Medio Ambiente
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Los paros rotativos en reclamo por mejores condiciones de trabajo y reducción de la jornada laboral son la forma de hacerse escuchar de los trabajadores y las trabajadoras del subte porteño. La presencia del asbesto no es un supuesto: es una realidad que apareja enfermedades que llevan hasta la muerte. Así lo denunció Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), en su paso por el programa radial Tengo una Idea. Entrevista: Carlos Morchio/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Revista Hamartia Ya son 21 paros rotativos en lo que va del año. Para la Ciudad de Buenos Aires, con las tareas de limpieza de asbestol en las formaciones de subte, se reducen los riesgos para las personas que viajan y para los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, para el gremio es clave reducir la jornada laboral. Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro de (AGTSyP) explicó qué es el asbesto y cómo está presente en el subte de Buenos Aires. “El asbesto o amianto es una fibra mineral que fue utilizada masivamente en el mundo, porque era muy barata, era ignífuga y tenía unas propiedades aislantes de calor y de frío, y eso sirvió para que sea utilizado en ropas, techos, y en todo tipo de materiales aislantes. Ya a mitad del siglo pasado se comenzó a detectar que esa fibra es muy pequeña e imperceptible a la vista, solo se detecta cuando se está en presencia ante miles, o millones de todas estas fibras juntas que forman como una especie de algodón. Y esta, cuando se despeluza, se suelta, se puede inhalar y alojarse en órganos internos del cuerpo, siendo el más común de todos la pleura o los pulmones, pero también en la laringe o en el peritoneo cuando uno la traga. Esto desarrolló un cáncer específico que solo se da por el contacto con esta fibra más conocido como mesotelioma. También se desarrollan otros cánceres como de peritoneo, de faringe y de pulmón”, explicó Pianelli. También indicó que, cuando se descubrió esto, la industria del asbesto no quiso que se prohíba como pasó con el tabaco y como tantas otras industrias, hasta que se supo que la utilización de esta fibra era muy nociva. Finalmente, en 1979, algunos países, como Francia, comenzaron a prohibirlo y en 2000, lo hizo toda la Unión Europea y parte de occidente.. Inicios del asbesto en CABA “Hace cinco años nos enteramos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había comprado trenes españoles de forma ilegal contaminados con asbesto que funcionan en la línea B de subte. Los compañeros de Metro de España nos avisaron, porque nosotros desconocíamos todo esto. Nos pareció raro que después los quisieron retirar y empezamos a reclamar que se los lleven para poder analizarlos. Fue así que por nuestra cuenta tuvimos que buscar laboratorios, como en la Universidad del Sur, para que hagan análisis de piezas del asbesto y efectivamente era así. Fuimos al subte y sin pedir permiso tuvimos que sacar muestras de manera escondida y las mandamos al laboratorio. Cuando empezamos a investigar no dio una cosa peor: es que los demás trenes que estaban en funcionamiento en todo el subte, todos ellos, estaban contaminados. Ahí, empezamos a descubrir este mundo de tragedia”, continuó detallando el secretario general de AGTSyP. Al mismo tiempo, el gremio se enteró que quienes se exponen al asbesto tienen que hacerse exámenes periódicos de salud cada dos años y comenzaron a exigirle a la empresa que los garantice. A partir de una serie de reclamos, lograron que se les realicen estudios al 50% de los trabajadores y trabajadoras, y continúan exigiendo que se les realicen a las jubiladas y jubilados. Consecuencias de los reclamos gremiales Además, Pianelli describió las graves consecuencias de este tipo de contaminación: “A partir de acá, empezó la situación más dramática, porque sobre 2.400 trabajadores, a tres años, tenemos a 87 afectados con el amianto, 7 trabajadores con cáncer y 3 fallecidos. Estos números están reconocidos por el Gobierno de la Ciudad, la empresa Enmova, la ART, porque estos datos no son del sindicato solamente, son datos oficiales. Lo que hay que saber también es que el período de latencia, para que aparezcan las enfermedades es entre 10 y 20 años, esto quiere decir que estas cifras sí o sí van a subir”. El planteo de los trabajadores y trabajadoras del subte sobre la reducción horaria de la jornada laboraltiene que ver directamente con estar expuestos una menor cantidad de tiempo a la contaminación que produce el asbesto. Por último, denunció: “La empresa y el Gobierno de la Ciudad cerraron la comunicación y empezaron a tener una actitud hostil, porque les descuentan a los trabajadores los días de paro, los sancionan, y a los afectados los quieren obligar a volver a trabajar al mismo lugar que los enfermó. La misma hostilidad corre para los medios de comunicación masiva que han tomado este tema, que en realidad es no reflejándolo, o no dejando que se hable de este tema”.
El “Tercer Malón de la Paz” que partió desde Jujuy el 25 de julio, en defensa de la tierra, el agua y la vida, llegó este mediodía a la Ciudad de Buenos Aires. Las comunidades indígenas marcharon por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario, en rechazo a la Reforma de Gerardo Morales y el Partido Justicialista, y por la protección de sus territorios y recursos naturales. Redacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Gabriela Suárez López La llegada de la caravana al Obelisco alrededor de las 13, coincidió con el Día de la Pachamama. Luego de hacer el recorrido pautado, desde el Congreso hasta el Obelisco, realizaron una ceremonia a la “Madre Tierra” frente a Tribunales. La protesta de las comunidades, acompañada por distintos movimientos sociales y de derechos humanos, recorrió el centro porteño en reclamo por las prácticas violentas y antidemocráticas del Gobierno jujeño. La convocatoria también se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de Morales que habilita el saqueo del litio y el agronegocio; y al Congreso de la Nación para que intervenga la provincia de Jujuy y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria.
