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En la audiencia número 11 del juicio Puente 12 III, Alicia Le Fur pudo reivindicar la historia y el nombre de su hermana, Beatriz Le Fur, secuestrada y desaparecida en junio de 1976. Alicia recordó que la vio por última vez el día que Beatriz cumplió los 22 y se emocionó cuando dijo que su hermana estaba “más linda que nunca y contenta como siempre”. Le Fur falleció pocos días después de dar su testimonio, sin ver condenados a los responsables del secuestro, tortura y muerte de su hermana.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Alicia Le Fur subrayó que su hermana Beatriz, integrante del PRT, “militaba por el deseo de dejar un mundo mejor que el que la había recibido”. La joven era integrante de una comisión de familiares del PRT que luchaba por la libertad de los presos políticos y denunciaba los crímenes de la dictadura militar.  Beatriz Le Fur estuvo secuestrada en Puente 12, igual que Martín Márquez Viana, el segundo testigo, quien durante un mes fue golpeado y amenazado de muerte en el centro de tortura y exterminio, sin poder determinar las razones de su secuestro.  El tercer testigo fue Daniel Tonso, quien presenció el secuestro de su madre, Ana María Woichejosky. Ella era artesana y se la llevaron cuando estaba levantando su puesto en la feria que funcionaba en la plaza San Martín, en Retiro.  Luego de buscarla por años de manera infructuosa, finalmente supieron que estuvo en Puente 12 y que luego fue fusilada, junto con otras cuatro militantes, en la denominada Masacre de la Calle Rosetti, en Avellaneda, contra el paredón de la fábrica Tamet.  Los testimonios La primera testiga de la jornada 11 fue Alicia Le Fur, quien prestó testimonio en relación con el secuestro de su hermana, Beatriz Le Fur, del que tomaron conocimiento el 16 de junio de 1976. Alicia recordó que vio a su hermana por última vez el 6 de ese mes, porque era el cumpleaños número 22 de Beatriz, quien en ese momento estaba “obligada a vivir en la clandestinidad”.  El 16 de junio allanaron la casa de sus padres “en busca de un supuesto objeto escondido por mi hermana” en un cantero donde había una rosa china. En ese lugar no encontraron nada y por deducción, la familia se dio cuenta que era la forma que había ideado Beatriz para avisarles que la habían secuestrado. Por eso, el dato concreto que tienen es que el secuestro ocurrió “entre el 9 y el 16” de junio de 1976. Alicia aclaró que ella tenía entonces 29 años, que estaba casada y que no vivía en la casa de sus padres.   El presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, se dio cuenta que la testiga, que declaraba de manera virtual, observaba unas anotaciones, una ayuda memoria. Le dijo que podía hacerlo, siempre que antes solicitara autorización.  Beatriz había dejado de frecuentar la casa de sus padres luego de que su esposo fue detenido. Ellailitaba en la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (Cofappeg).  Con posterioridad al 16 de junio, recibieron un llamado telefónico de alguien llamado “Cacho”, quien le dijo a su padre que su hermana estaba “en manos de los militares”. Cuando el padre quiso saber cómo se encontraba Beatriz, la respuesta de esa persona fue que estaba animada, que no había perdido la entereza, pero que estaba en una “mala situación” y que parte de la comida diaria que le daban en el lugar de detención la compartía “con una embarazada”. Cacho llamó varias veces a lo largo de 1976. Para tener la certeza de que ese hombre se comunicaba con su hija, el padre le dijo que le enviara el siguiente mensaje: “Dígale que Pombo está muy enfermo”. Su padre lo dijo con un tono de voz que marcaba preocupación.  En el llamado siguiente, Cacho les preguntó cómo estaba el perro de la casa, que se llamaba Pombo. Eso les dio la certeza de que Cacho tenía contacto con Beatriz y que ella estaba con vida. De todos modos, el desconocido nunca daba datos concretos sobre dónde estaba cautiva Beatriz. En 1977 su padre sufrió una operación quirúrgica y como no pudo atender los llamados de Cacho, el contacto se perdió durante un tiempo, pero luego lo retomó.  Los primeros que le dieron datos concretos de la presencia de su hermana en Puente 12 fueron los integrantes de una pareja mayor cuyo hijo había estado en ese centro clandestino y ahora estaba legalizado en la cárcel de Ezeiza. Le dijeron que Beatriz estuvo “en la Brigada Güemes”, ubicada en la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura.  Esa pareja tenía en su poder un cigarrillo que, en la parte de adentro del papel tenía, entre otras direcciones, la de la casa de sus padres, Del Valle Iberlucea 3381. Lo había escrito su hijo, para que pudieran dar aviso a los familiares de las personas desaparecidas que vivían en esas casas. El matrimonio mayor y sus padres, visitaron cada casa para dar aviso a las familias. Con ellos formaron la agrupación Familiares Zona Sur. El hijo del matrimonio que contactó a sus padres había sido delegado de la planta de Peugeot de la localidad bonaerense de Berazategui.  La tercera fuente de información la obtuvieron recién en 2008. El contacto fue con César Lemos, quien les dijo que “había estado detenido en el mismo lugar” que Beatriz Le Fur. Según Lemos, a él lo habían detenido sin ninguna razón, solo “por portación de apellido”. Les dijo que Beatriz conservaba el ánimo, pero que “la habían torturado” para que les dijera “quién financiaba” a la agrupación Cofappeg.  Luego habló sobre un frustrado encuentro con Lemos, quien le había dejado un mensaje en el contestador. La idea de ella era reunirse “en la casona Cultural de Humahuaca que está a la vuelta de mi casa”, en la calle Humahuaca 3508. En ese lugar “hacemos las baldosas con los nombres de los desaparecidos”. Alicia es integrante de la

Se escuchará el veredicto contra los imputados Jaime Lamont Smart, Walter Ale y Juan Nazareno Risso.

