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Matías Mancini

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Si cada testimonio libera varias historias, el de Martín Mendizábal tiene todo el efecto de la reparación. Su papá Horacio y su mamá, Susana Solimano, fueron asesinados en la Contraofensiva. Él mismo estuvo secuestrado un mes. Creció separado de sus dos hermanos, Benjamín Ávila y Diego Mendizábal. Vivió angustiado. Se levantó de un intento de suicidio. Su testimonio fue un relato plagado de tristezas, pero con un final esperanzador. Los aplausos y los abrazos que recibió luego, lo certifican. (Por Fernando Tebele y Fabiana Montenegro para El Diario del Juicio*)  Ilustración de portada: Antonella Di Vruno  Colaboración: Valentina Maccarone y Diana Zermoglio Van más de dos horas de testimonio. Se sabía que el de Martín Mendizábal sería de los más crudos. Ya lo había advertido su hermano Benjamín Ávila, cuando señaló que de los tres (ellos dos y Diego), Martín había sido el de peor liga en la repartija del destino: “Fue el que peor la pasó de todos, perdió a sus dos padres y creció en una casa donde fue ninguneado”, apuntó dos semanas atrás. Podría suponerse que ya nada peor queda por saber de su historia, tras dos horas de recuerdos de secuestros, de miedos y angustias, de dibujos de casas y croquis de su alma. Sin embargo, Martín permanece con toda la flacura colgando de sus pies en el aire, apoyados en el piso solo a través de las punteras de goma de las zapas. Y le va a contestar a la fiscal Gabriela Sosti, que le acaba de preguntar, ni más ni menos, por las consecuencias personales de que te arranquen a tu papá y a tu mamá, y que además te separen de tus dos hermanos. Toma aire el flaco, y se tira de cabeza en un océano que hiela la sangre. —Es un trágico privilegio estar vivo. Pero las marcas de crecer separado de mis hermanos… Valoro mucho el amor de mis familiares, como pudieron… de hacer sus duelos, de entender los vínculos. Es muy complejo dentro del entramado político argentino… Yo respeto. Me he sentido querido, pero no crecer con mis hermanos, estar separados, es una marca que todavía… —va tropezando, pero avanza— Me ha costado mucho llegar hasta acá… Yo tuve un intento de suicidio en el ’94 en Bahía Blanca… Muchos años de terapia… Probablemente me quedé congelado ahí… y también me perdí oportunidades de poder compartir más. Me alejé. Me acaracolé. Me alejé mucho de familia, de amigos. No me quería exponer, sufrir. Hice eso. Tomé esa decisión. Me salió mal, por suerte, y estoy acá. Su discurso se entrecorta, acongojado. Pero siempre levanta la cabeza, respira profundo y sigue su viaje. Tal vez sea norma esencial en su vida: cerrar los ojos, respirar intensamente y salir para adelante. Su abogado Pablo Llonto le pregunta si quiere seguir o si prefiere tomar un cuarto intermedio. Puede que lo pida por el testigo, quizá por él o por todas las demás personas en la sala, que tal vez estemos pensando: “qué suerte que te salió mal”.  Martín muestra entereza y dice: “prefiero terminar”. Antes de eso, había contado, desde sus recuerdos, toda la trama que lo rodeó cuando apenas era un niño. Martín Mendizábal en pleno testimonio. Sus pies de punta a piso.(Foto: Gustavo Molfino/DDJ) *** Martín Mendizábal camina rápido hacia el lugar de los y las testigos. De su pecho no cuelga una foto, como suele suceder con casi todas las demás personas que entran para contar sus historias. Sobre el pulóver oscuro resalta el cordón verde flúo que sostiene una cartulina con un collage de dibujos. Seguramente explicará luego. Se sienta y arranca bien por el comienzo: “Voy a empezar por mi familia materna, haciendo una línea de tiempo. Mi madre es Susana Haydeé Solimano. Es hija matrimonial de Alberto Andrés Solimano, médico, y Nélida Catalina Ibarra, ama de casa”. Ofrece mostrar un árbol genealógico que contiene veintiún primos hermanos, entre otras ramas de la familia. “Solo quiero decir un momento agradable sobre mi madre. Ella era protectora de animales, andaba a caballo, con sus perros y con todos sus primos y primas, organizaba los programas de las actividades que hacían cuando pasaban los veranos en el campo (en O’Brien, Partido de Bragado). Digo esto porque en el recorrido siguiente capaz no voy a poder decir algo tan agradable sobre ella”, anticipa. “A partir de los 18 años conoce a mi padre, se pone de novia. Aprovecho antes de llegar a que ellos se casan, paso ahora a la línea paterna. Mi padre Horacio Alberto Mendizábal es hijo matrimonial de Marcial Ramón Mendizábal, farmacéutico, y Rosa Irma Lafuente, ama de casa pero también ayudante en la farmacia que tenían en Parque Patricios”. Así, casi con formalidad, va marcando los datos esenciales. “Yo nazco en el ‘71, cuando vivíamos en Vicente López, en Florida, entiendo que había salido de garante Marcial, el hermano de mi padre”, se agrega en el árbol. Luego se mete en la militancia y cuenta que en agosto del ‘75 durante el gobierno de Isabel, su padre cae preso en Córdoba. “Entiendo por relatos familiares que ya hace un año que estaban separados, siguiendo su militancia en la clandestinidad. Con mi madre venimos a Buenos Aires, cuando mi padre está detenido, y lo voy a visitar al menos dos veces hasta agosto”.Martín, pelo castaño endiablado, canas que van ganando terreno, recuerda y también cuenta recuerdos que otras personas le han contado; de las visitas a la cárcel por ejemplo: “La primera visita que hago a la cárcel, en el ‘75, yo tenía 4 años, parte de lo que recuerdo y parte de la reconstrucción de mi tía prima de padre Marta Lafuente, me cuenta que en ese viaje primero vamos de Retiro en micro, y la vuelta es en avión. Llegando allá vemos que estaban los pabellones: por un lado el de Montoneros, enfrente el del ERP. Las banderas, con compañeros que estaban caídos… los ponían con imágenes con sus nombres. Lo primero que me cuenta mi

