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El Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad superó los 23 puntos en las PASO en Jujuy.  Alejandro Vilca, candidato a diputado, pasó por Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. (Por La Retaguardia) 📷 Foto de portada: La Izquierda Diario

El jueves 2 de septiembre, cuatro mujeres detenidas en la Brigada Femenina de Concepción, Tucumán, murieron carbonizadas luego de iniciarse un incendio dentro de la celda. El hecho remite ineludiblemente a la Masacre de Pergamino, en la que 7 jóvenes murieron en las mismas circunstancias y por la que fueron condenados 6 policías. Ariel Salinas, hermano de Macarena, una de las víctimas de este nuevo crimen de Estado intramuros, pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: De izquierda a derecha Micaela Rocío Mendoza, Macarena Maylen Salinas y Yanet Yaqueline Santillán, tres de las jóvenes que murieron calcinadas, compartiendo cerveza en la comisaría.  “A mi hermana se la tenían jurada desde el 20 de julio por una foto”. La frase, contundente y coloquial, surge de la voz firme de Ariel. Su hermana es Macarena, de 22 años. Quienes la tenían entre ceja y ceja eran las policías que debían cuidarla. La fotografía, donde se la ve sonriente junto a dos compañeras de celda tomando cerveza, es evidencia de la arbitrariedad con la que las fuerzas de seguridad administran las cárceles y comisarías: lo que sucede allí, pasa porque ellos y ellas lo deciden. Desde la entrada de alcohol hasta morir calcinada. El relato de Salinas se acomoda a esta realidad: “Las guardias, muchas veces, rompían las cosas que les llevábamos a Macarena. O ni siquiera se las daban”.   Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia murieron quemadas y juntas en una celda de Concepción, Tucumán. Ariel Salinas cuenta que su hermana, Macarena, ya tenía sentencia firme por el robo agravado que la había llevado a la cárcel. “Mi hermana ya tenía orden de traslado firmada por la jueza desde hacía una semana. No sé por qué no la llevaron al penal”. Lo mismo sucedía con el resto de sus compañeras. Esa demora, sumada a la crisis habitacional de las cárceles, las condiciones inhumanas en las que viven y la represión policial a la orden del día, dio como resultado la muerte de 4 pibas, todas menores de 30 años.  Cuando se produjo la Masacre de Pergamino el 2 de marzo de 2017, cuando 7 presos murieron calcinados en una comisaría local, los gritos desgarradores no llamaron la atención del personal policial presente en el lugar. Las similitudes con lo sucedido el pasado jueves son sorprendentes, según cuenta Ariel. “Los vecinos salieron a la calle por los gritos de las chicas. Llamaron a los bomberos. ¿Y la policía que hizo? Nada”. Por otro lado, y en ambas situaciones de represión estatal separadas tan solo por poco más de cuatro años, los familiares de las víctimas tuvieron que enterarse de lo sucedido por medios propios, ya que la policía les ocultaba la información. “Nosotros nos enteramos por las redes sociales”, afirma Ariel. Y completa: “Nunca vino nadie de la Policía a avisarnos lo que estaba pasando”. Una diferencia importante es, sin embargo, la actuación de los bomberos. Si en Pergamino trataron de salvar a los 7 pibes pese a la desidia policial, en Concepción formaron parte del abandono, pese a estar a dos cuadras de la comisaría.  Los familiares aún no tienen los datos de la autopsia realizada por el personal forense. Mientras tanto, las 4 policías responsables por la muerte de las chicas fueron pasadas a disponibilidad, pero no están detenidas. Para Ariel y el resto de las familias de las 4 pibas asesinadas por el Estado, comienza un recorrido complejo. Salinas, pese al dolor, tiene claro por dónde comenzar: “Las dejaron morir carbonizadas mientras gritaban pidiendo auxilio y nadie las ayudó. Quiero que se haga justicia. Que paguen los culpables”. 