Jackeline Ermini, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e integrante del equipo que investiga el impacto que tienen los incendios en la biodiversidad acuática en las islas del Delta de Paraná, pasó por el programa radial Estás Muteadx. Allí habló acerca del documental que aborda la problemática de las quemas y se refirió a la importancia de estas investigaciones como prueba del daño ambiental. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero/Valentina Maccarone El 2020 fue un año caótico en la zona del Delta del Paraná: los fuegos que se propagaron en las islas vecinas a Rosario llenaron la ciudad de humo. Si bien no era una problemática nueva, ese año se le sumó la bajante del Río Paraná, que detonó en un problema de una magnitud que no pasó desapercibida. A raíz de esto, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de la plataforma ambiental que depende de ella, coordinó y financió a más de 20 grupos de investigación. “Somos grupos de Rosario y alrededores que investigamos el impacto que tienen los incendios en diferentes áreas. Algunos grupos están estudiando el impacto de los incendios en la salud humana, que dependen sobre todo de la Facultad de Medicina. Algunos estudian el impacto que tuvieron sobre los animales, los invertebrados, las aves, en la composición de la piel, del ecosistema en general, sobre la diversidad de plantas, sobre insectos. Esos grupos están a cargo de la Facultad de Agronomía. Después, estamos nosotros, que somos parte del laboratorio mixto de Biotecnología Acuática. Estudiamos el impacto que tuvieron los incendios en la biodiversidad acuática, es decir, cómo afectaron y afectan esos fuegos a todos los seres vivos que viven en los cuerpos de agua del Delta”, explicó Jackeline Ermini, docente de la UNR. Como parte del equipo que investiga el impacto que tienen los incendios en la biodiversidad acuática en las islas del Delta del Paraná, Ermini habló acerca de la tarea que realizan. “Desde 2020 trabajamos en una isla en particular, que se llama Isla de los Mástiles, ubicada frente a Rosario. Y podemos trabajar ahí porque es una isla que tiene 600 hectáreas y la mitad de ellas forman parte del área protegida municipal de la Ciudad de Granadero Baigorria, que está pegada a Rosario. Entonces, a raíz de un convenio con el Municipio, nos dejaron ir a investigar esa isla y desde ese entonces, estamos yendo cada tres meses a tomar muestras de agua de lagunas internas. Algunas de las lagunas que fueron afectadas por los incendios porque al momento de los mismos, actuaron como cortafuegos. Entonces, nuestro objetivo es poder comparar la biodiversidad presente en los cuerpos de agua afectados por los incendios y los que no fueron afectados, y los estudiamos a lo largo del tiempo. Pero hace dos años que venimos llevando adelante este proyecto con el objetivo de ver si los incendios afectan a la biodiversidad acuática y al ecosistema. Y si es que se recupera a lo largo del tiempo o si los cambios son irreversibles”, contó. La docente detalló de qué manera trabaja su equipo y se refirió al proceso de investigación que realizan y cuál es el impacto que tienen los incendios en la biodiversidad acuática: “Somos un grupo de biología molecular y principalmente, analizamos la biodiversidad acuática desde el punto de vista genético. Utilizamos una metodología de examen ambiental, en donde al agua que recolectamos de la isla, le extraemos ADN correspondiente a todos los seres vivos que habitan en esos cuerpos de agua. Después, por medio de una serie de técnicas de biología molecular, podemos identificar a qué organismos corresponden. De este modo, pudimos hacer un perfil genético de cada una y obtuvimos un montón de resultados. Lo que observamos es que los incendios y la bajante del Río Paraná afectan a la biodiversidad, es decir, a las especies que se encuentran presentes en un momento y en otro. Realmente los incendios tienen un impacto muy negativo. Además de hacer el análisis genético, cuando vamos a los muestreos, también llevamos equipos para medir la concentración de algunos compuestos contaminantes, la concentración de PH y la temperatura del agua. Y lo que observamos es que en las lagunas afectadas, todos los productos de combustión que se generan durante un incendio terminan en estos cuerpos de agua y cambian el perfil físicoquímico de la laguna radicalmente. El PH se dispara. Tenemos lagunas con el PH altísimo y aparecen un montón de compuestos que son tóxicos para los seres vivos. A lo largo del tiempo la laguna tiende a recuperar su estado natural y muchos de esos contaminantes desaparecen porque se terminan diluyendo o yéndose. Pero obviamente hay algunos impactos de los incendios que son irreversibles”. Muchas veces conocemos el impacto que tienen los incendios en cuanto a la biodiversidad , como a las personas que viven en las inmediaciones. Pero no hay tanta evidencia científica que lo pruebe. La docente planteó la importancia de ampararse en la ciencia a la hora de realizar reclamos: “Tener una evidencia científica concreta materializada es muy importante a la hora de fundamentar leyes o políticas públicas. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo creemos que es un gran aporte porque estamos pudiendo probar con métodos científicos, con pruebas tangibles, que el impacto ese del que hablamos siempre es real. Se puede probar, lo podemos medir”, dijo Ermini. Y contó en qué situación se encuentra la Ley de Humedales: “Durante 2020, el tema humedales pasó a ser un tema mediático, salía por todos los medios. En ese momento empezaron a llover proyectos de leyes de humedales, tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores nacional. Hubo un primer avance en la consolidación de un texto en conjunto en la Cámara de Diputados, al cual se le dio diferentes giros por comisiones. Primero en la comisión de Recursos Naturales, luego Agricultura y demás. Solamente avanzó en la comisión de Recursos Naturales, donde se aprobó, pero después quedó trabada en
