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Se trata de Horacio Luis Ferrari, quien había sido liberado en 2019 durante el juicio ESMA IV, en el que además logró evitar que lo condenaran recusando al tribunal. Ahora la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar su libertad a partir del pedido de la querella que encabezan el sobreviviente Carlos Lordkipanidse y la hija de Rodolfo Walsh, Patricia, en representación de la querella de Justicia YA! (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: La Retaguardia. El informe que deja en evidencia que Ferrari estuvo destinado en la ESMA desde el 28 de enero de 1977 El camino de Horacio Luis Ferrari, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y nunca condenado en los tramos anteriores, parece conducir a toda velocidad a la cárcel. Con los votos mayoritarios de Ricardo Lorenzetti, Horacio Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema de Justicia aceptó el Recurso de queja presentado por la querella colectiva de Justicia YA!, y ordenó al Tribunal que dictara un nuevo fallo. Ferrari, conocido con el apodo de Pantera dentro de la ESMA, afrontó el tramo IV del juicio como acusado. Incluso su abogado defensor, el histriónico negacionista Guillermo Fanego, llegó a alegar extensamente a su favor, mientras Casación tramitaba un pedido de recusación de los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti. Cuando salió la resolución a su favor, a días del veredicto, Ferrari quedó fuera del juicio, a la espera de que otro tribunal lo juzgue. El tribunal de alzada también había rechazado el pedido de revocar su libertad, concedida por Tribunal Oral Federal N°5 en mayo de 2019, en pleno juicio. Entonces la querella encabezada por Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Patricia Walsh, que representa al Colectivo Justicia YA! y también reúne a integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, decidió presentar una queja a la Corte Suprema. Incluso tuvieron que juntar 40 mil pesos para poder acceder al derecho al fallo. Ese pedido también fue acompañado por el Fiscal en la instancia de Casación Raúl Pleé. Para Ariel Noli, abogado de esta querella junto a Adrián Krmpotic “el fallo es lógico, porque además como fundamento del recurso utilizamos un fallo de la misma Corte en un caso análogo de poco tiempo atrás. La implicancia del fallo es muy buena porque necesariamente el TOF tiene que emitir una nueva resolución judicial respecto de la liberación de Ferrari en el medio del juicio, por lo que entendemos que corresponde que vaya a prisión”. Ahora los nuevos jueces del TOF deberán resolver sobre el tema. Si bien Ferrari cuando fue liberado contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria, sería esperable que llegue a juicio sin privilegios, y en una cárcel común. Así lo pidió la querella horas después del fallo de la Corte. 

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva publicó ayer el Reporte sobre Causas judiciales contra la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención post aborto. El documento detalla las acciones judiciales que pretenden declarar la inconstitucionalidad de la norma. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 📷 Fotos: Natalia Bernades/Bárbara Barros/Virginia Chaile/Archivo La Retaguardia Desde enero de 2021 se presentaron en fueros federales y provinciales acciones de Amparo que pretendían declarar la inconstitucionalidad de la ley 27.610. También se interpusieron medidas cautelares para suspender su aplicación en todo el país. Hasta ahora se presentaron 34 causas. La Justicia se expidió y rechazó 22 de estas demandas. Del resto, 8 se encuentran a la espera de pronunciamiento judicial y cuatro fueron desestimadas. Las acciones fueron presentadas en las provincias de Buenos Aires, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Chubut, La Pampa, San Juan. Además, hubo 5 causas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En cada una de las intervenciones del Ministerio de Salud de la Nación se ha enfatizado en que la Ley 27.610 es una norma que ha sido debatida y aprobada democráticamente por el Congreso de la Nación y que constituye una política pública de gran relevancia en términos de salud sexual y reproductiva. Asimismo, se ha expresado que la suspensión de la vigencia de la Ley 26.710, afectaría gravemente el interés público en tanto el aborto es una garantía de derechos humanos y una cuestión de salud pública altamente sensible al acceso oportuno y de calidad a los servicios de interrupción voluntaria (IVE) e interrupción legal (ILE) del embarazo”, establece el texto publicado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Les falta legitimación Las decisiones judiciales que han rechazado estas acciones, principalmente se fundan en que no se ha demostrado la existencia de una controversia, por lo tanto, no cuentan con legitimación activa.  La Justicia federal y provincial entendió que la mera petición de un ciudadano o ciudadana de que se respete el orden constitucional o legalidad no resulta suficiente para habilitar un proceso y la actividad jurisdiccional. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que la demostración de un perjuicio en concreto es necesaria para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma. No es no Este documento no hace más que reafirmar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, conquista llevada a cabo por el movimiento feminista desde hace décadas. La Justicia es clara al marcar los argumentos por los cuales los planteos de inconstitucionalidad y suspensión de la norma de IVE no son viables.  Desde que el Congreso sancionó la 27.610 nos plantamos firmemente a decir: “La IVE no se toca”.

