Pablo Verna
En esta carta abierta, la Asamblea desobediente, una colectiva que nuclea a hijos, hijas y familiares de genocidas, se dirige a la jueza Marcela Eiff, quien lleva adelante el proceso que involucra a Analía Kalinec, hija del genocida Eduardo Kalinec. En ese juicio por la sucesión de la madre de Analía, otra parte de la familia intenta declararla indigna para que no pueda heredar. Una posible decisión de la jueza en favor del genocida podría convertirse en un reparo más para otras personas, familiares de represores, que duden acerca de hablar o no se animen aún a dar ese paso. Compartimos la Carta Abierta. Foto: La Retaguardia CARTA ABIERTA DE ASAMBLEA DESOBEDIENTE A LA JUEZA MARCELA EIFF: Desde Asamblea Desobediente solicitamos a la Jueza Marcela Eiff que al dictar sentencia en la causa de indignidad para heredar iniciada por el criminal de lesa humanidad Eduardo Emilio Kalinec contra su hija desobediente, haga todos sus esfuerzos para considerar las muy trascendentes circunstancias que se dan en el caso.Resulta fundamental tener en cuenta que la declaración de indignidad para heredar es una sanción del derecho civil.Por eso, al ser en esencia una sanción (y no una reparación), la misma debe ser por una conducta descripta en forma clara, precisa y estricta en la ley, y dicha conducta debe ante todo estar acreditada en el juicio.Luego, al ser esencialmente el objeto del juicio la aplicación de una sanción, deben aplicarse los principios del derecho penal, de acuerdo con los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.Entre otras razones, postulamos que debe aplicarse el principio de “no exigibilidad de otra conducta”, que significa que el derecho sólo puede exigir un comportamiento siempre que la exigencia esté apoyada en algo razonable de acuerdo a las circunstancias concretas. El derecho no puede exigir comportamientos de sacrificio que el propio orden jurídico no tolera.Por eso, en el caso concreto, el derecho no puede exigirle a Analía Kalinec otra conducta que la que viene sosteniendo desde hace años y por la cual se la pretende sancionar excluyéndola del derecho a heredar a su madre por indignidad. El 07/07/2022 salió en Página/12 la nota de Luciana Bertoia titulada “Una desobediente por elección que reclama que no la castiguen por desobedecer”. Allí repasa los hechos y las circunstancias: “Su apodo figura en los archivos judiciales desde 1985, cuando el sobreviviente Mario Villani lo incorporó en un listado de represores que actuaron en Atlético-Banco-Olimpo. Villani lo recordaba como morocho, morrudo y de cuello grueso. También decía que era “bastante temido” dentro de las mazmorras. En el juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron otros testimonios que lo mostraban al “Doctor K” en acción. Ana María Careaga recordó que estaba furioso porque ella no había dicho que estaba embarazada al momento de su secuestro y que le pegaba patadas cuando la encontraba antes de ingresar al baño. “¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar”? la amenazaba. A Delia Barrera, el Doctor K le dijo que no iban a vendarle las fracturas porque no querían que se fuera a ahorcar con las vendas. A Daniel Merialdo, Kalinec lo golpeó con fiereza mientras estaba secuestrado en el Banco porque entendió que intentaba levantarse el “tabique” con el que le tapaban los ojos. Miguel D’Agostino lo vio en el “quirófano” mientras lo torturaban y tuvo oportunidad de mirarlo a los ojos cuando lo subieron a un auto con la intención de provocar nuevas caídas. Jorge Braiza lo identificó como quien les decía a prisioneros que serían trasladados a unas granjas en Chaco y que tenían que darles unas vacunas contra el mal de Chagas. Por estos testimonios, el TOF 2 –integrado entonces por Jorge Tassara, Ana D’Alessio y María Laura Garrigós– entendió que Kalinec había participado en toda la cadena represiva: en los secuestros, en las torturas, en el manejo de los detenidos y en la fase final del exterminio con las inyecciones para adormecer a las personas privadas de su libertad y tirarlas a las aguas del Río de La Plata o del Mar Argentino. Por eso, lo condenó a prisión perpetua, sentencia que cumple en la cárcel aunque accedió recientemente a salidas transitorias.” La sentencia se encuentra firme. La cantidad de víctimas es muy extensa. Los hechos son los más aberrantes y calificados como crímenes de lesa humanidad. La desaparición forzada, la sustracción de menores y la supresión de la identidad son delitos de ejecución contínua, es decir que sus autores los siguen cometiendo cada día mientras no aparezca la persona y/o recupere su identidad. Los otros delitos son parte de la misma operación criminal. La última etapa del genocidio es su ocultamiento y negación. Por todo eso sostenemos que el derecho no puede exigirle a Analía Kalinec otra conducta. Pero además, cómo podría exigirse a ella silencio ante los crímenes cometidos por su padre cuando el Código Civil y Comercial en su art. 2 dice: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta (…) los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.” Y más aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene establecido desde hace ya muchos años la obligación de los Estados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad.¿Quién podría sostener con sensatez que mientras el Estado se da esas directrices y esas obligaciones, a la hija del criminal de lesa humanidad Eduardo Emilio Kalinec el mismo ordenamiento jurídico la obliga al silencio, o de lo contrario la sanciona con indignidad para heredar a su madre? ¿Sería eso coherente con todo el ordenamiento jurídico?Hijas, hijos y familiares de genocidas hemos padecido mandatos de silencio en forma explícita o implícita puertas adentro de nuestras familias de origen. Hemos podido trascender esos mandatos de silencio impuestos desde el horror, y hoy necesitamos que el Estado, en este caso a través del Poder Judicial, y a través de su sentencia, no reafirme ese
