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Lesa Humanidad

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Por un par de jornadas, la Sala Cachito Fukman de La Retaguardia se convirtió en un set de filmación porque comenzó a gestarse una serie documental sobre los juicios de lesa humanidad. Fueron dos días de conmovedoras y profundas conversaciones entre protagonistas de los diversos procesos judiciales que transmitimos en vivo junto a otros medios comuntarios y autogestivos. Quiénes serán protagonistas. Participaron Nora Cortiñas, Pablo Llonto, Gabriela Sosti, Teresa Laborde Calvo, Sueco Lordkipanidse, Virginia Croatto, Guadalupe Godoy, Ana Oberlin, Ana María Careaga, Analía Kalinec, Alcira Camusso, Daniel Mercogliano, Bárbara García, Viviana Losada, Mónica Dittmar, Gerardo D’Elloro, Cármen Celiz y Daniel Giovannini. A pesar del cansancio de las dos jornadas durísimas de trabajo, el agradecimiento del equipo de La Retaguardia es enorme hacia quienes aceptaron la invitación y le pusieron el cuerpo. Sentimos orgullo de haber recibido en nuestra casa a parte de quienes sostienen los juicios todos los días para ponerse en manos del cuidadoso equipo de filmación a cargo de Liz Domeq y Diego Domínguez, que registraron maravillosamente los diálogos, abrazos y angustias compartidas. Pronto podremos compartir el resultado final. Por ahora, van estas muestras fotográficas, y un enorme gracias a quienes protagonizarán esta serie que se realiza con el Fondo Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

En la audiencia 15 declaró Gabriel Kordon, compañero de militancia de Gabriel Porta Olivastri, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976. Porta era dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y militante del PCR. También dio testimonio Pablo Rush, quien forma parte junto con Kordon de la comisión de Homenaje a Porta y a otras personas desaparecidas de la facultad. Ambos señalaron como responsables de su desaparición al decano interventor, Ichiro Mizuno, y a Norberto Antonio Cestoni, del Batallón 601. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia Gabriel Porta Olivastri, dirigente estudiantil y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), fue secuestrado y desaparecido en noviembre de 1976. Porta tenía bajo su responsabilidad los fondos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y lo asesinaron, porque se negó a entregarlos a los genocidas que intervinieron la casa de estudios luego del golpe de 1976.En los años siguientes, la figura de Porta fue reivindicada por su compañero de militancia, Gabriel Kordon, quien al declarar en el juicio Puente 12 III, pidió castigo para “los responsables del martirio” de quien fue “un ejemplo de dirigente estudiantil”.También declaró Pablo Rush, quien junto con Kordon forman parte de la Comisión de Homenaje a Porta y a otros 33 desaparecidos y desaparecidas de la Facultad de Agronomía. Los testigos señalaron a dos de los responsables de la desaparición de Porta: el decano interventor, Ichiro Mizuno; y el agente civil del Batallón 601 del Ejército, Norberto Antonio Cestoni, quien quería apropiarse de los fondos estudiantiles. Kordon y Rush cerraron con sus testimonios la audiencia 15. ¿Qué pasó con Gabriel Porta? El testigo Gabriel Alejandro Kordon se refirió al secuestro y desaparición de Gabriel Porta Olivastri, de quien fue compañero de militancia política en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y en el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI). Porta era uno de los tres responsables del Centro de Estudiantes de la Universidad de Agronomía (CEABA) y tenía a su cargo el manejo de los fondos, que estaban depositados en el Banco Nación, sucursal Agronomía. Luego del golpe de 1976, la universidad fue intervenida y el Centro de Estudiantes quedó en manos de personas designadas por el decano interventor, el ingeniero agrónomo Ichiro Mizuno, delegado militar de la facultad. Una de las autoridades de facto era Norberto Antonio Cestoni, miembro del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Además de la persecución a docentes, no docentes y estudiantes, se apropiaron de las instalaciones y de los bienes estudiantiles.Porta comenzó a advertir irregularidades en el manejo del dinero por parte de la intervención, motivo por el cual abrió un expediente administrativo donde denunciaba lo que estaba pasando. Cestoni le había solicitado la firma de un cheque para el traspaso de los fondos, pero Gabriel se negó a firmar.Fue secuestrado el 25 de noviembre de 1976, el mismo día en que se recibió una respuesta al expediente que el joven había iniciado. El secuestro fue en el domicilio en el que vivía con su familia, en la localidad de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón. El secuestro fue cometido por efectivos que dijeron pertenecer a la Coordinación Federal. “Hoy Porta es uno de los 30 mil desaparecidos”, dijo Kordon.A Porta lo llevaron a Puente 12. El testigo aclaró que eso lo pudo saber “gracias a las investigaciones realizadas” por los integrantes del Grupo de Homenaje a Porta, del que forma parte. “Lo que queremos saber es, ¿quiénes lo secuestraron? ¿Quiénes lo trasladaron a distintos centros de detención? ¿Quiénes son los responsables del martirio? Y queremos saber dónde está Gabriel Porta y qué pasó con él”, declaró Kordon.Ante una pregunta de la abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nadia Schujman, el testigo ratificó que Porta era “un referente para el FAUDI y para el PCR, un ejemplo de dirigente estudiantil, muy querido por todos”.Luego del secuestro, compañeras y compañeros del FAUDI y del PCR repartieron volantes con la foto de Porta para denunciar lo ocurrido. Por esa razón, algunas de las militantes fueron detenidas. El testigo mostró en la transmisión virtual, uno de los volantes pidiendo la aparición con vida de Porta.Acerca de cómo se enteró que Norberto Cestoni pertenencía al Batallón 601, el testigo señaló que obtuvieron el dato de la página desaparecidos.org.ar, donde figura la nómina del personal civil del Batallón. El dato fue corroborado en una nota de la revista “Ceres”, en la que se afirma que quien pidió el traspaso de los fondos de los estudiantes era un integrante