Medio Ambiente
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Vanessa Dourado nos invita a reflexionar acerca de algunos temas que, en plena pandemia de coronavirus, no figuran en la agenda prioritaria. Mientras que los medios tradicionales consultan día a día a los y las mismas especialistas, Dourado recopila información que da cuenta de formas de avanzar hacia un pacto económico y social, enfrentando al modelo dominante mundial de producción y consumo, a través de alternativas como la agroecología y la economía popular y cooperativa. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Vanessa Dourado 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: https://havanatimesenespanol.org El COVID-19 logró poner el rol del Estado en el centro de los debates. En los últimos meses, todo el mundo acompaña con atención las decisiones de quienes lideran los distintos países respecto de las medidas tomadas para controlar la pandemia. La incapacidad de responder a la crisis se nota concretamente materializada en los hechos: la cantidad de personas infectadas, de vidas perdidas y el caos causado por la falencia de los sistemas de asistencia sanitaria. La salida encontrada por muchos gobernantes es combatir el problema a través del rescate de una lógica belicosa, de la represión y del ideario de guerra. Sin embargo, sale la luz el contexto en el cual se enmarca esta crisis. Según un estudio del año 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés), el 60% de todas las infecciones en humanos es zoonótica. El mismo estudio demuestra que una nueva enfermedad infecciosa surge en humanos cada cuatro meses. Los contagios a causa de este tipo de infecciones llegan a la cifra de mil millones a cada año. La actividad humana ha alterado el 75% de la superficie terrestre. Estos disturbios en los ecosistemas —de forma directa o indirecta— son la causa de la propagación de muchas enfermedades transmisibles y no transmisibles. Según la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), 100 millones de hectáreas en los trópicos fueron transformadas para la expansión agrícola entre los años 1980 y 2000. La agricultura industrial es la principal causa de deforestación en América Latina. La cifra, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), llega a 70%.La destrucción de los ecosistemas, más allá de causar el desequilibrio biológico que genera enfermedades, también reduce el acceso a las materias primas para la fabricación de remedios. Entre 25% y 50% de los productos farmacéuticos son derivados de los recursos genéticos encontrados en la naturaleza. Seguir con el mismo modelo de producción, consumo y distribución dependiente de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación y contaminación del suelo, agua y aire significará permitir que surjan más pandemias y demandará más recursos económicos para cubrir los daños causados por sus consecuencias. Asimismo, otros eventos extremos relacionados al cambio climático han exigido que los Estados se hagan cargo de los daños que son, en su mayoría, causados por las actividades de empresas privadas. Para dar cuenta del tamaño del desafío, muchos economistas y expertos han planteado la necesidad de un nuevo pacto económico y social, algo ya adoptado anteriormente en Europa y Estados Unidos, como el Plan Marshall y el New Deal. Un proyecto de ley para evitar una depresión se negocia en los Estados Unidos, el plan de estímulo que inicialmente prevé 2,2 billones de dólares para salvar la economía es el mayor de la historia. Sin embargo, la crisis no puede ser afrontada solo desde lo económico y social cuando lo que hay es el rompimiento de un elemento central para garantizar que el Sistema Tierra, tal como la conocemos, siga existiendo. Salvar a las empresas responsables por la crisis climática y garantizar empleos que contribuyen a agravar las condiciones de calamidad sanitaria en consecuencia de las actividades contaminantes y depredadoras de las industrias estadounidenses es financiar el caos futuro. Tomando las experiencias de estas medidas de emergencia y adaptándolas a las necesidades reales en este espacio-tiempo, profesionales de distintas áreas están haciendo el esfuerzo de formular una alternativa que pueda resolver el problema a través de políticas públicas que abarquen las esferas ambientales, sociales y económicas A corto plazo, en los Estados Unidos, desde los que defienden el llamado Green New Deal se propone que el estímulo económico —que será mayor que estos 2,2 billones iniciales— sea “verde”, o sea, que ya sirva para empezar una transición hacia fuentes de energía limpias y renovables; transporte, agricultura y urbanismo sostenibles y la creación de empleos verdes, con el objetivo de empezar un cambio y seguir profundizando con más políticas públicas restaurativas hacia futuro. La propuesta que se discute en Estados Unidos es una forma de pensar otros horizontes que no sean estos que ponen lo económico por encima del sostenimiento de la vida y está en debate también entre aquellos que plantean que no volver a normalidad es la única alternativa posible en un escenario post-Covid. “Un Gran Pacto Ecosocial y Económico”, es lo que, desde Argentina, plantean la socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale. La propuesta de una transición justa pasa no solo por cambiar la matriz productiva contaminante —que es el caso de los combustibles fósiles, mayor responsable por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera— hacia fuentes de energía limpias y renovables, sino que también plantea un cambio de paradigma que implica una modificación en los patrones de consumo y la relación entre las personas con la naturaleza. Svampa y Viale lo llaman “transformación integral y holística”. Para lograr este pacto, todos los sectores de la sociedad deberían trabajar conjuntamente: sindicatos, movimientos sociales, de mujeres, indígenas y juveniles desde una perspectiva interseccional en clave ecosocial que contemple la justicia racial. “La justicia ambiental y climática sólo será posible con consenso social”, afirma la socióloga. “Una brújula en tiempos de crisis climática” que está en proceso de edición por la Editorial Siglo XXI, es el título del libro que saldrá en los próximos meses y
