genocidio
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Lo dijo Alberto Rodríguez acerca del procesamiento al exjuez Néstor Luis Montezanti, a quien acusan de haber sido integrante de la Triple A. Rodríguez contó en el programa radial Oral y Público que identificó a Montezanti junto a la agrupación paraestatal que en el año 1974 tomó la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca. Además, el excamarista fue el defensor de dos de los acusados del asesinato de David “Watu” Cilleruelo en la Universidad Nacional del Sur (UNS). (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: FM De la Calle El exjuez Néstor Montezanti, quien también fue agente de inteligencia del Ejército, fue procesado por los delitos de asociación ilícita e intimidación pública. El 26 de agosto de 1974, participó de la toma de la UTN de Bahía Blanca junto a integrantes de la Triple A. Allí fue visto por uno de sus exalumnos, Alberto Rodríguez. El procesamiento del expresidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, quien se jubiló antes de que pudiera ser destituido, fue dictado por el juez Walter López da Silva y significó para Rodríguez una pequeña victoria en la lucha incansable contra la impunidad: “Fueron 45 años de espera para lograr el juicio a los responsables de los crímenes de la Triple A. Fueron 24 los crímenes que se anotan, pero en Bahía Blanca fueron más. Nunca habíamos logrado llevar al banquillo de los acusados a los responsables. Hoy quedan cuatro imputados —Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero—. Otros han fallecido, otros no están sentados. Los testigos hemos envejecido, algunos ya no están. Hoy estamos muy contentos. Estamos satisfechos de, por lo menos, haber llevado al banquillo a uno de los autores intelectuales de la operatoria de la Triple A en Bahía Blanca”, remarcó. Rodríguez logró identificar al exjuez como un miembro de la agrupación paraestatal: “En el año 74, la Triple A tomó la UTN. Había ocho o nueve integrantes armados esperándonos. De pronto estaba Montezanti, un abogado de la UOM, de Camioneros de Bahía Blanca, junto a los integrantes de la Triple A arengando a ver si nos animábamos a entrar a la UTN. Él había sido profesor mío en la Universidad del Sur, así que lo reconocí de inmediato”, expresó. Irónicamente, fue un juicio que Montezanti le inició a Rodríguez lo que generó que se llevara a cabo el juicio a la Triple A en Bahía Blanca que, ahora, incluye su procesamiento: “Esto comienza en una asamblea universitaria del año 2012. Se pensaba poner arancelamiento en la facultad. En una movilización, le planteé al Consejo Universitario que en vez de arancelar la universidad deberían sacarse de encima a aquellos que habían participado en los crímenes de la dictadura y de la Triple A, entre los cuales estaba Montezanti. Años posteriores, a los pocos días de asumir como juez de la Cámara Federal, me inició un juicio por calumnias e injurias. Le doy gracias a Montezanti porque en ese juicio pude poner a la luz qué había sido la Triple A. Yo soy testigo presencial de la muerte de un compañero al que asesinaron dentro de la universidad, a las 11 de la mañana, los personeros de la Triple Adelante de todos los estudiantes”, dijo en referencia a su compañero David “Watu” Cilleruelo. “En el juicio que él me hace, empezaron a aparecer testigos de aquellos años, quienes habían presenciado su actitud de matón junto a esta gente armada en la UTN. Ese juicio terminó absolviéndome, pero en el medio fui hasta Buenos Aires a hacer la denuncia contra los integrantes de la Triple A y a Luis Montezanti. En el juicio que se está llevando a cabo, todavía no había sido aprobado su procesamiento, cosa que sucedió hace pocos días. Deberían estar sentados en el banquillo de los acusados él y unos cuantos que no contamos con las pruebas suficientes para llevarlos. En Bahía Blanca hay unos cuantos que caminan por la calle y deberían estar entre rejas”, denunció. En el asesinato de Cilleruelo en la Universidad del Sur también está involucrado el exjuez, ya que en ese momento fue el defensor de dos de los integrantes de la Triple A acusados del homicidio: “David ‘Watu’ Cilleruelo había sido elegido secretario de la Federación Universitaria del Sur. Ya lo tenían marcado. Lo fueron a buscar a la universidad. Nos cruzamos en el pasillo. Hizo tres o cuatro pasos y lo contuvieron tres integrantes de la Triple A. Lo quisieron agarrar, él vino adonde estábamos nosotros, pero de inmediato le dispararon un tiro en la cabeza, por atrás. Quedó tendido en el piso. Ese fue el momento más duro que me ha tocado vivir en todo esto. Identificamos a los tres con sus nombres. Se movían con el auto de la universidad, la patente decía ‘Rectorado Universidad del Sur’. Nadie movió un dedo, ni la Federal ni la Justicia. Estamos reconstruyendo una historia que quiso ser ocultada por 45 años. No sólo desde lo judicial sino también desde lo político. En un momento de democracia, un gobierno llevó adelante una organización criminal y esa organización mató a sus propios militantes. La mayor parte fueron compañeros del peronismo, tanto trabajadores como estudiantes. Estamos reconstruyendo esta historia”, celebró Rodríguez. Por último, analizó las consecuencias del terror que impuso el Estado en esos años anteriores al golpe de Estado y el genocidio que le siguió: “Esta gente logró su objetivo, que fue la destrucción de un crecimiento de la política y del debate no sólo en la universidad sino en el movimiento obrero. Otro sería el país… Apretaban en las unidades básicas, en los barrios, secuestraban y mataban a los compañeros. A un amigo de la Juventud Peronista lo colgaron de un puente con 50 balazos. Eran crímenes salvajes donde trataban de imponer el terror y lo lograron”, concluyó. El juicio se puede ver a través del canal de Youtube de la UNS. Las audiencias son orales y públicas.