“La verdad que cuando uno se pone a mirar quién es quién en esta historia, solamente hay que tratar de recordar un poco y ver lo que escuchó, qué se decía y lo que realmente pasaba”. Así reflexiona Pablo Verna sobre su lugar en la historia argentina reciente. Pablo es hijo de Julio Alejandro Verna, médico del Ejército que inyectaba a las víctimas de los Vuelos de la Muerte, y ha vivido toda su infancia en medio de una familia represora. El pasado 2 de agosto prestó declaración como testigo para esta causa. A pesar de que su padre no revistaba en Campo de Mayo para los hechos que se ventilan en el juicio, aportó una cantidad inmensa de información. Su valioso testimonio da cuenta de la historia familiar que le llevó años descifrar completamente. (Por La Retaguardia/El Diario del Juicio*) ✍️ Redacción: Noelia Laudisi De Sa 💻 Edición: Diego Adur ✍️ Textuales: Valentina Maccarone 📺 Cobertura del juicio: Noelia Laudisi De Sa / Diego Adur 📷 Foto de portada: Captura de pantalla de la transmisión LR La jornada se abrió con una intensa declaración de dos testigos (Miguel Angel Alberti y Domingo Fortunato Ferraro) vinculados a los casos de desaparición de Juan Carlos Rosace y Adrian Accrescimbeni, dos de las cuatro víctimas de este juicio. Pasadas las dos horas de audiencia, el Tribunal Federal Oral Nº 2 de San Martín permite la entrada del tercer y último testigo del día: Pablo Verna. Lleva sus lentes puestos para facilitar la lectura de esa gran cantidad de información y documentación que se amontona a su lado; Habla rápido, quiere contar todo lo que sabe. El presidente del Tribunal, Walter Venditti, le pide que se lo tome con calma. Que va a tener todo el tiempo que necesite para llevar adelante su declaración. Detrás del testigo se erige su prominente biblioteca de abogado, imponiéndose casi como una metáfora de su propia mente. Quien toma la palabra en primer lugar es Pablo Llonto, representante de la querella de las familias, y le pide al testigo que cuente brevemente su historia. La historia Pablo Verna es hijo de Julio Alejandro Verna, quien fue Capitán del Ejército Argentino entre 1972 y 1980. Se desempeñó como tal en el Batallón Esteban de Luca entre 1976 y 1978 y además, entre 1979 y 1980, cumplió funciones como médico en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en Campo de Mayo: “La verdad es que en mi niñez las cosas que he escuchado puertas adentro de mi familia de origen, de mi padre, de mi madre, son muchísimas”, comienza a contar su primeros años y la historia que vivió junto a un padre represor y participe de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Pablo es parte del colectivo Historias Desobedientes, que está conformado por una gran cantidad de hijos, hijas y familiares de genocidas que luchan por Memoria, Verdad y Justicia. En el año 2017, Verna, junto al colectivo, redactó un proyecto de ley con el objetivo de que se modificara la prohibición vigente en el Código Penal, que impide declarar en contra de familiares imputados, salvo que se trate de la víctima directa del delito. Aunque ese proyecto de ley aún no sea una realidad, el Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín le ha permitido a Pablo declarar en 2019 para la causa Contraofensiva Montonera respecto de las actividades que realizaba su padre en Campo de Mayo. Del mismo modo, el pasado 2 de agosto declaró también en esta causa que investiga los Vuelos de la Muerte que partieron desde ese lugar. Esta posibilidad se fundamenta en el hecho de que Julio A. Verna no forma parte de los imputados de ninguna de las causas mencionadas: “Les puedo contar sobre las certezas que tuve en el año 2013 y cómo las tuve”, dice sobre el momento en que, después de años de sospechas e interrogantes irresueltos, pudo salir de la sombra de la duda y conocer finalmente la verdad sobre su propia familia. Certezas “En ese año -2013- recibo un llamado telefónico de mi hermana. El 13 de mayo, ella se había reunido con mi madre, habían cenado juntas y mi madre le cuenta que mi padre había participado en operativos de secuestros de personas durante la dictadura cuando estaba en Campo de Mayo y en los Vuelos de la Muerte con el grado de Capitán que tenía en ese tiempo, en el año ‘79 y ‘80, inyectando anestesia a las víctimas que luego eran arrojadas al mar”, escupe Pablo y, en un acto de solidaridad, pide disculpas por adelantado teniendo en cuenta que su testimonio puede resultar difícil de escuchar para las víctimas del Terrorismo de Estado. Luego, paseando la vista por su escritorio, se percata de que debe permiso al Tribunal para utilizar toda la documentación que posee a la mano en forma de ayuda memoria debido a la cantidad de información que aportará. “Mi madre le dijo que mi padre participó inyectando a las víctimas en los Vuelos de la Muerte. Y que incluso en una oportunidad tuvo que inyectar o arrojar a una familia entera”. Unas frases más tarde aclarará que “en esa charla ella corrige ‘no arrojar, inyectar, la función del médico era inyectar “. Sin embargo, inyectar y sedar a las víctimas no era la única función de Julio A. Verna. Uno de los fragmentos que la madre de Pablo decide transmitir a su hija corresponde a una parte del operativo que ejecutaban las fuerzas represivas para llevar adelante los secuestros. “En los secuestros lo que ocurría era que iban a bares y confiterías donde tenían pautadas las citas los militantes. Ellos les llamaban “los subversivos”, siempre la palabra más común era ésta. Entonces en estos encuentros o citas, esos bares o confiterías estaban plagados de personas que parecían ser comensales como cualquiera que iban a tomar un café. En realidad era todo personal del Ejército, de Inteligencia, que terminaban camuflados de civil, por si pasaba cualquier cosa. En
En una tensa audiencia para decidir si se le otorga el beneficio de salidas transitorias al genocida Eduardo Kalinec, su hija Analía lo enfrentó mientras el temible Doctor K la observaba desde el Penal donde cumple la condena a prisión perpetua. El dolor de las víctimas, los argumentos de las partes y el intento del genocida para convencer a los jueces de la Sala IV de Casación Penal, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. (Por La Retaguardia)✍ Redacción 👉 Fernando Tebele💻 Edición de texto 👉 Rodrigo Ferreiro📷 Fotos y 📹 Videos 👉 Fernando Tebele💻 Edición de video 👉 Natalia Bernades Sonríe, pero es evidente que está nerviosa. Enfrentar a un genocida no es una tarea sencilla. Mucho menos si se trata de tu padre. Analía Kalinec es la principal referente del grupo Historias Desobedientes – Familiares de genocidas por la Verdad, la Memoria y la Justicia. “Es la líder, por qué no decirlo así”, precisará en la audiencia Pablo Verna, otro miembro del grupo, además abogado. El espacio de espera de la Sala IV de Casación Penal es un murmullo incontenible. Unas 50 personas, entre ellas integrantes del grupo, militantes de Derechos Humanos y víctimas directas del furioso accionar del genocida Eduardo Kalinec en el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio El Olimpo, saben que la audiencia es importante. Luego de varias idas y vueltas, los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo deberán resolver en un plazo de cinco días si le otorgan el beneficio de