civil del Batallón 601. El testigo recalcó que luego de la intervención “todos los alumnos, docentes y no docentes” sufrieron persecución, porque “se prohibió la actividad política”.La Comisión de Homenaje a Gabriel Porta fue creada en 2017, por el ejemplo que dio, por su militancia y su “calidez humana”. De la creación participaron personas de la vieja y la actual militancia de la FAUDI, del PCR y de otras agrupaciones. Una de las tareas de la comisión es investigar lo ocurrido con los fondos y sobre el destino de Porta. Uno de los temas importantes relacionados con los fondos, era que permitían proveer de apuntes gratuitos a los y las estudiantes.El testigo insistió en que Porta “no sólo tuvo compromiso político por la transformación revolucionaria” sino que también tenía “una gran capacidad de disfrutar de la vida, los campamentos estudiantiles, la vida al aire libre y los fogones”. Por eso, “todos respetaban su coherencia, su compañerismo, su preocupación por los más necesitados lo que lo hizo trascender a todos los compañeros de la facultad”.Sobre cómo supieron que Porta estuvo en Puente 12, Kordon respondió que en el marco de la investigación que realizaron hubo muchas reuniones virtuales. En una de ellas, en 2014, les llegó el testimonio de una persona que fue trasladada junto con Gabriel Porta, primero a un centro clandestino que no pudo identificar y luego a Puente 12. Allí estuvieron juntos durante un tiempo. El que brindó esa información

La UNESCO lo declaró hoy Patrimonio de la Humanidad. Comparte crédito con Auschwitz y la cárcel en la que estuvo preso Nelson Mandela. De la polémica por su nacimiento al reconocimiento internacional. Redacción: Camila Cataneo / Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez Otero Esta mañana la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Museo Sitio de Memoria ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).Este espacio se creó en el Casinos de Oficiales, uno de los edificios del megapredio en el que funcionó el quizá más emblemático Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar. La propuesta fue aprobada en el marco de la 45° Sesión del Comité del organismo internacional que tuvo lugar en Arabia Saudita. A partir de este momento, el museo será incluido en la lista de monumentos y zonas protegidas que tienen “valor universal excepcional”. En la ESMA se estima que estuvieron en cautiverio unas 5 mil personas, que fueron torturadas y obligadas a trabajar como mano de obra esclava. También se apropiaron 30 bebés que nacieron dentro del centro clandestino durante el cautiverio de sus madres, que fueron desaparecidas luego de parir. La mayoría de las víctimas fueron arrojadas desde aviones al mar, muchas veces aún con vida y adormecidas; otras fueron incineradas dentro del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entre quienes sobrevivieron, un grupo dedicó su vida posterior a dejar testimonio. Algunas de esas personas se opusieron a la instalación de este museo durante 2014. Consideraban que alteraba el lugar que aún hoy es prueba en los juicios. Hasta allí, el espacio permanecía tal cual lo había dejado la Marina y era custodiado por el Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Entre quienes alzaron su voz estaba Víctor Basterra, el testigo esencial de la megacausa por las fotos de genocidas que registró y sacó de la ESMA. Ya con el museo instalado, unos meses antes de su muerte, Basterra participó de “La visita de las Cinco”, y de alguna manera zanjó las diferencias. Actualmente, el museo funciona como espacio que busca concientizar, educar y mantener viva la memoria. Recibe miles de visitas de contingentes de estudiantes y turistas extranjeros que no pueden creer lo sucedido durante el último genocidio en Argentina.Este nombramiento se convierte de manera visible en una doble herramienta: por una lado, como respuesta a la avanzada apologista de la dictadura revitalizada por el protagonismo de la diputada nacional Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por la ultraderecha; por otra parte, será más difícil cualquier maniobra que se pretenda sobre el predio si La Libertad Avanza se impone en la próximas elecciones. Ninguno de los dos items es poca cosa. Pero hay una tercera función no menos relevante que puede cumplir este reconocimiento internacional: impedir que el Campo de deportes en el que se incineraban los cuerpos sea cedido a River Plate para que construya su propio campo sobre un verdadero cementerio.

En la audiencia 15 del juicio Puente 12 III, el sobreviviente Dalmiro Suárez revivió el calvario de su familia. En noviembre de 1974 lo secuestraron junto con su hermana Nelfa Suárez, quien estaba embarazada; y con sus cuñados, María Ester Alonso y Víctor Taboada, militantes del PRT-ERP. Los llevaron al centro clandestino Puente 12, donde los “torturaban por turnos”. También declaró Norma Luján Cora por el secuestro y desaparición de su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Antes del secuestro de Dalmiro Suárez, la Triple A había asesinado a su hermano Arístides Suárez. Con posterioridad también fueron secuestrados sus hermanos Nora, Mario y Omar.  El sobreviviente estuvo preso en el “Pabellón de la Muerte” de la Unidad 9 de La Plata y en otras cárceles, hasta octubre de 1983. Algunos de sus torturadores fueron el agente de la SIDE Aníbal Gordon y el policía Félix Madrid. Dalmiro dijo que las secuelas de su calvario “existieron, existen y existirán”, pero reivindicó el hecho de seguir “compartiendo con los compañeros de militancia una guitarreada, un asado, reírnos y también ponernos tristes”.  También prestó testimonio Norma Lujan Cora, quien se refirió al secuestro sufrido por su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti, el 14 de mayo de 1976. Antes de su desaparición, su marido había sufrido persecuciones y atentados en los que resultó herido de gravedad. Aunque en la causa existen datos sobre la presencia de su esposo en Puente 12, la testiga dijo que ni ella ni su hija tienen información precisa sobre el destino final de Rodolfo Aníbal.  