María del Carmen Verdú
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María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI; Pablo Pimentel, presidente de APDH La Matanza; el Negro Eduardo Soares, integrante de La Gremial de Abogados; y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora, participaron de una emisión especial del programa radial Sueños Posibles, conducido por Alfredo Grande e Irene Antinori. En su emisión 300 convocaron al estudio a estos cuatro referentes sociales de derechos humanos. En una charla con ambiente de bar y mucho debate político, ntercambiaron opiniones acerca de la Marcha de la Resistencia, las responsabilidades de la llegada de Macri, la proclamada unidad que no para todos es igual y las estrategias para sortear la crisis. (Por La Retaguardia)Foto: de izq a der. Soares, Cortiñas, Pimentel, Grande y Verdú. Hoy, ¿a qué resistimos? Esa fue la pregunta que Grande utilizó como disparador para iniciar el intercambio. En este sentido, Verdú señaló: “Quedó muy claro en la marcha de aquellas Madres que no suspendieron la actividad en estos últimos años -Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, entre otras línea fundadora-, cómo caminaban a la par las imágenes de los 30.000 con las fotos de los pibes asesinados en los barrios por el gatillo fácil, las mujeres víctimas de femicidio, las pibas y pibes desaparecidos en las redes de trata, el reclamo contra la criminalización de la protesta, el pedido por la libertad de los presos políticos. En determinado momento, alguien dijo ‘qué vacío, no está Cachito’, y en realidad, esa conjunción de la pelea contra la represión e impunidad de ayer y de hoy es el gran legado de Cachito Fukman”, declaró. La abogada de CORREPI profundizó en términos emocionales: “Esta fue la primera marcha de la Resistencia que no estuvo, y así van pasando las fechas importantes sin él y la tenemos que pilotear. En esas columnas en la marcha se cruzaban las generaciones. Había una brecha que iba de pibitos, adolescentes, a las viejas imbatibles y todos los que estamos en el medio. Una de las cosas que más se cantó en esa conjunción fue ‘yo no marcho con Milani / yo no marcho con Monsanto / marcho con las Madres que resistieron tanto’. Agrego que son las que resisten, porque siguen bancando cada situación de represión, de injusticia en lo cotidiano”, destacó.En el mismo sentido, Soares agregó a la intervención de Verdú: “La parte triste que es que nos encontramos con una Plaza con un sector de Madres que claramente vino a politizar esa marcha y a retrotraer esto a tiempos inmemoriales. Ver la consigna ‘Cristina Conducción’ con Madres de Plaza de Mayo nos daba muchísima bronca. Levantamos las consignas históricas de Madres y las reivindicaciones de ayer y de hoy, pero ninguna de las agrupaciones que marchamos con Nora, con Elia y con Mirta intentamos ni por asomo politizar partidariamente esa marcha como intentó Hebe, La Cámpora, Kolina y el resto de las organizaciones kirchneristas”, denunció y arremetió: “No tienen vergüenza y se los dijimos a muchos ahí. El kirchnerismo en retroceso, lo que está haciendo con la consigna ‘Cristina Conducción’ en una marcha de la Resistencia, de Madres, con semejante aparato. No es para enfrentarlo, es para reírse, es para llorar”, expresó.Pablo Pimentel relató cómo se vivió la hegemonía del FpV en la marcha realizada por organismos kirchneristas: “Nos enteramos de esta campaña cuando volvíamos con Norita de la misa en la Iglesia Santa Cruz. Allí Norita le puso el pañuelo a la virgen, una virgen autóctona, embarazada, muy linda. Llegando, vimos los pasacalles. Yo lo había visto y le había avisado a Norita, porque iba a estar recaliente. Nosotros habíamos pasado antes precisamente para ver cómo venía el panorama. A la mañana estaban poniendo el escenario al lado de la pirámide. Fuimos a hablar con la gente del escenario, entonces se acercó el responsable de seguridad de Hebe, un tal Luis. Le dije ‘mirá, somos un grupo de organizaciones que estamos por hacer la marcha de la resistencia a partir de las 12, ¿cómo van a poner el escenario a la pirámide, si saben que las Madres dan la vuelta ahí?’. Nos pusimos de acuerdo y lo corrieron”, aclaró. Por otra parte, Pimentel explicó que la misma persona con la que dialogó le aseguró que la decisión de colocar los carteles de ‘Cristina conducción’ fue de Hebe. “La realidad, es que eran muy pocos. En un momento, Norita dijo ‘ahora va a llegar la tropa de Hebe’ y éramos muchos más nosotros. Esto, creo, responde a que la gente leyó bien que los grupos somos autogestivos e independientes y que no dependemos de ningún gobierno para sostener nuestras organizaciones, y empezó a acompañar. Desde La Matanza, a nosotros nos gustó que por primera vez vinieran seis villas a las que estamos acompañando en el proceso de urbanización y a las que las Madres habían visitado”, contó.Pimentel, entonces, aportó su respuesta a la pregunta de Grande: “Me resisto a bajar la bandera de los 30.000. Resistimos para que todos los casos de impunidad que hay en la Argentina queden resueltos, por eso resistimos para que el genocidio del año 1947, el pergamino negro del peronismo, sea resuelto también. Que se vaya a juicio por esa masacre. Por suerte tenemos a un genocida que tiene 97 años y fue copiloto del avión del bautismo de fuego del 10 de octubre de 1947. Acompañamos a las Madres históricas que siempre acompañaron todos los casos que hay en Argentina, en Latinoamérica y el mundo. Resistimos a todo tipo de injusticia en cualquier parte del mundo”, sentenció en alusión a la Masacre de Rincón Bomba. De la cooptación y la hegemonía partidaria “Cuando otros organismos decidieron parar la marcha de la Resistencia, nosotras, Mirta, Elia y yo, nos pusimos muy fuertes insistiendo en que no se podía hacer eso. Decían que no había que perturbar a la señora presidenta. Como si supiéramos dónde están nuestros hijos o todos los nietos hubieran recuperado su identidad. Como si estuviera todo bien. Eso hace el partidismo, anula
La Red Nacional de Medios Alternativos realizó una transmisión especial en el marco de la presentación en Plaza de Mayo del informe de la situación represiva y actualización del Archivo de Casos que todos los años elabora la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El principal dato que deja este 2016 es que una persona fue asesinada cada 25 horas, un verdadero record en tiempos de democracia. (Por RNMA)Según los datos del informe elaborado por Correpi en 2016, desde 1983 hasta hace dos semanas, 4960 personas fueron asesinadas por fuerzas represivas del Estado. 259 hechos ocurrieron desde 10 de diciembre de 2015, de los cuales 18 sucedieron tan solo entre el 10 y el 31 de diciembre pasado.Hasta 2003, se registraba una muerte cada 30 horas; en los 12 años siguientes el promedio sumó una muerte cada 28 horas, y desde el 10 de diciembre se contabiliza una muerte cada 25 horas, un verdadero record desde el retorno de la democracia que el gobierno de Cambiemos batió en menos de 11 meses de gobierno.