Lo dijo Matías Mancini, el presidente del TOFC 4, que lo condenó a perpetua por el asesinato de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos en La Tablada en 1989. Mancini y Esteban Rodríguez Eggers recibieron a El Diario del Juicio para analizar la sentencia. Se refirieron a la reparación simbólica al hijo de Díaz y al control total de la situación por parte de Alfredo Arrillaga. Explicaron por qué le dieron prisión domiciliaria y no consideraron el hecho como crimen de Estado. Foto: el presidente del Tribunal, Matías Mancini, en pleno juicio. (Foto: El Diario del Juicio)El 15 de mayo se conocieron los fundamentos del fallo que condenó a Alfredo Arrillaga a la pena de prisión perpetua por considerarlo co-autor del homicidio agravado por alevosía de José Maradona Díaz, uno de los cuatro integrantes del Movimiento Todos por La Patria (MTP), que hasta el día de hoy permanece desaparecido. Pocos días después de conocida la sentencia, entrevistamos al presidente del tribunal, Matías Mancini, y al vocal Esteban Rodríguez Eggers. Ambos son, además, docentes de la carrera de derecho.  La charla con quienes escribieron las 189 páginas de fundamentos que responden a las preguntas de quién, cómo, dónde y cuándo asesinaron y desaparecieron a José Díaz, tiene un sentido para el Diario del Juicio: intentar que las sentencias (y los juicios todos) se conviertan en hechos pedagógicos y comunicacionales. Los jueces del tribunal aceptaron la entrevista con tanta amabilidad como precaución. “Hay algunas cosas que uno podría decir de las bambalinas de la causa -comenzó Rodríguez Eggers- Por ejemplo a nosotros nos llamó la atención que en algún lugar haya parecido tan novedoso el tema del tratamiento a la víctima. Por el caso especial de este chico Díaz”, dijo con referencia a Daniel, el hijo de José, que viajó desde Nicaragua y presenció todo el juicio del que fue querellante. “Durante muchos años, yo lo estafaba a él con plata tuya y el derecho penal se preguntaba ¿quién es la víctima? ¿él que lo engañé, o vos que la guita que era tuya? A partir del 2000 hay toda una mirada en el mundo diferente del tema de la víctima y el testigo, mucho más en Naciones Unidas a partir de tipos que resultaban víctimas de los conflictos armados en un montón de lugares: Ruanda, Yugoslavia: ¿alcanza con que al tipo lo indemnicen y le den 25.000 dólares? No. Todo esto empezó con la trata de personas, con la trata de migrantes. Fíjense que con el tema migratorio, si yo era un migrante, la sanción era para mí, que fue como se trató en Europa siempre con los tipos que cruzaban o no el Mediterráneo: se los sancionaba. A partir de la trata de migrantes se considera el porqué hace eso el migrante. ¿Por qué hace esto? Porque hay una situación en África, las guerras, los problemas de hambruna, un montón de variables que a este tipo lo llevan ser una víctima porque hay grupos que lucran con eso. El tipo vende lo poco que tiene y lo infiltran en una sociedad para ser explotado. A partir del Tratado de Palermo, se considera una víctima al tipo que es tratado, al migrante. Es decir, hay otra mirada. La cuestión de la ayuda humanitaria tiene que ver con esto, con los desplazamientos, y mucho más con las cuestiones estatales. De pronto es el Estado escuchando a la víctima de un delito cometido por el Estado. El abordaje es diferente a partir de ahí. Es un poco la cura ‘Ah mirá… nosotros hicimos esto en otro momento’”, comenzó explicando Rodrìguez Eggers, traje impecable y mucho más descontracturado que su colega. “Él es más teórico” agregó, señalando a Mancini, que apenas tiene 35 años y presidió el tribunal en este juicio. Rodríguez Egger y uno de sus gestos característicos de atención durante las audiencias. (Foto: El Diario del Juicio) —DDJ: ¿Para ustedes fue natural que la sentencia implicara una reparación simbólica? —Matías Mancini: Nos sorprendió el pedido de la querella porque es original. No sucede que hayan pedidos de partes donde se requiera que se deje expresa mención a una cuestión así. Como uno puede interpretar la función de la pena, cada vez va tomando más fuerza la idea de la sanción como reparación a la víctima. Está bastante discutido para qué sirve la pena: históricamente se habló de una prevención general: “tengamos a la gente amenazada con que si hace las cosas mal o contrarias a la ley va a ser penada”, es una manera de prevenir el delito. Después aparecieron otras ideas como resocializar, o retribuir mal por mal y cada vez más empezó a aparecer la idea autónoma de reparar a la víctima y esto no es algo que nos sorprendiera teóricamente pero si nos sorprendió porque no hay pedidos concretos en general en causas donde se solicite que esto quede expresamente. Ante un pedido expreso y fundado nos pusimos en la situación de “bueno, aprovechemos, reflexionemos y demos respuesta”. Y para dar respuesta acudimos a una sentencia de la CIDH, donde dice justamente la idea de reparar a la víctima. Nos apoyamos también en la ley de la víctima y la sanción penal como uno de los modos para reparar. Esto viene enganchado en toda una corriente teórica que no pusimos porque sino ya sería una obra de doctrina, pero es la idea de empezar a ver el derecho penal no tanto para imponer un orden sino para resolver conflictos que se resuelven de muchas maneras, se resuelven a veces con conciliaciones, con  suspensiones a prueba, se resuelven a veces con sanciones. Eso es bastante complejo porque es un ida y vuelta entre víctima y victimario y también está el Estado involucrado. Entonces no es tan lineal el asunto, en la sentencia no hicimos una obra de doctrina pero fue un buen momento para decir algo que nosotros consideramos pertinente que es que esta sanción esperemos le sirva de reparación a Daniel Díaz Padilla. —Esteban Rodríguez Eggers: La

Se publicaron los fundamentos del veredicto del juicio por el asesinato y desaparición de José “Maradona” Díaz, uno de los cuatro militantes del MTP que aún permanecen desaparecidos tras las trágicas jornadas vividas en el cuartel de La Tablada en Enero de 1989. Para los jueces, Díaz fue conducido hasta Arrillaga, que decidió que fuera asesinado. Repasamos los puntos centrales de los fundamentos.  Los integrantes del TOCF 4 de San Martín, Matías Alejandro Mancini, en su calidad de presidente; Alejandro de Korvez y Esteban Carlos Rodríguez Eggers, condenaron a Alfredo Manuel Arrillaga por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía a la pena de prisión perpetua, con accesorias legales y las costas del proceso.  En el escrito que brinda los fundamentos del fallo, se deja constancia que fue probado a lo largo del debate que una vez identificados “Iván Ruiz y José Alejandro Díaz como intrusores, fueron separados de los conscriptos y desertores (que con ellos se encontraban al momento de ser detenidos). Estos últimos fueron hacia el perímetro del regimiento para luego ser evacuados en un vehículo militar. Respecto de Ruiz y Díaz, Naselli ordenó al entonces Cabo Primero Hugo Daniel Stegmann que los llevara detenidos al puesto comando de la Sección de la Escuela de Caballería encabezada por el Mayor Jorge Eduardo Varando con el objeto de que fueran interrogados. ´A punta de fusil´ fueron conducidos hacia dicho lugar. Díaz y Ruiz fueron interrogados, subidos a un Ford Falcón manejado por personal del Ejército Argentino y nada más se supo al respecto. Arrillaga controlaba la situación por ser el comandante táctico de la recuperación, en un combate desplegado en un área limitada del RIM III y cercada por personal militar. Todo este personal respondía a él, quien tuvo dominio efectivo sobre los detenidos. El imputado se aprovechó de su posición jerárquica para que se perpetrara el homicidio de José Alejandro Díaz. En tal sentido, se valió del total estado de indefensión de José Alejandro Díaz, quien se hallaba desarmado, detenido, severamente herido y en poder de su subordinado Varando.  