El Caso Leonetti En la audiencia 15 se desistió del testimonio de Rolando Clashman, mientras que la testiga Silvia Porta no pudo presentarse por problemas de salud. La primera en prestar testimonio fue Norma Luján Cora, quien se refirió al secuestro y desaparición de su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti. Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 1976, cuando la víctima salió de la casa en la que estaba viviendo, en Ituzaingó, con el propósito de tomar el tren y concurrir a su trabajo en un estudio jurídico en la Ciudad de Buenos Aires. Leonetti, de 29 años, era estudiante de Psicología, realizaba tareas de prensa sindical, era militante gremial y de la Juventud Peronista (JP).  Como su esposo estaba siendo perseguido, se habían mudado a la casa de su hermano, en Ituzaingó. La testiga también militaba en la JP. A su esposo se lo conocía con el apodo “Aníbal” y a ella le decían “Ana”. Los dos participaban en reuniones de formación política y realizaban actividades en distintos lugares.  Explicó que su esposo había sufrido persecuciones en forma constante. “La más grave fue cuando lo balearon” en 1975. Él estaba en la Unión Obrera Metalúrgica cuando lo llevaron a un campo, en Rawson,  donde fue “ametrallado”, aunque “por fortuna pudo llegar hasta una ruta y un camionero lo llevó al hospital, donde le salvaron la vida”.  Cuando estaba internado, una persona ingresó al hospital, redujo a la custodia policial y le aplicó una inyección con el propósito de quitarle la vida. Los médicos actuaron a tiempo y lo salvaron. Desde ese momento, sufrió amenazas y seguimientos en distintas provincias.  Sobre la desaparición de su esposo, dijo que nunca pudo averiguar nada, aunque hizo presentaciones en forma personal y con la ayuda de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos. Cuando hizo la denuncia policial, un oficial se burló de ella: “Me dijo que se había ido con una rubia”, contó. Todo lo que pudo saber es que lo secuestraron en Morón, cuando lo hicieron bajar del tren que había tomado en Ituzaingó. Le dijeron que había fallecido “en un enfrentamiento en riña”. Ella hizo la denuncia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero nunca supo a ciencia cierta cuál fue el destino de su esposo.   La fiscal Viviana Sánchez le preguntó si tenía alguna información sobre la posibilidad de que Rodolfo Leonetti hubiera estado secuestrado en Puente 12.  Como la testigo dijo no saber nada al respecto, la fiscal Sánchez le ofreció —una vez finalizado su testimonio— darle información sobre esa posibilidad. La testiga dijo, en ese momento, que había sabido de alguien que estuvo secuestrado en el mismo lugar que Rodolfo, pero eso era todo lo que sabía al respecto.  Norma Luján Cora, con la voz quebrada, dijo que su hija tenía cuatro años cuando desapareció su papá. Habló del daño moral, de ella y su hija, por “no saber qué pasó, por no tener un cuerpo, porque es una incertidumbre muy grande”. Además, agregó: “Ya pasaron años y todo sigue en pie, para mí y para su hija, que no tiene dónde ir a visitarlo, que festeja todos los años su cumpleaños, sin saber dónde está. Son muchos años, pero el dolor sigue”.  La historia de la familia Suárez Luego declaró el sobreviviente Dalmiro Suárez, quien fue secuestrado el 13 de noviembre de 1974, cerca de las nueve de la noche, en la entrada de su casa, en San Martín 14, de Bernal, partido de Quilmes. “Desde los techos saltaron sobre mí cinco personas, me detuvieron y me metieron en la casa”, relató. Allí se encontraba también su hermana, Nelfa Suárez de Taboada, quien estaba en el quinto mes de embarazo. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas.  A Dalmiro lo tiraron al piso, boca abajo, con las manos en la espalda. En la casa también vivían Víctor Manuel Taboada, el esposo de Nelfa, y María Ester Alonso, quien había sido novia de Arístides Suárez, hermano de Dalmiro, quien había sido asesinado por la Triple A en octubre de ese mismo año. El cuerpo de Arístides nunca fue encontrado.  Dalmiro dijo que antes de la muerte de su hermano, la familia vivía en la localidad de Don Bosco, junto con sus padres.  Después del asesinato se habían mudado a Bernal, porque sabían que muchos de ellos figuraban en “un listado” de la Triple A. La organización de extrema derecha solía hacer

Sonia Edith Rodríguez estuvo por última vez con sus padres cuando tenía 8 años, el día de su cumpleaños, en marzo de 1976. Recién a los 13 sus tías le dijeron que estaban desaparecidos. Hace unos años supo que estuvieron secuestrados en Puente 12, a partir de los datos que aportó un gremialista de la Unión Obrera Metalúrgica.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero La testiga Sonia Edith Rodríguez dio testimonio sobre el secuestro y desaparición de su madre, Edith Vera, quien tenía 33 años; y el de su padre, Pablo Tomás Rodríguez, de 35. Los dos habían sido delegados gremiales en Córdoba, provincia de la que eran oriundos. También eran militantes del PRT-ERP. En 1974 se habían mudado a la Ciudad de Buenos Aires.   Dijo que su mamá y su papá fueron secuestrados a fines de marzo de 1976. Durante muchos años pensó que habían sido llevados “al campo de concentración del Vesubio”, pero hace poco se enteró que estuvieron en Puente 12. En ese marzo de 1976, la familia, que vivía en Buenos Aires, había viajado a Córdoba, para celebrar el cumpleaños de la testiga, que tenía apenas 8 años.  Sus padres le dijeron que tenían que regresar a Buenos Aires por cuestiones relacionadas con su trabajo y ella se quedó en Córdoba, en casa de su tía Sonia Vera, hermana de su mamá. Su tía estaba casada con un suboficial de la Fuerza Aérea. Tras la desaparición de sus padres, la testiga no volvió “nunca más a Buenos Aires”. Con el tiempo supo que el domicilio familiar en la Capital Federal era Avenida del Trabajo (hoy Eva Perón) al 3400.  Recién en febrero de 1981, cuando estaba por cumplir 13, sus familiares le dijeron que su mamá y su papá “no van a volver, porque han desaparecido”. Eso fue lo único que le dijeron. Antes, le decían que ellos “estaban de viaje, después que estaban presos o que habían tenido un accidente”.  Acerca de lo que le explicaban su tía y tío, dijo: “N“No querían decirme más, porque siento que los incomodaba con mis preguntas, porque no sabían o no querían decirme más”.  