“La gestión de Cambiemos de (Mauricio) Macri, radicales y (Elisa) Carrió ya tiene el 5% de los casos que registramos desde el año 1983 a la fecha”, señaló en este sentido Ismael Jalil, referente de Correpi, en el inicio de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos.Con Jalil repasamos los principales datos del informe. “De las 259 muertes de este año, el 47% fue por gatillo fácil, 39% ocurrieron en lugares de detención en manos del Estado; esto implica que en el año 2016 hemos tenido una mayor intensidad en el despliegue del aparato represivo del Estado en manos de estos señores, a punto tal que cuando nosotros comenzamos a hacer esta tarea recopilando los casos del año 1983 a 1996 habíamos registrado un muerte cada 30 horas, entre el 2003 y el 2015 registramos un muerto cada 27 horas y en este año 2016 con menos de un año de gestión efectiva ya registramos un muerto cada 25 horas. Por eso decimos que la mayor intensidad del despliegue represivo se ha dado en este último año”.“Hay que tener en cuenta además que hay muchos casos de este año que van a aparecer recién en el próximo informe, como ocurrió el año pasado que dejamos de computar casi 50 casos que aparecieron en lo que va de este año. Esto es porque nuestra forma de trabajar no cuenta con ningún apoyo de ningún organismo de ninguna índole, es un trabajo que hacemos con los familiares, en función de las denuncias pero también es un trabajo de seguimiento de los casos que van apareciendo y que muchas veces cuando nosotros los rastreamos se presentan como que no eran gatillo fácil y después descubrimos que no hubo enfrentamiento (con la policía), que no hubo tiroteo y por lo tanto la muerte de los chicos se produjo de un modo completamente alevoso como significa el fusilamiento, entonces a veces demoramos en incorporarlo como caso de gatillo”, explicó Jalil.Además, el integrante de Correpi aclaró que todos estos números no pueden leerse aislados de la realidad: “todos hablamos de la crisis tremenda a la que está sometido nuestro pueblo en el último año, pero además hay que sumarle el otro despliegue represivo que significó desde el Ministerio de (Seguridad de) la Bullrich (Patricia) la emergencia en seguridad que permite la variación para arriba del presupuesto destinado para esa área a punto tal que se prevé para el año próximo un aumento del 71% para el área de ‘seguridad’, que es la seguridad de ellos, no la nuestra obviamente, que tiene además la posibilidad de convocar a personal retirado aún aquellos que han sido denunciados, es decir una serie de factores que se le suman por ejemplo al tema de la militarización de los barrios con la impresionante suma de milicos de todas fuerzas que ya están caminando las barriadas nuestras con hechos que se van sucediendo a diario. Este es el concepto de seguridad que se maneja, en un contexto donde además han metido la persecución política como un delito, porque terminan hablando de organización delictiva y organización social comparándolas en los mismos decretos casi con una intencionalidad que sería la policía, el juez o el fiscal quien determina qué es o no un reclamo social, la fina y delgada línea que pasa de un reclamo genuino a ser un delito para ellos. A esto hay que sumarle el protocolo antipiquetes que por suerte no salió por la fuerte oposición que nosotros fuimos generando. Una serie de cuestiones en la que si vas enmarcando toda la situación, la vas contextualizando nos damos cuenta que esta profundización, esta intensidad que cobró el diseño represivo del gobierno Cambiemos es muy claro”. Desmenuzando los números Según el informe de Correpi, el 51% de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en 2016 era menor a 25 años: “eso se repite como en otros años, pero otro dato sumamente interesante, de mucha actualidad y que revela además cuál es la característica de la vocación del Estado por reprimir es algo que quedó completamente afuera y que ahora por suerte empieza a cobrar una sensible publicidad que es el tema de los femicidios, de los 481 femicidios que hubo en el país 291 tuvieron que ver con los uniformes, es decir miembros de las distintas fuerzas de seguridad. Es la primera causal de muerte de mujeres en mano del Estado. Sin contar en ese número los 25 femicidios vinculados que son aquellos en los que la mujer no es la víctima, que muere porque la idea es dañar a la mujer, es el caso típico de los que matan a los hijos para dañar a la madre. Esto da una idea de cuál es el nivel de la utilización del arma reglamentaria, esto da una idea de la gravedad que implica tener las fuerzas de seguridad que tenemos”, expresó Jalil.En cuanto a la distribución de casos por provincia, los datos se
En el marco de la convocatoria que realiza todos los años la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) para presentar su informe anual sobre la situación represiva, María del Carmen Verdú dialogó con Alfredo Grande e Irene Antinori del programa Sueños Posibles por Radio La Retaguardia. Además de la invitación para hoy a partir de las 15:30 en Plaza de Mayo, la militante Antirrepresiva ofreció un análisis sobre los efectos del cambio de gestión, las políticas de Seguridad y la noticia de la condena firme a los condenados por el asesinato de Mariano Ferreyra, entre otros temas. Además, La Retaguardia acompañó, a través de Paulo Giacobbe, la cobertura de la presentación regional del archivo de CORREPI en La Plata y dialogó con Anita, una integrante de la agrupación. Hoy podrás seguir la presentación del informe a través de una transmisión especial de la RNMA, de la que formaremos parte, desde las 17. (Por La Retaguardia) Foto: presentación del archivo 2015 (foto: RNMA) “El viernes 2 de diciembre en Plaza de Mayo a las 15:30 vamos a dar inicio a un montón de actividades, intervenciones artísticas, feria antirrepresiva con remeras, pins, con las agendas represivas 2017. A las 17:30 puntual, puntualísimo, empieza el acto. Ya terminamos de cerrar los datos de todos los casos que hemos podido recabar a lo largo y ancho del país de todas las personas asesinadas por el aparato represivo estatal en el curso de los últimos 12 meses”, explicó Verdú. “El año pasado, el 26 de noviembre, acababa de ganar Macri el balotaje y decíamos, apenas cuatro días después, que este iba a ser un año marcado por el ajuste y la represión. No nos equivocamos. En lo que hace específicamente a situaciones de personas que han perdido en la vida en fusilamientos por gatillo fácil, muertes en comisarías, en cárceles, en otros lugares de detención, desapariciones, femicidios cometidos por integrantes de las Fuerzas de Seguridad. Estamos llegando al número de casos registrados de 5000. 