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Trabajadores y trabajadoras de Sitios de Memoria y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad consiguieron que se firmaran sus renovaciones contractuales. Sin embargo, la precarización de tantos años no asegura la continuidad laboral ante un gobierno al que esa situación le cae ideal para su idea de cerrar ambas áreas. Entrevistas: Julieta Galera / Fernando Tebele / Pedro Ramírez OteroRedacción: Julieta GaleraEdición: Eugenia Otero / Pedro Ramírez OteroFotos: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia Más de 1.600 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación negociaron a contrarreloj la renovación de sus contratos para garantizar su continuidad laboral en la transición hacia el nuevo gobierno que asumirá el domingo.El 31 de diciembre vencen los contratos temporarios de trabajadores y trabajadoras que sufrieron años de precarización ambos ministerios. Cada uno tiene sus particularidades y sus normativas de contratación, pero coinciden en que la mayoría de quienes trabajan allí tienen contratos transitorios que se renegocian en diciembre de cada año.La Secretaría de Derechos Humanos, con sus políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad son áreas que no tienen lugar en el organigrama que viene anunciando el equipo del presidente electo, Javier Milei. Que ninguna de las dos carteras haya iniciado conversaciones para la transición con referentes del gobierno entrante es una clara señal. Sorprende que la administración de Alberto Fernández en los últimos meses venga esquivando respuestas y dilatando decisiones que garanticen la continuidad de estas políticas de Estado y de sus trabajadores y trabajadoras, dejándolos en una situación de desamparo y vulnerabilidad. Luego de reunirse con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sin obtener una respuesta respecto a la renovación de contratos precarios del 90% del plantel, trabajadores y trabajadoras de los Espacios de la Memoria Atlético, Virrey Cevallos, Olimpo y Orletti, realizaron durante la mañana del martes una manifestación frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Allí le exigieron al ministro Martín Soria que firmara la renovación de 40 contratos con el fin de garantizar la continuidad laboral de quienes trabajan. La medida fue efectiva. Por la tarde comenzaron a llegar los contratos para ser firmados por los y las beneficiarias vía sistema informático.Algo similar ocurrió con los y las trabajadoras del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Mariela Sarlinga, del equipo de capacitación del Ministerio, dijo a La Retaguardia que alrededor de mil personas que tienen contratos de trabajo de planta transitoria y finalizan el 31 de diciembre tuvieron que exigirle una respuesta de la ministra, Ayelén Mazzina.Desde septiembre que las y los trabajadores de esta cartera vienen pidiendo que se les renueven los contratos. Un comunicado que el Ministerio le envío a las y los trabajadores por mail afirma que el gobierno no renueva los contratos porque “la firma de los contratos individuales queda sujeta a la aprobación del presupuesto y a la voluntad de la nueva gestión” porque “no se puede comprometer presupuesto que no se tiene”.“Nuestra ministra nos dijo que iba a ver qué hacen con esto. Esto le allana el camino a la gestión entrante para cerrar el Ministerio”, dijo Sarlinga. Pero a última hora de la gestión, finalmente los contratos fueron extendidos hasta diciembre de 2024 por Mazzina.Respecto al panorama que se avizora ante el anuncio realizado por el presidente electo, Javier Milei, acerca del cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Mariela Sarlinga señaló: “Si deja de existir el Ministerio, dejaría de haber una gestión que lleve adelante las políticas de acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Se abandonaría el extenso trabajo que se está haciendo por la implementación del cupo laboral travesti trans. Se dejaría de hacer todo el trabajo que venimos haciendo hace cuatro años en torno a pensar las violencias adentro del Estado de forma transversal para que las políticas de género no sean algo encapsulado en un ministerio sino en conversación con todas las políticas estatales. Y cuestiones que tienen que ver con la implementación de la Ley Micaela o la Ley de Protección contra las violencias, que es la 26.485, quedarían totalmente naufragando”. El panorama de los Espacios de la Memoria también es de incertidumbre ante el nuevo gobierno, a pesar de la renovación contractual. Nelson, coordinador del área de prensa del Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, declaró a La Retaguardia que la Mesa de Trabajo de los Espacios para la Memoria Atlético, Virrey Cevallos, Olimpo y Orletti debe “reorganizar alguna acción conjunta ya no relativo a lo contractual de los trabajadores sino a la función del sitio en un momento como este”. El trabajador dijo: “Hay que redoblar el trabajo, incidir más en lo cultural porque evidentemente ellos están dando una batalla cultural que están ganando. Es importante generar un estado de conciencia y lucha permanente. El desafío va a ser sostener las actividades de los sitios y tratar de financiarnos de alguna forma porque las políticas de vaciamiento se venían dando y ahora se van a intensificar. Tenemos que recuperar la autonomía de los Espacios de Memoria, que es lo que les permitía desprenderse de las lógicas de los gobiernos”.En la misma línea, Soledad Astudillo, coordinadora del Espacio para la Memoria Atlético, explicó que los Espacios de la Memoria que hoy son política de Estado, si dejan de serlo, van a seguir existiendo porque hay una red de contención barrial, de organizaciones de la sociedad civil, de sobrevivientes del terrorismo de Estado y de organismos de derechos humanos que recuperaron estos espacios y que “contienen y empujan todo el trabajo que se hace allí. Ahí está el fuerte de los espacios. Y (ellos) son los que los van a seguir sosteniendo”.