Concretamente, el aquí imputado acordó con -al menos- Varando la muerte de Díaz luego del interrogatorio, y proveyó y garantizó los medios y el marco de impunidad para que se pudiera actuar físicamente sobre la víctima quitándole la vida”. Varando estaba imputado en la causa, pero murió antes de llegar a este juicio. El “al menos”, aparece como una manera de no descartar otras imputaciones de militares.  Al mismo tiempo, se establece que: “como primer peldaño del razonamiento se debe poner de resalto que, sin perjuicio de que la irrupción en el cuartel fue a todas luces ilegal y -como consecuencia de ello- la intervención estatal en sí misma justificada, el Estado (representado por el  Ejército Argentino y las fuerzas de seguridad) no se encontraba facultado legalmente para establecer una lucha sin miramientos ni límites. En otras palabras: la legítima recuperación no impedía ni limitaba el cumplimiento de la ley. Particularmente, la participación de Díaz en el copamiento no lo privaba de las garantías y de los derechos previstos en el ordenamiento jurídico. Concretamente, la ejecución de Díaz se encontraba claramente prohibida”.  Los fundamentos del fallo destacan asimismo la labor periodística que tanto sirvió a esclarecer la causa. “Debe destacarse el valor que han tenido las fotografías de Eduardo Longoni para el avance de la investigación y para el presente debate”, como así también “poner de resalto el contenido de los vídeos que fueron exhibidos durante el juicio. Se recuerda aquí el proverbio ‘una imagen vale más que mil palabras’, atribuida al escritor ruso Iván Sergeyevich Turgeniev del siguiente modo: ‘una imagen muestra de un vistazo lo que requiere más de diez páginas de libro para exponer’”.  El fin de la versión oficial  A lo largo del proceso algo quedó claro en la causa: la versión que durante 30 años sostuvo el Estado era completamente falsa. La idea de una posible fuga quedó rápidamente descartada. “Ha quedado demostrado contundentemente que al momento en que Díaz y Ruiz fueron detenidos no era posible que se fugaran del RIM III. Luego del debate ha resultado tan inverosímil la idea de la fuga, que ha sido abandonada incluso por la defensa; ello, a pesar de que -como se verá- se trataba de la hipótesis utilizada originalmente por miembros del Ejército Argentino. Al momento en que Díaz y Ruiz fueron tomados prisioneros, el RIM III contaba con un “cerco perimetral completo” formado por miembros del Ejército Argentino, de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de otras fuerzas de seguridad”.  En el apartado titulado “El desmoronamiento de la versión original del personal del Ejército Argentino sobre la fuga de Díaz y de Ruiz” se detalla la falacia oficial. “Durante la instrucción se recibieron declaraciones testimoniales -incorporadas al debate por pedido de las partes- que pretendían instalar la hipótesis de que Díaz y Ruiz se habían fugado luego de que ellos u otra persona matara al enfermero Sargento Ayudante Raúl Ricardo Esquivel que los custodiaba por orden del entonces Mayor Varando.  Esta versión se sostenía principalmente en el testimonio de Varando -que acabó imputado en la causa y luego falleció- y de César Quiroga, un ambulanciero que corroboraba la idea de que Díaz y Ruiz habían quedado bajo la custodia del aludido enfermero”.  De acuerdo a la prueba producida durante el debate, el TOCF 4 indicó que se demostró lo siguiente:  1) Varando escogió a una persona que había fallecido en combate para atribuirle la responsabilidad de la custodia de los dos detenidos desaparecidos.  2) Su versión fue falaz y tuvo como objetivo procurar su impunidad.  3) Al poco tiempo de sucedidos los hechos, Quiroga fue presionado en el Juzgado de Instrucción por parte de un auditor del Ejército Argentino para corroborar la versión de Varando.  4) El enfermero Mario Gualberto Cruz fue el único y verdadero testigo presencial de la muerte de Raúl Ricardo Esquivel.  5) Al poco tiempo de los hechos Cruz relató en una oficina

La querella y la fiscalía coincidieron en pedir prisión perpetua para el exgeneral Alfredo Arrillaga, como autor mediato de homicidio con alevosía en el caso de José Alejandro Díaz, en el marco del primer juicio por la represión contra los y las militantes del MTP, tras el intento de toma del RIM 3 de La Tablada en 1989. La querella fue mucho más allá que el fiscal, lo consideró coautor del hecho y pidió además cárcel común y una serie de “reparaciones”, entre las que resaltó el pedido para que el Estado financie la realización de un audiovisual que desande el camino cultural que llevó a la demonización de quienes en realidad sufrieron “un crimen de Estado dentro del estado de derecho”. Tras las intervenciones de Pablo Llonto y Liliana Mazea, parte del equipo de abogados/as que actuaron en este juicio, fue el turno de Ernesto “Coco” Lombardi. La larga lista de “38 afirmaciones, hechos totalmente acreditados” que presentó Lombardi comenzó con la acción inicial: un grupo del Movimiento Todos por la Patria ingresó a La Tablada con la convicción de impedir nuevos alzamientos militares. Indicó que “entre esos militantes ingresó Jose Alejandro Díaz, de 29 años”. Ante cada afirmación, el abogado querellante repasaba qué testimonios habían sido fundamentales para llegar a las conclusiones; en este caso, quienes lo habían visto en el cuartel o podían asegurar que allí estuvo: los entonces Daniel Salas, Daniel Humberto Valenti y Alejandro Gentile; el militar José Almada; los sobrevivientes Miguel Ángel Aguirre, Sergio Manuel Paz, Carlos Néstor Rodríguez, Joaquín Ramos, Roberto Felicetti, Carlos Motto y José Moreyra; y los periodistas Pablo Waisberg y Felipe Celesia, entre otros. Luego fue el turno de un dato clave que permitiría identificar a Díaz en las fotos y filmaciones que se conservan de aquel 23 de.enero de 1989: “fue herido en la cabeza, por lo que tenía una vincha que le cubría la herida”. Así se lo ve saliendo por una ventana de la guardia de prevención después del feroz ataque contra el edificio. “Se realizó un cerco que la sometió a un fuego desproporcionado”, definió Lombardi. Junto con él, en la guardia, se encontraban otros 10 militantes del MTP, 3 soldados y 3 desertores. “Desde un primer momento las fuerzas de Arrillga supieron que había conscriptos y desertores allí. La orden era no dejar