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José Lagos, un joven Qom de 23 años fue asesinado por la policía. El hecho ocurrió el 11 de junio, en el barrio Los Silos, en San Martín, Chaco. Luego, el barrio se movilizó exigiendo justicia y la respuesta fue más represión. Alejandro Romero, “Piringui”, referente del PCR en Chaco, fue entrevistado en el programa radial matutino Hasta que vuelvan los abrazos, por La Retaguardia y Radio Sur. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El crimen del joven Qom José Lagos tuvo escasa repercusión en la agenda mediática tradicional. La pueblada que siguió al crimen, muchísimo menos. Alejandro Romero es referente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) en Chaco. Esa organización tiene un intenso trabajo de base en esa provincia y específicamente con las comunidades originarias. Romero contextualiza que este asesinato se da en el marco de los 10 años del crimen de Mártires López, dirigente campesino de la Unión Campesina, parte del Comité Zonal del Chaco del PCR y suplente del Comité Central. Y que por lo tanto, el 14 de junio, en cada localidad se iban a realizar actividades recordatorias. El 12 estaban realizando el acto en un terreno del Federación Nacional Campesino (FNC), y a las nueve de la mañana se enteraron del asesinato de José Lagos, por lo que los y las militantes de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y del FNC, fueron al barrio donde sucedió el hecho. “Lo que sucedió fue un hecho aberrante, porque fue prácticamente un fusilamiento”, relata Piringui Romero. Cuenta que se encontraban 3 jóvenes en la escuela de Los Silos, tomando tereré. Llega un patrullero, baja un policía de civil, saca su 9 mm y abre fuego. Da certeramente en el pecho de José, que cae muerto, y los otros dos muchachos quedan heridos. La gente del barrio, indignada, sale a enfrentar a esta policía y exige que se retiren, en lo que fue una enorme pueblada. Ese mismo día se hace un corte de ruta con más de mil personas, militantes de distintas fuerzas, pidiendo que bajen las autoridades de la Provincia, tanto la Ministra de Seguridad, como de Derechos Humanos. Que baje el equipo forense, porque se impidió que se hagan cargo los forenses de San Martín, ya que los policías de ahí están implicados en el hecho. Entonces el cuerpo, dolorosamente, estuvo custodiado por la comunidad hasta las 18.00 horas, tirado ahí en la escuela.    Relata que lo acordado entre la familia y las organizaciones fue hacer un petitorio que incluye el pedido de destitución de la cúpula policial, prisión para los policías que asesinaron a José, que la autopsia se haga en condiciones. La comunidad pide que se retire la Comisaría del barrio, porque lo único que hacen es provocar. “Se está acompañando a la familia, que está formando parte de los cortes de ruta que se están realizando. Esperamos que el gobernador nos de una entrevista y reciba a los hermanos, a los padres, a los tíos, y que se tomen cartas en el asunto y se haga lo que se tiene que hacer con esta policía que provocó una asesinato a sangre fría, un caso de gatillo fácil y siempre sobre las comunidades originarias, que además tienen que soportar la estigmatización de los medios. Se dice que son delincuentes y eso es totalmente mentira. Son un pueblo trabajador, con una cultura y una historia muy profunda”, dice Alejandro y agrega: “se está haciendo también un corte grande donde están las iglesias también, para pedir memoria, verdad y justicia y que el gobierno provincial no titubee y tome las medidas que tiene que tomar de índole política y de reordenamiento de esa policía que es la que hostiga a los pueblos originarios”.   Además, Romero aclara que los dos chicos menores que están heridos fueron cuidados por la comunidad. Uno de ellos tiene una herida de bala en su brazo y otro está herido de bala en la rodilla. “Ellos recién fueron atendidos el día 13, porque no estaban las condiciones de seguridad para que sean bien atendidos. Recién cuando se logró hablar con autoridades provinciales se tomaron las medidas en el hospital para que sean atendidos debidamente. Pero los dos pibes tienen balas en su cuerpo”, asegura el militante del PCR.   Por último, refleja que el gobernador Jorge Capitanich, parte del Frente de Todos, todavía no se expidió, y esperan que lo haga. “Según dicen extraoficialmente se ha removido a la cúpula policial, pero todavía no hemos visto la resolución. Lo otro que sabemos es que están detenidos los policías, pero nosotros queremos que se investigue a fondo. Acá hay videos, hay testimonios de las comunidades que tienen que ser anexadas a ese expediente y que haya juicio y encarcelamiento a esos policías que han cometido tal aberración”, concluye Alejandro Romero.