Las toses que escuchó Javier Milei en el debate. El desprecio de Victoria Villarruel sobre los derechos adquiridos. Su inventiva no tiene pudor. El destino de olvido que planea para los Sitios de Memoria y la renuncia a la soberanía por las Islas Malvinas. La Libertad Avanza hacia la Argentina del 1800.   Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez OteroIlustración: Archivo Chechu Rodríguez / La Retaguardia Apenas finalizado el tercer debate presidencial, el del balotaje, los primeros análisis eran unánimes: Javier Milei había desempeñado un paupérrimo papel en la exposición. Así lo reflejaron los principales diarios del país y del extranjero. En las primeras horas del lunes y sin haber dormido, Milei explicó por Radio Mitre a Eduardo Feinmann que se sintió “muy cómodo” en el debate y que Sergio Massa tenía “preparado un conjunto de psicólogos buscando elementos” para provocarlo. “Cuando estoy haciendo el cierre, un momento muy importante, están todos tosiendo”, analizó Milei. “No me di cuenta”, sincero Feinmann. “Cuando yo hablaba todos tosían”, repitió el candidato de La Libertad Avanza provocando risas entre sus amigables entrevistadores. La situación hace recordar a cuando Milei interrumpió violentamente una entrevista porque escuchaba fuertes murmullos detrás de cámara. Sonidos que distraen.  Quizás para que su compañero de fórmula pueda dormir un poco, o para que el flojo desempeño del debate quede en el olvido, es que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, brindó una entrevista en el programa Una Vuelta Más de TN, donde ratificó su postura retrógrada en algunos temas y su desconocimiento en otros.  Preguntada por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, rápidamente dijo que hay que volver a dar la discusión sobre el tema porque, a su entender, cuando fue promulgada la ley no se realizó “sobre bases científicas”, ni con “argumentos serios”. La desmienten las horas y horas de debate en el Congreso de la Nación, para no contar los realizados en otros ámbitos. La candidata de La Libertad Avanza no puede “cifrar en tiempo”, cuándo darían esa nueva discusión y derogación porque hay otros temas más importantes.  “En el tema del aborto, la ley en Argentina se termina estirando hasta el infinito. Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”, desinformó Villarruel. El conductor del programa, Diego Sehinkman, quiso saber: “¿De dónde te documentás con estos datos?”. Como no existe documentación respaldatoria para sostener lo que había dicho, Victoria Villarruel balbuceo: “Solo con alegar que tenés problemas de tipo psicológico la madre puede obtener la autorización para el aborto”.  Los plazos estipulados en la Ley Nº 27.610, para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, son “hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. Fuera de ese plazo “la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida; b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.  Las situaciones del punto a) y b) ya estaban contempladas en 1921 después de una reforma del Código Penal. Durante la dictadura de 1968 y de 1976 se realizaron por decreto modificaciones restrictivas a la de 1921. No es la primera vez que la candidata a vicepresidenta de la libertad, avanza contra los derechos de las personas. Anteriormente, frente a Luis Novaresio, se manifestó contra la Ley de Matrimonio Igualitario. Al profundizar la entrevista sostuvo que no le gustaba que le digan matrimonio porque “tiene que ver con lo religioso”. El conductor le aclaró que no tiene que ver con lo religioso: “El matrimonio fue laico, se celebraron a lo largo de la historia en instituciones civiles”. Pero ella volvió a decir lo mismo, que era una cosa religiosa. La situación se repitió tres veces. En su plataforma de campaña proponen “eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral en todos los niveles de enseñanza”. Eso es desde la educación inicial hasta la Universidad. La lista de derechos a cercenar es extensa, sino infinita, una Argentina del 1800 es la propuesta. Volviendo al tema del aborto, en su plataforma de campaña proponen: “Proteger al niño desde la concepción, y al adulto mayor hasta su muerte natural”. Ni la muerte digna nos va a quedar. En la entrevista formulada en A Dos Voces, Victoria Villarruel opinó sobre el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), actual Sitio de Memoria. Dijo que se trataba de un predio de 17 hectáreas que debería disfrutar todo el pueblo argentino, “sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, y lo que más necesitamos son escuelas”. Proponer que el Sitio de Memoria donde funcionó la ESMA vuelva a ser lo que era antes del 24 de marzo de 1976, una escuela de la marina, es desconocer el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese lugar, que incluyeron el robo de bebés, ya que en el predio funcionó una maternidad clandestina. Actualmente se está desarrollando un juicio de lesa humanidad por una apropiación ocurrida en ese lugar. Lo transmitimos en los canales de YouTube de La Retaguardia.    En su arremetida contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que llevó adelante el pueblo argentino desde la vuelta de la democracia, Villarruel, nuevamente ignora adrede un dato clave: desde septiembre de este año, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó la inclusión del Museo Sitio de Memoria ESMA en la Lista del Patrimonio Mundial. No se trata de disfrutar hectáreas. Lo dice todo el mundo.  Pero las declaraciones de Victoria Villarruel no llaman la atención, no son novedad. Lo que sí resulta significativo es que no contradiga lo dicho en el debate por Javier Milei sobre la renuncia a la

Lo dijo Diana Quiros en su declaración en el juicio Britos de La Rioja. La actual representante de la Asociación de Presos y Presas Políticas de La Rioja estuvo detenida en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS), una cárcel que funcionó como centro clandestino de detención. El IRS estaba dirigido por Eduardo Britos, el único imputado en este juicio. Quiros habló de los abusos y torturas que recibió, y se refirió puntualmente a lo que sufrieron las mujeres durante la última dictadura.  Redacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero / Valentina MaccaroneFoto: Transmisión de La Retaguardia En el juicio Britos están siendo juzgados los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS), una cárcel que funcionó como centro clandestino de detención en La Rioja. El único imputado es Eduardo Britos, exoficial de Inteligencia de la Gendrarmería Nacional, quien dirigía el IRS. En la  audiencia 13 declaró, entre otras personas, Diana Quiros, quien fue militante política en los 70 y hoy es representante de la Asociación de Presos y Presas Políticas de La Rioja. Quiros fue detenida por civiles tras un allanamiento y la trasladaron a la delegación de la Policía Federal. Estuvo allí diez días. Luego, fue trasladada a la Correccional de Mujeres de San Vicente. Días después, la llevaron al IRS , donde estuvo una noche. El 22 de abril le tomaron declaración frente a un juez federal, quien resolvió otorgarle la libertad provisoria. Cuando se dirigieron a firmarla al establecimiento de la Policía de la Provincia, junto con otras personas que habían estado secuestradas con ella, al bajar las escalinatas fueron intervenidos por la Policía Federal con varios autos y sufrieron un nuevo secuestro. Esa noche, Diana sintió dolores. Estaba embarazada. Cerca del mediodía apareció el doctor Romero, de la policía y pidió que la llevaran al  Hospital Común Regional “Andino Presidente Plaza”. Pero, no la atendieron hasta que llegó una orden del juez. “A todo esto, yo estaba parada, esposada, toda ensangrentada, con hemorragias. Y cuando me ingresan al quirófano, me dice el doctor Carrizo de La Fuente que ya no se podía hacer nada, que había perdido al bebé, y que tenía que quedar internada”, relaó Quiros. Allí, estuvo diez días internada hasta que volvieron a trasladarla al IRS, donde se encontró con Lucila Maraga, entre otras compañeras. Luego de contar todo su recorrido por los diferentes lugares donde estuvo secuestrada, Quiros comenzó a exponer lo que podríamos ver como un manifiesto feminista sobre los tiempos de dictadura: “Este plan sistemático, orquestado, dirigido hacia toda una población, tenía una represión particular y especial hacia las mujeres. Recordemos, década del 70, donde la mujer se había empezado a involucrar en la política, en la militancia. Donde había empezado a salir de los cánones del patriarcado, de la mujer en la casa, de la crianza de los hijos. En un sistema patriarcal, eso no estaba bien visto. Y a las mujeres en especial había que doblegarlas, dominarlas, había que humillarlas. Una forma era a través de los delitos sexuales. No solamente pasó acá en La Rioja, pasó en todo el país, porque era parte de un plan”, dijo la sobreviviente del IRS. Quiros contó que los represores tenían visto bueno para cualquier tipo de tortura que significara sojuzgamiento. En 1975 fue juzgado y condenado el exjefe de Policía, José Félix Bernaus, por casos de abuso y tentativa de violación, entre otros. “En el 76 hubo compañeras que nos fueron contando que sufrieron ese tipo de abusos. Tenían un principal ensañamiento con nosotras. ¿Qué necesidad tenían de hacernos parar a la noche en camisones o con ropa de cama? Era para humillarnos, para hacernos sentir peor. Era un agregado para con nosotras. Los manoseos. Hubo momentos en los que los gendarmes se acercaban a las compañeras cuando iban al baño, les murmuraban, les hacían cosas. Nos llevaban al fondo y nos desnudaban y abusaban. En eso no estuvo exenta la cárcel de La Rioja, para nada. Poco a poco las mujeres se van animando a este tipo de denuncias, porque no es fácil sentarse en un tribunal y expresar cómo lo vivimos. Que nos violaron, abusaron de nosotras, se aprovecharon de nuestra calidad de mujeres. No nos perdonaron habernos apartado del cánon de mujeres y haber sido militantes políticas, discutirles de par a par. Y tenían el visto bueno de todo el aparato represivo. Por eso, es importante que todas las compañeras se animen a hacer este tipo de denuncias. No es que algún gendarme, policía o militar decidió por su cuenta violar a una detenida, no debe comprenderse de esa manera. Las violaciones fueron parte de un plan sistemático de represión y aniquilamiento de todos los opositores y los militantes políticos”, completó Quiros al terminar su declaración .

Por un par de jornadas, la Sala Cachito Fukman de La Retaguardia se convirtió en un set de filmación porque comenzó a gestarse una serie documental sobre los juicios de lesa humanidad. Fueron dos días de conmovedoras y profundas conversaciones entre protagonistas de los diversos procesos judiciales que transmitimos en vivo junto a otros medios comuntarios y autogestivos. Quiénes serán protagonistas. Participaron Nora Cortiñas, Pablo Llonto, Gabriela Sosti, Teresa Laborde Calvo, Sueco Lordkipanidse, Virginia Croatto, Guadalupe Godoy, Ana Oberlin, Ana María Careaga, Analía Kalinec, Alcira Camusso, Daniel Mercogliano, Bárbara García, Viviana Losada, Mónica Dittmar, Gerardo D’Elloro, Cármen Celiz y Daniel Giovannini. A pesar del cansancio de las dos jornadas durísimas de trabajo, el agradecimiento del equipo de La Retaguardia es enorme hacia quienes aceptaron la invitación y le pusieron el cuerpo. Sentimos orgullo de haber recibido en nuestra casa a parte de quienes sostienen los juicios todos los días para ponerse en manos del cuidadoso equipo de filmación a cargo de Liz Domeq y Diego Domínguez, que registraron maravillosamente los diálogos, abrazos y angustias compartidas. Pronto podremos compartir el resultado final. Por ahora, van estas muestras fotográficas, y un enorme gracias a quienes protagonizarán esta serie que se realiza con el Fondo Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

En la audiencia 15 declaró Gabriel Kordon, compañero de militancia de Gabriel Porta Olivastri, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976. Porta era dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y militante del PCR. También dio testimonio Pablo Rush, quien forma parte junto con Kordon de la comisión de Homenaje a Porta y a otras personas desaparecidas de la facultad. Ambos señalaron como responsables de su desaparición al decano interventor, Ichiro Mizuno, y a Norberto Antonio Cestoni, del Batallón 601. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia Gabriel Porta Olivastri, dirigente estudiantil y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), fue secuestrado y desaparecido en noviembre de 1976. Porta tenía bajo su responsabilidad los fondos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y lo asesinaron, porque se negó a entregarlos a los genocidas que intervinieron la casa de estudios luego del golpe de 1976.En los años siguientes, la figura de Porta fue reivindicada por su compañero de militancia, Gabriel Kordon, quien al declarar en el juicio Puente 12 III, pidió castigo para “los responsables del martirio” de quien fue “un ejemplo de dirigente estudiantil”.También declaró Pablo Rush, quien junto con Kordon forman parte de la Comisión de Homenaje a Porta y a otros 33 desaparecidos y desaparecidas de la Facultad de Agronomía. Los testigos señalaron a dos de los responsables de la desaparición de Porta: el decano interventor, Ichiro Mizuno; y el agente civil del Batallón 601 del Ejército, Norberto Antonio Cestoni, quien quería apropiarse de los fondos estudiantiles. Kordon y Rush cerraron con sus testimonios la audiencia 15. ¿Qué pasó con Gabriel Porta? El testigo Gabriel Alejandro Kordon se refirió al secuestro y desaparición de Gabriel Porta Olivastri, de quien fue compañero de militancia política en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y en el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI). Porta era uno de los tres responsables del Centro de Estudiantes de la Universidad de Agronomía (CEABA) y tenía a su cargo el manejo de los fondos, que estaban depositados en