Ante preguntas de la fiscal Viviana Sánchez, la testiga comentó que ella supo mucho después la dirección de su casa en Buenos Aires y que sólo recordaba el número de teléfono de la casa. Llamó muchas veces a ese número, desde teléfonos públicos, en Córdoba, pero “nunca respondía nadie”. Muchos años después quiso conocer la casa, pero los nuevos propietarios no le permitieron ingresar.  Rodríguez explicó que sus padres habían regresado a Buenos Aires en marzo de 1976 “porque estaban siendo perseguidos” y no querían comprometer a su tío “que era suboficial de la Aeronáutica”.  Por su tía Mari, hermana mayor de su mamá, supo que a sus padres los habían secuestrado entre la medianoche del 31 de marzo de 1976 y la madrugada del 1 de abril. Su tía los había acompañado en el viaje de regreso a Buenos Aires y el 1 de abril, preocupada porque no respondían sus llamados, fue hasta la casa de Avenida del Trabajo. “Ella sintió que la estaban siguiendo y una vecina de mis padres le dijo que no entrara a la casa, porque a la medianoche se los habían llevado”, declaró la testiga. Se los llevaron vestidos “con ropa de cama”. Su tía Mari le dijo que se los habían llevado “los milicos, que para nosotros en Córdoba son los oficiales del Ejército o de la policía”.  El caso fue denunciado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) por otra de sus tías, Gladys Amanda Vera. Por intermedio de un hombre que era de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) supieron que por lo menos hasta el 26 de abril “los dos estaban con vida” en el lugar donde estuvieron secuestrados, que ahora sabe que era Puente 12 y no el Vesubio. “Lo que dijo es que mi mamá lloraba mucho y que mi papá pedía que lo torturaran a él, para que a ella no la toquen”, contó. Su padre estaba “en muy mal estado, muy mal herido”. Su tía Gladys le pidió a ese hombre que fuera a declarar, que diera más datos, pero él “le dijo que no, que no iba a hablar, que no iba a decir nada más”. Ese hombre pudo recuperar su libertad por gestión personal del exsecretario general de la UOM Lorenzo Miguel.   La testiga habló también sobre el secuestro de su tío Wenceslao Vera. Lo detuvieron en la esquina de la Avenida del Japón y Juan B. Justo, en la ciudad de Córdoba. Vera realizaba “trabajo social con chicos humildes, para darles de comer o para jugar al fútbol”. El secuestro de su tío fue anterior al de sus padres. Se lo llevaron cuando estaba “en una cancha de fútbol”, en un campeonato para niños. Lo subieron a un vehículo y estuvo desaparecido muchos años, hasta que encontraron sus restos en una fosa común del cementerio San Vicente, en Córdoba. Era secretario general del gremio Obras Sanitarias. “Los que secuestraron a mi tío eran vecinos, eran conocidos de la familia, porque nosotros vivíamos en el barrio Liceo, un barrio de militares y policías”, relató.  Ante una pregunta de la fiscal Sánchez, la testiga dijo que su padre tenía el apodo de “Mandrake”, como el mago de historieta, y a su mamá le decían “Marina”. La testiga recordó que en su casa de Buenos Aires se hacían reuniones con “gente joven” a los que ella les decía “tíos o tías”, aunque no lo fueran. Algunos de esos “tíos” eran Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo. Además, en su casa en Buenos Aires encontraron refugio algunas de las presas políticas que se fugaron a la cárcel cordobesa del Buen Pastor. Aclaró que ella nunca ocultó quiénes eran sus padres y que estaban desaparecidos.  Sonia Edith Rodríguez afirmó que, por lo vivido, todos sus tíos “con el paso de los años empezaron a tener problemas mentales, estuvieron

José María Lanfranco, militante de la agrupación Política Obrera y sobreviviente del Centro de Tortura y Exterminio Puente 12, declaró en la audiencia 13 del juicio.  Fue secuestrado junto con Daniel Mirkin, Oscar Carbonelli y María Elena Hernández. Contó las torturas que sufrió durante su cautiverio y el simulacro de fusilamiento que le hicieron a él y a Carbonelli. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero En mayo de 1975, José María Lanfranco militaba en la agrupación Política Obrera (PO), cuando fue secuestrado junto con una compañera y dos compañeros. Los llevaron al Centro de Tortura y Exterminio de Puente 12. Los cuatro fueron torturados con picana eléctrica. “El sufrimiento era tan terrible, que creí que me moría ahí”, afirmó el sobreviviente. Lanfranco recuperó su libertad en julio de 1977, cuando pudo salir del país para exiliarse en Francia, donde todavía reside.  Al declarar en la audiencia 13 del juicio Puente 12 III, Lanfranco sostuvo que los guardias “pasaban, se reían y nos golpeaban” durante las sesiones de tortura.   Lanfranco fue secuestrado el 1 de mayo de 1975, en San Justo, junto con Daniel Mirkin, Oscar Carbonelli y María Elena Hernández, quienes ya declararon en las primeras audiencias de este juicio.  El testigo formaba parte de Política Obrera (PO), antecedente de lo que luego fue el Partido Obero (PO). Lanfranco aclaró que era una organización “no guerrillera” y que los detuvieron por realizar reuniones con vecinos para conmemorar el Día del Trabajador.  Aclaró que integraba un grupo que se dedicaba a controlar lo que sucedía cuando terminaban las reuniones y los compañeros y compañeras comenzaban a retirarse. “El temor era que aparecieran grupos de operaciones de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que ya nos habían matado dos camaradas”, contó.  Cuando él y sus tres compañeros se retiraban, aparecieron dos autos marca Torino de los que bajaron policías de civil que “nos obligaron a acostarnos en el suelo y nos pusieron nuestros  abrigos de capucha”. Era un día de “mucho frío” y ellos estaban con “el torso al descubierto”. Uno de los policías estaba “muy nervioso” y “se le escapó un tiro”.   Los subieron a los coches y los llevaron a la comisaría de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí, permanecieron varias horas. A él le robaron el gamulán que llevaba puesto y su reloj. A la noche, los trasladaron a otro lugar y al llegar los “bajaron a los golpes”.  Apenas llegaron, lo subieron al elástico metálico de una cama, le mojaron el cuerpo y lo torturaron con picana eléctrica. Le preguntaban si pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), para que dijera qué atentado estaban preparando.  “Yo les decía que pertenecíamos a Política Obrera, que hacíamos acciones democráticas y sindicales, y seguían exigiendo que les diga quienes eran mis compañeros de guerra”, recordó. Luego, el testigo contó que fue llevado al calabozo y lo dejaron ahí “en pésimas condiciones”. Desde ese lugar, escuchaba los gritos de los tres compañeros con los que había sido secuestrado.  Las torturas duraron mucho tiempo. Los llevaban a una sesión, volvían al calabozo y de nuevo a la tortura. “Luego me llevaron, creo, a un galpón, por la resonancia (que tenía el lugar)”, declaró. No podía ver nada, porque seguía encapuchado. “El sufrimiento (en la tortura) era tan terrible, que yo creí que me moría ahí”, dijo. Además, los guardias pasaban, se reían y le pegaban. Con el cambio de guardia, el trato fue menos duro y uno de los custodios le levantó la cabeza con las manos y le dijo: “Tranquilo pibe, no te agites que te vas a morir”.  Más tarde, los hicieron subir a una camioneta donde los “apilaron a todos como ganado”. Lanfranco aún recuerda el olor que tenían, porque “no nos llevaron al baño, no nos dieron agua ni comida”. Los trasladaron de nuevo a la comisaría de San Justo y, luego, a la de Villa Madero. En esa comisaría les quitaron las vendas y a los tres hombres los pusieron en una celda con detenidos comunes que los asistieron en forma solidaria.  En la comisaría de Madero fueron interrogados “de forma violenta” por un policía “que estaba nervioso” cuando les hacía las preguntas y de alguna manera inducía y tergiversaba las respuestas. Recién el 10 de enero de 1976, los familiares de los cuatro pudieron tomar contacto con ellos.  “Habían allanado la casa de mi madre. A mi padre, que había fallecido siendo suboficial mayor de la Marina, le robaron el arma de servicio, junto con otras pertenencias”, contó. Con posterioridad, Lanfranco, Mirkin, Carbonelli y Hernández  fueron trasladados al penal de San Martín. Los últimos tres pudieron salir en libertad.  A Lanfranco lo dejaron en prisión “bajo la acusación de tenencia de un arma de guerra”. El 25 de diciembre de 1976, sin pruebas, lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta julio de 1977. Luego, pudo salir del país y permanecer en Francia como refugiado político, hasta diciembre de 1983. En ese momento , obtuvo la nacionalidad francesa y sigue viviendo en ese país.  Aclaró que hace poco pudo saber que estuvo secuestrado en Puente 12. Recordó que cuando lo sacaron de allí, a él y a Carbonelli les “pusieron un revólver en la boca y gatillaron con el arma descargada”. Les pedían que confiesen supuestos hechos, mientras se reían al ver sus rostros.  Acerca de las personas que los interrogaron en Puente 12, dijo que había “una persona capacitada, formada que, además, estaba preparada para los interrogatorios”. Remarcó que ese represor tenía conocimiento sobre torturas y  sabía “algunas cosas de la organización Política Obrera, tenía información” sobre ellos. Agregó que “los menos capacitados eran los más salvajes, más violentos en las torturas”. Consideró que “el más capacitado era un superior, porque los otros tenían un lenguaje vulgar entre ellos, pero cuando se dirigían a esta persona eran más respetuosos”. El testigo dijo que después del paso por las comisarías fueron llevados a un juzgado que

En la audiencia 13 del juicio Puente 12 III, el sobreviviente Luis Rogelio Amarilla dio testimonio sobre su secuestro y acerca del homicidio de su hermano Fernando Amarilla. En el mismo operativo en el que fue asesinado su hermano, resultó herida su cuñada, Ramona Benítez, quien estaba embarazada. Ella, al igual que el testigo, fue llevada a Puente 12 y apareció muerta años después. También declaró Luis Caballero, quien fue secuestrado y llevado a Puente 12 durante un operativo donde también cayeron su amiga Margarita Sánchez Hernández, y su cuñado Pedro Torreta.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Luis Rogelio Amarilla fue secuestrado el 16 de mayo de 1976, cuando vivía con su familia en un complejo habitacional de Dock Sud, partido de Avellaneda. Cerca de las nueve de la noche, su padre le comentó que había “movimientos raros” en el barrio, por la presencia de fuerzas “policiales o del Ejército”. Minutos después sonó el timbre, abrieron la puerta del departamento y un grupo armado entró en forma violenta. El testigo, su padre y su madre fueron llevados en primer lugar a la comisaría tercera de Dock Sud y luego a la Brigada de Avellaneda, cuya sede estaba en el partido de Lanús. Por el hecho de conocer muy bien la zona, Amarilla supo que estaba en esa brigada, a pesar de que le habían puesto una capucha.  Con posterioridad, él solo fue trasladado a un lugar descampado que luego pudo identificar como Puente 12 o Brigada Güemes.  El secuestro ocurrió entre el domingo a la noche y la madrugada del lunes. En el centro de tortura y exterminio estuvo cuatro días, lo liberaron el jueves, siempre permaneció encapuchado.  Aunque no recibió maltrato físico permanente, fue golpeado en el estómago por uno de los guardias, cuando le pidió permiso para ir al baño.  “Yo estaba operado de una hernia”, dijo, de manera que el golpe le produjo un dolor intenso. Señaló que recibió “tortura psicológica” durante la permanencia en Puente 12. En el momento del secuestro, Amarilla tenía “entre 18 y 19 años”. El testigo, que dijo tener “militancia a nivel barrial”, no pudo identificar a sus captores, pero estimó que se trataba de una fuerza conjunta del Ejército y la Policía Bonaerense.  El testigo, a pedido de la Fiscalía, relató también lo que le pasó a uno de sus hermanos, Fernando Amarilla, que sí era militante político. A Fernando y a su novia, Ramona Benítez “Bety”, los interceptaron durante un operativo en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Fernando tuvo un problema con su camioneta y le dijo a su novia que bajara del vehículo y saliera corriendo. El testigo dijo que “a ella la hirieron” y a su hermano “lo mataron”.  Al retomar el tema de su secuestro y traslado a Puente 12, precisó que desde la Brigada de Avellaneda lo llevaron “en una (camioneta) estanciera, de esas viejas que tenía la policía”. A pesar de la capucha se dio cuenta que era un lugar descampado “por el césped, el sonido de los pájaros y el ruido de los autos que pasaban lejos”. Precisó que en la entrada había “una especie de tranquera”, un dato común a las víctimas de Puente 12.  