María del Carmen Verdú
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció el jueves en una conferencia de prensa la reposición del protocolo que permite libertad absoluta para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad. La Retaguardia consultó a la exministra Sabina Frederic, quien lo había derogado en 2019; y a María del Carmen Verdú, referenta de la Correpi. Entrevistas y Redacción: Julián Bouvier / Fernando TebeleEdición: Eugenia OteroFoto: Archivo Antú Divito Trejo / La Retaguardia El idilio entre Patricia Bullrich y Luis Chocobar tiene un nuevo capítulo. No parece ser algo personal, sino lo que simbólicamente implica el policía para la ministra. El 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, dos jóvenes robaron a un turista de Estados Unidos y lo apuñalaron. Mientras huíanel policía de Avellaneda Luis Chocobar le disparó por la espalda a Juan Pablo Kukoc. El joven de 18 años murió. Chocobar no estaba trabajando, porque era policía en un distrito de otra provincia. Pero disparó y mató. Un típico caso de gatillo fácil que fue juzgado como tal por el Tribunal Oral Federal de menores 2 que lo condenó a dos años de prisión en suspenso por “Homicidio en exceso del deber”. El otro joven que participó del hecho junto a Kukoc y que por entonces era menor de edad, fue condenado a 9 años de prisión. “La justicia no existe para los pobres” Apenas sucedido el hecho, Patricia Bullrich, quien ocupaba el mismo cargo que en la actualidad, no solo apoyó al policía de gatillo fácil, sino que puso en vigencia un protocolo para legalizar lo que hasta allí era un delito y permitir total libertad en el uso de armas para todas las fuerzas de seguridad. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la entonces Ministra de Seguridad Sabina Frederic resolvió a diez días de la asunción del gobierno dar marcha atrás con esa política. Ahora, la ministra Bullrich lo restauró con una nueva Resolución, la número 53 de 2024. “Por un lado, autoriza a la Prefectura Naval a usar armas largas, lo que no tenían prohibido con anterioridad, y mandata al gabinete de asesores a preparar nuevas versiones de los protocolos que derogó en diciembre de 2019 la Resolución 1231, la cual habilitaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas”, contó Maria del Carmen Verdú a La Retaguardia. Por su parte, la ex Ministra de Seguridad Sabina Frederic explicó por qué había derogado el protocolo en 2019. “El Reglamento de Uso de Armas de Fuego es contrario a los principios de Naciones Unidas sobre proporcionalidad y progresividad en el uso de la fuerza. Está en contra, también, del capítulo sobre legítima defensa del Código Penal. En fin, toda una serie de avanzadas a las que suele acostumbrarnos Bullrich, que avanzan sobre facultades que no son propias ni de las fuerzas ni de ningún ministro del Poder Ejecutivo Nacional”, explicó Frederic a La Retaguardia. “Hay una sola verdad: Chocobar le disparó a mi hijo por la espalda” Cuando Frederic derogó la Resolución 956 de 2018, hizo lo propio con la Resolución 395, que habilitaba el uso de pistolas Taser; la 598 que establecía el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería; la 845, que creó el programa Ofensores de Trenes; y la 923 que creó el Centro de Formación de Gendarmes en Chapadmalal. “Esa Resolución de la ministra Sabina Frederic también repuso la vigencia de las normas internas e internacionales preexistentes en el uso de armas por parte de las fuerzas federales, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Naciones Unidas y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, también de Naciones Unidas. Ambos incorporados a nuestra legislación interna. Aquella disposición de Frederic de diciembre de 2019 inmediatamente generó una disminución de la cantidad de personas desarmadas asesinadas por la espalda, por integrantes de las fuerzas federales, a pesar de que poco después la irrupción de la pandemia produjo un alza de la represión en todas sus formas y en particular del gatillo fácil. Pero hubo 35 personas menos fusiladas por miembros de fuerzas de seguridad federales que en el período bajo la jefatura de las fuerzas de seguridad federales por la ministra Bullrich”, contó la referente de la Correpi. Y comentó también que esas normas internas e internacionales repuestas por la resolución que ahora Bullrich quiere derogar, establecen con claridad cuáles son los principios generales del uso de las armas de fuego por parte de los miembros del aparato represivo estatal y fijan prohibiciones igual de explícitas. “Por ejemplo, solo las autorizan cuando todos los otros medios son ineficaces, cuando su empleo es inevitable como último recurso y siempre con moderación y proporcionalidad, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana entendida como vida humana de todas las personas, no solamente de quienes ellos llaman ´gente de bien´. O sea que disparar para evitar una huida causa un daño mayor que el que se pretende evitar. Y desde luego que no habilitan el uso de armas por mera sospecha, por olfato policial, ni por la espalda, ni contra personas desarmadas”, dijo Verdú. Frederic explicó a La Retaguardia que las directivas de las fuerzas de seguridad no son públicas y no se deberían difundir en Boletín Oficial, ni en ningún otro medio público, sino que son de circulación interna: “Ese es el otro problema que va a tener esta Resolución. Que los reglamentos que se aprueben quedaron como una instrucción hacia la fuerza, con lo cual es difícil que nosotros sepamos qué clase de modificación efectivamente se va a establecer”, dijo la antropóloga exministra, y agregó: “las razones por las cuales se avanza con esta conferencia es esta sobreactuación típica y esta confrontación ridícula con nosotros, que nada tiene que ver con mejorar la seguridad, ni de la gente, ni de las fuerzas de seguridad. Porque las pone a cumplir