El abogado, escritor, poeta y autor teatral, Vicente Zito Lema dialogó con el programa Sueños Posibles. “Sobre pestes y bellezas” fue el título de invitación a reflexionar sobre la desaparición forzada de personas en democracia, con el caso de Facundo Astudillo Castro como disparador para luego pensar acerca de sueños, castillos de arena y algunas monstruosidades humanas. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Alfredo Grande/Irene Antinori ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele Escuchar la sabiduría de Vicente Zito Lema emociona. Sus palabras invitan a la reflexión crítica de la sociedad en la que vivimos. Su relato, por momentos filosófico y también poético, viene a dar luz a los problemas que aquejan a la humanidad. Las personas desaparecidas, el capitalismo, los derechos humanos, la justicia y la vida, suelen ser ejes recurrentes de sus explicaciones. Aquí compartimos sus aportes sobre las desapariciones forzadas en democracia. Fábrica de monstruos —La Retaguardia: ¿Cómo han cambiado la figura del desaparecido y la lucha de los derechos humanos de aquellos años de dictadura a la actualidad? —Vicente Zito Lema: Es muy complejo y doloroso a la vez. Tal vez no sea una buena introducción partir de lo personal, pero yo intento ser un hombre dialéctico y a veces me gusta ir de lo general a lo particular. Cuando uno tuvo la experiencia de algo puede ayudar a comprender el todo. De las partes al todo también. En este caso es que se llega a ciertas edades que uno hace balances históricos de todas las cosas: de las importantes y de las menores. Y para mí el tema de los derechos humanos es una de las más importantes de mi vida. Varias veces he dicho que estos 80 años de mi vida están movidos por dos pasiones: la justicia y la belleza. Y en relación a la justicia he ido viendo que pasan muchos años y siento que uno ha estado como sentado en la arena frente al mar. Y con ilusiones ha ido generando a veces sólo pequeñitos castillos. Otras veces, con compañeros y compañeras, castillos que parecen un poco más sólidos como son algunas instituciones en las que uno participó en la lucha que ya creo que es eterna, entre lo que llamamos la luz y las tinieblas, y en otra lengua el poder por los que están por fuera del poder históricamente. Y también esa eterna lucha entre el poder y la riqueza. Y que tiene después una lectura profundamente ética que es de donde se nutren y tienen vida los derechos humanos. Y uno ha pasado por muchas experiencias, por muchos acontecimientos. Y uno creía en algún momento, especialmente para mí generación después de la última dictadura militar, que las cosas podían cambiar. La pregunta es qué ha cambiado y que sigue igual, o con otras formas pero con el mismo contenido. Porque acá se da el hecho: estamos obligados a diferenciar calidad de cantidad. La calidad de la cosa es la figura de los desaparecidos. Esa figura histórica en nuestro país y, como todos sabemos, con un pico de monstruosidad a partir de la última dictadura cívico militar. Ahí conocimos cantidad y calidad. Calidad por la hermosa gente que fue sujeto del drama. Y por la cantidad, porque por más que los perversos quieran cambiar lo de la dictadura militar con el advenimiento de las normas constitucionales, la violación de los derechos humanos no ha cesado. Y la figura de los desaparecidos, no en la monstruosa y casi imposible cantidad, que cuando uno ve la cantidad de lo que fue, queda como golpeado, sofocado. Pero sí, lo que en la figura de la desaparición como terror, como angustia, como dolor innombrable sigue constituyendo con el pavor que genera y con la carga de disciplinamiento monstruoso con que es aplicado esta figura a lo largo de la historia. Y lo real es que desde que se fue la dictadura hasta el día de hoy, con distintas cantidades pero con la misma monstruosa calidad de la herida, las cosas siguen. Y aquí vienen como preguntas de fondo, que son dos: una es si los seres humanos pueden construir sociedades humanistas donde las aberraciones, monstruosidades, y perversiones que conocemos bien puedan dejar de suceder. Otra es pensar que, el fondo es la manera de reproducción material de la existencia. Es decir, que en buena lengua podríamos decir que mientras exista la propiedad privada, y en la medida que se van organizando las sociedades a partir de las acumulaciones de la riqueza y de las acumulaciones de la pobreza, no va a haber otra forma de vivir que con un humanismo que es como una línea de horizonte. Caminás un paso y el horizonte vuelve a alejarse. Es decir, es una monstruosidad que en sí no tiene cambio, o es una monstruosidad que depende de la situación con que uno organice como ser humano la vida en sociedad. Y llega un instante en