María Josefina Isla Casares durante más de 35 años siguió buscando a su hermano Juan Ignacio “soñando que estaba vivo”, cuando la familia sabía que lo había asesinado una patota de la ESMA. En la misma audiencia también declaró su hermano Marcelo, quien fue secuestrado dos veces.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Transmisión de La Retaguardia María Josefina Isla Casares recorrió tribunales donde jueces indignos le dijeron: “Olvidate, tenemos orden de no darle bola a estas causas”. En los primeros tiempos, tras el secuestro de su hermano, “cuando hablaba (de lo sucedido) me temblaba todo el cuerpo”.  Al declarar en este juicio, lloró al narrar la persecución que sufrió su familia y sintió un impacto “muy fuerte” por haber podido reclamar ante los jueces “memoria, verdad y justicia”.  Sobre el caso también declaró Marcelo Isla Casares, hermano de María Josefina, secuestrado y liberado dos veces por las mismas personas que asesinaron a Juan Ignacio. El testigo confesó que durante 12 años quiso olvidar lo sucedido con su hermano, hasta que le “estalló” la cabeza y escribió un libro “sobre la esperanza” que fue para él “como una sanación”.  Los testimonios María Josefina Isla Casares, dio testimonio sobre la persecución a su familia en la dictadura cívico militar, integrada por su madre y nueve hermanos. Uno de ellos, Juan Ignacio, fue secuestrado cuando tenía 23 y está desaparecido. El joven había sido seminarista de la Congregación Asuncionista.   El 4 de junio de 1976, cerca de la una de la madrugada, unas personas que tocaron el timbre se presentaron en la casa familiar, en Ituzaingó 620, en San Isidro. Cuando abrieron la puerta ingresaron personas armadas que preguntaron por Juan Ignacio. En ese momento, la testiga tenía 17 años. “Nos preguntaban por Juan y nos decían que era un asesino”, recordó María Josefina. Ninguno sabía dónde vivía Juan en ese momento y luego de interrogarlos a todos, se llevaron a otro de sus hermanos, Marcelo, menor que Juan Ignacio.  A Marcelo lo liberaron horas más tarde y les contó que lo habían llevado a casa de unos primos y luego a otro domicilio que desconocía. En ese segundo lugar vio a un joven que salía corriendo y al que los represores le dispararon. El joven cayó al piso, herido, y como gritaba mucho, uno de los oficiales le aplastó la garganta con su pie, calzado con una bota militar. “Le apretó la garganta para que no grite y cuando deja de hacerlo, lo levantan y lo meten en el baúl del auto donde estaba Marcelo”, relató.  Tiempo después, Marcelo le dijo a Marina Josefina que, en ese momento, por la situación que vivía, “no pudo darse cuenta que ese joven era nuestro hermano Juan Ignacio”. Familiares suyos conocían a un hermano del coronel Ernesto Trotz, subjefe de la Policía Bonaerense, el segundo del genocida Ramón Camps. “A los dos meses, Trotz contestó: ‘Fue la Marina, murió esa noche y olvídense del cuerpo. Ese fue el mensaje”, precisó Josefina.  Durante 30 años, la testiga buscó información sobre lo ocurrido con su hermano. De ese modo pudo averiguar que Juan Ignacio fue parte de un operativo que había empezado el 3 de junio con el secuestro en la vía pública de María Fernanda Noguer, junto con su bebé de cuatro meses. En el mismo momento “fueron detenidos un cartero, junto con su novia, a quienes le dieron el bebé”. La pareja estuvo una noche en la ESMA “escuchando cómo torturaban a otras personas” y luego los liberaron, junto con el bebé, al que entregaron luego en una comisaría de Martínez. En el mismo raid represivo, fueron a buscar al sacerdote Jorge Adur, responsable del seminario al que asistía Juan Ignacio. Ese operativo fue en el barrio La Manuelita, pero como no lo encontraron a Adur, secuestraron a los seminaristas Carlos Antonio Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez. Un año después del primer operativo en la casa de su familia, en la calle Ituzaingó, frente a la Catedral de San Isidro, los despertó un “ruido estremecedor”. Era otra patota armada que ingresó al domicilio rompiendo vidrios y puertas. “Eran 20 personas, muchos con pelucas, que preguntaban por José”, contó. Era otro de sus hermanos. “José dijo ‘soy yo’ y lo empezaron a golpear. Le pegaban la cabeza contra la pared”, relató la testiga. Como José estaba sangrando, ella y su madre enfrentaron a los represores para que dejaran de golpearlo. Josefina se dio cuenta que lo estaban confundiendo con Juan Ignacio, “al que ya habían matado ellos, de manera que se me ocurrió buscar mi diario íntimo, donde yo había escrito que nos enteramos que a Juan lo habían asesinado y que no sabíamos dónde estaba su cuerpo”. Aunque le pareció que los de la patota se dieron cuenta del error, igual se llevaron a José y otra vez a Marcelo.  Con el antecedente de Juan Ignacio, la familia pasó la noche angustiada, hasta que, a la mañana, regresaron José y Marcelo. “Los habían llevado encapuchados a un lugar, donde los pusieron frente a una fuerte luz que los iluminaba”, declaró. Les sacaron las capuchas y los amenazaron “con matarlos” si abrían los ojos. Ellos escucharon una voz que decía: “Este es el hermano menor y este es el hermano mayor”, en obvia referencia a Juan Ignacio, a quien —por un increíble error— seguían buscando.  La testiga contó que se reunió con José Villagra, el novio de María Fernanda Noguer, quien le comentó que también presenció lo ocurrido con Juan Ignacio. Esa noche, Villagra había ido hasta la casa donde vivía Juan, porque estaban buscando a su novia, que ya había sido secuestrada. Mario Duclos, el cartero que fue llevado a la ESMA junto con su novia y con Fernanda Noguer, fue quien le confirmó a María Josefina que su hermano Juan estuvo secuestrado en la ESMA.  Josefina dijo que ella fue “la buscadora de la verdad durante 35 años” y su vida fue “un antes y un después” de lo ocurrido con