Lo dijo María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires anunció el uso de pistolas taser para 250 agentes de la Policía de la Ciudad. Verdú se refirió a esta decisión y planteó que, en la actualidad, la Policía de la Ciudad supera el índice de letalidad en materia de gatillo fácil de la Bonaerense per cápita. Entrevista: Pedro Ramirez OteroRedacción: Julián BouvierFoto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia En las últimas semanas se dio a conocer un comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires donde se anunció, finalmente, el uso de las pistolas taser para efectivos de la Policía de la Ciudad. Una de las discusiones que se dan alrededor de la problématica de la violencia y represión de las fuerzas de seguridad en Argentina, tiene que ver con la formación y capacitación de la policía. Muchas veces, la reflexión es que falta capacitación. “La policía donde pone el ojo pone la bala. En esos términos, no cabe duda que están capacitados. Sino, no hubiera logrado la Policía de la Ciudad, en menos de siete años, superar el índice de letalidad en materia de gatillo fácil de la Policía Bonaerense per cápita, en relación a la cantidad de efectivos que tienen. Hoy la Policía de la Ciudad, con 25 mil efectivos, frente a los 120 mil que tiene la Policía Bonaerense, si tomamos los últimos tres años y hacemos la comparación de la cantidad de casos, le pasa el trapo a la Bonaerense. Esa es la policía a la que le están dando estas armas”, planteó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policíal e Institucional (Correpi). Y explicó cómo funcionan estas pistolas: “Es una herramienta que produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona. Eso se llama picana. Eso es una herramienta de tortura, no tiene otra definición posible, en ningún diccionario del planeta. Y picana se escribe en castellano, porque se inventó en Avellaneda en 1930”. Las normativas dicen que esas pistolas deberían ser para reducir a una persona sin dañarla. En los países donde utilizan las taser, la evidencia muestra otra cosa: “Cuando dicen que este arma no es letal, es un mito. Nos hablan de eso para que aplaudamos estas picanas, como si tuviesemos que elegir entre que te den una descarga eléctrica o te disparen con una bala de plomo. En primer lugar, no existe tal cosa como un arma no letal. Porque arma es algo que tiene por definición ‘capacidad lesiva’. Que sirve para dañar a otros. Si sirve para dañar, puede matar. A Carlos Fuentealba no lo mató una bala de una 9 milímetros, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El arma ‘no letal’ por excelencia. A Diego Gallardo, lo mataron los bastones de madera del tipo de los que usan en las canchas. Diego Olivera fue asesinado con una tonfa, el famoso ‘bastón de abollar ideologías’ de Mafalda. Y así podemos seguir con la infinidad de casos de muertes o lesiones gravísimas, como la pérdida de la vista, con las postas de goma a poca distancia o disparadas a lugares vitales. Un arma es un arma, y sirve para matar”, dijo Verdú. La campaña por las taser Eugenio Burzaco, el ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad explicó que el uso de las Taser está pensado para ‘contener a la persona sin peligro para ella o para terceros’. Cuando Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, anunció hace unos meses que llegaron estas pistolas, habló de su utilidad para casos de personas en situaciones de brotes psicóticos, de problemas de tipo psiquiátrico. “¿A un tipo que está enfermo le vas a tirar una descarga eléctrica? Cuando además, una de las contra indicaciones para el uso de estas armas, desde el punto de vista técnico, es la existencia de alguna alteración morbosa de las facultades mentales. Porque ahí, habiendo un cuadro neurológico, es mucho más posible que se produzca un daño irreversible. Cualquiera que ponga en un buscador de internet ‘Taser + Muerte’ se encuentra con infinidad de informes de todo el planeta, empezando por supuesto por Estados Unidos porque es el lugar donde más se utilizan y desde hace más tiempo, donde en 2012 ya había más de 500 casos relevados de muertes. El último caso muy conocido en Estados Unidos fue el de un pibe afroamericano de 31 años que tuvo bastante trascendencia porque era el primo de una de las referentas fundadoras del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). Entonces, la cuestión de la no letalidad dejemosla a un costado. Agregemosle a eso, que es una herramienta de tortura. Y finalmente, un último dato, que ha pasado bastante desapercibido: cuando se hace la información final de a qué cuerpos de la Policía de la Ciudad se entregaron estas armas, la enorme mayoría van a la DIR (División de Intervenciones Rápidas) y al DOEM (Dirección de Operaciones Especiales Metropolitanas), o sea, son los ‘cascarudos’ que vemos en las movilizaciones. Esos son los que van a tener las taser. Es a nosotros y nosotras que nos van a tirar con las taser en la próxima movilización grande”, explicó la referenta de Correpi. El uso de las pistolas Según la información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, las y los oficiales trabajarán de a dos. Uno/a “reduciría” a la persona y, el otro/a contaría también con su arma de fuego. “No es que desaparece el arma reglamentaria del escenario. Simplemente se duplica con un efecto diferente, porque en vez de un balazo, recibís una descarga eléctrica”, dijo Verdú. —Las pistolas taser graban toda la secuencia de uso de la pistola, ¿eso podría ser una posible forma de control para que la policía no se exceda en su uso? —Es la historia de las cámaras. Cuando las precisamos, nunca andan. Se supone que todos los patrulleros
María del Carmen Verdú, la referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, se refirió a mapadelapolicia.com la nueva herramienta que da recursos para accionar ante los abusos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que ya recibió múltiples denuncias en el poco tiempo que transcurrió desde su presentación. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleEdición: María Eugenia Otero/Fernando Tebele
