Jonatan Baldiviezo
Lo dijo Jonatan Baldiviezo, abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en diálogo con el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas. Baldiviezo denunció cómo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, continúa entregando terrenos para negocios inmobiliarios. Costa Urbana es uno de ellos, junto a Costanera Sur y los predios en el Parque de la Ciudad. Además alertó sobre el sacrificio de espacios verdes por el avance del cemento. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur El ex Parque de La Ciudad y la Ciudad Deportiva de Boca Juniors en la costanera son terrenos fiscales en los cuáles el Gobierno porteño ha puesto su mirada con la intención de ponerlos en venta a sectores privados con destinos inmobiliarios. Sin freno Al respecto de las posibles ventas de estos terrenos públicos, el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonantan Baldiviezo, expresó: “Uno creería que en un año electoral a unos cuantos días de cerrar las listas, las alianzas y las candidaturas de las elecciones, se frenaría un poco la cuestión de los negocios inmobiliarios. Pero lo que vemos es que se ha acelerado la rueda especulativa inmobiliaria. Actualmente, están en danzas el proyecto inmobiliario de Costa Salguero y recientemente ingresó el diseño urbanístico de ‘Costa Urbana’ que es el gran emprendimiento del grupo IRSA, el nuevo Puerto Madero 2 en la Costanera Sur”. Baldiviezo identificó otros negociados entre las autoridades del Gobierno porteño con los sectores privados: “También, están avanzando con la subastas de los predios del ‘Parque de la Innovación’, continúan con las innovaciones del ‘Distrito Joven’, y además subastaron los primeros inmuebles a manos privadas de los predios correspondientes al parque público, el de ‘La Ciudad’ en la Comuna 8. Estamos frente a cinco megaemprendimientos que no se suspenden ni se frenan por la pandemia ni por las elecciones”, contó. Por otro lado, el abogado detalló: “Lo grave del Parque de la Ciudad consiste en que en el 2014 se empezó a discutir lo que se conoció como el plan maestro de la Comuna 8. Esto era para ver cómo se revitalizaba la zona sur. Pero el Gobierno no tuvo mejor idea que vender tierras públicas para hacer negocios inmobiliarios. En aquel momento, la idea inicial era construir viviendas sociales en los terrenos públicos. Terminó saliendo un plan maestro de la Comuna 8, un tanto lavado, el cual incluyó la intención de vender terrenos del Parque de la Ciudad. Eso no salió y finalmente se votó la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. En el 2016 volvieron con la intención de vender tierras de ahí y ese mismo año, camuflaron la intención con la idea de hacer viviendas para los deportistas mediante una ley. Es lo que ahora conocemos como el ‘Barrio Olímpico’, donde ahora también se autorizó la venta de otras 25 hectáreas del Parque de la Ciudad y que no tenían nada que ver con los Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica finalmente se reacondicionó y se destinó a viviendas sociales, donde ya hay más de mil familias viviendo en esos edificios. Pero el resto de los terrenos de lo que era antes un parque público ahora se está empezando a vender a privados. Se pusieron en subasta lotes de una hectárea de superficie, diez en total de los cuales ya se vendieron cinco”. ¿Pulmón verde? Baldiviezo denunció cómo se le dio lugar a los negocios privados sobre terrenos públicos en desmedro de los espacios verdes: “El gran pulmón verde de esta zona sur son el Parque Brown que contenía al Parque Roca, al de la Ciudad, Indoamericano, el de Las Victorias y que en los últimos años estos espacios verdes fueron sacrificados. Del Parque Roca se sacrificaron 37 hectáreas para construir un playón de cargas y descargas. El Parque Indoamericano, en parte, se destinó para un polo farmacéutico. Se privatizaron 50 hectáreas del Autódromo para comercios y explotaciones privadas relacionadas con el automovilismo, además 45 hectáreas del Parque de las Victorias se destinaron a un Golf. Entonces se perdieron 150 hectáreas de espacios verdes públicos de la Comuna 8”, denunció. Costa Urbana, el proyecto millonario del grupo IRSA Se supo que el grupo IRSA, junto a la sociedad comercial de capitales argentinos controlada por Cresud y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podría obtener la normativa para comenzar a urbanizar el terreno sobre la Costanera Sur