el Banco Nación, sucursal Agronomía. Luego del golpe de 1976, la universidad fue intervenida y el Centro de Estudiantes quedó en manos de personas designadas por el decano interventor, el ingeniero agrónomo Ichiro Mizuno, delegado militar de la facultad. Una de las autoridades de facto era Norberto Antonio Cestoni, miembro del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Además de la persecución a docentes, no docentes y estudiantes, se apropiaron de las instalaciones y de los bienes estudiantiles.Porta comenzó a advertir irregularidades en el manejo del dinero por parte de la intervención, motivo por el cual abrió un expediente administrativo donde denunciaba lo que estaba pasando. Cestoni le había solicitado la firma de un cheque para el traspaso de los fondos, pero Gabriel se negó a firmar.Fue secuestrado el 25 de noviembre de 1976, el mismo día en que se recibió una respuesta al expediente que el joven había iniciado. El secuestro fue en el domicilio en el que vivía con su familia, en la localidad de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón. El secuestro fue cometido por efectivos que dijeron pertenecer a la Coordinación Federal. “Hoy Porta es uno de los 30 mil desaparecidos”, dijo Kordon.A Porta lo llevaron a Puente 12. El testigo aclaró que eso lo pudo saber “gracias a las investigaciones realizadas” por los integrantes del Grupo de Homenaje a Porta, del que forma parte. “Lo que queremos saber es, ¿quiénes lo secuestraron? ¿Quiénes lo trasladaron a distintos centros de detención? ¿Quiénes son los responsables del martirio? Y queremos saber dónde está Gabriel Porta y qué pasó con él”, declaró Kordon.Ante una pregunta de la abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nadia Schujman, el testigo ratificó que Porta era “un referente para el FAUDI y para el PCR, un ejemplo de dirigente estudiantil, muy querido por todos”.Luego del secuestro, compañeras y compañeros del FAUDI y del PCR repartieron volantes con la foto de Porta para denunciar lo ocurrido. Por esa razón, algunas de las militantes fueron detenidas. El testigo mostró en la transmisión virtual, uno de los volantes pidiendo la aparición con vida de Porta.Acerca de cómo se enteró que Norberto Cestoni pertenencía al Batallón 601, el testigo señaló que obtuvieron el dato de la página desaparecidos.org.ar, donde figura la nómina del personal civil del Batallón. El dato fue corroborado en una nota de la revista “Ceres”, en la que se afirma que quien pidió el traspaso de los fondos de los estudiantes era un integrante civil del Batallón 601. El testigo recalcó que luego de la intervención “todos los alumnos, docentes y no docentes” sufrieron persecución, porque “se prohibió la actividad política”.La Comisión de Homenaje a Gabriel Porta fue creada en 2017, por el ejemplo que dio, por su militancia y su “calidez humana”. De la creación participaron personas de la vieja y la actual militancia de la FAUDI, del PCR y de otras agrupaciones. Una de las tareas de la comisión es investigar lo ocurrido con los fondos y sobre el destino de Porta. Uno de los temas importantes relacionados con los fondos, era que permitían proveer de apuntes gratuitos a los y las estudiantes.El testigo insistió en que Porta “no sólo tuvo compromiso político por la transformación revolucionaria” sino que también tenía “una gran capacidad de disfrutar de la vida, los campamentos estudiantiles, la vida al aire libre y los fogones”. Por eso, “todos respetaban su coherencia, su compañerismo, su preocupación por los más necesitados lo que lo hizo trascender a todos los compañeros de la facultad”.Sobre cómo supieron que Porta estuvo en Puente 12, Kordon respondió que en el marco de la investigación que realizaron hubo muchas reuniones virtuales. En una de ellas, en 2014, les llegó el testimonio de una persona que fue trasladada junto con Gabriel Porta, primero a un centro clandestino que no pudo identificar y luego a Puente 12. Allí estuvieron juntos durante un tiempo. El que brindó esa información

La UNESCO lo declaró hoy Patrimonio de la Humanidad. Comparte crédito con Auschwitz y la cárcel en la que estuvo preso Nelson Mandela. De la polémica por su nacimiento al reconocimiento internacional. Redacción: Camila Cataneo / Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez Otero Esta mañana la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Museo Sitio de Memoria ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).Este espacio se creó en el Casinos de Oficiales, uno de los edificios del megapredio en el que funcionó el quizá más emblemático Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar. La propuesta fue aprobada en el marco de la 45° Sesión del Comité del organismo internacional que tuvo lugar en Arabia Saudita. A partir de este momento, el museo será incluido en la lista de monumentos y zonas protegidas que tienen “valor universal excepcional”. En la ESMA se estima que estuvieron en cautiverio unas 5 mil personas, que fueron torturadas y obligadas a trabajar como mano de obra esclava. También se apropiaron 30 bebés que nacieron dentro del centro clandestino durante el cautiverio de sus madres, que fueron desaparecidas luego de parir. La mayoría de las víctimas fueron arrojadas desde aviones al mar, muchas veces aún con vida y adormecidas; otras fueron incineradas dentro del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entre quienes sobrevivieron, un grupo dedicó su vida posterior a dejar testimonio. Algunas de esas personas se opusieron a la instalación de este museo durante 2014. Consideraban que alteraba el lugar que aún hoy es prueba en los juicios. Hasta allí, el espacio permanecía tal cual lo había dejado la Marina y era custodiado por el Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Entre quienes alzaron su voz estaba Víctor Basterra, el testigo esencial de la megacausa por las fotos de genocidas que registró y sacó de la ESMA. Ya con el museo instalado, unos meses antes de su muerte, Basterra participó de “La visita de las Cinco”, y de alguna manera zanjó las diferencias. Actualmente, el museo funciona como espacio que busca concientizar, educar y mantener viva la memoria. Recibe miles de visitas de contingentes de estudiantes y turistas extranjeros que no pueden creer lo sucedido durante el último genocidio en Argentina.Este nombramiento se convierte de manera visible en una doble herramienta: por una lado, como respuesta a la avanzada apologista de la dictadura revitalizada por el protagonismo de la diputada nacional Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por la ultraderecha; por otra parte, será más difícil cualquier maniobra que se pretenda sobre el predio si La Libertad Avanza se impone en la próximas elecciones. Ninguno de los dos items es poca cosa. Pero hay una tercera función no menos relevante que puede cumplir este reconocimiento internacional: impedir que el Campo de deportes en el que se incineraban los cuerpos sea cedido a River Plate para que construya su propio campo sobre un verdadero cementerio.