que uno ya no sabe bien en que pensar. Uno quisiera aferrarse al sueño, a que la construcción alguna vez, por más que los ojos de uno no lo vean, habrán unas sociedades realmente humanas, organizadas materialmente desde otra forma. Y donde estas perversiones a la vida, estas perversiones del orden humano, ni en cantidad ni en calidad sigan reproduciéndose. Lo cierto es uno llega a un punto donde solo he conocido la repetición de monstruosidades. La Bonaerense y las otras malditas policías —LR: ¿Qué reflexión te merece el accionar de la policía bonaerense y otras policías en democracia? —VZL: Yo creo que más allá de nuestro deseo, la realidad se impone a patadas. El poder no ha cedido en Latinoamérica. En el mundo. Pero vayamos, para no ir de tan a lo general que pareciera que me quiero escapar de hablar del hoy concreto: la realidad es que las fuerzas en pugna en nuestro país organizan sociedades de tal injusticia, de tal atroz forma de vida, que se vuelve casi como natural que sucedan las cosas que
Por primera vez en Rosario, los delitos sexuales fueron considerados crímenes de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. En la Megacausa Feced, de manera virtual, 6 genocidas fueron condenados a prisión perpetua y 4 de los represores recibieron sentencias de entre 22 y 16 años de prisión. Federico Pagliero, uno de los abogados de la APDH de esa ciudad, habló en el programa Oral y Público y contó las sensaciones que dejó el veredicto del TOF 2 de Rosario. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: H.I.J.O.S Rosario A pesar de la pandemia y en una sentencia histórica para la ciudad de Rosario, los genocidas José Rubén Lofiego y Mario Alfredo Marcote, quienes recibieron la pena de prisión perpetua, fueron condenados esta vez también por delitos sexuales contra dos de las detenidas donde funcionó el centro clandestino Servicio de Informaciones. Esa diferenciación específica que se logró ya en otras sentencias en el país, y es la primera vez que se consigue en esa ciudad separa los delitos sexuales de las torturas que recibían los y las detenidas y los considera crímenes de lesa humanidad en el marco del Terrorismo de Estado.En una sentencia histórica, lo que sobresalió fueron las condenas a Lofiego y Marcote, también por delitos sexuales. Es que en las sentencias anteriores de la Megacausa Feced no se había atendido ese pedido de separar las violaciones de las torturas.Los otros 4 genocidas condenados a perpetua por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario fueron Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos. Mientras que Héctor Gianola, el único de los imputados que no contaba con sentencia previa, y Eduardo Dugour, recibieron 22 años; Julio Héctor Fermoselle fue condenado a 18 años y Lucio Nast a 16 años de prisión. La megacausa Feced, que cerró el jueves las etapas III y IV, comenzó en abril de 2018 y juzgaba crímenes de lesa humanidad contra 188 víctimas cometidos por 14 imputados: 10 lograron ser condenados y 4 fallecieron durante el desarrollo del proceso sin recibir castigo.El abogado de la APDH, Federico Pagliero, celebró la sentencia del juicio que se leyó sin público, y consideró un “hito judicial” las condenas por delitos sexuales: “Fue muy importante lo que se vivió en la ciudad de Rosario. Sentimos la ansiedad y el sabor amargo de no estar en el Tribunal junto a todos los sobrevivientes, los testigos y familiares. Es muy importante que se continúen con los juicios a pesar de la pandemia. Celebramos esta victoria colectiva. Por primera vez en la región, se consideraron dos violaciones a compañeras como delitos de lesa humanidad. En algunos casos esto se viene dando, pero muchos jueces lo consideran parte de las torturas. Estamos contentos por las compañeras que tuvieron que relatar todo el horror que vivieron. Es una gran victoria también para el movimiento feminista y toda la sociedad. Estos hechos que quedan grabados en sentencias marcan la historia de las sociedades”, expresó. Además, destacó la sentencia que recibió por primera vez Gianola: “Era el único que no tenía ninguna pena. Fue condenado a 22 años de prisión”, informó.La conclusión de este juicio en medio de la pandemia es un motivo de alegría y un mensaje de esperanza para el desarrollo de otras causas de lesa humanidad, que comienzan a reanudarse.Por último, Pagliero explicó quién fue Agustín Feced y por qué esta megacausa de Rosario es identificada con su apellido: “Un personaje nefasto en nuestra región. Un gendarme que después fue jefe de la Policía. Los que hoy fueron juzgados eran la patota de Feced. Operaban en el Servicio de Informaciones de la ciudad de Rosario, en pleno centro, a 2 cuadras de los Tribunales Federales”, concluyó el abogado.