4956 de los cuales casi 300 fueron ocurridos durante estos últimos doce meses”, adelantó sobre el informe que se presentará el viernes 2.Sobre la confección del archivo de casos, Verdú explicó: “Siempre hacemos una aclaración muy importante porque, normalmente, cuando llegamos a Plaza de Mayo a fines de noviembre o principios de diciembre, del año en curso no solemos tener más de 180 casos registrados porque tardamos largo tiempo en obtener la información porque, como no son noticias que salgan en los diarios, en necesario que a veces las familias anden y anden durante meses hasta que logran un vínculo, un contacto en una organización y entonces nuestros compañeros registran el caso y nos lo acercan”, informó la abogada de CORREPI. “El año pasado, por ejemplo, no llegábamos a los 180 casos en 2015 y hoy son 280 los que tenemos registrados de ese período. Por lo tanto, sabemos que esos de 2016 que por ahora se acercan a los 150 probablemente sea uno por día”, consideró. La transmisión en vivo “Es muy importante que la Red Nacional de Medios Alternativos haga la transmisión en directo porque permite que tenga la repercusión nacional a través de todos los compañeros y compañeras que lo pueden escuchar en vivo y, además, porque nos queda el registro grabado para poder difundirlo en la semana siguiente. Este año, como en los anteriores, van a estar arriba del escenario protagonizando las distintas etapas, las distintas instancias en las que se divide el informe de la situación represiva aquellos trabajadores, compañeros y compañeras que son los que le han puesto el pecho a la represión a lo largo del año en distintos lugares del país. Docentes, estatales, familiares de víctimas de gatillo fácil, esos mensajes deben tener mayor trascendencia a partir de esa transmisión”, aseguró. “Igual -expresó los que están en Capital no sean vagos y vengan a la Plaza”.Sobre las declaraciones que hizo la ministra de Seguridad por el operativo policial ante el secuestro del taxista que terminó muerto, Verdú expresó: “Pienso que pobre el hombre que terminó fusilado por sus captores y que es una víctima más del aparato represivo estatal. No hay dudas de que si la policía no hubiera intervenido, por lo menos tendría la chance de la sobrevida. Así como ocurrieron las cosas terminó finalmente muerto y no dudamos en responsabilizar al Estado por ese asesinato más allá de la mano ejecutora de los sicarios que lo fusilaron”, denunció. “Lo notable es que de manera inmediata la Ministra salió a bancar a sus policías, a defenderlos, a volver a decir lo mismo que hace unos meses atrás cuando discutíamos lo del médico que tenía una 9mm escondida en el cantero y reventó a tiros por la espalda al tipo que le quiso robar el auto: ‘Hay que distinguir quién es la víctima y quién el victimario’. Nosotros distinguimos: la víctima suele ser el muerto en los hechos de homicidio y el victimario es el que ocasiona las circunstancias por las cuales se produce esa muerte”, planteó. Para Verdú, “esa defensa cerrada y corporativa que hace cada vez que se genera una situación de las tan repetidas y reiteradas de criminalidad común por parte de las Fuerzas de Seguridad simplemente muestra quién administra y dirige la política represiva en Argentina”. El crimen como regla adentro de las Fuerzas “Hablando de criminalidad policial, un dato que nos llegó hoy de rebote pero es interesante: el jueves pasado, la Corte Suprema de la Nación se hizo un ratito entre tanta cosa importante que tiene que resolver y confirmó las condenas a todos los involucrados en el juicio que terminó en 2013 por el asesinato de Mariano Ferreyra. Son Pedraza, su patota y varios policías. Entre esos policías hay dos comisarios, Mansilla y Ferreyra, que fueron los que acompañaron y ampararon a la patota y dieron información trucha a sus superiores desde el propio terraplén donde se realizó el ataque criminal”, recordó. “Fueron condenados a diez años y ocho meses de prisión, fueron detenidos
A partir de una serie de episodios de represión policial que se repiten y acrecientan en las villas 21-24 y Zavaleta, la Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional de esos barrios (ROCVI), convocó la semana pasada a una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para dar a conocer la situación. En el marco de la cobertura conjunta de La Retaguardia junto a Radio Sur, dialogamos con Alejandro Rivero de la organización Casa Cambalache, María del Carmen Verdú de CORREPI y Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga; además de los reportes de Miranda y Carlos, integrantes de Radio Sur, sobre el desarrollo de la actividad. (Por La Retaguardia)Foto: Matías Levonian Represión selectiva “En la conferencia hicimos un raconto de esos casos que no apuntan solamente a la población en general sino que están localizados. Empezábamos contando sobre dos casos de compañeros de la Casa de la Cultura que también son referentes culturales del barrio. Se estaban fumando un pucho y vieron cómo detenían a 5 jóvenes y por meterse terminaron siendo rodeados por más de 80 policías. Hay videos que muestran esto. También los golpearon, pero lo más tremendo es que los llamaron por los nombres sin que ellos se hubieran identificado. Les preguntaron por dónde andaban, qué medios de transporte utilizaban. También aplican contravenciones por pintar Libertad para Belén o Aborto Legal a la gente del Partido Obrero de la villa 21-24″, denunció Rivero, integrante de Casa Cambalache. “También la Corriente Villera Independiente ha sufrido aprietes en actividades que eran más políticas y en otras que no lo eran tanto, como reparar un mural de la calle California (también en el barrio de Barracas). En el caso concreto de casa Cambalache, días antes de una actividad que hicimos en agosto en el marco de la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias se acercó un trinomio de la Policía Federal, dos varones y una mujer sin identificación y con mucha prepotencia pidiendo que se les dieran los datos de los que integramos Cambalache”, agregó. El militante aclaró que, “lógicamente no se los dimos y el día en que se hizo el festival sufrimos aprietes los organizadores. Después nos llamaron de urgencia porque fueron a casa Cambalache a sacar fotos, nosotros tuvimos el atino de empezar a filmar 50 metros antes de llegar, no eran sólo tres, eran más de diez los que estaban ahí. La mayoría se empezaron a poner las identificaciones que, entre nosotros, no sabemos si los nombres que llevan en sus chalecos son los nombres verdaderos, pero por lo menos se pusieron los carteles y con mucha violencia nos dijeron que como nosotros los estábamos filmando a ellos, ellos también tenían el derecho de filmarnos a nosotros como integrantes de una organización social”, contó. Represión preventiva “Tenemos casos que van desde un integrante de la escuela de música Orilleros de 18 años que fue detenido, golpeado, obligado a desnudarse varias veces dentro de las comisarías y le hicieron firmar papeles en blanco hasta una amenaza a un pibe en el marco de una detención arbitraria: ‘Te vamos a armar una causa, te tiramos un paquete con droga y listo’. Uno de los casos de otro vecino en Zabaleta cercano a la organización Zabaleteros que fue golpeado junto con su familia por personal de la gendarmería. Seguimos hablando de casos, uno de los más aberrantes es de un joven de 18 años que venía de un cumpleaños familiar de la provincia de Buenos Aires fue interceptado por agentes de la Bonaerense y fue violado”, denunció. “Él terminó inconsciente apareciendo en Retiro. Podría seguir contando un montón de casos de gente sobre la que lógicamente no estamos dando nombres porque no nos interesa exponer. Alejandra de La Poderosa contaba hace un rato que tanto Iván como Ezequiel, por razones preventivas, no pueden vivir en su barrio por haber denunciado”, planteó Rivero con respecto a la identidad de las víctimas.