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Carlos “Sueco” Lordkipanidse estuvo desaparecido en la ESMA y pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicte una medida de no innovar sobre el campo de deportes, porque el lugar fue utilizado para incinerar cuerpos de personas secuestradas. Otro tribunal autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que le otorgue el uso del terreno al Club Atlético River Plate para que construya una serie de instalaciones deportivas.   Texto: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero El Sueco Carlos Gregorio Lordkipanidse estuvo secuestrado en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta principios de 1981. El 6 de septiembre de 2023 volvió a declarar en un tramo del megajuicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio.  En esta oportunidad, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires que dicte una medida de no innovar sobre el campo de deportes de la ESMA porque el lugar fue utilizado para incinerar cuerpos de personas secuestradas. El Sueco explicó que los miércoles los genocidas de la ESMA realizaban los traslados de detenidos y detenidas hacia el “destino final”: los vuelos de la muerte que salían del Aeroparque Jorge Newbery. Desde ahí eran arrojados con vida al mar.  Pero si las y los secuestrados eran asesinados antes del miércoles se modificaba el método para su desaparición. “Si una víctima llegaba muerta al centro clandestino un día viernes no iban a esperar hasta el miércoles. Lo mismo quienes fallecieron producto de la tortura y de los maltratos un día lejano al día de traslados”, detalló Lorkipanidse.  “La Escuela de Mecánica de la Armada nunca tuvo morgue por lo tanto (al cuerpo) nunca se lo pudo preservar más allá del espacio del edificio de oficiales y la solución era que se utilizaba el campo de deportes como lugar de cremación”, explicó el testigo con la sencillez de quien cuenta algo que ya se sabe. El Tribunal no lo ignoraba tampoco porque en la inspección ocular Ana María Soffiantini y Ricardo Coquet, sobrevivientes del genocidio, le relataron lo ocurrido en ese predio lindero a la ESMA y la importancia de recuperarlo como Sitio de Memoria.  La urgencia de este pedido radica en que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a otorgar al “Club Atlético River Asociación Civil” un permiso de “uso precario y gratuito” del Campo de Deportes de la ESMA para que modifique el terreno y construya una serie de instalaciones deportivas.  Además de mancillar la memoria de las víctimas del último genocidio, entorpecerían a la Justicia ya que se trata de “un lugar de prueba” judicial.  Lordkipanidse dijo que al menos 12 personas podrían haber sido incineradas en ese lugar en el periodo que estuvo secuestrado. Recordó además que, al momento de los hechos, no era un campo de deportes. “En aquel entonces no había actividades deportivas, era un campo de entrenamiento. Se desarrollaban actividades de entrenamiento de combate”, explicó. El sobreviviente estuvo en una inspección ocular en el campo de deportes y pidió que se preste especial atención a dos lugares: “Una plancha de cemento de concreto, que nunca fue investigado lo que hay abajo y que las fotos de la época y el testimonio del conscripto (y sobreviviente) Aníbal Prado Marín dice que en ese lugar no estaba tal plataforma.  Y un garage, o galpón semicilíndrico, que tampoco fue investigado ahí abajo. Independientemente de estos dos lugares, pedimos que se declare la medida de no innovar en todo el predio”, aclaró. “Hago un pedido de que se promueva una medida de no innovar en todo el predio”, reiteró Lorkipanidse, porque existe la posibilidad de encontrar restos de personas secuestradas por el único imputado que tiene este tramo del juicio, el exteniente de navío del Servicio de Inteligencia Naval, Jorge Luis Guarrochena El pedido fue acompañado también por la Fiscalía y el Tribunal ahora deberá tomar una decisión.  Los 12 nombres de las víctimas:Daniel EchevarríaJorge Salvador GulloRaimundo VillaflorRicardo SáenzGuillermo AmarillaHugo PalmeiroGraciela AlbertiRicardo SoriaSilvia  DameriOrlando RuizAlcira MachiJulio Villar

Lo dijo Teresa Laborde, hija de la sobreviviente Adriana Calvo, en el repudio al “homenaje a las víctimas del terrorismo” que organizó la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel en la Legislatura porteña. Las voces de otras y otros referentes de Derechos Humanos y de integrantes del colectivo Historias Desobedientes. Entrevistas: Fernando TebeleRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero/Valentina MaccaroneFotos: Natalia Bernades/La Retaguardia Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, espacio que lidera Javier Milei, organizó un “homenaje a las víctimas del terrorismo” en la Legislatura porteña. Fue en el Salón Dorado del edificio. Si bien Villarruel seleccionó casos emblemáticos e invitó a familiares de personas que fallecieron en ataques llevados a cabo por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), es conocido que la candidata a vicepresidenta tiene como objetivo volver a poner en discusión la Teoría de los dos demonios, o más bien, reivindicar al Terrorismo de Estado. Villarruel creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), con llamativas similitudes al nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En las últimas semanas, la abogada Guadalupe Godoy fue entrevistada por La Retaguardia y Pulso Noticias y contó