La sobreviviente uruguaya relató en su declaración los delitos sexuales que fueron cotidianos en El Campito. Con crudeza, dolor y entereza, Fernández declaró desde Uruguay, país en el que nació y al que regresó después de Campo de Mayo pero aún bajo sometimiento. También reconoció al imputado Villanova después de ver una foto de Gustavo Molfino publicada por Página 12. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele ✍️ Textuales: Mónica Mexicano / Noelía Laudisi de Sa / Agustina Sandoval Lerner 📺  Cobertura del juicio: Fernando Tebele / Diego Adur 📷 Foto de portada: Transmisión de La Retaguardia Griselda Fernández vive en Uruguay. Allí debió regresar después de haber estado detenida-desaparecida durante el Terrorismo de Estado en la Argentina. Tiene pelo corto, lleva gafas rojas y un abrigo de lana turquesa. Está tranquila y decidida. La experiencia de otras declaraciones anteriores —demasiadas, dirá después Griselda— ya la han preparado para lo que vendrá. Luego de los primeros formalismos y del juramento de decir verdad que le toma el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín, Daniel Omar Gutiérrez, es la representante del Ministerio Público Fiscal, Gabriela Sosti, quien inicia las consultas. De movida se nota que será una jornada dura. Le avisa a Griselda que no va a pedirle que vuelva a contar todos los detalles de su secuestro, sino que quiere centrarse específicamente en lo que fueron las agresiones sexuales que sufrió durante su cautiverio ilegal en El Campito, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más tenebrosos del país. Otro de los puntos que le importará a la fiscal Sosti es la participación de los gendarmes en esos delitos y la responsabilidad que tenían en la custodia de los y las prisioneras del centro clandestino.   Fernández fue secuestrada el 24 de noviembre de 1976 en la casa donde vivía con su esposo, su madre y sus hijos, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Después de sufrir un simulacro de fusilamiento en una zanja, la llevaron a Campo de Mayo: “En ese momento me llevan a El Campito y ahí primero estuve en una barraca más chica, que es donde estaban las carpitas, y luego paso a una de las barracas. Mientras tanto se da, obviamente, el tema de la tortura psicológica, la tortura física, el abuso sexual”, asevera. Durante su cautiverio, Griselda pudo identificar a varios de los represores que cumplían funciones en Campo de Mayo y por eso es tan importante su testimonio en este juicio. Uno de ellos, Néstor León López, alias “El Alemán”, la mantuvo en cautiverio, obligándola a sostener una relación bajo terror que se extendió hasta 1982, incluso en Uruguay… López era el “responsable” de las personas del PRT-ERP que estaban secuestradas en Campo de Mayo. Al poco tiempo de su secuestro, se produjo la primera situación de abuso sexual: “Una noche se mete alguien adentro de mi carpa con la intención de violarme. Entonces, se mete adentro de mi carpa, yo ahí reacciono y me empieza a manosear, pero mi reacción fue de rechazo y de grito. Yo en ese momento empecé a los gritos, a las patadas, a armar un ruido importante hasta que esa persona no puede consumar la violación y se va. Yo sé que muchas de las compañeras que pasaron por allí no tuvieron esa suerte. Tuve la posibilidad que de alguna manera el tipo, el violador, se asustó y se fue. Era una persona a la que yo no puedo identificar con nombre pero era una persona baja, tenía mi altura, flaco, morocho, pelo negro; y se fue. Obviamente que ahí hubo complicidad de la guardia porque nosotros siempre teníamos guardias de gendarmes”, relata. Este último dato es el que despierta el interés de las próximas preguntas de la fiscal, que intenta desentramar la participación y responsabilidad de algunos gendarmes en las torturas a las personas secuestradas. Griselda dice que “no era un gendarme de la guardia de la barraca donde yo estaba. Obviamente que los gendarmes eran los que mantenían la seguridad limítrofe, la guardia en ese sentido. Pero no era del lugar donde yo estaba, del galpón donde yo estaba”. Quienes sí custodiaban la barraca donde estaba Griselda, “le permitieron entrar, obviamente” y después de la huida del violador “nadie se acercó a preguntar nada y a decir absolutamente nada”.  “El momento ideal” Griselda cuenta que la ocasión elegida por los abusadores para cometer los delitos sexuales era cuando las prisioneras estaban recién llegadas al centro clandestino, y de noche: “Se decía que muchas veces las violaciones se realizaban cuando las mujeres recién llegaban a El Campito. Era el momento en el que, generalmente, había menos gente, porque llegaban de noche, y era donde se producían muchas veces las violaciones. No significa que no se produjeran durante el día y eso es lo que se decía. Hubo, en una oportunidad, un jefe de gendarmes que le decían ‘El Alpinista’. No sé con qué sentido, llamó una por una a las mujeres que estábamos ahí en la carpa, y no sé si llamó a las de las barracas, para preguntar si habían sido violadas porque estaban haciendo una investigación. Realmente me pareció absurdo por el hecho de que eso era como moneda corriente”, se lamenta. No se trataba solo de convivir con el terror a ser abusada, sino que esa situación era común a todas las mujeres cautivas en ese lugar: “Había un gendarme al que le decían ‘Napoleón’, que pude verlo porque pude levantarme la capucha. Él siempre venía. Una de las chicas, que no sé el nombre, estaba detenida por montonera. Cada vez que ella volvía decía que la tenían parada, la desnudaban y la violaban reiteradamente. Eso fue lo que yo vi, ahora, lo que se decía de él es que era una persona totalmente desagradable, obviamente no tenía moral. A ese hombre no le importaba ni guardar las apariencias”, escupe Griselda y demuestra el asco en el

El Tribunal Oral de Menores 2 condenó a dos años de prisión en suspenso al policía Luis Chocobar, quien asesinó a Juan Pablo Kukoc de varios tiros por la espalda en 2017. Luego de escuchar el veredicto por celular, la familia exigió una condena justa a una justicia que, aseguran, jamás lo fue ni lo será. Por Colectivo de Medios Populares (*) “La justicia no es justa. Destrozaron a una familia”, lamentó Ivón Kukoc al escuchar el veredicto del juicio por el asesinato de su hijo Juan Pablo. La primera reacción fue la del llanto desconsolado de la impotencia. Ivón, abrazada a sus nietos y a sus hijos Belén y José, en su casa en la localidad bonaerense de Lanús Este, recibió la decisión de la Justicia por videoconferencia. El aislamiento impidió que estuvieran contenidos y apoyados por familias que sufrieron situaciones similares, y debieron ver la transmisión del veredicto por la pantalla de un celular, en su casa. Mientras que quienes alientan las políticas como la Doctrina Chocobar, rompieron las restricciones e igual se acercaron a la puerta de los Tribunales de Comodoro Py con carteles y cánticos de apoyo al policía que asesinó por la espalda a Pablo, a sus 18 años. El Tribunal Oral de Menores Nº2 condenó a Luis Oscar Chocobar a la pena de 2 años de prisión en suspenso y a 5 años de inhabilitación para cumplir funciones en las fuerzas de seguridad, por encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento del deber. Las últimas palabras de Chocobar fueron que para él cumplió con la ley. Afuera declaró a los medios de comunicación: “El corazón se me quiere salir porque es muy injusto. Estoy tranquilo porque está acá la gente que me apoya y me quiere. La Policía de la provincia tiene unos huevos impresionantes”. En el mismo veredicto, el menor acusado de intento de homicidio en ocasión de robo fue condenado a 9 años de prisión efectiva.  