adquirido hace casi tres décadas. Esto, se logró luego de que el proyecto fuera aprobado en primera y segunda lectura por la Legislatura porteña. “Según figura en el proyecto, IRSA entregará a la Ciudad el 67% de esas tierras que se destinarán a la creación de un parque público de 35 hectáreas más otros espacios de uso común hasta totalizar 43 hectáreas. La superficie a construir incluiría viviendas, oficinas, locales comerciales, escuelas, un sanatorio, un paseo peatonal, un paseo costero apto para correr y andar en bicicleta de 4,2 kilómetros y un hotel, entre otros. En definitiva, un Puerto Madero 2 o una nueva Dubai, como también se lo conoce”, explicó el abogado. Por último, Baldiviezo repasó la historia de los terrenos donde se llevaría a cabo este proyecto y describió de qué se trataría la millonaria inversión: “Esto es negocio de los 90. Eran tierras del Estado nacional, que el Gobierno de la Ciudad se las cedió en su momento al Club Boca Juniors para que construya una ciudad deportiva para el club, que incluía un estadio para 150 mil personas. Sin embargo nunca se terminó de construir. Si no se construía, Boca tenía que devolver las tierras. El Congreso, mediante una ley y a modo de transferencia, le devolvió el cargo y autorizó a venderlas a terceros. El club entró en quiebra, vendió estas tierras por 22 millones de dólares a una empresa llamada Solares Santa María que luego en 1997 se la vendió
En plena pandemia, sin agua ni salud garantizada en las villas, la Legislatura porteña pretendía, a instancias del oficialismo, reunirse para tratar la rezonificación (para poder luego vender) varios terrenos cedidos por Nación durante el gobierno de Macri. La idea final es la construcción de torres en los predios aledaños al viaducto de la Estación Villa Crespo del ex FFCC San Martín. La venta supondría el desalojo de una radio comunitaria. Las voces de Mini Pérez, integrante de Radio Asamblea y del diputado por el Frente de Todos, Juan Manuel Valdes, ayudan a comprender la maniobra legislativa en plena pandemia. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, celebró que la justicia frenara al gobierno local. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevistas: Nicolás Rosales/Luis Angió✏ Redacción: Nicolás Rosales/Fernando Tebele💻 Edición: Fernando Tebele📷 Fotos: Luis Angió En los terrenos del ferrocarril, que ahora transita por elevación, funcionan la Asamblea de Juan B Justo y Corrientes y la radio comunitaria FM 94.1, que cumple un importante rol social para el barrio y sus alrededores. Hace meses que vienen esperando el momento de máxima tensión, que finalmente llegó hace algunas semanas, cuando se conoconió la noticia que la legilsatura porteña trataría en segunda lectura el proyecto que autorizaría la venta de terrenos, entre ellos aquel que contiene la Radio Asamblea Aún no llegan a distenderse totalmente, aunque la justicia haya frenado a la legislatura, que por ahora no podrá tratar el proyecto.Desde la Asamblea se resisten a la venta junto a un grupo de vecinos y vecinas que yse se oponen al Megaestadioque ae construyó en los terrenos que pertenecían históricamente alClub Atlanta. Mini Perez, integrante de la radio, todavía muestra su enojo. “Estamos sorprendidos e indignados. Porque todos sabemos la cantidad de problemas que hay en esta Ciudad de Buenos Aires: los contagios se siguen multiplicando, tenemos una cantidad de casos de dengue increíbles, no alcanzan las viandas escolares, no hay todavía solución al problema del agua en los asentamientos populares. Y con todo esto… qué se reúna la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, que sean convocados los legisladores a discutir la rezonificación para construir unas torres que no son ninguna necesidad para el barrio, que son solamente para que algunos sigan ganando más plata… Esta discusión se terminó el pasado viernes 5 de mayo, cuando se votó este proyecto. Por otro lado, el viaducto del ferrocarril, que se inauguró el 9 de Julio del año pasado con bombos y platillos, que es una obra importante, tuvo algunos inconvenientes. Esa obra se paró, porque se debían cantidades industriales de plata a los contratistas, pero bueno… la Ciudad de Buenos Aires no se hace cargo. Entonces la Estación Villa Crespo, o la Estación Paternal, que antes teníamos los vecinos para ir a tomar el trenhacia Retiro, ya no la tenemos más, y nadie se hace cargo de que quedaron sin hacer las estaciones, por darte un ejemplo de cómo se llevó adelante esta obra, entre tantas otras”, comentó Mini Pérez, integrante de la Asamblea y de la radio que allí funciona, en diálogo con Tengo Una Idea, por Radio La Retaguadia.