Hace algunas semanas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció la creación de una Dirección de Agroecología. El responsable de este sector será el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, fundador de RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología). Acerca de esta Dirección, aún no oficializada, el programa A mi no me importa de Radio La Retaguardia dialogó con el periodista Patricio Eleisegui, quien también reflexionó sobre la situación actual de los agrotóxicos en nuestro país. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier✍ Redacción 👉 Pedro Ramírez Otero💻 Edición 👉 Fernando Tebele📷 Foto de Portada 👉 Natalia Bernades“Falta todavía la oficialización, que sea establecido vía decreto, alguna resolución del boletín oficial. Pero está la decisión de hacerla, junto con otros nombramientos que todavía restan. Más que nada se ha demorado todo por cuestiones económicas, no hay presupuesto para andar generando más dependencias, por lo visto”, comenzó a contar el periodista Patricio Eleisegui acerca de la nueva Dirección que anunció el Ministerio de Agricultura, y continuó: “Así que están tratando de resolver eso pero, según lo que me comentó Eduardo Cerdá, que va a ser el titular de la Dirección de Agroecología, es un poco lo que está haciendo ya la organización RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología) promoviendo este sistema: articularlo con esta dependencia para desarrollar políticas públicas de difusión, de acompañamiento; de capacitación de productores, de municipios, de provincias; de todos aquellos actores que muestren un interés en esta alternativa como una opción para empezar a nivelar las cosas y que no tengamos un agronegocio como el vigente que domina y que todo lo contamina”.En relación al nuevo gobierno, Eleisegui opinó: “Todavía sigo siendo muy crítico, esa es la realidad. Me entusiasmó mucho esta decisión de avanzar con una Dirección de Agroecología. Me sorprendió cuando el mismo Cerdá me lo contó. Pero al mismo tiempo está el discurso de hace unos días de Alberto Fernández dando cuenta de una decisión política de concientizar el extractivismo a través de la explotación petrolera en la plataforma marina. Esto de mantener ciertas facilidades a los productores, como dijo, como una suerte de acompañamiento al modelo vigente. Eso me generó bastante desazón. Porque uno sabe que hay alianzas y grupos detrás de todas las gestiones, pero el indicador de la Dirección de Agroecología era una buena señal. Ahora, con todo esto que se anuncia, la decisión de promover una nueva ley de hidrocarburos para apuntalar Vaca Muerta me parece que nos van a dar una y nos van a sacar diez, esa es la sensación con la que me quedé y eso lamentablemente no es una mejora para todos”.Este nuevo gobierno eligió como Canciller a Felipe Solá, responsable de la entrada de Monsanto al país en 1996 y promueve un busto en homenaje a Carlos Saúl Menem, presidente en ese momento. “No sé qué quiere establecer Alberto Fernández, no sé si la palabra es ‘reconciliación’, me parece una palabra que no está bien para este momento. Pero también tuvo su gesto amigable con las fuerzas armadas hace muy poco. Debe creer en su cabeza que es una persona que viene a unirnos. No sé en qué cosas. Pero en los temas de ambiente claramente lo que está marcando es un retroceso y una profundización de lo que ya dejó el macrismo, que fue mucho más grave que lo que dejó el cristinismo, que fue mucho más grave que el primer kirchnerismo. Me parece que vamos a tener que seguir dando malas noticias, lamentablemente, y también tratando de generar resistencia a través de los lugares que ocupamos”, reflexionó Eleisegui . La soja, se mira y no se toca Acerca del anuncio de la suba de retenciones a la soja del 30% al 33%, el periodista expresó: “Me parece que se retoma un poco el conflicto con el campo que ya tuvo la gestión de Cristina Fernández. El hecho de que se suba la retención a la soja no me parece un desafío al campo sino más bien la intención recaudatoria en sí misma que tiene el impuesto. Creo que ellos entienden que lo que va a generar caja va a ser la soja. Y en la etapa anterior básicamente a los productores se los orientó hacia el monocultivo de soja a través de establecer las pautas en lo que era la exportación. El problema es que perpetúa el sistema de producción que venimos discutiendo. No me parece que esta sea una medida para desalentar a que los productores hagan soja, sino más bien para consolidar el cultivo como el único que no va a tener más complicaciones que pagar unos puntos por encima, pero al mismo tiempo el que más va a generar regalías para el Estado. Entonces continuamos siendo un país sojadependiente, con un paquete tecnológico que ya lo conocemos, que es el del glifosato, la semilla transgénica, el de la siembra directa, sin poner nunca en discusión real el modelo”, denunció.La Dirección de Agroecología será un logro obtenido a través de la lucha de todas las personas que día a día denuncian al agronegocio promoviendo un modelo alternativo de producción. Eleisegui explicó que “Lo más importante es definir cuánto presupuesto va a tener. A partir de ahí podríamos empezar a discutir qué margen de maniobra va a tener porque sino va a quedar como un cargo prácticamente simbólico. Lo ideal sería haber avanzado con una secretaría, con un presupuesto bastante importante y al mismo tiempo con la decisión de promover una política nacional de agroecología a través de una secretaría fuerte”. Además agregó: “Yo lo que veo en la cuestión de la agroecología es que muchos de los referentes no quieren ir al cruce con el agronegocio, sino que tratan de convivir. Y la realidad es que no podemos hoy por hoy a partir del desastre sanitario que venimos comentando, de las tasas de malformaciones de abortos espontáneos, de cáncer, seguir diciendo que la agroecología tiene que tener un espacio que se tiene