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con el programa radial La Retaguardia. Habló de los casos de represión policial en el contexto de pandemia, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la relación entre la situación económica, la campaña electoral y los discursos emergentes que intentan justificar la represión estatal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia —El año pasado a esta altura del año hablábamos casi todos los días de nuevos casos de represión policial a personas que salían a la calle en medio del aislamiento. ¿Cuál es la situación actual? —Lo que se nota en relación al año pasado es un manejo diferente de la cotidianidad en la calle. El año pasado a esta altura estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situación de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias con la implementación en los primeros meses entre marzo y mayo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) más rígido, sin estar acompañados de las medidas asistenciales necesarias. Cuando sabíamos que era una medida útil que permitió sostener el sistema sanitario y evitar un colapso como hemos visto que ocurrió en muchísimos otros países del mundo. Y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia que tuvimos en la época estival y con el rebrote de casos en el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles. Evidentemente ahí hay un cambio relacionado a la gran repercusión pública, no por los grandes medios hegemónicos, sino a través de la publicación de videos en redes, al laburo impresionante que hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Lo que sí tiene algo de desatención es que al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual de muertes en lugares de detención. En particular, muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses. Y hemos tenido momentos muy duros como por ejemplo en junio tuvimos una semana en la que en siete días tuvimos siete casos, de los que conocimos. Siempre remarco que los casos que vamos conociendo a lo largo del año son muchísimos menos que los que finalmente recolectamos para el archivo, porque justamente el laburo fino de búsqueda y de sistematización lo hacemos en la segunda mitad del año y se termina a contrarreloj sobre el cierre de datos para la publicación a fin de año. En esta tarea de todos los días sólo trascienden los casos que de por sí llegan a los medios o que tienen repercusión porque hay un corte en un barrio o porque la familia tiene la posibilidad de lograr el contacto y de vincularse para que podamos tomar intervención. Es muy importante la cantidad de casos que tenemos en este año. La violencia como estandarte —Situaciones como las de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que apareció bien represiva, queriendo distinguirse e intentando diferenciarse de otras por ser la más violenta de todas, en año electoral, ¿podemos pensar que se puede potenciar o mostrarse más duros ante ese sector de población que vota? —En la Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 hasta hoy no cambió nada porque seguimos con la misma gestión de gobierno. Recién ahora con la candidatura de (Diego) Santilli en provincia va a haber un cambio de dirección del Ministerio de Seguridad que lo viene conduciendo desde hace dos mandatos. La Policía de Buenos Aires viene funcionando de la misma manera, es algo increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios. Sobre las muertes en las comisarías, varias han ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y apenas hemos logrado visibilizar alguna, como el caso de (Daniel) Giovanni Yacquez Rodríguez en la comisaría 9 C (Comisaría Comunal 9) hace menos de un mes y medio, por influencia y por insistencia de CORREPI de estar llamando trabajadores y trabajadoras de prensa amigos para que nos hagan un rinconcito de dos renglones en algún diario. Y la cantidad de casos que no nos enteramos y recién cuando empiezan a aparecer algunos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria o de otros organismos quizá podemos acceder. Pero cuidado, porque también en la Provincia de Buenos Aires seguimos con números altos y hay dos cuestiones que me parece interesante incluir en este mini balance. Por un lado, si observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, cuando lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Lo vemos a grandes rasgos, cuando observás el año 89 con la hiper de Alfonsín o el período 2001-2002, o el 2008. Por supuesto lo vimos de manera repetida, año tras año los cuatro años de gestión de Cambiemos, y lógicamente la situación a la que nos ha llevado la pandemia en relación al aumento de la pobreza y de la indigencia también tiene ese reflejo. Porque ves mucha más gente teniendo que rebuscársela con ocupaciones y tareas precarias en la vía pública, con el cartoneo, con la venta ambulante, porque justamente se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y tenemos una inflación galopante. Ahí venimos viendo que ese doble pico no es una casualidad ni una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables cuando se agrava el
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En diálogo con el programa radial La Retaguardia, recordó a Walter Bulacio a 30 años de su detención ilegal y posterior muerte, a causa de las torturas recibidas. Además, Verdú analizó lo que implicó este caso que cuenta con una sentencia sin cumplir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2003, y se refirió a lo que simboliza Bulacio en la lucha contra la represión, la impunidad y las detenciones arbitrarias. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/ Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Walter Bulacio tenía 17 años cuando fue detenido por la Policía Federal Argentina, aun siendo menor de edad, cuando había asistido a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota el 19 de abril de 1991 en Estadio Obras Sanitarias, en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, Bulacio fue trasladado con traumatismo de cráneo al hospital Pirovano, donde le explicó al personal médico que había sido golpeado por la policía. Murió días después. “Cuando se habla de Walter hay dos cosas a tener en cuenta que inmediatamente me vienen a la cabeza, en primer lugar la irrupción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y por ende a nivel nacional de una pelea que se venía organizando a pulmón, a pata, contra el gatillo fácil, contra las detenciones arbitrarias denunciando la presencia de las fuerzas de seguridad y sus mecanismos de control social y disciplinamiento en los barrios, y también por supuesto la represión a trabajadoras y trabajadores organizados, aunque esa era la parte quizá más permeable”, comenzó a plantear María del Carmen Verdú, de CORREPI. Y continuó: ”Nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio: abril de 1991. Juntabas 500 personas en la calle y estabas para tomar el poder, en un nivel de desmovilización absoluta. Y de repente la muerte de un pibe en el marco de un recital de rock en la Ciudad, generó movilizaciones que arrancaron con 10 mil personas y llegaron a 40 mil como reflejan los diarios de la época. Y sobre todas las cosas, lo que hicieron fue poner en la mesa la discusión sobre el conjunto de las distintas modalidades de la represión policial y muy en particular sobre lo que en definitiva es, en los términos que lo dice la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) en su sentencia en el año 2003, el nudo de la discusión de derecho en la causa Bulacio que son ni más ni menos que las detenciones arbitrarias”. Facultades para detener En referencia a la potestad que habilita a las fuerzas de seguridad a detener a personas sin justificación alguna , la abogada María del Carmen Verdú expresó: “Estas facultades que tienen las policías, las fuerzas de seguridad en general, locales, federales, las que sean en nuestro país, de detener a cualquiera en cualquier momento y lugar porque se le canta sin tener que dar ninguna explicación. Siempre pongo este ejemplo para que se entienda: si en este momento un juez o fiscal deciden que yo tengo que ser detenida, mínimamente se tiene que sentar a escribir un parrafito fundamentándolo. No pueden solamente levantar el teléfono y mandarme a detener. Tienen que armar una orden de detención que más o menos pueda parecer que está fundamentada. En cambio, si en lugar de ser juez o fiscal sos policía, gendarme o prefecto, no hace falta. Basta con que me mires, me veas pinta de sospechosa, peligrosa, que debo ser identificada, que esté en donde no corresponde que esté por mi pinta, mi ropa, mi cara, el horario, la edad o lo que fuera y sin la necesidad de argumentar todo esto. ‘Me va a tener que acompañar’, la célebre frase que todo policía representa en la Argentina”. “Cumplan la sentencia ya” “En estos 30 años, como lo hemos hecho a los 25, como lo hemos hecho cada año, el eje de nuestra campaña en este nuevo aniversario entre el 19 (día de la detención) y el 26 de abril (el día de su muerte) es ‘Basta de detenciones arbitrarias’. Cumplan la sentencia del caso Bulacio ya. Ningún gobierno la cumplió. En la práctica no estamos igual, estamos peor en todos estos años que pasaron. Hoy, las fuerzas de seguridad tienen más facultades para detener personas, que tenían en aquel entonces y que escandalizó a la Corte Interamericana”, dijo Verdú. Por último, y respecto al contexto de pandemia, la integrante de CORREPI opinó: “Ocurrió que ante la situación de una emergencia sanitaria real, no hay otra manera de frenar el virus que con menor cantidad de gente circulando en la calle o transportándose en los medios de transporte públicos. La plata para la ayuda económica está, pero se usa para otra cosa”.
María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dio algunos detalles del informe anual sobre la represión estatal. En diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, compartió datos de los últimos casos y mencionó el crecimiento exponencial de las muertes en lugares de detención. La presentación fue solo con la presencia familiares en el Auditorio de ATE y se transmitió por los propios canales de la organización. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia “Es un informe que este año viene con algunas particularidades. Empecemos por el hecho de que, por primera vez en 25 años, no vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo la presentación con el acto habitual, sino que lo vamos a estar realizando en el anfiteatro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) a quienes agradecemos que nos cedieron el espacio. Teniendo todas las posibilidades de respetar los protocolos de cuidado y de poder transmitir con calidad a través de nuestro Canal de YouTube y las demás redes. Y con la sola presencia de las verdaderas protagonistas de esta historia que son los y las familiares víctimas de la represión estatal, que en su mayoría forman parte de grupos de riesgo y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el traslado y en garantizar esos protocolos de cuidado durante la transmisión”, comenzó explicando la abogada María del Carmen Verdú en esta charla sostenida días antes de la presentación. Un informe partido en dos “Más allá de las formas, este será un informe raro. Porque este año es necesario contemplar dos etapas: hasta y después del 20 de marzo. De hecho, hemos tenido que duplicar el trabajo de gráficos y de tablas en relación a las distintas modalidades, las incidencias de las distintas fuerzas; es decir, todas las variables que habitualmente trabajamos. Porque a partir de la aplicación del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) y de todas la decisiones que se tomaron desde el 20 de marzo con el Decreto 297 seguido además por todas las demás provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de facultades a las fuerzas policiales para garantizar ese cumplimiento en detrimento de las medidas sociales que hubiesen ayudado de manera mucho más eficaz, generaron una situación anómala en materia represiva”, planteó Verdú. La referenta recordó que desde CORREPI creían que con la pandemia y la disminución de circulación de personas en la vía pública iba a ser un año de descenso del gatillo fácil. No por falta de balas policiales, dijo, pero sí por escasez de blanco móvil. “Eso no terminó pasando, tenemos un montón de casos registrados”, remarcó. “Por el otro lado, aparece un crecimiento de las muertes en lugares de detención, mucho más encima de la media habitual, llegando al 65% del total de casos que es también