“Que la legislatura se convoque para tratar este proyecto es un contrasentido”Así comenzó su participación en el programa Otras Voces, Otras propuestas de Radio La Retaguadia, el legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés, quien también denunció el proyecto de ley para vender dos terrenos linderos al viaducto de la Estación Villa Crespo. Valdés rechazó “que la legislatura se proponga sesionar sólo cuando esto beneficia una agenda tan mezquina como es la venta de tierra para un sector económico que tendrá más suerte de encontrar precios más bajos en este momento, porque además no estamos hablando de un momento en el que el mercado inmobiliario va a pagar una gran suma de dinero por estar tierras, más bien un momento de depresión de todos los precios”. “El Gobierno de la ciudad ha ido avanzando en toda la zona, porque no sólo es la Asamblea y la radio, hay muchos vecinos y vecinas que se oponen a esto, porque es cambiarnos la vida. Se hizo este Megaestadio, luego ya se han cedido terrenos, legalmente no hay cómo, a la empresa, para que por ejemplo desde la calle Corrientes se pueda circular hacia el estadio”, agregó. El megaestadio no estuvo exento de polémicas desde el inicio del proyecto, cuando la empresa y directivos del Club Atlanta, dueño histórico de esas tierras, hablaban de miniestadio. El club del barrio perdió esos terrenos en 1991 cuando quebró. Los recuperó parcialmente gracias a la expropiación del Estado comenzado el nuevo siglo. Las tierras donde funciona ahora el Megaestadio quedaron abandonadas, expropiadas por el Gobierno de la Ciudad, cedidas a Atlanta, pero sin uso. El Gobierno de la Ciudad propició entonces que le fuera cedido a la empresa (el Grupo La Nación, más ASM Global), con algunos beneficios y exenciones de impuestos inexplicables e innecesarios. A la vez, le reconoce a Atlanta la propiedad del lugar, garantizándole un alquiler mensual. Un grupo de vecinos y vecinas se oponen a su funcionamiento.Al momento de alzar las voces para oponerse a este nuevo proyecto inmobiliario sobre los terrenos que pertenecían al ferrocarril, el legislador Valdés planteó, “Nuestros métodos habituales de hacernos escuchar que tienen que ver con hacer radios abiertas, asambleas, festivales, son un poco complejos en este momento. Ustedes nos están dando una mano y tantos otros medios por suerte, de los que no son hegemónicos y no responden a este poder tan concentrado. Porque lo primero es que las y los vecinos se enteren de lo que están pasando. Porque nadie sabe, nadie no dijo nada todavía”, dijo antes de que saliera el amparo que detuvo la sesión de la legislatura..Pérez, destacó la importancia de la radio y sobre las actividades que continúan, “sigue saliendo con las restricciones lógicas del momento, pero nosotros estamos trasmitiendo todo el día, tenemos 50 programas aproximadamente, la mayoría de producción propia porque son colectivos, vecinos y vecinas que hacemos distintos programas. La
La denuncia es de Jonathan Baldiviezo, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que en diálogo con “Hasta que vuelvan los abrazos” remarcó todas las fallas del gobierno de la Ciudad en materia de políticas habitacionales. 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto: El grito del sur El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado en julio de 2019, arrojó que son 7251 las personas que no tienen un lugar para vivir. Si tenemos en cuenta que el relevamiento se realizó los últimos días de abril, la profundización de la crisis a lo largo del año y la falta de políticas públicas orientadas hacia ese sector permiten pensar que la cifra es mayor.“Nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo, antes de la pandemia de Coronavirus, que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia habitacional. El incremento en la cantidad de personas que vive en las villas sin acceso a los servicios públicos, el aumento de personas en situación de calle, el incremento de las personas que alquilan y necesitan ingresos mensuales para pagar esos alquileres, todo es significativo. Y veníamos advirtiendo que las políticas que el gobierno tenía para solucionar los problemas habitacionales eran las mismas que venía sosteniendo hace más de 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, habiendo pasado la crisis de 2008, la crisis económica de la propia Argentina. Y advertimos que era necesario que se tomen medidas más profundas”, empieza a enumerar el titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC).La situación habitacional de la Ciudad, que ya era grave, se profundizó con la propagación a nivel mundial del virus COVID-19: “Detectamos que si el gobierno tomaba las mismas decisiones que tomó antes, iba a tener resultados ineficaces para proteger a estos colectivos que están en vulnerabilidad y no pueden tener acceso a la vivienda digna. Especialmente las personas en situación de calle están más vulnerables a partir de la pandemia, son personas que suelen tener problemas respiratorios, pulmonares, por vivir en la calle y expuestas al frío. Además, en el contexto del COVID-19, las medidas de limpieza e higiene que promueve el Estado son imposibles de cumplir para estos sectores. Y más aún, se ha dado la paradoja cuando se determina el aislamiento social obligatorio, que estas personas es imposible que lo cumplan: personas que viven en la calle, que por sí solas no pueden acceder a un mercado formal de la vivienda y se le establece la obligación del aislamiento en una vivienda que no tienen. Y a esas condiciones de extrema gravedad, de no poder adquirir una vivienda, se le suma la posibilidad de contraer el virus, lo que agrava sus malas condiciones de salud previas. Insisto: las propias encuestas del gobierno revelan que estas personas han sufrido cuestiones respiratorias, lo que las hace muy vulnerables a este virus.”Frente a la crisis, el gobierno de la Ciudad, hoy al mando de Horacio Rodríguez Larreta y anteriormente de Mauricio Macri, siempre tomó la misma dirección: paradores. Pero estos lugares no representan la solución, apenas son una salida transitoria. Al respecto, Jonathan Baldiviezo apunta: “En este contexto proponemos que la verdadera solución no es volver a las medidas que se vienen implementando, que eran paradores o subsidios habitacionales. Los paradores son un gran problema porque la propia ley de CABA establece que no es una solución habitacional que se localice a las personas en paradores. Los paradores son lugares de extrema emergencia, de contención, para cuando ocurre un incendio o una inundación y hay que darles un techo mínimo por algunos días. Pero no son ámbitos para garantizar una vivienda permanente y cotidiana, y hay personas que viven hace años en paradores. Paradores que ahora tomaron una modalidad distinta: hay familias que antes tenían que salir a la mañana y volver a ingresar a la tarde. Ahora por lo menos están abiertos todo el día, pero eso no hace que sean lugares que realmente garanticen el derecho a la vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2010, se aprobó una ley, la 3.706, que establece que las personas que están en paradores deben seguir siendo consideradas en situación de calle. Es decir que la propia ley establece que no es una solución digna ni definitiva para estas personas.”Los paradores juegan en la dualidad entre una “solución” transitoria y permanente. Transitoria porque, desde el aspecto legal, las personas que habitan un parador deben seguir siendo consideradas en situación de calle; permanente porque, a pesar de la ley, hay personas que viven en uno de estos espacios desde hace años. Y al final no son ninguna de las dos. “No hay posibilidad de intimidad, no hay posibilidad de generar un proyecto de vida. Y el gobierno no logra comprender eso y sigue insistiendo”, resalta Jonathan.Otra consecuencia de la crisis sanitaria sumada a la habitacional fue terminar de resaltar una brecha que existe, pero muchos no quieren ver: la de clase. Baldiviezo se pregunta cómo puede ser que las personas que vuelven del exterior y deben mantener la cuarentena sean alojadas en hoteles de buena calidad, mientras que las personas en situación de calle no reciben el mismo trato: “Operativamente es fácil, más cuando los hoteles están vacíos. Rápidamente el gobierno puede conveniar como medida de transición que las personas puedan estar en hoteles de buena calidad. Digo como medida de transición porque la Ciudad de Buenos Aires debe tener una política de vivienda social, donde el Estado tenga viviendas y pueda darlas en alquiler o comodato a estas familias. En la Ciudad, las pocas viviendas que el Estado construye son para la venta”.
Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, pasó por Radio La Retaguardia en el programa Sueños Posibles. Allí se refirió a la venta de terrenos públicos en la Ciudad de Buenos Aires con fines de especulación inmobiliarios y sobre la situación del relocalizado barrio Playón de Chacarita. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Alfredo Grande/Irene Antinori 📝 Texto 👉 Nicolás Rosales💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele📷 Foto 👉 IVCEl abogado Jonatan Baldiviezo comenzó contando acerca de los edificios de El Playón de Chacarita: “Hace cuatro años la gestión empezó lo que llaman un proceso de integración urbana, la reurbanización del barrio Playón de Chacarita, y en ese contexto decidieron construir viviendas sociales en terrenos ferroviarios cercanos al barrio. El barrio fue creciendo desde el año 2001 en esos espacios vacíos que habían quedado de los playones y que el Estado permitió sin ningún tipo de ordenamiento que el barrio creciera y sin darle asistencia a las familias. Llegado el año 2016 había como 1500 familias viviendo en el barrio y por eso se decidió comenzar a hacer un complejo habitacional en sectores de El Playón que no habían sido ocupados. Durante estos cuatro años se fue definiendo la tipología de los edificios, qué materiales iban a tener, se discutieron los planos, lo que llevó mucho tiempo. Se estuvo discutiendo como un año. Los planos que presentaba el gobierno, en muchos casos, no cumplían con los requisitos mínimos de habitabilidad. Actualmente se están finalizando varios edificios de este complejo, más de seiscientas unidades habitacionales. Las familias se están relocalizando, aquí surge la cuestión de cuáles son las condiciones de escrituración de estas nuevas propiedades. Allí vemos que las familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad en relación a lo que están firmando en las condiciones y requisitos de la escritura pública. Una de las irregularidades es que sus casas pueden ser subastadas por falta de pago, lo cual suena bastante paradójico. Con respecto a las garantías, ya que los edificios fueron construidos por el Estado, se soslayó la responsabilidad estatal y se delegó a las familias. Así la escritura está generando dudas y resquemores en muchas familias del barrio al momento de relocalizarse porque se genera un endeudamiento muy importante, y de no pagarse a futuro va a generar que pierdan sus casas”.Venta y transferencias de tierras e inmuebles públicos ilegalesEl pasado lunes 3 de febrero el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una demanda. “Es increíble que el ex presidente Mauricio Macri haya autorizado la venta de más de cien inmuebles a través de la aprobación de once decretos y que esa discusión del destino de esos inmuebles muy valiosos por su localización, pertenecientes al acervo del pueblo argentino, no se haya discutido democráticamente. La Constitución argentina es muy sabia al determinar que los muebles son un recurso valioso del Estado y que por la tanto su destino y uso tiene que ser discutido por el Congreso y eso nunca sucedió en estos últimos cuatro años. Macri, semanas antes de dejar el cargo, transfirió a la Ciudad dieciocho inmuebles pertenecientes a la Nación, ubicados en playones ferroviarios, últimas tierras vacantes y de gran envergadura. El costo de oportunidad que generan es muy valioso porque la Ciudad necesita tierras para soluciones habitacionales, ambientales. Y destinar esas tierras a la especulación inmobiliaria está generando un perjuicio muy grande para las generaciones futuras. Hablamos de terrenos que son muy valiosos por su ubicación, como los de Caballito, de Palermo, etc”, detalló Baldiviezo.“Para nosotros la gestión del PRO ha sido unas de las peores gestiones democráticas de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no es percibida de esa manera, hay muchos que valoran la gestión por lo superficial. Las políticas urbanas parecerían destinadas sólo a garantizar la rentabilidad a un grupo empresarial inmobiliario. Las organizaciones sociales hemos tenido un defecto: no haber logrado que la ciudadanía en forma integral pueda percibir lo que nosotros percibimos día a día”, opinó Baldiviezo, y finalizó: “También este gobierno (porteño) ha tenido un blindaje mediático, económico y político. Incluso esta protección ha ido más allá de la que ha tenido Macri como presidente. Nadie lo critica, y la clase política lo admira como un buen político por su gestión”.