que el nombre y contacto de Villarruel aparecía en papeles del genocida 9 veces condenado Miguel Etchecolatz. También, se supo que organizaba visitas a Jorge Rafal Videla. La Retaguardia estuvo en la movilización que hubo afuera de la Legislatura y tomó testimonios de referentes y referentas de Derechos Humanos, que son claves para comprender la gravedad institucional de este acto. Bibiana Reibaldi es integrante de Historias Desobedientes. Este colectivo, conformado en 2017, tiene mucho para aportar ante este acto organizado por Villarruel, porque son familiares de genocidas que decidieron denunciar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus familiares. “Historias Desobedientes está aquí, porque somos familiares de genocidas, pero por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Somos desobedientes, no obedientes, como Victoria Villarruel, que es hija obedientísima de todo un sistema nefasto, criminal. Es sometida, igual que su jefe. No tiene ningún tipo de cuestionamiento. Nosotros no avalamos los crímenes de lesa humanidad de nuestros familiares, sino todo lo contrario. Los repudiamos enfáticamente. Hemos recibido de la sociedad y de los organismos de derechos humanos el ejemplo de luchar y funcionar como colectivo. Juntos y juntas nos sentimos más fuertes para afrontar lo que nos tocó, atravesar y transformar lo que podamos”, dijo Reibaldi. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Analia Kalinec también es integrante de Historias Desobedientes. Su padre, Eduardo Kalinec, era policía Federal y lo conocían como el “Doctor K2, un feroz torturador. Analía escribió el libro Llevaré su nombre. La hija desobediente de un genocida, publicado en 2021.“Acá estamos, contundentemente, para repudiar estos actos. La sociedad argentina dice que no a estos atropellos. Y venimos acá, de familiar de genocida a familiar de genocida, directamente, a decirle a Villarruel que, más allá de nuestros lazos filiatorios, también tenemos el deber moral de repudiar estos crímenes. Ella es una hija obediente del genocidio, no ha podido hacer conciencia a pesar de todo el recorrido, de todos los testimonios, de todos los juicios, de todo lo que ya hemos construído como sociedad. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, sostuvo Kalinec. En el último tiempo, sobre todo a partir de declaraciones de Villarruel, se ha vuelto a poner en debate, primero en los medios tradicionales de comunicación y, luego, en la sociedad en general, la llamada “Teoría de los dos demonios”. Esta plantea que los sucesos de los años 70 fueron parte de una guerra, en la que los militares ―desde el monopolio de la violencia del Estado― y los militantes guerrilleros fueron igualmente responsables de la violencia de esos años y deben ser juzgados de la misma manera. “Lo que hace Villarruel es negar, pero también justificar, banalizar, reivindicar. En estos discursos aparece todo esto. Creo que si hay que ponerle un calificativo a lo que plantea es ‘lo peor de nuestra historia hecho carne en nuestra actualidad’. Los sectores más oscuros de nuestra sociedad, que siguen operando desde sectores muy poderosos y que se encarnan en personajes a veces payasescos, como es el caso de Javier Milei, que tienen un impacto muy fuerte, que todavía no logramos decodificar cómo funciona con las redes sociales ―Tik Tok, Instagram―, pero que es necesario contrarrestarlo con esta organización”, agregó Kalinec. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo, nacida en cautiverio durante el secuestro de su mamá, también brindó su testimonio: “Que se cuelen tanto estos discursos en el Estado, en las instituciones era raro de imaginar. Pero esta gente nunca se fue del poder. Lo que pasa es que fue buscando diferentes estrategias para seguir dominando, desde lo económico, y ahora están intentando volver a instalar la Teoría de los dos demonios. Toda esta gente que está hoy en la calle ya puso su cuerpo, su alma y su vida para que entendamos que no hubo dos demonios, que el terrorismo fue de Estado. Hubo grupos armados, que fueron una minoría y fueron aniquilados cuando empezó la dictadura. Entonces, lo que dice Villarruel es mentira. Quieren volver a engañar a la gente. La democracia no es solo ir a votar. Si esta mujer llega a ser vicepresidenta de la Nación, va a ser democrático entre comillas, pero va a haber muchas cosas que no. Y estar acá en la calle es parte de esa democracia. Y como decía mi madre: ‘Los malos ganan cuando las buenas y los buenos no hacemos nada por impedirlo’. Yo le decía que los malos tenían mucho poder y ella me respondía: ‘Pero las buenas y los buenos somos muchos más’. Y lo que estamos viendo es eso. Somos más. O salimos a las calles, o somos pollo”. Margarita Cruz, sobreviviente del Operativo Independencia en Tucumán, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), ,

