#NiUnaMenos
Con decisión unánime, absolvieron a Jessica Vanesa Osores, de 28 años, acusada por homicidio agravado por el vínculo. Por lo que dispusieron que se revoque la prisión domiciliaria, se le quite la tobillera electrónica y se disponga su inmediata libertad y que el Estado la asista psicológicamente. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner “No existen dudas de que la señora Osores fue víctima de violencia de género y lo hizo en defensa propia”, argumentaron las juezas Carolina Ballesteros e Isabel Méndez y el juez Dante Ibáñez. El fiscal Carlos Sale había solicitado una condena de 8 años de prisión por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, mientras que Jessica, desde el principio, aseguró que se trató de legítima defensa. “Era él o yo” Durante la audiencia, Jessica se mostró muy arrepentida de los hechos pero resaltó que en el momento de la agresión había recibido amenazas de muerte por parte de su pareja. La decisión del tribunal de absolver a Jessica es un paso muy importante hacia una justicia con perspectiva de género al contemplar el derecho de legítima defensa de las mujeres que día a día son sometidas a tormentos. Jessica fue víctima de su pareja durante 9 años. Hoy, después de un largo proceso judicial, se encuentra libre y con una sentencia que refleja más igualdad y un Estado un poco más presente.
Se llama Jessica Osores y se encuentra detenida en prisión domiciliaria por asesinar a su pareja, a quien había denunciado. Vicky Disatnik, directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif de Tucumán, dialogó con el programa radial La Retaguardia. Allí relató el caso de Jessica y contó qué esperan del veredicto que se conocerá el próximo lunes. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: La Casa de las Mujeres Norma Nassif Jessica Osores, militante de la Corriente Clasista Combativa (CCC) de Tucumán, está siendo juzgada por asesinar a su pareja en septiembre de 2020 en un caso que ocurrió en contexto de violencia de género. “Lo que le pasó a Jessica es lo que le pasa a muchas mujeres que en años de sufrir violencias, en algún momento, intentan defenderse. En medio de una golpiza muy fuerte, peleando, lo mató. Esto, que es una tragedia, y que ella misma explica que está arrepentida, le pasa a las que deciden defenderse porque el destino de las mujeres en contexto de violencia es el cementerio o la cárcel”, comenzó relatando Vicky Disatnik, directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, acerca del caso. Jessica vive con sus tres hijos en el barrio de San Cayetano, en Tucumán y está embarazada. Su hija de 10 años presenció el momento del crimen y ha declarado en Cámara Gesell: “La nena cuenta las cosas que hacía este hombre con su mamá, por lo tanto hay varias pruebas, hay situaciones de suma violencia que vivió Jésica y está esperando un bebé, ya está en fecha. El juez se ha apurado, a ver si termina el juicio el lunes para que ella pueda tener su bebé una vez terminado el juicio”, explica Vicky, y continúa: “Es una situación extrema de esta tragedia. Hasta hoy han pasado testigos de ambas partes. La familia de él, por supuesto, la hace responsable de la violencia a Jessica. Y familiares y amigos de ella han atestiguado contando cómo era este hombre, que era adicto, y que muchas veces ejercía violencia sobre ella y una serie de situaciones muy graves que la llevaron a Jessica en un momento de desesperación a matarlo. El movimiento de mujeres se organizó, nosotras tenemos una relación desde la Casa de las Mujeres con la Corriente Clasista y Combativa y rápidamente nos pusimos al servicio de ellos y estamos peleándola”, dijo. La tan conocida violencia judicial “Como para que se den una idea de la situación, el fiscal de la causa dijo: ‘Lo que pasa es que esta mujer no se deja’. Yo me quedé helada. O sea, es una mujer de carácter que no se deja. ¿Dejarse qué significaría? Que la mate”, contó Disatnik. —Es una costumbre este tipo de violencia que se genera en un proceso judicial. —Claro, el argumento. Porque él podría decir que es una asesina, que lo mató a sangre fría. No que tiene carácter y que no se deja. Es un fiscal de la provincia… En el caso de Jessica, nosotros hemos logrado gracias a la movilización popular que se cambiara la carátula de homicidio agravado por el vínculo por la carátula de homicidio en contexto de violencia de género y eso reduce muchísimo la pena máxima, de perpetua. Que sería la que le corresponde con la otra carátula, pasa a una pena máxima de ocho años. Con lo cual estábamos muy contentos, pero igual entendemos que debe ser absuelta porque fue en defensa propia y hay mucha jurisprudencia sobre esto en distintos lugares del país. Yo digo que es un juicio paradigmático porque es el destino que les queda a las mujeres que osan defenderse, como dijo el fiscal, no se dejan. —Respecto al cambio de carátula, muchas veces el tema es meramente burocrático pero, en este caso, si bien lo que se busca es la absolución de Jessica, este cambio de palabras es muy importante. —Se le iba la vida si no hubiesen cambiado la carátula. Es muy importante lo que ha ocurrido. Fue después de una marcha. Nosotras al principio no teníamos una relación directa con ella y cuando hicimos la primera marcha luego de que ella fuera a declarar en varias