Lo dijo Claudia Rivera, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar, en su paso por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. Allí se refirió a la represión que sufrieron las organizaciones que se manifestaron el pasado jueves en la Municipalidad de Lomas de Zamora en reclamo de trabajo digno, obras públicas en los barrios y reconocimiento de los merenderos populares. También contó de la persecución y los allanamientos que sufrieron los días siguientes. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Germán Romeo Pena El pasado jueves la Policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió la manifestación que llevaban adelante distintas organizaciones barriales frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora. Entre los reclamos estuvo el pedido de reconocimiento y recursos para los comedores y merenderos de la zona, que se avancen con las obras hídricas para garantizar agua potable y mejorar la red cloacal y que se garantizara trabajo genuino a los vecinos y vecinas del lugar. Claudia Rivera, integrante del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez)- Votamos Luchar, contó cuáles fueron las exigencias por las que la agrupación se manifestó aquel día: “Nuestros barrios están totalmente abandonados, con falta de obras públicas. No tenemos cloacas ni agua potable. Y lo que nosotros siempre fuimos a pedir fue trabajo genuino. Le presentamos a la Municipalidad proyectos para construir veredas en nuestros barrios y nunca nos respondieron nada. Les pedimos que reconozcan nuestros merenderos y tampoco. La respuesta de Insaurralde (Martín, intendente de Lomas de Zamora) fue reprimirnos”. Y graficó la ferocidad de la represión: “Todavía tenemos una compañera a la que aún no le sacaron los balines que recibió cerca del ojo, porque no se desinflama. Tenemos compañeros que les han sacado balines en sus partes íntimas. Tenemos compañeros golpeados”.  Rivera contextualizó: “Lo del jueves era una movilización más de las que venimos realizando hace meses. Tuvimos el acampe en Puente La Noria, cerca de las fiestas del año pasado. Sumamos el reclamo de los desalojos a las 300 familias de la Ribera y de los manteros a los que no dejan trabajar en Olimpo. Esta represión es la gota que rebalsa el vaso. Insaurralde nos mandó a sus patotas, unos grandotes que se enfrentaron con nosotros. Después nos mandaron a la policía. Nosotros nos quedamos ahí, tranquilos. No íbamos a hacer nada. Y en el transcurso de minutos nomás, comenzaron a tirarnos gas pimienta, a patearnos, a golpearnos y a balearnos”. Por otro lado, Claudia dijo que el viernes comenzaron a recibir llamadas extrañas de gente de la Municipalidad, que se hacían pasar por periodistas y que al rato empezaron a pasar patrulleros que los miraban. “Y el sábado a la madrugada, mientras un grupo de cinco compañeras estaban trabajando, ingresaron a uno de nuestros comedores, en el barrio Juan Manuel de Rosas, policías de civil que bajaron de patrulleros, sin placas, pidiéndonos identificación. Solo uno tenía uniforme, que era el subcomisario. Y nos pedían nuestros chalecos, carteles, banderas. Nos decían que buscaban armas de fuego, combustible, cosas absurdas. Al mismo tiempo, allanaron otro merendero en Olimpo, Villa Albertina, donde había una compañera con sus hijos trabajando en el panificado”. Y resaltó: “Nosotros tenemos un compromiso con los niños, con las familias de los barrios, que es garantizarles alimento. El Municipio tendría que estar ahí”.  A partir de la repercusión que tomó el hecho, la Municipalidad adelantó la reunión propuesta para el próximo jueves (12 de agosto) para el mismo lunes (9 de agosto) a la tarde. En la “mesa de diálogo”, la Municipalidad se comprometió a visitar cada merendero. “Les mostramos los barrios con más necesidad, y la urgencia de generar obras públicas, veredas, agua potable, cloacas, asfaltar caminos. Ellos patearon el problema, diciendo que de eso se encarga el gobierno nacional. Hoy (martes 10), comenzaron a visitar algunos de nuestros merenderos y también nos prometieron trabajo para nuestras cooperativas. Nos dieron otra reunión para la próxima semana. No sabemos si es por la campaña electoral, pero bajaron y empezaron a pisar los barrios”, cerró Claudia Rivera.