En la audiencia 15 del juicio Puente 12 III, el sobreviviente Dalmiro Suárez revivió el calvario de su familia. En noviembre de 1974 lo secuestraron junto con su hermana Nelfa Suárez, quien estaba embarazada; y con sus cuñados, María Ester Alonso y Víctor Taboada, militantes del PRT-ERP. Los llevaron al centro clandestino Puente 12, donde los “torturaban por turnos”. También declaró Norma Luján Cora por el secuestro y desaparición de su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Antes del secuestro de Dalmiro Suárez, la Triple A había asesinado a su hermano Arístides Suárez. Con posterioridad también fueron secuestrados sus hermanos Nora, Mario y Omar.  El sobreviviente estuvo preso en el “Pabellón de la Muerte” de la Unidad 9 de La Plata y en otras cárceles, hasta octubre de 1983. Algunos de sus torturadores fueron el agente de la SIDE Aníbal Gordon y el policía Félix Madrid. Dalmiro dijo que las secuelas de su calvario “existieron, existen y existirán”, pero reivindicó el hecho de seguir “compartiendo con los compañeros de militancia una guitarreada, un asado, reírnos y también ponernos tristes”.  También prestó testimonio Norma Lujan Cora, quien se refirió al secuestro sufrido por su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti, el 14 de mayo de 1976. Antes de su desaparición, su marido había sufrido persecuciones y atentados en los que resultó herido de gravedad. Aunque en la causa existen datos sobre la presencia de su esposo en Puente 12, la testiga dijo que ni ella ni su hija tienen información precisa sobre el destino final de Rodolfo Aníbal.  El Caso Leonetti En la audiencia 15 se desistió del testimonio de Rolando Clashman, mientras que la testiga Silvia Porta no pudo presentarse por problemas de salud. La primera en prestar testimonio fue Norma Luján Cora, quien se refirió al secuestro y desaparición de su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti. Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 1976, cuando la víctima salió de la casa en la que estaba viviendo, en Ituzaingó, con el propósito de tomar el tren y concurrir a su trabajo en un estudio jurídico en la Ciudad de Buenos Aires. Leonetti, de 29 años, era estudiante de Psicología, realizaba tareas de prensa sindical, era militante gremial y de la Juventud Peronista (JP).  Como su esposo estaba siendo perseguido, se habían mudado a la casa de su hermano, en Ituzaingó. La testiga también militaba en la JP. A su esposo se lo conocía con el apodo “Aníbal” y a ella le decían “Ana”. Los dos participaban en reuniones de formación política y realizaban actividades en distintos lugares.  Explicó que su esposo había sufrido persecuciones en forma constante. “La más grave fue cuando lo balearon” en 1975. Él estaba en la Unión Obrera Metalúrgica cuando lo llevaron a un campo, en Rawson,  donde fue “ametrallado”, aunque “por fortuna pudo llegar hasta una ruta y un camionero lo llevó al hospital, donde le salvaron la vida”.  Cuando estaba internado, una persona ingresó al hospital, redujo a la custodia policial y le aplicó una inyección con el propósito de quitarle la vida. Los médicos actuaron a tiempo y lo salvaron. Desde ese momento, sufrió amenazas y seguimientos en distintas provincias.  Sobre la desaparición de su esposo, dijo que nunca pudo averiguar nada, aunque hizo presentaciones en forma personal y con la ayuda de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos. Cuando hizo la denuncia policial, un oficial se burló de ella: “Me dijo que se había ido con una rubia”, contó. Todo lo que pudo saber es que lo secuestraron en Morón, cuando lo hicieron bajar del tren que había tomado en Ituzaingó. Le dijeron que había fallecido “en un enfrentamiento en riña”. Ella hizo la denuncia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero nunca supo a ciencia cierta cuál fue el destino de su esposo.   La fiscal Viviana Sánchez le preguntó si tenía alguna información sobre la posibilidad de que Rodolfo Leonetti hubiera estado secuestrado en Puente 12.  Como la testigo dijo no saber nada al respecto, la fiscal Sánchez le ofreció —una vez finalizado su testimonio— darle información sobre esa posibilidad. La testiga dijo, en ese momento, que había sabido de alguien que estuvo secuestrado en el mismo lugar que Rodolfo, pero eso era todo lo que sabía al respecto.  Norma Luján Cora, con la voz quebrada, dijo que su hija tenía cuatro años cuando desapareció su papá. Habló del daño moral, de ella y su hija, por “no saber qué pasó, por no tener un cuerpo, porque es una incertidumbre muy grande”. Además, agregó: “Ya pasaron años y todo sigue en pie, para mí y para su hija, que no tiene dónde ir a visitarlo, que festeja todos los años su cumpleaños, sin saber dónde está. Son muchos años, pero el dolor sigue”.  La historia de la familia Suárez Luego declaró el sobreviviente Dalmiro Suárez, quien fue secuestrado el 13 de noviembre de 1974, cerca de las nueve de la noche, en la entrada de su casa, en San Martín 14, de Bernal, partido de Quilmes. “Desde los techos saltaron sobre mí cinco personas, me detuvieron y me metieron en la casa”, relató. Allí se encontraba también su hermana, Nelfa Suárez de Taboada, quien estaba en el quinto mes de embarazo. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas.  A Dalmiro lo tiraron al piso, boca abajo, con las manos en la espalda. En la casa también vivían Víctor Manuel Taboada, el esposo de Nelfa, y María Ester Alonso, quien había sido novia de Arístides Suárez, hermano de Dalmiro, quien había sido asesinado por la Triple A en octubre de ese mismo año. El cuerpo de Arístides nunca fue encontrado.  Dalmiro dijo que antes de la muerte de su hermano, la familia vivía en la localidad de Don Bosco, junto con sus padres.  Después del asesinato se habían mudado a Bernal, porque sabían que muchos de ellos figuraban en “un listado” de la Triple A. La organización de extrema derecha solía hacer