a ningún militante del MTP con vida”, indicó la décima placa presentada por Lombardi. Previamente había explicado que el 23 de enero de 1989, aproximadamente a las 7:50, Arrillaga fue designado como Comandante de la recuperación. El plan criminal fue expuesto en la propia acción: “las personas dentro de la guardia, impedidos a salir por las balas, se encontraban condenados a morir en su interior por el fuego”. En tanto que “algunos fortuitamente lograron hacer ceder un barrote y escaparon, no corrieron la misma suerte los heridos, quienes murieron allí calcinados”. Este juicio oral y público permitió demostrar los pasos finales de la tragedia vivida por José Díaz e Iván Ruíz: “los soldados y desertores que logran escapar de la guardia se identifican con Naselli (primer uniformado con el que entran en contacto) y señalan como atacantes a Ivan y José”. Allí es cuando “Naselli ordena detener a Díaz y Ruiz, y el sargento Stegman los lleva con Varando”. “Ivan y José son sometidos a interrogatorio bajo tortura en los fondos del cuartel, por Varando, entre otros”, y luego “son trasladados al puesto de comando de Arrillaga, donde son torturados y sacados del cuartel dentro de un Ford Falcon blanco”. Esa fue la última vez que se los vio con vida. “Díaz y Ruiz fueron asesinados y sus cuerpos posteriormente desaparecidos”, afirmó Lombardi, que también consideró probadas por los testimonios las desapariciones de Samojedny y Provenzano, lo que seguramente derivará en nuevas causas que lleguen a instancia oral y pública más adelante. Parte del silencio que cayó sobre esta causa se debió a las operaciones orquestadas para ocultar la verdad. “Arrillaga desde el mismísimo 24 de enero de 1989 generó una amplia operación de encubrimiento”, explicó la querella. El exgeneral “alteró las circunstancias de la muerte de Esquivel creando una falsa coartada”, que cayó durante el juicio cuando el ambulanciero César Ariel Quiroga admitió que había sido obligado a mentir 30 años atrás, en el juzgado de Morón a cargo de Gerardo Larrambebere y con el joven secretario Alberto Nisman tomando las declaraciones falsas.El viernes pasado, en el segundo día de alegato de la querella tras un cuarto intermedio, Lombardi ocupó otras dos horas para terminar su intervención pidiendo prisión perpetua para Arrillaga.Parte importante de esa etapa final la ocupó el pedido de cárcel común, ya que el genocida, que fue condenado en cinco causas en Mar del Plata (en tres tiene perpetua), goza del beneficio de la prisión domiciliaria. “Démosle una oportunidad para que pueda arrepentirse. Mandémoslo a un lugar con todo lo que él requiera para tratarse si en algún momento tiene un problema, pero que también tenga la oportunidad de arrepentirse. Porque a esta edad, cuando realmente tenga tiempo de pensar y darse cuenta de que la sociedad lo ha condenado y mandado tras las rejas, tiene la oportunidad de decir: ‘y bueno… si total, esta medalla no es una medalla, es algo realmente muy triste, les voy a decir a las víctimas dónde escondí el cuerpo’”, sugirió en su fundamentación.En cuanto al pedido de condena sin que esté el cuerpo de la víctima, en este caso Díaz, Lombardi citó jurisprudencia en causas por crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el genocidio, en las que se arribó a condenas habiéndose considerado que estaban probados los asesinatos, aun cuando los cuerpos estuvieran desaparecidos. Muchas de esas sentencias ya se encuentran reafirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  DESCARGAR Lombardi recordó algunas de las situaciones que se vivieron en el juicio, que dan cuenta del muy buen estado de salud del imputado. “Arrillaga tiene autonomía, tiene autovalidez, tiene excelente respuesta al strees, y tiene atención y concentración.

En un alegato está reunido todo lo que pasó en un juicio. Si se trata del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada eso no es poca cosa. Entonces no sorprende que el alegato haya durado tantas horas y que no se llegara al final. Aquí un informe de la primera parte, que fue realizada por Pablo Llonto y Liliana Mazea, una de las abogadas históricas de esta causa. Llonto se refirió a documentos de la SIDE que avalan los asesinatos y las desapariciones. Mañana miércoles será un día de doble alegato, porque terminará la querella y realizará el suyo la fiscalía. El Diario del Juicio realizará una transmisión radial.Liliana Mazea fuma a cuatro manos. No hay cuarto intermedio en la que no se la vea detrás del humo. Durante todo el debate estuvo tomando notas y comparando lo que se escuchaba con declaraciones anteriores, metiendo la mano cada tanto en una bolsa con bizcochitos. Puede adivinarse la ansiedad de 30 años en esta abogada militante que fue una de las que estuvo acompañando a los y las militantes de La Tablada desde el primer momento, cuando no era fácil estar.Mazea habló una media hora. Utilizó su tiempo para responder (y refutar) diversos pedidos de la defensa, como los ya clásicos pedidos genocidas de nulidades y prescripciones que los diferentes tribunales terminan rechazando en la sentencia. Sobre el cierre, su voz se entrecortó. La emoción se apoderó de su cuerpo encorvado hacia el micrófono de la sala. “Querría, atento a la edad mía, pasarles a mis queridos colegas la bandera que enarbolaron las víctimas desde hace tanto tiempo pidiendo justicia. Y agradezco mucho a ellos que sigan entonces pidiendo justicia… Perdón —se interrumpió tomando aire para poder seguir—. Quisiera entonces acompañarlos con este verso de Pablo Neruda, que es muy largo pero que dice: ‘Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Muchas gracias”. El muchas gracias casi no se oyó, inundado en lágrimas. Se la dejó difícil a Ernesto Coco Lombardi, un abogado recibido después que su hija Susana, que siempre está sentada a su lado. Lombardi era intendente de Moreno cuando ocurrieron los hechos de La Tablada. Hoy es parte del equipo de Pablo Llonto que lleva adelante querellas en causas de lesa humanidad y en otras de violaciones a los derechos humanos, como esta. “Primero, señores jueces, permítanme, creo que en nombre de todos los abogados de esta querella, especialmente en nombre de mi hija y mío, vamos a tomar esa bandera, la vamos a enarbolar bien alto, y no dejaremos nunca de militar por la humanidad y por el respeto de los derechos humanos, haciendo de la historia de esta causa, que es la que acaba de hablar, también, una bandera de lucha, de sacrificio, ad honorem, por todos aquellos injustamente humillados. Gracias… La tomamos”. Pocos momentos en el juicio tendrán tanto valor simbólico y emotivo como ese pase de bandera en una causa de camino tan sinuoso como ha sido el de la justicia para los y las militantes que sufrieron en La Tablada las peores formas del terror implacable del Estado.  