Pueblos Originarios
El 19 de julio de 1924 fuerzas represivas del Estado argentino avanzaron con violencia feroz contra integrantes de las comunidades Qom y Mocoví. El número de víctimas se estima entre 500 y 1000 personas. Personas ancianas, adultas, niños y niñas fueron fusiladas con extrema fiereza. El testimonio de Rosa Grillo, hoy ya fallecida, ante la Fiscalía Federal en noviembre de 2018 fue clave en el Juicio por la Verdad que se llevó a cabo en 2022. La Retaguardia trasmitió ese Juicio y su archivo está disponible en nuestra web en este enlace: https://laretaguardia.com.ar/category/masacre-de-napalpi
Los Parques nacionales son, en muchos casos, territorios apropiados por el Estado despojando de su lugar a pueblos originarios. Desde este año, además, el gobierno nacional ordenó invisibilizar en los Parques las festividades Wiñoy Xipantv y del Inti Raym de este fin de semana. A esto se suma un video oficial donde el ministro Luis Petri asiste a un ejercicio de las fuerzas armadas que simula un desalojo de tierras donde el supuesto enemigo lleva pasamontañas y blande machetes. Redacción: Pablo SantiagoEdición: Eva AmorínImagen: Video oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación En estos días, cuando hay quienes marcan en el calendario el final del otoño, o dan cuenta de los días más cortos y las noches más largas, cuando llega el solsticio de invierno, los pueblos indígenas del hemisferio sur, quienes habitan estos territorios ancestralmente, invocan al sol, celebran el reinicio de la vida. Para el pueblo nación mapuche es el Wiñoy Xipantv (o año nuevo mapuche), para los pueblos andinos es el Inti Raymi. Celebración precedente a la conformación del Estado argentino, y por supuesto también, a la creación de los Parques Nacionales. Territorios éstos que, en muchos de los casos, fueron apropiados por el Estado despojando de su lugar a los pueblos originarios. Un paso más en este despojo es la invisibilización que intentan llevar adelante las actuales autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN). La semana pasada, la flamante directora de Comunicación del organismo Iael Gueler, envió una orden a lxs trabajadorxs, a las Intendencias de APN y a las distintas seccionales, para que no se realice ninguna mención a las celebraciones del Wiñoy Xipantv y del Inti Raymi. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Retaguardia (@laretaguardia) Una órden que llegó por WhasApp En un mensaje de whatsapp, luego de presentarse en su nuevo cargo, dice “teniendo en cuenta que del 21 al 24 de junio es el año nuevo mapuche, se decidió institucionalmente instruir a los equipos de comunicación de cada parque que no se realice ninguna comunicación al respecto (resaltado en la comunicación original). Esto incluye tanto prensa como eventos y redes sociales.” Y agrega: “Cualquier cosa estoy a disposición para conversarlo en detalle”. Seis minutos después, envía otro mensaje que dice “Agrego que lo mismo ocurre el 21 de junio que se celebra INTI RAYMI – AÑO NUEVO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (en mayúsculas en el original). No suban nada por favor”. La orden del gobierno nacional recibió el rechazo y repudio de las y los trabajadorxs de la APN, organizadxs en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), plasmado en un comunicado que hicieron público. Así también lo hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La Confederación Mapuche de Neuquén, en un comunicado que tituló “Todos los días un nuevo absurdo del gobierno nacional”, denunció “el negacionismo y racismo del gobierno de Milei cae en estos absurdos. Sumado a la orden de semanas atrás donde prohíbe que se levante el Wenufoye o Símbolo Nacional Mapuce. El presidente Milei ordena esto mientras se envuelve al punto de enredarse en la bandera del Estado de Israel, bañada de sangre del pueblo Palestino que sufre una de las matanzas más feroces”. Y declaró: “Por eso no tiene ni pies ni cabeza estas órdenes que bajan. Que seguramente nadie obedecerá. Porque la ceremonia del Wiñoy Xipantv tiene un carácter intercultural. Porque es el mensaje del wajmapu, de la naturaleza, que indica el comienzo de la renovación de la Vida. (…) Como cada inicio de año esperamos a toda la sociedad que descree del mensaje discriminador, torpe, mesiánico, autoritario de Milei y sus funcionarios para que celebremos la llegada del Wiñoy Xipantv en cada una de las múltiples celebraciones de la región”. Antecedentes recientes: Lago Acigami Este nuevo intento fascista y discriminador del gobierno nacional, tuvo un antecedente a principios de mes, cuando la APN, en lo que denominó “un acto de justicia”, cambió el nombre al Lago Acigami (en Tierra del