Lo dijo la sobreviviente Ana María Soffiantini. En la misma audiencia también declararon Ricardo Héctor Coquet y María Lucía Onofri, hija de Ana María. Soffiantini y Coquet confirmaron que el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) secuestraba y torturaba en la ESMA, en el lugar conocido como “Capuchita”. Coquet aseguró que el SIN y el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2 de la ESMA usaban “la misma máquina de torturar”.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia En la tercera audiencia del juicio ESMA VII, la primera en dar testimonio fue María Lucía Onofri, quien fue secuestrada cuando tenía 1 año y seis meses, junto con su madre, Ana María Soffiantini, y su hermano Luis Guillermo, de apenas 11 meses. El secuestro fue el 16 de agosto de 1977 en Juan B. Justo y Fragata Sarmiento, cuando pasaban frente a una verdulería. Lo que recuerda la testiga son los gritos de su mamá pidiendo por sus hijos y unas “naranjas gigantes” para sus ojos de niña, que “volaban” por la violencia del operativo.. Su madrefue llevada a la ESMA y ella y su hermano fueron retenidos de forma ilegal en una casaquinta en Del Viso. Tiempo después, los niños fueron llevados a Ramallo, a casa de sus abuelos. “Mi abuela me dijo que eran tres los que nos llevaron y que uno de ellos era (Alfredo) Astiz”, indicó la testiga. Su abuela lo reconoció tiempo después, al ver en los diarios la foto del genocida Un año antes, la familia había sufrido el secuestro del padre, Hugo Onofri, quien sigue desaparecido.  Aunque tuvieron contacto telefónico con su madre, sus abuelos siempre estaban bajo amenaza y con la orden de no presentar hábeas corpus por ella. Recordó que semanas después vieron a su madre y que en esos días falleció su abuelo.  En 1978 pudieron reunirse con su madre, que de la ESMA fue trasladada a una casa en Munro, a la que también concurría Ricardo Héctor Coquet, secuestrado en el centro clandestino de la Armada. Tanto Coquet como Ana María Soffiantini, fueron retenidos como mano de obra esclava, en una carpintería que funcionaba en la casa de Munro. “Ricardo Coquet se cortó los dedos (en la carpintería) y uno de los dedos se lo comió un perro”, contó Onofri. El perro, que vivía en esa casa, era de Emilio Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada. La familia estuvo con “libertad vigilada” hasta diciembre de 1981.  La testiga se emocionó al relatar que su padre, Hugo Onofri, está desaparecido desde antes del secuestro que sufrieron con su madre y su hermano. Sólo lo conoce por fotos y por una película casera que tenía su abuelo. “Me hubiera gustado que me llevara a una plaza, a las hamacas, pero no pude”, declaró. Dijo, además, que tuvo que soportar que la sociedad la marque “por ser la hija de tal y yo nunca le hice nada a nadie”.  Luego dio su testimonio Ana María Soffiantini, sobreviviente de la ESMA y madre de María Lucía Onofri. La testiga recordó que un año antes habían secuestrado a su compañero y que se sentía “totalmente desprotegida” por la persecución que sufrían ella y sus dos hijos. En el secuestro, los integrantes de la patota le empezaron a pegar, mientras gritaban que “eran Montoneros”, para crear en el barrio una falsa versión, ya que el hecho ocurrió un domingo al  mediodía, con gente circulando en la calle. Luego de arrebatarle a sus hijos, la subieron a un auto, esposada y con una capucha. A sus hijos los subieron en otro auto, pero escuchó sus gritos y llantos durante un tiempo. La llevaron a la ESMA y, poco después, sufrió la primera sesión de tortura. “En la sala de tortura pedía por mis hijos y me dijeron: ‘Si colaboras vas a saber de ellos’”, declaró. Le advirtieron que, si no colaboraba, se “iba a ir para arriba con ‘Jesucito’, igual que Hugo” su compañero desaparecido.  Unos días después la llevaron a la casa de Fragata Sarmiento, donde en ese momento estaban sus padres. Pudo acercarse a su mamá para decirle al oído que estaba en la ESMA y que “la Gaby estaba viva”. La referencia era por Norma Arrostito, fundadora de Montoneros, a quien se creía que ya la habían asesinado, cuando todavía la mantenían secuestrada y torturada en la ESMA.  Ana María, recién en diciembre de 1977 supo que sus hijos estaban en Ramallo, en la casa de sus abuelos maternos. Ese fin de año, en Ramallo, pudo ver por un rato a sus hijos, pero luego la regresaron a la ESMA. El mismo día del reencuentro se enteró que su padre “había muerto de tristeza”.  En otra ocasión la llevaron de nuevo a Ramallo, en compañía de Ana María Martí, quien también estaba secuestrada en la ESMA. Con posterioridad la trasladaron a la casa de Munro, que funcionaba como “una especie de satélite de la ESMA”. La vivienda había sido propiedad de Rosario Quiroga, otra víctima del terrorismo de Estado. La patota de la ESMA se apropió de casas y bienes que habían pertenecido a personas desaparecidas. En la casa de Munro, se volvió a reunir con sus hijos y con su madre, pero seguían en situación de secuestro: “No podíamos salir de la casa, ni siquiera al patio”, dijo. En el lugar había una morsa, un instrumento de trabajo que había sido de Hugo, su compañero desaparecido.  Los fines de semana Ricardo Héctor Coquet, con quien ella tenía una relación de pareja, iba a la casa. Ella y sus hijos presenciaron, horrorizados, cuando Coquet se cortó parte de la mano con una sierra, cuando le estaba haciendo un barrilete a su hijo Luis. Ante preguntas del fiscal Félix Crous, la sobreviviente confirmó que en la ESMA operaba el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), al que pertenecía Jorge Luis Guarrochena, el único imputado que llegó con vida al juicio. “Ellos estaban en ‘Capuchita’ (uno de los lugares de reclusión de la