La habían detenido esta mañana. Lo acaba de confirmar a La Retaguardia Macarena Villena, médica de familia de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Salta, quien esta mañana dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Allí se había referido a la situación que derivó en la detención de su compañera. Señaló a quiénes la denunciaron y se refirió a la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud. La médica fue liberada, después de que se difundió el hecho y se convocó a una concentración en la casa de la provincia de Salta y otras actividades virtuales. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Una médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Tartagal, Salta, fue detenida en el marco de la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) esta mañana por orden del juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, a pedido del fiscal penal Gonzalo Vega. “La verdad es que estoy sumamente preocupada por toda esta situación y sin embargo no soy yo la que está presa. Estamos bastante indignadas con todo esto”, comenzó relatando esta mañana Macarena Villena, también integrante de la Red de Profesionales. Al momento de publicar esta nota, la médica fue liberada.  Consultada acerca del por qué de la detención, contó: “El contexto se da en una interrupción, en este caso no voluntaria, sino legal del embarazo, dada la edad gestacional que era de 22 semanas. En este sentido, cuando pasan las 14 semanas, no hay un cambio en la legislación. Sigue siendo la interrupción bajo causales. En este contexto, la colega practicó una interrupción bajo estas causales en que se acompañó, además, de un equipo interdisciplinario”. En Argentina, la ILE existe en la legislación desde 1921. Esta contempla el aborto legal bajo dos causales: que el embarazo sea producto de una violación o que éste implique un peligro para la salud física o psíquica de la persona.  En 2020, el Congreso nacional sancionó la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14. Pasadas esas semanas, operan automáticamente las causales de la ILE. Y continuó: “Había familiares que estaban en desacuerdo con que la usuaria realice la interrupción, pero por ser mayor de edad, la paciente ejerció su autonomía aun en contra de la voluntad de la familia. Que es lo que legalmente corresponde. A raíz de esto, los que realizan esta denuncia son los familiares. Con una denuncia falaz, hablando de que la obligó a la usuaria a realizar el aborto, cuando hay un consentimiento legal y hay un registro en la historia clínica. Por esto, lamentablemente la usuaria va a tener que salir a declarar. Lo cual es sumamente violento”. Justicia patriarcal No sorprende enterarse que el abogado que actúa como querellante es el mismo que actuó  en una denuncia contra un ginecólogo acusado de abuso sexual. —Existen dos ejes en este tema. En primer lugar la justicia patriarcal, encarnada por estos personajes y, por otro lado, una sociedad conservadora, con un tinte religioso muy fuerte. —Lo considerábamos un territorio bastante hostil hasta el momento. Estamos bastante acostumbradas las compañeras a violencias, que en este momento nos parecen bastante menores. Pero esta situación nos resulta sumamente grave, sumamente preocupante. Necesitamos que el Ministerio de Salud se expida y nos garantice nuestra seguridad porque no se puede trabajar así.  La problemática del 0800 Hay muchos llamados a la línea del 0800 que no son respondidos. De acuerdo a los números de consultas que se reciben desde la Línea Nacional de Salud Sexual, el 25% son reclamados, es decir, personas que no han podido acceder a la práctica en tiempo y forma.  “Claramente no hay un compromiso institucional ni político como para que podamos estar de manera más eficaz. Nosotras, cuando se sancionó la ley en enero, como ya veníamos trabajando desde la Red, acompañando lo que en este momento era ILE, nos pusimos a disposición del Ministerio para poder armar un trabajo que sea más efectivo. Proponíamos un sistema de trabajo en equipo, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de lo solicitado ante el Ministerio de Salud”, dijo Villena. Para finalizar, expresó: “En la militancia feminista que hay que estar más atentos, porque si bien si es ley la interrupción voluntaria del embarazo, siempre hay que estar atento a la aplicación de esa ley, claro. Pero en este caso es mucho más grave todavía, porque estamos hablando de derechos que ya estaban garantizados antes de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo en la que estaba permitido acceder a ese derecho por causales”.

La jornada número 92 de la Megacausa, en la que debía comenzar el alegato de la Fiscal  Gabriela Sosti, fue suspendida después de un debate acerca de si los 20 imputados tienen que estar presentes en esta instancia.  El TOF N°1 de San Martín deberá resolver la situación de cara al próximo miércoles. En el cierre de la transmisión de La Retaguardia, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti mostró su indignación. A las quejas de las partes acusadoras por las ausencias, se sumó la dolorosa situación que sorprendió a las partes cuando el secretario del TOF, Matías Ferrari, se retiró acongojado al enterarse de la muerte de su madre. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Lucrecia Raimondi ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Captura Transmisión La Retaguardia Una de las audiencias más esperadas del juicio comenzaba en la mañana de este miércoles. Con la etapa testimonial concluida y después de una ampliación de cargos para algunos de los imputados del juicio, el Ministerio Público Fiscal a través de Gabriela Sosti debía comenzar su alegato. Durante esta etapa, las partes acusadoras repasan lo ocurrido a lo largo del juicio y expresan la acusación formal que realizan contra los 20 imputados en este tramo de la Megacausa de Campo de Mayo. Antes de comenzar con su alegato, Sosti advirtió que ninguno de los imputados estaba conectado a la plataforma virtual y lo hizo notar al Presidente del Tribunal, Daniel Omar Gutierrez. Los defensores dijeron que se harían cargo de transmitir lo alegado por la Fiscalía a sus representados. Sin embargo, Pablo Llonto, abogado querellante de familiares de las víctimas, presentó una reposición para objetar que la audiencia no podía continuar sin la presencia de los imputados. A ese pedido adhirieron el resto de las querellas y también el MPF. Luego, tomó la palabra Juan Carlos Tripaldi, defensor oficial, quien manifestó que las personas acusadas en el juicio tenían la posibilidad de elegir estar presentes o no en esta etapa. La audiencia fue suspendida y el Tribunal deberá resolver para el próximo miércoles si le exige a los imputados presenciar y escuchar los alegatos o si podrán ausentarse como en el día de hoy. Fue una jornada sumamente accidentada en la que, además, uno de los secretarios del Tribunal, Matías Ferrari, se enteró del fallecimiento de su madre cuando la audiencia estaba comenzando. Inmediatamente, Gutierrez dio sus condolencias y le dio permiso para que se retirara. Ferrari se levantó acongojado y fue sustituido por Amaro Torres. Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó. Este hecho pareció haber jugado también en la decisión del Tribunal de no definir la situación de los imputados con un cuarto intermedio durante la misma jornada. Luego del final de la audiencia, Gabriela Sosti se sumó para el cierre de la transmisión en vivo de La Retaguardia.  Sosti dio su pésame para el secretario Ferrari. Para la auxiliar fiscal, la audiencia debería haberse suspendido de inmediato: “Es un dolor. Es un compañero que durante dos años y medio estuvimos trabajando ahí, codo a codo, cada uno en su lugar. La verdad que yo esperaba que automáticamente, al mismo momento, el Tribunal suspendiera. Creo que es lo que corresponde, no se puede alegar en el medio de un luto”, razonó. Sosti definió como un “escándalo” el pedido del defensor Tripaldi para que el Tribunal dispense a los imputados y les permita no asistir a la etapa testimonial del juicio: “Se están naturalizando cuestiones básicas basadas en errores, incluso en errores procesales groseros como el que manifestó el defensor. Se naturaliza que en los juicios de lesa humanidad, si los imputados no quieren estar, no están. El momento del alegato es el momento de defensa material por excelencia, porque es la acusación final. Una falacia que utiliza el defensor oficial es decir que la defensa material está en el momento de la lectura del requerimiento, como si el requerimiento fuera la acusación”, dijo la fiscal sin ocultar su molestia, y continúo: “Si esto fuera así, ¿para qué hay debate? Acusamos y defendemos con el requerimiento y listo entonces. A la acusación la perfecciona el alegato. La defensa material más plena es la de escuchar el alegato, porque no se dice lo mismo que se dijo en el requerimiento. Y no solamente tiene el derecho a escucharlo sino que tiene la obligación. El artículo 366 del Código Procesal Penal dice que el imputado asistirá, no hay posibilidades. Parece que los abogados defensores han naturalizado una interpretación o han derogado de facto ese artículo y entienden que hay facultades. No hay ninguna facultad. La interpretación literal del Código dice ‘el imputado asistirá’. No dice ‘podrá asistir’. Entonces ese es el origen. La madre de todas las desgracias que tuvo este juicio hoy fue no entender o no haber interpretado correctamente el Código Procesal”, arremetió la representante del MPF. “Los acusadores no castigamos” En su intento de justificar la ausencia de los imputados a los alegatos, Tripaldi increpó a las partes acusadoras. El defensor planteó la posibilidad de que en el deseo de la fiscalía y las querellas hubiera una suerte de venganza o búsqueda de castigo para los imputados: “Otra cosa que deslizó artera y taimadamente el defensor, fue plantear: ‘que estén escuchando es una forma de castigo’. Yo no sé qué tiene en la cabeza el defensor, pero eso es agresivo. Es bárbaro, es espantoso decir una cosa así. Francamente, es espantoso, porque es poner en intención de las acusadoras semejante cuestión. Los acusadores no castigamos. Pedimos justicia. Esa expresión es decididamente repudiable. No puede decir es un defensor y mucho menos un defensor oficial. Es una falta de respeto profesional lo que hizo”, señaló.   Sosti apuntó también contra el Tribunal, que en ningún momento le avisó a las partes ni libró oficio alguno sobre la ausencia en esta instancia de los imputados. La fiscal se enteró de esta situación en el momento previo a iniciar su alegato: “Estaba poniéndome dispuesta, arreglándome la gola para ponerme a alegar y