audiencias, al otro día el juez cambió la carátula. Efectivamente el cambio ha sido muy importante, sobre todo en caso de ser condenada, la condena sea mucho menor. Jessica está con prisión preventiva en su domicilio desde el momento del asesinato, ya que se encuentra amamantando a uno de sus hijos. “Pudimos llevarle cosas para el bebé nuevo, que no tiene nada, no tiene ni un pañal porque su mamá no puede trabajar. Estamos juntando mercadería para poder llevarle a ella, a su bebé nuevo, para los nenes. Nosotros acompañamos a todas las víctimas mujeres pero, en este caso, doblemente porque es una situación que nos sirve mucho para mostrar la tragedia de la violencia de género, lo que le pasa a las mujeres que sufren violencia de género en el marco de la soledad absoluta, con un sistema de asistencia y prevención que casi no existe. ¿Qué hubiera pasado con Jessica si hubiera contado con asistencia mientras era víctima de violencia? Seguramente se hubiera evitado el homicidio. ¿Qué hubiera pasado si este hombre era detenido en tiempo y forma? Jessica no tuvo esta posibilidad. Hay una denuncia que no prosperó y Tucumán no tiene refugios. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si en el barrio donde ella vive existiera un refugio? Ella no tuvo a dónde ir. Entonces, es más de lo mismo: un círculo vicioso donde en realidad lo que se pone por delante es la fachada y no la vida de las mujeres. Para nosotros este caso es muy importante y queremos que se le de trascendencia nacional”, dijo Disatnik. Para finalizar la directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif de Tucumán planteó cómo es la situación de la Justicia en la provincia argentina: “Tucumán tiene
Lo dijo Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en derecho informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. Allí habló acerca del concepto de “pornovenganza” y dio como ejemplo el caso ocurrido en La Rioja, donde Patricio Pioli fue condenado a 5 años de prisión tras difundir un video íntimo de su expareja. También mencionó la importancia de una ley que tipifique la difusión no consentida de material íntimo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tocco/Miriam Libertad ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Marina es presidenta y fundadora de la Fundación Activismos Feminista Digital y abogada especializada en derecho informático. A partir del término “pornovenganza” utilizado por los medios comerciales de comunicación se abrió un debate en torno a la revictimización de las denunciantes y la poca carga de responsabilidad que atribuye el término. —¿Qué es la “pornovenganza”? —Nos dejamos llevar por los titulares de todo lo que surgió en torno a la sentencia en el caso Pioli, de La Rioja, en donde la denunciante lo que hizo fue llevar a la Justicia la difusión no consentida de material íntimo que su expareja realizó al finalizar la relación. Una relación muy corta, muy turbulenta que finalmente y luego de varias amenazas, termina con esta distribución irrestricta del material que habían producido en la intimidad los dos. Los medios de comunicación titularon “Porno-extorsión,” “Ciber-extorsión”, “Pornovenganza”. Acá estamos frente auna problemática, una modalidad más de violencia machista que se da a través de esta forma; distribuyendo a terceras personas ajenas al vínculo y a la relación en la cual se produce el material, este material en formato digital que pueden ser fotos, videos con corte sexual, erótico que se ha dado en este intercambio interno. Así que la realidad es que para empezar a hablar de esto, erradiquemos la porno venganza como concepto porque está muy lejos de ser pornografía. La pornografía tiene por definición como destinatarios a los terceros y como objetivo, la excitación sexual de los terceros y este material, que trasciende la órbita de la privacidad, no está destinado a terceros, es parte del ejercicio de la libertad personal. —¿Cuál fue la sentencia en el caso Pioli? ¿Hacia dónde deberíamos ir, en términos jurídicos, para que esto se pueda encuadrar con más claridad? —Es el punto medular en torno al caso y es que si bien también lo que tuvimos a través de los medios fue “la primer sentencia por pornovenganza”, esto en realidad tampoco fue la primer sentencia que versó sobre la difusión no consentida de material íntimo o que condenó al autor de esta difusión por esta razón. En la causa, en realidad, la víctima denuncia muchísimos actos de violencia machista que comprenden, incluso, violencia física durante el último término de la relación y una vez finalizada. Esto se pudo ver por una transmisión pública de casi todo el juicio y las audiencias. Fue abierto a la sociedad, por streaming. La cuestión es que ella denuncia un montón de situaciones de violencia machista entre las cuales se focaliza la causa en las coacciones que son amenazas agravadas, amenazas con el fin de obligar indefectiblemente a la víctima a que haga algo por el agresor para evitar un mal mayor. Esto se dio porque Pioli, el agresor, la obligó o la instaba constantemente a volver a mantener el vínculo afectivo, a no dejarlo porque él se moría, porque no podía vivir sin ella y sino, difundía su material íntimo, esta producción que tenían desde antes entre ellos dos. Esta es la columna vertebral de la causa. —Sería chantaje… —Sí, claro. Es