Ivón está disconforme con el veredicto, pero a la vez se siente tranquila porque no absolvieron a Chocobar y el asesino de su hijo recibió una condena. “La Justicia no existe y menos para personas pobres que no tienen la plata o contactos para moverse. Yo esperaba una condena justa que lo inhabilite, que él no sea más policía y que pase por lo menos un día en la cárcel. Eso iba a ser bastante para mi familia, que él sienta lo que es estar así, solo, triste, vacío y que capaz ahí hubiera tenido la capacidad de pensar y ver si puede seguir viviendo con lo que hizo, porque en realidad pasó de ser un policía a ser un asesino”. El tope de años para el delito por el que condenaron a Chocobar es de 3 años, excarcelables, como había pedido la fiscalía. Los jueces no le dieron la máxima, tampoco lo absolvieron. El policía de Avellaneda hubiera quedado libre de todos modos, por el tipo de delito con el que se lo juzgó -exceso en el cumplimiento de un deber-. Excepto que el tribunal hubiera aceptado condenarlo con la tipificación que pidió la querella -homicidio doloso agravado por abuso de sus funciones-. Pero más allá de los tecnicismos, en definitiva, Chocobar recibió una condena de la Justicia. “Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo”, enfatizó Pablo Rovatti, titular del Programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos y representante de Ivón Kukoc como parte querellante.  “La condena impide que Chocobar siga siendo policía y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado. Eso es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad: ningún policía que mata a tiros por la espalda a una persona que huye está justificado. Nadie que haga eso cumple con su deber, sino exactamente lo contrario”, aseveró Rovatti. Y aclaró que “en este caso no se juzgó a ‘la policía’, sino a un funcionario concreto que abusó de su función y privó arbitrariamente de la vida a una persona”. La familia Kukoc sufrió el hostigamiento de los medios hegemónicos de comunicación, de sus vecinos del barrio y también de la Policía. Sin ir más lejos, mientras los canales de televisión hacían guardia en la puerta de su casa, llegaron efectivos de la Policía de Lanús y se dirigieron a Ivón de forma hostil intentando impedir un corte de calle que no iba a suceder. “Ya sabemos quiénes son ustedes”, impartieron los policías. “Nos dicen que ya saben quiénes somos, como si hubiéramos hecho algo malo. Después de todo esto, ya sé cómo sigue. Sentimos miedo porque en algún momento se va a acabar esta cuarentena y vamos a tener que hacer una vida normalmente, mis hijos van a tener que salir a comprar e ir al colegio. También nos perjudicó mucho porque la policía siempre nos hostiga a nosotros y a mi familia”, contó Ivón y relató que tuvo que cambiar a los chicos de escuela por situaciones de acoso: “Cuando iban a la escuela, influenciados por los padres, los chicos los trataban como los hermanos del asesino de La Boca, del que quiso matar a un turista”. Ya son casi cuatro años en que la familia Kukoc sufre la pérdida de Pablo. Hay días que se sienten quebrados y no quieren nada más que ver a su hijo, a su hermano, a su tío, que no está entre ellos porque un policía lo asesinó por la espalda. Ivón lo describe como un vacío que no van a poder llenar con nada. “Estos años fueron muy duros para nosotros porque nuestro hermano no va a volver nunca. Para mí en el momento que mi hermano murió como que se nos partió el corazón a nosotros. Están sus sobrinos que

El sociólogo Daniel Feierstein publicó recientemente el libro “Pandemia, un balance social y político de la crisis del Covid-19”. Allí hace un balance del proceso que comenzó hace ya más de un año. En su paso por el programa radial La Retaguardia, reflexionó acerca de la coyuntura actual, los posibles escenarios en el horizonte local y cómo se configura el mapa político y social de cara a lo que sigue de la pandemia en un año electoral. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Pedro Tato 💻 Edición: Fernando Tebele —La Retaguardia: Escribir sobre la pandemia en tiempo real es una apuesta y más en formato libro. ¿Hay una necesidad urgente de reflexionar sobre la pandemia? —Daniel Feierstein: Sí, es un ejercicio complejo pero la idea era esa. No hacer futurología, cosa que sería medio inútil en este contexto, sino parar la pelota y tratar de pensar. Proponernos un balance de lo que pasó es una herramienta fundamental para poder abordar lo que viene. El eje del libro es un poco ese: por un lado una pandemia, que es un fenómeno evidentemente social y depende de los comportamientos. A su vez los comportamientos se basan en lo que podríamos llamar una disputa por las representaciones, cómo nos contamos lo que está pasando. Entonces el objetivo del libro no es solo entender sino incidir en esa disputa, para entender cómo nos estamos contando lo que está pasando y qué influencias tienen esas representaciones en lo que somos o no somos capaces de hacer. —LR: El contexto es complejo no solo desde lo sanitario sino también desde lo económico. En las barriadas populares la están pasando muy mal y el Estado está prácticamente ausente ¿Cómo se resuelve esta crisis desde lo político? —DF: A ver, el problema de fondo es no haber entendido el nivel de catástrofe con el que confrontamos y, entonces, no tomar medidas suficientes ni a nivel sanitario, ni a nivel político, ni económico. A mí me sorprende realmente el nivel de responsabilidad y de solidaridad de los sectores populares, que pese a estar pasándola muy mal, no estamos teniendo ni grandes explosiones, ni saqueos, ni respuestas de ese tipo. Con lo que está mostrando paradójicamente un enorme nivel de responsabilidad, que está en contradicción con la irresponsabilidad que muestran los sectores que más tienen, que incluso han buscado en algunos casos judicializar la mínima contribución extraordinaria que se propuso el año pasado y que es totalmente insuficiente en relación a la situación que requiere pensar seriamente una redistribución del ingreso, que es la única manera de poder afrontar esta situación en un sentido socio-político y con alguna chance de ir superándola. Después tenemos toda la parte más técnica, si querés, de las distintas respuestas sanitarias. Pero, la complejidad sociopolítica y económica