Sonia Edith Rodríguez estuvo por última vez con sus padres cuando tenía 8 años, el día de su cumpleaños, en marzo de 1976. Recién a los 13 sus tías le dijeron que estaban desaparecidos. Hace unos años supo que estuvieron secuestrados en Puente 12, a partir de los datos que aportó un gremialista de la Unión Obrera Metalúrgica.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero La testiga Sonia Edith Rodríguez dio testimonio sobre el secuestro y desaparición de su madre, Edith Vera, quien tenía 33 años; y el de su padre, Pablo Tomás Rodríguez, de 35. Los dos habían sido delegados gremiales en Córdoba, provincia de la que eran oriundos. También eran militantes del PRT-ERP. En 1974 se habían mudado a la Ciudad de Buenos Aires.   Dijo que su mamá y su papá fueron secuestrados a fines de marzo de 1976. Durante muchos años pensó que habían sido llevados “al campo de concentración del Vesubio”, pero hace poco se enteró que estuvieron en Puente 12. En ese marzo de 1976, la familia, que vivía en Buenos Aires, había viajado a Córdoba, para celebrar el cumpleaños de la testiga, que tenía apenas 8 años.  Sus padres le dijeron que tenían que regresar a Buenos Aires por cuestiones relacionadas con su trabajo y ella se quedó en Córdoba, en casa de su tía Sonia Vera, hermana de su mamá. Su tía estaba casada con un suboficial de la Fuerza Aérea. Tras la desaparición de sus padres, la testiga no volvió “nunca más a Buenos Aires”. Con el tiempo supo que el domicilio familiar en la Capital Federal era Avenida del Trabajo (hoy Eva Perón) al 3400.  Recién en febrero de 1981, cuando estaba por cumplir 13, sus familiares le dijeron que su mamá y su papá “no van a volver, porque han desaparecido”. Eso fue lo único que le dijeron. Antes, le decían que ellos “estaban de viaje, después que estaban presos o que habían tenido un accidente”.  Acerca de lo que le explicaban su tía y tío, dijo: “N“No querían decirme más, porque siento que los incomodaba con mis preguntas, porque no sabían o no querían decirme más”.  Ante preguntas de la fiscal Viviana Sánchez, la testiga comentó que ella supo mucho después la dirección de su casa en Buenos Aires y que sólo recordaba el número de teléfono de la casa. Llamó muchas veces a ese número, desde teléfonos públicos, en Córdoba, pero “nunca respondía nadie”. Muchos años después quiso conocer la casa, pero los nuevos propietarios no le permitieron ingresar.  Rodríguez explicó que sus padres habían regresado a Buenos Aires en marzo de 1976 “porque estaban siendo perseguidos” y no querían comprometer a su tío “que era suboficial de la Aeronáutica”.  Por su tía Mari, hermana mayor de su mamá, supo que a sus padres los habían secuestrado entre la medianoche del 31 de marzo de 1976 y la madrugada del 1 de abril. Su tía los había acompañado en el viaje de regreso a Buenos Aires y el 1 de abril, preocupada porque no respondían sus llamados, fue hasta la casa de Avenida del Trabajo. “Ella sintió que la estaban siguiendo y una vecina de mis padres le dijo que no entrara a la casa, porque a la medianoche se los habían llevado”, declaró la testiga. Se los llevaron vestidos “con ropa de cama”. Su tía Mari le dijo que se los habían llevado “los milicos, que para nosotros en Córdoba son los oficiales del Ejército o de la policía”.  El caso fue denunciado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) por otra de sus tías, Gladys Amanda Vera. Por intermedio de un hombre que era de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) supieron que por lo menos hasta el 26 de abril “los dos estaban con vida” en el lugar donde estuvieron secuestrados, que ahora sabe que era Puente 12 y no el Vesubio. “Lo que dijo es que mi mamá lloraba mucho y que mi papá pedía que lo torturaran a él, para que a ella no la toquen”, contó. Su padre estaba “en muy mal estado, muy mal herido”. Su tía Gladys le pidió a ese hombre que fuera a declarar, que diera más datos, pero él “le dijo que no, que no iba a hablar, que no iba a decir nada más”. Ese hombre pudo recuperar su libertad por gestión personal del exsecretario general de la UOM Lorenzo Miguel.   La testiga habló también sobre el secuestro de su tío Wenceslao Vera. Lo detuvieron en la esquina de la Avenida del Japón y Juan B. Justo, en la ciudad de Córdoba. Vera realizaba “trabajo social con chicos humildes, para darles de comer o para jugar al fútbol”. El secuestro de su tío fue anterior al de sus padres. Se lo llevaron cuando estaba “en una cancha de fútbol”, en un campeonato para niños. Lo subieron a un vehículo y estuvo desaparecido muchos años, hasta que encontraron sus restos en una fosa común del cementerio San Vicente, en Córdoba. Era secretario general del gremio Obras Sanitarias. “Los que secuestraron a mi tío eran vecinos, eran conocidos de la familia, porque nosotros vivíamos en el barrio Liceo, un barrio de militares y policías”, relató.  Ante una pregunta de la fiscal Sánchez, la testiga dijo que su padre tenía el apodo de “Mandrake”, como el mago de historieta, y a su mamá le decían “Marina”. La testiga recordó que en su casa de Buenos Aires se hacían reuniones con “gente joven” a los que ella les decía “tíos o tías”, aunque no lo fueran. Algunos de esos “tíos” eran Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo. Además, en su casa en Buenos Aires encontraron refugio algunas de las presas políticas que se fugaron a la cárcel cordobesa del Buen Pastor. Aclaró que ella nunca ocultó quiénes eran sus padres y que estaban desaparecidos.  Sonia Edith Rodríguez afirmó que, por lo vivido, todos sus tíos “con el paso de los años empezaron a tener problemas mentales, estuvieron