DESCARGAR Los documentos de la SIDE Si el alegato actúa como ordenador de las pruebas, por lo tanto es difícil que entregue novedades, esta vez fue la excepción. Casi al final de la jornada, Pablo Llonto sorprendió al hacer mención a un documento de la AFI (Agencia Federal de Informaciones, por aquel entonces SIDE) sobre La Tablada. Esos documentos reservados fueron pedidos durante el debate. Hace algunas semanas, el presidente del tribunal, Matías Mancini, anunció que habían llegado las carpetas y que quedaban a disposición de las partes. Allí saltó la novedad. Después de saludar que la AFI entregue información sobre crímenes políticos, fue al detalle. “Con el valor A1 (fuente completamente confiable y confirmada por otras fuentes) y PPM (por propios medios, no por los medios de comunicación), está el nombre de José Maradona Díaz y al lado tiene un número 2. Ese número 2 quiere decir: abatido. O sea que ya lo sabían a través de la SIDE, a los pocos días. Luego dice que hubo 27 abatidos y 4 NN, que no sabemos a quiénes se refieren. Más tarde, el 2 de febrero de 1989, colocan entre los abatidos a Francisco Provenzano”. Esa fue la gran novedad de la jornada. Antes de Mazea, durante 25 minutos, Llonto realizó la primera parte del alegato. Ante la mirada atenta de Carmen Lareu (la madre de Claudia, que murió en La Tablada) y de Nora Cortiñas, comenzó abriendo un trípode especial desde donde partir. “Las tres vías que nos enseñaron las madres, algunas de ellas aquí presentes, fueron: Memoria, Verdad y Justicia. Con esas tres vías venimos a este alegato. Esas tres consignas no son solo para recordar en estos días especiales de marzo, sino que son consignas para aplicar. Pedimos que se apliquen porque creemos en la Vía Argentina que ha recorrido gran parte de las sentencias en el resto del mundo también, para intentar pelear por ese Nunca Más, y que no vuelvan a ocurrir esas graves violaciones a los derechos humanos en la Argentina y en el mundo”. Situó claramente el comienzo de la búsqueda de justicia en el mismo día de los hechos. “En el caso de La Tablada, aquellas tres consignas se empezaron a aplicar el 23 de enero de 1989. Desde aquel día se empezaron a denunciar las violaciones a los derechos humanos. Las primeras denuncias fueron realizadas a las pocas horas. El 24 continuó, y también los días posteriores”, sostuvo el abogado, que se afirmó en que las denuncias iniciales están probadas tanto por los documentos que recientemente recibió el tribunal por parte de la AFI, como en el libro que publicaron Pablo Waisberg y Felipe Celesia, La Tablada A vencer o morir, que es prueba en la causa. “Se hicieron esas denuncias vía Uruguay, por comunicados, publicaciones periodísticas, a través de las primeras denuncias de los pocos sobrevivientes. Tiempo después se hicieron en la

Se realizó este mediodía la 14ª audiencia del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada. Se esperaba la declaración del único imputado en esta causa, el General Alfredo Arrillaga, pero sobre el final de la audiencia adujo sentirse mal, por lo que postergó su testimonio para el 15/3, día en el que también se realizará el alegato de la querella. Sí dieron testimonio 2 militares: Sergio Fernández y Daniel Alfredo Suárez. Foto: Iván Ruiz adelante, José Díaz en el centro. Camino a ser desaparecidos (Télam) —Hoy no. No me siento bien para declarar —dijo Arrillaga esta tarde, alrededor de las 14, cuando la expectativa estaba puesta en su decisión de declarar antes de los alegatos de las partes. En realidad se lo notó igual que siempre: activo, muy atento a los dos testimonios militares del día. Incluso sugirió un par cosas al oído de su abogado defensor. Hasta sonrió relajado cuando el oficial Sergio Fernández se hizo cargo de haber sido él quien supuestamente intimó a la rendición de los y las militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), contrariando en soledad los testimonios de los ocho sobrevivientes que declararon en este juicio, que aseguraron haber reconocido la voz de Arrillaga como la de quién los intimó a la rendición. La jornada era esperada centralmente por el anuncio de que iba a hablar el único imputado en esta causa. No es habitual que los acusados en causas de violaciones a los derechos humanos den testimonio. Por lo general, los altos mandos toman el derecho de las últimas palabras antes de la sentencia, y enarbolan allí una defensa política del genocidio al tiempo que denostan el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que ha ido determinando sus responsabilidades criminales. Sin embargo, luego de que el presidente del tribunal, Matías Mancini, anunciara las fechas de los alegatos y la lectura del veredicto, le volvió a preguntar al defensor Hernán Silva si iba a declarar Arrillaga. —Habíamos entendido que hoy eran las testimoniales y que habría una fecha más para que declarara mi defendido —dijo Silva. —Habíamos dicho que hoy terminaban los testimonios y pasábamos a los alegatos. En todo caso le propongo que hagamos un cuarto intermedio de una hora y volvemos, para que pueda preparar su declaración, que supongo que ya la habrán ido preparando —respondió Mancini. En ese intervalo se definió la suerte de la jornada. No hubo testimonio del genocida, que ya recibió condenas por causas de lesa humanidad en Mar del Plata. Cuando el defensor comentó informalmente la negativa de su defendido a hablar hoy, el tribunal insistió en la conveniencia de terminar con las testimoniales; ese fue el momento en el que, súbitamente, Arrillaga anunció que no se sentía bien. Su declaración, entonces, será el viernes 15. Ese mismo día, luego de otro cuarto intermedio, será el alegato de la querella a cargo de Pablo Llonto, Ernesto Lombardi y Liliana Mazzea, a quienes acompaña siempre muy atenta Susana Lombardi. El Diario del Juicio transmitirá los alegatos y la sentencia en vivo. Las comunicaciones La defensa sugirió varias veces, con el acompañamiento de varios testigos, que los militares no contaban con comunicaciones radioeléctricas. La intención de esa afirmación parecería ser desacreditar el testimonio de José Almada, a carga de las comunicaciones de la Brigada X de La Plata, que vio cómo Ruiz y Díaz fueron sacados del cuartel en un Ford Falcon blanco, tras haber sido torturados. Hoy declaró Daniel Alfredo Suárez. Su nombre resonó en la sala durante la declaración de Almada. Cuando el defensor le preguntó si estaba solo o con quién estaba, Almada citó varios apellidos, uno de ello fue Suárez, que también revistaba en esa unidad y en el área de comunicación. Si bien no vio lo mismo que Almada “estaba tras un montículo de tierra que me impedía ver”, Suárez confirmó que hubo comunicación radial entre las fuerzas militares, y sostuvo que estuvo junto a Almada un tramo de aquella jornada.  