las salidas transitorias a Kalinec, condenado a prisión perpetua por crímenes de Lesa Humanidad, o si atiende los reparos de su hija y de los sobrevivientes, que se oponen a que así sea. Cuando habilitan el acceso a la sala, se nota la ansiedad. La gente se agolpa ante la puerta. Sin embargo, las sillas alcanzan para todos y todas. Una de las secretarias del tribunal avisa a la prensa que no se podrán registrar audios, fotos y videos durante la audiencia. Sí en la previa.Cuando ingresan los jueces, Borinsky abre la audiencia. “Es el de la tele”, dice alguien por lo bajo. El juez ha tenido algunas apariciones públicas defendiendo las reformas al Código Penal. Cuando la justicia se abre y los jueces se esfuerzan por parecer seres humanos, todo se vuelve más amigable. La justicia se ha mantenido encerrada durante décadas con la máxima que los jueces sólo hablan a través de sus sentencias. Hoy es una de las instituciones más desacreditadas socialmente. Parece que algunos actores y actrices lo han comprendido, y se abren a tratar y ser tratados como personas normales.La primera voz que se escucha es la de Alejandro Alagia, fiscal de la Unidad especializada en crímenes de Lesa Humanidad. Sus argumentos de oposición al otorgamiento de las salidas se basan en dos puntos: “No hay ninguna constancia de arrepentimiento o de real conciencia de los hechos cometidos. Además de que en la instancia anterior no se escuchó a las víctimas del Doctor K, como se lo conocía en el espacio concentracionario El Olimpo”. La defensa Hay dos televisores en la sala. Uno está sobre las cabezas de la línea de asientos que ocupan el fiscal y quienes se sienten damnificados/as. El otro alumbra del lado en el que está la defensora oficial del genocida Kalinec, María Florencia Hegglin. Analía acaba de escuchar al fiscal. La imagen que vemos quienes estamos entre el público es fuerte. Mientras la hija está sentada, arriba, con cierto halo de superioridad, está el padre. Esa imagen de poder desigual se desarma cuando se sabe que en realidad el Doctor K lleva 15 años en la cárcel. Es de los pocos desafortunados, apenas un 30% de los genocidas, que todavía purgan sus penas en cárcel común, que no han salido durante el festival de domiciliarias de los últimos años. Aunque nunca se hayan arrepentido, aunque jamás hayan aportado a la verdad, quieren privilegios. En el televisor que Analía tiene enfrente, todavía se proyectan todas las cámaras a la vez, con la pantalla partida en cuatro. Pero sobre su cabeza está Kalinec, como ella misma lo llama, así, por el apellido. Entonces, cada tanto tuerce su cuello y lo mira. “Cuando lo observaba buscaba entender”, dirá por la noche, mientras festeje el cumpleaños número 12 de Bruno, uno de sus niños, que no conoce a su abuelo porque nació cuando ya estaba preso.Es el turno de la defensa. Hegglin es parte del cuerpo de defensores/as oficiales que el Estado está obligado a garantizar cuando la persona imputada no recurre a asistencia letrada privada. La mayoría de los genocidas enjuiciados tienen defensa oficial. En muchas ocasiones, la argumentación defensiva hasta es ideológica. No parece el caso. Hegglin se muestra sólida y recurre a la idea de que los derechos son para todas las personas, que nadie debe quedar excluido. “Tiene una conducta ejemplar. 10 en conducta y 9 en concepto”, dice como si se tratara de un alumno secundario y no de un genocida. “Kalinec tiene dos hijas y un yerno que es el grupo continente. La ley no pide ni arrepentimiento ni reparación, ni tampoco discrimina por delitos”. El Doctor K tiene cuatro hijas. Dos se proponen como garantes del cumplimiento de las salidas temporarias. Una se mantiene al margen de la disputa familiar y mantiene la relación con su padre. La otra está aquí sentada, y sonríe cada tanto, ahora con ironía además de con ansiedad. Antes de terminar su intervención Florencia Hegglin dice que está bien que participen las víctimas, aunque marca un límite. “Nos parece bien que se puedan expresar, que el Tribunal los escuche, porque lo que digan no será vinculante”. Es difícil suponer que los jueces no tendrán en cuenta lo que van a escuchar a partir de ahora. El palo y las astillas El siguiente turno es para Pablo Verna. Está ahí con doble standard. Por un lado, es abogado y fue quien presentó el escrito por el que Historias Desobedientes pide ser tomado en el caso como Amicus Curiae, como
La cantante Lidia Borda fue testigo en el juicio. Lo hizo porque su madre fue pareja durante un año y medio de un integrante de una de las patotas de Campo de Mayo, en fecha coincidente con una etapa de la Contraofensiva. Borda aportó sus recuerdos de adolescente, entre los que se encuentra haber tenido en su propia casa un cenicero y un medallón que, todo indica, pertenecieron a Ricardo Marcos Zucker y Verónica Cabilla, secuestrados en la Terminal de Ómnibus de Retiro y desaparecidos luego de haber pasado por Campo de Mayo. (Por El Diario del Juicio*) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele 💻 Edición 👉 Martina Noailles 📷 Fotos 👉 Julieta ColomerColaboración 👉 Diana Zermoglio Un rumor poco frecuente recorre la sala mientras Lidia Borda ingresa para dar su testimonio. Tal vez sea por el reconocimiento que tiene como cantante. Quizá tenga que ver con que no se relaciona su figura con haber sufrido un trauma personal durante el genocidio. “No sabía que tenía algún familiar desaparecido”, murmura alguien con poco bagaje informativo acerca del juicio. Borda, en realidad, no está aquí porque sea una figura pública. Ni por lo que el genocidio le llevó. Más bien por lo que le trajo. Y eso queda en evidencia apenas comienzan las preguntas, cuando promete decir la verdad. —¿Dejó sus datos por secretaría? —consulta el presidente del tribunal, Rodríguez Eggers, como cada vez.—Sí.—¿Su nombre? —pregunta, como parte del cuestionario inicial.