otra figura, pero está dentro del mismo título y tiene una relación directa esto de la afectación o de la coartación de la libertad física de alguien para procurar un bien directo o un beneficio directo del agresor. Las lesiones leves que también son el otro tipo penal de la causa, versan sobre los efectos psicológicos que ella ha tenido porque son lesiones leves psicológicas, todo en concurso real y todo agravado por violencia machista. Este es el foco de la sentencia, la difusión no consentida de material íntimo es una parte más del entramado de Pioli para con su víctima. —¿Desde la Fundación ustedes analizan si sería importante que nuestro Código Penal tipifique específicamente este tipo de delitos? La Justicia, si asume una perspectiva de género, tiene herramientas legales para hacerlo. ¿Esta discusión de tipificación legal aporta o suma más ruido y desnaturaliza el delito que es el mismo? —Es una discusión entre juristas. Principalmente entre abogados y abogadas se da mucho porque “¿para qué más delitos?, ¿para qué más leyes?”. Bueno, para tutelar derechos que al día de hoy son bastante novedosos para nuestra normativa y que, además, la normativa existente puede llegar a aplicarse directamente con algo de creatividad y un poco de fuerza, pero la realidad es que cuando tenemos víctimas que sufren determinadas cuestiones, principalmente que están relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación, o sea que pertenecen a los últimos diez años de nuestro país, van a presentarse ante la fiscalía, ante las comisarías y demás, y ante la inexistencia de legislación específica les rechazan la instancia de poder denunciar. Entonces no es simplemente un “que se cristalice esto en la ley”. Esto tiene que ver con una posición que abra la puerta a que en todas las dependencias públicas que receptan denuncias o que tienen asistencia directa a la víctima puedan tomar este instrumento de la problemática y dar tutela a las víctimas. En realidad, la ley como instrumento, nunca como último fin. Es un instrumento necesario. La penalización de la difusión no consentida de material íntimo permitiría no sólo la denuncia sino también la condena efectiva a todos los varones, y digo varones porque son el 99% de los casos y las víctimas son en un 99% mujeres;
El Ni Una Menos marcó un hito en la lucha feminista visibilizando la violencia machista y por supuesto, su consecuencia más grave y visible, el femicidio. A seis años de su surgimiento la lucha continúa, mientras la violencia y los casos de femicidio crecen a costa de un Estado ausente. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Natalia Bernades El 3 de junio de 2015 llegaba para cambiar la mirada de todas y todos. Ese día las calles se llenaron de gritos, consignas, abrazos y llantos. El repudio hacia el patriarcado resonaba fuerte cuando las pibas decían: “Nos están matando”. No fue el grito de una, fue el grito de muchas, de todas, dejando en claro que el patriarcado y la violencia machista no van más. A seis años del surgimiento del movimiento, seguimos denunciando la ausencia del Estado y la falta de aplicación de verdaderas políticas públicas para la prevención de femicidios. Según el observatorio Ahora Que Sí Nos ven, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 3 de junio de 2021, se cometieron 1717 femicidios, un femicidio cada 31 horas. El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas y ocurrieron en la vivienda de la víctima. Luego de seis años de gritar “Ni una menos, vivas nos queremos”, siguen preocupando la altas cifras de violencia de género y femicidios. La violencia machista no cesa y lo vemos reflejado en los números. ¿Y la Justicia? Hoy en día no nos sorprende, ante un femicidio, conocer que la víctima había realizado denuncias previas al hecho. El análisis realizado por el observatorio Ahora Que Si Nos Ven demostró que 2 de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa a su femicidio y sólo 1 de cada 10 tenía una medida de protección judicial. “Tenés que ir a hacer la denuncia”, te dicen. Pero lo que la mayoría de la gente ignora es que el Poder Judicial falla ante este pedido de ayuda. Los funcionarios y funcionarias del Estado no brindan las herramientas suficientes y a veces, directamente, no brindan ninguna. ¿Por qué no alcanza una denuncia, una perimetral, un botón de pánico? Ya haciendo este planteo, dejamos expuesta la ineficacia del Estado, sus agentes judiciales y policiales. Ante la ausencia de políticas de contención, seguimiento, acompañamiento y representación luego de realizar una denuncia, le sigue la frustración frente a un proceso que no puede continuar o que no contribuye a la solución del problema. Además de la ineficiencia estatal solemos encontrarnos frente a diversos cuestionamientos de la sociedad: “¿Por qué no hizo la denuncia?”, “tendría que haber denunciado y así evitaba que la mataran”, siempre poniendo en cabeza de la víctima la responsabilidad de no terminar siendo una más en las estadísticas por femicidio y no en quien realmente debe perseguir a los acusados y acompañar a las víctimas. Existen muchísimas razones por las cuales las mujeres, ante situaciones de violencia, deciden no acceder al sistema de Justicia: obstáculos a la hora de realizar la denuncia, miedo a que la violencia se