Con la llegada del nuevo código urbanístico, la fisonomía del barrio porteño de Colegiales está cambiando. La comunidad vecinal nucleada en el colectivo “Colegiales participa y decide” elaboró un proyecto de ley alternativo para evitar la construcción de torres. Santiago Sobral, vecino del barrio, pasó por el programa radial Tengo una Idea y denunció que se cuadriplicó la superficie construible. Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Colegiales participa y decide El código urbanístico que fue aprobado en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires atenta directamente contra la fisonomía o la esencia de los barrios porteños. En el caso de Colegiales están construyendo cada vez más proyectos habitacionales privados en forma de torres. “Colegiales está sufriendo lo que está pasando en otros barrios de la Ciudad relacionado al código urbanístico desde el 2018, y que recién se están viendo las primeras consecuencias porque cuando vino la pandemia hubo un parate y después vinieron las obras violentamente en cantidad. En varios barrios los vecinos se están jugando para ver qué hacer con esto”, explicó Santiago Sobral, integrante del grupo “Colegiales participa y decide”. Por otro lado, contó de qué se trata la alternativa que pensaron desde el colectivo vecinal: “Nosotros lo que decidimos es elaborar un proyecto de ley alternativo al código para tratar de modificar lo que se aplica actualmente. Lo primero que hicimos fue un relevamiento en parte del barrio, porque Colegiales es muy grande, tiene más de 200 hectáreas, y nos dedicamos al sector de casas bajas por fuera de una zona de edificios ya bastante consolidada que va desde las calles Moldes y Cabildo hasta Álvarez Thomas. Analizamos unas 70 manzanas sobre las cuales detectamos más de 40 obras que se están llevando a cabo y hay casi 20 predios de casas viejas entre vendidas o a la venta y varios lotes que están en demolición”. Sobral se refirió también a los locales gastronómicos, que están transformando un barrio que era residencial en comercial: “Se produce una saturación. Nosotros no estamos en contra del desarrollo inmobiliario o gastronómico, pero sí creemos que tiene que ser algo planificado y razonable para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los locales gastronómicos traen muchos problemas, como ruidos, ocupación de las veredas por demás y los decks sobre la calle donde se acumula basura por abajo, y hay aparición de ratas”. El integrante de “Colegiales participa y decide” habló acerca del nuevo código urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que en una de sus modificaciones cuadriplicó la superficie construible. ”Lo que implica elevación de alturas y la casi eliminación de pulmones de manzanas que trae el problema de la posibilidad de mayores inundaciones. En Colegiales están desarrollando complejos urbanos que implican obras monstruosas como el Playón Ferroviario de 80 mil metros cuadrados. Esto podría significar una población de 4 mil habitantes, que sería alrededor de un 8% en una una hectárea y media. Esto llevaría al colapso de los servicios, estacionamientos, problemas con las cloacas, y de presión de agua en las casas. También las maquinarias que se utilizan no sé si están habilitadas y además provocan grietas porque son muy pesadas”, dijo el vecino. El proyecto de ley alternativo fue enviado por el colectivo vecinal a todos los bloques, legisladores y legisladoras de la comisión de Planeamiento Urbano y esperan que los atiendan para explicar esta problemática.
Lo dijo Nayra Cachambi, integrante de Identidad Marrón Jujuy. En su paso por el programa radial Estás Muteadx, habló acerca de las protestas en la provincia por la Reforma Constitucional y la represión por parte del gobierno de Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Lejos de tranquilizarse los ánimos en Jujuy, ayer por la tarde allanaron la casa de Milagro Sala. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Nayra Cachambi/Identidad Marrón Jujuy Las luchas en las calles de Jujuy surgió con los reclamos docentes. Se iniciaron reuniones dentro de los gremios, donde plantearon la escasez en los montos que perciben los y las docentes. Jujuy es una de las provincias con sueldos municipales más bajos. Cada vez más docentes se acercaron a esa pelea. “Se unieron estatales, trabajadores del transporte, y la lucha cada vez se hizo más grande. En el medio de esto, se empezó a discutir el tema de la Reforma Constitucional, entonces la consigna que se fue conformando fue ‘arriba los salarios, abajo la reforma’. Y, luego de 19 días de lucha, día a día se fueron sumando cada vez más colectivos, gremios, organizaciones sociales, consejos de pueblos indígenas”, contó Nayra Cachambi, integrante del colectivo Identidad Marrón de Jujuy. El “oro blanco” Jujuy es una de las provincias que cuenta en sus recursos naturales con el litio, conocido también como “oro blanco”. El llamado “triángulo del litio” está conformado por el norte argentino, Bolivia y Chile, región donde este mineral es mayoritario en el mundo. “El problema del litio es sumamente grave y creo que se está subestimando mucho acá. Es una cuestión de base de esta nueva Constitución: la forma en la que se extrae el litio, qué se quiere hacer con él. No hablamos solo de la forma de producción en la provincia, sino el cómo se apropian nuestras riquezas a nivel nacional. ¿Qué tipo de Estado queremos ser? Esta Reforma Constitucional que tenía 90 días de tratamiento, se resolvió en 19 días. 19 días de lucha en los que se solicitó una y otra vez la apertura del diálogo, para hablar justamente del tema de las tierras, para que nos expliquen qué es lo que estaba pasando con el litio, qué es lo que se iba a hacer, que nos den claridad. Y esto no sucedió. Entonces esta reforma