Lo dijo Santiago Levin, médico psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), en su paso por el programa Sueños Posibles de La Retaguardia. Allí se refirió a la situación de la salud mental en Argentina y a la invisibilización que existe por parte de la sociedad y el Estado. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: SportelliA   Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), manifestó la postura de la APSA respecto a la Ley de Salud Mental que actualmente rige en nuestro país: “No estamos en contra de la Ley, pero hacemos algunas objeciones importantes. Por ejemplo, el artículo 12 dice que ‘la medicación farmacológica no debe ser nunca utilizada como castigo’, lo cual nos parece un innecesario pasaje antipsiquiátrico, ya que nosotros nunca la usamos como castigo. También estamos en desacuerdo con los institutos monovalentes y lo que sí proponemos es la eliminación completa de los manicomios. Manicomio significa abandono, exclusión, olvido. Pero nuestra práctica clínica nos indica que las instituciones especializadas siguen siendo necesarias, adaptándolas al siglo XXI, porque la urgencia psiquiátrica, que es muy común y cada vez más frecuente, en nuestro sistema suele ser rechazada en los hospitales generales, que no están preparados para recibirlas. Algunos pocos sí lo están, pero la gran mayoría no. Entonces, una cosa es pensar la transformación en términos ideales, y otra cosa es la realidad clínica”. Levin aseguró que la transformación en salud mental en Argentina tiene características predominantemente retóricas, pero no reales ya que no se cuenta con los instrumentos intermedios, las casas de medio camino, las residencias asistidas y los equipos de intervención en crisis: “¿Qué se hace cuando sucede algo como lo de Chano (Charpentier) el otro día? Que pasa todo el tiempo, solo que no repercute a niveles públicos porque están protagonizadas por personas anónimas. ¿Quién interviene? ¿Qué pasó con el caso del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)? Donde ‘un loquito’ con un cuchillo terminó matando a un policía y el policía matando al paciente, generando una situación verdaderamente dramática, con pérdida de todos lados. ¿Qué pasó con ese señor en situación de calle, intoxicado por alcohol, que recibió una patada en el pecho, por parte de un personal policial, cayó hacia atrás, pegó con la nuca en el asfalto y falleció pocas horas después? ¿Qué hacemos con todo esto, más allá de la Ley?”, se preguntó el médico. Y continuó: “Porque este es el punto central. La realidad no se cambia con leyes. Las leyes acompañan movimientos de transformación, pero la transformación es una decisión política que necesita cambios muy puntuales e intensos. Una planificación en salud pública, que implica una reconsideración de cuál es el rol de la salud como valor social y como derecho, que en nuestro país tiene tal estatuto. Entonces, en vez de pensar qué cerramos y qué abrimos, tendríamos que estar pensando qué es lo que queremos para nuestra sociedad en materia de salud, y luego pensamos cómo lo vamos organizando. Pero con un presupuesto tan bajo, con un personal insuficiente, con falta de equipos de intervención de urgencia, con hospitales generales que en su mayoría no están preparados para la urgencia psiquiátrica, este tipo de situaciones se seguirán repitiendo. Ahora, cuando esto sucede y adquiere repercusión pública, aparecen distintos sectores, a veces corporativos, a veces con intereses privados, a tratar de sacar una tajada. Lo que tenemos que proteger y custodiar es el derecho de la persona que está atravesando una crisis mental grave, a recibir la atención que corresponde. Que nunca es un balazo en el abdomen, sino una intervención especializada para poder atender su problema de salud mental”.   El médico psiquiátrico desmintió el mito de que no se puede internar a un paciente sin la firma de un juez. “A pesar de las objeciones que muchos psiquiatras le hacemos a la Ley, que básicamente son la poca claridad para la urgencia, los pasajes antipsiquiátricos y el cierre definitivo de los monovalentes; sí sostenemos el espíritu de derechos humanos de la Ley, y ésta prevé la internación en contra de la voluntad. Sin esperar la decisión de un juez. Escuché a colegas diciendo ‘no se puede internar en contra de la voluntad si no lo autoriza un juez’. Eso es absolutamente falso. Sí se puede, y con el paciente ya internado, darle aviso al juez. Incluso hay unas cuantas horas de margen para hacerlo”, explicó. Y agregó: “Esto no significa que la situación sea fácil, porque convergen la desfinanciación, la falta de formación de las fuerzas de seguridad (que confunden descompensación mental con situaciones de delito), la falta de equipos multidisciplinarios de emergencia, la escasez de ambulancias para la salud mental, y el hecho de que la salud mental es siempre la hermana menor olvidada de los planes de salud”.   