conversación con su suegro en la que unos sacerdotes jesuitas chilenos le comentaron que les molestaba la orientación conservadora de los jesuitas argentinos. En esa época uno de los referentes era Jorge Bergoglio.   Declaración de María Soledad   María Soledad Olivera dijo que su abuelo paterno era General retirado y que alrededor del año 2000 fue a Mendoza a ver si podía averiguar algo sobre la desaparición de sus padres. Sólo tenía el nombre de José Luis Moyano. A través de él se enteró de que las cartas que le llegaban a su familia eran por ese vínculo. Cartas donde su abuela contaba que le decían que se estaba poniendo difícil la situación en San Juan, donde su madre y su padre habían vivido hasta 1973, antes de radicarse en Mendoza.  La hija de Rodríguez Jurado y Olivera también comentó que su madre trabajaba en alfabetización de adultos y en la Organización Evita. Por lo que averiguó, en Mendoza conoció el caso de la desaparición de una persona de apellido Britos, aunque no conoció muchos casos más.     La denuncia de la desaparición de su padre la obtuvo del Juzgado de Mendoza en el 2006, y consta en el expediente 49143/0-861, del 11 de julio del 76. Un amigo de su papá le contó que vio que se lo llevaban unos hombres. Al día siguiente, se llevaron a su mamá que estaba con sus hermanas Gimena y la bebé Guadalupe.   “De eso no se podía hablar”    En su testimonio, María del Rosario Olivera recordó que de grande nunca habló con sus abuelos sobre el tema, ya que “de eso no se podía hablar”. Sólo recordó que de chica, cuando tenía unos diez años, le manifestaron que “ojalá hayan muerto rápido” sus padres. “Mis abuelos fallecieron en el año 1998”, contó.   La testigo dijo que, a través de información que le brindó su tío, suponía que a sus padres los habían secuestrado el mismo día, aunque

La metodología de exterminio de personas que consistía en arrojarlas al río desde aviones, para mucha gente ocurrió solo en la ESMA, pero también fue sistemática en Campo de Mayo. Este primer juicio intentará probarlo. La mayoría de los testigos serán colimbas de aquellos años. Uno de los abogados defensores fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, fallo revertido por Casación que ahora espera resolución en la Corte. Otro defensor viene de mostrar una imagen que decía “Dios juzgará a nuestros enemigos, nosotros arreglamos la cita”. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Paulo Giacobbe 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Campo de Mayo en una imagen aérea El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°2 de San Martín inició por videoconferencia, que se pudo seguir en directo por YouTube , el juicio por los vuelos de la muerte en el área del Ejército, ocurridos en Campo de Mayo. Se acusa apenas a cinco militares: Santiago Riveros, ex jefe de Institutos Militares; Eduardo José María Lance, Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza y Horacio Alberto Conditi, todos subordinados de Riveros. Otro de los acusados, Alberto Luis Devoto, quien en democracia fuera funcionario y asesor del fallecido gobernador cordobés José Manuel de la Sota, fue apartado del juicio por incapacidad. El testimonio de 400 conscriptos que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio en la guarnición de Campo de Mayo, fue vital para conocer más detalles sobre la existencia de los vuelos de la muerte o vuelos fantasma.  Las  víctimas de este juicio son Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Alrededor de 5.000 personas fueron secuestradas en Campo de Mayo y muy pocas sobrevivieron. El predio continúa en poder del Ejército. Según el sitio Fiscales.gob.ar (https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/san-martin-comenzo-el-juicio-por-cuatro-victimas-de-vuelos-de-la-muerte-que-partian-desde-campo-de-mayo/): “Los vuelos ocurrieron con mayor frecuencia en los años 1976 y 1977 y podría afirmarse que hubo tres modus operandis [modos de operar]. Ellos son: 1) las víctimas eran sedadas antes de ser subidas a las aeronaves y arrojadas con vida durante el vuelo; 2) las víctimas eran fusiladas o en algunos casos asesinadas a los golpes inmediatamente antes de ser subidas a las aeronaves; y 3) las víctimas llegaban al batallón, ya asesinadas y eran subidos sus cadáveres a las aeronaves, envueltas en bolsas de nylon, para ser arrojadas al agua durante los vuelos”.  