En la audiencia número 11 del juicio Puente 12 III, Alicia Le Fur pudo reivindicar la historia y el nombre de su hermana, Beatriz Le Fur, secuestrada y desaparecida en junio de 1976. Alicia recordó que la vio por última vez el día que Beatriz cumplió los 22 y se emocionó cuando dijo que su hermana estaba “más linda que nunca y contenta como siempre”. Le Fur falleció pocos días después de dar su testimonio, sin ver condenados a los responsables del secuestro, tortura y muerte de su hermana.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Alicia Le Fur subrayó que su hermana Beatriz, integrante del PRT, “militaba por el deseo de dejar un mundo mejor que el que la había recibido”. La joven era integrante de una comisión de familiares del PRT que luchaba por la libertad de los presos políticos y denunciaba los crímenes de la dictadura militar.  Beatriz Le Fur estuvo secuestrada en Puente 12, igual que Martín Márquez Viana, el segundo testigo, quien durante un mes fue golpeado y amenazado de muerte en el centro de tortura y exterminio, sin poder determinar las razones de su secuestro.  El tercer testigo fue Daniel Tonso, quien presenció el secuestro de su madre, Ana María Woichejosky. Ella era artesana y se la llevaron cuando estaba levantando su puesto en la feria que funcionaba en la plaza San Martín, en Retiro.  Luego de buscarla por años de manera infructuosa, finalmente supieron que estuvo en Puente 12 y que luego fue fusilada, junto con otras cuatro militantes, en la denominada Masacre de la Calle Rosetti, en Avellaneda, contra el paredón de la fábrica Tamet.  Los testimonios La primera testiga de la jornada 11 fue Alicia Le Fur, quien prestó testimonio en relación con el secuestro de su hermana, Beatriz Le Fur, del que tomaron conocimiento el 16 de junio de 1976. Alicia recordó que vio a su hermana por última vez el 6 de ese mes, porque era el cumpleaños número 22 de Beatriz, quien en ese momento estaba “obligada a vivir en la clandestinidad”.  El 16 de junio allanaron la casa de sus padres “en busca de un supuesto objeto escondido por mi hermana” en un cantero donde había una rosa china. En ese lugar no encontraron nada y por deducción, la familia se dio cuenta que era la forma que había ideado Beatriz para avisarles que la habían secuestrado. Por eso, el dato concreto que tienen es que el secuestro ocurrió “entre el 9 y el 16” de junio de 1976. Alicia aclaró que ella tenía entonces 29 años, que estaba casada y que no vivía en la casa de sus padres.   El presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, se dio cuenta que la testiga, que declaraba de manera virtual, observaba unas anotaciones, una ayuda memoria. Le dijo que podía hacerlo, siempre que antes solicitara autorización.  Beatriz había dejado de frecuentar la casa de sus padres luego de que su esposo fue detenido. Ellailitaba en la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (Cofappeg).  Con posterioridad al 16 de junio, recibieron un llamado telefónico de alguien llamado “Cacho”, quien le dijo a su padre que su hermana estaba “en manos de los militares”. Cuando el padre quiso saber cómo se encontraba Beatriz, la respuesta de esa persona fue que estaba animada, que no había perdido la entereza, pero que estaba en una “mala situación” y que parte de la comida diaria que le daban en el lugar de detención la compartía “con una embarazada”. Cacho llamó varias veces a lo largo de 1976. Para tener la certeza de que ese hombre se comunicaba con su hija, el padre le dijo que le enviara el siguiente mensaje: “Dígale que Pombo está muy enfermo”. Su padre lo dijo con un tono de voz que marcaba preocupación.  En el llamado siguiente, Cacho les preguntó cómo estaba el perro de la casa, que se llamaba Pombo. Eso les dio la certeza de que Cacho tenía contacto con Beatriz y que ella estaba con vida. De todos modos, el desconocido nunca daba datos concretos sobre dónde estaba cautiva Beatriz. En 1977 su padre sufrió una operación quirúrgica y como no pudo atender los llamados de Cacho, el contacto se perdió durante un tiempo, pero luego lo retomó.  Los primeros que le dieron datos concretos de la presencia de su hermana en Puente 12 fueron los integrantes de una pareja mayor cuyo hijo había estado en ese centro clandestino y ahora estaba legalizado en la cárcel de Ezeiza. Le dijeron que Beatriz estuvo “en la Brigada Güemes”, ubicada en la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura.  Esa pareja tenía en su poder un cigarrillo que, en la parte de adentro del papel tenía, entre otras direcciones, la de la casa de sus padres, Del Valle Iberlucea 3381. Lo había escrito su hijo, para que pudieran dar aviso a los familiares de las personas desaparecidas que vivían en esas casas. El matrimonio mayor y sus padres, visitaron cada casa para dar aviso a las familias. Con ellos formaron la agrupación Familiares Zona Sur. El hijo del matrimonio que contactó a sus padres había sido delegado de la planta de Peugeot de la localidad bonaerense de Berazategui.  La tercera fuente de información la obtuvieron recién en 2008. El contacto fue con César Lemos, quien les dijo que “había estado detenido en el mismo lugar” que Beatriz Le Fur. Según Lemos, a él lo habían detenido sin ninguna razón, solo “por portación de apellido”. Les dijo que Beatriz conservaba el ánimo, pero que “la habían torturado” para que les dijera “quién financiaba” a la agrupación Cofappeg.  Luego habló sobre un frustrado encuentro con Lemos, quien le había dejado un mensaje en el contestador. La idea de ella era reunirse “en la casona Cultural de Humahuaca que está a la vuelta de mi casa”, en la calle Humahuaca 3508. En ese lugar “hacemos las baldosas con los nombres de los desaparecidos”. Alicia es integrante de la

Se escuchará el veredicto contra los imputados Jaime Lamont Smart, Walter Ale y Juan Nazareno Risso.