En la décimo segunda audiencia del juicio Puente 12 III, Bernardo Llorens y Darío Patricio Tonso, expusieron el drama de dos familias destrozadas por “la mentalidad retorcida” de los genocidas. Llorens, perseguido junto con sus 10 hermanos, calificó a los represores como “entes que no pueden ser catalogados como seres humanos”. Tonso sostuvo que a los militantes de los 70, los militares los pintaron como “lo peor del mundo”, cuando fueron ellos los que “robaron, vejaron, secuestraron, torturaron y mataron”. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Darío Patricio Tonso le pidió a los jueces del Tribunal Oral 6 que “no condenen a un inocente, pero a los que sabemos los queremos ver en una cárcel común, no en sus casas” porque “segaron vidas de seres útiles para la sociedad”.Bernardo Llorens centró su relato en el secuestro y asesinato de su hermano Sebastián Llorens y de su cuñada Diana Triay, pero detalló los secuestros, desapariciones y atentados sufridos por otros miembros de su familia. Su hermano menor, Esteban, cuando hizo el Servicio Militar fue obligado a ver las huellas del genocidio en el centro clandestino conocido como Garage Azopardo.Darío Tonso, junto con su hermano Daniel, quien ya declaró en el juicio, describieron lo ocurrido con su madre, Ana María Woichejosky, quien estuvo en Puente 12 y fue fusilada junto con otras cuatro víctimas en la llamada Masacre de la Calle Rosetti, en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. El calvario de la familia Llorens El primer testigo de la audiencia 12 fue Bernardo Llorens, quien se refirió al secuestro y posterior asesinato de su hermano, Sebastián Llorens, y de su cuñada, Diana Triay. La pareja fue secuestrada el 9 de diciembre de 1975, cuando se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires junto con sus hijos, dos niños que quedaron al cuidado del portero del edificio de Callao 1128, donde se encontraba la familia.Ese secuestro formó parte de una serie de hechos relacionados, que se produjeron entre el 7 y el 9 de diciembre de ese año, contra un grupo de militantes del PRT-ERP. Todos cayeron como resultado del trabajo de infiltración realizado por el agente de inteligencia Jesús “El Oso” Ranier.El caso de Llorens y Triay ya había sido expuesto en el juicio oral a partir del conmovedor testimonio de Carolina Llorens, hija de la pareja, y de Yolanda Ripoll, compañera de militancia de Triay. Las investigaciones posteriores determinaron que Llorens y su esposa fueron torturados y asesinados en Puente 12. Sus restos fueron hallados en octubre de 2012, enterrados a orillas del río Matanza, a unos cinco kilómetros del centro clandestino de tortura y exterminio. Ante preguntas del abogado querellante Pablo Llonto, el testigo Bernardo Llorens habló sobre la persecución sufrida por toda su familia. De 11 hermanos, Bernardo es el noveno y Sebastián era el quinto. Pablo Llorens, otro de los hermanos está desaparecido por ser también miembro del PRT. Bernardo dijo que todos sus hermanos eran militantes políticos en esos años, pero que no podía precisar en qué organizaciones.Su padre había nacido en Buenos Aires y su madre en Santiago del Estero. Precisó que 1974 fue un año particularmente difícil para su familia. Sufrieron detenciones y allanamientos en la casa familiar, en la ciudad de Córdoba. En abril de ese año les pusieron una bomba cuya explosión provocó importantes daños materiales en la vivienda.El testigo también estuvo detenido y perdió contacto con sus familiares, con quienes se reencontró en forma fugaz el 25 de diciembre de 1976, una hora antes de partir hacia el exilio en Suecia. En un encuentro que duró apenas media hora, sus padres lo pusieron al corriente de lo sucedido con Sebastián y Diana, y también sobre la desaparición de Pablo. Sus padres le dijeron que era casi nula la posibilidad de que se encontraran vivos. Habló en forma detallada sobre las consecuencias de la persecución, las desapariciones, los atentados y los asesinatos que sufrieron sus familiares. También recordó que en el exilio tuvo poco contacto telefónico con su familia, por los costos del servicio. “Hablar desde Suecia tres minutos me costaba 100 dólares y mi economía no daba para poder hacerlo”, explicó. De todos modos, “lo hacía de vez en cuando, para saber si estaban bien”.En 1976, por la persecución sufrida, su familia tuvo que irse de Córdoba y vivir en la clandestinidad. Algunos de sus hermanos pudieron seguir trabajando, gracias a que uno de ellos tenía una empresa constructora en Catamarca. “Ese fue el sustento de mi familia”, puntualizó. En ese año 1976 “estábamos presos Manuel, yo, Fátima y María”. También estaba en la misma situación Patricia Ardaz, una cuñada suya, mientras que su hermano Pedro estaba en la clandestinidad. “Se fue a Buenos Aires, se las arregló como pudo, con Pablo muerto, con Sebastián y Diana desaparecidos”, contó. Señaló, conmovido, que “era enorme la angustia, porque cada vez que sonaba el teléfono de noche, era mala noticia, era todo muerte y destrucción”.Luego de hacer un alto, visiblemente conmocionado, afirmó que su regreso a la Argentina estuvo signado por “la sombra de todas las vivencias, la tortura, los castigos, las muertes”. Por esa razón tuvo que hacer largos tratamientos “para sobrellevar el estrés postraumático con psicólogos y psiquiatras, para tratar el terror, las angustias, el dolor”. Tuvo también problemas físicos, operaciones y el miedo de “no saber si podría sobrevivir”. Dijo que el único consuelo que tuvo fue el de saber que los hijos de su hermano Sebastián y Diana pudieron ser recuperados por la familia, luego de quedar abandonados tras el secuestro de sus padres. Carolina Llorens, que era la mayor, tenía apenas un año y medio cuando secuestraron a sus padres.Bernardo Llorens regresó a la Argentina en 1984 “cuándo estos bárbaros dejaron el poder”, en referencia a los miembros de la dictadura cívico militar. El calvario de su familia lo vivió “desde afuera, como se podía”, en el exilio.Recordó que su hermano menor, Esteban, fallecido el año pasado, tuvo que hacer el servicio militar en 1977. Dijo que estuvo