incremente, exceso de burocracia, revictimización y humillación por parte de las mismas instituciones estatales, tantas otras distintas situaciones por las cuales no confiamos en el Estado ni en el Poder Judicial. Aún así, seguimos realizando reclamos constantes para haya una respuesta eficaz y rápida ante denuncias y una investigación exhaustiva frente a los femicidios. Por otro lado, seguimos observando que ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad nos protegen. Del 1 de enero al 29 de abril de este año, el 20% de las víctimas realizó al menos una denuncia, pero sin embargo sólo un 10% obtuvo una medida de protección judicial. El incremento de la violencia machista en contexto de pandemia Según Naciones Unidas Argentina, la cuarentena aumenta los riesgos de violencia de género y abuso sexual, ya que el encierro, el hacinamiento y la posible discontinuidad de redes de protección social afectan los determinantes sociales de la salud, el bienestar de las mujeres y las desigualdades de género preexistentes. La cuarentena agrava la violencia de género y en algunos casos aumenta los asesinatos de mujeres que no pueden salir de sus hogares, no tienen dónde ir, ven cortadas sus redes familiares y sociales o son reprendidas por salir a la calle, aunque esté establecido que sí podrían circular para realizar la denuncia por tratarse de un caso de “fuerza mayor”. A partir de información del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad desde el 20 de marzo de 2020, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 de atención a víctimas de violencia de género, superó en un 39% al de los días anteriores. 85 femicidios en 2021 Este año fueron cometidos 85 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de abril. La violencia no cesa, como así tampoco su consecuencia más grave: los femicidios. Hubo 1 femicidio cada 50 horas en abril. 66 intentos de femicidios en lo que va del año. El 73% fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. El 32% ocurrió en la vivienda de la víctima. 17 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 10 tenían medidas de protección. Al menos 60 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Un grito incansable Ya hace seis años demostramos estar hartas de la no visibilización, del destrato y de la violencia. Cada vez que tocan a una, nos tocan a todas, y es por esa misma razón que esta ola imparable no se cansa de pedir justicia por cada piba asesinada, por todas las mujeres que han sido y son violentadas, y por cada una que no fue escuchada. Somos muchas; estamos acá, diciendo: “Ni una menos. Vivas nos queremos”.
Lo dijo Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en derecho informático de la UBA y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos de La Retaguardia y Radio Sur. Habló de la responsabilidad de los y las periodistas a la hora de comunicar, de la protección normativa hacia las personas menores de edad y de la visibilización de los agresores frente a una situación de violencia de género. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Virginia Chaile La era digital trajo aparejado cierto nivel de responsabilidad que muy pocas veces se respeta. Los medios de comunicación tradicionales suelen descuidar de manera habitual el respeto por los derechos de las personas menores de edad a la hora de comunicar. Consultada acerca de esta problemática, Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en derecho informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, dijo: “Es una tendencia bastante nueva y empieza a partir de los casos de violencia machista, por ejemplo, cuando las víctimas son colocadas en los medios de comunicación con una identificación plena de su persona, de sus antecedentes afectivos, o parejas anteriores. Las mujeres como sector poblacional tenemos esa problemática encima, que hay como un rastreo que fundamentaría ciertas cuestiones muy de la mano del ‘algo habrá hecho’, ‘hay que ver cómo fue hasta ahora para terminar siendo víctima de femicidio’. Imaginen la cantidad de casos que hemos tenido delante de los ojos en el último tiempo en que fuimos detectando paulatinamente este tratamiento”. ¿Cuál es el límite? Benítez Demtschenko explicó los cambios paulatinos que se están dando para una protección mayor cuando intervienen las redes sociales. “Sabemos muy bien que en las redes sociales, principalmente en la plataforma Twitter, tenemos usuarias y usuarios que generan novedad todo el tiempo y que muchas veces estas ‘novedades’ o comentarios, o información que se viraliza, termina en los medios de comunicación y acá tenemos la delgada línea de dónde generar una protección distinta y dónde cuestionarnos esto: cómo tratamos información personal desde la prensa y qué pasa con las leyes vigentes. ¿Cuál es el límite?”, planteó. En Argentina existe una normativa que protege la identidad y privacidad de las personas menores de edad. Sin ir más lejos, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene jerarquía constitucional y contempla diversos derechos y obligaciones para los Estados parte: “En el artículo 16, particularmente, se preveé esta protección a la privacidad, a la vida privada. Por ejemplo, a la familia, al domicilio de correspondencia del menor o de la menor, a no ser atacado en su honor. Acá es donde también tenemos