se aprueba, con artículos que recién se pudieron conocer al otro día de que lo oficializaron. Todo este tratamiento del litio, relacionado con las comunidades indígenas, no fue consultado previamente. Se ha engañado a los referentes. Han ingresado a territorios, haciéndose pasar por turistas, y en realidad están yendo a medir, a sacar extractos para ser analizados. El litio es un problema de base. Por eso también está la complicidad del Partido Justicialista, la cobertura que tuvo la Unión Cívica Radical. Es una Reforma Constitucional para promover el saqueo y el despojo del litio y de los recursos naturales de Jujuy”, dijo Cachambi. La integrante de Identidad Marrón planteó que en todo el país hay una “despolitización” y un vaciamiento de los discursos. “Es importante volver al debate, al diálogo, no solamente la formación en las escuelas, sino en los sindicatos, los gremios. Los jujeños tenemos que estudiar la reforma con los borradores que se fueron filtrando, estudiar el estatuto, a ver cómo se afectaba. Qué pasaba con los salarios, con las comunidades indígenas, ver los acuerdos internacionales. Por suerte tenemos mucho apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, que con sus trayectorias de estudio justamente en estos marcos han brindado sus avales, sus pronunciamientos, sus adhesiones. Marcando justamente lo que implica la aprobación de una Constitución como la que fue aprobada, como también la violación a los derechos y el atropello a los diferentes sectores de la sociedad. Vamos aprendiendo hora a hora, para poder argumentar, porque después hay una constante subestimación de lo que estamos haciendo”, dijo. Además, se refirió a la importancia de una seria cobertura mediática: “En esto tiene que ver el abordaje de los medios de comunicación. Cómo se comunica en Jujuy y cómo en el resto del país. Están gobernando por Twitter. La base de la pelea no es ahí, si quieren saber lo que pasa en Jujuy hay otros medios. Incluso en Facebook e Instagram hay medios trabajando seriamente la cuestión: ‘El Jujeñazo’, ‘Llankaj MAKI’, ‘La Polenta’, son algunos de los medios que están cubriendo la realidad”. En las últimas semanas, diferentes testimonios de personas de Jujuy que pasaron por Radio La Retaguardia, compararon la situación actual con los tiempos de la dictadura ―puntualmente con la Noche del Apagón de Ledesma―, por los niveles de represión y la complicidad y apoyo del sistema empresarial. “En Jujuy hay una violación sistemática de los derechos humanos. Esto no se ha visto desde la última dictadura militar. Hay complicidad de camionetas de empresas privadas, que colaboraron en la detención de manifestantes. Eso nos recuerda a lo que hacía la empresa Ledesma y la minera El Aguilar en la época de la dictadura, que estaban con sus camionetas para detener a quienes luchaban. Disparaban a los ojos con brutalidad, como se hizo en Chile. La represión avanzó quince cuadras con caballería. Nuestras marchas tenían como consigna ser pacíficas, y el gobierno infiltró policías que tiraban piedras y luego se cambiaban de lugar, para justificar la represión”, dijo Cachambi. Premiar la represión Días después del martes 20 de julio, el momento más álgido de la represión, Horacio Rodríguez Larreta anunció que Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy, sería su candidato a vicepresidente de la Nación. “Los jujeños y jujeñas nos almorzamos este video de la fórmula Larreta-Morales y nos pareció la cúspide del cinismo. Es horroroso, pero a Morales ya no le interesa lo que pasa con los jujeños, creemos que esta fue su carta de presentación a la Nación, mostrando lo que es capaz de hacer. En la Legislatura se votó una Constitución, lo cual debería ser una fiesta de la democracia, y
Lo dijo Sebastián Briganti, integrante del Colectivo Reciclador Urbano. A partir de las recomendaciones para tratar los distintos tipos de residuos en la vía pública que propuso el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Briganti reflexionó en diálogo con el programa radial Estás Muteadx. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: El Reciclador Urbano El Gobierno porteño, a partir del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, elaboró una serie de recomendaciones para que, quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, puedan mantener limpios los frentes de sus casas sin poner en riesgo el medioambiente. Sin embargo, diversos colectivos y organizaciones que se organizan en la Ciudad en materia ambiental, suelen denunciar que al gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta poco le importa el cuidado del medioambiente. Sebastián Briganti, integrante del Colectivo Reciclador Urbano, reflexionó acerca de la utilización del concepto “sustentabilidad”, tan utilizado en la jerga política: “Es una palabra muy bonita, muy de moda y que de alguna manera le permite a algunos gobiernos y algunas empresas, lavar algunas culpas. Pero para quienes venimos estudiando e investigando, entendemos que hay un montón de prácticas que hay que tener en cuenta para poder hablar de sustentabilidad como corresponde. Y en eso entra también nuestro contexto histórico, de entender que estas prácticas que propone la Ciudad son hábitos ya construidos y que cuesta mucho desarmar. Pero sobre todo, que nadie estaba proponiendo u ofreciendo realmente los instrumentos necesarios para cambiar este problema de fondo”. El integrante del Colectivo Reciclador aseguró que la Ciudad de Buenos Aires está lejos de tener una propuesta integral de sustentabilidad. En primer lugar, observó que está por debajo de la cantidad de metros cuadrados verdes por habitante según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Estos emprendimientos inmobiliarios avanzan sobre todos los espacios comunes. Estamos perdiendo muchísima cantidad de arbolado. En este contexto de cambio climático y de calores extremos que estamos