“Por otra parte, un amigo que no vive aquí pero milita en el barrio me contó que pararon el colectivo donde estaba como en la época de Bulacio y bajaron a hombres y esta vez también a mujeres. A la pareja de este chico, un policía masculino la manoseó toda y le dijeron ‘qué buenas tetas que tenés’. Eso es generar una reacción para golpearlo. La mujer lo detuvo, pero si no lo hacía no sabemos si no lo tenemos que ir a visitar al hospital. Esas prácticas son permanentes, son sistemáticas y no empezaron en este gobierno”, aclaró el militante. Causas comunes Para Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, “asistió mucha gente, los pedidos que se hacen están bien. Que la policía esté identificada, porque últimamente no llevan chapa, no tienen patente en las patrullas, porque vos no sabés quién te está pegando o quién te va a torturar. Es algo lógico y es un derecho que tenemos como seres humanos y como sociedad. La tortura es gravísima. Escuché decir por ahí ‘bueno, pero están con vida’ ¿Pero cómo viven esos pibes? ¿Cómo siguen? ¿Cómo vive un pibe después de una violación masiva? ¿Tiene un asesoramiento, acompañamiento psicólogico? No, él vive solo, solo y acosado porque lo viven hostigando y amenazando. Tiene que dejar sus raíces y se tiene que ir de ahí. Está muerto en vida. Esos son delitos cometidos por las instituciones policiales avaladas por el Estado”, aseveró.Además, Alegre contó: “El programa que hicimos a dos años del hallazgo del cuerpo de Luciano en Radio Zona Libre, en el destacamento de Lomas del Mirador estuvo muy sentido, pusimos nuestra cuota de alegría pero no se puede no derramar una lágrima, ¿no? Ya pasaron dos años”, recordó.Miranda, integrante de Radio Sur, aportó información sobre la radio abierta que se realizó afuera de la legislatura, en paralelo con la conferencia de prensa realizada adentro: “Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó la presencia de medios alternativos, comunitarios, populares que son casi los primeros que están al pie de estas luchas y estos reclamos
La Retaguardia dialogó con la abogada referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) sobre la nueva Policía de la Ciudad, presentada por el gobierno porteño, una fuerza que integran los tres agentes de la Metropolitana que irán a juicio oral por haber herido con balas de plomo a integrantes de la RNMA. El juicio quedó suspendido hasta mayo de 2017, oficialmente “por razones de organización de la agenda del Tribunal”. (Por La Retaguardia) La semana pasada, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseveró durante la presentación de la nueva Policía de la Ciudad que “la gente en la ciudad, en todos los barrios, está preocupada por la seguridad, es una demanda, una preocupación, pero estamos convencidos (de) que estamos dando los pasos correctos para trabajar para que la gente esté más segura, más tranquila”.Al respecto, la referente de Correpi realizó un recorrido por la historia de la policía partiendo del nombre que lleva la nueva fuerza, que fusionará a la Metropolitana y la Federal: “algunos pensamos, siguiendo una línea contraria a aquello de que no importan tanto los nombres ,como decía (William) Shakespeare, que en realidad los nombres sí son importantes. ¿Cómo se llama esta nueva policía que surge de la fusión de la parte que queda en funciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires de la Policía Federal y la Metropolitana? Le han puesto Policía de la Ciudad, que es más o menos lo mismo que decir Policía de la Capital. A esta ciudad, que es además la capital del país, hasta hace no mucho tiempo atrás, hasta 1994, le decíamos Capital Federal, y Policía de la Capital es el nombre de la fuerza que en 1880, cuando justamente se federalizó la ciudad para que fuera la capital nacional, inventaron quienes nos gobernaban en aquella época y que muy poquito tiempo después ya durante la presidencia de (Miguel Ángel) Juárez Celman, después de la Revolución del Parque, fue militarizada, porque inicialmente era más un cuerpo de tránsito, de control, no tenía un status ni estructura militar. Desde 1890, después de la Revolución del Parque, se convirtió en una fuerza militarizada como las policías que conocemos hoy. Y si seguimos viendo cómo evolucionó esa Policía de la Capital es la que tuvo a Ramón L. Falcón como jefe entre 1906 y 1910; es la policía en la que descolló y armó su sección especial el inventor de la picana, (‘Polo’) Lugones, el hijo del escritor (Leopoldo) y el padre de quien iba después a desaparecer tras ser torturada en la ESMA (‘Piri’), y es también la policía de la sección especial que era el lugar donde se torturaba a los presos políticos, a los activistas obreros, a los estudiantes díscolos; la policía que inventó lo que se llamó inicialmente orden público que después se subdividió en orden social y orden político, que fue el primer aparato de inteligencia de la Policía en la Ciudad de Buenos Aires. Esa Policía de la Capital duró hasta 1943 cuando un presidente de facto, (Pedro Pablo) Ramírez, decidió fundar la Policía Federal, que coexistió con la Federal hasta 1945 cuando fue unificada por (Edelmiro) Farrell, otro dictador, otro general, en un solo cuerpo que a partir de ahí se llamó Policía Federal Argentina”.“Esa policía junto con la Metropolitana –continuó la abogada–, la niña bonita de Macri y de Rodríguez Larreta, ahora vuelve a tener aquel nombre, prácticamente el mismo, y evidentemente nos marca el momento y la etapa en la que estamos; mientras el resto de la Federal va a ser desperdigada por el resto del territorio nacional, con particular énfasis, según dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el conurbano y Mar del Plata, que casualmente son las dos capitales nacionales de la desocupación”.La Policía de la Ciudad está compuesta entonces por todos los efectivos de la Metropolitana y parte de la Federal, que suman en un principio un total de 25 mil hombres: “si dividimos y hacemos el cálculo por cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires vamos a estar en un índice superior al de los países y ciudades más militarizadas del mundo”, agregó Verdú.En el mismo lodo Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa son los tres policías de la Metropolitana que irán a juicio por herir con balas de plomo a Germán de los Santos y Esteban Ruffa, ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a Mario C. Fumaroni, miembro de una biblioteca popular, (que no se constituyó como querellante). De alguna manera, estos agentes forman parte de esta nueva fuerza porteña, ya que aún no han sido exonerados: “van a juicio y siguen formando parte de la fuerza, como siempre ocurre–explicó Verdú hace algunos días, cuando todavía no se había postergado el juicio hasta mayo–. Siempre damos el mismo ejemplo brutal pero que no deja de ser significativo; recordemos que a Walter Bulacio lo mataron en 1991 y fueron necesarios casi 20 años y una sentencia contra el Estado argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en 2008 el comisario Miguel Ángel Espósito fuera exonerado de la fuerza, y aún así en el juicio oral en 2013 nos desayunamos con que si bien había sido exonerado seguía siendo mantenido por la Policía Federal, porque internamente la exoneración funciona como si te hubieras muerto y la viuda cobra la pensión; entonces cuando en la primera jornada del juicio oral contra el comisario Espósito, el doctor (Roberto) Goerner, presidente del tribunal oral, le preguntó de qué vivía, Espósito por video conferencia, porque no estaba presente en la sala, contestó ‘de la pensión de la Policía Federal que percibe mi mujer’”.Los tres metropolitanos fueron detenidos tras ser imputados pero posteriormente se ordenó su excarcelación: “fue porque tienen trabajo en blanco, domicilio conocido, porque son miembros de una fuerza de seguridad y por lo tanto es de suponer que no se van a profugar, pero no sabemos si están en