Cuadras y cuadras de personas: organizaciones sociales, movimientos populares, partidos políticos, personas autoconvocadas y las familias. Que cada vez son más, y cada vez gritan más fuerte. Más allá de la pandemia, la 7ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, copó el centro porteño. Adelante de todo, una bandera con más de 250 obras de arte en las que se reflejaban las caras de pibes y pibas asesinadas por la policía. Abrazos, saludos, encuentros. Crónica de una jornada de memoria y clamor de justicia. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Natalia Bernades/Virginia Chaile/La Retaguardia  A las cuatro de la tarde comenzó la caminata, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo, al canto de “Yo sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la policía”, “El policía es un cagón, con un fierro y una bala, defiende a los que tienen plata, mientras el pueblo va a prisión…”. Y así, entró la gran marcha a la histórica Plaza, mientras una voz desde el escenario, la de Juan Diego Rossi, sobreviviente de Cromañón, recitaba poesías y cantaba contra el gatillo fácil, las desapariciones en democracia, los travesticidios, entre otras consignas. Una voz que vale por todas, esencia popular de un acto que escapa a la imposición de referencias y de nombres, que se arma entre todes y para todes. Fue entonces cuando Gonzalo Hormaechea (hermano de Nahuel Hormaechea), Nancy Sosa (madre de Ismael Sosa), Emilia Vassallo (madre de Paly Alcorta) y Silvia Bignami (madre de Julián Rozendgardt, víctima de Cromañón), comenzaron con la lectura del comunicado. Una extensa puesta en común del genocidio invisibilizado que mata a nuestras pibas/es todos los años. Una responsabilidad que el Estado parece no querer asumir, y que desde la Marcha se vuelve cada año una furibunda condena popular.  Se recordó a las niñas argentinas asesinadas por el Estado paraguayo y se insistió en la aparición con vida ya de Lichita. Entre testimonio y testimonio, las familias recordaron y homenajearon a los fotógrafos fallecidos recientemente, Reinaldo Ortega y Nicolás Avelluto, quienes siempre acompañaron a la marcha. Hicieron un reconocimiento a La Retaguardia, por estar desde la primera marcha cubriendo las actividades y acompañando a las familias; como así también a todos los medios y reporteros/as que con su trabajo suman a la difusión y visibilidad de las causas. Entrada la noche nos fuimos yendo de la Plaza, con las voces de esas madres y familiares que por un rato vuelven a traer los nombres de quienes fueron asesinadas/os en nuestros oídos. Esta marcha tan genuina, única, que al mismo tiempo que denuncia, repara. Porque para ellas poder contar lo que les pasó es una forma de encontrar un poco de justicia popular. Porque esa plaza llena que repudia y acompaña, que les grita “fuerza mamá” cuando alguna se quiebra, es quizás el tribunal dónde vamos entre todes construyendo una realidad distinta. Esta lucha no termina con la Marcha, sino que vuelve a empezar. Para que el próximo año no haya ni una bala más, ni una piba ni un pibe menos.

La activista, politóloga y co-fundadora de “Rebelión o Extinción Argentina”, dialogó con el programa radial A mí no me importa. Allí habló acerca de la situación ambiental de Argentina y la falta de políticas por parte del Estado. También convocó al #25A, la manifestación contra el acuerdo porcino que se realiza mañana a las 14 en la Embajada de China y en otros sectores del país. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Lorenzo Dibiase ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero La politóloga y activista Flavia Broffoni habló sobre la fuerza que está tomando la lucha colectiva de organizaciones ambientales, activistas y personas autoconvocadas contra la situación ambiental que se vive en Argentina y a nivel mundial. “Hay un territorio levantado. Despiertos y despiertas ya estábamos, pero ante la profundización de algunos síntomas que están demostrando que no tenemos ni un segundo más para seguir boludeando con este tema, el territorio se moviliza. El miércoles 18 de agosto llegaron al Congreso un grupo de treinta y seis kayakistas, remeros y remeras que salieron desde Rosario. Estuvieron siete días remando, 350 kilómetros hasta llegar a Buenos Aires, para que los recibieran en el Congreso y les den un estado de situación sobre la tensión que parece no resolverse alrededor de la Ley de Humedales. Una ley que viene negociándose hace años, que está cajoneada desde noviembre pasado y que, de no tratarse este año, una vez más pierde estado parlamentario. Y a raíz de los incendios del año pasado en el Delta del Paraná, las organizaciones se autoconvocaron en una coordinadora, que es la Multisectorial por los Humedales, donde decidieron radicalizar un poco el estilo del reclamo entendiendo que la política no está respondiendo”, dijo.   —Cada vez es mayor el acceso a la información y la sociedad está más al tanto de lo que sucede con el medioambiente. Pero el Estado parece seguir yendo a contramano y se intensifica el agronegocio, la megaminería. ¿Cómo ves ese choque entre los reclamos populares y las decisiones estatales?   —Es interesante porque es una de las discusiones que tenemos hoy en los activismos, acerca de cuán buenas son algunas noticias. Por ejemplo, yo aprecio un montón a la gente que está trabajando en la Dirección de Agroecología, son el dream team de la agroecología. Pero me pregunto: crear una dirección sin presupuesto, sin poder político, con una limitada capacidad de acción, ¿es un gesto político relevante? Lo digo, teniendo en cuenta que al mismo tiempo te sacan 55 resoluciones que pretenden avanzar sobre las zonas de exclusión ambiental, que es una lucha histórica de los pueblos fumigados para generar barreras alrededor de las poblaciones rurales. La gente de Somos Monte Chaco me contaba cómo están calculando desde el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) la capacidad productiva de alimentos para personas que tendría el predio que