El 31 de Marzo comienza la segunda etapa del denominado “Juicio Ituzaingó”, o “Causa Madre”. Un juicio iniciado en el 2004, en contra de Monsanto. Será una oportunidad para poner en discusión las consecuencias socioambientales y sanitarias del agronegocio. Desde Tengo una Idea entrevistaron a Darío Ávila, abogado ambientalista y parte de la querella quien brindó más detalles. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Carlos Morchio, Graciela Carballo, Nicolás Rosales 📝 Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición 👉 Rosaura Barletta 📷 Foto 👉 La Vanguardia Digital “Con la dignidad y el coraje como bandera” es una de las frases emblemáticas y que bien cierra la idea de la lucha de las Madres de Ituzaingó (de la provincia de Córdoba) prontas a afrontar la segunda etapa de un juicio, extenso en el tiempo y de magnitud por cierto. Porque del otro lado está Monsanto. En 2004, la militante ambientalista Sofía Gatica y otras madres del Barrio Ituzaingó denunciaron cómo niños y niñas comenzaban a enfermarse, cómo aparecían abortos espontáneos, leucemia, por la contaminación de los agrotóxicos que utilizaba para fumigar la multinacional Monsanto. En el 2012 se consigue, con ciertas dificultades, una sentencia que determinó un delito fumigar en las condiciones en que lo hacían. Fueron 114 personas contaminadas con veneno en sangre, sobre una población barrial de 140.El juicio será oral y público. El abogado Darío Ávila dio detalles: “A fines del año pasado, fuimos notificados de una resolución que tomó la Cámara 12 confirmando que el 31 de marzo arranca el juicio. En principios serían dos audiencias por semana, los martes y jueves y el tribunal ha estipulado un máximo de 15 a 20 audiencias”.Por otro lado dijo, “Es importante aclarar que en este juicio se van a investigar la responsabilidad penal de dos hechos distintos, el que ocurrió concretamente el 2 de marzo del 2004, nosotros vamos a intervenir como querellante particular junto al colega Chuzo González Quintana en el cual estamos patrocinando a un grupo de madres del Barrio Ituzaingó encabezado principalmente por Sofía Gatica, María Godoy y cinco madres más, Carolina Cabrera, Susana Cortés Vaca, etc. Se trata de ese hecho de una fumigación, allí está imputado un productor agropecuario que es Francisco Miguel Parra que ya fue condenado en el primer juicio. También se la atribuye haber fumigado en campos propios que están a unos 400 metros de la última calle del Barrio Ituzaingó, violando dos ordenanzas municipales muy importantes, una declarada en el 2002 que había declarado la emergencia sanitaria en todo el barrio y una segunda ordenanza que es del 2003 que es la 10590 que prohibía cualquier tipo de fumigación, ya sea terrestre o aérea hasta una distancia de 2500 metros del barrio. El fiscal ha entendido que esta violación a esas ordenanzas cae dentro la órbita de la ley de residuos peligrosos la 24051. El otro hecho en el cual nosotros no tenemos participación, es aquel en el que aparece implicado Edgardo Panchelo que es precisamente el empresario de la empresa ‘Aerofumigadora’ que fue condenado en el primer juicio. Fue en otro barrio en las afueras de Córdoba, que se llama ‘Las Quintas’. Y otro pueblito muy chiquito que se llama ‘Los Cedros’ donde están implicados dos empresarios muy reconocidos y poderosos del agronegocio en la provincia que son los hermanos Amuchastegui titulares de la empresa ‘Tecnocampo’. Ambos ingenieros agrónomos, y una ingeniera más de apellido Mendizábal”.Hay una cuota de esperanza por parte del equipo de abogados querellantes de que el fallo salga favorable para las madres y muchas otras organizaciones socioambientales que viene padeciendo las consecuencias de un sistema productivo que contamina, “en 2008 hubo otro juicio que puso en discusión el modelo, demostrando que estos productos utilizados son tóxicos produciendo un impacto en el ambiente y después en la salud de la población. Los jueces tuvieron la convicción que este tipo de actividad es riesgosa y dudosa. Este en segundo proceso se va avanzar en el debate demostrando que todos estos casos no se debieron a otras fuentes de contaminación sino por el uso de agrotóxicos. El reto va a ser interesante, tenemos en nuestro poder una pericia médica interdisciplinaria identificando a 142 personas que murieron de cáncer en una población 4900 habitantes diciendo también que existe una probabilidad de asociación positiva para poder establecer que esos casos de enfermedad y muerte se deben por el uso de agrotóxicos y no por otro efecto contaminante”.“Antes de todo esto, no había antecedentes, es decir no había en toda la argentina un solo hecho que hablara de la contaminación de los agrotóxicos. Antes era un problema solo de la gente que vivía en el campo, sino que hoy llega a las ciudades en los alimentos que nos llegan a las ciudades. Hoy es un problema de todos”, cerró.