te complejiza esa respuesta, porque de pronto algunas de las más costosas, como una cuarentena muy firme y prolongada por seis o siete semanas, que es lo que realmente en algunos lugares ha logrado una reversión muy significativa de la curva de contagios, requiere un nivel de inversión económica que es imposible sin plantear formas de redistribución del ingreso. Son totalmente posibles en la sociedad argentina, porque tenemos sectores que se están enriqueciendo como nunca, ni que hablar el precio de los commodities o las empresas de comunicaciones, pero requiere poner esas cuestiones sobre la mesa. —LR: Vos decías recién que el gobierno no asume la catástrofe en la que estamos. Ahora, justamente quienes están en el Gobierno nacional son los no negadores de la pandemia, todo el tiempo están diciendo que esto es grave y que tenemos que cuidarnos. Es raro porque se entendería lo que vos decís si estuviera el macrismo en el poder… —DF: Es muy bueno lo que decís, y yo en el libro planteo que esto genera en la sociedad argentina una de las situaciones más difíciles. Igual yo no me refería solo al gobierno, sino a la enorme mayoría de la estructura política, que incluye al gobierno y a la oposición de manera distinta. Porque tal como decís, tenés sectores de la oposición cada vez más importantes que están en una actitud de negacionismo absoluto y no fue así al comienzo de la pandemia. Entonces, pareciera que si analizas lo discursivo, los sectores del gobierno son los que le dan algún lugar a la comunicación de la gravedad de la situación como al intento de tomar algunas medidas. Pero, si sacas eso de la discusión de la grieta y de la discusión con los negacionistas, te das cuenta que en el tipo, en el modo, en el estilo y en la inversión de las medidas adoptadas, hay también un nivel muy grande de negación en el sentido de realmente no poder observar la gravedad de la situación y lo que ello requiere. Por supuesto todo es relativo en ese sentido, si lo comparás con una persona que te están diciendo que esto es una gripecita, que no existe o que podemos seguir haciendo todas las cosas como si no pasara nada y que total no va a pasar nada, podríamos decir que no es negador tratar de implementar algunas restricciones. Pero, el problema es este, incluso comparando con respuestas de Estados más negacionistas, como los casos de Estados Unidos o Brasil, vos tenías gobiernos que optaron hacer como que la situación no existía, pero entonces también tenías una enorme reacción social que se enfrentaba a esto buscando mostrar y denunciar la gravedad de la situación. En una situación como la actual, donde a un gobierno que no reconoce la gravedad en sus acciones que lo corren desde el negacionismo, casi que no te deja espacio para aquellas fuerzas que podrían plantear poner sobre la mesa la gravedad de la situación. Quizás ese lugar lo tendrían que ocupar las organizaciones sociales o las fuerzas de izquierda. No se ve una gran reacción que le esté exigiendo al gobierno otro tipo de medidas, tanto desde lo sanitario como desde lo económico. —LR: Año electoral,

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento presentó una acusación contra dos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, para llevar adelante el jury por lo absolución de los femicidas de Lucía Pérez. En diálogo con el programa radial Hasta Que Vuelvan Los Abrazos, Guillermo Pérez, padre de Lucía, habló sobre el caso y opinó de la perspectiva de género en la Justicia. También contó acerca de la muestra “El cuarto de Lucía” realizada en Mar del Plata y que ahora se puede ver en el museo Petorutti de La Plata. (Por La Retaguardia)   🎤 Entrevista: Julián Bouvier/ Irene Antinori ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Natalia Bernades En 2018 los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale absolvieron a los acusados de abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez -Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel-. La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires acusó a Gómez Urso y a Viñas de “negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta”. —La Retaguardia: Sabemos que se anuló el fallo que absolvía a los tres acusados del femicidio de Lucía y que se abre el camino para un nuevo juicio. Contanos cómo llegan esas novedades y qué está pasando con el caso. —Guillermo Pérez: Se anuló la queja que había hecho la defensa a la Suprema Corte de Provincia. Queda una instancia más que puede ser, por ejemplo, alguna otra apelación de la Defensa y ahí ya estamos, después de esa apelación, en condiciones de empezar a pedir la fecha de juicio. —LR: Es muy importante resaltar que dos jueces que dictaron la sentencia fueron acusados por negligencia, incumplimiento de deberes de funcionario y parcialidad manifiesta por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Irán por la separación de estos jueces? —GP: Sí, en el jury vamos por la separación. Yo creo que entre el miércoles y el jueves ya se terminan los plazos porque la Defensa de estos jueces tiene que hacer un escrito de defensa y, ya después de eso, nosotros estamos en condiciones de pedir la primer fecha de jury. Por el delito que cometieron estos jueces, incumplimiento de funcionarios públicos, también tenemos que pedir que sean apartados del cargo.  —LR: Estamos hablando de los jueces Gómez Urso, Viñas y Carnevale que son integrantes del Tribunal N°1 de Mar del Plata y que son los responsables de que no se haya impartido justicia en el caso de Lucía y en un montón de otros casos similares -o no tanto- de injusticia en Mar del Plata y toda la zona. —GP: Sí. De todas maneras, dos jueces van a ir a jury. Carnevale no porque se jubiló anticipadamente. La salida se la dio María Eugenia Vidal en su gobierno, porque los últimos que firman la salida de los jueces son los gobernadores. Entonces, por eso a Carnevale no lo podemos llevar a juicio. El cambio es para Lucía y para todas —LR: Recordemos que la Corte está integrada por los jueces Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Sergio Gabriel Torres y la jueza Hilda Kogan . Es un fallo que cambia el criterio porque dictaron que faltó perspectiva de género. Es un fallo  importante para tener en cuenta, sobre todo porque en la Provincia de Buenos Aires la perspectiva de género, por lo general, no se considera. ¿Qué pensás al respecto? —GP: Yo creo que ya se viene viendo la perspectiva de género desde el fallo anulado que dio Casación. Ya lo vienen haciendo y la Suprema Corte de Provincia también lo está viendo. Esta Justicia tiene que tener un cambio en violencia de género y yo creo que ellos al ver la perspectiva de género, están viendo las cosas de la manera que las tienen que ver. Como digo yo, es muy difícil ser mujer en esta época y ellos más que nadie tienen que ver esa perspectiva y tienen que estar adheridos a los cambios que se están viviendo en este país. —LR: ¿Cómo sigue la lucha de la familia Pérez por conseguir justicia?. ¿Cuáles son los próximos pasos en los cuales podemos acompañar? —GP: Los pasos en los que ustedes nos pueden acompañar como periodismo es apoyarnos, porque este cambio se está generando para Lucía y para todas. Entonces eso es lo que nosotros pedimos; que nos apoyen. Entre todos podemos generar un cambio, porque solos no podemos. Nosotros ya hace cuatro años y medio que venimos pidiendo justicia por Lucía y la familia ya está cansada. Estamos un poco cansados, pero también queremos ver que se haga justicia por ella porque sino va a ser un crimen impune más. Hasta el momento es un crimen impune, ahora estamos viendo de que no sea impune, de que Lucía tenga su justicia.  —LR: Esto refuerza la lucha de otras personas que están padeciendo lo mismo. ¿Cómo se vinculan con  familiares que atraviesan la misma situación?  —GP: Cuando nos encontramos con ellos nos encontramos con toda la gente que ha perdido hijas e hijos: los papás de Carla; los papás de Melina; con Gustavo Melman. Con todos. Por ahí hablamos otro idioma pero, por ejemplo, todos sentimos lo mismo y todos sentimos la falta de los hijos, ¿no? Entonces por ahí podemos llegar a entendernos un poquito más rápido que con otras personas. La lucha es de todos y de todas. Eso es a lo que apuntamos nosotros, a la unidad de las víctimas,hacer el reclamo y entre todos tratar de generar un cambio. Son las cosas fundamentales como para que este país tenga justicia en este tipo de casos. Hay algunos casos que son muy especiales; nosotros hablamos de narco-femicidios porque, como pasó con el caso de Lucía, captan a sus víctimas, torturan con droga, después violan y matan. Eso es un narco-femicidio y eso también lo

La educación ambiental, integral y transversal es ley en todo el territorio argentino desde la madrugada del viernes 14 de mayo, luego de una extensa sesión en el Senado, en la que se aprobó por unanimidad. “Esto es una luz”, dijo Jackeline Ermini, activista socioambiental de Jóvenes por el Clima en Rosario, Santa Fe. En diálogo con el programa radial A mí no me importa, la joven describió lo que significa esta ley en medio de un contexto donde los problemas medioambientales se potencian cada día. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Catalina Goldszmidt 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Virginia Chaile/La Retaguardia El Proyecto de Ley de Educación Ambiental se aprobó por unanimidad en el Senado, luego de que había logrado la media sanción en marzo en la Cámara de Diputados/as con 215 votos afirmativos, siete votos negativos y 18 abstenciones. “Es una ley de presupuestos mínimos, con lo cual se prevé que la educación ambiental sea obligatoria en todas las jurisdicciones y niveles educativos del país, adaptando el contenido para cada nivel y haciendo hincapié en las problemáticas y realidades de cada territorio en el que se la implementa”, explicó Jackeline Ermini, integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, Santa Fe. Y es que detrás de cada plan de estudios, contó la activista, estará el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) y un consejo consultivo, conformado por pueblos originarios, guardaparques, representantes de organizaciones estudiantiles y socioambientales, y hasta personas de cada región, con el objetivo de aportar información pertinente y hacer un seguimiento de los contenidos que se dan.  Si bien es un logro la aprobación de esta ley, lo que queda por delante es un camino de lucha para exigir que se implemente de forma correspondiente en todos los colegios del país. La activista la comparó  con la Ley de Educación Sexual Integral, que es similar en el modo de aplicación pero no se cumple como debería. “Nuestro mayor miedo es que pase lo mismo que con la ESI, que no se termine implementando, o que se implemente según la voluntad de cada institución y de la forma que quieran”, dijo Ermini. Y mencionó lo que sucede en algunos colegios religiosos del país, donde la ESI es aplicada según creencias o doctrinas de la institución, y planteó que esto es algo que podría repetirse con la Ley de Educación Ambiental, ya que “toca los intereses de un montón de sectores”.  Fue gracias al apoyo de una sociedad cada vez más despierta y a las campañas de organizaciones socioambientales como Jóvenes por el Clima y EcoHouse que esta ley se pudo impulsar. Pero el camino está lleno de barreras que aún quedan derribar, ya que la megaminería y el agronegocio siguen creciendo en todo el país. Una de las problemáticas urgente es la de los humedales que volvieron a arder en la zona de Santa Fe, mientras la Ley de Humedales sigue cajoneada. Ermini se refirió a las campañas que están haciendo desde Jóvenes por el Clima  para que otras leyes que son de importancia para el medioambiente, puedan, efectivamente, salir. “Nosotros venimos impulsando una agenda legislativa, para tratar de sancionar diferentes leyes… En este momento una de las principales leyes y campañas que estamos llevando adelante, que nos parece como una de las más importantes, es la Ley de Humedales”, contó. Este proyecto, que fue presentado el año pasado en Diputados/as pero que hoy en día está “cajoneado”, tiene por objetivo establecer presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar la integridad de estos espacios que son fundamentales para el ecosistema. “Hoy Rosario está de vuelta inundada de humo”, comenzó a decir la activista sobre su lugar de residencia, desde donde puede ver el humo que llega a la ciudad mientras se sigue postergando la ley. Pero la lucha sigue: “La Ley de Humedales es una ley por la que vamos a seguir trabajando hasta lograrla”, cerró.

La justicia de Gualeguaychú falló a favor de Estela Lemes, docente rural de Entre Ríos, en el reclamo por los efectos de la exposición a agrotóxicos. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, Lemes explicó que a partir de esta decisión, la ART deberá indemnizarla y hacerse cargo de su tratamiento, estudios y prácticas de salud necesarias para atender aspectos de la enfermedad que padece, provocada por las fumigaciones. La docente recordó diferentes momentos y logros en estos años de lucha personal y colectiva contra las fumigaciones con agrotóxicos y remarcó la necesidad de continuar con estos reclamos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero —La Retaguardia: ¿Cómo has recibido esta buena noticia? —Estela Lemes: Después de tantos años de espera, sabía que en algún momento iba a llegar, y cuando llegó me sorprendió. Todavía me dura la sorpresa. Sé que es algo no muy común y que va a sentar precedentes. Eso me mantiene a la expectativa a ver qué pasa.  —LR: ¿Qué otros detalles nos podés agregar del fallo? —EL: Ellos le indicaron a la ART que se tiene que hacer cargo de mi tratamiento, de estudios que yo necesite, de cualquier práctica y medicación que tenga que ver con mi enfermedad por estar expuesta a los agrotóxicos.  —LR: Para recordar, ¿cuál es tu enfermedad y cómo fue que la contrajiste? —EL: Yo tengo ya hace muchos años una enfermedad producida por exposición a los agrotóxicos, es una neuropatía aguda. Esta enfermedad le quita la tonicidad a los músculos, atrofiándolos de a poco. Se siente mucho dolor. Me ayudo con medicación, me afectó sobre todo en mi brazo derecho y en mi pierna del mismo lado. También, en algunos momentos tengo dificultad para respirar. Me agito mucho cuando hablo demasiado, cuando camino, y pierdo el equilibrio. El fallo, cabe aclarar, sale por un daño dermatológico, no reconocen la neuropatía. Sobre esto último es lo que tengo que seguir trabajando para que me permitan hacer unos análisis nuevos y que pueda hacer el tratamiento que realmente requiero. La única perito mujer, después de hacerme muchos estudios haciéndome ir cuatro o cinco veces a su consultorio, descubrió además que tengo un síndrome químico múltiple producto de haber estado expuesta a los agrotóxicos. Sobre esta nueva enfermedad tengo que ver ahora cómo tratarla.  —LR: Por otro lado, en 2019 se volvieron a modificar las distancias de fumigación en cercanías de las escuelas rurales, ¿cómo sigue eso hoy en día? —EL: Estamos pidiendo que se extienda la distancia mínimamente a lo que habíamos logrado antes, pero hay muchos intereses creados y es muy difícil que se revierta. De todas maneras, en este momento los diputados están con un proyecto de ley. Nosotros pedimos que se nos escuche, que se legisle y principalmente que tengan en cuenta las distancias. Pero mientras no le pregunten al pueblo o a quienes estamos luchando y que conocemos de lo que hablamos vamos a seguir igual. Estar detrás de un escritorio no es lo mismo que vivirlo día a día.  Lemes agregó que hasta que el fallo tuvo sentencia firme pasó días de muchos nervios. “Cuando estuve segura, ahí recién lo empecé a contar y mostrar mi alegría. Y contagiar a la demás gente de que hay que luchar. Porque si la Justicia al fin reconoce que los agrotóxicos enferman, nosotros seguimos en la lucha porque además matan”, dijo la docente. Por otro lado, también se refirió a la novedad del abandono gradual del uso del veneno clorpirifós, un insecticida creado por la empresa Dow, que se aplica en la mayoría de los cultivos de Argentina. Justamente, el que ella recibió en su cuerpo al ser fumigada. Existiría un plazo de un año para su retiro definitivo en el país.  —LR: ¿Qué fue lo primero que se pasó por la cabeza al recibir el fallo favorable? —EL: Pensé en mis hijos, quienes me han acompañado siempre. Lloré mucho, mi abogada también lloraba del otro lado del teléfono cuando me lo decía. Fue muy raro, en ese preciso momento estaba sola. Fueron muchos años de pasar cosas muy duras. De sentir al principio mucha soledad. Pensé en Fabián Tomasi, en Ana Zabaloy (docente que denunciaba fumigaciones en San Antonio de Areco y falleció de cáncer en 2019) y en tantos otros que no sé sus nombres pero que han pasado por lo mismo, y han dejado su vida por haber estado expuestos a los agrotóxicos y que no pueden ver esta victoria. Se las dedico a ellos.

En el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, entre otros lugares, fueron sentenciados 8 represores por secuestros, torturas y desapariciones contra 32 víctimas. Además, en una revisión de la sentencia por la Masacre de Margarita Belén, se condenó al excomisario Alfredo Luis Chas a 15 años de prisión por su participación en los fusilamientos ilegales ocurridos en diciembre de 1976. El fiscal a cargo en Chaco, Diego Jesús Vigay,  participó de la previa de una de las transmisiones de juicios de La Retaguardia en su canal de YouTube y brindó detalles de lo que dejaron estos fallos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Captura de pantalla de la transmisión de La Retaguardia El tercer tramo de la causa Caballero que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 32 personas en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, en la Alcaidía Policial y en la Cárcel Federal U7 tuvo sentencia: los 8 imputados, oficiales y suboficiales de la Inteligencia de Chaco y del Ejército, así como también policías penitenciarios, fueron condenados a penas que van desde los 3 años y 6 meses hasta 25 años de prisión. Las penas más bajas fueron para el jefe de guardia de la Cárcel Federal U7, César Pablo Casco, quien recibió 3 años y 9 meses de prisión, y para José Marín, exsargento de la Policía de Chaco, con una pena de 3 años y 6 meses. El suboficial Ángel Jorge Ibarra recibió 6 años; José Tadeo Luis Bettolli, exoficial de la Inteligencia del Ejército, fue condenado a 7 años y medio de prisión; a Luis Alberto Patetta, también de la Inteligencia del Ejército, le dieron 11 años y 6 meses; Francisco Orlando Alvarez, quien fuera oficial de la Alcaidía Policial y no había sido condenado en ninguna oportunidad, recibió 14 años de prisión. Las penas más elevadas las recibieron el comisario José Francisco Rodríguez Valiente y el suboficial Gabino Manader: 25 años de cárcel para cada uno y fueron considerados responsables de ejercer violencia sexual en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Chaco. Durante una de las transmisiones de juicios de lesa humanidad de La Retaguardia que se realizan por el canal de YouTube, el fiscal Diego Jesús Vigay fue invitado a participar y brindó más detalles de lo que dejó el veredicto del Tribunal Oral Federal de Resistencia: “En este juicio se trataron los casos de 32 víctimas, 28 de ellas sobrevivientes y 4 casos de desaparecidos. Fundamentalmente, fueron oficiales y suboficiales de la Dirección de Inteligencia de Chaco y oficiales de la Inteligencia del Ejército argentino. También se juzgaron casos puntuales de torturas en la Alcaidía Policial como en la Cárcel Federal U7. Por un lado, la reconstrucción de este centro clandestino de detención —la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco—, los secuestros, las privaciones ilegítimas de la libertad, las torturas y las condiciones de detención. Se juzgó también un caso de violencia sexual, reconstruyendo lo que era la sistematicidad de la violencia sexual en este centro clandestino de detención como en todos los centros clandestinos del país. Se juzgó el caso de niños que habían sido alojados en este centro junto a sus padres por algunos días. El centro del juicio fueron casos que iban desde 1974 hasta el año 1979”, comentó el fiscal.  En el balance que hizo Vigay aparece la alegría por lograr la condena de los 8 imputados en la causa y, a la vez, la frustración porque las 4 desapariciones que forman parte de las 32 víctimas del juicio no fueron probadas en la sentencia: “Se condenó a todos los imputados por 28 de los 32 casos. Es muy importante porque consolida todo el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y la reconstrucción de lo que fue este centro clandestino de detención en Chaco. Lo negativo fueron las absoluciones en cuanto a las desapariciones. Existen elementos suficientes de indicios de algún nivel de participación de quienes estaban imputados, sobre todo en las condiciones de detención que nosotros consideramos ilegales y los tormentos a estos detenidos que están desaparecidos. Se va a apelar esa parte de la sentencia”, aseguró.  