una previsión normativa que nos puede ayudar a dar un marco a cómo tratar esto. No sólo la identidad, sino por sobre todo, la privacidad que es un derecho fundamental”, afirmó. La (i)rresponsabilidad de quienes tienen las herramientas En marzo de 2021 fue denunciada la desaparición de una niña menor de edad. Su madre denunció y el caso enseguida tomó relevancia en los medios de comunicación, en redes sociales, y exhibió una clara falta de responsabilidad hacia los derechos de la misma. “Lo que nos encontramos frente a su desaparición es que se estaba videograbando la casa en precarias condiciones de habitabilidad de la niña, qué hacía la madre, una sobre exposición absoluta que definitivamente eso contraría las previsiones de la Convención y acá debería de intervenir el Estado activamente, porque al ser una norma con rango constitucional no necesitamos ningún tipo de intermediación para ver si aplica o no. Pero esto es parte también de la desinformación que hay en la comunidad entera de cómo opera el derecho para proteger bienes jurídicos tutelados, en este caso, de menores”, dijo la abogada. Sin ir más lejos, este mes se viralizó en redes sociales un video donde se ve al cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, junto a su nieta quien es menor de edad. En el video, Coronel tiene la mano por debajo de la remera de ella. El repudio no tardó en llegar y se difundieron las imágenes mostrando el rostro de la niña menor de edad, incluso en algunos medios de comunicación. “Hay que distinguir dos órbitas de responsabilidad. Por un lado la responsabilidad sobre quienes detentan un poder, en este caso, la órbita del periodismo, de la prensa, que tiene una jerarquía mayor a una persona particular y una responsabilidad diferencial y por otro lado tenemos que distinguir la esfera que corresponde a las personas de la comunidad digital. Cuando podemos distinguir estas dos órbitas, vamos a tener que hablar de la mayor responsabilización de órbitas de poder. Esto también comprende al Estado, al sector privado, a empresas y demás, que tienen una posición privilegiada en función de la persona común. Y por tener una posición privilegiada también les corresponde mayor responsabilidad, esto también está previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, 25326, que es nacional, y me parece que es necesario que hablemos en dos niveles distintos por el hecho de que no puede responsabilizarse a una persona particular o cualquier usuario/usuaria de una red social de la misma manera”, explicó. Y continuó: “Es una problemática acuciante la falta de contemplación de estas cuestiones por parte de usuarios y usuarias comunes y es preocupante porque tiene que ver con la alfabetización digital y también con el conocimiento de los derechos y con los límites. La sobreexposición es un mal de época y pareciera como que cualquier cosa que se vuelca en una red social está habilitado y no es así y me parece que esto es crucial empezar a pensarlo”. La visibilización del agresor frente a la protección del macho —La Retaguardia: Los medios de comunicación ante casos de femicidio suelen mostrar la imagen de la víctima y proteger la identidad del femicida, ¿qué pensás de esta situación? —Marina Benítez Demtschenko: La concientización sobre la visibilización o no de determinadas cuestiones en
La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento presentó una acusación contra dos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, para llevar adelante el jury por lo absolución de los femicidas de Lucía Pérez. En diálogo con el programa radial Hasta Que Vuelvan Los Abrazos, Guillermo Pérez, padre de Lucía, habló sobre el caso y opinó de la perspectiva de género en la Justicia. También contó acerca de la muestra “El cuarto de Lucía” realizada en Mar del Plata y que ahora se puede ver en el museo Petorutti de La Plata. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/ Irene Antinori ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Natalia Bernades En 2018 los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale absolvieron a los acusados de abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez -Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel-. La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires acusó a Gómez Urso y a Viñas de “negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta”. —La Retaguardia: Sabemos que se anuló el fallo que absolvía a los tres acusados del femicidio de Lucía y que se abre el camino para un nuevo juicio. Contanos cómo llegan esas novedades y qué está pasando con el caso. —Guillermo Pérez: Se anuló la queja que había hecho la defensa a la Suprema Corte de Provincia. Queda una instancia más que puede ser, por ejemplo, alguna otra apelación de la Defensa y ahí ya estamos, después de esa apelación, en condiciones de empezar a pedir la fecha de juicio. —LR: Es muy importante resaltar que dos jueces que dictaron la sentencia fueron acusados por negligencia, incumplimiento de deberes de funcionario y parcialidad manifiesta por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Irán por la separación de estos jueces? —GP: Sí, en el jury vamos por la separación. Yo creo que entre el miércoles y el jueves ya se terminan los plazos porque la Defensa de estos jueces tiene que hacer un escrito de