Poco antes del mediodía de este lunes, el senado provincial dio media sanción a la derogación de la Ley 9209 que habilitaba la minería. Ahora falta que la deroguen los diputados/as. El pueblo movilizado espera con desconfianza frente a la legislatura para corroborar el anuncio del gobernador. Es un buen tiempo para realizar un recorrido por los intensos 15 días de una “inmensa mayoría” movilizada y que siguió este domingo con un banderazo histórico que ha unido el Valle de Uco y Mendoza. (Por Eduardo Latino para La Retaguardia) La madrugada del jueves anidaba los tambores que aún sonaban en la Plaza Independencia, corazón de la capital mendocina. Un círculo interminable de personas que hicieron de la sonrisa y el baile la forma de habitar una noche que quedará viva en la retina del pueblo. La convocatoria surgió un día antes, 400 tambores, todos juntos. Un llamado que podía ser al Rey Momo y su carnaval. Algo de eso hay. Se trata del agua, de las tierras áridas de Mendoza y la conciencia que crece en una provincia donde hay historia respecto a la protección del agua. Un jueves que arrancó con una fría conferencia de prensa del gobernador y terminó con fiestas populares en la ciudad capital, Alvear, Malargüe, San Carlos y Uspallata. El latido de la tierra, el latido del pueblo, fue decisivo para que el gobernador Rodolfo Suárez tuviera que retroceder tras sus propios pasos y el viernes cerca de las 21 horas, anunciar el envío de un proyecto de derogación de la Ley 9209, que tan solo una semana antes, salía, en tratamiento exprés, aprobada por ambas cámaras legislativas. Este domingo las banderas se unieron de pueblo a pueblo en el Valle de Uco para trazar la nueva ruta de la dignidad. Víctor Jara nos recuerda: “la luna es una explosión/que funde todo el clamor/el derecho de vivir en paz”. El latir del pueblo chileno resuena en las venas de la Cordillera de Los Andes en un solo canto, en una sola voz. Es que la búsqueda de vivir en paz está en la memoria de un inconsciente colectivo que emerge como agua de la vertiente, como señal de un presente que dice que “no hay licencia social para la megaminería”, que Mendoza es pueblo que abraza la tierra. Una semana que tuvo todo, desde el acuerdo de sectores dominantes del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) casi en bloque, junto a gran parte del Partido Demócrata (PD) para modificar la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación en la minería y que se constituyó en el mayor obstáculo para las multinacionales que han intentado avanzar en estas tierras desde hace más de una década. Nuestra América despierta, es domingo y las banderas se desplegaron en cada punto de la provincia en un solo canto. Todas las voces todas enseñó el gran Armando Tejada Gómez. Todas esas voces no callan y hasta meditan por la tierra alrededor del lago del Parque San Martín. Así se multiplican charlas, abrazos, sonrisas, que son el encuadre perfecto de una foto que trasciende banderas, nombres y sentidos. Una semana que amontonó corazones que han mostrado que el latir del Valle de Huentota sigue vivo y rebelde en tierras donde los cerros Aconcagua y Barauca siguen vigilantes. De la sanción al principio del ocaso Una semana. Tan solo siete días fueron suficiente para que quedase marcado a fuego que en Mendoza la megaminería es inviable porque no tiene consenso social. Una semana marcada por acuerdos a escondidas y el pueblo mendocino que reaccionó en cada rincón para dejar en claro que “El agua de Mendoza no se negocia”. El viernes 20 de diciembre hubo sesión especial en ambas cámaras del Poder Legislativo para tratar un sólo proyecto: el de modificación de la Ley 7722, la llamada ley “guardiana del agua” por las asambleas socio-ambientales, y que ya tenía su suerte echada. En un rápido tratamiento, en horas de la tarde, se sancionó la nueva ley que modificó varios artículos, en particular el primero, que era el que prohibía el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio, entre otros. Un acuerdo del PJ, con Guillermo Carmona, Anabel Fernández Sagasti, Omar Félix y Alejandro Bermejo a la cabeza; junto a la UCR, con el propio gobernador al frente, acordaron la reforma de la ley y el avance de los emprendimientos megamineros en la cordillera. Dos nombres claves: Rodolfo Gabrielli, ex gobernador y la pieza fundamental en el armado de la unidad del justicialismo; el otro, el diputado del PD, Guillermo Mosso. Este último fue la figura central y voz de las empresas mineras dentro del recinto de la Legislatura, y un nombre conocido para el propio Gabrielli, ya que había sido funcionario durante su gestión al frente del ejecutivo provincial. Incluso, paralelamente al debate de la reforma de la 7722, el Presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con gobernadores radicales, donde quedó cerrado el acuerdo respecto a la modificación de la ley guardiana del agua. La mira del presidente estaba fija en las modificaciones de las leyes de Mendoza y Chubut. El resultado: un PJ dividido y costos políticos elevados para varios sectores. El único que salió a despegarse inicialmente fue Guillermo Carmona, presidente del PJ local, para que luego, sólo a partir de un comunicado de prensa en los últimos días, cambiaran de postura orgánicamente desde el partido y pidieran en bloque dar marcha atrás y avanzar en la derogación. El gobernador Suárez había enviado el 10 de diciembre el proyecto de ley de reforma al Senado. Ese proyecto había sido redactado por la cartera de ambiente de la provincia en la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador. El nombre que se repite es el de Humberto Mingorance, quien fuera el Secretario de Ambiente en la gobernación anterior y que conservó su puesto. El otro funcionario que fue fusible en este acuerdo es Emilio Guiñazú Fader, que
En horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Al tiempo que el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación, visitó en el hospital a un policía herido, supuestamente, durante las manifestaciones. La política mendocina actúa con el temor del efecto chileno. (Por Eduardo Latino para La Retaguardia)La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, pero la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos, y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día. La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominar “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo, la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el que trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión, y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que, según una fuente allegada a la senadora que se manifestaba en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”. La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y también muestra una soberbia sorda desde la gobernación, que está poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto de que la gobernabilidad se pone en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “no hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica. Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta”. Desde horas de la mañana, Alvear se volvió a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.