El fiscal también celebró la velocidad con la que se desarrolló este tercer tramo de la causa: “Fue muy positivo que el juicio por el caso de 32 víctimas, con alrededor 40 testigos se pudo hacer prácticamente en 10 días. Se fijaron audiencias todos los días de la semana. Jueces de otra jurisdicción —los jueces Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cuello del Tribunal Oral de Santa Fe— se instalaron en Resistencia todos esos días. El presidente del Tribunal —Rubén David Oscar Quiñones— no lo pudo hacer porque no estaba vacunado, así que dirigió el juicio desde Formosa. Se pudo hacer una parte con testigos de manera presencial. Las audiencias empezaban puntualmente a las ocho de la mañana y terminaban a las tres, cuatro o cinco de la tarde. En cinco días se produjeron todos los testimonios y la semana siguiente fue la producción de los alegatos. Fue muy importante hacerlo con esa celeridad”, destacó. Impunidad biológica para genocidas y declaraciones pendientes para víctimas Vigay habló de algo que sucede en casi la totalidad de estos procesos, que tardan tanto tiempo en llegar y las consecuencias que eso genera: genocidas que mueren sin recibir condenas y familiares de víctimas o sobrevivientes del Terrorismo de Estado que no llegan a contar su historia. “Lamentablemente no llegaron a juicio los responsables principales del centro clandestino de detención. Han fallecido en el camino de lo que fue esta causa y, fundamentalmente, en este tercer tramo. Además, tuvimos el fallecimiento de varias víctimas que no tuvieron la oportunidad de que su caso fuera tratado en un tribunal. Se salda la situación con la incorporación por lectura del testimonio que se hizo en instrucción, pero claramente

Lo dijo Tamara Kallsen, integrante de la Campaña Justicia por Caro Ledesma, en diálogo con el programa radial Tengo una idea. Carolina Ledesma tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue asesinada de un disparo en el abdomen por quien era en ese momento su pareja, Ángel Andrada, el 18 de febrero de 2019. El 4 de mayo comienza el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Lomas de Zamora. Kallsen explicó cómo fueron los hechos, remarcó la importancia de una reforma judicial con perspectiva de género y se refirió al rol de los medios de comunicación en estos casos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Rosales/Carlos Morchio ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Campaña Justicia por Caro Ledesma —La Retaguardia: ¿Quién era Caro Ledesma? ¿Cuándo sucedió esto y dónde?  —Tamara Kallsen: Caro era una piba que en el momento en el que fue asesinada tenía 21 años, vivía en Villa Fiorito. En realidad, era oriunda de Villa Fiorito, estaba viviendo en Ingeniero Budge, un barrio vecino, en Lomas de Zamora. Ella era madre de dos niñes, estaba embarazada de su tercer hije cuando fue asesinada por su expareja, Ángel Andrada. Ella era trabajadora de una cooperativa, tenía diez hermanos y hermanas y sus proyectos y sueños fueron arrebatados en manos de quién era el progenitor del bebé que estaba en camino. Y le digo bebé porque había un deseo de ella de poder continuar con ese embarazo y fue asesinada el 18 de febrero de 2019 de un balazo en su vientre por Ángel, quien actualmente está detenido en prisión preventiva esperando el juicio. —LR: ¿La pareja tenía antecedentes? ¿Ella había hecho la denuncia? —TK: No, ella no había denunciado el vínculo violento que tenía con él. Estaban saliendo hace pocos meses, venían de una relación bastante violenta, por lo que fueron comentando la madre de Caro y amigas de ella, que culminó finalmente en el femicidio. El rol de los medios de comunicación —LR: ¿Por qué crees que este caso no tiene o no ha tenido tanta repercusión como sí han tenido otros? —TK: Nosotras lo que creemos es que, más allá de que hay muchos casos de femicidio y muchas situaciones de violencia que no se mediatizan y que por eso no aparecen en las estadísticas que realizan las organizaciones que vienen laburando con esta temática, pero los barrios populares, en particular, y los femicidios que suceden en barrios populares tienen aún menos mediatización. Son como rincones invisibilizados que además de haber sido vulnerados y negados territorialmente y estructuralmente de un montón de derechos, a la vez todo lo que sucede ahí si no es parte de los estereotipos que se quieren marcar de lo que es un barrio popular, de lo que es una villa o un asentamiento,  no son vidas que importen en la farándula ni en el morbo mediático que realizan muchos medios de comunicación. En el momento del femicidio, sólo se acercaron dos canales de televisión, el día que estaba siendo el entierro de Caro, con una actitud bastante revictimizante y violenta de toda la situación, peleándose por la primicia. A ver quién lograba hablar primero con la madre cuando ni siquiera tenían bien identificado ni qué había pasado, ni quién era Caro, poniendo en las placas fotos de otra chica, esa despersonalización de la situación más angustiante que podría sucederle a una familia nos parece que es muy significativo y que muestra también desde qué lado se busca, muchas veces, comunicar los hechos que no es más que para vender y tener una noticia reciente y no en realidad en buscar contar una historia, en buscar un pedido de justicia de una familia que no tiene los recursos para estar llamando y pidiendo a los canales hegemónicos que mediaticen lo que les sucedió. La necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género —LR: ¿Les parece importante el camino hacia una reforma con perspectiva de género en la Justicia? —TK: Sí, nosotras creemos que eso es una pata fundamental, que hace falta, pero no solamente desde una mera capacitación donde se les diga y explique y forme a las diferentes personas que trabajan dentro del Poder Judicial lo que es la violencia machista, lo que es el patriarcado, sino también reformas reales, estructurales. Tanto del Poder Judicial como de otras patas que son parte de la prevención de la violencia, porque no solamente queremos condenas firmes y efectivas para los femicidas, no queremos que nos maten más. Queremos llegar antes de esa situación. Entendemos que es un cambio largo y que mientras tanto tiene que haber una reforma en el último escalón pero el Poder Judicial muchas veces interviene, casi siempre, cuando ya hay un delito consumado, ya nos golpearon, ya hubo abuso sexual o cuando nos matan. Necesitamos previamente que haya políticas efectivas y reales en todos los barrios, no solamente en los barrios céntricos, sino también en la periferia, en el barrio popular, donde podamos tener recursos para estar protegidas realmente de la violencia y no tener que seguir llorando compañeras que nos arrebatan todos los días.  —LR: ¿Están las pruebas suficientes para que este hombre sea condenado? —TK: Por un lado, sí. Ángel le dispara y va en un remis a buscar a la mamá (de Carolina) para que ella la encuentre. Le dice que la hija había salido lastimada de una balacera, que necesitaba su ayuda, que vaya a buscarla y le paga un remis que la deja en la casa donde Caro estaba agonizando. Niveles de perversión y violencia muy fuertes. Dentro de su poco cuidado, por así decirlo, en el asesinato, nosotras creemos que sí hay varias pruebas que lo ponen a él en la escena del crimen porque no solamente intentó limpiarla de una manera muy poco prolija sino que  de la escena del crimen se trasladó en un remis a la casa de la mamá para avisarle, ese mismo remis la lleva a la madre y