María Josefina Isla Casares durante más de 35 años siguió buscando a su hermano Juan Ignacio “soñando que estaba vivo”, cuando la familia sabía que lo había asesinado una patota de la ESMA. En la misma audiencia también declaró su hermano Marcelo, quien fue secuestrado dos veces.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Transmisión de La Retaguardia María Josefina Isla Casares recorrió tribunales donde jueces indignos le dijeron: “Olvidate, tenemos orden de no darle bola a estas causas”. En los primeros tiempos, tras el secuestro de su hermano, “cuando hablaba (de lo sucedido) me temblaba todo el cuerpo”.  Al declarar en este juicio, lloró al narrar la persecución que sufrió su familia y sintió un impacto “muy fuerte” por haber podido reclamar ante los jueces “memoria, verdad y justicia”.  Sobre el caso también declaró Marcelo Isla Casares, hermano de María Josefina, secuestrado y liberado dos veces por las mismas personas que asesinaron a Juan Ignacio. El testigo confesó que durante 12 años quiso olvidar lo sucedido con su hermano, hasta que le “estalló” la cabeza y escribió un libro “sobre la esperanza” que fue para él “como una sanación”.  Los testimonios María Josefina Isla Casares, dio testimonio sobre la persecución a su familia en la dictadura cívico militar, integrada por su madre y nueve hermanos. Uno de ellos, Juan Ignacio, fue secuestrado cuando tenía 23 y está desaparecido. El joven había sido seminarista de la Congregación Asuncionista.   El 4 de junio de 1976, cerca de la una de la madrugada, unas personas que tocaron el timbre se presentaron en la casa familiar, en Ituzaingó 620, en San Isidro. Cuando abrieron la puerta ingresaron personas armadas que preguntaron por Juan Ignacio. En ese momento, la testiga tenía 17 años. “Nos preguntaban por Juan y nos decían que era un asesino”, recordó María Josefina. Ninguno sabía dónde vivía Juan en ese momento y luego de interrogarlos a todos, se llevaron a otro de sus hermanos, Marcelo, menor que Juan Ignacio.  A Marcelo lo liberaron horas más tarde y les contó que lo habían llevado a casa de unos primos y luego a otro domicilio que desconocía. En ese segundo lugar vio a un joven que salía corriendo y al que los represores le dispararon. El joven cayó al piso, herido, y como gritaba mucho, uno de los oficiales le aplastó la garganta con su pie, calzado con una bota militar. “Le apretó la garganta para que no grite y cuando deja de hacerlo, lo levantan y lo meten en el baúl del auto donde estaba Marcelo”, relató.  Tiempo después, Marcelo le dijo a Marina Josefina que, en ese momento, por la situación que vivía, “no pudo darse cuenta que ese joven era nuestro hermano Juan Ignacio”. Familiares suyos conocían a un hermano del coronel Ernesto Trotz, subjefe de la Policía Bonaerense, el segundo del genocida Ramón Camps. “A los dos meses, Trotz contestó: ‘Fue la Marina, murió esa noche y olvídense del cuerpo. Ese fue el mensaje”, precisó Josefina.  Durante 30 años, la testiga buscó información sobre lo ocurrido con su hermano. De ese modo pudo averiguar que Juan Ignacio fue parte de un operativo que había empezado el 3 de junio con el secuestro en la vía pública de María Fernanda Noguer, junto con su bebé de cuatro meses. En el mismo momento “fueron detenidos un cartero, junto con su novia, a quienes le dieron el bebé”. La pareja estuvo una noche en la ESMA “escuchando cómo torturaban a otras personas” y luego los liberaron, junto con el bebé, al que entregaron luego en una comisaría de Martínez. En el mismo raid represivo, fueron a buscar al sacerdote Jorge Adur, responsable del seminario al que asistía Juan Ignacio. Ese operativo fue en el barrio La Manuelita, pero como no lo encontraron a Adur, secuestraron a los seminaristas Carlos Antonio Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez. Un año después del primer operativo en la casa de su familia, en la calle Ituzaingó, frente a la Catedral de San Isidro, los despertó un “ruido estremecedor”. Era otra patota armada que ingresó al domicilio rompiendo vidrios y puertas. “Eran 20 personas, muchos con pelucas, que preguntaban por José”, contó. Era otro de sus hermanos. “José dijo ‘soy yo’ y lo empezaron a golpear. Le pegaban la cabeza contra la pared”, relató la testiga. Como José estaba sangrando, ella y su madre enfrentaron a los represores para que dejaran de golpearlo. Josefina se dio cuenta que lo estaban confundiendo con Juan Ignacio, “al que ya habían matado ellos, de manera que se me ocurrió buscar mi diario íntimo, donde yo había escrito que nos enteramos que a Juan lo habían asesinado y que no sabíamos dónde estaba su cuerpo”. Aunque le pareció que los de la patota se dieron cuenta del error, igual se llevaron a José y otra vez a Marcelo.  Con el antecedente de Juan Ignacio, la familia pasó la noche angustiada, hasta que, a la mañana, regresaron José y Marcelo. “Los habían llevado encapuchados a un lugar, donde los pusieron frente a una fuerte luz que los iluminaba”, declaró. Les sacaron las capuchas y los amenazaron “con matarlos” si abrían los ojos. Ellos escucharon una voz que decía: “Este es el hermano menor y este es el hermano mayor”, en obvia referencia a Juan Ignacio, a quien —por un increíble error— seguían buscando.  La testiga contó que se reunió con José Villagra, el novio de María Fernanda Noguer, quien le comentó que también presenció lo ocurrido con Juan Ignacio. Esa noche, Villagra había ido hasta la casa donde vivía Juan, porque estaban buscando a su novia, que ya había sido secuestrada. Mario Duclos, el cartero que fue llevado a la ESMA junto con su novia y con Fernanda Noguer, fue quien le confirmó a María Josefina que su hermano Juan estuvo secuestrado en la ESMA.  Josefina dijo que ella fue “la buscadora de la verdad durante 35 años” y su vida fue “un antes y un después” de lo ocurrido con