La empresa que busca demoler el Cine Teatro Urquiza denunció a la asamblea de vecinos por daños y perjuicios. Se trata del histórico edificio de Parque Patricios, defendido por los vecinosy vecinas por su fachada histórica y su aporte cultural al barrio. Luego de las primeras idas y vueltas judiciales, se acordó que la empresa Establecimiento Campana SA conservaría lo más posible la fachada y construiría -de acuerdo a la ley nacional- otro teatro. Sin embargo, ahora demandó a los vecinos y exige una indemnización de 400 mil pesos. Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, abogado de la asamblea, explicó el conflicto en el programa La Retaguardia en diálogo con Fernando Tebele. (Por La Retaguardia) “Una asamblea de vecinos preocupados por la demolición del Cine Teatro Urquiza, en el año 2013 presentó una acción judicial. Se solicitaba el cumplimiento de una ley nacional que establece que una vez que se demuele una sala teatral se tiene que reemplazar por otra que tenga, al menos, el 90% de la cantidad de butacas de la sala teatral original. Además, se reclamaba que ese edificio merecía una protección patrimonial porque era icónico de la identidad del barrio de Parque Patricios. La Justicia terminó estableciendo que la cuestión de reemplazo de la sala teatral iba a ser resuelta una vez que el propietario Establecimiento Campana SA presentara los planos en el gobierno porque todavía no contaba con permiso de obra. Con relación a la cuestión patrimonial, luego de varios vaivenes se terminó con un acuerdo en el que Campana SA decidió reconocer algo bastante obvio: que iba a cumplir con la ley”, explicó. “Que iba a construir, en caso de demoler el edificio, una nueva sala teatral respetando la normativa. Además, reconocía cierto valor cultural y patrimonial del inmueble, por lo que el nuevo edificio iba a ser similar para proteger la imagen de la fachada del inmueble, algo que pretendía la Asamblea en defensa del Cine Teatro Urquiza”, agregó.Según Baldiviezo, “con este acuerdo terminó cerrado el pleito, los vecinos se quedaron esperando cuál iba a ser el proyecto que se iba a presentar, que respetara la normativa vigente y, también, cómo se iba a realizar esta fachada del edificio que respetara lo más posible la fachada original. A un año casi de que se haya homologado ese acuerdo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la CIudad. Ese acuerdo establecía que tenía que haber un comportamiento de buena fe y colaborativo entre las partes, la empresa y los vecinos. A un año, nuevamente los vecinos recibieron una carta documento -que no es la primera- antes de cerrarse el proceso judicial. La empresa inició un proceso de demanda a través de una mediación prejudicial, justamente la instancia obligatoria que establece la ley. Esto se hizo en 2017, un año antes del acuerdo. En ese momento lo vimos como una especie de presión para que los actores terminen desistiendo de la acción”.“A un año del acuerdo, nuevamente llegó una carta documento solicitando 400 mil pesos por daños y perjuicios por haber presentado el amparo que, supuestamente, generó daños y perjuicios a esta empresa. Es inentendible, porque en el 2015 no existía ningún obstáculo para que la empresa consiguiera el permiso de obra del gobierno. Es más, el gobierno en 2017 rechazó los proyectos de la empresa porque no se adecuaban a la cantidad de butacas que decía la ley. No tenemos conocimiento de que actualmente se haya otorgado ningún permiso de obra, no sabemos en qué estado estará el proceso”, explicó Baldiviezo. “Llega esta carta documento pero sin informar cuáles son los obstáculos que actualmente tiene la empresa para avanzar con el proyecto de obras que dependa del accionar de los actores. La empresa no quiso en su momento cumplir con la ley, si ahora está demorado no creemos que sea a raíz de los reclamos de la asamblea, sino una decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de exigir algo que es su obligación: que se respeten las leyes nacionales y de la Ciudad”, planteó.