La historia comienza el 8 de diciembre de 1975 en un cumpleaños infantil con la irrupción militar y los secuestros de Ofelia Santucho y 9 menores de edad, que tenían entre15 años y 9 meses. Todos integrantes de la familia Santucho, más el bebé del “Turco” Abdón. Fueron llevados a dos centros clandestinos y sufrieron abusos y tormentos. En los interrogatorios preguntaban por Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP. Finalmente fueron trasladados a un Hotel en Flores y gracias a un operativo fueron rescatados y pudieron refugiarse en la Embajada de Cuba. El 15 de agosto de 2023, en el juicio por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el Pozo de Quilmes. Pozo de Banfield y El Infierno de Avellaneda, declararon Mario y Marcela Santucho, dos de los menores que fueron secuestrados en el cumpleaños e hijos de Mario Roberto Santucho. Audio e imágenes: Transmisión juicio Brigadas Banfield, Quilmes y Lanús

Sacha Barrera Oro dio testimonio sobre el secuestro y desaparición de su padre, Jaime Barrera Oro, en octubre de 1976. Recordó que su abuela paterna tuvo contacto con el oficial de Inteligencia Jorge Carlos Lafuente, quien le prometió falazmente que su hijo iba a retornar a su hogar.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia En febrero de 2022, Jorge Carlos Lafuente fue señalado como integrante de los Servicios de Inteligencia, en la indagatoria de uno de los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos por personal del Regimiento de Infantería Motorizada 6 de Mercedes. Ya figuraba en denuncias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que datan de 1986. Nunca fue buscado por el Poder Judicial.  Sacha Barrera Oro declaró en el juicio Puente 12 III y advirtió que hacer justicia es “un bien para toda la Argentina”, porque las víctimas “no se evaporaron, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas”. Sobre el presente, expresó su preocupación. “En Jujuy no hay Ford Falcon, hay camionetas, pero el modus operandi es muy similar al de la dictadura”, dijo en alusión a la represión ordenada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.  –El secuestro de su padre Cuando tenía tres años y medio, Barrera Oro sufrió el secuestro de su padre, Jaime Barrera Oro. Se lo llevaron el 12 de octubre de 1976, junto con su pareja, Vella Beatriz Lemel. El secuestro se produjo “cuando ambos salían de la casa del padre de Vella”, en el barrio porteño de Palermo. “Ella recuperó su libertad, no sé cuánto tiempo después, y mi padre continúa desaparecido”, agregó.  La información la obtuvo de su abuela paterna, Hilda Guerrero de Barrera Oro. La mamá de Sacha había fallecido cuando él tenía un año y medio, y  quedó al cuidado de sus abuelos maternos, porque sus padres estaban separados.  El testigo acompañó a su abuela Hilda en la búsqueda de su padre desaparecido. Sacha mantuvo una convivencia cercana con su abuela paterna hasta 1983. Hilda, que falleció en 2018, perteneció a Madres de Plaza de Mayo. “Fue de las primeras, de un grupo de 14 madres que iban a la Plaza de Mayo y se reunían en el Jardín Botánico”, contó. “Pudimos saber dónde había estado mi padre por la declaración de (Ignacio) Canevari en el juicio por el Vesubio”, declaró Barrera Oro acerca del testimonio que brindó Canevari en 2015.  Ellos ya vivían en Mendoza y viajaban a Buenos Aires para buscar a su padre en los penales de Sierra Chica, Olmos, La Plata y Caseros. Su abuela iba “a las colas de familiares en las cárceles” para ver si alguien tenía datos sobre su hijo. Pudieron saber algo por medio de un primo de su padre “que estuvo secuestrado unos días y que lo había podido ver en un lugar”. Fueron “muchos momentos de búsqueda, de angustia y de ansiedad”.  Actualmente, el testigo vive en Mendoza, en la casa que era de su abuela, y durante su declaración virtual tenía detrás suyo  una foto de su padre: “Era la que siempre tuvo mi abuela”, contó al tribunal. Después, mostró otra fotografía en la que aparecen su madre y su padre. Además, compartió una foto en la que aparece él de niño, rodeado de un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Se refirió a esta como  “(una foto) oxidada por el tiempo, con una tonalidad rosada, que es la única que pude encontrar”.  Su padre estudió medicina y se recibió en Córdoba. Tenía 27 años cuando lo secuestraron. Era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y trabajaba en algunos barrios en la provincia y tambiény en Mendoza “para acercar la medicina social a los que no podían” acceder a ella.  Barrera Oro se refirió a Hugo Parsons, un testigo que estuvo en Puente 12 desde los primeros días de noviembre de 1976, hasta febrero de 1977. Lamentó no haber podido hablar con él porque le hubiera podido brindar información sobre su padre. “Declaró que lo había visto (a su padre) en un galpón”, explicó. Dijo que fue “muy angustiante no haber podido hablar con él para saber más” sobre el destino de su padre.   Su abuela paterna tuvo un encuentro con Vella Lemel, la exnovia de su padre. “Mi abuela, que era una persona de carácter fuerte, se hizo pasar por una paciente y fue a la clínica de estética que Vella tenía en Belgrano”, declaró Sacha.Allí,  le contó que se había enfrentado con Vella y que fue un momento muy tenso. Pero, aunque se había conmocionado por volver a ver a la madre de su expareja, no le dijo mucho.. El padre de la joven, cuando ella recuperó su libertad, “la había llevado a Israel y Vella no había querido saber nada más” de lo sucedido con su pareja.  