Lo llevaron a una sala, lo hicieron sentar, le levantaron la capucha y le dijeron: “Vas a ver a una persona y nos vas a decir si la conoces o no”. La persona era Bety, la novia de su hermano. Él admitió que la conocía y después lo llevaron a un calabozo pequeño, de dos metros por uno. “Me dejaron en un lugar donde había una claraboya en el techo”, relató el testigo, quien aportó otro dato coincidente con lo dicho por los sobrevivientes.  Luego escuchó la voz de Bety que lo llamaba: “Luis, Luis, ¿cómo estás?”. El le dijo “por ahora estoy bien”. Cuando le hizo la misma pregunta a ella, Bety respondió: “Estoy mal, a mí me la dieron y a Fernando se la dieron”. Ese fue “todo el diálogo” que pudo tener con ella.  Amarilla contó que podía levantarse la capucha con las manos. Al espiar “por la rendija de la puerta” del calabozo vio “en un salón techado varias cuchetas de los calabozos, parecían colchones con gente acostada, tirada”. Escuchó a personas decir “a mí me mataron”, en alusión a las torturas que habían sufrido. También se oían “los gritos tremendos” de las personas que estaban siendo torturadas.  El fiscal Esteban Bendersky le preguntó si supo algo sobre el embarazo de Ramona Benítez. Respondió que sí, porque ella y su hermano le habían contado a la familia que ella estaba “de 2 meses y medio o 3 meses”.  Cuando lo dejaron en libertad estaba “sin un mango, con frío y todo sucio”. En un mercado de frutas, unos empleados le dieron algo de dinero y pudo llegar a la casa de un tío suyo. Allí supo que sus padres habían sido liberados al día siguiente de su detención.  Sobre el operativo en el que fue herida Bety y asesinado su hermano, señaló que mucho tiempo después inició las averiguaciones porque lo que había vivido le dejó secuelas. “Uno queda mal, yo perdí el trabajo a causa de esto, no dijeron que me echaron por el secuestro, buscaron una forma elegante de echarme diciendo que robé líquido para frenos”, relató.  Lo que le tocó vivir lo dejó “con la guardia baja y uno acepta todo, quiere recluirse para ordenar la cabeza, porque se siente una porquería al ver que otro ser humano te trata de una manera tan baja”.  Precisó que el operativo donde cayó su hermano fue en la avenida Rosales, en Remedios de Escalada, frente a la casa de un amigo suyo, Jorge, ya fallecido. “El vio que una camioneta se quedó”, que los venía persiguiendo la policía, que una chica salió corriendo y que la hirieron. Sin duda era Bety, mientras que su hermano Fernando “se quedó resistiendo, fue herido y después lo remataron”. Otra versión que

Carlos “Sueco” Lordkipanidse estuvo desaparecido en la ESMA y pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicte una medida de no innovar sobre el campo de deportes, porque el lugar fue utilizado para incinerar cuerpos de personas secuestradas. Otro tribunal autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que le otorgue el uso del terreno al Club Atlético River Plate para que construya una serie de instalaciones deportivas.   Texto: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero El Sueco Carlos Gregorio Lordkipanidse estuvo secuestrado en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta principios de 1981. El 6 de septiembre de 2023 volvió a declarar en un tramo del megajuicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio.  En esta oportunidad, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires que dicte una medida de no innovar sobre el campo de deportes de la ESMA porque el lugar fue utilizado para incinerar cuerpos de personas secuestradas. El Sueco explicó que los miércoles los genocidas de la ESMA realizaban los traslados de detenidos y detenidas hacia el “destino final”: los vuelos de la muerte que salían del Aeroparque Jorge Newbery. Desde ahí eran arrojados con vida al mar.  Pero si las y los secuestrados eran asesinados antes del miércoles se modificaba el método para su desaparición. “Si una víctima llegaba muerta al centro clandestino un día viernes no iban a esperar hasta el miércoles. Lo mismo quienes fallecieron producto de la tortura y de los maltratos un día lejano al día de traslados”, detalló Lorkipanidse.  “La Escuela de Mecánica de la Armada nunca tuvo morgue por lo tanto (al cuerpo) nunca se lo pudo preservar más allá del espacio del edificio de oficiales y la solución era que se utilizaba el campo de deportes como lugar de cremación”, explicó el testigo con la sencillez de quien cuenta algo que ya se sabe. El Tribunal no lo ignoraba tampoco porque en la inspección ocular Ana María Soffiantini y Ricardo Coquet, sobrevivientes del genocidio, le relataron lo ocurrido en ese predio lindero a la ESMA y la importancia de recuperarlo como Sitio de Memoria.  La urgencia de este pedido radica en que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a otorgar al “Club Atlético River Asociación Civil” un permiso de “uso precario y gratuito” del Campo de Deportes de la ESMA para que modifique el terreno y construya una serie de instalaciones deportivas.  Además de mancillar la memoria de las víctimas del último genocidio, entorpecerían a la Justicia ya que se trata de “un lugar de prueba” judicial.  Lordkipanidse dijo que al menos 12 personas podrían haber sido incineradas en ese lugar en el periodo que estuvo secuestrado. Recordó además que, al momento de los hechos, no era un campo de deportes. “En aquel entonces no había actividades deportivas, era un campo de entrenamiento. Se desarrollaban actividades de entrenamiento de combate”, explicó. El sobreviviente estuvo en una inspección ocular en el campo de deportes y pidió que se preste especial atención a dos lugares: “Una plancha de cemento de concreto, que nunca fue investigado lo que hay abajo y que las fotos de la época y el testimonio del conscripto (y sobreviviente) Aníbal Prado Marín dice que en ese lugar no estaba tal plataforma.  Y un garage, o galpón semicilíndrico, que tampoco fue investigado ahí abajo. Independientemente de estos dos lugares, pedimos que se declare la medida de no innovar en todo el predio”, aclaró. “Hago un pedido de que se promueva una medida de no innovar en todo el predio”, reiteró Lorkipanidse, porque existe la posibilidad de encontrar restos de personas secuestradas por el único imputado que tiene este tramo del juicio, el exteniente de navío del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Guarrochena El pedido fue acompañado también por la Fiscalía y el Tribunal ahora deberá tomar una decisión.  Los 12 nombres de las víctimas:Daniel EchevarríaJorge Salvador GulloRaimundo VillaflorRicardo SáenzGuillermo AmarillaHugo PalmeiroGraciela AlbertiRicardo SoriaSilvia  DameriOrlando RuizAlcira MachiJulio Villar