La fiscal federal Gabriela Sosti, representante del Ministerio Público en el juicio de la Contraofensiva Montonera, habló acerca del rol de las y los defensores de genocidas. Lo hizo como columnista en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Sosti aseguró que tanto los defensores y las defensoras privadas como oficiales le generan una “incomodidad ética” y señaló que “muchos se exceden de la defensa técnica”. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto: Gustavo MolfinoComo flamante columnista del programa Oral y Público, Gabriela Sosti, fiscal en el juicio oral y público por la Contraofensiva Montonera que se está desarrollando actualmente, se refirió al rol que ejercen los defensores y las defensoras de genocidas, necesarios para llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, pero sin dejar de generar en ella un complicado conflicto ético: “Es un dilema complejo. La presencia de los defensores es lo que garantiza la legalidad y legitimidad de estos juicios, que hay que seguir reivindicándolos como una de las dimensiones éticas más reivindicables del Estado en estos últimos años. Esa presencia es necesaria, pero genera conflictos. A mí me genera muchos conflictos éticos. Yo, en principio, respeto a los trabajadores y a las trabajadoras. Respeto a las personas que trabajan y desarrollan su trabajo. Si son colegas, los respeto en particular. En el caso de los defensores, tanto públicos como privados, ese respeto es meramente protocolar, meramente burocrático. Como abogada no tengo resto para respetar a una persona que trabaja como abogada del diablo”, expresó la fiscal y marcó una diferencia entre los defensores públicos y los oficiales: “Hace 10 años que me vengo enfrentando a un montón de abogados particulares y de defensores públicos. La diferencia es diametral porque al abogado privado le paga el propio genocida. Me genera mucho escozor que los defensores públicos son pagados por la guita del pueblo”, señaló. El dilema ético que supone defender a una persona que cometió crímenes de lesa humanidad, secuestró, torturó e hizo desaparecer personas, o formó parte del alguno de los eslabones de esa cadena es, sin lugar a dudas, apabullante. Sosti habló de esa incomodidad, de enfrentar a colegas que recibieron la misma educación universitaria que ella y pudiendo negarse a defender a un genocida lo hacen igual y, en muchos casos, con un esfuerzo extremo que se torna ideológico: “Me enfrento a colegas que pasaron por la misma facultad que yo, aprendieron el mismo derecho y soñaron con la misma justicia que soñé yo. Esa incomodidad ética la tengo tanto con los privados como con los particulares. Yo me pregunto cómo un colega se puede plantar del otro lado de la sala para defender, francamente, lo indefendible; más allá de que hay que sostener la legalidad de estos juicios. Me pregunto qué hacen con lo que escuchan y cómo se sientan a escribir sus alegatos. Los defensores públicos no tienen la obligación de asumir la defensa. La objeción de conciencia está latente. Sin embargo, es llamativa la cantidad de abogados oficiales que son técnicamente buenos. El Estado le está brindando a tipos que pueden pagarse un abogado privado una defensa técnica más que reivindicable. Hay que reconocer que hacen una defensa impresionante. Ponen un esfuerzo y un trabajo para defender a estas personas que no sé si muchos lo ponen en los casos de los delincuentes comunes”, reflexionó.Por último, la fiscal ahondó en el tema de la participación activa y hasta a veces pasional para defender a un genocida. Si bien aseguró que muchos abogados realizan la defensa porque es necesario para darles legitimidad a los juicios, muchos otros y otras lo hacen para sumar alguna estrella en su carrera: “Hay defensores oficiales que aceptan porque no les queda otra y para sostener los juicios. He visto a muchos colegas sufrir en los juicios escuchando lo que escuchaban, sintiendo en el cuerpo ese dilema ético. También escuché otros, abogados y abogadas oficiales, que no solamente hacen defensas enjundiosas en lo ideológico sino que hacen preguntas en los juicios que son más que repudiables. Pienso que es parte de un desafío administrativo en su carrera. Ser defensor de genocidas, en algunos casos, les da un cierto prestigio en su carrera. A lo largo de 10 años me he encontrado con muchísimos defensores oficiales que, a mi juicio, se exceden de la defensa técnica. Un ejemplo es lo que estuvieron haciendo los defensores oficiales a partir de la pandemia, que entraron a revolear a mansalva pedidos absolutamente infundados de excarcelaciones y de domiciliarias. Evidentemente se les juega este desafío de conseguir determinados logros como si fuera un campeonato”, cerró.