defensa y, ya después de eso, nosotros estamos en condiciones de pedir la primer fecha de jury. Por el delito que cometieron estos jueces, incumplimiento de funcionarios públicos, también tenemos que pedir que sean apartados del cargo. —LR: Estamos hablando de los jueces Gómez Urso, Viñas y Carnevale que son integrantes del Tribunal N°1 de Mar del Plata y que son los responsables de que no se haya impartido justicia en el caso de Lucía y en un montón de otros casos similares -o no tanto- de injusticia en Mar del Plata y toda la zona. —GP: Sí. De todas maneras, dos jueces van a ir a jury. Carnevale no porque se jubiló anticipadamente. La salida se la dio María Eugenia Vidal en su gobierno, porque los últimos que firman la salida de los jueces son los gobernadores. Entonces, por eso a Carnevale no lo podemos llevar a juicio. El cambio es para Lucía y para todas —LR: Recordemos que la Corte está integrada por los jueces Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Sergio Gabriel Torres y la jueza Hilda Kogan . Es un fallo que cambia el criterio porque dictaron que faltó perspectiva de género. Es un fallo importante para tener en cuenta, sobre todo porque en la Provincia de Buenos Aires la perspectiva de género, por lo general, no se considera. ¿Qué pensás al respecto? —GP: Yo creo que ya se viene viendo la perspectiva de género desde el fallo anulado que dio Casación. Ya lo vienen haciendo y la Suprema Corte de Provincia también lo está viendo. Esta Justicia tiene que tener un cambio en violencia de género y yo creo que ellos al ver la perspectiva de género, están viendo las cosas de la manera que las tienen que ver. Como digo yo, es muy difícil ser mujer en esta época y ellos más que nadie tienen que ver esa perspectiva y tienen que estar adheridos a los cambios que se están viviendo en este país. —LR: ¿Cómo sigue la lucha de la familia Pérez por conseguir justicia?. ¿Cuáles son los próximos pasos en los cuales podemos acompañar? —GP: Los pasos en los que ustedes nos pueden acompañar como periodismo es apoyarnos, porque este cambio se está generando para Lucía y para todas. Entonces eso es lo que nosotros pedimos; que nos apoyen. Entre todos podemos generar un cambio, porque solos no podemos. Nosotros ya hace cuatro años y medio que venimos pidiendo justicia por Lucía y la familia ya está cansada. Estamos un poco cansados, pero también queremos ver que se haga justicia por ella porque sino va a ser un crimen impune más. Hasta el momento es un crimen impune, ahora estamos viendo de que no sea impune, de que Lucía tenga su justicia. —LR: Esto refuerza la lucha de otras personas que están padeciendo lo mismo. ¿Cómo se vinculan con familiares que atraviesan la misma situación? —GP: Cuando nos encontramos con ellos nos encontramos con toda la gente que ha perdido hijas e hijos: los papás de Carla; los papás de Melina; con Gustavo Melman. Con todos. Por ahí hablamos otro idioma pero, por ejemplo, todos sentimos lo mismo y todos sentimos la falta de los hijos, ¿no? Entonces por ahí podemos llegar a entendernos un poquito más rápido que con otras personas. La lucha es de todos y de todas. Eso es a lo que apuntamos nosotros, a la unidad de las víctimas,hacer el reclamo y entre todos tratar de generar un cambio. Son las cosas fundamentales como para que este país tenga justicia en este tipo de casos. Hay algunos casos que son muy especiales; nosotros hablamos de narco-femicidios porque, como pasó con el caso de Lucía, captan a sus víctimas, torturan con droga, después violan y matan. Eso es un narco-femicidio y eso también lo
Lo dijo Rocío Girat, horas más tarde del fallo de la Cámara de Casación que absolvió a su esposa Marian Gómez, quien había sido condenada hace dos años, después de que la detuvieron en 2017 por besarse en el centro de trasbordo que hay entre subte y tren en Constitución. Luego de la condena de un año a prisión en suspenso, se conoció el fallo de Casación que revierte aquella sentencia. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Girat contó cómo recibieron la noticia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi “Estamos cayendo, de a poco. Nos enteramos a las cinco de la tarde de la absolución de Marian, mi compañera, de que los tres jueces por unanimidad decidieron absolverla de los dos cargos por los que estaba condenada, tanto el de lesiones leves y el desacato a la autoridad”, comenzó Rocío Girat, la esposa de Marian Gómez, quien había sido condenada a un año de prisión en suspenso. Girat contó cómo vivieron estos cuatro años desde que comenzó el proceso: “Estábamos asustadas, no sabíamos si íbamos a terminar siendo embargadas, porque si la condena de Marian quedaba rectificada íbamos a tener que abonar los costos de este juicio así que más que agradecidas por el trabajo del abogado que nos acompañó, un compañero, desde un primer momento. Muy agradecidas y muy conmovidas”. La molestia del amor libre al sistema judicial Rocío manifestó qué significa este fallo para ella y su compañera, haciendo hincapié en el mal funcionamiento del sistema judicial. “Teniendo tantas urgencias, tantos emitidos, hay un montón de temas muchos más urgentes para dedicarle audiencia que por una situación de que a un policía le haya molestado ver a dos tortas besándose en Constitución. Me parece que en Argentina estamos