Los cuerpos de las víctimas de este juicio “fueron inhumados como NN en cementerios de diferentes localidades costeras. Años después, tanto por la acción del Poder Judicial como por las averiguaciones y datos aportados por sus familiares, los restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense”. El debate oral y público Interrupciones varias prolongaron la lectura de los requerimientos de la elevación a juicio. Cuando Conditi se levantó de su asiento y se pudo ver como salía de la habitación por una puerta que la cámara captaba de fondo, dejando una pared blanca como prueba de su ausencia, el abogado querellante Pablo Llonto se lo hizo notar al presidente del tribunal. Era la segunda vez que Conditi salía del cuarto en el breve tiempo que llevaba la audiencia. No parecía estar asistiendo como imputado por delitos de lesa humanidad.  —A los señores imputados les pido por favor: mientras se efectúa la lectura de los requerimientos que se encuentren frente a su televisor, su pantalla, su teléfono, la idea es que se vean en esta videoconferencia, que estén conectados siempre en todo momento —tuvo la necesidad de explicar el presidente del tribunal, Walter Benditti.  Los problemas de conexión, de los más diversos con corte de luz incluido, fueron una constante. Malacalza, quien aparentemente había entrado a la sala virtual con otro nombre, tuvo dificultades para conectarse. Entró y volvió a salir. Eso generó un lamentable diálogo entre abogado e imputado, que se pudo escuchar porque el abogado no había silenciado su micrófono:  —Sí, se te fue, por eso ahí… me llama el tribunal porque dice que habías desaparecido… sí, ya sé… —le decía el doctor Alejo Pisani al acusado por desapariciones Malacalza, su defendido, que no había desaparecido, solo había perdido la conexión. Pero además, nadie del tribunal había utilizado la palabra desaparecido, solo habían pedido a sus abogados que informen por qué el acusado por desapareciones no estaba conectado.  “Se los imputa haber participado en el plan sistemático de represión ilegal practicado durante la última dictadura cívico militar. Para ello, conformaron junto con la plana mayor del Comando de Institutos Militares, la plana mayor del Comando de Aviación del Ejército, y demás miembros de Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo, una asociación ilícita destinada a la eliminación física de una porción importante de las víctimas del Terrorismo de Estado, privadas ilegítimamente de su libertad en ‘El Campito’ y/u otros centros clandestinos de detención cuyo destino final fue la muerte”, pudo leer el secretario del juzgado y la cosa parecía arrancar.  Domicilios Todos los acusados cumplen prisión domiciliaria desde hace varios años. Cuando a Santiago Riveros le preguntaron su domicilio, que es donde está cumpliendo la domiciliaria, dio su dirección exacta. En ese momento, el abogado defensor Eduardo San Emeterio, sintió por el espinazo el recorrido de un eco, una multitud que con petardos y bombos cantaba: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Entonces solicitó que no se diera la dirección exacta de ninguno de los imputados, “en orden de la protección de los asistidos, por privacidad y protección de la seguridad de ellos, que no den el informe de su domicilio actualmente”. Llonto se opuso al planteo de la defensa porque es obligación que las víctimas sepan dónde están cumpliendo la prisión domiciliaria y si efectivamente la están cumpliendo en el lugar que el tribunal estableció. La rueda de reconocimiento siguió pero no se volvió a decir una dirección exacta. Solo la localidad o el barrio.  El doctor Eduardo San Emeterio fue denunciado el 23 de septiembre por varias querellas en el juicio por los crímenes cometidos en la Brigada de San

Lo sostuvo el abogado Ariel Noli en la audiencia de este lunes. La querella de sobrevivientes del Terrorismo de Estado encabezada por Carlos Lordkipanidse y Patricia Walsh, e integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, hizo uso de su derecho a réplica para contestar algunos de los polémicos planteos del defensor particular Guillermo Fanego en las audiencias pasadas. Noli hizo un repaso histórico sobre el Terrorismo de Estado en nuestro país y corrigió muchos de los términos que utilizó el abogado defensor para agraviar tanto a sobrevivientes como a fiscales, querellas y miembros del Tribunal. Junto a él, replicó también Adrián Krmpotic, quien dejó en claro que el alegato del abogado defensor no sirvió para refutar la prueba nueva que presentó la fiscalía, que sitúa a Horacio Luis Ferrari en la ESMA en el año 1977. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: transmisión audiovisual en vivo Fernando Tebele/Diego Adur Este cuarto tramo de la Megacausa ESMA, que se estimaba corto, ya lleva más de dos años. Algunas audiencias se suspenden —como fue el caso de la anterior, debido a un problema de salud de Fanego— y otras se atrasan, como la de este lunes, que comenzó por lo menos cuarenta minutos después de su hora estipulada, las 14:30. Las dilaciones en los juicios de lesa humanidad no hacen más que garantizar la impunidad biológica para los genocidas. De hecho, uno de los 10 imputados en este tramo, Néstor Eduardo Tauro, falleció en febrero del año pasado sin la posibilidad de ser condenado por sus crímenes de lesa humanidad. Apenas comenzó la audiencia, una nueva intervención de Fanego devendría en un cuarto intermedio. El abogado defensor quiso impedir la exposición de la querella, aduciendo que ya habían replicado. Diez minutos después, el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, comunicó que de manera unánime, junto a las juezas Adriana Pallioti y Gabriela López Iñíguez,  había decidido darle continuidad a la réplica de la querella. Ariel Noli, en representación de la querella que encabezan Carlos Sueco Lordkipanidse y Patricia Walsh e integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), respondió algunas de las cuestiones planteadas por Fanego en las audiencias anteriores. Dijo que estos juicios no eran de venganza, sino que eran “juicios de Memoria, Verdad y Justicia, resultado de la lucha inclaudicable del pueblo argentino contra la impunidad, lucha encabezada por los sobrevivientes al horror, por nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por los hijos de las víctimas, por los diversos organismos de derechos humanos y todas aquellas personas que han hecho una forma de vida la lucha contra la impunidad”. También destacó que estas causas son necesarias para que el Terrorismo de Estado no vuelva a suceder nunca más. Denunció los términos utilizados por el abogado defensor en su alegato de semanas anteriores, y que tuvieron como destinatarios a todas las partes: desde jueces a fiscales, pasando por sobrevivientes y fiscales o abogados querellantes: ”basura humana”, “artista payaso”, “mentirosa e ignorante”, entre muchos otros, que no hacen más que mostrar “la calidad moral del agresor”. Noli también sostuvo que “los imputados no son presos políticos”, como Fanego los describe. El abogado querellante explicó que “la ausencia de motivación personal es el elemento típico de los delitos políticos y su correlato es la reivindicación de los mismos, no su negación”. Y agregó: “Por el contrario, no hemos escuchado en el transcurso de este debate a ninguno de los acusados hacerse cargo de los hechos cometidos y reivindicarlos como un hecho político o colectivo que respondiera a sus ideas o creencias”. Además, el abogado de la querella hizo un repaso histórico en el que enumeró los distintos episodios en los que el Estado, a través de las fuerzas represivas, atacó, secuestró, torturó y asesinó a trabajadores, trabajadoras y estudiantes en todo el país. El punto central de estos hechos aberrantes ocurrió con el genocidio provocado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica y empresaria, lo que Fanego en sus alegatos justificó porque “las Fuerzas Armadas   debieron   tomar   el   poder   para   defender   a   la población civil de estos dementes que venían asolándolos con la lucha armada”, recordó el querellante. También leyó algunos artículos de periódicos de más de 100 años de antigüedad en los que se podía observar una similitud discursiva con la expresada por Fanego durante sus alegatos e intervenciones. Noli llegó a la conclusión que “el lenguaje justificador del Terrorismo de Estado utilizado por la defensa como sus ironías respecto del lenguaje inclusivo atrasan más de 140 años”. La carrera de Ferrari Después fue el turno del doctor Adrián Krmpotic, por la misma querella. Se ocupó de los detalles sobre la prueba nueva que presentó el Ministerio Público Fiscal, un registro de embarcación que sitúa a Horacio Luis Ferrari destinado a la ESMA desde el 28 de enero 1977. Krmpotic indicó que los intentos de Fanego por refutar esa prueba fueron en vano, ya que “de su legajo de servicio no surge ninguna navegación a partir del 26 de enero de 1977”. Los libros de navegación que mostró el abogado defensor situaban al genocida en distintos puertos del país, pero no hay registro de esos viajes entre enero de 1977 y principios del 78. El abogado defensor, en su alegato, presentó “lo que supuestamente sería la foja de concepto de Ferrari durante el año 1977”. Al respecto, Krmpotic explicó que “en el contexto represivo, debe entenderse que el entramado burocrático se encontraba especialmente dispuesto para encubrir los movimientos y destinos del personal afectado de manera directa a las tareas represivas, dando cierta apariencia de legalidad al funcionamiento de la maquinaria genocida”. Además, mencionó testimonios de sobrevivientes que reconocieron a Ferrari en la ESMA: Ricardo Héctor Coquet, secuestrado el 10 de marzo de 1977 y cautivo en la ESMA hasta 1981, declaró en este juicio e identificó al imputado como el Teniente de Fragata Horacio Luis Ferrari; “Resulta verdaderamente absurdo suponer que Coquet, en el año 1987, inventara el nombre y el cargo completo de