El proyecto de presupuestos mínimos que implementaría una política pública nacional para promover la concientización y la responsabilidad ambiental en la ciudadanía obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas el 27 de marzo. La Retaguardia buscó la opinión de especialistas y militantes por el medioambiente para entender este proyecto de ley en un contexto de crecimiento del modelo extractivista y agroindustrial con apoyo explícito del Estado. Mientras tanto, en Andalgalá, 11 personas continúan detenidas. Entonces cabe la pregunta: la Ley de Educación Ambiental, ¿sería una simulación de progresismo o una perspectiva de cambio a largo plazo? (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero/Catalina Goldszmidt 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia  Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados/as otorgó media sanción a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental obligatoria para todas las jurisdicciones del país. El proyecto, que contó con el apoyo de distintos bloques y de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, busca la “concienciación y responsabilidad ambiental”. Mientras tanto, en Andalgalá, Catamarca, hace algunos meses se declaró inconstitucional la ordenanza municipal que prohibía la explotación megaminera y las máquinas del proyecto minero Agua Rica ingresaron al Cerro Aconquija mientras los vecinos y vecinas resisten y sufren persecuciones de otra época. En San Juan, la Asamblea Jáchal No Se Toca sigue denunciando la explotación minera de litio, para evitar nuevos derrames de cianuro como ya sucedió en la cuenca del Río Jáchal. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, aseguró que la minería en esa provincia cuyana se llevaría adelante de forma “sustentable” y “segura”. En Chubut, la comunidad lucha por el agua, en contra de la zonificación que el gobernador Mariano Arcioni intenta hacerla efectiva a cualquier precio. Hay sobrados ejemplos del crecimiento de la agroindustria, con la baja de aranceles para la compra de agrotóxicos, la implementación del trigo transgénico y el intento por impulsar el acuerdo porcino con China. Todo esto sucede en simultáneo con el tratamiento de esta ley. La Retaguardia consultó a quienes militan y accionan por el medioambiente cada día.  Jackeline Ermini, activista socioambiental e integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, Santa Fe —una de las organizaciones que participó de la creación de esta ley— contó a La Retaguardia que recibieron de forma positiva la noticia de la media sanción del proyecto que incorporaría la educación ambiental de forma transversal en la currícula educativa. “Sin embargo, creemos que esto solo no alcanza. Es insuficiente. Y en materia ambiental hay muchísimo más para cambiar y para construir. Y en ese sentido, las políticas públicas deben ir en línea con esto: hoy en día Argentina tiene una matriz productiva atravesada por un modelo profundamente extractivista que todo el tiempo avanza en contra de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad y principalmente de la salud de nuestro pueblo”, cuestionó la joven. Ermini consideró que la pandemia por Covid-19 evidenció la situación climática y ecológica que estamos viviendo. “No vamos a salir de esta crisis invirtiendo en proyectos como Vaca Muerta, en proyectos megamineros, en combustibles fósiles, en agronegocio, y en tantos otros etcéteras que no son nada más ni nada menos que la causa de lo que hoy estamos viviendo”, remarcó la activista.  Del dicho al hecho… El periodista Patricio Eleisegui, especialista en temáticas medioambientales, explicó que este proyecto surgió en un contexto de extractivismo acelerado y desproporcionado por la misma gestión de Gobierno que hoy celebra esta media sanción: “Lo cual da para sospechas y para hacernos la pregunta de por qué se está promoviendo este tipo de iniciativas mientras es el mismo Gobierno el que tiene frenado proyectos como la Ley de Humedales y ha hecho promoción de actividades terribles para el medioambiente como el agronegocio atado a los transgénicos y los agrotóxicos, o la minería de litio también”, apuntó. Eleisegui sostuvo que estos modelos de producción vigentes e intensificados con el paso de los gobiernos, chocan de frente con esta Ley de Educación Ambiental, y dijo que hay que prestar especial atención a cuáles son los contenidos que se van a incluir, para evitar que se baje línea acerca de que, por ejemplo, la soja transgénica no es tan dañina o que la minería es una gran creadora de empleo, como alguna vez consideraron —¿o consideran?— desde el Gobierno nacional. “Ese aspecto es peligroso y necesita ser vigilado, debatido y confrontado desde el principio”, planteó el periodista.  Por su parte, Mariana Katz, la abogada de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, compartió también que hay que estar alerta para evitar que la ley sea contraproducente: “Va a empoderar a muchos niños, niñas y adolescentes siempre y cuando esta ley no sea utilizada o se le permita a las Fundaciones que dependen también de las empresas que llevan adelante actividades económicas extractivas meter la cuchara en el contenido de lo que se le va a transmitir a los pibes mediante la Ley de Educación”, detalló, y aclaró que es una buena iniciativa pero que es una política política pública que, de ser aprobada, tendrá impacto a muy largo plazo. Katz, en principio, reconoció que el texto de la ley es bueno. A su vez, observó: “Como toda ley en nuestro país puede ser muy buena, como por ejemplo la de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares pero cuando los pueblos que están afectados por la actividad minera reclaman por la aplicación de esa ley, concretamente nadie quiere aplicarlo”.  Acción además de educación En un contexto de fuerte apuesta por parte del Estado a los modelos extractivistas y alimentarios basados en transgénicos y agrotóxicos, son muy importantes los proyectos que demuestran que existen otras formas de producir alimentos de forma sustentable y segura, a través de la agroecología, reciclando y conociendo realmente qué comemos o cuán dañinos son algunos procesos para el planeta y para quienes lo habitamos. Los colectivos El Reciclador Urbano y Acción Huerta Urbana trabajan desde