Lo dijo Teresa Laborde, hija de la sobreviviente Adriana Calvo, en el repudio al “homenaje a las víctimas del terrorismo” que organizó la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel en la Legislatura porteña. Las voces de otras y otros referentes de Derechos Humanos y de integrantes del colectivo Historias Desobedientes. Entrevistas: Fernando TebeleRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero/Valentina MaccaroneFotos: Natalia Bernades/La Retaguardia Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, espacio que lidera Javier Milei, organizó un “homenaje a las víctimas del terrorismo” en la Legislatura porteña. Fue en el Salón Dorado del edificio. Si bien Villarruel seleccionó casos emblemáticos e invitó a familiares de personas que fallecieron en ataques llevados a cabo por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), es conocido que la candidata a vicepresidenta tiene como objetivo volver a poner en discusión la Teoría de los dos demonios, o más bien, reivindicar al Terrorismo de Estado. Villarruel creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), con llamativas similitudes al nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En las últimas semanas, la abogada Guadalupe Godoy fue entrevistada por La Retaguardia y Pulso Noticias y contó que el nombre y contacto de Villarruel aparecía en papeles del genocida 9 veces condenado Miguel Etchecolatz. También, se supo que organizaba visitas a Jorge Rafal Videla. La Retaguardia estuvo en la movilización que hubo afuera de la Legislatura y tomó testimonios de referentes y referentas de Derechos Humanos, que son claves para comprender la gravedad institucional de este acto. Bibiana Reibaldi es integrante de Historias Desobedientes. Este colectivo, conformado en 2017, tiene mucho para aportar ante este acto organizado por Villarruel, porque son familiares de genocidas que decidieron denunciar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus familiares. “Historias Desobedientes está aquí, porque somos familiares de genocidas, pero por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Somos desobedientes, no obedientes, como Victoria Villarruel, que es hija obedientísima de todo un sistema nefasto, criminal. Es sometida, igual que su jefe. No tiene ningún tipo de cuestionamiento. Nosotros no avalamos los crímenes de lesa humanidad de nuestros familiares, sino todo lo contrario. Los repudiamos enfáticamente. Hemos recibido de la sociedad y de los organismos de derechos humanos el ejemplo de luchar y funcionar como colectivo. Juntos y juntas nos sentimos más fuertes para afrontar lo que nos tocó, atravesar y transformar lo que podamos”, dijo Reibaldi. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Analia Kalinec también es integrante de Historias Desobedientes. Su padre, Eduardo Kalinec, era policía Federal y lo conocían como el “Doctor K2, un feroz torturador. Analía escribió el libro Llevaré su nombre. La hija desobediente de un genocida, publicado en 2021.“Acá estamos, contundentemente, para repudiar estos actos. La sociedad argentina dice que no a estos atropellos. Y venimos acá, de familiar de genocida a familiar de genocida, directamente, a decirle a Villarruel que, más allá de nuestros lazos filiatorios, también tenemos el deber moral de repudiar estos crímenes. Ella es una hija obediente del genocidio, no ha podido hacer conciencia a pesar de todo el recorrido, de todos los testimonios, de todos los juicios, de todo lo que ya hemos construído como sociedad. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, sostuvo Kalinec. En el último tiempo, sobre todo a partir de declaraciones de Villarruel, se ha vuelto a poner en debate, primero en los medios tradicionales de comunicación y, luego, en la sociedad en general, la llamada “Teoría de los dos demonios”. Esta plantea que los sucesos de los años 70 fueron parte de una guerra, en la que los militares ―desde el monopolio de la violencia del Estado― y los militantes guerrilleros fueron igualmente responsables de la violencia de esos años y deben ser juzgados de la misma manera. “Lo que hace Villarruel es negar, pero también justificar, banalizar, reivindicar. En estos discursos aparece todo esto. Creo que si hay que ponerle un calificativo a lo que plantea es ‘lo peor de nuestra historia hecho carne en nuestra actualidad’. Los sectores más oscuros de nuestra sociedad, que siguen operando desde sectores muy poderosos y que se encarnan en personajes a veces payasescos, como es el caso de Javier Milei, que tienen un impacto muy fuerte, que todavía no logramos decodificar cómo funciona con las redes sociales ―Tik Tok, Instagram―, pero que es necesario contrarrestarlo con esta organización”, agregó Kalinec. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo, nacida en cautiverio durante el secuestro de su mamá, también brindó su testimonio: “Que se cuelen tanto estos discursos en el Estado, en las instituciones era raro de imaginar. Pero esta gente nunca se fue del poder. Lo que pasa es que fue buscando diferentes estrategias para seguir dominando, desde lo económico, y ahora están intentando volver a instalar la Teoría de los dos demonios. Toda esta gente que está hoy en la calle ya puso su cuerpo, su alma y su vida para que entendamos que no hubo dos demonios, que el terrorismo fue de Estado. Hubo grupos armados, que fueron una minoría y fueron aniquilados cuando empezó la dictadura. Entonces, lo que dice Villarruel es mentira. Quieren volver a engañar a la gente. La democracia no es solo ir a votar. Si esta mujer llega a ser vicepresidenta de la Nación, va a ser democrático entre comillas, pero va a haber muchas cosas que no. Y estar acá en la calle es parte de esa democracia. Y como decía mi madre: ‘Los malos ganan cuando las buenas y los buenos no hacemos nada por impedirlo’. Yo le decía que los malos tenían mucho poder y ella me respondía: ‘Pero las buenas y los buenos somos muchos más’. Y lo que estamos viendo es eso. Somos más. O salimos a las calles, o somos pollo”. Margarita Cruz, sobreviviente del Operativo Independencia en Tucumán, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), ,