consecuencia directa de las medidas que se tomaron o no, en la relación a los cuidados en la pandemia”, detalló. Antes y durante la pandemia “El 10 de diciembre del 2019 terminó lo que habíamos denominado un periodo excepcional en materia de represión con índices nunca antes vistos: una muerte cada 19 horas. Algo inédito en estos 30 y pico de años post-dictadura y que además venía acompañado de todo un reforzamiento de una modificación estructural de la lógica de las fuerzas, los protocolos Bullrich, etcétera. En ese marco, hemos señalado desde el primer momento de la actual gestión hubo algunas señales que aunque incompletas e insuficientes, eran auspiciosas y progresivas, como la derogación de seis de los protocolos Bullrich, la suspensión del uso de las (pistolas eléctricas) Taser, del protocolo que habilitaba a disparar a las personas por la espalda aunque estuviesen desarmadas, el protocolo para detención de personas del colectivo LGBT, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), etcétera”, manifestó Verdú. Pero registran un cambio a partir de las medidas tomadas por la pandemia: “Ahora, el 20 de marzo, eso dejó ocurrir y se tomaron decisiones en sentido contrario. Empezaron a tener preeminencia en las decisiones de gobierno alternativas más de la cara de (Sergio) Berni o de la cara de (Sergio) Massa, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo que desalojaban a sangre y fuego en Guernica, destinaban 38 mil millones de pesos a la construcción de comisarías, cárceles y compra de pertrechos para la Bonaerense ¿Cuántas viviendas populares se podrían haber construido con esa plata?”, aseveró. ASPO: militarización de los barrios populares y represión en las cárceles La integrante de CORREPI destacó que frente a una decisión correcta desde el punto de vista sanitario como el ASPO, algunos sectores de la sociedad pudieron quedarse en su casa como pedía el gobierno, pero otros no podían hacerlo: “Para ese momento el 40% y hoy mucho más que ese porcentaje de personas precarizadas laboralmente, gente súper explotada, cuentapropistas, desocupados, subocupados, y como siempre los bolsones más vulnerables como el colectivo trans -travesti, o las personas que viven en lo que el Gobierno llama barrios populares y que hay que decirles con todas las letras villas, había una disyuntiva feroz: o cumplo el ASPO y me cuido del virus, no como y me muero yo y mi familia de hambre; o trato de ver de qué manera puedo salir a hacer la diaria y me expongo al virus y también a la represión”, precisó. “Frente a esa situación, lo que se hizo fue insuficiente desde el punto de vista de las medidas sociales. O sea, muy bien el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero no llegó a todo el mundo y encima ahora lo cortaron, y lo mismo para el resto de las medidas. Está muy bien el decreto que suspendió los desalojos, pero qué pasa con quienes no tienen
Lo dijo María del Carmen Verdú, la principal referente de CORREPI. En diálogo con el programa matinal Hasta que vuelvan los abrazos, refirió a las diferentes situaciones que se viven en las calles en el contexto del aislamiento social obligatorio. Las detenciones crecen día a día y las violaciones a los derechos humanos también. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele/Giselle Ribaloff✍ Redacción 👉 Nicolás Rosales💻 Edición 👉 Fernando Tebele📷 Foto de Portada 👉 Natalia Bernades La referente de la CORREPI, María del Carmen Verdú, comenzó la charla haciendo una reflexión acerca del asilamiento social que nos toca vivir. “Desde que se profundizó la gravedad de esta situación de emergencia venimos diciendo, comunicado tras comunicado, que esta situación de aislamiento forzoso que tenemos que acatar, que tenemos que cumplir, tanto por razones sanitarias, porque aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, el tema del aislamiento social no es todo pero es un parte importante de la prevención de la difusión de la pandemia; y por otro lado, porque si no lo cumplimos terminamos en cana, con lo cual desde un punto de vista práctico, cotidiano, conviene hacerlo. A pesar de eso, lo que tenemos que evitar por todos los medios es que se interrumpa el fluir cotidiano de nuestra interacción social, de nuestra intervención en las organizaciones de las que formamos parte, en los grupos humanos: desde los vecinos y vecinas de un mismo edificio que se ponen de acuerdo para que, cuando uno tiene que salir a hacer las compras, de paso aporte lo que necesitan los demás y se repartan las bolsitas puerta a puerta. Absolutamente todas estas cuestiones solidarias, en algunos casos super elementales, fortalecen la única salida que tenemos desde nuestro lugar como parte del pueblo trabajador, que es no aislarnos más allá de lo físico”.Respecto a las cifras de las detenciones que se vienen sucediendo en las calles dijo. “Estamos jodidos con eso,Los primeros tres o cuatro días pudimos con bastante seriedad recabar datos precisos sobre la cantidad de detenciones en cada provincia y publicar la tablita última con las columnas. La primera publicación abarca los dos primeros días: viernes y sábado, tuvimos problemas gravísimos. Nos encontramos con provincias enteras en las que es imposible tener cifras globales. En otros casos, donde las propias autoridades te informan con una sistematización tan confusa que no podés hacer una discriminación por territorio, por ejemplo los informes más completos que hemos visto hasta el momento, que son los que emite el Ministerio de Seguridad hablan de la totalidad de personas detenidas por fuerzas federales, pero no te dicen donde las detuvieron. Entonces no sabés si es en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el conurbano, en el interior de la provincia, en otras provincias donde también intervienen las fuerzas federales. Entonces eso no nos permite armar el mapa”. Las cifras oficiales Pocas horas después de esta charla, la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dio cuenta de una cifra de “aprehensiones” de 42000 personas. En el diálogo con La Retaguardia, Verdú dijo: “Hay una gran confusión. Porque si uno lee los informes del Ministerio de