El misterioso capitán Lafuente  Por dichos de su abuela, Sacha supo que, días después del secuestro de su padre, unos hombres se presentaron en la casa de su tía, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde ellos vivían en ese momento, para buscar un maletín y otras cosas de su padre: “(Mi abuela) pudo hablar unos minutos con esas personas, que le prometieron que mi padre iba a volver pronto, pero fue todo mentira, porque nunca más apareció”, dijo el testigo. Uno de esos individuos dijo llamarse Jorge Carlos Lafuente. “Ese hombre fue quien le aseguró que todo iba a estar bien y que mi padre iba a volver esa noche, pero que necesitaba el maletín”, dijo el testigo. Aclaró que su abuela siempre lamentó haber permitido que se llevaran el maletín “donde había fotos nuestras, por eso yo no tengo fotos con mi padre”. También se llevaron el estetoscopio y otros elementos personales. Por precaución, “mi abuela había sacado unas hojas de la agenda” que tenía su padre en el maletín “para proteger a las personas que figuraban ahí, para evitar que otros fueran secuestrados”. Desde ese día “mi abuela siempre buscó a este hombre por

El pasado jueves se realizaron movilizaciones en todo el país a 47 años de La Noche del Apagón de Ledesma. En Plaza de Mayo se llevó adelante la Ronda de las Madres y, en simultáneo, organizaciones sociales y políticas marcharon hacia la sede de la empresa Ledesma en CABA para exigir justicia por las y los desaparecidos. Además, repudiaron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de la Nación. Redacción: Carlos Rodríguez / Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Bárbara Barros/La Retaguardia Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue la única oradora del acto y se encargó de señalar al empresario impune que fue el principal responsable de los secuestros masivos ocurridos el 20 de julio de 1976, en la localidad jujeña de Libertador General San Martín. Taty le puso voz al mensaje de organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos que homenajearon a las víctimas, al cumplirse 47 años de La Noche del Apagón, uno de los episodios más terroríficos ocurridos durante la dictadura civil, militar y eclesiástica de 1976.    Taty, en nombre de todos los firmantes, recalcó que en este nuevo aniversario de La Noche del Apagón, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la Nación, Gerardo Morales, “descarga una feroz represión sobre el pueblo jujeño que se manifiesta pacíficamente en las calles en defensa de sus derechos lo que nos retrotrae a un pasado de terror que creíamos haber superado tras 40 años de democracia”.  El acto, que había comenzado en la Plaza de Mayo, en la tradicional ronda de los jueves, se trasladó a Corrientes y Reconquista, frente al edificio donde tiene su sede en Buenos Aires la empresa propietaria del Ingenio Ledesma, de la que el fallecido Blaquier fue su cara visible al momento de recibir las dádivas del proceso militar.  El rostro del genocida Blaquier permaneció oculto por la complicidad del Poder Judicial, que en marzo de 2015 dictaminó “la falta de mérito” del empresario y de su gerente en el Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, en la causa por la desaparición de 29 trabajadores y trabajadoras de la empresa.    “Hoy homenajeamos y ofrecemos nuestro reconocimiento a las víctimas del horror en Ledesma”, dijo Taty Almeida. Y gritó el “presente, ahora y siempre” por las víctimas de La Noche del Apagón y por las y los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.  Los cánticos de la multitud movilizada, acallaron por unas horas el “ruido del dinero”, que predomina en una zona de la Ciudad de Buenos Aires donde tienen su bunker la Bolsa de Comercio y las sedes centrales de los bancos y entidades del poder financiero que explota al pueblo trabajador.  El documento que leyó Taty fue firmado, entre otras organizaciones, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, HIJOS Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.  La exigencia fue que cese la persecución política y judicial de quienes se manifiestan por sus derechos” y que se disponga “la reparación a las víctimas de la represión policial, la libertad de los presos políticos y la derogación de la ilegítima reforma constitucional” hecha a dedo por Morales. Por esa razón, en el documento se resaltó que Jujuy “fue y es el laboratorio en que la derecha sigue ensayando sus métodos más violentos que, si tienen éxito, intentarán (aplicarlos) en todo el país”. También se reclamó la inmediata libertad de Milagro Sala y de los dirigentes de la organización Tupac Amaru.  La columna que marchó desde el Obelisco hasta Corrientes y Reconquista llevaba una bandera que decía: “NO a la reforma, SI a los derechos”. De la marcha participaron la CTA Autónoma, CTA de los trabajadores, Ctera, Suteba, ATE, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) y Foetra. También lo hicieron Nuevo Encuentro, Frente Patria Grande, Partido Piquetero, Partido Comunista, Movimiento Popular Liberación, Movimiento de Trabajadores Excluidos,  Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Movimiento Popular Nuestramérica y el Frente Popular Darío Santillán. Los testimonios En la Plaza de Mayo estuvo desde temprano Ricardo Arédez, hijo de Olga Arédez, emblema de la lucha por el reclamo de justicia por las desapariciones ocurridas en el área de influencia del Ingenio Ledesma, en Jujuy. El esposo de Olga y padre de Ricardo fue Luis Arédez, exintendente de Libertador General San Martín, quien fue secuestrado y sigue desaparecido.  Ricardo Arédez le dijo a La Retaguardia que sus “paisanos de Jujuy tienen que salir a parar lo que está pasando, porque si no salen no sé qué va a pasar en mi provincia, no sé cómo vamos a salir adelante”. Agregó que “esto no puede ocurrir a 40 años de democracia, porque son muy caros para el Partido Radical (al que pertenece Morales) estos 40 años de democracia”, que comenzaron en diciembre de 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente constitucional.  