Después de la modificación que la legislatura realizó el viernes de la Ley 7722 que regulaba el uso del agua para emprendimientos mineros e impedía el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas, se produjo en Mendoza un gran levantamiento popular que fue reprimido esta tarde cuando se concentraban decenas de miles de personas frente a la Casa de Gobierno provincial, pidiéndole al gobernador Roberto Suárez que vete las modificaciones. El periodista Eduardo Latino nos informó en medio de la represión. (Por La Retaguardia) Tras la histórica marcha que recorrió ayer diferentes localidades de la provincia de Mendoza, hoy se produjo una gran concentración frente a la Casa de Gobierno. Según nos informó el periodista Eduardo Latino desde el lugar, ya se había producido un principio de represión por la mañana, pero cerca de las 14:30 la infantería policial avanzó contra los manifestantes dispersándolos/as con balas de goma y gases lacrimógenos. Compartimos el audio con el informe de Eduardo Latino. DESCARGAR
El gigante sudamericano fue tomado por las llamas. Las imágenes de la selva amazónica brasilera que salieron en los medios de comunicación en forma masiva, conmueven a miles de personas en todo el mundo. Líderes políticos, artistas y activistas llenan las redes sociales con fotos, noticias y relatos sobre lo que muchos llaman “accidente ambiental”. Mientras las autoridades brasileras avanzan velozmente con el objetivo de crear en Brasil un espacio propicio para el desarrollo de negocios vinculados a los sectores del agronegocio y de la ganadería, el resto del mundo clama por el control de focos de incendio en la región amazónica. (Por Vanessa Dourado para La Retaguardia) La selva amazónica es llamada el “pulmón del mundo” —lo que no es un hecho ya que las selvas consumen casi todo el oxigeno que producen—, sin embargo es cierto decir que sí es la que puede salvar el planeta de los efectos del calentamiento global, ya que un 50% de la biodiversidad mundial está allí concentrada y es capaz de garantizar la humedad a través del agua vaporada por los árboles, cada arbol de gran porte de la Amazonia evapora más de mil litros de agua por día. El rol de regulación climática de la amazonia es clave para equilibrar las temperaturas. Según el científico Antonio Nobre del Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonía (INPA) y del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), todos los días 20 mil millones de toneladas de agua son evaporadas por la selva. La energía solar consumida en esta evaporación es equivalente a la producción de energía total de 50 mil represas hidroeléctricas de Itaipu, una única represa de Itaipu tendría que operar por 150 años para lograr hacer lo que la selva amazónica hace en un solo día, afirma el científico.El calentamiento global y la destrucción de los bienes comunes llegaron a límites que ya no permiten que la naturaleza pueda regenerarse. De hecho, el planeta ya sobrepasó 4 de los 9 procesos fundamentales para la estabilidad del Sistema Tierra. En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC -por sus siglas en inglés-) informa que es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030 y reducirlas a cero hasta el año 2050 para evitar una catástrofe ambiental sin precedentes. Además, el IPCC planteó un escenario de ecocidio –genocidio del planeta– más allá de un calentamiento planetario de 1.5°C. No obstante, con la forma de producción y de consumo del sistema actual, este número se está dirigiendo a los 4°C, lo que pondría en riesgo toda forma de vida en la Tierra.Las evidencias científicas que señalan los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero como responsables por los eventos extremos que han sucedido en el mundo en la última década: sequías, huracanes, desertificación, aumento del nivel del mar, extinción de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático. Estos eventos extremos no ocurren en la región amazónica porque toda su dinámica natural funciona como un regulador de la energía de los vientos y del calor.A pesar de la evidencia de que la preservación de la selva amazónica es clave para garantizar la vida en el planeta, la deforestación de la región sigue a pasos agigantados. Con el objetivo de garantizar el crecimiento económico, la devastación de zonas ambientales protegidas es un imperativo entre todos los gobiernos del mundo. En Brasíl, el 80% de los asesinatos a activistas ambientales se dieron en la región amazónica, según informe de la Global Witness. El informe también relata que Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo para actuar en defensa de la tierra, selvas y ríos.Más allá de las performances discursivas que ponen en debate la necesidad de mitigación y adaptación, frente a un escenario de crisis civilizatoria, y el “desarrollo sostenible” como forma tibia de reconocer que es necesario un cambio en las formas de producción y consumo, lo que se nota es el incentivo deforestación de forma indirecta.En los últimos meses, el gobierno brasilero autorizó el comercio de 290 nuevos agrotóxicos, 32 de ellos prohibidos en la Unión Europea. En el mes de julio, los bloques económicos Unión Europea y Mercosur anunciaron intenciones de avanzar con un tratado de libre comercio y, si ratificado, el acuerdo impulsará una mayor producción de commodities desde los países del Mercosur hacia el bloque europeo.Bajo la administración del Bolsonaro, los dos más importantes órganos de fiscalización que garantizan la protección de la selva amazónica, el Instituto Nacional de Investigación Espaciales (INPE) e Instituto Brasilero del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), fueron fragilizados. El científico Ricardo Galvão, ex director del INPE, fue demitido por el gobierno días antes del inicio de las quemas en la región amazónica después que el órgano difundió investigaciones que mostraban un aumento en las tazas de deforestación en la zona. Según el Ministro del Medioambiente, Ricardo Salles, el monitoreo desarrollado por el órgano —hasta entonces manejado por Galvão— era insuficiente y, por lo tanto, el gobierno contratará una empresa para suministrar el servicio en el próximo mes de septiembre. Frente a las críticas del ministro, parte de la comunidad académica especializada afirmó que el sistema brasilero está entre los mejores y más avanzados del mundo.La ministra de Agricultura, Tereza Cristina, criticó a la prensa y afirmó que hay una “histeria” respecto de las quemas en la Amazonía, a las que ella apunta como “normales”. La ministra también dijo que los recursos financieros ofrecidos por el G7 para la Amazonía son bienvenidos, pero no deben ser utilizados para la reforestación de la selva, ya que ésta, según la ministra, se regenera por sí misma.Días antes del inicio de las quemas, el Ministerio Público de la Provincia del Pará —en la región norte del país—, recibió una denuncia de grupos que estarían organizando una quema en la región donde se inició el incendio que