Seguridad, se va a ver que hace dos días dijeron 896 personas detenidas, y 9621 identificadas y notificadas. En realidad, eso significa más de 10000 personas que fueron detenidas, es decir que ‘me paró la cana y no me puedo ir a mi casa porque me están diciendo quedate acá’. De ese universo, la enorme mayoría vuelve a sus casas sola o acompañada del personal policial con la orden de cumplir el aislamiento; en algunos casos extremo con consigna policial. El último dato que pudimos obtener es que en la Ciudad de Buenos Aires, hay mil seiscientos domicilios con consigna policial, porque se evaluó que había alguna violación del aislamiento, y que quedan notificados de que tienen una causa penal, en algunos casos federal, en otros ordinario. La federal, cuando es el artículo 205 que es la facilitación de la introducción o diseminación de un epidemia; en otros casos, justicia de ciudad con delitos ordinarios del Código Penal, el 239 que es el de desobediencia, como indica el DNU 297 que estableció el aislamiento obligatorio. Pero, por otro lado, tenemos un montón de detenciones por resistencia a la autoridad, el famoso caballito de batalla que se aplica cuando en la situación de la detención callejera el policía te pone una piña, entonces para justificarla dicen que vos atentaste contra ellos y les pegaste y tuvieron que utilizar la fuerza mínima y necesaria para frenar la resistencia”, aclaró.Además, dio algunas recomendaciones de cómo le conviene actuar a la ciudadanía frente a estas situaciones. “El sábado a la noche pude hablar con quienes estaban de turno en el equipo de asistencia a personas privadas de su libertad de la Ciudad de Buenos Aires buscando una persona detenida justamente. Tenían a 4 personas en alcaldía en ese momento, y las 4 actas eran idénticas: decían, ‘personal policial realizando tareas de patrullaje en el ámbito urbano, al acercarse el masculino irrumpió en insultos y agresiones, y fue necesario aplicar la fuerza mínima y necesaria para vencer su resistencia’, igual a causa por atentado y resistencia a la autoridad. Entonces, esto es lo mismo que sucede en la cotidianidad y hace años que venimos denunciando estas detenciones arbitrarias por portación de cara, por averiguación de antecedentes, o por normas contravencionales, que muchas veces escalan a la imputación penal por atentado y resistencia a la autoridad. Seamos ‘pillos’, no generemos la situación en que nos pueden pegar ese batacazo. Lo venimos diciendo históricamente hace más de 30 años, en el Manual del pequeño detenido,respecto al uso del lenguaje, la forma de contestar cuando estamos solos y no tenemos la posibilidad de que haya una relación de fuerza favorable, frente a cualquier situación de intersección policial en la vía pública , hoy multiplicada exponencialmente”, recomendó“Por un lado están las situaciones que son de flagrancia, aquellas personas que son interceptadas en la calle. Nosotros desde el primer día
El viernes 13 de diciembre, en Plaza de Mayo, CORREPI presentará su habitual informe represivo anual. Esta vez contiene un plus: se trata del último bajo la gestión de Mauricio Macri. En el programa Hora Libre, Matías Bregante, Natacha Bianchi y Rodrigo Ferreiro dialogaron con María del Carmen Verdú. (Por La Retaguardia) Fotos: Página oficial CORREPI Falta una semana para el informe, aún. Y, al momento de la entrevista, tres días más de gobierno de Mauricio Macri. 72 horas que, si se hace una proyección, pueden incrementar aún mucho más el alarmante número de víctimas de represión estatal que el macrismo tiene en su haber. Macri está haciendo las valijas, claro. Pero su policía y el marco legal que la ampara quedan. -La Retaguardia: Se va Macri. -Carmen Verdú: Sí, es algo que hay que festejar desde un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana, ya que somos parte de la clase trabajadora. Pero hay tres cosas que señalar. Por un lado, se van con el cuarenta por ciento del electorado, más el ocho y pico de lo que está a su derecha, y además se quedan en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, en Entre Ríos, en Mar del Plata, en La Plata, con recambios en algunos casos preocupantes, los marplatenses tienen por ejemplo como Intendente al ex Fiscal y Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Guillermo Montenegro, uno de los artífices de la Policía Metropolitana. Pero además nos queda una transformación estructural no solo de lo operativo sino de lo normativo en términos represivos. La legislación penal y contravencional, en todo el país, y una enorme cantidad de protocolos específicos, como la 956 que normativiza la doctrina Chocobar, que autoriza a disparar por la espalda aunque se esté desarmado, y que Alberto Fernández dijo que va a anular, es una, pero no es la única. No alcanza, entonces, con modificar una sola cosa. Por eso uno de los ejes del informe que vamos a presentar el viernes 13 de diciembre en Plaza de Mayo va a ser, por un lado, el balance del gobierno más represor desde la dictadura para acá. De eso no hay dudas. Luego, los datos concretos, que son terribles. Y en tercer lugar esa agenda pendiente y necesaria donde tienen que ser revisadas y modificadas todas las medidas, aunque sea para resolver lo sucedido en estos cuatro años, que no soluciona el problema de fondo, claro, pero permite frenar el avance significativo de lo represivo durante el macrismo.