Ricardo Arédez sostuvo que lo “enoja mucho” porque su padre “era de la Unión Cívica Radical, es el único radical desaparecido” durante los operativos realizados en la noche del 20 de julio de 1976.   Por su parte, Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que “los sectores más recalcitrantes de la derecha argentina, si tuvieran margen político, no repararían en volver a una dictadura militar, pero tienen que pasar por las urnas”. El antídoto para cerrarles el camino es “marchar hoy en la plaza, junto con las Madres, y marchar hasta la sede del Ingenio Ledesma en Capital, porque es jugar con la historia rigurosa y con el presente”.  Precisó que “es jugar con la historia, porque el Apagón de Ledesma significó una clara evidencia del poder económico concentrado con las multinacionales y con el poder militar, las fuerzas policiales y parapoliciales”. Agregó

El de Margarita Sánchez Hernández fue uno de los más extensos y dramáticos testimonios del juicio Puente 12 III. La sobreviviente declaró, por primera vez en un juicio oral, que fue secuestrada en mayo de 1976 por tres hombres que actuaron a cara descubierta. En el centro clandestino fue torturada y sufrió delitos en contra de su integridad sexual. Dos de los hombres eran miembros de la Policía Montada de la Bonaerense. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia Después de recuperar su libertad, Margarita Sánchez Hernández fue acosada y perseguida durante mucho tiempo por esos dos secuestradores. Era empleada del Ferrocarril Belgrano Sur y el trauma producido por sus vivencias en Puente 12 hizo que se ausentara muchas veces de su trabajo y fue despedida. Fue secuestrada en forma casi simultánea con tres compañeros de trabajo: Carlos Fernández, Ana Rosa Nussbaum y Jorge La Cioppa. La sobreviviente fue liberada junto con Ana Rosa, quien volvió a ser secuestrada y está desaparecida, igual que Fernández y La Cioppa.  En el cierre de la audiencia 11 dio su testimonio Margarita Sánchez Hernández. Como era la primera vez que la testiga declaraba en un juicio oral, la fiscal adjunta Viviana Sánchez pidió cambiar la modalidad impuesta por el Tribunal Oral 6. Como hubo acuerdo, la fiscal Sánchez fue la que condujo la declaración testimonial, en lugar del presidente del tribunal, Daniel Obligado.  Margarita Sánchez Hernández dijo que en mayo de 1976 tenía 23 años y trabajaba en el Ferrocarril Belgrano Sur, en las oficinas de la Estación Buenos Aires, cabecera de esa línea, ubicada en el barrio porteño de Barracas, a metros del cruce de la avenida Vélez Sarsfield con la calle Suárez.  En mayo de 1976, Margarita fue secuestrada en un raid que involucró a otros compañeros de trabajo, como Carlos Fernández, jefe de Personal, Ana Rosa Nussbaum y Jorge La Cioppa, quien era vecino de la testiga en la localidad de Villa de Mayo, en lo que hoy es el partido de Malvinas Argentinas, en el norte del conurbano.  La testiga dijo que ella estaba en la Juventud Peronista y tenía militancia en las villas, desde la época de la escuela secundaria. Jorge La Cioppa había sido integrante del centro de estudiantes de la secundaria, en la localidad de San Miguel. En mayo de 1976 él tenía 19 años. El viernes 14 de mayo de ese año, ella y Jorge volvíeron juntos del trabajo, pero ninguno de los dos fue ese día hacia sus casas en Villa de Mayo.  Margarita tenía que pasar por Boulogne Sur Mer, para buscar a su hijo Esteban, de 18 meses, que había quedado al cuidado de una de sus abuelas.  Después tenía una reunión con unas amigas que vivían en Boulogne. Jorge, por su parte, bajó en la estación Carapachay, porque iba a casa de unas tías y de sus abuelos para invitarlos a una reunión familiar que se haría en su casa el domingo 16.  “Él se bajó en Carapachay y nos quedamos hablando un rato ahí, él en el andén y yo desde la  ventanilla del tren (…) muchos años después entendí que esa fue nuestra despedida”, dijo la sobreviviente. Jorge “nunca llegó a la casa” de ninguno de sus familiares.  El lunes 17 de mayo, cuando ella regresó a su casa desde el  trabajo,  la estaban esperando sus padres y su hermana menor, todos “con cara de preocupación”. Su madre le dijo que fuera a su habitación y cuando entró vio que todo estaba revuelto “hasta los colchones de la cuna de Esteban, habían vaciado el placard, habían vaciado todo”.  Con posterioridad pudo reconstruir lo sucedido en esos días: “A Jorge lo secuestran el 14, y en la madrugada del 15 llegaron a mi casa”. Ese fin de semana, ella y su hijo estuvieron en Boulogne. El allanamiento fue “a las 2 o 3 de la mañana, entraron a los golpes, mucha gente, rompieron los vidrios de la ventana, y derribaron una puerta que estaba al costado de la cocina, que daba a una galería cubierta”.  El ruido hizo que su padre se despertara, junto con un primo suyo que estaba esa noche en el lugar. A ellos dos “los golpearon, los encapucharon a todos, excepto a mi hermana, que la dejaron libre para que los llevara hasta mi habitación”. Los represores portaban armas de guerra y a su hermana la hicieron sentar en un puff, al pie de la cama, y “le pusieron en las manos una granada para amedrentarla”.   Abrieron hasta la heladera y en un mueble encontraron un ejemplar de El Diario del Che en Bolivia, que le había prestado un amigo. Mientras revolvían todo, murmuraban: “Esta se escapó”, en referencia a ella. La casa allanada estaba en Copérnico 693 de Villa de Mayo. Antes o después de allanar su casa, fueron a buscar a Carlos Fernández, que tenía “35 años o 36 años”. Margarita explicó que “lo que decían es que lo habían sacado herido o muerto de su casa, habían acribillado la puerta de entrada”.  En el caso de Jorge La Cioppa, un vecino dijo que vio cuando lo obligaban a subir a un auto. Otro vecino, que volvía de su trabajo, al ver el operativo, les dijo a los represores que estaban allanando la casa de “una familia muy buena”. La respuesta de uno de los de la patota fue: “Eso es lo que usted cree”.  Según la reconstrucción que hizo la testiga, “Jorge ya estaba en un auto (secuestrado), cuando fueron a mi casa”, que estaba a unas tres cuadras del domicilio de su amigo. Luego fueron a la casa de una abuela de Jorge donde “suponían que había armas”. Hicieron disparos contra la casa, pero no encontraron nada. Los balazos perforaron la puerta.  A pesar de lo sucedido, el martes 18 de mayo Margarita concurrió a su trabajo. Ella se preguntó a sí misma “cómo fui a trabajar” tan pronto después de lo que había ocurrido en su casa. “Honestamente, no lo