El psiquiatra destacó que es necesario una inversión para poder afrontar las emergencias en salud mental y lograr un reequipamiento en los hospitales y clínicas que lo necesiten. “Invertir en salud mental, aparentemente es poco redituable electoralmente. Entonces estamos con mucho ‘biribiri’, pero con poca realidad práctica. Están faltando medicamentos de salud mental en muchas de las guardias. Las provincias que no tienen internación, por ejemplo la de Chubut, terminan gastando una millonada pagando camas privadas de internación. Porque la urgencia en salud mental existe y necesita una atención especializada, y necesita camas. Lo cual no significa estar hablando de manicomios. Los manicomios son depósito de personas. Eso no puede existir más. Y existe por el mismo motivo que existen ‘villas miseria’, que hay más o menos 4 mil, donde viven 5 millones de personas”, comparó. Muchas personas padecen situaciones relacionadas a la salud mental y en su mayoría quedan invisibilizadas por la sociedad. Levin aseguró que sin mayor inversión y decisiones políticas al respecto la problemática no mejorará: “Las personas que padecen este tipo de situaciones son muchas, y son invisibles. Lo mismo que las personas que están

Lo dijo Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado. Señaló que la Corte Suprema dilata la causa y que “cada segundo se van perdiendo pruebas”. Heredia pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de Radio Sur y La Retaguardia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La abogada Verónica Heredia se refirió a la dilación en la causa judicial y lo que esto implica. “A veces perdemos la dimensión de los tiempos que se toma la justicia. Podemos estar toda la vida esperando. Cuántas madres y abuelas todavía siguen esperando justicia. Como Norita (Cortiñas), que todavía no sabe nada de Gustavo, y sin embargo deja la vida luchando por cada causa. Y hablamos de la época de la dictadura, pero la democracia todavía no responde”, dijo. “En el caso de Santiago van cuatro años, y aunque parece que no es mucho tiempo, pero para saber qué pasó y poder reconstruir los hechos, cada segundo se van perdiendo pruebas, se va modificando hasta la memoria colectiva de lo sucedido. Es difícil entonces aproximarse a saber realmente lo que sucedió en un determinado momento”, expresó.  La Corte de los cajones La abogada denunció que hoy no se está investigando nada en la causa de Santiago. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que contestar: ¿Qué se investiga? ¿Quién investiga? ¿Cómo se busca a una persona desaparecida? Esas tres preguntas están hace más de un año en la Corte para que resuelvan”, detalló. En noviembre del 2018 Gustavo Lleral, el segundo juez de la causa, decide archivar la causa diciendo que Santiago había ingresado voluntariamente a las aguas del Río Chubut, y allí la muerte lo estaba esperando. “Entonces, bajo este relato, lo sucedido no equivale a ningún delito. Y como él es juez penal, tiene para sí investigar hechos que puedan ser delitos. Si no es así, no tiene por qué actuar un juez penal. Y por eso él archiva la causa”, dijo. Y agregó: “Él dice que no hay nadie responsable por la muerte de Santiago. En el 2019 las Cámaras revisoras (de Apelación) tanto de Comodoro, como de Casación Penal, dicen: ‘Es cierto que no hay desaparición forzada, pero algún delito hay, investigue’, y el juez Lleral vuelve a decir que por la desaparición y la muerte de Santiago no hay ningún responsable. No solo asegura que ‘no hay desaparición forzada’, sino que ‘no hay ningún delito para investigar, porque Santiago Maldonado se murió solo’”. Teléfonos pinchados Heredia señaló que la causa caratulada como ‘desaparición forzada’ no se modificó. Que así se archivó y así está en la Corte Suprema de Justicia. Y contó: “De las cinco querellas (cuatro son institucionales y una es la de la familia), la de la familia es la única que está reclamando que nos expliquen: ¿Qué se investiga, quién lo hace y cómo se busca a una persona desaparecida?, porque en este Habeas Corpus que se inicia con la denuncia por la desaparición de Santiago, se les pinchan los teléfonos no solo a los testigos, sino también a los propios familiares, como a Sergio. No puede ser que investiguen a las personas que denuncian, o que puedan aportar información sobre una persona desaparecida forzosamente”. Crimen de Estado “La Corte Suprema de Justicia no explica cuáles son los plazos, entonces, pueden pasar 45 años sin que se investigue. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha condenado a la Argentina por la violación del plazo razonable. Y esto va incluso más allá de Santiago, porque si la Corte Suprema dijera que existen desapariciones forzadas en democracia, pone sobre la mesa que se debe investigar quién dio la orden, porque esto empieza con la privación de la libertad de una persona por parte de fuerzas de seguridad”, sentenció. La abogada profundizó acerca de las responsabilidades desde el Estado: “Ahí hay responsabilidades para que esas fuerzas de seguridad, ya sean provinciales o federales, no hayan, como mínimo, prevenido que este acto no se cometa. Ahí hay responsabilidades del gendarme, de la ex ministra de Seguridad, del expresidente, porque era el jefe de esa fuerza de seguridad. El propio Estado rastrilló y estuvo ahí más de seis veces en el lugar donde después aparece el cuerpo de Santiago”. La autopsia que no responde Heredia denunció que la autopsia no responde dos preguntas básicas para la causa: “¿Santiago se ahogó el 1 de agosto?” y “¿Santiago estuvo todo el tiempo en donde encontraron el cuerpo?”