El sábado pasado Familiares y Amigos de Luciano Arruga inauguraron la Biblioteca Jorge Julio López emplazada en el ex destacamento policial donde Luciano fue torturado. Aquí la crónica de una larga jornada con energías cruzadas. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)Foto: Nilda Eloy frente al mural de López en la Biblioteca con su nombre. 22 de septiembre de 2008 Luciano Arruga fue detenido poco antes del mediodía. Según pudo reconstruirse en el juicio celebrado en mayo de 2015, en el que el policía Julio Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por haberlo torturado, los luego exonerados policías Olmos y Sorayre lo levantaron en la calle para conducirlo al destacamento de la calle Indart 106, que se había abierto dos años atrás por un insistente pedido de un grupo de vecinos del barrio agrupados en VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador). Pasó todo el día allí, hasta que la noche golpeó las puertas de ese infierno y su mamá y su hermana consiguieron acreditar su identidad (como si los policías no lo conocieran) y liberarlo.El joven de 16 años fue mantenido en la cocina del lugar, esposado a las rejas de una ventana. Sus gritos aún retumban en los oídos perturbados de Vanesa Orieta, su hermana: “¡Vane, sacame de acá que me están matando a golpes!”, relató una y mil veces haber escuchado. Quienes no conocimos a Luciano, aunque no sepamos cuál era su tono de voz, lo escuchamos gritar a través de los testimonios de Vanesa y de Mónica Alegre, su mamá. 24 de septiembre de 2016 8 años y 2 días después lo primero que uno ve al entrar en ese mismo lugar, hoy llamado Espacio Luciano Arruga, es la flamante biblioteca Jorge Julio López, en la que un centenar de libros se miran de frente con un mural donde sobresale el rostro del testigo desaparecido que fue pintado por el grupo de muralistas Chuño Padilla. La cocina permanece inalterable por decisión del grupo de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que realizaron una ronda de consultas con los “viejos” para escuchar opiniones acerca de qué hacer y qué no en ese tenebroso lugar. Los “viejos” son algunos militantes de derechos humanos a los que reconocen especialmente, entre ellos Nilda Eloy –presente en la jornada y participante de una de las mesas-, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Enrique “Cachito” Fukman, que falleció hace algunos meses y nos hace llorar su ausencia también este día. Es muy difícil permanecer allí en esa cocina-centro de torturas. Por suerte, y por decisión colectiva también, la jornada se desarrolla en el fondo: un gran espacio verde con una construcción que podría haberse convertido en los “nuevos calabozos” si el destacamento permaneciera abierto. Hoy es el corazón del proyecto del Espacio. Allí funcionará la radio que los Familiares y Amigos planean montar para que los pibes y pibas del barrio tengan un lugar donde hablar y ser escuchados. En esa construcción, un cartel dice Aire; está manuscrito pero dice mucho más que esas cuatro letras. Allí hay un sueño conviviendo con el dolor.Una consola de sonido amplifica las voces de Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Miguel Graziano, autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López; y Julio Avinceto, de Hijos La Plata. Entre los tres recuperaron momentos del testigo desaparecido y pusieron en contexto adecuado qué implica su desaparición, pero Eloy, con el recuerdo preciso, conmovedor y reflexivo a la vez, consigue que sea imposible distraerse; solo cabe escucharla, aunque se tome su tiempo con largos silencios que dicen sin palabras.La jornada es extensa. Fue citada a las 12 y hubiese sido de comienzo puntual si el micro que llega desde La Plata no se hubiera retrasado. Pero no cuesta esperar, conseguirse algunas de las empanadas caseras y alguna gaseosa para seguir charlando mientras tanto. En el futuro estudio de radio, el sonido se convierte en transmisión especial de Radio Zona Libre y La Retaguardia. Olivera presenta a Ana López (centro) y a Verdú (detrás) La segunda mesa deja un debate abierto acerca de las palabras. Es que la socióloga Ana López decide compartir la incomodidad que le viene generando hablar de “violencia institucional”. “Es una suerte de categoría vedette que nos ha hecho olvidar de otra palabra también importante que es la de torturas. Y si vamos a perder una palabra que tiene un valor político trascendente en la historia argentina, como tortura, estamos perdiendo una batalla. En democracia se tortura, como se torturó durante el Terrorismo de Estado. Si dejamos que la remplace una palabra que tiene cierta laxitud, ambigüedad y corte en el tiempo, estaremos perdiendo una batalla. Si creemos que Luciano y Julio tienen algo que ver, habrá que ver más críticamente las palabras”. María del Carmen Verdú festeja que Correpi no sea la única organización que plantea esa crítica. “Le pusimos Institucional a Correpi porque fue la única manera que encontramos en aquel momento para decir que el problema policial no era un problema de la policía sino del sistema en que vivimos”, asegura a su turno. “La consigna violencia institucional desapareció de nuestros materiales hace mucho”, dice y explica un largo por qué que se lleva casi toda su exposición.Luego aparece la mesa de cierre, que si bien no estaba anunciada era esperable. Vanesa y Mónica toman su lugar, pero la palabra es de Laura Olivera, una de las integrantes del grupo que puso mano tras mano en ese espacio, como todos los demás. “Esta biblioteca va a tener una especialización en derechos humanos, no solo en las cuestiones de lesa humanidad, sino también otro tipo de violaciones a los derechos humanos. La idea es que sea un marco teórico que invite a quienes se quieran acercar a hacer consultas e investigaciones”, dice con tanta calma como entusiasmo. Y presenta a Vanesa, que con crudeza relata lo que significa ese lugar para ellas. Arranca con la esperanza por venir: “El objetivo
A principios de agosto pasado se votó un tratamiento especial en la justicia a los casos de delitos aprehendidos en flagrancia, es decir, al momento en que se cometen. Ese protocolo ya estaba vigente pero sólo en el caso de los delitos simples, y se extenderá, si el presidente promulga la ley, a gran parte de las figuras que estipula el Código Procesal Penal. María del Carmen Verdú, militante antirrepresiva e integrante de CORREPI, dialogó con Alfredo Grande e Irene Antinori por Radio La Retaguardia en el programa Sueños Posibles. Durante su columna quincenal se refirió a las probables consecuencias de la aplicación de esta ley y lo que representa para la protesta social. La militante recomendó llevar “calzón de lata y manual del pequeño detenido en el bolsillo”. (Por La Retaguardia) La misma lógica en otras circunstancias Verdú informó los antecedentes de esta ley y cómo se venía aplicando hasta el momento la figura de flagrancia: “Para analizar la ley de flagrancia hay que retrotraerse un poco en el tiempo porque esto no es un invento que aparece en nuestra legislación, ya en 1998 se modificó el Código Procesal Penal y se metió un articulito, el 353 bis, que establecía que en todas las causas que se tramitan en la justicia nacional, en aquellos casos en que a criterio del juez y luego del fiscal no correspondiese la prisión preventiva