-LR: ¿Podés adelantar un número? -CV: Tenemos casi siete mil cien personas asesinadas por la policía en circunstancias donde no había que matar. Esto incluye gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, asesinatos en protestas, etcétera. De ese total, el 26 por ciento fueron asesinados y asesinadas durante los últimos cuatro años. Es una cifra altísima, pensemos que el kirchnerismo tuvo en doce años un veinte por ciento del total. -LR: ¿Ustedes utilizan los mismos parámetros de medición desde siempre? -CV: Sí, no hicimos cambios estructurales, y cuando hemos incorporado alguna categoría nueva lo hemos hecho hacia atrás, por ejemplo cuando comenzamos a contar los casos de la seguridad privada. Lo que sí siempre advertimos es que hay una franja entre diciembre de 1983 y 1996 donde tenemos información insuficiente porque la búsqueda sistemática la empezamos a hacer a partir del `96, entonces el registro anterior se basa fundamentalmente en casos que aparecieron en medios de comunicación. -LR: Han comenzado a recabar datos para luego entrecruzar las variables violencia de género y fuerzas de seguridad. ¿Con qué se encontraron? -CV: Bueno, por un lado, la mayoría de los casos de gatillo fácil tiene como víctimas a varones jóvenes y pobres. Esto es fácil de comprender, ya que se trata de pibes de los barrios populares que, en gran medida, son asesinados en la calle. A eso, claro, hay que sumarle la represión intramuros, y en la población carcelaria hay muchos más varones que mujeres. Ahora bien, también hay mujeres. Y a partir de la ola del Ni Una Menos comenzamos a tomar el universo de crímenes de mujeres, travestis y trans, y a desglosarlos. Y allí nos encontrábamos que la enorme mayoría de los casos correspondían a femicidios de uniforme. Es decir si haces la separación entre víctimas varones y víctimas mujeres, travestis y trans, tenés en el primer caso el gatillo fácil y las muertes en lugares de detención como las causas principales y en menor medida la violencia intrafamiliar, pero en el caso de las mujeres se invierte la proporción y la enorme mayoría son intrafamiliares y tienen características de femicidio, la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer y además se suma que el femicida es un integrante de las fuerzas de seguridad que usa, casi siempre, el arma reglamentaria. A partir de esa constatación, que no modifica los datos porque estaban contados desde siempre, se nos ocurrió cruzar estas cifras con las de las organizaciones que registran los archivos de femicidios. Es decir los casos de femicidios en general. Y ahí el porcentaje es altísimo. Un veinte por ciento de los casos de femicidio son realizados por varones pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Una de cada cinco mujeres víctimas de femicidio es asesinada por alguien vinculado a las fuerzas represivas del Estado. -LR: ¿Qué análisis hacés del rol de Bullrich y cómo se revierte esto? -CV: Patricia Bullrich tuvo durante el actual gobierno, que está afortunadamente yéndose, el rol de vocera de una política de gobierno. Fue ella la que nos dijo que la versión de las fuerzas es la verdad siempre, que no iba a tirar a un gendarme por la ventana, que disparar o no por la espalda era un detalle. Pero no es la responsable exclusiva, es todo el gobierno. El que recibió a Chocobar y le dijo héroe fue Mauricio Macri, y en la misma línea intervinieron Marcos Peña, Gabriela Michetti cuando nos dijo que en caso
Después de más de un año de promesas, Patricia Bullrich publicó un PDF que contiene, en teoría, una desmentida a los datos que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) publica anualmente sobre la represión estatal. En diálogo con Rosaura Barletta y Luis Angió en el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas, María del Carmen Verdú le respondió a la ministra. (Por La Retaguardia) Foto: Archivo La Retaguardia/Agustina SalinasEl archivo de CORREPI computa más de 6600 casos de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado, pero Bullrich responde sobre una base de 98 y no está claro cómo llegó a ese número. “Lo que hace Bullrich es jugar con los números pero se ve que le falló la calculadora porque ni siquiera su propia cuenta da bien. Lo que han hecho es poner una cantidad de gente a trabajar sobre nuestro informe. El archivo de CORREPI está disponible en las redes para que cualquiera pueda chequear caso por caso, decirnos si falta un dato, sobra otro. Todo el tiempo le pedimos a todo el mundo que detecte algún error, alguna omisión, alguna falta de actualización, que nos aporte esa data porque es fundamental para ser lo más precisos posible”, aclaró Verdú. “Lo que hizo esta gente es una serie de recortes sobre recortes. Dijeron que iban a tomar sólo los casos federales, como si el gobierno nacional, el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad nacional, no tuvieran nada que ver con lo que ocurre en Mendoza, Salta, Tucumán, Jujuy, Santa Cruz, cuando por ejemplo su primera medida de gobierno fue decretar la emergencia en seguridad nacional. Aún así, no computa todas las fuerzas federales, sino Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria”, especificó la abogada de CORREPI. “Es decir, las que dependen del Ministerio, y omite al Servicio Penitenciario Federal. Hace dos meses la Procuración Penitenciaria de la Nación -que no es una organización subversiva o zurda-, dependiente del ministerio de Justicia de la Nación, ha tenido que decir que decreten la emergencia carcelaria en el ámbito federal porque tenemos el doble de muertes que el año pasado. En 2016, 2017 y 2018, esa omisión implica sacarse de encima 139 casos, y también casos en los que penitenciarios matan en la calle”, advirtió Verdú.“Hay un punto en el informe en el que hablan de ‘gente que no es miembro de las Fuerzas’ porque excluyen a los penitenciarios, también a las Fuerzas Armadas, que naturalmente tienen pocos casos porque no se dedican al patrullaje urbano. También excluye los femicidios de uniforme, es una categoría importante porque cuando la violencia patriarcal se cruza con la violencia estatal, se potencian”, definió la referente de CORREPI. “El 20% del total de femicidios son cometidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad o armadas del Estado. El chabón que quiere matar a la mujer de un disparo en la cara se tiene que conseguir un arma, el gendarme, el prefecto, el policía, el penitenciario, saca el arma que tiene en la cintura. No solamente ocurren casos con el arma reglamentaria, que son la mayoría. Por ejemplo, es muy frecuente que estrangulen a la mujer y luego simulen un ahorcamiento, pero en esa simulación utilizan para ganar impunidad todos los recursos que les da el hecho de ser miembros de una fuerza de seguridad o armada”, planteó.