Se trata de Las Mercedes, al fondo de La Matanza. Las diez manzanas que constituyen el barrio son linderas, pegadas, a la fábrica de Parex Klaukol, cuya actividad industrial implica la expulsión de material particulado, especialmente sílice, a través de sus chimeneas. El periodista Andrés Masotto de Radio Presente entrevistó hace semanas a Susana Aranda, una de las más aguerridas activistas, y luego publicó lo que la vecina contó en un hilo de tweets. Eso provocó la reacción de la empresa, que mediante una carta documento le exigió que borrara las publicaciones y dejara de ‘injuriar’ a la industria. Por esa razón, se convocó a una conferencia de prensa en la sede del SiPreBA para denunciar la persecución a la prensa. Luis Angió realizó por La Retaguardia la trasmisión en vivo la convocatoria. (Por Luis Angió y Rosaura Barletta para La Retaguardia)Fotos: Luis Angió Dramática es literal, la población se redujo a la mitad, y murieron grandes y niños con problemas en el sistema respiratorio, digestivo, en la piel y cáncer. Los que quedan vivos, se bañan sentados y respiran con un puff. Susana Aranda, cuando empezó a sospechar que algo no era normal, barrió el polvillo que volaba periódicamente desde la planta hasta el patio de su casa y lo juntó en un frasco. Un frasco grande, como de aceitunas. Hoy puede tomar ese frasco y, a la luz del sol, se observa el color metalizado de lo que respiran todos en Las Mercedes. En la conferencia de prensa, Andrés Masotto explicó que “hay estudios que reconocen que la población del barrio está afectada por el material que despide Klaukol. Los vecinos padecen enfermedades respiratorias, dermatológicas y cáncer. Parex Klaukol también habría incumplido con obligaciones legales”. Y se refirió a la respuesta que dio la empresa por medio de la carta documento: “Le hago saber que no existen constancias ni estudios de que la actividad de mi representada cause daño alguno al ambiente y/o la salud de la población y que Parex Klaukol SA no ha incurrido en violación de la normativa ambiental y que cumple debidamente con sus obligaciones para llevar a cabo su actividad industrial. Sus afirmaciones falsas han causado y causan un daño reputacional a la compañía, dado que la conducta en la que usted ha incurrido ampliamente excede el derecho a la la libertad de expresión y claramente escapa a la ética de la profesión del periodista, profesión que usted dice ejercer. Por lo expuesto, lo intimo a abstenerse de continuar realizando manifestaciones falsas, maliciosas e injuriantes contra mi representada en cualquier medio y a que, en el plazo perentorio de 24 horas de recibida la presente elimine las publicaciones agraviantes de la plataforma de Twitter bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales penales y civiles que corresponden.ATTE Gabriel Macchiavelo, apoderado de Parex Klaukol SA”.Masotto aclaró, luego de leer la intimación, que “Parex Klaukol viola todos los tratados ambientales, está probado en dos informes que sí está envenenando a la población de Las Mercedes, que contamina el suelo, el aire”.El patio trasero Para Susana Aranda, una de las principales activistas, los vecinos en peligro viven en el patio trasero de La Matanza que es Virrey del Pino. “Es un lugar densamente poblado. Somos todos clase trabajadora. Mi barrio es de diez manzanas. Quedamos pocos vivos. Murieron más de la mitad. Familias enteras que ya no están, ya están callados para beneficio de Parex Klaukol. Acá hay tres responsables. Uno, son los medios monopólicos, que saben de esta situación y lo tapan por el poder adquisitivo de Parex Klaukol porque compran la franja más cara para sus propagandas. Literalmente controlan la prensa. Lo que está pasando en mi barrio no es aislado, no es algo que se puede minimizar. Estamos condenados a morir, nos están matando”, denunció. Además, Aranda ofreció precisiones: “Estamos respirando vidrio molido discriminado en cuarzo que es letal y no hay escapatoria. No tenemos agua potable, compramos agua envasada. En mi casa no se puede usar escoba porque tengo nietos, mi nuera, tenemos que usar todo húmedo porque Klaukol tiene que facturar a cielo abierto porque así es más económico. Klaukol puede trabajar sin contaminar, pero es muy caro, entonces no es rentable”, planteó.Susana se refirió, además, a la categorización de la industria y que incumple los parámetros establecidos: “Tenemos a la fábrica encima. Está en la calle Miravé, y enfrente vive gente. De los que quedan vivos, porque muchos no están. Hay diez vecinos diagnosticados con cáncer. Un barrio de mil y pico de personas y más de la mitad murieron. No me puedo ir porque tasamos las dos casas que tenemos y se licuó el precio de las propiedades por esta situación. Nadie quiere ir a vivir ahí. Cuando nosotros compramos ahí no había una fábrica, era una zona residencial, eucaliptos y donde está Parex Klaukol había un tambo de leche. Raúl Magario les dio el permiso en 2003. Plena vigencia de la ley que establece que una industria de categoría 3 no puede estar en una zona urbana ni mixta, sino en una zona rural”, aseguró.“Parex Klaukol usa pesticidas, fungicidas, plaguicidas en su pintura de alta performance. Es líder en su producto, pero mata. Respiramos sílice día y noche sin ninguna protección. Deberíamos tener mascarillas con filtros especializados. No tendríamos que tener la piel expuesta. En mi barrio todo el mundo usa puff para respirar. Los hombres llegan a los 40 años y se bañan en la ducha arriba de la silla porque no les da el pulmón para poder bañarse y secarse. No podés limpiar el jardín, atarte las zapatillas. Te falta el aire. Así vivimos, pero somos invisibles. La Justicia Federal tardó diez años en una causa de 23 cuerpos para decir que no son competentes. Ahora está durmiendo en la UFI 6 de San Justo”, explicó sobre la intervención judicial en el caso.Además, Aranda planteó las razones de su posición y lo que espera de la lucha que emprende: “Yo no voy a morir en mi cama,