—Lidia Elba Sciarelo —responde Borda, sorprendiendo a más de una persona. Se produce allí un silencio, porque la secretaria del juzgado la había anunciado por su nombre artístico, por lo que Pablo Llonto, abogado querellante, pide que se tenga en cuenta que se la citó con su nombre artístico, y que se deje constancia de que su nombre real es otro. Nunca se sabe dónde clavarán sus uñas los imputados en alguno de sus intentos desesperados por quedar prendidos al muro alto de la impunidad. Lidia tal vez sienta un nerviosismo incomparable con el de cualquier escenario. Le costó acomodarse en la silla. Acaba de mirar varias veces hacia el público buscando a su hijo, que la acompaña. El joven estaba en la primera fila, pero lejos de su madre. Tras esa búsqueda casi desesperada, no duda en reubicarse y queda exactamente a sus espaldas. Lidia tiene el pelo atado, pero se lo suelta, como si desanudara algo más que su cabello antes de comenzar a contar su historia, que no es de las que habitualmente se hayan podido escuchar en este juicio. Sólo es comparable con el histórico aporte realizado por Pablo Verna, el hijo del genocida Julio Verna, quien aportó datos relevantes sobre el accionar de su padre. Lidia va a hablar de su convivencia con un militar de Campo de Mayo, quien fuera pareja de su madre durante un año y medio, coincidiendo en tiempo y espacio con una de las etapas de la Contraofensiva de Montoneros. “Neri Roberto Madrid, se llamaba”, arranca tras el pie que le da la fiscal Sosti. “Era pareja de mi madre, Nora Lidia Borda. Ellos eran vecinos, porque él se había mudado con su familia al lado de mi casa. Comenzaron una relación sentimental con mi mamá. Al poco tiempo él se vino a vivir a mi casa, en Moine y Bufano, en Bella Vista, muy cerca de la puerta 4 de Campo de Mayo”. Entre los recuerdos que tiene por haber habitado la zona, destaca que “circulaban todo el tiempo camiones. Yo tenía 13 años. Él era Sargento pero lo ascendieron a Sargento Primero de Caballería. Él trabajaba en Campo de Mayo”. Él, dice reiteradamente, y tratará de no nombrarlo salvo que se lo pregunten. A partir de ese instante, comienza a relatar detalles de un calvario que podría ser el de cualquier familia con un hombre violento en el hogar, pero en este caso con el agregado que tuvo, además, que fuera parte integrante de una de las patotas que operaba en Campo de Mayo. “Él contaba distintas escenas referidas a su trabajo. Alardeaba de su machismo. Dormía con un revólver debajo de la almohada. Era golpeador. Golpeaba muchísimo a mi mamá. A mí también”, señala Lidia, probablemente reviviendo el dolor de aquella etapa. Objetos aparecidos Si uno de los objetivos de la desaparición de los cuerpos tal vez haya sido borrar los rastros no sólo corporales de las personas secuestradas, cada objeto que aparece es una manera de fijar sus historias personales en la historia colectiva. En este juicio ya se han vuelto visibles cartas, cintas grabadas, mensajes sonoros, fotografías, dibujos. Y en esos objetos aparecidos probablemente se juegue un contrapeso de la desaparición, que, por supuesto, nunca alcanzará para emparejar la balanza y mucho menos para mitigar el dolor. La importancia del testimonio de Lidia Borda está por surgir de la mano de esos objetos. Un cenicero y un medallón son los vínculos que conectan la sufrida historia familiar de la cantante con la desaparición de militantes de la Contraofensiva. “Un día mi mamá me llamó y me mostró una serie de objetos. Bajó de un estante del placard de su habitación un cenicero. En aquella época había unos ceniceros de madera de unos 10 o 12 centímetros de alto. Era rústico con tallas de estilo indígena, como de artesanías. Ese cenicero tenía un fondo desmontable. Mi mamá lo desmontó y me mostró unos papeles que había ahí adentro. Lo que había era un documento de identidad con el nombre de Zucker. No recuerdo su nombre. Conocí su apodo en aquel momento, le decían Pato“, suelta de entrada, en alusión a Ricardo Pato Zucker. Enseguida aporta más datos: “El relato que mi madre me hizo es que él le contó que lo habían secuestrado en Retiro junto a una chica de 16 años”. Se refiere a Verónica Cabilla; su mamá, Ana María Ávalos, dio testimonio en este juicio. “Había otros objetos en casa. Un medallón oval de plata con un centro oval más pequeño, calado. Lo entregué a las Madres de Plaza de Mayo a través de Elvio Vitali, un
Está claro que la declaración de Pablo Verna, el hijo del genocida Julio Verna, fue histórica. En casi noventa minutos, relató los diálogos que tanto él como otras familiares tuvieron con el médico militar, que participó de los vuelos de la muerte y está libre. El debate previo a su testimonio, que terminó con un fallo dividido del tribunal en favor de tomarle su declaración, también resultó enriquecedor en el camino hacia que otras hijas e hijos de genocidas puedan aportar la información que tienen. (Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Pablo Verna durante su declaración testimonial (Luis Angió/DDJ) Pablo Verna ingresa a la sala de audiencias por una puerta no habitual para quienes son testigos. No pasa entre la gente, sino por el pasillo que queda libre entre el estrado de los jueces y la fila que, del otro lado, tiene a los defensores en una parte, y a la fiscal y los abogados querellantes del otro. Deja sus anteojos sobre la mesa para poder quitarse el cuellito de tela que protege especialmente su garganta; nada de quedarse sin voz justo hoy. Se vuelve a poner los lentes y se quita el camperón de paño gris oscuro. Lo va a colgar en la silla, pero se lo pasa a una mano que se estira desde el público, que es la de su compañera, la cantautora Mariela Milstein. Pablo deja una mochila en el piso antes de tomar asiento para disponerse a declarar; a través del cierre entreabierto, se escapa el silencio. “La imposición de guardar silencio implica una complicidad que, por supuesto, no es jurídica pero que sí es emocional. Yo, particularmente, no la pude ni la puedo tolerar”, había expresado algunas horas antes en charla con El Diario del Juicio. Ahora ese silencio perderá su peso en la mochila sobre el piso, y se transformará en palabras dolorosas pero cargadas de alivio. Pablo Verna está por declarar.Hay dos cuestiones que saltan a la vista y le dan contenido también a su testimonio. La primera es que su declaración no comenzó precisamente ahora, que está por hablar, sino que arrancó hace minutos, con un debate entre las partes. La segunda es que no declaró él, individualmente, aunque así haya sido para la justicia. *** El presidente del tribunal confirma que Verna podrá declarar. El debate previo El defensor oficial, Lisandro Sevillano, toma la palabra. Todas las personas que estamos allí sabemos lo que va a decir. Intentará que el tribunal impida el testimonio de Verna. “En lo que circula en los medios de internet, se sabe que su declaración será en contra de su progenitor Julio Verna. Lo que lo coloca dentro del artículo 242 del Código Penal. Ese artículo no es un capricho del legislador, sino que es la garantía de una protección fundamental en el Estado argentino, que es la protección de la familia”. Por un instante, no se entiende bien si es un debate sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o está argumentando sobre la posible declaración de Verna. Los argumentos parecen similares. Lo primero es la familia, pase