El abogado defensor intentó, una vez más infructuosamente, revalidar la hipótesis oficial sobre la ausencia de comunicaciones también con el testigo Fernández, que, para desgracia del general, estaba orgulloso de sus equipos de comunicaciones:  —¿Comunicaciones radiales tuvieron todo el tiempo? ¿O en algunos momentos sí y otros momentos no? -consultó el defensor tratando de orientar la respuesta. —Yo tenía buenas comunicaciones radioeléctricas. Era una de las pocas cosas buenas que tenía la compañía, la cantidad de equipos civiles que se habían comprado en algún momento anterior a mi gestión. Con esas comunicaciones yo podía controlar toda mi organización y podía enlazar con elementos que me apoyaban, Regimiento 3, Regimiento 7,el equipo de sanidad, y con el puesto comando del general Arrillaga. Varias veces me pidió cuestiones operativas, muévanse más acá o venganme a vera través del equipo de radio. —¿Equipos propios de su compañía? —Propios de la compañía. La única manera de tener a todos los elementos en contacto era proporcionando equipos handys a cada uno de ellos para poder mantener una red funcionando hasta el último momento gracias a Dios.  No sólo tenían comunicaciones; hoy, Fernández, le agradeció a Dios que funcionaran bien hasta el último momento.  “Sí, lo juro” Hace varias jornadas que el defensor venía mostrando una carta. Preguntó a varios testigos si no estaban al mando de Sergio Fernández. En aquel momento no se alcanzaban a entender esas consultas; pero este mediodía, cuando Fernández se sentó en el sillón de los testigos, la estrategia comenzó a quedar más clara. El por entonces Mayor, que llegó a ser luego de Tablada Jefe del II Cuerpo del Ejército, le puso tono militar a sus primeras palabras. Cuando le preguntaron si juraba o prometía decir la verdad, respondió con tono marcial “Sí, lo juro”. A la pregunta de si tenía algún impedimento de decir verdad, preguntó: “No sé si haber combatido contra algunas personas que están acá me inhabilita”. Le dijeron que no. —¿Estaba el General Arrillaga cuando se realizó la intimación a la rendición? —quiso saber el

El lunes de la semana pasada, por iniciativa del Tribunal Nº4 de San Martín, se realizó una visita ocular al lugar de los hechos, que hoy es mitad supermercado, mitad abandono. Durante la inspección judicial, de la que solo participaron las partes, el General Alfredo Arrillaga les habló a los gendarmes que estaban en el lugar como el abuelito que cuenta sus mejores anécdotas. La arenga fue interrumpida por el presidente del Tribunal, Matías Mancini, y registrada por el querellante Daniel Díaz, el hijo de José Maradona Díaz. El Diario del Juicio accedió al video, de alto contenido de impunidad genocida. Foto: InfobaeVideos: El Diario del Juicio El escenario donde se sucedían los relatos aún no había sido visitado. Se escuchaban reiteradas referencias a lugares ocupados, bombardeados, incendiados. De habitaciones de aquel cuartel donde, en plena democracia, se instauró de facto la metodología  de la violación a los derechos humanos. Había un mapa de La Tablada en la sala del TOCF4 de San Martín donde los testigos referenciaban sus relatos. Y al cabo del tiempo, terminamos todos y todas con una idea del lugar, y de cómo y dónde se dieron los sucesos.Pero aún el tribunal no había visitado el cuartel, y creyó sanamente oportuno realizarlo ahora, en medio del juicio que investiga el asesinato y desaparición de José Díaz, uno de los 4 militantes del MTP que aún permanecen desaparecidos. La defensa, querella y la fiscalía pudieron entonces recorrer el predio, que con el paso del tiempo se ha modificado profundamente. Hoy pertenece a la Constructora San José;  hay en un gran sector un supermercado, pero algunos de los lugares donde se sucedieron los hechos reflejan las huellas de su pasado.Como querellante, Daniel Díaz pudo ser parte del grupo que visitó La Tablada. Este joven nacido en Nicaragua pudo recorrer por primera vez aquel lugar casi mítico donde se vio por última vez con vida a su padre. Esas filmaciones que en el tribunal lo mostraron rendido ante militares, fueron las imágenes que aparecieron en su mente durante el recorrido. En diálogo posterior con El Diario del Juicio, Díaz contó que sintió: “Fue algo muy fuerte, se visitó la Compañía A, la B, el comedor. El casino de suboficiales todavía está en pie. Y en el lugar del que salió mi padre cuando estaba en llamas, que está filmado, ahora hay un supermercado Easy, y tengo entendido que son ahora los dueños del predio. En la compañía A encontré huellas de tiros, vidrios destruidos, impactos de cañonazos”, indicó Daniel, relatando tanto las huellas de la represión como las suyas.Pero el dolor no fue sólo por lo pasado allí, sino por lo que sucedió en este 2019: en medio del recorrido, cuando se encontraban en lo que en 1989 era la planta alta de la Mayoría, desde donde el entonces Mayor Fernández Cutiellos, máxima autoridad militar en el cuartel, hirió a la mayoría de los integrantes del MTP destinados a la Guardia de Prevención, Arrillaga comenzó a relatar su versión de los hechos a un grupo de gendarmes que, con visible atención, recibieron de primera mano su apología del Terrorismo de Estado: “Atacan la compañía comando y los rechazan. Había un oficial y dos suboficiales y logran armar un grupo de 15. Ahí los rechazan a los terroristas”. Tan aberrante fue su accionar que el juez Matías Mancini, que preside el tribunal, debió llamarle la atención y le puso freno a su desbocada perorata, mientra le explicaba que tiene el derecho a declarar en cualquier momento del juicio, pero que eso no era una declaración. Quizás parte de sus dichos puedan escucharse en el tribunal cuando declare el próximo 6 de marzo, según anunció su defensor, lo que sería poco habitual, ya que en los juicios por crímenes de lesa humanidad, los jefes suelen hacer uso del derecho a las últimas palabras, pero no declaran en el juicio, cosa que sí haría Arrillaga. Ya han pasado por el juicio otros reivindicadores de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en La Tablada, y que no son muy diferentes que los relatos que pudieron leerse en los medios tradicionales de comunicación con motivo de los 30; reivindicaciones que hasta pudieron verse en la participación de funcionarios públicos en los “homenajes” militares realizados tanto en Pigûe como en La Tablada.