“La frutilla del postre: el caso de Arroyo Leyes” es el título que se eligió para el documental en el que participa el periodista Patricio Eleisegui. Allí se denuncia un ecocidio en la localidad santafecina. Facundo Viola, periodista y activo defensor del medio ambiente, dialogó con Graciela Carballo, Carlos Morchio y Nicolás Rosales en el programa Tengo una Idea y brindó más detalles sobre el caso. (Por La Retaguardia)Contaminación a mansalva con agrotóxicos. Connivencia política. Zona liberada para ejercer la violencia y la amenaza. La frutilla siembra desgracia en Arroyo Leyes.En una extensa charla con el periodista oriundo de la localidad, se conoció cuántas frutillas se producen, cuánta contaminación genera, y qué casos que afectan a la salud siguen apareciendo. “Nosotros tenemos desde hace 20 años fumigaciones sin control en la localidad de Arroyo Leyes, que es un población costera, que está rodeada de lagunas y ríos entre los que son humedales del río Paraná. Estamos a 20 km al norte de la capital de Santa Fé. Las fumigaciones son para producir frutillas. Antes era una zona poco poblada y también se usaban agrotóxicos, en este caso para producir flores. El modelo productivo fue mutando hacia el monocultivo de frutillas, y hemos detectado el uso de hasta 40 agrotóxicos diferentes”, comenzó el periodista Facundo Viola. Salud y muerteAl mencionar las consecuencias sobre la salud de la población, dijo: “Esto para nosotros es una fuente contaminante muy importante, porque vemos lo que pasa con los vecinos después de las fumigaciones con las probables consecuencias agudas como son fiebres altas sostenidas, irritaciones oculares, en la piel, en mucosas nasales. Sobre todo en los niños. Y también efectos en el ambiente como son mortandad de pájaros, la tierra que se seca, los árboles que terminan abortando la fruta. Luego nos fuimos dando cuenta que los vecinos se morían de cáncer, de leucemia. Hay unos cuantos niños que se murieron de cáncer en la zona. Empezamos a tener algunas evaluaciones que fueron realizando la Universidad del Litoral y distintas facultades como la de Ciencias Médicas, de Ciencias Bioquímicas, y la de Arquitectura y Urbanismo. Y fueron detectando alto índice de discapacidad de los vecinos en promedio en el año 2010. Detectaron patologías pocos frecuentes en niños como son los ‘niños azules’ probablemente relacionada con la contaminación de los fertilizantes que se usan en estos monocultivos. El agua contaminada por nitritos, nitratos y amonios. Y también hay un estudio de referencia a esta cuestión que es el que hizo desde la Facultad de Bioquímica de la Universidad del Litoral que en el cinturón frutihortícola santafesino, que es donde nosotros nos encontramos, detectó que quienes estaban expuestos de manera involuntaria o voluntaria -como los fumigadores- respecto a los que no están expuestos, tienen doble probabilidad de contraer daño genético. También pueden contraer cáncer, leucemia, y contagiar y trasladar estas consecuencias en la salud a las futuras generaciones”. Complicidad políticaViola continuó la charla haciendo hincapié en su actividad en defensa del medio ambiente y la complicidad política que existe hasta el día de hoy en Arroyo Leyes: “Nosotros venimos luchando hace 6 años tratando de erradicar las fumigaciones, visibilizar la situación y concientizar al vecino del riesgo que implican estas fumigaciones entre la población. Creemos que hay una complicidad desde el poder político. Hay un negocio que es la venta de frutillas y hay un negocio que es la venta de agrotóxicos que llevan adelante los mismos ingenieros del INTA, del SENASA, incluso ligados a la Universidad que son los que deberían asesorar sobre las supuestas buenas prácticas agrícolas. Sobre métodos adecuados a la legislación vigente que no permite fumigaciones a menos de 500 metros de zonas densamente pobladas en la provincia de Santa Fé y que por supuesto esto no se cumple acá. Así que, hay toda una cadena de complicidades donde también a veces las organizaciones intermedias, donde están muchas veces los mismos productores, son parte de estas instituciones y conforman por ejemplo las cooperadoras de las escuelas. Entonces se van generando una serie de complicidades y de maneras de seguir manteniendo el estatus de que no pasa nada”. Y continuó: “En todo el país para introducir el modelo transgénico, asociado en el paquete tecnológico con los agrotóxicos, se dijo que el glifosato era una agüita, acá se dice que son remedios, que están curando las plantas cuando fumigan. Es toda una instalación de un modelo y un lenguaje, y por supuesto con la cara de piedra del egoísmo. Tiene el interés monetario de unos pocos para obtener rédito a costa de la salud de toda la población”. Militando por la vida“En mi caso yo tengo una hija con discapacidad de 7 años, estuve afectado por cáncer de piel, también mi hermana; mi vecino se murió de leucemia, le colapsaron los riñones a los cuarenta y pico de años. Niños muertos de cáncer muy cerca, amigos que les murieron los hijos de muerte súbita de 2 o 3 meses. Toda esta situación nos hace involucrar en esto por necesidad. A veces la gente piensa que los militantes somos idealistas y no, estamos luchando por nuestra propia vida”Facundo y su compañera sufrieron reiteradas amenazas. Desde octubre del año pasado a mayo de este año fueron cinco. “Es una situación sumamente delicada, pero venimos resistiendo con la conciencia de que si no se erradican las fumigaciones no hay posibilidad de supervivencia. Nos sentimos como vecinos directamente afectados en la posibilidad de dar testimonio para que se pueda visibilizar y concientizar a la población acerca de las consecuencias de las fumigaciones”, expresó.También comentó que gracias a la lucha y resistencia han logrado algunos avances. “Cuando nosotros empezamos fumigaban a dos metros de la ventana de la escuela cuando nuestros niños estaban dentro en clases. Hoy las fumigaciones están a 400 metros más o menos. En algunos de esos campos se hace pastura, y en otros esa producción se está convirtiendo en cultivos hacia la agroecología. Vamos avanzando. Este año tuvimos también una ordenanza que obliga en un plazo