“El intento de demanda es contra los integrantes de la asamblea que firmaron la acción de amparo, que son dos, en representación de esta asamblea horizontal. Para nosotros es inentendible que, luego de haber firmado un acuerdo judicial, se demande a los vecinos que iniciaron el amparo si luego terminó con un acuerdo de partes. Es algo sorprendente porque no tiene ningún tipo de asidero jurídico. Ya pasaron casi tres años de algunos posibles reclamos que podría presentar la empresa, por lo tanto la demanda o la petición estarían prescriptas”, subrayó Baldiviezo. “Todo daño extracontractual prescribe a los tres años. No entendemos cuál es la intencionalidad de Establecimiento Campana SA, salvo que sea buscar algún tipo de castigo o sanción civil para los integrantes de la asamblea, que no va a dejarlos aislados y, en todo caso, va a responder colectivamente. Vemos que se busca un castigo a una asamblea que fue a la justicia haciendo uso de su derecho de defender bienes colectivos de la Ciudad. Lo que ellos quieren hacer es lo que la ley impide. No quisieron respetar la obligación de hacer una sala con el 90% de las butacas. Eso implica destinar superficie a un teatro y quitar superficie para el edificio de oficinas que ellos querían hacer. Lo que había molestado es cumplir con la ley”, definió. “Es algo que no es una limitación del acuerdo sino de las leyes. Estamos a la espera a ver si deciden avanzar con la demanda de daños y perjuicios o no. No habrá nuevas instancias de conciliación o buscar algún tipo de acuerdo nuevo. No hubo un reconocimiento de nuestra parte de ser responsables de ningún daño, sino de ejercer el derecho a la ciudadanía. Estamos a la espera buscando el apoyo de otras organizaciones y colectivos porque creemos que no es solamente una demanda hacia la asamblea del Cine Teatro Urquiza sino justamente una persecución que se va normalizando y se
La jueza Elena Liberatori, del Juzgado de primera instancia Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó disponer la suspensión inmediata de la Ley 5966 sobre la incineración de basura. Fue por un amparo que presentaron diferentes cooperativas de recicladores de basura a través del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Jonatan Baldiviezo, el presidente del Observatorio, habló con Fernando Tebele en Radio La Retaguardia y explicó el fallo. (Por La Retaguardia)Foto: organizaciones reclamando en la legislatura porteña (Foto: Archivo La Retaguardia/Luis Angió) El referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, repasó los detalles de la ley que se aprobó este año para la quema de basura en la Ciudad de Buenos Aires y contó en que se basó la jueza para suspenderla preventivamente: “El fallo de Liberatori es una medida cautelar que ordena la suspensión de la vigencia de la ley 5966. Es la ley que en mayo de este año modificó la Ley de Basura Cero, una ley del año 2005 que incorporaba a la Ciudad de Buenos Aires entre las ciudades vanguardistas en la gestión de residuos sólidos y urbanos. Al menos desde el punto de vista elegante, incorporaba este paradigma internacional de basura cero que implica que la gestión de residuos tiene que estar abocada a la reducción de residuos, a su reciclado y a su reutilización. Esta ley no fue cumplida por más de 10 años. Llegamos a esta nueva discusión donde el gobierno, a través de la sanción de esta ley, dio un giro de 180 grados autorizando nuevamente la incineración, ahora camuflada en termovalorización. Es decir, la quema de basura para obtener energía de esa basura. Es lo que la Justicia vino a suspender. Lo que detectó la Justicia es una violación en el procedimiento parlamentario que establece la Constitución. No se cumplieron cada uno de los pasos y la mayoría necesaria para aprobar la ley. (La jueza) decidió suspender los efectos de esa ley hasta que la Legislatura cumpla con esos