José María Lanfranco, militante de la agrupación Política Obrera y sobreviviente del Centro de Tortura y Exterminio Puente 12, declaró en la audiencia 13 del juicio.  Fue secuestrado junto con Daniel Mirkin, Oscar Carbonelli y María Elena Hernández. Contó las torturas que sufrió durante su cautiverio y el simulacro de fusilamiento que le hicieron a él y a Carbonelli. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero En mayo de 1975, José María Lanfranco militaba en la agrupación Política Obrera (PO), cuando fue secuestrado junto con una compañera y dos compañeros. Los llevaron al Centro de Tortura y Exterminio de Puente 12. Los cuatro fueron torturados con picana eléctrica. “El sufrimiento era tan terrible, que creí que me moría ahí”, afirmó el sobreviviente. Lanfranco recuperó su libertad en julio de 1977, cuando pudo salir del país para exiliarse en Francia, donde todavía reside.  Al declarar en la audiencia 13 del juicio Puente 12 III, Lanfranco sostuvo que los guardias “pasaban, se reían y nos golpeaban” durante las sesiones de tortura.   Lanfranco fue secuestrado el 1 de mayo de 1975, en San Justo, junto con Daniel Mirkin, Oscar Carbonelli y María Elena Hernández, quienes ya declararon en las primeras audiencias de este juicio.  El testigo formaba parte de Política Obrera (PO), antecedente de lo que luego fue el Partido Obero (PO). Lanfranco aclaró que era una organización “no guerrillera” y que los detuvieron por realizar reuniones con vecinos para conmemorar el Día del Trabajador.  Aclaró que integraba un grupo que se dedicaba a controlar lo que sucedía cuando terminaban las reuniones y los compañeros y compañeras comenzaban a retirarse. “El temor era que aparecieran grupos de operaciones de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que ya nos habían matado dos camaradas”, contó.  Cuando él y sus tres compañeros se retiraban, aparecieron dos autos marca Torino de los que bajaron policías de civil que “nos obligaron a acostarnos en el suelo y nos pusieron nuestros  abrigos de capucha”. Era un día de “mucho frío” y ellos estaban con “el torso al descubierto”. Uno de los policías estaba “muy nervioso” y “se le escapó un tiro”.   Los subieron a los coches y los llevaron a la comisaría de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí, permanecieron varias horas. A él le robaron el gamulán que llevaba puesto y su reloj. A la noche, los trasladaron a otro lugar y al llegar los “bajaron a los golpes”.  Apenas llegaron, lo subieron al elástico metálico de una cama, le mojaron el cuerpo y lo torturaron con picana eléctrica. Le preguntaban si pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), para que dijera qué atentado estaban preparando.  “Yo les decía que pertenecíamos a Política Obrera, que hacíamos acciones democráticas y sindicales, y seguían exigiendo que les diga quienes eran mis compañeros de guerra”, recordó. Luego, el testigo contó que fue llevado al calabozo y lo dejaron ahí “en pésimas condiciones”. Desde ese lugar, escuchaba los gritos de los tres compañeros con los que había sido secuestrado.  Las torturas duraron mucho tiempo. Los llevaban a una sesión, volvían al calabozo y de nuevo a la tortura. “Luego me llevaron, creo, a un galpón, por la resonancia (que tenía el lugar)”, declaró. No podía ver nada, porque seguía encapuchado. “El sufrimiento (en la tortura) era tan terrible, que yo creí que me moría ahí”, dijo. Además, los guardias pasaban, se reían y le pegaban. Con el cambio de guardia, el trato fue menos duro y uno de los custodios le levantó la cabeza con las manos y le dijo: “Tranquilo pibe, no te agites que te vas a morir”.  Más tarde, los hicieron subir a una camioneta donde los “apilaron a todos como ganado”. Lanfranco aún recuerda el olor que tenían, porque “no nos llevaron al baño, no nos dieron agua ni comida”. Los trasladaron de nuevo a la comisaría de San Justo y, luego, a la de Villa Madero. En esa comisaría les quitaron las vendas y a los tres hombres los pusieron en una celda con detenidos comunes que los asistieron en forma solidaria.  En la comisaría de Madero fueron interrogados “de forma violenta” por un policía “que estaba nervioso” cuando les hacía las preguntas y de alguna manera inducía y tergiversaba las respuestas. Recién el 10 de enero de 1976, los familiares de los cuatro pudieron tomar contacto con ellos.  “Habían allanado la casa de mi madre. A mi padre, que había fallecido siendo suboficial mayor de la Marina, le robaron el arma de servicio, junto con otras pertenencias”, contó. Con posterioridad, Lanfranco, Mirkin, Carbonelli y Hernández  fueron trasladados al penal de San Martín. Los últimos tres pudieron salir en libertad.  A Lanfranco lo dejaron en prisión “bajo la acusación de tenencia de un arma de guerra”. El 25 de diciembre de 1976, sin pruebas, lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta julio de 1977. Luego, pudo salir del país y permanecer en Francia como refugiado político, hasta diciembre de 1983. En ese momento , obtuvo la nacionalidad francesa y sigue viviendo en ese país.  Aclaró que hace poco pudo saber que estuvo secuestrado en Puente 12. Recordó que cuando lo sacaron de allí, a él y a Carbonelli les “pusieron un revólver en la boca y gatillaron con el arma descargada”. Les pedían que confiesen supuestos hechos, mientras se reían al ver sus rostros.  Acerca de las personas que los interrogaron en Puente 12, dijo que había “una persona capacitada, formada que, además, estaba preparada para los interrogatorios”. Remarcó que ese represor tenía conocimiento sobre torturas y  sabía “algunas cosas de la organización Política Obrera, tenía información” sobre ellos. Agregó que “los menos capacitados eran los más salvajes, más violentos en las torturas”. Consideró que “el más capacitado era un superior, porque los otros tenían un lenguaje vulgar entre ellos, pero cuando se dirigían a esta persona eran más respetuosos”. El testigo dijo que después del paso por las comisarías fueron llevados a un juzgado que