En la décimo segunda audiencia del juicio Puente 12 III, Bernardo Llorens y Darío Patricio Tonso, expusieron el drama de dos familias destrozadas por “la mentalidad retorcida” de los genocidas. Llorens, perseguido junto con sus 10 hermanos, calificó a los represores como “entes que no pueden ser catalogados como seres humanos”. Tonso sostuvo que a los militantes de los 70, los militares los pintaron como “lo peor del mundo”, cuando fueron ellos los que “robaron, vejaron, secuestraron, torturaron y mataron”. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Darío Patricio Tonso le pidió a los jueces del Tribunal Oral 6 que “no condenen a un inocente, pero a los que sabemos los queremos ver en una cárcel común, no en sus casas” porque “segaron vidas de seres útiles para la sociedad”.Bernardo Llorens centró su relato en el secuestro y asesinato de su hermano Sebastián Llorens y de su cuñada Diana Triay, pero detalló los secuestros, desapariciones y atentados sufridos por otros miembros de su familia. Su hermano menor, Esteban, cuando hizo el Servicio Militar fue obligado a ver las huellas del genocidio en el centro clandestino conocido como Garage Azopardo.Darío Tonso, junto con su hermano Daniel, quien ya declaró en el juicio, describieron lo ocurrido con su madre, Ana María Woichejosky, quien estuvo en Puente 12 y fue fusilada junto con otras cuatro víctimas en la llamada Masacre de la Calle Rosetti, en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. El calvario de la familia Llorens El primer testigo de la audiencia 12 fue Bernardo Llorens, quien se refirió al secuestro y posterior asesinato de su hermano, Sebastián Llorens, y de su cuñada, Diana Triay. La pareja fue secuestrada el 9 de diciembre de 1975, cuando se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires junto con sus hijos, dos niños que quedaron al cuidado del portero del edificio de Callao 1128, donde se encontraba la familia.Ese secuestro formó parte de una serie de hechos relacionados, que se produjeron entre el 7 y el 9 de diciembre de ese año, contra un grupo de militantes del PRT-ERP. Todos cayeron como resultado del trabajo de infiltración realizado por el agente de inteligencia Jesús “El Oso” Ranier.El caso de Llorens y Triay ya había sido expuesto en el juicio oral a partir del conmovedor testimonio de Carolina Llorens, hija de la pareja, y de Yolanda Ripoll, compañera de militancia de Triay. Las investigaciones posteriores determinaron que Llorens y su esposa fueron torturados y asesinados en Puente 12. Sus restos fueron hallados en octubre de 2012, enterrados a orillas del río Matanza, a unos cinco kilómetros del centro clandestino de tortura y exterminio. Ante preguntas del abogado querellante Pablo Llonto, el testigo Bernardo Llorens habló sobre la persecución sufrida por toda su familia. De 11 hermanos, Bernardo es el noveno y Sebastián era el quinto. Pablo Llorens, otro de los hermanos está desaparecido por ser también miembro del PRT. Bernardo dijo que todos sus hermanos eran militantes políticos en esos años, pero que no podía precisar en qué organizaciones.Su padre había nacido en Buenos Aires y su madre en Santiago del Estero. Precisó que 1974 fue un año particularmente difícil para su familia. Sufrieron detenciones y allanamientos en la casa familiar, en la ciudad de Córdoba. En abril de ese año les pusieron una bomba cuya explosión provocó importantes daños materiales en la vivienda.El testigo también estuvo detenido y perdió contacto con sus familiares, con quienes se reencontró en forma fugaz el 25 de diciembre de 1976, una hora antes de partir hacia el exilio en Suecia. En un encuentro que duró apenas media hora, sus padres lo pusieron al corriente de lo sucedido con Sebastián y Diana, y también sobre la desaparición de Pablo. Sus padres le dijeron que era casi nula la posibilidad de que se encontraran vivos. Habló en forma detallada sobre las consecuencias de la persecución, las desapariciones, los atentados y los asesinatos que sufrieron sus familiares. También recordó que en el exilio tuvo poco contacto telefónico con su familia, por los costos del servicio. “Hablar desde Suecia tres minutos me costaba 100 dólares y mi economía no daba para poder hacerlo”, explicó. De todos modos, “lo hacía de vez en cuando, para saber si estaban bien”.En 1976, por la persecución sufrida, su familia tuvo que irse de Córdoba y vivir en la clandestinidad. Algunos de sus hermanos pudieron seguir trabajando, gracias a que uno de ellos tenía una empresa constructora en Catamarca. “Ese fue el sustento de mi familia”, puntualizó. En ese año 1976 “estábamos presos Manuel, yo, Fátima y María”. También estaba en la misma situación Patricia Ardaz, una cuñada suya, mientras que su hermano Pedro estaba en la clandestinidad. “Se fue a Buenos Aires, se las arregló como pudo, con Pablo muerto, con Sebastián y Diana desaparecidos”, contó. Señaló, conmovido, que “era enorme la angustia, porque cada vez que sonaba el teléfono de noche, era mala noticia, era todo muerte y destrucción”.Luego de hacer un alto, visiblemente conmocionado, afirmó que su regreso a la Argentina estuvo signado por “la sombra de todas las vivencias, la tortura, los castigos, las muertes”. Por esa razón tuvo que hacer largos tratamientos “para sobrellevar el estrés postraumático con psicólogos y psiquiatras, para tratar el terror, las angustias, el dolor”. Tuvo también problemas físicos, operaciones y el miedo de “no saber si podría sobrevivir”. Dijo que el único consuelo que tuvo fue el de saber que los hijos de su hermano Sebastián y Diana pudieron ser recuperados por la familia, luego de quedar abandonados tras el secuestro de sus padres. Carolina Llorens, que era la mayor, tenía apenas un año y medio cuando secuestraron a sus padres.Bernardo Llorens regresó a la Argentina en 1984 “cuándo estos bárbaros dejaron el poder”, en referencia a los miembros de la dictadura cívico militar. El calvario de su familia lo vivió “desde afuera, como se podía”, en el exilio.Recordó que su hermano menor, Esteban, fallecido el año pasado, tuvo que hacer el servicio militar en 1977. Dijo que estuvo