por ser un delito menor, no tener antecedentes el imputado, si hubiese sido aprendido al momento de cometer el delito o inmediatamente después, en lugar de hacer el procedimiento normal que es indagar a la persona, esperar diez días, analizar la prueba que la defensa ofrezca, desarrollar ampliamente el proceso de instrucción con la posibilidad del imputado de llevar testigos, pedir pericias, objetar la prueba que presente el fiscal y recién entonces, muchos meses después si sale el alto de procesamiento o elevación a juicio, directamente en pocos días la causa pasaría a juicio oral”.Qué implica el protocolo “Ese es un procedimiento en el cual el tipo que no tiene la posibilidad de contratar un abogado se entera de qué lo están acusando casi al mismo tiempo que lo condenan, sin posibilidad alguna de haber discutido los hechos. Dentro de todo no era tan grave porque se trataba de delitos menores. En esta reforma que se votó en el Senado hace unos días y que no es ley, falta que la promulgue el presidente y salga publicada en el boletín oficial, porque ya venía con media sanción de diputados, lo que hace es extender este procedimiento básicamente a todo el Código Penal”, aseguró Verdú y explicó por qué: “Pone un tope en una pena posible de 15 años, sabemos que el máximo son 25 para el homicidio y hay un puñado de delitos con prisión perpetua y además dice que en algunos casos, en situaciones de abuso sexual, etcétera, hasta 20. Es decir que prácticamente todo el Código Penal queda sometido a este procedimiento donde ahora tenemos el agravante de que este tipo se va a enterar de que lo han condenado sin poderse defender y en muchos casos estando preso. Naturalmente, si habilita para los casos de prisión preventiva también sucede eso”.Según Verdú, en los delitos comunes cometidos por personas pobres, “en un porcentaje altísimo que ronda el 90% la defensa es oficial, no es un defensor particular, y el defensor oficial abarrotado de causas lo que hace es ver una sola vez a ese defendido y decirle que agarre un abreviado. Así termina todo el mundo condenado sin haber tenido oportunidad de defensa”, denunció la abogada. “Así sucederá en las causas armadas, cuando se ha tratado de ámbitos de manifestaciones, de protesta, de causas iniciadas en términos de conflicto gremiales, donde sistemáticamente se aplica la flagrancia, lo que sucede es que al intervenir nosotros y plantear el procedimiento normal desbaratamos causas fraguadas y a esto lo podemos comprobar con hechos bien concretos. Además, en provincia de Buenos Aires hace ya muchos años que existe este mecanismo tal como ahora se impone para toda la nación”, explicó. Tapado por el arrepentidoDurante el gobierno pasado, se votó lo mismo en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Provincia. “Es un peligro para el militante pero también para el ciudadano común sin recursos. Se votó en diputados a principios de agosto pero pasó inadvertido porque el mismo día se votó también el famoso proyecto del buche, el infiltrado y el provocador. O sea, ellos lo llaman, el arrepentido, el revelador y el informante”, contó. Según Verdú esa noticia “acaparó las notas y los titulares de los diarios porque se aprobó prácticamente por unanimidad sólo con las bancadas de izquierda en contra. En este punto no hay ruptura ni escisión entre macristas, kirchneristas, Partido Renovador, partidos provinciales, etcétera, sólo votó en contra el Frente de Izquierda”.La abogada explicó lo que implica la nueva ley de flagrancia en términos prácticos: “Vos vas caminando por la calle, alguien atrás tuyo grita ‘allá va, ese me robó’, porque no es solamente el detenido por la policía sino que tiene una expresión para analizar: ‘El detenido por la autoridad pública, por la víctima o por el clamor popular’. Es la legalización del linchamiento. Alguien grita que robaste, una turba te alcanza, te mata a palos, te entrega a la policía, en el mejor de los casos, y en quince días va a juicio. Cuando una persona es detenida, además, pasan dos semanas hasta que puede organizar sus visitas, recibir a su familia, discutir qué abogado va a elegir, ver si está la plata para contratarlo o pedirle a su familia que vaya a hablar con el defensor oficial, que le cuente que tal día a tal hora no estaba donde dicen que estuvo”, explicó Verdú. La abogada, además, aportó un ejemplo: “Hoy, justamente, asistí a un cliente particular de mi estudio que tuvo una discusión con una persona en la calle, él admite que en uno de los golpes rompió la ventanilla del auto
Luego del fallecimiento del sobreviviente de la ESMA, hubo decenas de pronunciamientos de personas y grupos cuyas luchas acompañaba. Fue uno de los referentes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (sobre todo tras la también sentida ausencia de Adriana Calvo) y no tardó en conocer a María del Carmen Verdú poco después de la vuelta de la democracia, aunque ella no consigue precisar el momento, Así lo recordó, en diálogo con Sueños Posibles por Radio La Retaguardia, la abogada de la CORREPI. Será la primera de una serie de notas recordándolo, para extrañarlo un poco menos. (Por La Retaguardia) Recordatorios con poesía “Se dio una circunstancia que no es nada casual en las muchas cosas que se escribieron en despedidas de Cachito a partir de que emprendiera este nuevo viaje, y es que en muchísimos de los textos que circularon individualmente, de organizaciones, en los discursos, lo que se habló en el velorio cuando los compañeros de Ex Detenidos muy generosamente abrieron el micrófono para que todos pudiéramos decir algo, hubo dos citas que fueron muy repetidas. Por un lado, la muy obvia de los imprescindibles de Brecht, y por el otro lado, la de (Julius) Fucik de la militancia y la alegría, de ‘vivo con alegría, con alegría muero. Que nadie una la tristeza a mi nombre’. Me parece que esas dos citas que han encabezado muchísimas de las semblanzas que circularon, lo pintan al compañero de cuerpo entero, y agrego aquella tercera: ‘El que murió luchando vive en cada compañero’”, definió Verdú sobre los fragmentos representativos de lo que fue el militante. Para la abogada, Cachito cargaba una mochila inmensa “y ahora nos tenemos que repartir un poco entre todos para seguir haciendo lo que él hacía. Escribí algo que publicamos en el lugar de Facebook de Izquierda Revolucionaria y yo decía que he hecho el esfuerzo, desde el momento en que me enteré de la noticia, de tratar de acordarme cuándo fue la primera vez que lo vi a Cachito”. Verdú no puede recordar: “Es como si siempre hubiese estado ahí, en toda mi vida militante, en más de 25 o 30 años de ser el tipo con el que sabías que si compartías un espacio tenías un aliado en dos cuestiones centrales: desde un organismo como Ex Detenidos logró abrirle la cabeza a toda la militancia de nuestro país para tomar la pelea contra la criminalización de la protesta hoy, integrarse en todos los espacios de coordinación contra cualquier forma represiva que se abatiera sobre la clase trabajadora, se tratase de un preso político o de un pibe hostigado por la policía en una barriada. Sin esa selectividad de clase que muchas veces hemos combatido desde CORREPI”, destacó de Cachito. La abogada aseguró que él entendió a la perfección cómo se incorpora esa diferenciación en los propios militantes: “‘A quién le importa si la policía mata a un pibe en el