. Y continuó: “¿Cómo es entonces que el juez cierra la causa sin responder esto? Un juez que dice: ‘A mí la familia me provoca violencia moral’, ¿puede ser un juez imparcial?”. La abogada desmintió la versión oficial, aportando algunos datos: por un lado, aseguró que el único lugar de escape que tenía Santiago en el momento de los disparos de la Gendarmería era el Río Chubut, “que es muy angosto, poco profundo, con aguas cristalinas y sin mayores movimientos”. Por otra parte sostiene que ella y la familia ya habían estado ahí antes del 17 de octubre (día en el que apareció el cuerpo), en ese mismo lugar, y el cuerpo no estaba. “Incluso el mismo 17, más temprano estuvimos ahí, y no estaba”, recordó. Por testimonios de la gente que estaba en el Pul Lof, describió que el cuerpo apareció río arriba. “Algo que por lógica no es posible”, señaló.   Peritaje internacional “Hemos trabajado junto al Equitas (Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Piscosocial), organismo que trabaja a nivel internacional con Naciones Unidas, con la Corte Interamericana, y que tiene como especialidad las desapariciones forzadas en contextos complejos como son los ríos, ya que Colombia tiene sus ríos convertidos en cementerios, donde las fuerzas policiales y paramilitares han arrojado los cuerpos de las personas que desaparecen”, indicó. “Este equipo analizó la autopsia y reconoció que en el informe se puede ver otro ADN masculino en el bastón

Analía Kalinec es la hija de Eduardo Emilio Kalinec, genocida condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Es psicóloga y cofundadora del colectivo Historias Desobedientes, una agrupación conformada en 2017 por hijos, hijas y familiares de genocidas. Con motivo de la publicación de su libro “Llevaré su nombre: La hija desobediente de un genocida”, Kalinec pasó por el programa radial La Retaguardia y habló del proceso íntimo y doloroso de escribir sobre sus lazos más primarios y su historia personal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Editorial Marea Los mandatos familiares actúan sobre los integrantes del “clan” como un legado emocional, como creencias y representaciones que suelen operar de modo inconsciente e influir en el recorrido de cada uno. Romper con ellos muchas veces significa autoexcluirse del círculo íntimo, de las relaciones primarias y más estrechas. Analía Kalinec, psicóloga e integrante del colectivo Historias Desobedientes, relató en primera persona este recorrido como hija del genocida Eduardo Emilio Kalinec: “Yo ignoraba completamente la condición de genocida de mi padre y había empezado a escribir de manera muy ingenua e íntima. Una especie de diario íntimo donde le iba contando a los hijos que alguna vez tendría. En esa época recién estaba conociendo a quien hoy es mi compañero, estábamos proyectando una familia y empezaba a querer registrar esto para cuando tuviera hijos. Casi sin darme cuenta, de un modo inconsciente, como una manera de subsanar aquello que a mí me faltaba. Porque yo no era consciente en esa época de que me faltaba reconstruir mi propia historia. Sin embargo, aparece ese deseo de que mis hijos la tengan narrada y entonces es muy genuino cómo se ve narrado en primera persona ese proceso que me va llevando a escribir en los años 2002, 2003, 2004 y en 2005. Aparece esto de que ‘te quiero contar’ y le decía a mi hijo que en ese momento era chiquitito, ‘que el abuelito está preso, yo no entiendo muy bien porqué’. Iba poniéndole palabras siempre a todo lo que me pasaba y esto se ve reflejado en el libro”, dijo. La portada del libro tiene una imagen impactante: se ve a una Analía adolescente en la rambla marplatense dándole un beso amoroso a su papá. Conmueve porque conocemos su historia y el relato tiene una distancia enorme con lo que se puede ver en la imagen. Ante la pregunta sobre esa elección, la autora contó: “Cuando en la editorial me proponen incorporar fotos al libro, yo empiezo a buscar las pocas que tengo de cuando era chica porque quedaron en mi casa materna. En la casa de mi mamá y mi papá, y ahí yo no tengo acceso. Encuentro esta foto de Mar del Plata, yo debía tener 12, 13 años. Año 92, 93, 94. Lo más gracioso es que cuando en la editorial me muestran el proyecto de tapa yo casi me infarto”. Kalinec le planteó su desacuerdo a la editorial, la foto le resultaba contradictoria y le daba “mucho pudor”. En un intento de suavizar el antagonismo entre imagen y narración, les propuso otras foto de ella jugando en la playa y, ante la duda y la mezcla de emociones, lo consultó con uno de sus hijos: “Gino, que es el más grande, me decía ‘Tiene sentido porque vos estás contando una historia entre él y vos, y está bien que los dos estén en la tapa’. Y ahí me terminó como de cerrar. Pero sí, entiendo que impacta”, afirmó.  