lo que pase allí adentro. Lo apoyaron los dos defensores privados sin aportar demasiado.Del otro lado, la fiscal Gabriela Sosti, y los abogados querellantes Pablo Llonto, Ciro Annicchiarico y Maximiliano Chichizola, los enfrentarán con sólidos argumentos y unos pocos antecedentes. Sosti se opone apuntando que el padre de Verna no está imputado en esta causa, por lo que Pablo no va a declarar contra su padre, y también muestra cierta ironía cuando se refiere a la familia: “¿a qué familia quiere proteger la defensa?”, se pregunta. “Muchos de los hijos de estos padres no es que los han confrontado, como dice la defensa, sino que se han encontrado con una verdad de su historia que los ha puesto en el dilema ético: asumir esta historia, cargando con la responsabilidad ética de lo que cometieron sus padres; o no. Ser sujetos libres, dignos para su humanidad y asumir esta historia desde otra perspectiva”, define.Luego de Sosti, aparece en escena Pablo Llonto. Una frondosa cabellera grisácea cae sobre su saco. Su actitud durante el juicio es siempre la misma: teclea sin descanso sobre su computadora portátil. Mezcla con habilidad sus tres condiciones distintivas: abogado, periodista y militante. En este juicio, su rol no es tan protagónico durante las audiencias, como sí lo fue en La Tablada o en otros tramos de Campo de Mayo, por citar sólo algunos de los juicios por violaciones a los derechos humanos en los que participó. Ese espacio lo ocupa esta vez la fiscal Gabriela Sosti. Pero su acción como abogado de la querella es fundamental durante todos los días de la semana. Escucha a las familias. Piensa estrategias. Lo acompaña habitualmente Ernesto Coco Lombardi, ausente por algún problema de salud que no podrá hacer que se despegue del todo de esta causa. Llonto habla siempre a la distancia justa del micrófono (oficio de periodista). Suelta un alegato contundente; es difícil no escucharlo con atención completa: “Con todo respeto al tribunal, quiero señalar que ha llegado el momento para la justicia argentina de resolver el caso Verna. Y este caso pasa a tener una importancia histórica en los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo que se resuelva hoy aquí, para permitir o no que el hijo de un genocida declare, marcará de aquí en adelante el camino en una enorme cantidad de juicios en la Argentina. Lo explicado por el defensor, cuando dijo ‘Uh, me olvidé de algo’, que era remarcar que Pablo Verna integra un colectivo que ha tenido enorme repercusión en los medios desde el fallo de la Corte contra el genocida Muiña. Desde entonces se conforma este organismo de familiares de genocidas que repudian el genocidio y la actitud de sus padres, hermanos, abuelos, tíos, ex esposos, y que hoy están presentes. Hoy aquí, entre el público, hay una gran cantidad de familiares de genocidas que vienen a escuchar lo que se resuelva
Está claro que la declaración de Pablo Verna, el hijo del genocida Julio Verna, fue histórica. En casi noventa minutos, relató los diálogos que tanto él como otras familiares tuvieron con el médico militar, que participó de los vuelos de la muerte y está libre. El debate previo a su testimonio, que terminó con un fallo dividido del tribunal en favor de tomarle su declaración, también resultó enriquecedor en el camino hacia que otras hijas e hijos de genocidas puedan aportar la información que tienen. (Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Pablo Verna durante su declaración testimonial (Luis Angió/DDJ) Colaboración Valentina Maccarone Pablo Verna ingresa a la sala de audiencias por una puerta no habitual para quienes son testigos. No pasa entre la gente, sino por el pasillo que queda libre entre el estrado de los jueces y la fila que, del otro lado, tiene a los defensores en una parte, y a la fiscal y los abogados querellantes del otro. Deja sus anteojos sobre la mesa para poder quitarse el cuellito de tela que protege especialmente su garganta; nada de quedarse sin voz justo hoy. Se vuelve a poner los lentes y se quita el camperón de paño gris oscuro. Lo va a colgar en la silla, pero se lo pasa a una mano que se estira desde el público, que es la de su compañera, la cantautora Mariela Milstein. Pablo deja una mochila en el piso antes de tomar asiento para disponerse a declarar; a través del cierre entreabierto, se escapa el silencio. “La imposición de guardar silencio implica una complicidad que, por supuesto, no es jurídica pero que sí es emocional. Yo, particularmente, no la pude ni la puedo tolerar”, había expresado algunas horas antes en charla con El Diario del Juicio. Ahora ese silencio perderá su peso en la mochila sobre el piso, y se transformará en palabras dolorosas pero cargadas de alivio. Pablo Verna está por declarar.Hay dos cuestiones que saltan a la vista y le dan contenido también a su testimonio. La primera es que su declaración no comenzó precisamente ahora, que está por hablar, sino que arrancó hace minutos, con un debate entre las partes. La segunda es que no declaró él, individualmente, aunque así haya sido para la justicia. *** El presidente del tribunal confirma que Verna podrá declarar. El debate previo El defensor oficial, Lisandro Sevillano, toma la palabra. Todas las personas que estamos allí sabemos lo que va a decir. Intentará que el tribunal impida el testimonio de Verna. “En lo que circula en los medios de internet, se sabe que su declaración será en contra de su progenitor Julio Verna. Lo que lo coloca dentro del artículo 242 del Código Penal. Ese artículo no es un capricho del legislador, sino que es la garantía de una protección fundamental en el Estado argentino, que es la protección de la familia”. Por un instante, no se entiende bien si es un debate sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o está argumentando sobre la posible declaración de Verna. Los argumentos parecen similares. Lo primero es la familia, pase lo que pase allí adentro. Lo apoyaron los dos defensores privados sin aportar demasiado.Del otro lado, la fiscal Gabriela Sosti, y los abogados querellantes Pablo Llonto, Ciro Annicchiarico y Maximiliano Chichizola, los enfrentarán con sólidos argumentos y unos pocos antecedentes. Sosti se opone apuntando que el padre de Verna no está imputado en esta causa, por lo que Pablo no va a declarar contra su padre, y también muestra cierta ironía cuando se refiere a la familia: “¿a qué familia quiere proteger la defensa?”, se pregunta. “Muchos de los hijos de estos padres no es que los han confrontado, como dice la defensa, sino que se han encontrado con una verdad de su historia que los ha puesto en el dilema ético: asumir