La historia comienza el 8 de diciembre de 1975 en un cumpleaños infantil con la irrupción militar y los secuestros de Ofelia Santucho y 9 menores de edad, que tenían entre15 años y 9 meses. Todos integrantes de la familia Santucho, más el bebé del “Turco” Abdón. Fueron llevados a dos centros clandestinos y sufrieron abusos y tormentos. En los interrogatorios preguntaban por Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP. Finalmente fueron trasladados a un Hotel en Flores y gracias a un operativo fueron rescatados y pudieron refugiarse en la Embajada de Cuba. El 15 de agosto de 2023, en el juicio por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el Pozo de Quilmes. Pozo de Banfield y El Infierno de Avellaneda, declararon Mario y Marcela Santucho, dos de los menores que fueron secuestrados en el cumpleaños e hijos de Mario Roberto Santucho. Audio e imágenes: Transmisión juicio Brigadas Banfield, Quilmes y Lanús

Sacha Barrera Oro dio testimonio sobre el secuestro y desaparición de su padre, Jaime Barrera Oro, en octubre de 1976. Recordó que su abuela paterna tuvo contacto con el oficial de Inteligencia Jorge Carlos Lafuente, quien le prometió falazmente que su hijo iba a retornar a su hogar.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia En febrero de 2022, Jorge Carlos Lafuente fue señalado como integrante de los Servicios de Inteligencia, en la indagatoria de uno de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos por personal del Regimiento de Infantería Motorizada 6 de Mercedes. Ya figuraba en denuncias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que datan de 1986. Nunca fue buscado por el Poder Judicial.  Sacha Barrera Oro declaró en el juicio Puente 12 III y advirtió que hacer justicia es “un bien para toda la Argentina”, porque las víctimas “no se evaporaron, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas”. Sobre el presente, expresó su preocupación. “En Jujuy no hay Ford Falcon, hay camionetas, pero el modus operandi es muy similar al de la dictadura”, dijo en alusión a la represión ordenada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.  –El secuestro de su padre Cuando tenía tres años y medio, Barrera Oro sufrió el secuestro de su padre, Jaime Barrera Oro. Se lo llevaron el 12 de octubre de 1976, junto con su pareja, Vella Beatriz Lemel. El secuestro se produjo “cuando ambos salían de la casa del padre de Vella”, en el barrio porteño de Palermo. “Ella recuperó su libertad, no sé cuánto tiempo después, y mi padre continúa desaparecido”, agregó.  La información la obtuvo de su abuela paterna, Hilda Guerrero de Barrera Oro. La mamá de Sacha había fallecido cuando él tenía un año y medio, y  quedó al cuidado de sus abuelos maternos, porque sus padres estaban separados.  El testigo acompañó a su abuela Hilda en la búsqueda de su padre desaparecido. Sacha mantuvo una convivencia cercana con su abuela paterna hasta 1983. Hilda, que falleció en 2018, perteneció a Madres de Plaza de Mayo. “Fue de las primeras, de un grupo de 14 madres que iban a la Plaza de Mayo y se reunían en el Jardín Botánico”, contó. “Pudimos saber dónde había estado mi padre por la declaración de (Ignacio) Canevari en el juicio por el Vesubio”, declaró Barrera Oro acerca del testimonio que brindó Canevari en 2015.  Ellos ya vivían en Mendoza y viajaban a Buenos Aires para buscar a su padre en los penales de Sierra Chica, Olmos, La Plata y Caseros. Su abuela iba “a las colas de familiares en las cárceles” para ver si alguien tenía datos sobre su hijo. Pudieron saber algo por medio de un primo de su padre “que estuvo secuestrado unos días y que lo había podido ver en un lugar”. Fueron “muchos momentos de búsqueda, de angustia y de ansiedad”.  Actualmente, el testigo vive en Mendoza, en la casa que era de su abuela, y durante su declaración virtual tenía detrás suyo  una foto de su padre: “Era la que siempre tuvo mi abuela”, contó al tribunal. Después, mostró otra fotografía en la que aparecen su madre y su padre. Además, compartió una foto en la que aparece él de niño, rodeado de un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Se refirió a esta como  “(una foto) oxidada por el tiempo, con una tonalidad rosada, que es la única que pude encontrar”.  Su padre estudió medicina y se recibió en Córdoba. Tenía 27 años cuando lo secuestraron. Era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y trabajaba en algunos barrios en la provincia y tambiény en Mendoza “para acercar la medicina social a los que no podían” acceder a ella.  Barrera Oro se refirió a Hugo Parsons, un testigo que estuvo en Puente 12 desde los primeros días de noviembre de 1976, hasta febrero de 1977. Lamentó no haber podido hablar con él porque le hubiera podido brindar información sobre su padre. “Declaró que lo había visto (a su padre) en un galpón”, explicó. Dijo que fue “muy angustiante no haber podido hablar con él para saber más” sobre el destino de su padre.   Su abuela paterna tuvo un encuentro con Vella Lemel, la exnovia de su padre. “Mi abuela, que era una persona de carácter fuerte, se hizo pasar por una paciente y fue a la clínica de estética que Vella tenía en Belgrano”, declaró Sacha.Allí,  le contó que se había enfrentado con Vella y que fue un momento muy tenso. Pero, aunque se había conmocionado por volver a ver a la madre de su expareja, no le dijo mucho.. El padre de la joven, cuando ella recuperó su libertad, “la había llevado a Israel y Vella no había querido saber nada más” de lo sucedido con su pareja.  El misterioso capitán Lafuente  Por dichos de su abuela, Sacha supo que, días después del secuestro de su padre, unos hombres se presentaron en la casa de su tía, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde ellos vivían en ese momento, para buscar un maletín y otras cosas de su padre: “(Mi abuela) pudo hablar unos minutos con esas personas, que le prometieron que mi padre iba a volver pronto, pero fue todo mentira, porque nunca más apareció”, dijo el testigo. Uno de esos individuos dijo llamarse Jorge Carlos Lafuente. “Ese hombre fue quien le aseguró que todo iba a estar bien y que mi padre iba a volver esa noche, pero que necesitaba el maletín”, dijo el testigo. Aclaró que su abuela siempre lamentó haber permitido que se llevaran el maletín “donde había fotos nuestras, por eso yo no tengo fotos con mi padre”. También se llevaron el estetoscopio y otros elementos personales. Por precaución, “mi abuela había sacado unas hojas de la agenda” que tenía su padre en el maletín “para proteger a las personas que figuraban ahí, para evitar que otros fueran secuestrados”. Desde ese día “mi abuela siempre buscó a este hombre por