Mercedes Soiza Reilly, quien fue fiscal en el tramo más relevante de la Megacausa ESMA, opinó en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia acerca de los pedidos de prisión domiciliaria que realizaron genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad por la pandemia de Coronavirus. La abogada detalló las resoluciones dictadas por la justicia y los protocolos de prevención aplicados por el Servicio Penitenciario Federal para preservar la salud de los detenidos. 🎤 Entrevista: Fernando Tebele✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele📷 Foto: Camilo del Cerro Una comisión interna del Servicio Penitenciario Federal estuvo encargada de informar acerca de los potenciales pacientes de riesgo que existen en las distintas instituciones carcelarias en vistas de la pandemia del virus COVID-19. A partir de ese informe, las defensas de decenas de genocidas en todo el país condenados por crímenes de lesa humanidad, solicitaron a la justicia el beneficio de excarcelación y/o prisión domiciliaria. Mercedes Soiza Reilly, ex fiscal del Ministerio Público durante el tercer tramo de la Megacausa ESMA, contó a La Retaguardia acerca de esos pedidos que , en su mayoría, están siendo rechazados por la justicia. La abogada aseguró que el SPF cumple con las resoluciones y protocolos establecidos por el Gobierno para que prevenir y evitar el contagio del virus de los presos: “Hay una crisis sanitaria global que hoy es prioridad. Esto repercute en el estado de hipersensibilidad que se maneja dentro de los lugares de encierro. Da lugar a que se desencadenen los pedidos de los presos para salir, ya sea bajo prisión domiciliaria o por excarcelaciones. Sabemos que las condiciones de detención en las cárceles argentinas son, en la mayoría de los casos, infrahumana. Lo hemos denunciado. A la vez, sabemos que las condiciones de detención en los pabellones de lesa humanidad son diametralmente diferentes. Según los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se están manteniendo las condiciones de higiene general. Además, los pabellones de lesa humanidad no están superpoblados; eso no es poco. No hay hacinamiento, como ocurre en otras unidades penitenciarias con presos ‘comunes’. Hay espacios para mantener la distancia entre personas y tienen atención médica las 24 horas. No es un dato menor a la hora de hablar si se concede o no se concede una prisión domiciliaria”, aseguró Soiza Reilly en su primera columna radial en La Retaguardia, y expresó que parecería ser que se vienen rechazos mayoritarios por parte de cada tribunal. “Ninguna de las resoluciones que hasta ahora se han tomado a nivel estatal, con todos los poderes en juego, hacen pensar en una salida indiscriminada de personas imputadas de graves crímenes. Muy por el contrario. La normativa trae que las instituciones penitenciarias deben establecer protocolos de emergencia. En ningún momento dice nada de conceder libertades ni prisiones domiciliarias. El Servicio Penitenciario ya puso en práctica estos protocolos y estas directivas. No habla de una liberación indiscriminada sino, por el contrario, hablan de un cuidado interno, intramuros”, dijo.Vale destacar dos cuestiones importantes que señaló Soiza Reilly. Aún no hay reportes de contagios dentro de las unidades penitenciarias. Además, de existir alguno, dentro de las prisiones contarán con un servicio de salud que, probablemente y a medida que avance la pandemia en nuestro país, estará colapsado fuera de los penales. “Lasas preguntas que nos hacemos son: si se conceden esas libertades, ¿quién garantiza que en los domicilios estas personas no contraigan el virus? ¿Cómo hacemos para controlar que los convivientes no hayan estado en contacto con el virus? Cuando avance el estado de la pandemia la salud pública va a estar colapsada. Los presos de lesa humanidad alojados en sus domicilios también van a sufrir las consecuencias de ese colapso. Estos datos son los que están tomando los tribunales para rechazar la concesión de estos beneficios. Otro dato: no se registran contagios en las unidades penitenciarias, lo que significa que la situación puede verse controlada. Hay un plan de contención epidemiológico para evitar no solo la propagación sino también la detección a tiempo del causante. El 24 de marzo se aprobó un protocolo maravilloso por lo que contiene: Detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por Coronavirus en todos los establecimientos penitenciarios del país. Es para todos los presos del país”, expresó la abogada. De todos modos, si se produjeran contagios en los pabellones de presos comunes, la situación podría ser la contraria, porque allí sí hay hacinamiento y reina la desatención médica y la desidia.De los 200 genocidas condenados en todo el país que aún permanecen en instituciones penitenciarias, más de 70 pidieron el beneficio al tiempo de la publicación de esta nota. Soiza Reilly aclaró que, en caso de concederse los beneficios, la medida debería durar hasta que se logre frenar la pandemia: “No hay que perder de vista que el beneficio no es automático. Hay que analizar las posibilidades de otorgamiento en cada uno de los casos. En caso que se concedan, estas medidas son de carácter excepcional y extraordinario. Están sujetas al plazo que dure esta crisis sanitaria”, cerró.