esta historia, cargando con la responsabilidad ética de lo que cometieron sus padres; o no. Ser sujetos libres, dignos para su humanidad y asumir esta historia desde otra perspectiva”, define.Luego de Sosti, aparece en escena Pablo Llonto. Una frondosa cabellera grisácea cae sobre su saco. Su actitud durante el juicio es siempre la misma: teclea sin descanso sobre su computadora portátil. Mezcla con habilidad sus tres condiciones distintivas: abogado, periodista y militante. En este juicio, su rol no es tan protagónico durante las audiencias, como sí lo fue en La Tablada o en otros tramos de Campo de Mayo, por citar sólo algunos de los juicios por violaciones a los derechos humanos en los que participó. Ese espacio lo ocupa esta vez la fiscal Gabriela Sosti. Pero su acción como abogado de la querella es fundamental durante todos los días de la semana. Escucha a las familias. Piensa estrategias. Lo acompaña habitualmente Ernesto Coco Lombardi, ausente por algún problema de salud que no podrá hacer que se despegue del todo de esta causa. Llonto habla siempre a la distancia justa del micrófono (oficio de periodista). Suelta un alegato contundente; es difícil no escucharlo con atención completa: “Con todo respeto al tribunal, quiero señalar que ha llegado el momento para la justicia argentina de resolver el caso Verna. Y este caso pasa a tener una importancia histórica en los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo que se resuelva hoy aquí, para permitir o no que el hijo de un genocida declare, marcará de aquí en adelante el camino en una enorme cantidad de juicios en la Argentina. Lo explicado por el defensor, cuando dijo ‘Uh, me olvidé de algo’, que era remarcar que Pablo Verna integra un colectivo que ha tenido enorme repercusión en los medios desde el fallo de la Corte contra el genocida Muiña. Desde entonces se conforma este organismo de familiares de genocidas que repudian el genocidio y la actitud de sus padres, hermanos, abuelos, tíos, ex esposos, y que hoy están presentes. Hoy aquí, entre el público, hay una gran cantidad de familiares de genocidas que vienen a escuchar lo que
El Tribunal Oral 4 de San Martín permitió que Pablo Verna, el hijo de un médico genocida, declare sobre las atrocidades que cometió su progenitor durante la última dictadura. Ocurrió este mediodía en el juicio oral que juzga los crímenes que se cometieron entre 1979 y 1980 contra quienes integraron la Contraofensiva Montonera. Verna ratificó lo que había adelantado en la entrevista concedida a el Diario del Juicio. (Por Martina Noailles para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Verna antes de declarar, en la sala de espera de quienes dan testimonio. (Fabiana Montenegro) En una decisión dividida, los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, con la disidencia de Alejandro de Korvez, aceptaron por mayoría que Pablo Verna rompa el silencio que durante décadas le impusieron en su casa y cuente, ante la Justicia y a otros hijos e hijas de represores que estaban en la sala, la participación del médico militar Julio Alejandro Verna en vuelos de la muerte y otros episodios donde se tiraron vivas al mar y al río a personas secuestradas en Campo de Mayo.“Hoy, acá, se va a resolver la suerte de los hijos e hijas que quieren declarar contra sus padres. Una decisión en contra lo hará sufrir a Verna tres cosas: los delitos de su padre; lo obligará a traicionar su conciencia y le impedirá decir la verdad. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados si se le impide declarar a Pablo Verna? Los imputados de los peores delitos de la humanidad, es decir que la afectada será la humanidad toda”, argumentó minutos antes el abogado uerellante Pablo Llonto, ante el pedido de las defensas para que se le impidiera dar testimonio “para proteger a la familia”. Los jueces Rodríguez Eggers y Mancini rechazaron el planteo del defensor oficial y explicaron que el Código Penal “dice que un hijo no puede declarar en contra de su padre; no que no puede declarar”. El tercer juez, de Korvez, leyó su voto en disidencia. El presidente del tribunal resaltó, antes de anunciar la medida, el alto nivel del debate que se dio previamente. María Montserrat Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas del padre de Verna (Foto: Gustavo Molfino/DDJ) Cuarenta años después de los hechos y cinco desde que su padre se lo confirmara en una charla en el Hotel Pizarro de Villa Luro, Pablo Verna logró poner su granito de arena en la reconstrucción de una verdad que para muchas víctimas de delitos de lesa humanidad parece inalcanzable. El pacto de silencio que guardan los genocidas les impide a los familiares saber cuál fue el destino de sus padres, madres, hermanos, hijos secuestrados, desaparecidos, asesinados. En la primera final, entre el público, lo acompañaron Bibiana Reibaldi, Viviana Cao, Emilia Cao, Liliana Furio, Stella Duacastella y Analia Kalinec, todas familiares de genocidas; además de su esposa, la cantautora Mariela Milstein.Después del testimonio de Pablo Verna fue el turno de María Montserrat Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas del padre de Verna: “Me provocó una conmoción importante haber visto a Verna en la televisión contar que su padre había inyectado a mi papá y que lo habían tirado vivo. Me pareció de una crueldad enorme enterarme después de tantos años lo que le habían hecho”, dijo en una demostración de la importancia de esa verdad que no llegó de boca del represor pero sí de su hijo.Suárez murió ahogado junto a Susana Solimano, Alfredo Berliner “El Poeta” y Diana Shatz luego de que el auto en el que viajaban cayera al río. La sospecha de que el accidente fue en verdad una puesta en escena fue confirmada por Verna en su testimonio de hoy: ante los jueces contó que su progenitor le admitió a su otra hija haber participado en ese hecho, adormeciendo a las personas que luego serían asesinadas. “Le dijo a mi hermana que hicieron lo mismo (que con las víctimas de los vuelos) con 4 personas en un auto. Lo hicieron de esa manera porque estaba la CIDH y no podía desaparecer más personas. Entonces simularon un accidente”.Verna también dijo que su padre -que no se encuentra imputado en esta causa- admitió haber participado en sesiones de tortura tratando de que la persona secuestrada no muriera “para seguir intentando sacarle información”. Fue el caso de Horacio Mendizábal, miembro de la conducción de Montoneros, a quien vio en la terapia intensiva del Hospital Militar de Campo de Mayo mientras intentaban “salvarlo” de una herida de bala que le perforó un pulmón.Julio Verna era subalterno de Norberto Atilio Bianco, el médico encargado de asistir los partos de las mujeres que parían durante su cautiverio. También cumplía tareas junto a Ricardo “el alemán” Lederer, segundo jefe de la maternidad clandestina, que se suicidó hace algunos años. Erika, su hija, también es parte del movimiento de hijas, hijos y otros parientes que repudian los hechos cometidos por sus familiares durante el genocidio. Quienes integran Historias Desobedientes, presentaron hace dos años en el Congreso Nacional un proyecto de ley, redactado por Pablo Verna, que busca modificar el Código Penal para permitir que hijos e hijas de genocidas puedan aportar pruebas en juicios de lesa humanidad.