están destinando para instalar las megafactorías de cerdos. Si la superficie que está destinada hoy a negociar con China solo para exportar animales  se cultivara para darle de comer a la provincia más pobre del país, con los niveles más altos de desnutrición, alcanzaría para alimentar a dos millones de personas. Entonces, es imperioso que desde los activismos conservemos el foco. Porque nos distraen con pequeñas buenas noticias, que son celebrables, pero no tenemos que perder el eje de la atrocidad que está sucediendo hoy con la profundización de todos estos modelos. Celebramos la gran cosecha de soja y trigo que estamos obteniendo este año. Ahora, con un Río Paraná en su peor nivel histórico, todo ese grano no se puede exportar. El gran desarrollo agroecológico que tenemos en nuestro país está en un nivel de subutilización muy atroz y cada vez saca más ventaja el agronegocio, con nuevos trigos, maíces, papas transgénicas, que además dependen de venenos para su existencia.   —En la distopía que vos presentás en tus publicaciones, del mundo en el que vivimos y en el que podemos vivir en el futuro, ¿con qué pensás que nos podemos encontrar si seguimos por este camino?   —No quiero ser apocalíptica, pero cuando cruzas la información empírica, los registros científicos de lo que está sucediendo, no hay una imagen que pueda ser amable frente a lo que nos depara el futuro próximo. Porque nuestra experiencia de vida está cruzada por un proceso global de aceleración en el declive de todos los indicadores de biocapacidad (la capacidad que tiene la tierra de producir ‘bienes y servicios’ ambientales y absorber impactos). Durante los últimos 40 años, todo esto se aceleró y profundizó en niveles nunca antes registrados. Pero claro, nuestra experiencia de vida nos muestra cada vez más tecnología, más confort, PBIs (Productos Brutos Internos) cada vez más altos. Entonces es muy contraintuitivo concebir la posibilidad de que el futuro próximo vaya a ser como en la película Mad Max. Ahora, mirás la información y pareciera que estamos en ese camino irreversible. Ante esto, siento que tenemos que mirar al problema a la cara, en su peor versión, prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Si seguimos mirando el futuro distópico y seguimos metiendo la cabeza bajo la tierra, va a ser la profecía autocumplida. Ahora, si miramos el futuro distópico a la cara, pensemos que tenemos que planificar política pública, como si este escenario fuera el real. Ahí es donde radica la enorme potencialidad que la organización colectiva podría tener, cuando se concibe en un proyecto común que básicamente es no ir a la extinción. Por eso yo me enojo con la política, ya no podemos meter más la cabeza bajo la tierra. Que digan la verdad sobre el estado de situación. Y déjennos también a les ciudadanes concebir qué elecciones queremos tomar ante esta transición inevitable. La ciencia empírica es indiscutible, ningún científico dice ‘vamos a estar mejor’. Es un presente distópico y de posverdad absoluta, y nos dicen que vamos a volver a una normalidad que no existe más y que, además, nunca tuvo nada de normal.   —Es una pelea

Cynthia Ottaviano, una de las directoras de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA) dialogó con el programa radial La Retaguardia. La doctora en Comunicación aportó una mirada sobre los medios públicos y se refirió a la construcción del código de ética para la TV Pública, a las distintas normativas que crearon el actual escenario mediático y al trabajo colectivo como guía para alcanzar una comunicación democrática que surja desde las bases. La dicotomía entre medios públicos y medios del gobierno de turno. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Diego Adur Pensar los medios públicos en cuanto al sentido de “lo público” y su relación con la organización del mundo simbólico, implica abordar una tarea de priorización y creación de nuevas metodologías para diseñar políticas viables y efectivas en el campo de la comunicación. El actual contexto comunicacional es resultado de un largo proceso normativo que luego de muchos años de paralización, se vio modificado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26.522 (LSCA), sancionada en 2009. Posteriormente, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU 267 y 268, entre otras normativas) sancionados en 2015, provocaron un nuevo movimiento en sentido contrario a la LSCA; aunque solo la derogaron parcialmente, apuntaron a los aspectos más desmonopolizadores de la ley. Estos últimos, sumados a la Resolución 5644/2017, entre otras, concretaron un gran retroceso de los derechos conquistados a partir de la Ley de Medios y potenciaron la concentración. Frente a este escenario, una de las integrantes del Directorio de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA), Cynthia Ottaviano, junto a trabajadores y trabajadoras de la televisión pública, representantes de los medios comunitarios, alternativos y populares, sindicatos, el sector académico y otros actores especializados, avanzan en la construcción de un Código de ética para los medios públicos: “¿Cómo es posible que a 70 años de creación de la televisión en la Argentina, —que además tenemos que subrayar que el nacimiento de la televisión en la Argentina es el nacimiento y la creación de la televisión pública ha sido un hecho de vanguardia por parte de una decisión política de Juan Domingo Perón—, no hay un código de ética? Podemos encontrar muchas respuestas de por qué quienes trabajamos en los medios de comunicación, específicamente quienes trabajan