Analía es la hija desobediente de Eduardo Kalinec, condenado en el juicio sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Atlético, Banco y Olimpo, donde era conocido como el Doctor K, responsable de secuestros, torturas, asesinatos y otros crímenes. La autora escribe su libro como una declaración de principios, como un faro que la acompañe en esta búsqueda de la verdad y que le aporte la distancia necesaria para lograr la construcción y resignificación de su propia historia. En “Llevaré su nombre” incluyó una crónica de La Retaguardia sobre la audiencia de 2020 en la que Eduardo Kalinec solicitó que se le otorgue el beneficio de salidas transitorias. En esa ocasión se sumó a la querella la participación de Historias Desobedientes como amicus curiae y la voz de Analía se enfrentó al pedido de su padre. En este camino de resistencia al interior del universo familiar, Analía eligió la escritura como modo de expresión para dar a conocer esta historia rompiendo los pactos de silencio y también como parte de una trabajo introspectivo donde aparece el descubrimiento de una fortaleza en el lugar donde se señalaba una debilidad: “Yo creo que es todo un proceso de sanación. Tengo muchas faltas de ortografía y en mi caso siempre fue motivo de hostigamiento, esto de que yo escribía mal. Recuerdo en la escuela, cuando hacían un dictado siempre me sacaba nota baja o cuando escribía mi mamá me retaba porque escribía mal las palabras. Después estudié para maestra y siempre fue un complejo tener que escribir en el pizarrón o cuando corregía los cuadernitos o las carpetas de los chicos, y estar muy atenta de no tener faltas de ortografía. Esto lo fui leyendo después en mi análisis y en mis lecturas más amorosas conmigo misma como un síntoma de algo. Por eso, cuando empiezo mis lecturas universitarias en la Facultad de Psicología para mí siempre escribir era una traba y me sentía torpe escribiendo. En los exámenes escritos sentía que no reflejaba lo que quería decir, en los trabajos prácticos siempre encontraba alguna traba en esto de poder decir lo que quería expresar”, contó. Y agregó que hubo un momento en que hizo un click ya avanzada en  la carrera de psicología donde pudo observarse con la escritura a partir de un reposicionamiento subjetivo propio: “Me llevaba a no estar

Viviana Mazur, médica a cargo de la Coordinación Salud Sexual, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la Ciudad de Buenos Aires y referente del Postítulo de Especialización en Educación Sexual Integral del Instituto Joaquín V. González, pasó por el programa radial La Retaguardia. Habló acerca de la discusión por la compra de los penes de madera desde el Ministerio de Salud de la Nación, una oportunidad para hablar de ESI en nuevos espacios. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Daniela Cormick 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Bárbara Barros Mazur analizó la polémica y reforzó la importancia de enseñar el uso y colocación correcta del preservativo frente al aumento de las infecciones de transmisión sexual como la sífilis, particularmente en jóvenes. Se refirió al amplio desconocimiento de la anatomía de vulva y vagina, y el debate para instalar un modelo de vulva para trabajar en ESI y desde el sector salud. Además compartió su mirada sobre la aprobación del uso de la X en el DNI para personas con identidades de género no binarias.

El periodista Patricio Eleisegui, en su columna mensual en el programa A mí no me importa de Radio La Retaguardia, habló acerca de los proyectos de extracción de litio en Argentina, como una forma más del modelo extractivista. Además, contó algunas de las consecuencias ambientales que tienen este tipo de prácticas en nuestro país y evidenció las responsabilidades políticas que conlleva su aplicación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur Los métodos de extracción de litio, llamado también “oro blanco”, que se utilizan en nuestro país son altamente nocivos y contaminantes para toda la región. El periodista especializado en medioambiente, Patricio Eleisegui manifestó que Bolivia, Argentina y Chile, reúnen hoy más del 70% de las reservas mundiales de este metal, que se utiliza básicamente para toda la tecnología que empleamos a diario: celulares, computadoras, tablets y demás. “Es importante remarcar, ante el discurso del ‘vos te quejas de eso, pero estás usando celular’, que alrededor del 20, 30% de litio que se extrae se utiliza para la electrónica hogareña. Todo lo demás, el 70, 80% va a parar a BMW, a Audi, a las grandes compañías automotrices que están generando el ‘auto verde’ para el primer mundo, a costa de destruir el tercer mundo, como pasa siempre. Es decir, estamos hablando de un problema muy grande porque esta es una industria que está depredando estos recursos, mucho más que en los casos de las tecnologías hogareñas”, explicó el autor de los libros Envenenados y AgroTóxico.  El periodista explicó cuáles son las dos variedades principales de extracción de litio: “Primero, está el litio de roca, que es más caro de extraer. En Argentina se encuentra en Córdoba. Y después, está el de salares, que para las mineras es más fácil y barato de extraer”, informó. “Argentina, Bolivia y Chile tienen mucho litio sobre todo en la zona de los salares de la Puna, y ahí es donde se está llevando a cabo este desastre, amparado en la lejanía de los territorios, con provincias permeables y cómplices de las acciones de estas empresas. Son territorios habitados por pueblos originarios, que como sabemos, nunca son respetados”, contextualizó.  