En la décima audiencia del juicio declararon el sobreviviente Leonardo Blanco, quien fue secuestrado con su hermano Néstor; y Mariano di Gangi, por el secuestro y asesinato de su hermano Julio Omar. Además, el testigo Rodolfo Nusbaum habló de la desaparición y el secuestro de su hermana Rosa Ana, y brindó testimonio Claudio Nicolás Grad, quien estuvo una semana en Puente 12 y perdió dos dedos de la mano en las torturas.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Los hermanos Leonardo y Néstor Eduardo Blanco, el primero militante peronista y el segundo del ERP, fueron secuestrados y llevados a Puente 12 en noviembre de 1975. La historia la contó Leonardo, porque su hermano falleció hace diez años. Estuvo seis años preso, pero en Puente 12 “sólo torturaron a mi hermano, porque me salvó diciendo que él era a quien estaban buscando”. En la tortura, Néstor  “perdió un testículo y quedó estéril”.  El sobreviviente definió a Puente 12 como “un lugar de interrogatorio y tortura de personas”. En la décima jornada del juicio Puente 12 III, también dio su testimonio Rodolfo Nusbaum, quien se refirió al secuestro y desaparición de su hermana Rosa Ana Nusbaum, en mayo de 1976. Oriunda de Chaco, vivía en Buenos Aires, era militante de la Juventud Peronista y estaba embarazada. Había sufrido un secuestro anterior, pero esa vez la salvó un militar que le gustaba cómo cantaba tangos.  Por su parte, Mariano di Gangi prestó declaración por el secuestro de su hermano Julio Omar di Gangi en octubre de 1976 en Pergamino. Lo buscaron intensamente, sin dar con su paradero, hasta que sus restos fueron hallados en el cementerio de Avellaneda. Lo habían asesinado “de cinco tiros por la espalda, porque los huesos estaban rotos de atrás hacia adelante”.  El último caso de la décima audiencia fue el de Claudio Nicolás Grad, secuestrado en abril de 1976 en su casa de Temperley. Estuvo una semana secuestrado en Puente 12, sufrió tres sesiones de tortura y perdió dos dedos de su mano derecha. Luego de pasar por todo eso, le dijeron que había sido un error, “una falsa denuncia”. Lo dejaron ir y, como única justificación, le dijeron: “Lo que pasa pibe es que estamos en guerra con la subversión”.  Los hermanos Blanco El sobreviviente Leonardo Blanco, militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado el 8 de noviembre de 1975 junto con su hermano, Néstor Eduardo Blanco, quien falleció en 2013. El hecho ocurrió en Lanús Este, en la calle Las Piedras 3229. Fue un operativo conjunto del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su hermano era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Primero los llevaron a la comisaría segunda de Lanús. Toda esta primera parte del testimonio estuvo signada por las preguntas en serie del presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado.  Estuvieron solo un par de horas en la comisaría, hasta que les pusieron una cinta cubriéndole los ojos, los subieron a un vehículo y los llevaron al centro de tortura y exterminio de Puente 12. El testigo dijo que estuvo unas dos semanas en ese lugar, luego de recibir una nueva andanada de preguntas de Obligado, que cortaban la fluidez del relato del testigo.   Blanco aseguró que se perdía la noción del tiempo al estar con los ojos tapados “tirados en el piso y hacinados”. Describió que estuvieron en “un lugar de interrogatorio y de tortura de personas”. Se salvó de la tortura porque cuando lo iban a llevar, su hermano se interpuso diciéndole a los represores que era él la persona que buscaban. En la tortura, su hermano “perdió un testículo y quedó estéril”. De ese lugar los trasladaron luego al Pozo de Banfield, con los ojos tapados y las manos atadas a la espalda. En su caso se las habían amarrado “con una corbata”. Con posterioridad los llevaron al Pozo de Quilmes. Estuvo seis años preso, en Devoto y en otras cárceles.  En los lugares donde estuvo secuestrado pudo reconocer a algunos vecinos de su barrio como Antonio Garrido y Julián Garrido. Ante preguntas de la fiscal adjunta Viviana Sánchez, precisó que el eje de su militancia en la Juventud Peronista fue la agitación por el regreso al país de Juan Domingo Perón, en 1972. Su apodo era “Raúl”.  Al momento de su secuestro trabajaba en ENTEL y tenía 28 años. En la casa de donde se lo llevaron, vivía con su esposa, su hijo, y con sus padres. El hermano estaba de manera “circunstancial” en la casa, porque lo estaban persiguiendo por su vínculo con el PRT. Estaba “casi clandestino” y “lo vinieron a buscar a él, más que a mí”. Su apodo era “Tetu”.  Supo de algunos compañeros de militancia de su hermano: “A uno le decían Barba, Microcini de apellido, y a una chica que se llamaba Griselda  y le decían Cachorra, que había caído en un enfrentamiento y por eso lo vinieron a buscar a él”. También conocía el nombre de Julio Mogordoy, pero dijo no saber si militaba con su hermano. También recuerda a Ricardo Maeda, a quien conoció en la cárcel.  Cuando los secuestraron, uno de los represores los amenazó cuando subieron al vehículo en el que los trasladaban: “Los vamos a hacer mierda”, les dijo y los hizo callar. Su esposa le contó después que un oficial, cuando él ya estaba fuera de la casa, “lo levantó a mi hijo que estaba en la cuna, lo miró y después lo tiró de nuevo en la cuna; esa fue una parte violenta”. Antes de que se lo llevaran, su esposa pudo alcanzarle un pullover “porque estaba un poquito fresco”. En Puente 12 estuvo siempre en el suelo y recién a los dos días le dieron algo de comer “en la boca siempre, con las manos atadas” hacia la espalda.  “En forma constante” se escuchaban “gritos de otras personas, hombres y mujeres” que estaban siendo torturadas. Siempre estuvieron juntos con su hermano “salvo cuando se lo llevaron para operarlo por