“Arrillaga realizó instrucciones a la gente de Gendarmería, le prestaron una silla para que diera su discurso, habló de los compañeros del MTP diciéndoles terroristas”, contó Daniel a El Diario del Juicio. “Me llamó la atención cómo es escuchado todavía y cómo goza de impunidad, cómo es visto por la gente que lo rodea todavía con el esplendor de general. Me sentía impotente de no poder gritar, son cosas que tenemos que soportar y también que contar, para que se sepa cómo sigue funcionando el sistema”.Arrillaga ya está condenado a prisión perpetua por crímenes ocurridos en Mar del Plata durante el genocidio. Sin embargo, cumple la pena en su casa. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, de los 862 genocidas condenados, 641 están en sus casas con prisión domiciliaria. Arrillaga es uno de ellos. Llega todos los días especialmente para el juicio, y cuando la audiencia se acerca al final, saca su teléfono celular y avisa: “estamos terminando”, como quién hace referencia a una reunión de trabajo.Se acerca el fin del juicio, donde los alegatos de las partes retomarán muchos de los giros inesperados que se han dado en este juicio, donde la mentira de la versión oficial de los hechos ha quedado al desnudo. Pero también reaparecerán las viejas acusaciones, la tergiversación de lo que pasó y la apología del accionar criminal de los militares. Parte de lo fundamental de estos meses en el TOCF4 de San Martín ha sido justamente esta oportunidad de volver a discutir una historia que muchos querían olvidar. Gracias al valiente testimonio de los militantes del MTP que sobrevivieron, hoy la sociedad sabe mucho más de

“En ese ataúd se pensaba que estaba Provenzano. Había dos fémur derechos. Uno era de Sánchez. Se pensó por coincidencia genética que era Ruiz. El otro fémur era de Burgos, que era el cuerpo que estaba en el lugar que se creía estaba Provenzano. Los restos estaban en bolsas negras, en algunos casos con vestimentas. Estaban esqueletizados pero no completos. Habían sido sometidos a agentes térmicos”. Son palabras de Luis Fonderbrider, el director ejecutivo del mundialmente reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Lo relató con la frialdad de aquellas personas que conviven en su tarea cotidiana con el análisis de restos óseos; lo que para todo el planeta puede resultar escabroso, para ellos/as es cotidiano.  En el recorte que antecede, en tan solo cinco líneas de texto que no tardó más de dos minutos en expresar, se entremezclan las historias de 4 militantes del MTP que hoy no están. 2 fueron asesinados (Roberto Gordo Sánchez y Carlos Alberto Quito Burgos). Los otras 2 también, pero sus cuerpos están desaparecidos (Iván Ruiz y Francisco Pancho Provenzano). Pero además de la impunidad con la que actuaron los militares, aquí se suman las “desprolijidades” de los forenses.En ese ataúd, entonces, no estaba Provenzano, por eso se sumó recién en 2010 a la lista de desaparecidos. Coincide con la fecha en la que el EAAF realizó una segunda intervención, pero ya con su técnica que no es sólo genética. En ese año, el equipo asumió el trabajo desde una perspectiva integral, explicó Fonderbrider en su testimonio. Allí se reconocieron a 6 militantes entre los restos que faltaban identificar: Roberto Sanchez, Juan José Tosi, Juan Manuel Murúa, Carlos Burgos, Roberto Gaguine y José Mendoza. Y otros 2 que se creía identificados, pasaron a engrosar la lista de desaparecidos: Iván Ruiz y Francisco Provenzano.Irene Provenzano, hija de Pancho y de Claudia Lareu (que también murió en La Tablada) lo contó desde su lugar de familiar: “En el caso de mi papá, es de los que negocia la rendición con Arrillaga. Todos relatan que luego de las torturas, de los simulacros de fusilamiento, de no saber si efectivamente iban a lograr seguir con vida aun después de la rendición, lo que hacen es escucharse las voces y saber quienes están, además de los que saben que se rindieron con ellos, porque estaban encapuchados. Nosotros como familia siempre supimos que él se había entregado con vida el 24 y que después había sido fusilado”, pero creyeron que su cuerpo estaba sepultado, “hasta el 2009, que interviene el equipo de antropología forense con la hipótesis que el cuerpo estaba mal identificado en su momento. Luego de hacer un análisis de todos los cuerpos que todavía estaban sin reconocer para ese momento llegan a la conclusión antropológica y genética de que hay 4 compañeros que no están”. Uno de ellos es su papá.Otra cuestión que encierra la intervención de ayer de Fonderbrider con la que comienza este texto, es el error en la identificación de los restos de Sánchez y Ruiz, que el EAAF corrigió. “Ruiz tenía 20 años. Estaba emparentado con Sánchez (era su sobrino), que tenía 40. Nos podríamos haber quedado con los análisis genéticos que dieron positivo cuando se cruzaron con las muestras de familiares de Ruiz, pero al realizar un análisis más integral, nos dimos cuenta de que esos restos no pertenecían a una persona de 20 años, sí a una de 40”, por lo que al realizar el análisis genético con las muestras de familiares de Roberto Sánchez, también dio positivo “el famoso 99,999999%”, explicó el antropólogo, que también dio cuenta de la impunidad con la que trataron los cuerpos de los integrantes del MTP, tanto en vida como después de muertos. “2 de los cuerpos estaban completos, otros 2 tenían pérdidas importantes. En un caso creo que faltaba el cráneo. Esto puede ser por dos razones: o producto de la acción (golpes, amputaciones, todo tipo de torturas) o por el mal levantamiento de los cuerpos”.En el video que acompaña esta nota, durante una entrevista que El Diario del Juicio le realizó luego de su testimonial, Fonderbrider también explicitó aquello de que los cuerpos “fueron sometidos a agentes térmicos”; es decir: las altas temperaturas a las que estuvieron sometidos, o bien por el incendio de la Guardia de Prevención, o por efecto de la incineración intencional. Otro palo para la justicia Miguel René Rojas llegó a la Terminal de Ómnibus de Retiro por la madrugada. Se encontró luego con uno de los secretarios del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín, que lo llevó hasta el juzgado. Su declaración mereció la misma atención que todas. En este juicio, puede pasar cualquier cosa. Pero a esta altura lo inesperado se convirtió en esperable. Hay casi una pretensión de que todos los testimonios aporten algo significativo. La de Rojas fue una declaración de una hora. Entró a la sala vestido con un jean gastado, con los bolsillos traseros deformados por el uso, una remera con rayas horizontales grises y una mochila que rápidamente dejó apoyada en un costado del estrado en el que se sentó. Como dijo el exmilitar César Quiroga en la tercera audiencia que torció para siempre el rumbo del juicio: “Vengo a sacarme una mochila que llevo hace 30 años”. Rojas trajo la suya pero decidió también quitársela de encima. El vuelco en su declaración ocurrió exactamente en la mitad, cuando ya parecía que su testimonio no saldría de lo común. —Yo declaré dos veces antes -dijo con su tonada salteña cerrada e inconfundible-. Una en Morón y otra en San Martín. La de San Martín, nada que ver. La de Morón fue la última. —¿Usted recuerda haber declarado en el Regimiento? —le consultó Matías Mancini, presidente del Tribunal, ya dispuesto a escuchar cualquier cosa acerca de la instrucción de esta causa. —No, yo en el regimiento no. —Porque aquí dice que usted declaró en el regimiento el 14 de febrero de 1989 —agregó Mancini. Hasta ahí todo más o