en los medios públicos, no han hecho un acuerdo con las audiencias. Hay una marcada mercantilización en la Argentina, una profunda conceptualización capitalista en cuanto al reconocimiento de que la comunicación es un negocio cuando en realidad es un derecho humano. Además, hace que el avance que han tenido quienes gestionan desde el ámbito privado con fines de lucro la comunicación no se hayan dado la autorregulación, que en otras partes del mundo sí. Ni siquiera para quedar bien, que es lo que pasó en la Argentina. Ni siquiera por un factor de prestigio lo han hecho”, señaló la periodista. Ottaviano habla respecto al modo de construcción del Código de ética que intentarán presentar para el 17 de octubre de este año (cuando se cumplan los 70 años de la televisión pública), y que se propone ser abordada de modo colectivo y asegura: “La propuesta siempre estuvo enfocada a incluir distintas voces desde las bases empoderadas, con la premisa central de que la ética no se construye desde el poder, sino desde las bases. La misión es enorme porque el código apunta a ser una herramienta que debe recopilar principios fundamentales para las actividades relacionadas y el tratamiento responsable de temas múltiples teniendo como eje a la comunicación como derecho humano. Y no solo hay que construir un Código de ética sino que luego hay que ponerlo en marcha y tener acciones que estén acorde a ese código. Así que, cuando fui Defensora (del Público) lo intenté, hicimos una sistematización de los códigos de ética de buena parte del mundo occidental y una publicación que son ideas y orientaciones hacia un código de ética, pero fracasó. Estamos hablando de un código de ética, de cuál es la ética, en base a qué principios nos vamos a regir en diálogo con nuestras audiencias, cuál es nuestro pacto comunicacional, cuál es nuestra identidad”, remarcó. Con los sindicatos Sobre la inclusión de distintas voces, que implica una manera de abordar la construcción de modo dinámico y flexible desde los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública, “la idea es generar mesas de debate con especialistas, referentes, expertos y expertas de los distintos ámbitos de la vida social, cultural, de los derechos humanos, con los sindicatos y la apertura a quien no esté encuadrado sindicalmente también, pero la idea es que además sea un proceso. Vamos a darnos seis meses para construir colectivamente este código de ética. En una primera parte escuchar distintas miradas sobre la comunicación, las problemáticas, las ausencias, las necesidades. Y después de reflexionar, poder definir cómo tiene que ser ese primer código de ética, qué contenido tener y luego en distintos encuentros generar un espacio de reacción colectiva. Además, están participando los sindicatos: SIPREBA, APJ, el SATSAID, el ISAL, entre otros. Además participan los medios comunitarios, populares y alternativos, como el aporte de ustedes, de La Retaguardia, que ha sido sustancial con respecto a la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad y justamente tenemos que debatir el párrafo que hace referencia a la necesidad de cobertura y de priorizar y jerarquizar las voces de las víctimas, de los familiares, de testigos. También se han sumado a la iniciativa especialistas de Argentina, de organismos internacionales, y de otros países, como Brasil, Colombia, México, Uruguay. Y ahora estamos en el proceso de escritura”.  Como “obrera de la palabra” y trabajadora de los medios, la especialista en comunicación, se refirió a los aportes que han realizado varias redes de medios alternativos, teniendo en cuenta que en este hecho inédito de redacción colectiva de un código de ética se debate sobre la necesidad de adoptar nuevas reglas de juego en los planos laboral y simbólico de la actividad: “La verdad es

Gabriela Mansilla, mamá de Luana, la primera niña trans en obtener su DNI con género autopercibido, reflexionó acerca de las niñeces travestis-trans y la invisibilización por parte del sistema educativo y del Estado. Laura Taffetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, habló del festejo comercial del Día de las Infancias mientras que en Argentina más de la mitad de los niños y niñas crecen en familias pobres. Ambas pasaron por el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Julián Bouvier/Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El Día de las Infancias tiene por lo general un fin de festejo con una fuerte impronta mercantil y de consumo. Los juguetes como objetos garantes de felicidad se instalan a través de las publicidades en las calles, comercios e incluso en los medios. Sin embargo, existen otras realidades y miradas poco reflejadas en los medios tradicionales de comunicación.  Niñeces trans Gabriela Mansilla, la mamá de Luana, la primera niña trans en obtener su DNI con género autopercibido, describió cómo viven, desde su mirada, las niñeces hoy en nuestro país. “Las infancias resisten y padecen este mundo. Esta sociedad y este sistema capitalista. De hecho el famoso ‘Día del Niño’ es una fecha comercial, donde tenemos que salir a gastar lo que no tenemos. Y me pregunto si con estos índices de pobreza que hay en el país, todos los niños y niñas van a recibir algún regalo. Seguimos reproduciendo además las lógicas de la cocinita rosa para la nena y el superhéroe para el campeón azul. Y vale destacar que no en todos los lugares donde se comercializa, se habla de ‘Día de la Niñez’. ¿Qué hacemos con esas niñeces? ¿Cuán estructuradas están nuestras niñeces en estereotipos de género? ¿Cuántas voces se