pasos para aprobar la ley o se dicte sentencia definitiva”, expresó.Uno de los argumentos que se observan en el fallo de Liberatori para ordenar la suspensión de la ley es que no se cumple el procedimiento de Doble Lectura, necesario para la sanción de una ley de estas características: “La Doble Lectura es un procedimiento que hace que la Legislatura que es un órgano unicameral, es decir que tiene una sola Cámara de 60 legisladores, funcione como un parlamento bicameral. De esa forma, un procedimiento de un proyecto de ley tiene que ser aprobado dos veces: La Legislatura lo aprueba una vez, en una primera lectura, y luego convoca a una audiencia pública obligatoria. Después de esa audiencia pública, la Legislatura vuelve a tratar el proyecto ya sea confirmando, revocando o modificándolo”, explicó Baldiviezo y contó que la Legislatura porteña omitió la realización de la audiencia pública obligatoria: “Cuando son leyes ambientales se debería seguir este procedimiento de lectura, pero como el gobierno en la Ciudad no tiene un código ambiental decidió aplicar a todas las leyes ambientales que viene tratando un procedimiento de simple lectura. Eso quiere decir que no se llamó a una audiencia pública y no se convocó a la instancia de participación ciudadana obligatoria para la discusión de ese proyecto de ley. En el tema de la incineración no hubo ninguna instancia de participación donde los legisladores llamaran a la ciudadanía ni a las organizaciones a que den sus pareceres en un tema tan importante como es dar un giro de 180 grados en la política de la gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La jueza detectó esta deficiencia constitucional, no encontró asidero en los argumentos del gobierno y ordenó la suspensión por violaciones formales en las discusiones parlamentarias de la ley que modifica la ley de basura cero”, agregó el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad en Radio La Retaguardia. ¿Por qué no a la quema? Para Baldiviezo “la incineración es una técnica más contaminante, más cara y que compite con el trabajo de las cooperativas de cartoneros y de recicladores en la Ciudad de Buenos Aires” y el gobierno soslayó la realización de la audiencia “porque está tratando de imponer una política que no tiene el acuerdo de la ciudadanía”.Por el momento, el fallo de Liberatori ordenó suspender la implementación de la quema de basura en la Ciudad de manera provisoria hasta que se realice el juicio correspondiente: “Hasta que llegue la sentencia se demora un tiempo. Lo que la jueza dictó fue una medida preventiva. Como sabe que lleva tiempo que finalice cada una de las etapas de los procesos judiciales, estableció una medida preventiva que es suspender la vigencia de la ley. Si la jueza sigue sosteniendo estos argumentos al finalizar el juicio, debería declarar que la ley es nula por no cumplir los procedimientos constitucionales. Hasta ahora, la ley tiene existencia jurídica, pero el gobierno no la pueda aplicar porque la jueza ordenó la suspensión de sus efectos”, aseguró.No es la primera vez que la Legislatura porteña sanciona una ley sin pasar por la audiencia obligatoria que establece la Constitución de la Ciudad. El Observatorio por el Derecho a la Ciudad que preside Baldiviezo ha enfrentado muchas veces al gobierno porteño por su aplicación de políticas urbanas y ambientales que no cumplen con la ley: “Nosotros denunciamos que el gobierno toma muchas políticas urbanas sin cumplir la ley. Ahora ni siquiera tenemos la confianza de que respete el procedimiento de sanción de las leyes, que es algo gravísimo. Eso lo suele hacer porque no quiere difundir los proyectos que se están tratando en la Legislatura. Hay muchas leyes que no pasan por la audiencia pública porque el gobierno no quiere que el resto de la ciudadanía se entere y tenga que brindar información con respecto a las políticas urbanas que se van adoptando”, cerró Jonatan Baldiviezo. DESCARGAR
-
Páginas