“Yo creo que es un debate que hay que dar a nivel social. Los hijos no tenemos que estar impedidos de poder declarar en contra de nuestros padres, en términos generales, no solo en las causas de lesa humanidad. Con esta ola verde que estamos viviendo a nivel internacional, todas estas cosas tienen que ser revisadas. Son cosas que vienen por mandatos y con condicionamientos sociales, mandatos religiosos, que tienen que ver con estructuras jerárquicas que lo que buscan es que una no hable en pos de determinados intereses. En ese sentido, el testimonio de Pablo hoy marca un hito, para quienes tenemos un vínculo filiatorio con genocidas pero también un hito a nivel social en relación a poder ir resquebrajando estos mandatos”, dijo Analía Kalinec, hija de un condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad,
Al momento de publicarse esta entrevista, Pablo Verna está comenzando su histórica declaración testimonial en el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Su progenitor, Julio Alejandro Verna, le confesó haber participado de los vuelos de la muerte, inyectando a las víctimas para adormecerlas antes de ser arrojadas al mar o al río. El aporte de Pablo Verna en esta causa, fundamentalmente, tiene que ver con que su progenitor le confesó a otro familiar haber inyectado a Susana Solimano, Alfredo Berliner “El Poeta”, Julio Suárez y Diana Shatz, que fueron arrojados con vida al río, dentro de un Peugeot 504. El caso fue publicado en los diarios de la época como un accidente. Hora antes de su declaración, mantuvo esta charla con El Diario del Juicio. (Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Pablo Verna contando su historia como hijo de un represor (Natalia Bernades/La Retaguardia) —¿Qué significa para vos como hijo de un genocida, pero además como abogado, esta instancia de participar de un juicio oral dando datos que son de relevancia para alcanzar la verdad y la justicia? —Es muy importante y movilizante. Y es una oportunidad que me parece única y muy trascendente. No sólo te lo puedo decir por mí, también por muchas compañeras y compañeros, hijas, hijos y familiares de genocidas, algunos de Historias Desobedientes y otras personas que no integran el colectivo pero que también sienten similar la imposición de un mandato de silencio dentro de nuestras familias, en algunas ocasiones explícita y en otras en forma implícita. Eso un poco hizo que confluyamos en una voluntad colectiva de llevar adelante una idea que yo ya había tenido durante 2013, pero que, obviamente, solo no iba a ningún lado: presentar un proyecto de ley para modificar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación, del anterior no del que entró en vigencia hace poco, para que las prohibiciones de declarar en juicio (contra sus padres) y de denunciar no corran, al menos en los casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta oportunidad es un poco llevar adelante esa voluntad de expresiones; es romper con un mandato de silencio que padecimos puertas adentro de nuestras familias de origen, que no es lo mismo que el pacto de silencio porque a nosotros se nos impuso. —¿En primera instancia sería, entonces, una cuestión personal de no acompañar ese silencio de los progenitores que no dan datos? — Sí. Además, por supuesto, de no tener -y yo voy a hablar por mí- responsabilidad en los hechos cometidos por mi padre. Pero sí es cierto que la imposición de guardar silencio implica una complicidad que, por supuesto, no es jurídica pero que sí es emocional. Yo, particularmente, no la pude ni la puedo tolerar. Por otra parte es hacer de algo negativo algo constructivo; es poder aportar en materia de memoria, verdad y justicia. Y el lugar donde se realiza es frente al Poder Judicial en los juicios. Sin perjuicio de un montón de circunstancias y acciones más. —El proyecto que presentaron en el Congreso tuvo apoyo pero todavía no llegó al recinto. —Nosotros lo presentamos en noviembre de 2017 y, enseguida, tuvimos un apoyo y un impulso que, mayormente, lo realizó la diputada Fernanda Raverta que justo es hija de una de las víctimas en este juicio de Contraofensiva, María Inés Raverta. También, en aquel momento, tuvimos una reunión con el diputado Héctor Recalde, por entonces jefe del bloque (del FpV), que ni nos conocía, pero apenas empecé a explicarle dijo “yo en esto los apoyo”. La idea era que sea multipartidario, porque entendimos que frente a estos crímenes de lesa humanidad estamos todos del mismo lado. Así que se presentó el proyecto y, después, el 21 de marzo de 2018 el Movimiento Evita pidió una moción de preferencia, que apoyó todo el Congreso pero que, finalmente, nunca se cumplió. Después finalizó el período de 2018 y ahora, en 2019, fue presentado de nuevo por Raverta con la firma de 5 o 6 diputados más, y ahí está… Igualmente, yo entiendo que es una expresión muy importante, un acto político y ético muy importante, que hicimos hijas, hijos y familiares de genocidas, la mayoría de Historias Desobedientes y otros que no pertenecen al colectivo pero que han apoyado este proyecto. Y más allá de que sería una modificación posterior a los hechos del proceso, yo lo que creo es que estas prohibiciones en crímenes de lesa humanidad no deben correr, pero no por una ley que puede llegar o no llegar a ser ley sino por la inconstitucionalidad y el fundamento jurídico que yo encuentro más importante: la obligación de los Estados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Esta es una obligación que, desde el fallo Velásquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligatoria para todos los Estados partes. En cambio, el artículo 242 del Código Procesal Penal plantea nulificar medios o fuentes de prueba. Por eso debe quedar de lado. —¿Por qué podría decirse que el impedimento de ustedes para declarar no corre en este caso? ¿Porque tu progenitor no está imputado en esta causa? — Claro, esa es otra de las razones. Él no está imputado en este juicio oral. Y no estamos hablando de una prueba que podría ser declarada nula por haber sido obtenida bajo tortura, por ejemplo. Sino que la nulidad del artículo 242, incluso si se la quiere considerar, no sería aplicable porque él no está siendo imputado en este juicio. La prohibición tiene fundamentos en la Constitución Nacional que establece la obligación del Estado de la protección integral de la familia por sobre su obligación de afianzar la justicia y la persecución penal. También hay otro fundamento, que ya se utilizó en el caso de Juan Cabandié con la declaración de su hermana Vanina Falco (hija biológica del apropiador de Cabandié), y es que cuando el vínculo familiar ya está roto, esa