En un particular 24 de marzo que nos encuentra lejos de la calle, Norita Cortiñas y la fiscal del juicio por la represión a la Contraofensiva, entre otros de lesa humanidad, Gabriela Sosti, estuvieron presentes en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa radial matutino de La Retaguardia durante la cuarentena. Dos personas que, cada una desde su lugar, caminan en la misma dirección: construyendo Memoria, Verdad y Justicia. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 María Eugenia Otero/Giselle Ribaloff/Fernando Tebele✍ Redacción 👉 Andrés Masotto💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero📷 Foto de Portada 👉 Agustina SalinasPensar en el 24 de marzo es proyectar las calles inundadas de gente, repletas de banderas y carteles. La Plaza de Mayo y los pañuelos blancos. Los cánticos que advierten que no habrá olvido ni refugio posible para los verdugos de un mundo mejor. Pero la realidad de este 44° aniversario es otra: la pandemia global de COVID-19 forzó la suspensión de todos los eventos y obligó a considerar otras formas de mantener viva la memoria.“Es un momento que tenemos todos los volúmenes muy altos, donde se generan circunstancias tremendamente paradojales. Como que supuestamente iba a salir el ejército a la calle a hacer ayudas humanitarias y esas cosas. Creo que todas las sensaciones entran en conflicto, en ebullición”, comenzó su reflexión la fiscal en causas de crímenes de lesa humanidad, Gabriela Sosti.Consultada sobre los genocidas condenados, que aprovechando la crisis sanitaria interpusieron pedidos de prisión domiciliaria e incluso de excarcelación, Sosti apuntó: “Desde la semana pasada empezaron a caer los pedidos de domiciliaria, que no tardaron ni medio segundo. Los presos de lesa, particularmente los que están en Campo de Mayo y los que están en la Unidad 34 de Ezeiza, están en mejores condiciones que más de un habitante de este país que en este momento tiene que estar forzosamente metido en un cuarto con cinco personas. Yo hablo justamente de la paradoja donde el Estado nacional nos está pidiendo el encierro a nosotros y ellos están pidiendo salir a la calle. Es una cosa absolutamente delirante. Muchos se animaron a pedir la excarcelación, una cosa escandalosa, con argumentos toscos; y otros pidieron la domiciliaria. Es un disparate absoluto. Y en ningún planteo se argumentó que la salud de los presos estaba en riesgo.”El ejercicio de la memoria exige la correcta enunciación. Es decir, llamar a las cosas por su nombre. Recuperar las identidades robadas y también las acciones que intentaron ser borradas de la historia. Al respecto, la fiscal aclaró: “Creo que tenemos que enfrentar el desafío exegético de llamar a las cosas por su nombre. La dictadura, con todo lo que rodeaba y con todo lo que conformó, que es mucho más que la avanzada militar, religiosa y demás, de lo que se trató es de transformar a una porción de la sociedad de determinada manera. Esto no fue en el contexto de un genocidio, esto fue un genocidio”. Nora Cortiñas, quien cumplió 90 años el pasado 22 de marzo, también participó de este abrazo virtual en La Retaguardia. “El 24 de marzo es 24 de marzo, nunca se va a poder borrar. Se puede cambiar el día de la marcha, que es importante en este momento no hacerla. El gobierno nos quiere cuidar y nosotros tenemos que colaborar. Cuidándonos nosotros podemos cuidar a los demás. Es un momento muy especial. La marcha no se borra, la marcha se pospone. Cualquier día del año, a lo mejor el 20 de junio, o el 9 de julio, cualquier día que nos pongamos de acuerdo podemos hacer la marcha. Pero hoy igual la memoria no se detiene, la memoria camina y camina”, reflexionó sobre este particular aniversario.Norita no pudo festejar ni recibir visitas debido a la cuarentena que rige en todo el país. Sin embargo, son tantos los que recorren el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia a su lado, que la soledad nunca se hace sentir: “Yo me siento siempre acompañada, aunque esté en mi casa sola, porque tengo toda esta riqueza de recuerdos de estos 43 años de calle, de afecto permanente. Las Madres, cuando salimos a la calle con Azucena (Villaflor), con Esther Careaga, fue un comienzo de esta fusión que hicimos para todas juntas y colectivamente luchar contra esa gran injusticia que fue el Terrorismo de Estado, ese avasallamiento de todos nuestros derechos, ese método espantoso que es la desaparición forzada de personas, la apropiación de bebés de madres embarazadas cautivas. Esos pibes y pibas que hoy todavía no pudieron encontrar su verdadera identidad. Todos estos chicos tiene los genes de sus padres: no tienen ánimo de venganza, siguen buscando, y queremos que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron estos chicos. Empresarios, milicos, policías… que se abra la verdadera identidad, que se destapen todas estas adopciones ilegales e ilegítimas que cometieron durante esos años de Terrorismo de Estado. Va a llegar el día, tenemos esperanza y vamos a poder hacerlo. Y ver que estos pibes que recuperaron su libertad están unidos para trabajar en la búsqueda total de la verdad y la justicia nos prueba que los genes que tienen de sus padres son extraordinario”, expresó. Y finalizó: Podemos decir que el abrazo virtual que nos estamos dando es el abrazo que nos vamos a dar cuando pase esto, está pendiente”.