Los jueces Jorge Gorini, Rodríguez Giménez Uriburu y Nicolás Toselli rechazaron el pedido de ampliación de casos y cargos contra quienes están imputados en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el circuito de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. 200 hijos e hijas deberán seguir esperando ser tomadas como víctimas directas. Redacción: Camila Cataneo / Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia Hace algunas semanas, el Ministerio Publico Fiscal pidió al TOF N°2 de la Ciudad de Buenos Aires sumar más de 200 nuevos casos de niños y niñas que estuvieron en los centros clandestinos “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, o que fueron afectados por la desaparición de sus padres o madres. Por otro lado, pidieron incorporar los delitos sexuales cometidos contra mujeres en sus cautiverios.  Tras darse a conocer la decisión de los jueces, tres imputados ampliaron sus indagatorias en la instancia final antes de los alegatos. Comenzó Miguel Pablo Lugo, quien se victimizó y afirmó que no cometió ningún delito. También exigió “que se haga justicia con quienes son los responsables”, aunque se ubicó realizando “cinco guardias” en El Olimpo. Al comenzar su declaración expresó que no iba a responder preguntas.  Continuó Miguel Victor Pepe, quien declaró que no había presenciado ni visto nada. Luego dijo que alguna vez señaló “al subversivo como el enemigo, quizás por rencor”. Finalizó Sergio Raúl Nazario, quien aseguró: “No estuve jamás en ese destino y no conozco a las personas que han sido nombradas en este sumario”. Luego, el abogado defensor Nicolás Armando le consultó sobre los cargos que tuvo en el período de tiempo que se toma en este quinto tramo.  Al finalizar la audiencia, Berenice Timpanaro, fiscala auxiliar, se sumó a la transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente. Allí habló sobre la decisión del tribunal frente al perdido de sumar nuevos delitos. “No son casos aislados”, planteó y comentó que el tribunal argumentó que los casos de violencia contra mujeres en cautiverio ya formaban parte de la causa. Además, advirtió a las defensas que las partes acusadoras podrían acusar por delitos diferentes a cómo llegó la causa desde la Instrucción. En el caso de los niños y niñas que fueron víctimas en aquella época, los jueces rechazaron la incorporación en este juicio que se realiza, porque no fueron casos tomados durante el período de Instrucción tramitado en el juzgado de Daniel Rafecas. Los niñas y niñas fueron víctimas de la dictadura El 12 de octubre de 1978, Iván Troitero tenía 15 años. Vivía junto a sus padres y sus hermanos en un departamento en Lugano I y II.   Una patota de aproximadamente 35 personas allanó su casa. Solo estaban los hermanos. Cada uno fue llevado a una habitación diferente. Sufrieron violencia física y psicológica mientras esperaban la llegada de los padres. Uno de sus hermanos intentó escapar y fue asesinado. Luego de dos horas, llegaron Alfredo Troitero y Martha Tilger a su domicilio. Allí fueron secuestrados. Los niños fueron amenazados por la patota. “Si bajan, los matamos”, les aseguró uno de ellos. Al llevarse a sus padres, Ivan le pidió a uno de sus hermanos que bajaran por las escaleras. “Pasamos uno por uno a los chicos y llegamos a la casa de un compañero a las siete de la mañana. Luego estuvimos en la casa de mi abuela”, contó Iván durante la transmisión del juicio a través del canal de YouTube de La Retaguardia.  La historia de Ivan es una de las miless de historias de hijos e hijas de personas que fueron secuestradas en la época de la dictadura. En 2019 comenzaron a organizarse quienes habían estado en el Circuito ABO para visibilizar sus casos. “A nosotros nos convocan como testigos, pero somos víctimas”, aseguró Ivan Troitero. Tambiénn dijo: “Nuestras vidas fueron invisibilizadas por el Poder Judicial”.  Durante la dictadura, los niños y niñas han sido violentados desde el momento que secuestraron a sus padres. Muchas y muchos fueron llevados a centros clandestinos. “Solo estar ahí tendría que ser considerado un tortura”, dijo Ivan. También hubo hijos e hijas que sufrieron violencia física y psicológica cuando entraban a las casas. . Además de los bebés robados que recuperaron sus identidades, o aquellos a quienes se continúa buscando. Todas y todos fueron víctimas.  La deuda de la Instrucción  Iván interpeló al juez Daniel Rafecas, a cargo de la Instrucción de la Megacausa Primer Cuerpo de Ejército: “Tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires un Juzgado Federal que fue vanguardia en esta política en  las presentaciones sobre el terrorismo de Estado. Los colectivos de H.I.J.O.S en Mendoza ya hicieron presentación y fueron aprobadas, en Córdoba y Santa Fe también. En Tucumán ya se presentaron”. Y agregó: “¿Qué pasó con quien en algún momento fue vanguardia y todavía no lo está haciendo?”. Rafecas tiene en su juzgado la voluminosa Instrucción, que en varias ocasiones ha sido señalada por víctimas y sobrevivientes como defectuosa. Las críticas se hicieron habituales en los últimos años, ya que en los primeros, tras la caída de las leyes de impunidad, se lo tomaba como un buen ejemplo de avance de las causas.