barrio, el problema es cuando se trata de un ataque a una persona organizada’. Al mismo tiempo, en el tema de la represión a los sectores organizados de la clase trabajadora, imponer la defensa de todo compañero o compañera represaliado sin andar contándole las costillas para ver a quién votó, o si no vota o si pertenece a tal o cual otra corriente. Esa universalización de la defensa concreta en el aquí y en el ahora de absolutamente todos los derechos de todos los trabajadores y la defensa irrestricta del perseguido y represaliado es uno de los ejes centrales de la enorme figura del compañero Cachito Fukman”. Un conciliador “El otro aspecto que también rescaté en varias oportunidades en que pude hablar de él es la comprensión y la ejecución en la práctica, esa verdadera praxis del revolucionario, de que una cosa son los principios que todos mantenemos junto con nuestra identidad y que son inamovibles y otra cosa es la necesaria flexibilidad táctica que hay que tener para encarar acciones en unidad de acuerdo a lo que la coyuntura nos exige”, consideró Verdú, y mencionó algunos polos de esa unidad: “Es la batalla que se da desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, desde la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, desde los distintos comités de defensa de los presos políticos, de los condenados de Las Heras, de la defensa de los trabajadores de Tierra del Fuego, Milagro Sala, etcétera, Cachito enfrentó como abanderado de esa imprescindible unidad de acción. Creo que ese es el otro gran legado que nos deja”. Un amigo “En lo personal, por supuesto, la absoluta y total devastación porque, como decía el otro día uno de sus compañeros de trabajo que no es un militante y lo conocía en su faz de laburante decía ‘Cachito era un buen tipo, te daban ganas de abrazarte’ (en referencia a Aníbal, el sonidista durante el velatorio y tantas otras actividades de organizaciones de izquierda). Esa sería la tercera pata de la semblanza. Entender que la memoria sólo sirve si nos permite, bien anclada en el presente, dar las luchas del aquí y ahora, la necesidad de la unidad de acción sin por eso inclinar siquiera las banderas y la bonomía. La buena onda, la capacidad de militar con alegría, con frescura, con fraternidad, con un vinito de vez en cuando, con un buen plato de fideos con tuco, encarar todas estas arduas luchas con toda esa alegría que se nos vio quebrada esta semana con su pérdida”, reflexionó conmocionada.Cachito, para Verdú, “era un militante de la vida, era un militante que encaraba cada tarea con la urgencia y la importancia al mismo tiempo y siempre buscando el desarrollo en la armonía de las relaciones, en esto que te mencionaba antes de la buena onda. Con la convicción de que uno no milita porque está obligado a hacerlo sino porque quiere más allá de que mil veces nos toquen tareas grises o maratones en las que uno siente que el cuerpo pide un poco de descanso. Por eso lo que destacaba de
El procesamiento del ex presidente de la Cooperativa Antena Negra TV y el llamado a prestar declaración indagatoria a su actual titular agravan la situación del canal comunitario, denunciado por la empresa de seguridad Prosegur por utilizar el canal digital 20 para sus transmisiones. Fernando Tebele, María Eugenia Otero y Catriel Fernández dialogaron en el programa La Retaguardia con la abogada de la Cooperativa, María del Carmen Verdú, sobre los alcances de estas decisiones del juez Marcelo Martínez de Giorgi. También hubo tiempo para hablar de la situación en Tierra del Fuego y del rol imprescindible de los medios comunitarios, alternativos y populares para dar cuenta de lo que allí sucede. (Por La Retaguardia) Una semana antes de conocerse las nuevas resoluciones del juez Marcelo Martínez de Giorgi, la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), había señalado: “muchas veces lo que sucede cuando a uno se le escapa un tiro para este lado es que después la Cámara le pide que ponga las cosas en su lugar, entonces le dice ‘es Prosegur’ y cuando la causa le vuelve (al juez) hay un enorme esfuerzo por tratar de hacer mérito para redimirse del tirón de orejas recibido. Esto implica que la situación es mucho más complicada desde nuestro punto de vista porque es como si tuviera que estar dando explicaciones de por qué hizo lo que hizo, entonces es doblemente quisquilloso en la segunda oportunidad. De todas maneras, los elementos están en el expediente, pero no se puede soslayar que por la situación, la coyuntura política y la realidad es mucho más difícil lograr hoy un sobreseimiento como el que ocurrió el año pasado”.De esta manera, Verdú anticipaba la decisión que finalmente tomó esta semana el magistrado de procesar a Martín Sande, ex presidente de la Cooperativa Antena Negra, en la causa iniciada por Prosegur.“Recibimos la notificación de que el compañero en su condición de presidente de la Cooperativa Antena Negra (en el momento del primer secuestro de equipos) fue procesado por los mismos hechos por los que en octubre del año pasado había sido sobreseído. A fines de octubre del año pasado, el juez Martínez de Giorgi dijo: ‘respecto de estos hechos -que era la emisión televisiva de Antena Negra TV por el Canal 20- por los que fue indagado Martín Sande, la defensa tiene razón, no es un hecho de carácter criminal, no me corresponde a mí como juez penal determinar si tiene o no derecho Antena Negra o si tiene o no derecho Prosegur a utilizar esa frecuencia porque es un tema administrativo que debe ser resuelto por la autoridad de aplicación. No existiendo conducta de carácter penal, dicto el sobreseimiento’. Prosegur apeló lo resuelto por el juez en octubre pasado y la causa fue a la Cámara que dijo que (Martínez de Giorgi) se adelantó, fue prematuro, le dijo que no sea vago e investigue un poco más, revocó el sobreseimiento, no dictó procesamiento pero lo mandó a seguir avanzando”, explicó Verdú en diálogo con La Retaguardia.En este punto, la abogada manifestó: “lo único que hizo el juez entonces fue verificar que después de la devolución de los equipos, naturalmente los compañeros siguieron emitiendo y por la misma frecuencia, entonces habría comprobaciones de lo que ellos llaman ‘interferencia’, y nosotros llamamos emisiones televisivas, en fechas posteriores al mes de enero de este año. Martín fue indagado la semana pasada por estos hechos nuevos, pero no es por estos hechos nuevos que lo procesan porque él ya no era presidente de la cooperativa, que por sus mecanismos internos de renovación de autoridades así lo hizo el 5 de febrero, y hoy la cooperativa tiene una presidente nueva, que es la compañera Antonella. Lo que dice ahora Martínez de Giorgi es que a diferencia de lo que dijo el año pasado estos hechos sí son delitos, entonces lo procesa por interrupción de las comunicaciones de quien (Prosegur) no se comunica. Cuando hablamos de interrupción de las comunicaciones nos referimos a las comunicaciones públicas, las de Prosegur con sus clientes a través de teléfono, radio o lo que fuere no lo son; en cambio sí se puede interferir una transmisión si es de radiodifusión o de televisión pública”.En su resolución, el juez no hizo referencia al decreto presidencial firmado por Cristina Fernández de Kirchner en el que se señala que la frecuencia en disputa debe quedar vacía para ser utilizada solo con fines de comunicación de televisión: “ese es justamente nuestro argumento central –aseveró Verdú–, que quien está ocupando irregularmente la frecuencia es una empresa que la utiliza para algo que no es televisión digital. Se lo procesa a Martín pero se le dicta la falta de mérito por los hechos posteriores a la espera de que el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que regula a las cooperativas) ratifique que efectivamente desde el 5 de febrero él no era más el presidente de la cooperativa. Ante esta situación resulta fácil anticipar que Antonella, en tanto nueva presidenta de la cooperativa, también será procesada. Ella está citada para el 7 de junio a prestar declaración indagatoria por los hechos posteriores al 5 de febrero”. Desayuno con el juezEn la mañana del 7 de junio, día en que además se conmemora el Día del Periodista, la Red Nacional de Medios Alternativos realizará, junto a Interredes (espacio de confluencia con otros agrupamientos que la RNMA también compone) un desayuno en los Tribunales de Retiro, ubicados en Comodoro Py 2002 de la Ciudad de Buenos Aires, donde Antonella está citada a declarar.