El pasado jueves se realizaron movilizaciones en todo el país a 47 años de La Noche del Apagón de Ledesma. En Plaza de Mayo se llevó adelante la Ronda de las Madres y, en simultáneo, organizaciones sociales y políticas marcharon hacia la sede de la empresa Ledesma en CABA para exigir justicia por las y los desaparecidos. Además, repudiaron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de la Nación. Redacción: Carlos Rodríguez / Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Bárbara Barros/La Retaguardia Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue la única oradora del acto y se encargó de señalar al empresario impune que fue el principal responsable de los secuestros masivos ocurridos el 20 de julio de 1976, en la localidad jujeña de Libertador General San Martín. Taty le puso voz al mensaje de organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos que homenajearon a las víctimas, al cumplirse 47 años de La Noche del Apagón, uno de los episodios más terroríficos ocurridos durante la dictadura civil, militar y eclesiástica de 1976.    Taty, en nombre de todos los firmantes, recalcó que en este nuevo aniversario de La Noche del Apagón, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la Nación, Gerardo Morales, “descarga una feroz represión sobre el pueblo jujeño que se manifiesta pacíficamente en las calles en defensa de sus derechos lo que nos retrotrae a un pasado de terror que creíamos haber superado tras 40 años de democracia”.  El acto, que había comenzado en la Plaza de Mayo, en la tradicional ronda de los jueves, se trasladó a Corrientes y Reconquista, frente al edificio donde tiene su sede en Buenos Aires la empresa propietaria del Ingenio Ledesma, de la que el fallecido Blaquier fue su cara visible al momento de recibir las dádivas del proceso militar.  El rostro del genocida Blaquier permaneció oculto por la complicidad del Poder Judicial, que en marzo de 2015 dictaminó “la falta de mérito” del empresario y de su gerente en el Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, en la causa por la desaparición de 29 trabajadores y trabajadoras de la empresa.    “Hoy homenajeamos y ofrecemos nuestro reconocimiento a las víctimas del horror en Ledesma”, dijo Taty Almeida. Y gritó el “presente, ahora y siempre” por las víctimas de La Noche del Apagón y por las y los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.  Los cánticos de la multitud movilizada, acallaron por unas horas el “ruido del dinero”, que predomina en una zona de la Ciudad de Buenos Aires donde tienen su bunker la Bolsa de Comercio y las sedes centrales de los bancos y entidades del poder financiero que explota al pueblo trabajador.  El documento que leyó Taty fue firmado, entre otras organizaciones, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, HIJOS Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.  La exigencia fue que cese la persecución política y judicial de quienes se manifiestan por sus derechos” y que se disponga “la reparación a las víctimas de la represión policial, la libertad de los presos políticos y la derogación de la ilegítima reforma constitucional” hecha a dedo por Morales. Por esa razón, en el documento se resaltó que Jujuy “fue y es el laboratorio en que la derecha sigue ensayando sus métodos más violentos que, si tienen éxito, intentarán (aplicarlos) en todo el país”. También se reclamó la inmediata libertad de Milagro Sala y de los dirigentes de la organización Tupac Amaru.  La columna que marchó desde el Obelisco hasta Corrientes y Reconquista llevaba una bandera que decía: “NO a la reforma, SI a los derechos”. De la marcha participaron la CTA Autónoma, CTA de los trabajadores, Ctera, Suteba, ATE, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) y Foetra. También lo hicieron Nuevo Encuentro, Frente Patria Grande, Partido Piquetero, Partido Comunista, Movimiento Popular Liberación, Movimiento de Trabajadores Excluidos,  Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Movimiento Popular Nuestramérica y el Frente Popular Darío Santillán. Los testimonios En la Plaza de Mayo estuvo desde temprano Ricardo Arédez, hijo de Olga Arédez, emblema de la lucha por el reclamo de justicia por las desapariciones ocurridas en el área de influencia del Ingenio Ledesma, en Jujuy. El esposo de Olga y padre de Ricardo fue Luis Arédez, exintendente de Libertador General San Martín, quien fue secuestrado y sigue desaparecido.  Ricardo Arédez le dijo a La Retaguardia que sus “paisanos de Jujuy tienen que salir a parar lo que está pasando, porque si no salen no sé qué va a pasar en mi provincia, no sé cómo vamos a salir adelante”. Agregó que “esto no puede ocurrir a 40 años de democracia, porque son muy caros para el Partido Radical (al que pertenece Morales) estos 40 años de democracia”, que comenzaron en diciembre de 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente constitucional.  Ricardo Arédez sostuvo que lo “enoja mucho” porque su padre “era de la Unión Cívica Radical, es el único radical desaparecido” durante los operativos realizados en la noche del 20 de julio de 1976.   Por su parte, Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que “los sectores más recalcitrantes de la derecha argentina, si tuvieran margen político, no repararían en volver a una dictadura militar, pero tienen que pasar por las urnas”. El antídoto para cerrarles el camino es “marchar hoy en la plaza, junto con las Madres, y marchar hasta la sede del Ingenio Ledesma en Capital, porque es jugar con la historia rigurosa y con el presente”.  Precisó que “es jugar con la historia, porque el Apagón de Ledesma significó una clara evidencia del poder económico concentrado con las multinacionales y con el poder militar, las fuerzas policiales y parapoliciales”. Agregó