El juicio por los desaparecidos de La Tablada va entrando a su última etapa. Más de 20 testigos pasaron por las diez audiencias que se iniciaron el 10 de diciembre de 2018, cada una de ellas sumamente reveladoras, en las que se viene desocultando el encubrimiento de lo que sucedió el 23 y 24 de enero de 1989 en el Regimiento de La Tablada durante la represión posterior al intento de toma por parte del grupo de militantes del MTP. Foto: Carmen Lareu, la mamá de Claudia, que murió en La Tablada. Acompañana a su nieta en la búsqueda de saber qué pasó con su papá, Francisco Provenzano.El abogado José María Soaje Pinto fue uno de los 3 testigos que declararon en la última audiencia del mes de enero, el más impactante por el carácter fascista de sus dichos. Soaje Pinto, conocido por haber sido defensor de genocidas, fue llamado a prestar declaración testimonial a raíz de la grabación de una comunicación ocurrida el 23 de enero entre el actual imputado, Alfredo Arrillaga, y Francisco Gassino, en ese momento jefe del Ejército. En aquella cinta, cuyo contenido está incorporado de modo textual en la causa se pueden encontrar diálogos como el siguiente: —Gassino: Esperá un momento Arrillaga, esperá un momentito. Quiero que me aclares una situación. ¿Vos me estás diciendo que once y media puedo llevar al Presidente?—Arrillaga: 14 paquetes entregados. Faltarían 1 o 2 en una unidad. Cambio. Por paquetes, Arrillaga entendía a los y las militantes detenidos. Según afirmaron todos los integrantes del MTP que dieron testimonio en el juicio, fueron 16 las personas que se entregaron el día 24, incluidos Samojedny y Provenzano, a quienes luego separaron del grupo y desaparecieron. La otra persona detenida con vida a quién denuncian como asesinada es Berta Calvo, que murió asfixiada tras una orden: “Ponele la bolsita”.Si quedaban dudas sobre la existencia de esa comunicación, el entonces abogado de la compañía de seguros Excelsior, confirmó su existencia y entregó el casete al Tribunal: “Yo mismo lo grabé” y recordó el diálogo en el que Gassino, con un tono alterado le dijo a Arrillaga: “¡Arrillaga, cuidame a esa gente, no quiero que les pase nada!”. Soaje Pinto afirmó con crudeza: “Yo los hago fusilar en el acto!”. El público presente en la sala pareció quedar paralizado por la impunidad de sus declaraciones. Se escucharon por lo bajo los repudios y algunas exclamaciones de horror. Una vez finalizado su testimonio, pidió la palabra para provocar una vez más. “Nosotros (la Asociación de Defensores de Derechos Humanos Latinoamericanos) sostenemos que estos juicios y los de lesa humanidad son ilegales, se están violentando principios y garantías de la Constitución. A nosotros nos resulta muy violento y vergonzoso que este tribunal continúe acatando una Corte Suprema dirigida por un montonero”. El Presidente del Tribunal, Matías Mancini, lo interrumpió, marcando que su testimonio había finalizado. Otro testigo que podría ser imputado El segundo testimonio fue el de Hector Horacio Gasquet, quien era parte, junto con Jorge Halperín (que ya declaró), del Estado Mayor General de la Brigada X. Entró a la sala con su abogado, por estar siendo investigado en instrucción; por esa razón la querella se reservó de hacerle preguntas, ya que considera que ambos deberían ser también imputados de esta causa junto con Arrillaga. Gasquet era parte de la Brigada X que fue convocada para recuperar el cuartel: “Recibí el llamado de Halperín y me dijo que el cuartel estaba siendo ocupado. Halperín, Arillaga y yo sobrevolamos la zona en helicópero y observamos con preocupación el cerco que era prácticamente nulo”. Gasquet confirmó que Halperín estuvo a cargo de los detenidos, y aportó de esta manera al señalamiento que hace la querella del alto grado de responsabilidad de la represión del 23 y 24 en La Tablada. Otro testigo esperado Durante la declaración más sorpresiva de este juicio, la del exmilitar César Ariel Quiroga, le preguntaron si recordaba alguien que hubiera participado, como él, en el traslado de militares heridos. Pudo recordar un solo apellido: Lara.El último testigo del día fue Luis Epifanio Lara, el camillero que estuvo con Quiroga, retirado hace dos años del ejército. Tanto el relato detallado de los hechos como la repentina desmemoria del testigo, generaron dudas en las partes. De algo no quedaron dudas: una vez más, se confirmaron las irregularidades que se dieron en el Juzgado de Morón a cargo de Gerardo Larrambebere:—¿Recuerda haber prestado declaración en Morón? —le preguntaron, como a todos después de Quiroga.—No.Durante 20 minutos las partes interrogaron a Lara que, a pesar de haber reconocido su firma en el documento con su declaración del 14 de agosto de 1990 en Morón, no recordó haberla realizado.Otro aporte significativo que hizo Lara en su testimonio, fue que aseguró haber visto a las personas que salieron vivas de la guardia de prevención, y reveló haber custodiado a un detenido el día 24, al que si bien no pudo reconocer, da cuenta de las irregularidades en las detenciones producidas durante el operativo. Balance Al final de la audiencia, la última de enero, Ernesto Lombardi y Pablo Llonto, abogados querellantes de la causa, hicieron un balance de esta primer parte del juicio: “Cuando iniciamos este juicio no sabíamos con la sorpresa que nos íbamos a encontrar. Han sido diez audiencias muy reveladores, donde personas que en su momento han sido amedrentadas para que declararan versiones falsas sobre la realidad de los hechos han venido acá y expresar que querían sacarse una mochila que llevaban hace 30 años -en relación a Quiroga-, ello ha demostrado la participación del juzgado de Morón cuyo secretario era Nisman y juez era Larrambebere que intervino en el primer momento de los hechos y a partir de ahí se ha caído todo un montaje tremendo que ocultó la verdad de lo que ha sucedido” analizó Ernesto “Coco” Lombardi. Por su parte, Pablo Llontó agregó: “Queremos que este juicio termine con una sentencia que condene al responsable máximo del operativo que es el general Arrillaga