están escuchando? Yo creo que todavía no tienen ningún lugar las niñeces”, dijo. La presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres se refirió también al funcionamiento del sistema educativo. “Las niñeces también padecen la educación. Tanto las niñeces trans, travestis, como las cis género. Tenemos una educación que no está encuadrada en la realidad actual. Ya ha caducado, quedó en el pasado. Ni siquiera teniendo hace 15 años (desde 2006) la Ley de Educación Sexual Integral se puede trabajar con esa perspectiva. Hay una resistencia enorme que viene de los sectores más conservadores, pero que también bajan desde el Estado. Hay una decisión de no ampliar la mirada. Y es muy peligroso, porque la escuela no solo tiene que alojar y albergar a las niñeces travestis, trans, no binarias, sino que también tiene que educar a la sociedad que después las mata, las castiga constantemente, planteó. Y remarcó que a pesar de las leyes y los cambios logrados en el sistema educativo, las modificaciones no se llevan a cabo en todas las instituciones. “Hay excepciones de docentes copados y copadas, pero no son la regla. La escuela sigue expulsando y replicando la misma violencia, de más de 100 años atrás. Sería bueno que toda la sociedad reclame eso, y todavía no sucede. Solo lo hacemos los sectores más perjudicados. Y quizá nos ponen un parche, como si fuese que nuestras niñeces se desprenden de lo normal y hay que atender esa urgencia porque no les queda otra. No se toma a la infancia ni a la diversidad como parte de la raza humana, sino como ‘algo’ que se desprende y que jode atenderlo. Es una sociedad que a través de la educación que tiene y de la cultura que se replica, ha naturalizado tanto las violencias que no las podemos detectar, todavía”, agregó Mansilla. La autora de “Yo nena, yo princesa”, el libro que relata la historia de su hija Luana,  habló de las dificultades que se encuentran a la hora de aplicarla ESI en las escuelas. “No tiene que ser más la voluntad de la Dirección de la escuela. Esto tiene que ser a nivel nacional. Tiene que salir del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Educación de cada provincia. Tiene que ser una normativa, tener un contenido que les aloje, porque las niñeces travestis-trans ya están en el aula, y no pueden esperar más. No hay nada para ellas. Tenemos la Ley de Identidad de Género, pero en el 65% de las escuelas públicas y privadas del país no conocen la ley o no la saben aplicar. Y si quieren aplicarla, se encuentran con un montón de obstáculos para poder hacerlo. Entonces no hacen nada. El año pasado tuve reuniones con el ministro de educación Nicolás Trotta. Le hemos presentado todo el trabajo que realizamos en Infancias Libres, todos los cuadernillos, libros, láminas, todo lo que hemos realizado autogestivamente, y todavía estamos esperando que lo vuelquen en algo. Todo este tiempo, esta burocracia, es la vida de nuestros hijos e hijas. Es la vida de niñeces que evidentemente importan menos que el resto. Es lo que dice siempre la comunidad travesti-trans: ‘Hay vidas que importan y vidas que no’. Estas vidas les vienen a incomodar y a obligar a pensar otra estrategia, y se están tomando un tiempo difícil de sostener. Es muy doloroso”, dijo. Y contó cómo transita Luana educación en la escuela secundaria: “Mi hija sostiene estar en una clase con un contenido biologicista, un contenido que la expulsa y la violenta. Y lo puede seguir haciendo porque estoy yo acá al lado. Pero pensemos en otras niñeces trans-travestis que no tengan familia, o que no lo pueden decir. La escuela tiene que poder decir: ‘si tu familia no se da cuenta o no te acompaña, nosotres te vamos a acompañar y vamos a intentar trabajar con tu familia, y te vamos a proteger en aula, para que nadie se burle de vos’. Eso todavía no está sucediendo. Y esto implica calidad de vida. Porque todo lo que padecen ahora lo van a acarrear por el resto de sus

Lo determinó un informe de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico. Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto, estuvo a cargo del estudio que se realizó en 2020. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, Aissa brindó detalles del informe y precisó cuáles serían las consecuencias a futuro. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico La Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico realizó un informe sobre la presencia de glifosato en la zona y sus consecuencias. El estudio en concreto fue llevado a cabo en niños y niñas de entre 5 y 13 años, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba a 50 kilómetros de la capital, en el Valle de Paravachasca. Se realizó en 2020, en dos etapas de muestreo y en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos para el trabajo del agronegocio en zonas aledañas al pueblo.  Desde la Asamblea denunciaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en detrimento de la salud de toda la población. La imagen de la activista ambientalista Sofía Gatica intentando impedir las fumigaciones en esta parte de Córdoba y su posterior detención quedará para el recuerdo de muchos y muchas.  “Desde el ámbito privado y desde mi laboratorio hacemos análisis toxicológicos y clínicos. En este ámbito ofrecemos el servicio de la toxicología en sangre y en niños, y desde el área genética estudios de genotoxicidad. En ese marco, la localidad de Dique Chico nos contacta y realizamos los estudios también de plaguicidas de los que esa comunidad relata son los más utilizados en la zona y fundamentalmente en los cultivos de soja que se llevan adelante”, explicó Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En referencia a los daños que podría ocasionar el glifosato en términos generales, Aiassa puntualizó: “Cuando uno trabaja con niños tiene una ventaja, que es sacar la mayoría de los factores de confusión que puede tener una persona adulta. Por ejemplo si una persona adulta fuma tiene alterado el daño en su material genético, o si toma bebidas alcohólicas, medicación. En cambio, en los niños, como no tienen todo eso, uno puede atribuir o asociar el daño al agente tóxico que se encuentra en el ambiente o en su propio organismo. En el caso de Dique Chico nosotros buscamos glifosato y AMPA (ácido aminometilfosfónico), que es su metabolito que es la sustancia que se degrada, porque son las sustancias arrojadas al ambiente cercano donde viven. Son geografías muy particulares que se repiten en otras zonas de la provincia, donde el sector urbano limita con los campos de cultivo donde arrojan distintas sustancias químicas. El glifosato no es el único, son mezclas que se utilizan de herbicidas e insecticidas. Cuando encontramos esto en los organismos tienen un valor de daño aumentado, y se ha visto en las muestras que hemos hecho. Si esto a mediano o largo plazo se mantiene, el daño ocasionado no se repara en el organismo. La probabilidad de que se desarrolle algún tipo de cáncer es mayor. En personas adultas se observan problemas reproductivos con infertilidad, malformaciones. En los niños, es un sistema de alerta, y el daño genético podría ser reversible”.  Cabe mencionar que hace cinco años la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 dispuso a pedido de productores locales la suspensión de la Resolución 242/17, que establece la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de mil metros a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana. Así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno, Anexo Bajo Chico ubicados aproximadamente a 1.500 kilómetros del pueblo. Gracias a la organización vecinal de manera asamblearia y pese al continuo embate del lobby del agronegocio, se logró una medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con agrotóxicos, pero solo en un radio de 500 metros alrededor de la escuela, y no para toda la comuna como pedían las y los vecinos. Por último, la especialista advirtió: “Desde la salud observan un aumento  en los cánceres que en otro momento veían como raros. Y que si existen daños aumentados quiere decir que hay una sustancia que lo está causando. Resulta interesante ver cómo otras localidades que no tienen estas características ambientales tienen un daño genético menor. Negar que se provocan daños en la salud en Dique Chico es no querer ver la realidad”. DESCARGAR

Se trata de Horacio Luis Ferrari, quien había sido liberado en 2019 durante el juicio ESMA IV, en el que además logró evitar que lo condenaran recusando al tribunal. Ahora la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar su libertad a partir del pedido de la querella que encabezan el sobreviviente Carlos Lordkipanidse y la hija de Rodolfo Walsh, Patricia, en representación de la querella de Justicia YA! (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: La Retaguardia. El informe que deja en evidencia que Ferrari estuvo destinado en la ESMA desde el 28 de enero de 1977 El camino de Horacio Luis Ferrari, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y nunca condenado en los tramos anteriores, parece conducir a toda velocidad a la cárcel. Con los votos mayoritarios de Ricardo Lorenzetti, Horacio Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema de Justicia aceptó el Recurso de queja presentado por la querella colectiva de Justicia YA!, y ordenó al Tribunal que dictara un nuevo fallo. Ferrari, conocido con el apodo de Pantera dentro de la ESMA, afrontó el tramo IV del juicio como acusado. Incluso su abogado defensor, el histriónico negacionista Guillermo Fanego, llegó a alegar extensamente a su favor, mientras Casación tramitaba un pedido de recusación de los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti. Cuando salió la resolución a su favor, a días del veredicto, Ferrari quedó fuera del juicio, a la espera de que otro tribunal lo juzgue. El tribunal de alzada también había rechazado el pedido de revocar su libertad, concedida por Tribunal Oral Federal N°5 en mayo de 2019, en pleno juicio. Entonces la querella encabezada por Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Patricia Walsh, que representa al Colectivo Justicia YA! y también reúne a integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, decidió presentar una queja a la Corte Suprema. Incluso tuvieron que juntar 40 mil pesos para poder acceder al derecho al fallo. Ese pedido también fue acompañado por el Fiscal en la instancia de Casación Raúl Pleé. Para Ariel Noli, abogado de esta querella junto a Adrián Krmpotic “el fallo es lógico, porque además como fundamento del recurso utilizamos un fallo de la misma Corte en un caso análogo de poco tiempo atrás. La implicancia del fallo es muy buena porque necesariamente el TOF tiene que emitir una nueva resolución judicial respecto de la liberación de Ferrari en el medio del juicio, por lo que entendemos que corresponde que vaya a prisión”. Ahora los nuevos jueces del TOF deberán resolver sobre el tema. Si bien Ferrari cuando fue liberado contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria, sería esperable que llegue a juicio sin privilegios, y en una cárcel común. Así lo pidió la querella horas después del fallo de la Corte.