viviendo problemáticas más importantes y que atentan con nuestra vida. Estamos viendo cómo personas denunciadas por abuso, donde el sistema judicial no está funcionando y no los enjuician y hasta que no matan a una piba no se enteran que estaba denunciado. Entonces, realmente es penoso que el sistema judicial gaste dinero en perseguir, en querer adoctrinar a un movimiento, un colectivo, que realmente se despertó. Estamos en otra generación. No deberían de suceder estas cosas”, expresó. “El Estado gastó muchísimo dinero y es injusto para cada una de las muertas que tenemos todos los días. Es injusto. Es injusto porque muchas son compañeras que denuncian muchísimas veces y no son escuchadas. Y mirá qué rápido actúa la justicia para estigmatizar, para condenar, para procesar, para meter al sistema a una lesbiana visible, a una chonga. Esa diferencia”, dijo. Girat contó que Marian todavía tiene antecedentes penales y que al día siguiente del hecho fue la fiscal quien ordenó que la pusieran en el sistema. “Entonces vemos cómo se actúa con tanta rigurosidad en algunos casos y con tanta liviandad en otros. Realmente espero que esta sea la última vez que pase. Y si sigue pasando, los movimientos y ustedes desde su lugar de comunicadores tenemos que estar ahí para repudiarlos hasta que salga como salió hoy la absolución de mi compañera”, agregó. Luchar y combatir con el miedo En una charla con La Retaguardia en junio de 2019, previa a la sentencia, Rocío había dicho “Ahora me cuido de dar un beso y de otras cosas”. Acerca de esta frase, explicó: “Siendo sincera, si estamos en un grupo, contenidas, en un lugar seguro, obviamente no hay problema en estar visibles. Pero delante de la yuta la pasamos muy mal. No fue solamente el procesamiento, el enjuiciamiento, la condena, el embargo, los pedidos de allanamiento, no fue solamente eso. A Marian la desnudaron en una sede policial, la revisaron entre un montón de policías. Ojalá que esto sea como un poquito de sanación y que nadie, nadie debería sentir miedo ni esa sensación de ahogo de que en cualquier momento viene un yuta y te caga a palos. Nadie merece sentir esa sensación. Luchamos y combatimos ante todo con el miedo”. Al momento de enterarse de la absolución, Rocío se encontraba junto a su esposa: “Realmente nos sorprendió porque una está tan acostumbrada al palo, palo, palo, que cuando te viene una absolución y vos ves con fundamentos que los tres jueces realmente están teniendo un poco de perspectiva de género, un poco de perspectiva de la situación de lo que vivimos nosotras ese día en Constitución, de que nadie debería de vivir una situación discriminatoria así, de que no debería haber agentes policiales que traten a las personas de esa manera y que estén sueltos, trabajando y ocupando cargos con tanta liviandad. Vamos cayendo de a poco”, finalizó. DESCARGAR
El 22 de marzo recibió dictamen favorable en el Senado un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal de la Nación un artículo sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, a través de multas y penas de prisión. Senadores y senadoras de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer decidieron unificar en un solo proyecto dos propuestas sobre el acoso callejero. Una de ellas ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados/as en 2019, aunque se resolvió incorporarle una serie de modificaciones. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele 📷 Fotos: Natalia Bernades La propuesta es incorporar el artículo 129 bis al Código Penal: “Será penado con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que, en lugares públicos o de acceso público, mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión y siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”. A su vez, estipula un aumento de multa de 5.000 a 30.000 pesos si la víctima fuese menor de edad o el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad. Además, la multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a los tres meses. Se contempla, también, la incorporación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia (N° 26.485), políticas públicas y la realización de campañas que difundan y contribuyan a concientizar, dar visibilidad y a desnaturalizar la violencia con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión en el espacio público conocida como “acoso sexual callejero”. La importancia de la tipificación El acoso callejero ya se contemplaba a través de la ley 27.501, que modifica la 26.485 e incorpora la figura del acoso como una modalidad de violencia contra las mujeres. La normativa reconoce e identifica el acoso pero, ¿es un verdadero avance en materia de reconocimiento de derechos, tales como, una vida libre de violencias? La respuesta es sí, pero no alcanza. Que la propuesta del proyecto salga de la órbita de una “simple norma” y exija el reconocimiento y tipificación del delito de acoso callejero es un avance más. Ya no sólo se contempla, se reconoce, se identifica, también se castiga. Y dentro de ese castigo entendemos por qué ya no se toleran más los piropos, los silbidos, las apoyadas en el colectivo o en el subte. Una vez más la lucha feminista da cátedra y esta se ve reflejada en el proyecto. Queremos habitar las calles tranquilas y que deje de ser un ambiente hostil para nosotras.