En la audiencia 13 del juicio Puente 12 III, el sobreviviente Luis Rogelio Amarilla dio testimonio sobre su secuestro y acerca del homicidio de su hermano Fernando Amarilla. En el mismo operativo en el que fue asesinado su hermano, resultó herida su cuñada, Ramona Benítez, quien estaba embarazada. Ella, al igual que el testigo, fue llevada a Puente 12 y apareció muerta años después. También declaró Luis Caballero, quien fue secuestrado y llevado a Puente 12 durante un operativo donde también cayeron su amiga Margarita Sánchez Hernández, y su cuñado Pedro Torreta.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Luis Rogelio Amarilla fue secuestrado el 16 de mayo de 1976, cuando vivía con su familia en un complejo habitacional de Dock Sud, partido de Avellaneda. Cerca de las nueve de la noche, su padre le comentó que había “movimientos raros” en el barrio, por la presencia de fuerzas “policiales o del Ejército”. Minutos después sonó el timbre, abrieron la puerta del departamento y un grupo armado entró en forma violenta. El testigo, su padre y su madre fueron llevados en primer lugar a la comisaría tercera de Dock Sud y luego a la Brigada de Avellaneda, cuya sede estaba en el partido de Lanús. Por el hecho de conocer muy bien la zona, Amarilla supo que estaba en esa brigada, a pesar de que le habían puesto una capucha.  Con posterioridad, él solo fue trasladado a un lugar descampado que luego pudo identificar como Puente 12 o Brigada Güemes.  El secuestro ocurrió entre el domingo a la noche y la madrugada del lunes. En el centro de tortura y exterminio estuvo cuatro días, lo liberaron el jueves, siempre permaneció encapuchado.  Aunque no recibió maltrato físico permanente, fue golpeado en el estómago por uno de los guardias, cuando le pidió permiso para ir al baño.  “Yo estaba operado de una hernia”, dijo, de manera que el golpe le produjo un dolor intenso. Señaló que recibió “tortura psicológica” durante la permanencia en Puente 12. En el momento del secuestro, Amarilla tenía “entre 18 y 19 años”. El testigo, que dijo tener “militancia a nivel barrial”, no pudo identificar a sus captores, pero estimó que se trataba de una fuerza conjunta del Ejército y la Policía Bonaerense.  El testigo, a pedido de la Fiscalía, relató también lo que le pasó a uno de sus hermanos, Fernando Amarilla, que sí era militante político. A Fernando y a su novia, Ramona Benítez “Bety”, los interceptaron durante un operativo en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Fernando tuvo un problema con su camioneta y le dijo a su novia que bajara del vehículo y saliera corriendo. El testigo dijo que “a ella la hirieron” y a su hermano “lo mataron”.  Al retomar el tema de su secuestro y traslado a Puente 12, precisó que desde la Brigada de Avellaneda lo llevaron “en una (camioneta) estanciera, de esas viejas que tenía la policía”. A pesar de la capucha se dio cuenta que era un lugar descampado “por el césped, el sonido de los pájaros y el ruido de los autos que pasaban lejos”. Precisó que en la entrada había “una especie de tranquera”, un dato común a las víctimas de Puente 12.  Lo llevaron a una sala, lo hicieron sentar, le levantaron la capucha y le dijeron: “Vas a ver a una persona y nos vas a decir si la conoces o no”. La persona era Bety, la novia de su hermano. Él admitió que la conocía y después lo llevaron a un calabozo pequeño, de dos metros por uno. “Me dejaron en un lugar donde había una claraboya en el techo”, relató el testigo, quien aportó otro dato coincidente con lo dicho por los sobrevivientes.  Luego escuchó la voz de Bety que lo llamaba: “Luis, Luis, ¿cómo estás?”. El le dijo “por ahora estoy bien”. Cuando le hizo la misma pregunta a ella, Bety respondió: “Estoy mal, a mí me la dieron y a Fernando se la dieron”. Ese fue “todo el diálogo” que pudo tener con ella.  Amarilla contó que podía levantarse la capucha con las manos. Al espiar “por la rendija de la puerta” del calabozo vio “en un salón techado varias cuchetas de los calabozos, parecían colchones con gente acostada, tirada”. Escuchó a personas decir “a mí me mataron”, en alusión a las torturas que habían sufrido. También se oían “los gritos tremendos” de las personas que estaban siendo torturadas.  El fiscal Esteban Bendersky le preguntó si supo algo sobre el embarazo de Ramona Benítez. Respondió que sí, porque ella y su hermano le habían contado a la familia que ella estaba “de 2 meses y medio o 3 meses”.  Cuando lo dejaron en libertad estaba “sin un mango, con frío y todo sucio”. En un mercado de frutas, unos empleados le dieron algo de dinero y pudo llegar a la casa de un tío suyo. Allí supo que sus padres habían sido liberados al día siguiente de su detención.  Sobre el operativo en el que fue herida Bety y asesinado su hermano, señaló que mucho tiempo después inició las averiguaciones porque lo que había vivido le dejó secuelas. “Uno queda mal, yo perdí el trabajo a causa de esto, no dijeron que me echaron por el secuestro, buscaron una forma elegante de echarme diciendo que robé líquido para frenos”, relató.  Lo que le tocó vivir lo dejó “con la guardia baja y uno acepta todo, quiere recluirse para ordenar la cabeza, porque se siente una porquería al ver que otro ser humano te trata de una manera tan baja”.  Precisó que el operativo donde cayó su hermano fue en la avenida Rosales, en Remedios de Escalada, frente a la casa de un amigo suyo, Jorge, ya fallecido. “El vio que una camioneta se quedó”, que los venía persiguiendo la policía, que una chica salió corriendo y que la hirieron. Sin duda era Bety, mientras que su hermano Fernando “se quedó resistiendo, fue herido y después lo remataron”. Otra versión que