En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires se realizó un debate sobre la sanción de una Ley de Semillas. Con argumentos en contra y a favor, muchos especialistas expusieron sus puntos de vista. Gustavo Schrauf, profesor titular de la Cátedra de Genética en esa facultad, dialogó con Pedro Ramírez Otero en La Retaguardia, contó sobre la actividad y dio su opinión acerca del modelo agroindustrial que hoy tiene la Argentina. (Por La Retaguardia) El debate sobre la Ley de Semillas se pregunta básicamente cómo se produce y qué alimento se genera. Esos puntos son la esencia del interés de las empresas extranjeras en que el proyecto se lleve adelante, lo que dejaría atrás al derecho de la resiembra de pequeños y medianos productores.Gustavo Schrauf fue uno de los especialistas que participó del debate en la Facultad de Agronomía: “La actividad surgió porque hubo una agrupación estudiantil que presentó un proyecto de declaración en contra del proyecto de Ley de Semillas. La Comisión decidió hacer una reunión abierta y que fueran los consejeros, además del público en general, a escuchar las distintas posiciones respecto a la Ley de Semillas. El aula estuvo repleta, se demostró que había muchas ganas de escuchar. Además se filmó y va a estar en la web de la Facultad para poder escucharlo”, contó, y dio detalles de las exposiciones: “Hubo una presentación de Fernando Villela, titular de Agronegocios, defendiendo la Ley de Semillas aunque también le hizo alguna crítica. También estuvo un profesor de la Universidad Austral que estuvo un 50-50 a favor y en contra del proyecto de ley. Tamara Perelmuter no pudo estar y su exposición, muy antagónica al proyecto y con una visión de la agricultura familiar, fue grabada. Estuvo Javier Rodríguez, un economista, que analizó los números de lo que estaba en juego. Después estuvo mi posición respecto al proyecto de ley, que es muy negativa”, manifestó Schrauf y compartió por qué: “El mercado de semillas es muy monopólico. La libertad que puede tener el productor de comprar o no comprar una semilla, ese derecho de guardar la semilla y volver a sembrar, es casi la única barrera que existe para que el monopolio no sea completo. Sino, el productor estaría obligado a comprar todos los años las semillas a las empresas y no tendría libertad de guardarlas. Más allá de eso, tiene un montón de defectos y todos se enumeraron. El eje de la discusión está en el derecho al uso propio que sería quitado a los productores”, remarcó el profesor en Radio La Retaguardia.Gustavo explicó el peligro que significa dejar en manos de empresas privadas la soberanía alimentaria, así como también la seguridad y salubridad de los alimentos que consumimos cada día: “El gobierno ha desfinanciado a todos los organismos de investigación, el INTA e universidades. El INTA, desde hace tiempo atrás, está reduciendo su incidencia en la generación de cultivares y su desfinanciación es total. Eso hace que el desarrollo tecnológico quede todo en manos de empresas privadas y es confiar en que esas empresas van a tener un beneficio para el país. La mayoría de las empresas están vinculadas a un agrotóxico ya utilizado. Las empresas siguen con el mismo juego de darte una semilla que necesita un agroquímico para que exprese su potencial productivo. Es un doble negocio. La empresa te da la semilla y te obliga a comprar un agroquímico. En este caso, son agroquímicos mucho más cuestionados que el glifosato: El glufosinato de amonio tiene evidencias de producir daños a la salud. El 2,4 D está muy comprobado que es cancerígeno. ¿Esta alternativa es la que queremos? Tenemos que discutir qué agricultura queremos, cómo queremos producir, cómo queremos alentar a nuestra industria semillera con sus nuevos productos. Como país tenemos que pensar una solución parecida a la de Uruguay de extremar las rotaciones. Si hacemos monocultivos estamos seleccionando malezas resistentes también, lo que implica que se ponga otro nuevo herbicida. Estamos usando el mismo remedio al problema cuando podemos tener una rotación de cultivos que sería mucho mejor para conservar el suelo y tener un ambiente mucho más saludable y sustentable”, aseguró.Estas empresas monopólicas de semillas, terminan juntándose con otras de agroquímicos y farmacéuticas por lo que terminan fusionándose en un monopolio aún más grande que solo responde a sus intereses comerciales sin preocupación por la calidad de los alimentos y si su consumo es más o menos tóxicos para quienes los ingerimos: “Su modelo de negocio está basado en generar muchas patentes. Ha implicado también una monopolización. Fueron reduciéndose la cantidad de empresas, hasta ahora que tenemos tres empresas a nivel mundial que monopolizan el mercado de semillas. El negocio de las empresas químicas, también unidas a farmacéuticas, es venderte el agroquímico. Estamos muy atados, más aún si no favorecemos una investigación alternativa”, señaló; y agregó: “El doctor Aldo Casella es un especialista en Ley de Semillas y dio un montón de argumentaciones sobre qué intereses están detrás de cada reclamo de mayor beneficio de las grandes empresas. “No hay una respuesta a ciertas demandas” “Nos preguntaron bastante por el modelo de tomate y su modelo alternativo de mejoramiento participativo. Arcor, que es La Campagnola, nos llamó y nos dijo que ellos querían poner un tomate de calidad, pero que su demanda a las empresas no les movía la aguja. Entonces tenía que poner dentro de la lata lo que la empresa semillera les daba, como que no tenían alternativa. La Campagnola es la empresa más importante en la Argentina de producción de tomate, es el 1% de tomate del mundo. Si esa empresa no puede exigir un tomate con gusto, qué nos queda al resto de los productores agropecuarios”, lamentó. ¿Son tan necesarios los agroquímicos?Scharauf explicó que existen maneras de producir alimentos más sanos y seguros, pero que al no haber una conveniencia económica para las empresas esos métodos no se desarrollan: “Hay un montón de genes de las plantas que se saben que dan resistencia a ciertos hongos.