“Hay algunos casos excluidos porque dicen que no se encontraron antecedentes. Chequeé uno por uno esta tarde, y todos están publicados en por lo menos tres medios de comunicación diferentes y de distintas orientaciones en la política editorial. Otra cosa que excluyen es la seguridad privada. Las agencias de seguridad privada son mayormente propiedad de miembros jerárquicos retirados de las Fuerzas y están integradas por miembros o ex miembros. Además, tienen una relación orgánica porque son controladas y supervisadas por el Ministerio de Seguridad. Excluyen al personal retirado, pero en los juicios de gatillo fácil a milicos retirados los escuchamos decir ‘yo tengo estado policial, por ende soy un funcionario público y tenía obligación de intervenir’”, recordó Verdú. Sobre cada pibe, Bullrich puso un sello “La otra trampa, es que sobre cada caso el gobierno pone un sello. En este desglose, reconocen sólo 24 casos, en los que computan 22 en investigación y sólo dos con condena. Si vamos a lo que resuelve la Justicia, tenemos que excluir a Walter Bulacio del archivo, porque para la Justicia argentina, lo que hubo fue un delito de privación ilegal de la libertad calificada, por eso fue condenado el policía Espósito en 2013, no por tortura ni muerte a pesar de la condena internacional. Con esta lógica, entonces, lo tenemos que sacar a Bulacio. Vamos a los casos que caratula como legítima defensa, que son como 28”, explicó Verdú y amplió: “Uno es el de Ariel Santos. Tenemos el video, entonces no nos pueden mentir sobre lo que pasó. El pibe intentó afanar un supermercado chino, cosa que claramente no le vamos a aplaudir, y sabemos que merecía algún tipo de sanción, no precisamente la pena de muerte. La policía Carla Céspedes lo corre desde adentro del local. Se ve en la cámara que el chico sube a la moto, toma el manubrio y empieza a tratar de arrancarla y por los nervios que tiene, ahoga la moto y no le arranca. En ese momento, la policía se posiciona detrás de él, toma posición de tiro, bien de entrenamiento, y le mete tres corchazos en la espalda a falta de uno. El pibe con las dos manos sobre el manubrio de la moto ¿Dónde está la legítima defensa? ¿Que un tribunal oral la absolvió a Céspedes? Sí, ¿y qué? ¿Va a ser la primera vez que tenemos una sentencia injusta? ¿Vamos a modificar nuestro criterio de qué es un fusilamiento y cuál no de acuerdo a lo que un juez opine o vamos a hacerlo de acuerdo a nuestro criterio y conforme a los hechos?”, interpeló.“Otro caso: un pibe que se llamaba Echimborde de apellido. Estaba
Será a partir de las 18 horas y se trata de un trabajo que contiene las estadísticas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y casos de gatillo fácil cometidas por el aparato represivo estatal durante todo el 2018. María del Carmen Verdú habló con Fernando Tebele en La Retaguardia y anticipó las novedades de este tremendo anuncio que demuestra un brutal incremento en las políticas represivas durante los últimos años (Por La Retaguardia) La titular de Correpi manifestó que a diferencia de otros gobiernos, la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió en varias ocasiones que “la represión es política de Estado” y sobre informes anteriores expresó que “nadie ha podido refutar un solo dato ni un solo caso” de los denunciados.El informe anual de la Correpi suele presentarse en diciembre, a fin de cada año, pero Verdú explicó que en esta ocasión y debido a la inmensa cantidad de violencia estatal y las represiones sufridas en cada lucha y manifestación, la presentación del informe se postergó para marzo: “El año pasado no hubo lucha que no fuera reprimida. No se pudo presentar en el mes de diciembre con la seriedad que queríamos hacerlo. Nos pasamos la segunda mitad del año -como el anterior y el anterior- en la calle corriendo de un conflicto a otro. El período de octubre y noviembre que es el central para el trabajo del archivo en la sistematización de datos, estuvimos con las actividades del foro del G20. Nos pareció que era más serio asumir que no llegábamos y decidimos hacerlo en marzo. Nos permitió tener un informe mucho más completo”, admitió.Puntualmente, sobre el informe que se presentará mañana en Plaza de Mayo, Verdú contó: “La primera conclusión es que absolutamente todas las modalidades que adopta la política represiva estatal han tenido un crecimiento exponencial en los tres años de gestión de Cambiemos. El crecimiento de muertes por el aparato represivo es tan brutal que nos hemos quedado sin adjetivos”, manifestó.El acto comenzará puntual a las 18 y contará con un formato nuevo respecto a los anteriores: “Optamos por un formato bastante novedoso. Con un material muy audiovisual trataremos de pintar cómo fue la evolución en estos tres años de las distintas modalidades represivas para terminar con el video con los datos específicos del archivo”, señaló Verdú y anunció a los invitados e invitadas por fuera de la Correpi: “El cierre va a estar a cargo de la compañera Nora Cortiñas, quién más, y va a haber una intervención durante el curso del acto de Sergio Maldonado. Además, vamos a dar lectura a una carta de Daniel Ruiz, el compañero del PSTU que está preso en Marcos Paz por haber participado de la movilización del 18 de diciembre, acusado por delitos excarcelables”, avisó.Respecto a la seguridad del acto y la posibilidad de realizarlo, Verdú reconoció que “por primera vez estamos preocupados y preocupadas pensando si nos van a dejar estacionar el camión”.Por último, Verdú fue muy concreta en su recomendación y explicación para los pibes y las pibas sobre por qué no ser policía: “Durante mucho tiempo venimos haciendo nuestra campaña ‘no cambiés la visera por la gorra’. Cuando nos tenemos que enfrentar a la fila de cascarudos vemos pibes y pibas cada vez más jóvenes y no entendemos qué están haciendo abajo de un casco. Nosotros sostenemos y defendemos la posición de que convertirte en policía no es un trabajo, es una decisión de autoexcluirte de tu clase de origen y pasar a ser el perro guardián de la clase que te oprime. Por eso insistimos en esto de no cambiés la visera por la gorra, no cambiés las zapatillas por los borcegos, no te conviertas en perro guardián de tus propios vecinos y vecinas”, cerró la titular de la Correpi.