Al momento de la publicación de esta entrevista, Pablo Verna está comenzando su histórica declaración testimonial en el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Relatará ante los jueces lo que le confesó su progenitor, Julio Alejandro Verna: que participó de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, inyectando a las víctimas para adormecerlas antes de ser arrojadas al mar o al río. Además, contará que su progenitor le dijo a otro familiar cómo inyectó a Susana Solimano, Alfredo Berliner “El Poeta”, Julio Suárez y Diana Shatz, quienes fueron arrojados con vida al río, dentro de un Peugeot 504, en un simulacro de accidente. Hora antes de su declaración, mantuvo esta charla con El Diario del Juicio. (Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Pablo Verna contando su historia como hijo de un represor (Natalia Bernades/La Retaguardia)Colaboración: Valentina Maccarone —¿Qué significa para vos como hijo de un genocida, pero además como abogado, esta instancia de participar de un juicio oral dando datos que son de relevancia para alcanzar la verdad y la justicia? —Es muy importante y movilizante. Y es una oportunidad que me parece única y muy trascendente. No sólo te lo puedo decir por mí, también por muchas compañeras y compañeros, hijas, hijos y familiares de genocidas, algunos de Historias Desobedientes y otras personas que no integran el colectivo pero que también sienten similar la imposición de un mandato de silencio dentro de nuestras familias, en algunas ocasiones explícita y en otras en forma implícita. Eso un poco hizo que confluyamos en una voluntad colectiva de llevar adelante una idea que yo ya había tenido durante 2013, pero que, obviamente, solo no iba a ningún lado: presentar un proyecto de ley para modificar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación, del anterior no del que entró en vigencia hace poco, para que las prohibiciones de declarar en juicio (contra sus padres) y de denunciar no corran, al menos en los casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta oportunidad es un poco llevar adelante esa voluntad de expresiones; es romper con un mandato de silencio que padecimos puertas adentro de nuestras familias de origen, que no es lo mismo que el pacto de silencio porque a nosotros se nos impuso. —¿En primera instancia sería, entonces, una cuestión personal de no acompañar ese silencio de los progenitores que no dan datos? — Sí. Además, por supuesto, de no tener -y yo voy a hablar por mí- responsabilidad en los hechos cometidos por mi padre. Pero sí es cierto que la imposición de guardar silencio implica una complicidad que, por supuesto, no es jurídica pero que sí es emocional. Yo, particularmente, no la pude ni la puedo tolerar. Por otra parte es hacer de algo negativo algo constructivo; es poder aportar en materia de memoria, verdad y justicia. Y el lugar donde se realiza es frente al Poder Judicial en los juicios. Sin perjuicio de un montón de circunstancias y acciones más. —El proyecto que presentaron en el Congreso tuvo apoyo pero todavía no llegó al recinto. —Nosotros lo presentamos en noviembre de 2017 y, enseguida, tuvimos un apoyo y un impulso que, mayormente, lo realizó la diputada Fernanda Raverta que justo es hija de una de las víctimas en este juicio de Contraofensiva, María Inés Raverta. También, en aquel momento, tuvimos una reunión con el diputado Héctor Recalde, por entonces jefe del bloque (del FpV), que ni nos conocía, pero apenas empecé a explicarle dijo “yo en esto los apoyo”. La idea era que sea multipartidario, porque entendimos que frente a estos crímenes de lesa humanidad estamos todos del mismo lado. Así que se presentó el proyecto y, después, el 21 de marzo de 2018 el Movimiento Evita pidió una moción de preferencia, que apoyó todo el Congreso pero que, finalmente, nunca se cumplió. Después finalizó el período de 2018 y ahora, en 2019, fue presentado de nuevo por Raverta con la firma de 5 o 6 diputados más, y ahí está… Igualmente, yo entiendo que es una expresión muy importante, un acto político y ético muy importante, que hicimos hijas, hijos y familiares de genocidas, la mayoría de Historias Desobedientes y otros que no pertenecen al colectivo pero que han apoyado este proyecto. Y más allá de que sería una modificación posterior a los hechos del proceso, yo lo que creo es que estas prohibiciones en crímenes de lesa humanidad no deben correr, pero no por una ley que puede llegar o no llegar a ser ley sino por la inconstitucionalidad y el fundamento jurídico que yo encuentro más importante: la obligación de los Estados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Esta es una obligación que, desde el fallo Velásquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligatoria para todos los Estados partes. En cambio, el artículo 242 del Código Procesal Penal plantea nulificar medios o fuentes de prueba. Por eso debe quedar de lado. —¿Por qué podría decirse que el impedimento de ustedes para declarar no corre en este caso? ¿Porque tu progenitor no está imputado en esta causa? — Claro, esa es otra de las razones. Él no está imputado en este juicio oral. Y no estamos hablando de una prueba que podría ser declarada nula por haber sido obtenida bajo tortura, por ejemplo. Sino que la nulidad del artículo 242, incluso si se la quiere considerar, no sería aplicable porque él no está siendo imputado en este juicio. La prohibición tiene fundamentos en la Constitución Nacional que establece la obligación del Estado de la protección integral de la familia por sobre su obligación de afianzar la justicia y la persecución penal. También hay otro fundamento, que ya se utilizó en el caso de Juan Cabandié con la declaración de su hermana Vanina Falco (hija biológica del apropiador de Cabandié), y es que cuando el vínculo familiar ya está roto, esa prohibición no tiene ninguna razón
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