“Evidentemente Antonella va a ser procesada también por estos hechos –remarcó Verdú–, esta declaración indagatoria va a ser una fantochada, una farsa, porque a partir de lo que se resuelve con Martín ya está resuelta también su suerte”.A su vez, la abogada adelantó que el viernes 3 de junio por la mañana realizarían la presentación de la apelación al procesamiento de Sande. Ese mismo día, de manera simultánea, una delegación
A poco más de 15 años de los hechos, el lunes se conocieron las condenas a funcionarios y policías por la represión ocurrida en 2001 en la Ciudad de Buenos Aires. Las controversias que generó el fallo se expresan en las consideraciones diferentes que realizaron en Radio La Retaguardia María del Carmen Verdú, dirigente de CORREPI, en el programa Sueños Posibles y Rodrigo Borda, representante de la querella a cargo del CELS, en el programa Otras Voces, Otras Propuestas. (Por La Retaguardia) El balance “En líneas generales es un balance positivo. Es un caso muy complejo, demoró mucho tiempo, sin dudas eso es algo que no nos satisfizo pero se llegó y de paso se sentó un precedente muy significativo al condenar a los máximos responsables. Por primera vez, a los responsables políticos, la conducción de las Fuerzas de Seguridad como fue en este caso Enrique Mathov. Quedan algunos sinsabores ligados a absoluciones de algunos responsables materiales, no todos”, recalcó el abogado del CELS analizando la situación. “Dadas las circunstancias todavía queda la chance de la Cámara de Casación para revertir algunos pronunciamientos pero, en líneas generales, con respecto a los acusados sobre los que trabajó nuestra querella que son los máximos responsables dentro del grupo de los sometidos a juicio, queda la satisfacción de que todos ellos fueron condenados, incluso quien conducía a la policía y es la primera vez que eso ocurre en un acto de represión policial”, explicó.Verdú relató que en noviembre de 2014, cuando comenzó el juicio, “movilizamos con organizaciones e hicimos un documento común en el que señalábamos que este juicio oral y público que iba a durar casi 2 años iba a ser la consagración definitiva de la impunidad, tanto por el hecho de que quedaba definitivamente afuera y sin ninguna responsabilidad penal el responsable político que fue el ex presidente Fernando De la Rúa como porque quienes sí iban a enfrentar el debate que tenían la mesa servida con una imputación por homicidio culposo”, denunció. La militante explicó que esa figura es la que se le aplica a un automovilista que cruza en rojo y atropella sin querer, sin ningún tipo de intención homicida a un peatón y lo mata. “Por eso, las penas que se conocieron hoy rondan los 4 años. 4 para el comisario Santos, 4 años y 9 meses para Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, que naturalmente están en su casa sin ningún tipo de molestia en su libertad ambulatoria porque hasta tanto no queden firmes tampoco tendrán que cumplir ninguna parte de esa pena. Los comisarios que integraban la cúpula han recibido casi todos penas en suspenso”, señaló. Verdú avanzó en la denuncia: “Se los ha juzgado y condenado no por represores y asesinos sino como imprudentes, negligentes, como inobservantes de los reglamentos o deberes a su cargo, por distraídos y descuidados, por brutos, y eso confirma la impunidad de este doble juego de dictar una condena que tiene más de absolución que otra cosa”.Luego, la abogada destacó lo mismo que Borda: “Ante todo, es la primera vez y la primera causa en la que se logra la condena de un funcionario político que es Enrique Mathov”, destacó y recordó: “Ni en la masacre del puente de Corrientes, ni en la masacre del Puente Pueyrredón, ni en los demás juicios que ha habido en distintos lugares del país por los fusilamientos del 19 y 20 de diciembre ha habido imputación y condena efectiva a ningún funcionario político responsable de la dirección de las Fuerzas de Seguridad”. Verdú mencionó, entonces, como hecho positivo, “que por primera vez se subió un escaloncito, por lo menos, con un secretario de Estado. Por el otro lado, insisto, la equiparación o la comparación con Al Capone es manifiesta. Acá no se los condenó como asesinos y represores sino como inútiles”. 15 años después y la impunidad de De la Rúa Por otra parte, la abogada se refirió a los efectos en la dilación de los tiempos: “Lo que falta todavía, porque ahora viene el recurso de Casación, después el extraordinario, después la queja. Quizás dentro de 3 o 4 años lleguemos a condenas firmes. El otro gran ausente además de De la Rúa fue el ministro del Interior Ramón Mestre, ya que en 2001 no existía el ministerio de Seguridad, las Fuerzas y la Secretaría estaban dentro de Interior. Este funcionario después fue interventor en la provincia de Corrientes pacificada a sangre y fuego en la represión de 1999 con dos muertes y centenares de heridos de bala. Murió impune. Murió una semana antes de la fecha dispuesta para su indagatoria”. Para Verdú, con las penas impartidas “no hace falta pensar en el arresto domiciliario. Si hacemos una simple cuenta matemática de cuánto son los dos tercios de cuatro en el caso de que se confirme esta pena y su aplicación efectiva, hablamos de un ratito”. Sobre la exclusión del juicio de Fernando De la Rúa, Borda explicó: “En este caso la justicia nunca negó la responsabilidad de funcionarios políticos porque, así como hoy se condena a Mathov, en su momento estuvo también imputado el ministro del Interior Ramón Mestre que, si no hubiera fallecido, sin dudas hoy estaría condenado. Es decir, se puso sobre la mesa un nivel de responsabilidad política bastante alto y eso no deja de ser una novedad. En casos similares en el país o la región nunca se pudo avanzar en esta línea”. El abogado aclaró que según la consideración del CELS, el ex presidente debió haber sido sometido a juicio “pero la justicia para sobreseerlo entendió que la responsabilidad por los hechos se cortaba en el ex ministro Mestre o el ex secretario de Seguridad Mathov. Es decir que no se podía involucrar a De la Rúa sólo por el hecho de que no había pruebas para concluir que estaba al tanto de lo que ocurría o que estaba abocado a la conducción de la policía por sobre los mandos naturales”.La cosa juzgada y las absoluciones “En