Sobre la “sustentabilidad” del litio, Eleisegui aseguró que este concepto es uno de los más viciados de la última década: “Hoy decir que algo es sustentable está lejano a bajar el uso de los recursos, de no utilizarlos cuando no sean necesarios y reemplazarlos por otros menos dañinos. En el caso del litio, es el elegido por las empresas automotrices y por las grandes industrias de la tecnología como el reemplazo de los combustibles fósiles. Están viendo que la tendencia va para ese lado y obviamente no quieren perder el mercado. Entonces son los grandes consumidores de este litio, que se utiliza en gran medida de forma experimental”, aseguró. Y agregó: “Hay un científico del Conicet, Germán Lener, que viene investigando sobre este tema y explica cómo en Europa (donde trabajó) hacen pruebas mínimas de laboratorio con litio de Argentina, porque les es un producto barato, sin tener en cuenta del desastre que se genera al recurrir a ese material. Entonces promueven autos, que no sabemos si algún día llegarán a nuestro país, desde una promesa enarbolada por las gestiones de gobierno, lo cual lo hace más preocupante aún. Tenemos Ministerios que hablan de las bondades del litio, de la ley de electromovilidad para estimular vehículos basados en estas tecnologías. Y de fondo lo que tenemos es infinidad de proyectos que se están instalando en los salares, los que ya están funcionando, una técnica de extracción realmente muy violenta, depredatoria de estos espacios, y al mismo tiempo una salida de recursos sin valor agregado, ni mucho menos. Así que no tiene sustentabilidad económica, financiera, y mucho menos ambiental”, denunció. El periodista especializado en temáticas ambientales aseguró que el peor de todos los modelos de extracción de litio es el que se utiliza en Argentina. “Se bombea el líquido que está debajo de los salares, lo que se le llama ’salmuera’, que incluye litio entre otros minerales. Se coloca en piletas, se va secando hasta generar ese cristal final, que es justamente de litio”. Y expresó: “Si buscan ‘oro cobre’ en Google, se pueden ver en la página oficial del proyecto esas piletas de la Puna donde bombean la salmuera. Este proceso es fatal para toda la zona, para la biodiversidad y para las poblaciones, porque justamente están sacando toda el agua que hay en la región. Y el salar, me comentaba Ariel Slipak (Economista por la Universidad de Buenos Aires) tiene un proceso natural de llenado, que cuando se desocupa, recurre al agua cercana para ocupar ese espacio y volver a llenarse, consumiendo todo el acceso de agua de las comunidades. Entonces quizás estas mineras no están sacando el agua directamente de los pueblos, pero al vaciar el salar, liquida las poblaciones con sus floras y faunas”.  Patricio marcó la diferencia en la extracción de este metal con otros países de la zona: “En Bolivia, por ejemplo, se trabaja de otra manera. Existe cierta protección de los recursos. El mineral del litio está considerado un recurso estratégico, protegido por ley. Hay otras políticas vigentes en el país vecino. Y como acá no, estas empresas se están aprovechando”, razonó. Eleisegui explicó cómo se da el proceso de separación de minerales y cuáles son las consecuencias que puede generar en lo ambiental. “Para generar los cristales de litio, en la separación de minerales se utilizan muchos químicos, como en todos los procesos de minería a gran escala. Esto redunda en un lodo químico que ninguna empresa declara qué es lo que hace con él, asegura Slipak. Y los otros minerales que salen, como Potasio, Boro, no están declarados y no sabemos si quedan ahí como residuo, o si la empresa los está exportando de manera ilegal, como se ha comprobado en otras explotaciones”. Y expresó que “lo que se hace es bestial y en el propio canal de

Lo dijo Laura Guinsberg, familiar de una de las víctimas del crimen y una de las referencias de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), en diálogo con el programa radial Sueños Posibles. En un nuevo aniversario del atentado, habló de la situación jurídica después de que pasaron tres juicios con condenas mínimas sólo en los casos de encubrimiento. “Después de 27 años sobran evidencias de que no se va a poder esclarecer una masacre como esta en el terreno jurídico”, planteó Guinsberg, quien apuntó al Estado argentino y sostuvo que los gobiernos que pasan siguen encubriendo lo sucedido aquel 18 de julio de 1994. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Alfredo Grande/Irene Antinori 🖥️ Edición: Pedro Ramírez Otero