Pablo Lachener, reconocido abogado de derechos humanos y dirigente del Club Atlanta, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, dialogó con el programa radial La Retaguardia. Allí brindó algunos detalles sobre la novedosa cláusula de “integridad” que se incorpora a los contratos de futbolistas y que entró en vigencia este año. Se trata de una medida que significa un paso más en la lucha contra la violencia de género, articulada con otras acciones como la creación de una Comisión y Protocolo específico para la intervención sobre múltiples formas de violencias. Además, destacó la posibilidad de ampliar y fortalecer la inclusión de las mujeres en el ámbito del fútbol en el club. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: Archivo Lorenzo Dibiase/La Retaguardia La cláusula de “integridad” funciona como una herramienta para saber cómo actuar ante una situación o denuncia de violencia de género y se incluye dentro de los contratos de los futbolistas profesionales del fútbol argentino. Está siendo aplicada por el club Vélez Sarsfield, del barrio porteño de Liniers, y ahora por Atlanta, de Villa Crespo. Una cláusula con perspectiva de género El abogado y dirigente de fútbol Pablo Lachener hizo referencia de manera detallada a cómo se fue dando el escenario para establecer esta cláusula, “Es un motivo de orgullo que empecemos a instrumentar institucionalmente algunas barreras frente a la realidad de la violencia de género que lamentablemente se multiplica día a día y que la vemos constantemente en el ámbito del fútbol, en particular. Desde el club Atlanta, y desde hace unos años, vamos identificando a partir del empuje de muchas socias que los clubes de fútbol no son muy receptivos a la participación de la mujer. entonces, esos canales hay que ir creándolos, y en ese marco se creó la subcomisión de género, diversidad e inclusión. Además se sancionó mediante asamblea un protocolo específico de actuación del club para casos tanto de violencia de género y discriminación como para casos de violencia entre niños, niñas y adolescentes, esto último en un nuevo marco legal de la normativa para las infancias. En ese marco, una de la patas que nos quedaba un poco renga era saber qué hacíamos con la cuestión del fútbol sobre todo a partir de casos muy resonantes en determinados clubes, sobre todo de primera división, que impactaron mucho sobre la población. Observamos también que hay una tendencia internacional de agregar en los contratos de futbolistas profesionales una cláusula específica que hace referencia iluminando y alertando al jugador de fútbol: tiene que saber que mientras dure la relación contractual tiene que tener una conducta íntegra, por eso la llamamos cláusula de integridad. Colora un poco la conducta que tiene que tener el jugador adentro y afuera de la cancha y, en particular, le hacemos conocer la existencia del protocolo de género que tiene el club. En consecuencia, están avisados que en cuanto haya cualquier información de un caso dentro de la violencia de género y discriminación, va actuar el equipo de profesionales que se encarga de llevar adelante este protocolo y asesorar a la comisión directiva para que tome medidas”, explicó el dirigente y detalló en qué podrían consistir: “Las medidas no pueden ser penales, porque eso es un poder exclusivo, un monopolio del Estado, pero por otro lado hay cuestiones patrimoniales y que tienen que ver con la posibilidad de apartar al jugador del plantel profesional, un montón de medidas que uno puede tomar en el medio en función de la gravedad de la situación, o tal vez hacer una mediación por algún problema específico”, agregó. Acciones concretas Lachener contó que la llamada cláusula de integridad ya está vigente a partir de este año y especificó una de las medidas tomadas por el club contra sus futbolistas: “Esto es un tema que a los dirigentes los pone contra la espada y la pared. Nosotros tuvimos casos con dos jugadores profesionales y tomamos la decisión de apartarlos del plantel. Fuimos firmes en eso, aun sabiendo que iba a tener un impacto en un partido que se venía que era por el ascenso a primera división. La cláusula ya está vigente en los contratos que firmamos en este año y lo hicimos público en el marco del 8 de marzo. El club entiende que la violencia no es solamente física, muchas veces es simbólica y tiene que ver con casos de discriminación, o baja de las tribunas y a veces es muy difícil trabajar sobre eso”, opinó. Por último, el abogado puso dos ejemplos donde el club Atlanta activó el protocolo. Uno de ellos fue en un chat público de un canal de deportes de televisión, donde la gente se insulta, y el otro caso fue por violencia de género:“ Fue cuando el tribunal de disciplina de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) manifestó que perdían vigencia las sanciones hacia los jugadores durante el 2019 y el 2020. En el caso del ‘Pitu’ González, un jugador del Club Chicago, de Mataderos, que salió haciendo gestos antisemitas en un partido contra Atlanta. Ahí también el protocolo actuó y se comunicó con las autoridades de la AFA, y exigió que en el caso de él la sanción se cumpliera”, concluyó.
No hay casi medios tradicionales que no estén emitiendo en vivo la búsqueda de la niña y la desesperación de su mamá. Da para reflexionar acerca de por qué Maia Yael Beloso está en situación de calle junto a su mamá. O por qué hubo que esperar a que sucediera su desaparición para que finalmente la viéramos. Si la hubiésemos visto antes, quizá no la estaríamos buscando desesperadamente. Compartimos fotos de Virginia Chaile del corte que se mantiene sobre Avenida Dellepiane. (Por La Retaguardia) 📷 Fotos: Virginia Chaile