viviendo en las ciudades, los árboles serían realmente una herramienta para hacerle frente a esta situación, más allá de que es un bien propio y natural. Vemos que las políticas que se aplican en la Ciudad van totalmente en contra de lo que sería un ambiente sano para sus habitantes”, dijo el activista.Briganti comentó que existe voluntad política de algunos funcionarios y funcionarias en generar un cambio en materia ambiental. Y planteó que sobra presupuesto. “Tenemos que entender que hay un montón de intereses que tocamos cuando hablamos de algo ‘sustentable’. Porque lo primero que pensamos es en el volumen de residuos que generamos en la Ciudad, que es lo que está trayendo un montón de problemas a nivel sanitario y ambiental, y detrás de esto hay muchos intereses y es complejo. Tenemos que organizarnos para poder frenar estos intereses que van en contra de la calidad de vida, de cómo vivimos en la ciudad y cómo queremos habitarla”, explicó, y se refirió a los ejes principales para poder hablar de una ciudad sostenible: “Primero, el arbolado. No podemos seguir teniendo un plan arbolado maestro del año 1940, que todavía no pasó a revisión. Hay un decreto que le impide a la Ciudad de Buenos Aires realizar podas y extracciones hasta que no haga el acceso público a la información y no capaciten a su personal. Y eso sigue sucediendo, se siguen sacando árboles por todos lados. En los espacios públicos tenemos lugares para hacer plazas. Villa Santa Rita no tiene una plaza dentro y son 6 mil y pico de habitantes. Y ahí mismo pasan colectivos. Por otro lado, están las bicisendas. Muchas veces venís por la bicisenda y la mayoría no están adaptadas, tienen una pendiente. Hay contenedores de residuos obstaculizando el andar. Hay un montón de cosas que realmente podrían estar buenas. Y tienen mucho potencial porque son copias de sistemas europeos o de otras partes del mundo, pero no tienen lo que hay que tener para que sea sostenido, sustentable, que es educación. Entender que en una bicisenda circulan bicis y también cruzan personas y hay autos. Es algo mucho más profundo: educación ambiental para cómo habitamos las ciudades”. La Ley de Educación Ambiental fue sancionada en 2021 en Argentina. Es la 27.621, que se aplica para todas las provincias desde la Dirección de Educación Ambiental, que pertenece al Ministerio de Ambiente de la Nación. “Hay gente muy capacitada y con mucha voluntad, que recorre los territorios llevando la ley. Luego, cada provincia tomará parte de esos contenidos y los adaptará a su problemática ambiental. Claramente, en una provincia que practica la minería o el extractivismo, como se hace en todas las provincias del territorio, hay conflicto de intereses. La Ley de Educación Ambiental y el ambiente general interpela a todas las prácticas humanas en ese sentido. Entonces, es una ley que va a dejar expuestas a un montón de personas que no tienen la voluntad de cambiar las prácticas en pos de un ambiente más sano. Es un instrumento que tenemos que apropiarnos, sobre todo las y los docentes, y empezar a trabajar estos ejes porque es transversal a todos los contenidos curriculares, de cualquier formación que habitemos, desde inicial hasta trayectos de formación específica”, dijo. La actualidad del Colectivo Reciclador Urbano Briganti contó que desde el colectivo están creando entornos saludables, en un proyecto conjunto con el Centro de Estudiantes de Nutrición y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, en el patio de Nutrición de la facultad. “En ese lugar que era un estacionamiento vacío y lleno de cemento, en poco más de un año logramos generar una huerta agroecológica, que tiene un jardín de mariposas, que tiene un sector de producción de plantines. Hay un bar saludable, gestionado por quince compañeras que son estudiantes y algunas licenciadas en Nutrición, que elaboran menús de lunes a viernes de 9 a 18 para todas las personas que habitan el patio. Sean estudiantes, docentes, no docentes, personas que
Fueron hallados en un estudio científico en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En esa zona se producen manzanas y peras, y también residen las y los productores en las chacras. Natalia Guiñazú, licenciada en Bioquímica, pasó el programa Tengo una Idea y habló acerca de este estudio relacionado con las fumigaciones con agrotóxicos. Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero Un estudio científico halló plaguicidas en la placenta de mujeres embarazadas en la región de Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en el sur del país. En la zona se fumigan las plantaciones con agrotóxicos y, como allí residen también las y los productores en chacras, estas fumigaciones afectan sus cuerpos. La doctora en Ciencias Químicas y licenciada en Bioquímica Natalia Guiñazú explicó con detalles el estudio que realizaron en la región. —¿De qué plaguicida se trata? —La producción de frutas en el Alto Valle es histórica, lleva más de 50 años, y a lo largo de los mismos para mantener la calidad de las frutas, es decir que uno coma una fruta sana sin insectos, se han utilizado y se utilizan diferentes familias de plaguicidas. Antiguamente se utilizaban los clorados y ahora se están utilizando algunos organofosforados y neonicotinoides que son unas familias nuevas de plaguicidas. Estos van mutando y se van cambiando los plaguicidas que se utilizan para controlar las plagas a lo largo de los años. —¿Por qué se encontró plaguicida en mujeres embarazadas?