Lo dijo Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en derecho informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. Allí habló acerca del concepto de “pornovenganza” y dio como ejemplo el caso ocurrido en La Rioja, donde Patricio Pioli fue condenado a 5 años de prisión tras difundir un video íntimo de su expareja. También mencionó la importancia de una ley que tipifique la difusión no consentida de material íntimo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tocco/Miriam Libertad ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Marina es presidenta y fundadora de la Fundación Activismos Feminista Digital y abogada especializada en derecho informático. A partir del término “pornovenganza” utilizado por los medios comerciales de comunicación se abrió un debate en torno a la revictimización de las denunciantes y la poca carga de responsabilidad que atribuye el término. —¿Qué es la “pornovenganza”? —Nos dejamos llevar por los titulares de todo lo que surgió en torno a la sentencia en el caso Pioli, de La Rioja, en donde la denunciante lo que hizo fue llevar a la Justicia la difusión no consentida de material íntimo que su expareja realizó al finalizar la relación. Una relación muy corta, muy turbulenta que finalmente y luego de varias amenazas, termina con esta distribución irrestricta del material que habían producido en la intimidad los dos. Los medios de comunicación titularon “Porno-extorsión,” “Ciber-extorsión”, “Pornovenganza”. Acá estamos frente auna problemática, una modalidad más de violencia machista que se da a través de esta forma; distribuyendo a terceras personas ajenas al vínculo y a la relación en la cual se produce el material, este material en formato digital que pueden ser fotos, videos con corte sexual, erótico que se ha dado en este intercambio interno. Así que la realidad es que para empezar a hablar de esto, erradiquemos la porno venganza como concepto porque está muy lejos de ser pornografía. La pornografía tiene por definición como destinatarios a los terceros y como objetivo, la excitación sexual de los terceros y este material, que trasciende la órbita de la privacidad, no está destinado a terceros, es parte del ejercicio de la libertad personal.  —¿Cuál fue la sentencia en el caso Pioli? ¿Hacia dónde deberíamos ir, en términos jurídicos, para que esto se pueda encuadrar con más claridad? —Es el punto medular en torno al caso y es que si bien también lo que tuvimos a través de los medios fue “la primer sentencia por pornovenganza”, esto en realidad tampoco fue la primer sentencia que versó sobre la difusión no consentida de material íntimo o que condenó al autor de esta difusión por esta razón. En la causa, en realidad, la víctima denuncia muchísimos actos de violencia machista que comprenden, incluso, violencia física durante el último término de la relación y una vez finalizada. Esto se pudo ver por una transmisión pública de casi todo el juicio y las audiencias. Fue abierto a la sociedad, por streaming. La cuestión es que ella denuncia un montón de situaciones de violencia machista entre las cuales se focaliza la causa en las coacciones que son amenazas agravadas, amenazas con el fin de obligar indefectiblemente a la víctima a que haga algo por el agresor para evitar un mal mayor. Esto se dio porque Pioli, el agresor, la obligó o la instaba constantemente a volver a mantener el vínculo afectivo, a no dejarlo porque él se moría, porque no podía vivir sin ella y sino, difundía su material íntimo, esta producción que tenían desde antes entre ellos dos. Esta es la columna vertebral de la causa.  —Sería chantaje… —Sí, claro. Es otra figura, pero está dentro del mismo título y tiene una relación directa esto de la afectación o de la coartación de la libertad física de alguien para procurar un bien directo o un beneficio directo del agresor. Las lesiones leves que también son el otro tipo penal de la causa,  versan  sobre los efectos psicológicos que ella ha tenido porque son lesiones leves psicológicas, todo en concurso real y todo agravado por violencia machista. Este es el foco de la sentencia, la difusión no consentida de material íntimo es una parte más del entramado de Pioli para con su víctima.  —¿Desde la Fundación ustedes analizan si sería importante que nuestro Código Penal tipifique específicamente este tipo de delitos? La Justicia, si asume una perspectiva de género, tiene herramientas legales para hacerlo. ¿Esta discusión de tipificación legal aporta o suma más ruido y desnaturaliza el delito que es el mismo? —Es una discusión entre juristas. Principalmente entre abogados y abogadas se da mucho porque “¿para qué más delitos?, ¿para qué más leyes?”. Bueno, para tutelar derechos que al día de hoy son bastante novedosos para nuestra normativa y que, además, la normativa existente puede llegar a aplicarse directamente con algo de creatividad y un poco de fuerza, pero la realidad es que cuando tenemos víctimas que sufren determinadas cuestiones, principalmente que están relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación, o sea que pertenecen a los últimos diez años de nuestro país, van a presentarse ante la fiscalía, ante las comisarías y demás, y ante la inexistencia de legislación específica les rechazan la instancia de poder denunciar. Entonces no es simplemente un “que se cristalice esto en la ley”. Esto tiene que ver con una posición que abra la puerta a que en todas las dependencias públicas que receptan denuncias o que tienen asistencia directa a la víctima puedan tomar este instrumento de la problemática y dar tutela a las víctimas. En realidad, la ley como instrumento, nunca como último fin. Es un instrumento necesario. La penalización de la difusión no consentida de material íntimo permitiría no sólo la denuncia sino también la condena efectiva a todos los varones, y digo varones porque son el 99% de los casos y las víctimas son en un 99% mujeres;