El viernes pasado se supo que a partir de una decisión del Tribunal Oral Federal N°2, Eduardo Emilio Kalinec, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, comenzará a tener salidas temporarias. Parte de la resolución dice que tendrá tres salidas bimestrales, dos de doce horas y una de veinticuatro horas para promover la revinculación familiar. Habitualmente, esto genera preocupación a las víctimas de sus delitos durante el genocidio. En este caso se agrega el repudio de su hija, Analía Kalinec, integrante del colectivo Historias Desobedientes. La Retaguardia dialogó con ella para conocer sus sensaciones. (Por Fernando Tebele y Nicolás Rosales para La Retaguardia) Foto: Mariano Militello Todavía conmovida por las salidas transitorias otorgadas a su padre, el genocida Eduardo Kalinec, su hija Analía dialogó con La Retaguardia para compartir sus sensaciones, que van del enojo a la preocupación, de la indignación a la tristeza. —La Retaguardia: ¿Qué implica en tus circunstancias esta decisión de la justicia? —Analía Kalinec: En primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. Yo he tenido contacto con varias de ellas, incluso con familiares de víctimas que no han sobrevivido, algunas víctimas directas de mi padre. En estas salidas transitorias primero pienso en ellos, y en cómo se deben estar sintiendo. Lo que me pueda generar a mí es secundario, obviamente lo entiendo como una situación de injusticia, desde el momento que entiendo que mi papá pasó más años impune que preso. El actualmente tiene 67 años, toda su vida la pasó en la impunidad. Hace 14 años que está preso, y pensar en que pueda estar transitando en un colectivo, caminando por las calles; conociendo sus crímenes, su falta de arrepentimiento y su falta de predisposición para colaborar con la búsqueda que están llevando adelante las Madres y las Abuelas, la verdad que me genera tristeza, mucha bronca. Y ganas de salir y redoblar esfuerzos desde el colectivo, del lugar de ciudadana común también para tratar un poco de contar la historia personal y las reflexiones para todos aquellos que no están empapados del tema, o que lo miran de lejos, visibilizar esta situación que la verdad que es de una terrible injusticia. —LR: ¿Quién es Eduardo Emilio Kalinec si tuvieras que explicarle a alguien más allá de tu relación biológica con él? —AK: Es un miembro de la Policía Federal, es un comisario retirado. Yo ahí estuve leyendo algunos repudios que estuvieron saliendo que lo nombran en algunas noticias como un ex comisario, y ahí hago la salvedad porque él sigue siendo parte de la Policía Federal. Nosotros desde el colectivo denunciamos que personas como él no han sido exoneradas de las “fuerzas” a las que pertenecen. Mi papá sigue formando parte de las instituciones que siguen teniendo en sus filas a criminales de lesa humanidad. Durante los crímenes de la dictadura él era un oficial joven, era subinspector, ese era el rango que tenía. Y dentro de la cadena de mandos lo que hacía era ejecutar las órdenes. Era parte de las patotas de los grupos de tareas que salían a secuestrar y que luego llevaban a los centros clandestinos a las personas que eran detenidas que muchas de ellas permanecen desaparecidas. Durante 30 años de impunidad vivió haciendo carrera. Gozando de una vida holgada que le permitía su sueldo como miembro de esta fuerza. Y en al año 2005, a partir de la reapertura de los juicios y de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, él queda detenido por los crímenes que había cometido. Un hecho que él jamás pensó que iba a suceder, porque sigue reivindicando sus crímenes y entendiendo que lo que hizo está bien. Que lo que hizo fue defender a la patria. Fue un momento muy duro, yo ignoraba en aquellos años todo este accionar y todo lo que había pasado en esa época de la historia argentina donde yo apenas había nacido. Fue de a poco ir tomando un poco de conciencia, leyendo e interiorizándome del tema hasta poder entender acerca de la participación y la implicancia de mi papá en estos crímenes. En el 2005 le dieron prisión preventiva, y en el 2010 lo condenaron a prisión perpetua que cumplía hasta el viernes. —LR: Vos estuviste cerca de 10 años sin tener contacto con él, y volviste a verlo hace poco en circunstancias que él generó. —AK: Sí, es de público conocimiento que mi papá hace unos años inició acciones legales en el fuero civil para que yo no pueda heredar a mi mamá. Ella falleció en septiembre del 2015 y en el marco de la sucesión y en mi participación en ese hecho jurídico como hija, tanto mi papá como mis dos hermanas menores que son las dos personal civil de la Policía Federal y también egresadas del Instituto Universitario de la misma fuerza -como para encuadrar todo en una cuestión ideológica y corporativa que hay en torno a esta forma de pensar- en un texto que redacta claramente mi papá y que es acompañado con las firmas de mis hermanas es presentado en el Juzgado Civil N°67 y lo que buscan es que a mí se me declare “indigna”, que una figura que se contempla en el Código Civil y Comercial y que yo no pueda heredar a mi mamá. A mí esto se me notifica el año pasado, y la notificación oficial me llegó este año, el 22 de Febrero. A partir de ese momento, hay una contrademanda en contestación de una demanda donde yo me defiendo y contraargumento. Cuando esto llega a las manos de la jueza, después de varios años, la primera medida que toma es citar a las partes. Que somos yo por un lado, y mi papá y mis hermanas por el otro. En ese marco, el pasado 30 de Octubre me apersoné en el juzgado y, para sorpresa mía, se presenta también mi papá. No se presentaron mis hermanas. Yo hacía más de 10 años