—Nosotros, un grupo de científicos, comenzamos a hacer un estudio científico pensando que estas mamás que viven cerca a los sitios productivos en las chacras o cercano a las mismas iban a estar más expuestas o tener mayores niveles de plaguicidas asociados a la producción que las mamás que viven en zonas rurales en la ciudad de Neuquén y que también las estudiamos. Lo que encontramos en realidad fue plaguicida en las dos poblaciones. Lo que nos indicaba que no solo vivir cerca de una chacra donde se utilizan plaguicidas es una fuente de exposición sino que hay otras fuentes adicionales que no tienen que ver con la movilización de sitios cercanos. Los plaguicidas no se aplican en forma aérea a diferencia de otras regiones, sino que se hace con tractores que tienen la máquina pulverizadora atrás y va pasando por la filas de los árboles frutales y ahí se va pulverizando el plaguicida. Esta zona tiene otra característica que justo en la época que se aplica, que es primavera y verano, corre bastante viento. Esto contribuye a que el plaguicida que se aplicó en la planta se mueva en el aire. —¿Hay malformaciones en la población o abortos espontáneos debido a esto?—En este estudio cuando seleccionamos a las mujeres que participaron, y cuando en un principio el objetivo era saber que estaba pasando en las zonas urbanas en comparación con las rurales, solamente trabajamos con embarazos que llegaban a término y que tuvieron niños y niñas dentro de los parámetros normales. Sin cambios patológicos al momento del nacimiento. —¿Qué podrían hacer los gobiernos locales con el uso de los plaguicidas?—En el laboratorio del Conicet donde trabajo hicimos un informe en 2020 a pedido del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde compilamos todo lo que se sabía sobre un compuesto de un órgano fosforado que se llama clorpirifos. Ese era hasta ese momento el compuesto más usado en todo el país y es el insecticida más utilizado en todo el mundo. Lo que se demostró que la exposición in útero de esa sustancia alteraba el desarrollo de los niños y que tenían un menor desempeño. Este fue uno de los plaguicidas que encontramos en las placentas, fue prohibido en noviembre del año pasado gracias a este informe que hizo el laboratorio. En este caso creo que tuvimos la suerte o el peso de la evidencia científica que esto haya llegado a las autoridades para que lo prohíban. Creo que fue una batalla ganada por parte de los científicos. También encontramos expresiones en contra de la prohibición de parte de algunos productores, y el resto de la sociedad pidió la prohibición del compuesto.—¿Estos venenos podrían quedar alojados en las frutas que luego se consumen? —No medimos en la fruta, pero si tenemos la teoría de que la vía alimentaria es importante.
Lo dijo Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador del CONICET. Pasó por el programa radial Estás Muteadx y habló acerca de la producción de litio en Argentina, el cambio climático y la crisis hídrica. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Luciano MamoneRedacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez Otero En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nacionalizó el litio y su industria a través de un decreto presidencial. La medida supone una modificación en la constitución del país, que con este decreto considera al litio como un recurso estratégico que debe ser propiedad del Estado. México posee una de las reservas de litio más importantes del mundo y si bien la medida no retirará concesiones que ya han sido otorgadas, a partir de ahora la exploración y explotación de ese mineral estará exclusivamente a cargo del Estado mexicano. El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Guillermo Folguera, planteó la importancia de que las corporaciones y multinacionales dejen de ser las que determinan las políticas públicas en los países de América Latina. La medida de México podría leerse como positiva porque significa un retroceso de las empresas sobre los recursos naturales, pero también la explotación de litio por parte del Estado tiene riesgos para los territorios y sus habitantes. “El tema es que los Estados en muchos casos, y el caso argentino es un ejemplo, cuando toman los recursos naturales los usan en la misma dirección”, dijo Folguera, y planteó como falsa la distinción que suele hacerse de “compañías privadas versus Estados”, como si las empresas multinacionales arrasaran con los territorios sin permiso del Estado. “Una de las cosas más evidentes tiene que ver con el poder que tienen los grandes accionistas, que en Argentina también son grupos financieros como BlackRock, el de la deuda. Es un gran apostador de acciones de litio y de minería en general. Entonces, esa distinción tampoco es tan tajante”, explicó. Acerca de la nacionalización de las reservas de litio en México, el biólogo contó qué le generaba la noticia: “Por un lado la alegría, por el retroceso de ciertas corporaciones y la necesidad de pensar en términos nacionales. Y después la pregunta en torno a por qué los estados latinoamericanos reproducen las prácticas de autorías de esas mismas corporaciones”. Al conocer la noticia sobre la nacionalización del litio en México, es inevitable pensar en Argentina y en la situación de la industria en nuestro país. No solo en términos de quiénes explotan los recursos minerales y energéticos, sino también de qué manera lo hacen y qué consecuencias tiene para los territorios y las comunidades. En el caso del litio u “oro blanco” la promoción de sus beneficios está siempre acompañada de discursos que señalan un aporte ecológico por el reemplazo de combustibles, pero no refieren específicamente a los daños que ocasiona su exploración y explotación en un futuro no muy lejano. En Argentina no existe un marco legal que regule la extracción del litio. Actualmente existen varios proyectos de explotación de este mineral en el país que se desarrollan como acuerdos entre privados, ya que los salares —de donde se extrae— en la mayoría de los casos son propiedad de particulares. —¿Cómo se extrae el litio en Argentina y qué riesgo tiene esta práctica? —El litio que se extrae en Argentina, que es en salmuera, está básicamente en zona de salares. Hay dos grandes minas en actividad, una en la zona entre Catamarca y Salta y la otra en Jujuy. Hay un