Lo dijo la sobreviviente Ana María Soffiantini. En la misma audiencia también declararon Ricardo Héctor Coquet y María Lucía Onofri, hija de Ana María. Soffiantini y Coquet confirmaron que el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) secuestraba y torturaba en la ESMA, en el lugar conocido como “Capuchita”. Coquet aseguró que el SIN y el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2 de la ESMA usaban “la misma máquina de torturar”.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia En la tercera audiencia del juicio ESMA VII, la primera en dar testimonio fue María Lucía Onofri, quien fue secuestrada cuando tenía 1 año y seis meses, junto con su madre, Ana María Soffiantini, y su hermano Luis Guillermo, de apenas 11 meses. El secuestro fue el 16 de agosto de 1977 en Juan B. Justo y Fragata Sarmiento, cuando pasaban frente a una verdulería. Lo que recuerda la testiga son los gritos de su mamá pidiendo por sus hijos y unas “naranjas gigantes” para sus ojos de niña, que “volaban” por la violencia del operativo.. Su madrefue llevada a la ESMA y ella y su hermano fueron retenidos de forma ilegal en una casaquinta en Del Viso. Tiempo después, los niños fueron llevados a Ramallo, a casa de sus abuelos. “Mi abuela me dijo que eran tres los que nos llevaron y que uno de ellos era (Alfredo) Astiz”, indicó la testiga. Su abuela lo reconoció tiempo después, al ver en los diarios la foto del genocida Un año antes, la familia había sufrido el secuestro del padre, Hugo Onofri, quien sigue desaparecido.  Aunque tuvieron contacto telefónico con su madre, sus abuelos siempre estaban bajo amenaza y con la orden de no presentar hábeas corpus por ella. Recordó que semanas después vieron a su madre y que en esos días falleció su abuelo.  En 1978 pudieron reunirse con su madre, que de la ESMA fue trasladada a una casa en Munro, a la que también concurría Ricardo Héctor Coquet, secuestrado en el centro clandestino de la Armada. Tanto Coquet como Ana María Soffiantini, fueron retenidos como mano de obra esclava, en una carpintería que funcionaba en la casa de Munro. “Ricardo Coquet se cortó los dedos (en la carpintería) y uno de los dedos se lo comió un perro”, contó Onofri. El perro, que vivía en esa casa, era de Emilio Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada. La familia estuvo con “libertad vigilada” hasta diciembre de 1981.  La testiga se emocionó al relatar que su padre, Hugo Onofri, está desaparecido desde antes del secuestro que sufrieron con su madre y su hermano. Sólo lo conoce por fotos y por una película casera que tenía su abuelo. “Me hubiera gustado que me llevara a una plaza, a las hamacas, pero no pude”, declaró. Dijo, además, que tuvo que soportar que la sociedad la marque “por ser la hija de tal y yo nunca le hice nada a nadie”.  Luego dio su testimonio Ana María Soffiantini, sobreviviente de la ESMA y madre de María Lucía Onofri. La testiga recordó que un año antes habían secuestrado a su compañero y que se sentía “totalmente desprotegida” por la persecución que sufrían ella y sus dos hijos. En el secuestro, los integrantes de la patota le empezaron a pegar, mientras gritaban que “eran Montoneros”, para crear en el barrio una falsa versión, ya que el hecho ocurrió un domingo al  mediodía, con gente circulando en la calle. Luego de arrebatarle a sus hijos, la subieron a un auto, esposada y con una capucha. A sus hijos los subieron en otro auto, pero escuchó sus gritos y llantos durante un tiempo. La llevaron a la ESMA y, poco después, sufrió la primera sesión de tortura. “En la sala de tortura pedía por mis hijos y me dijeron: ‘Si colaboras vas a saber de ellos’”, declaró. Le advirtieron que, si no colaboraba, se “iba a ir para arriba con ‘Jesucito’, igual que Hugo” su compañero desaparecido.  Unos días después la llevaron a la casa de Fragata Sarmiento, donde en ese momento estaban sus padres. Pudo acercarse a su mamá para decirle al oído que estaba en la ESMA y que “la Gaby estaba viva”. La referencia era por Norma Arrostito, fundadora de Montoneros, a quien se creía que ya la habían asesinado, cuando todavía la mantenían secuestrada y torturada en la ESMA.  Ana María, recién en diciembre de 1977 supo que sus hijos estaban en Ramallo, en la casa de sus abuelos maternos. Ese fin de año, en Ramallo, pudo ver por un rato a sus hijos, pero luego la regresaron a la ESMA. El mismo día del reencuentro se enteró que su padre “había muerto de tristeza”.  En otra ocasión la llevaron de nuevo a Ramallo, en compañía de Ana María Martí, quien también estaba secuestrada en la ESMA. Con posterioridad la trasladaron a la casa de Munro, que funcionaba como “una especie de satélite de la ESMA”. La vivienda había sido propiedad de Rosario Quiroga, otra víctima del terrorismo de Estado. La patota de la ESMA se apropió de casas y bienes que habían pertenecido a personas desaparecidas. En la casa de Munro, se volvió a reunir con sus hijos y con su madre, pero seguían en situación de secuestro: “No podíamos salir de la casa, ni siquiera al patio”, dijo. En el lugar había una morsa, un instrumento de trabajo que había sido de Hugo, su compañero desaparecido.  Los fines de semana Ricardo Héctor Coquet, con quien ella tenía una relación de pareja, iba a la casa. Ella y sus hijos presenciaron, horrorizados, cuando Coquet se cortó parte de la mano con una sierra, cuando le estaba haciendo un barrilete a su hijo Luis. Ante preguntas del fiscal Félix Crous, la sobreviviente confirmó que en la ESMA operaba el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), al que pertenecía Jorge Luis Guarrochena, el único imputado que llegó con vida al juicio. “Ellos estaban en ‘Capuchita’ (uno de los lugares de reclusión de la