Luis Baraldini, jefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, condenado a 25 años de prisión en esa provincia, fue encontrado paseando por el barrio porteño de Flores. Después de un paso por el Hospital Naval, el juzgado revocó su domiciliaria y ahora está en el Penal de Ezeiza. En diálogo con Fernando Tebele en Oral Y Público, Raquel Barabaschi, querellante en la causa y compañera de quien lo fotografió, se refirió a la situación. (Por La Retaguardia)Una secuencia demasiado larga llevó a la prisión al ex jefe de la Policía pampeana durante la dictadura. El genocida condenado hace apenas meses a 25 años de prisión, contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria, como más del 60% de los condenados e imputados en causas de lesa humanidad. Pero como ya sucedió en otros casos, no es el Estado quién controla el cumplimiento, sino las propias víctimas. En este hecho puntual, Luis Barotto, unas de las víctimas de Baraldini, lo cruzó por las calles del barrio porteño de Flores. Su compañera Raquel Barabaschi, querellante en la causa, aseguró qué hicieron después de la conmoción. “Luego de que hiciéramos la denuncia, el Tribunal le ordenó a Baraldini que estuviera el 30 de septiembre en Santa Rosa (La Pampa) compareciendo y haciendo el descargo de por qué violó su arresto domiciliario. Al día siguiente, a la tarde, su defensa informó que había tenido un ACV y estaba internado en el hospital Naval, nosotros desconfiamos. El Tribunal, entonces, envió a dos penitenciarios a hacer guardia al hospital y revocó la domiciliaria. La defensa presentó una apelación invocando la falta de humanidad”, afirmó Barabaschi con una risa irónica. “Hacen un planteo ridículo, infantil, diciendo que es una puesta en escena de la querella, o sea, nosotros, una opereta. Además, la defensa se justificó diciendo que Baraldini bajó porque en el segundo piso de su edificio hay un médico que tiene un consultorio y que muchas veces tocan timbre en su departamento equivocadamente. Dice que tocaron insistentemente timbre en su casa, que su esposa estaba en el baño y que nadie respondía al portero, entonces tomó la decisión de bajar y, oh casualidad, la llave quedó adentro. Entonces, se supone que en el momento en que lo vieron, Baraldini estaba sentado tratando de comunicarse con la esposa para que bajara a abrirle la puerta”, explicó acerca de las explicaciones que dio el condenado, y agregó: “Además, la defensa dice que el que tocaba timbre y no se daba a conocer era Luis, quien lo vio. No es la primera vez que Baraldini viola su arresto domiciliario, ya lo vio otra víctima subir en Buenos Aires a un micro a Santa Rosa, iba con su hija. Los compañeros del movimiento de Derechos Humanos en Santa Rosa lo esperaron para hacerle un escrache y fueron denunciados como violentos. Hicieron una presentación en la justicia diciendo que habían empujado o insultado a la hija, cosa que no era verdad. Todo quedó en la nada. Funcionan así para justificar sus tropelías”, aseguró. Experto en escapar de la justicia Barabaschi contó una tercera vez en la que el genocida violó la domiciliaria: “En otra oportunidad, un periodista lo vio en la calle, en Santa Rosa, solo, y adujeron que el yerno tenía que buscarlo para ir al médico pero como no había donde estacionar fue caminando hasta donde estaba el auto de él”. Al momento de la charla con Barabaschi, Baraldini seguía en el Hospital Naval, pero el último jueves le dieron el alta y eso derivó en que marchara preso al Penal de Ezeiza. ·Baraldini fue el jefe de la Policía y de la patota que operó en La Pampa. Además, se alzó como carapintada durante el gobierno de Alfonsín, después se profugó a Bolivia y ahí también tenemos noticias de que pergeñó un ataque contra Evo Morales”, recordó Barabaschi.“En el primer juicio en 2010, no estuvo porque estaba prófugo. Cuando se lo trajo a Argentina se le concedió el arresto domiciliario por su edad, tiene 82 años. En La Pampa fueron 240 víctimas y él tiene responsabilidad sobre 188. No es cualquiera. Tuvo la impunidad de fugarse cuando teníamos gobiernos menos permisivos con los milicos; con la política de este gobierno de negacionismo, no le sería difícil fugarse otra vez. Además, él tiene la tobillera y aducen que el monitoreo no acusó ninguna anormalidad, por lo tanto no se había alejado de determinado radio. Nosotros no somos responsables de ver si cumplen o no, lo que no queremos es ir caminando por la calle y cruzarnos a estos tipos”, planteó sobre la situación legal de los genocidas condenados. Una historia que parece del pasado, pero no Barabaschi se refirió al caso de Luciano Arruga, luego de haber visto la película de Ana Fraile y Lucas Scavino de reciente estreno: “Fui al cine a ver ¿Quién mató a mi hermano? Reconocimos lo que nos pasó a nosotros en las vivencias de lo que pasó Luciano. La lucha y la potencia de Vanesa (Orieta, la hermana de Luciano), que chocó con tantas paredes, nos pasó a nosotros en este proceso de búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Es una película que debiera darse en los colegios. Entre los chicos es donde más hay que construir y donde más se puede sembrar. Nosotros ya hablamos con la responsable de la sala INCAA en Santa Rosa para pedir traerla a La Pampa”, contó para finalizar, dando cuenta de las gestiones que están realizando en varias provincias ante las salas del circuito INCAA para que se proyecte la película. Entre las vinculaciones entre la causa de Luciano y las vinculadas al genocidio, también aparece claramente la impunidad. Aunque esta vez, después de muchas vueltas, Baraldini está donde tiene que estar: en una cárcel común.