montón de proyectos ahí, creo que más de 30. Se hace mediante técnicas de evaporación, se generan grandes sopas en una especie de piletones de diferentes colores en los cuales empieza a decantar el litio y después se obtiene un compuesto que creo que es carbonato de litio, que es el que se termina exportando. Todos estos proyectos, usan químicos. De hecho, hace poquito hubo un derrame de ácido de un camión de la empresa Livent, en Antofagasta, en Catamarca. Contaminan mucho mediante químicos. Y quizás el elemento más importante y del que se habla poco, es que como son técnicas de evaporación, la cantidad de agua que se usa es tremenda, en un lugar donde el agua escasea. El proyecto de minería usa una enorme cantidad de agua, como el fracking y los agronegocios. Esa es la idea del agua como el elemento clave a perder. En el caso del litio es muy evidente que todas las técnicas que predominan en el caso de la de la Puna, que comparten tanto Bolivia, Chile como Argentina, involucra la teoría del agua. Están sacrificando a las poblaciones locales y a los ecosistemas con esa pérdida de agua. Y muy probablemente también más allá del aspecto local, a toda una parte de afluentes que se van a ver afectados. Literalmente, se están secando los territorios. —¿Para qué se utiliza el litio hoy? —Lo difícil que es responder con claridad estas preguntas. El último dato que encontré es que más o menos el 54% está yendo para baterías, donde una parte son los celulares. Y una parte muy importante son vehículos de Europa y del primer mundo que están haciendo con eso la transición energética. Y después se usa para otro montón de cosas, se usa para la industria farmacéutica, para los agronegocios. Hay un montón de ramificaciones: se usa para industrias militares, y cuesta muchísimo encontrar esos porcentajes. A mí lo que me pasa con esto es que uno puede concebir que la transición energética tiene que darse, y que la situación del cambio climático, de la crisis climática es una locura, la hemos visto y la estamos sintiendo cotidianamente y además son escenarios que en primer lugar dañan a las comunidades más vulnerables. El cambio climático afecta a todos, pero afecta mucho más a algunos que a otros. El tema es que para mí discutir de manera aislada, oculta más de lo que devela. Lo que hay que discutir es por qué Europa no está fomentando el transporte
Lo dijo la periodista Anabel Pomar, integrante del colectivo Exaltación Salud, en su paso por el programa Estás Muteadx. Allí habló acerca del uso de agrotóxicos en Argentina y puntualmente en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. Pomar también se refirió a la detención que sufrió el 11 de enero junto a otros integrantes del colectivo, cuando se manifestaron en un evento en donde participaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Exaltación Salud El pueblo de Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires, se organiza hace años contra las fumigaciones. Las familias denuncian casos de cáncer a causa de esos agrotóxicos. El pasado 11 de enero, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó Los Cardales en el marco de la inauguración de un centro de salud. Allí, tres integrantes del colectivo Exaltación Salud se acercaron a manifestarse pacíficamente, con una bandera que decía: “Basta de cáncer, paren de fumigarnos”. La reacción fue inmediata. Represión y detención ilegal de las tres personas que llevaban bandera. “Ese es el mensaje que queremos que circule, el que no querían ver. Venían a inaugurar un Centro Modular de Salud y lo hicieron extensivo a toda la comunidad. Nos parecía pertinente que si iban a inaugurar un centro de salud, iban a hablar de salud en un pueblo fumigado, tenían que ver nuestro reclamo. Éramos tres compañeros solamente. Dos para sostener la bandera y uno para sacar fotos y filmar. No queríamos interrumpir el acto ni entrar a los gritos o insultando. Estábamos rodeados por muchos policías de civil. Cuando intentamos desplegar la bandera se nos vinieron encima con mucha violencia a arrancar la bandera. Estamos en democracia, es nuestro derecho el de manifestarnos. Ellos no lo entendieron así”, contó la periodista Anabel Pomar, integrante de Exaltación Salud y una de las personas detenidas. Alberto Fernández, en su discurso en la inauguración, habló acerca de los valores, del respeto y de que hay que gritar. Todo esto, en referencia a lo que había sucedido con las personas que se manifestaron. “Pero los gritos fueron provocados por el accionar de seguridad. Vimos que a nuestro compañero que estaba filmando lo golpearon y le querían sacar el celular. Empezamos a retirarnos y vemos que se acercan más policías, móviles de la Bonaerense. Nos detuvieron. Apareció el periodista Sebastián Vargas de FM Los Cardales que, en vez de quedarse en el acto, como hicieron todos los otros periodistas, se acercó a ver qué pasaba con nosotros. Le pegaron, le sacaron el celular. Y nos dijeron que tenían orden de Presidencia de detenernos. Cuando les preguntamos por qué nos arrestaban nos contestaron: ‘Los motivos los vemos después’”, relató Anabel. Tres horas después de la represión, contó Pomar, apareció el fiscal Juan Manuel Esperante con un acta donde imputaba por “resistencia a la autoridad” a quienes se manifestaron. El mismo fiscal fue denunciado por Exaltación Salud hace más de un año y medio por encajonar las denuncias de pulverizaciones ilegales con agrotóxicos. Esperante, desde hace cuatro años, sigue sin investigar a quien fumigó una escuela de Parada Robles el 11 de marzo de 2019. Los vecinos y vecinas consiguieron una cautelar que aleja los venenos de manera terrestre a mil metros. Cuando esa cautelar se viola, Exaltación Salud realiza las denuncias penales correspondientes. “El intendente Diego Nanni, perteneciente al Frente de Todos, se constituyó ante la Justicia para intentar voltear esa cautelar. También lo hizo la Sociedad Rural local. Desde ya que los mil metros no evitan que los venenos lleguen al agua, al aire. De todas maneras, es mejor mil que nada, y es lo que ordena la Justicia, les guste o no. La Justicia volvió a darnos la razón el último 27 de diciembre, de que no hay condiciones para vivir en ambientes saludables y de gozar del derecho a la salud, dos derechos consagrados por la Constitución. En Exaltación no existen. Tenemos que juntar plata, hacer rifas para ayudar a solventar tratamientos oncológicos, de leucemia. Cosas tristísimas”, comentó la periodista. Exaltación Salud hace diez años que presenta evidencia de los daños que hacen los agrotóxicos y exigen que se cumplan los derechos de la población del lugar. El Municipio cuenta con más de 60 mil hectáreas y, más de la mitad, según señaló Anabel, están llenas de plaguicidas y transgénicos. “Tenemos barrios de 30 manzanas con 50 casos de cáncer. Agrotóxicos en el agua, en los suelos. Agrotóxicos dentro de nuestros vecinos y vecinas. Estamos en una situación de emergencia socioambiental como el resto de los pueblos fumigados en toda la Argentina. Y no hay grieta político partidaria en esto. Hace 40 años que se profundiza la problemática. La política no está dando respuestas a lo que le pasa a la gente”, dijo la integrante de Exaltación Salud. La periodista se refirió a la flamante incorporación de Antonio Aracre, ex CEO de la semillera Syngenta, como jefe de asesores de Alberto Fernández: “Syngenta es la corporación más grande de agrotóxicos del mundo. Políticamente, están gestionando para ese modelo. Lo hacen en el nombre de los dólares, del progreso. Lo que nosotros decimos ante esto es clarísimo: la vida no se negocia, no tiene precio. No hay ninguna actividad productiva que pueda estar por sobre la salud y los bienes naturales comunes. Ante eso, solo queda seguir exigiendo que este modelo no continúe, la prohibición total de plaguicidas altamente peligrosos. Lo único que queda es seguir movilizándose. Porque acá se nos va la vida”, planteó Exaltación Salud puso en agenda la problemática en el territorio. Dos vecinas, Patricia Benitez y Karina Miqueo, del barrio San José de Tala, en Los Cardales, tenían un campo cerca de su casa. Un día, comenzaron a sentir olores extraños y vieron que sus mascotas se enfermaban. Empezaron a leer y a enterarse de lo que pasaba y se dieron cuenta de que lo que estaban tirando ahí eran agrotóxicos. “Fue maravilloso que dos
Las políticas urbanas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen algunas cuestiones en común: en su mayoría son decisiones inconsultas, es decir, no cuentan con la participación de las comunidades barriales, los consejos consultivos y comunales. Por lo general están orientadas a favorecer al mercado especulativo inmobiliario entregando terrenos y espacio público para usos comerciales. De todo esto habló Myriam Godoy, del Observatorio del Derecho a la Ciudad en su paso por el programa Tengo una Idea. Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Télam Myriam Godoy, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, comenzó la charla con una definición del actual estado de la ciudad porteña: “Nosotros decimos que Buenos Aires está en emergencia ambiental, urbanística y social. Porque hemos sufrido en estos últimos años la venta de 500 hectáreas de tierras y tenemos varios ejemplos ahí”. IRSA, otra vez sopa “Desde la empresa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) propiedad de Eduardo Elsztain, en la Comuna 14 de Palermo el Gobierno vendió de manera fraudulenta el edificio de la sede de gobierno comunal a una cifra millonaria en dólares, así como también el edificio del ex Mercado del Plata o la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors donde se está intentando hacer un emprendimiento de torres en un humedal y que se ha frenado con la lucha de la ciudadanía”, describió. Godoy planteó que la Ciudad tiene cada vez menos espacios verdes y que en ellos hay demasiado cemento. “También se ha permitido construir muchísimo en la Ciudad con el código urbanístico que se aprobó en 2018 y que recién ahora se ve la repercusión de ese permiso porque estuvo la pandemia”, agregó. Densificación y barliches La integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad arrojó otros dos conceptos interesantes para continuar analizando el estado de situación de la vida urbana. “Esta ‘densificación’ que trae la construcción sin planificación, hace la vida bastante más intolerable”, dijo. “Además, en la pandemia se dieron permisos para ocupar las calles por parte de restaurantes y bares, lo que generó contaminación sonora para todos las personas que les toca tener cerca este tipo de lugares. Ni que hablar de los ‘barliches’ que hay por la zona del Hipódromo, en el Campo de Polo y el Paseo de la Infanta”, aseguró. Retomando el tema de la venta de edificios, Godoy insistió: “Lo que hace el Gobierno es adelantar la venta de edificios que en realidad sí necesita pero para cosechar dinero para la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. A fines de diciembre de 2022 se vendió lo que había sido la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, ahora funciona la Unicaba. Por otro lado se gastan 27 millones de pesos en publicidad por día”. Los barrios resisten Ante los negociados y proyectos inconsultos, en los barrios la comunidad vecinal se junta, organiza y resiste. Para ello, también desde el Observatorio plantean algunas ideas: “Lo importante es la democracia participativa, que sean los propios ciudadanos los que digan cómo quieren vivir en sus barrios. Si quieren que les construyan torres y les cementen las plazas, o mejor que no se construya tanto, que se mantenga la identidad barrial, que se abran más plazas con verde vegetal y no con un cemento que nos da más calor. Porque además de todo esto, la ciudad está más caliente, y estamos en crisis climática”.