Fuego) poniéndole el de Julio Argentino Roca, perpetrador del genocidio de los pueblos originarios y del traspaso de sus tierras a la oligarquía vernácula y extranjera. En sus tradicionales mensajes provocadores, el vocero Manuel Adorni aseguró que el cambio de nombre fue en “honor al artífice de la consolidación del Estado Nación quien con su visión y liderazgo terminó por delimitar la extensión de nuestro territorio”. Y el presidente de la APN, Cristian Larsen (ex yerno de Hernán Lombardi y denunciado ante la oficina anticorrupción tras su paso como auditor en Radio y Televisión Argentina entre 2016 y 2019), declaró en un comunicado que se trató de “un paso más hacia la recuperación de la soberanía nacional”. El enemigo interno No se trata sólo de ganar discursivamente la batalla cultural. Desde el gobierno, sobre todo, desde los ministerios de Seguridad y de Defensa, se traza una política de construcción del enemigo interno a quien hay que derrotar. En los grandes centros urbanos son los movimientos sociales, las organizaciones de base y los partidos de izquierda. En la Patagonia es el pueblo nación mapuche. Nada es nuevo. Bajo la secretaría de Seguridad comandada por Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, sucedieron la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado al momento de la represión de Gendarmería contra la Pu Lof en Resistencia en Cushamen (Chubut) y el asesinato Rafa Nahuel por la Prefectura en el intento de desalojo del territorio mapuche recuperado en Lago Mascardi (Río Negro). En un reciente video se ve al ministro Luis Petri asistiendo a un ejercicio de las fuerzas armadas que simula un desalojo de tierras donde el supuesto enemigo lleva pasamontañas y blande machetes. La construcción del relato fascista comenzó hace tiempo y tiene en los medios de comunicación hegemónicos (y no tanto) el sustrato necesario para continuar creciendo. Pero las comunidades no abandonarán su lucha y las wiphalas seguirán flameando en los territorios recuperados. Y los kultrunes y las trutrukas continuarán sonando en el silencio de la noche más
Detuvieron a Gonzalo Coña, quien había sido herido durante la represión en la que asesinaron a Rafael Nahuel. Hablamos con Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas pasó por La Retaguardia y opinó acerca de este hecho en particular y de la persecución que viven históricamente los pueblos originarios, en este caso, en la Patagonia argentina. Entrevista: Fernando Tebele / Julián BouvierEdición: Julián Bouvier/ Agustina Sandoval LernerIlustración: Chechu Rodríguez / La Retaguardia “Cuando se produjo este primer desalojo violento, con un asesinado, dos heridos y los dos peñi que bajan el cadáver (Fausto Jones Huala y Lautaro Curruhuinca), lo que sucedió fue que la Justicia convirtió a la víctimas en victimarios. Fue tal el ensañamiento, que algunos de ellos terminaron con una carátula de ‘Atentado al orden constitucional’. El nivel de persecución escaló. En el juicio por Rafita Nahuel quedó en claro que había sido una verdadera cacería. Gonzalo y otros peñis fueron heridos y ni siquiera les permitieron participar como querellantes en la causa, por el contrario, quedaron procesados por ‘usurpación’. Gonzalo estuvo siempre a derecho. Y les hicieron una orden de captura por no haberse presentado al juicio de usurpación”, contó la abogada. Gonzalo no tiene antecedentes, más que la causa de usurpación, por lo que, según dijo Taffetani, no debería ser encarcelado. “Bullrich, con su delirio con los ‘terroristas’, aprovecha que, tanto la Justicia como los medios hegemónicos, son fuertemente antimapuches, aprovecha y hace caer sobre ellos todo el peso”, concluyó la integrante de la Gremial de Abogados.
Lo dijo Ruben Marigo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, parte querellante en este juicio. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Marigo remarcó que habían pedido cadena perpetua para los prefectos del grupo Albatros que asesinaron al joven mapuche y que finalmente las condenas fueron bajas. Quien efectuó el disparo recibió 5 años de prisión y los cuatro prefectos restantes fueron condenados a 4 años y seis meses. Entrevista: Fernando Tebele / Pedro Ramírez OteroRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, fue asesinado de con un disparo por la espalda en Río Negro. El disparo provino del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Rafael tenía 22 años. Ese mismo día, velaban el cuerpo de Santiago Maldonado, el joven que había desaparecido en el marco de una manifestación en Chubut, luego de la represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche y que apareció muerto 78 días después. Esta semana concluyó el juicio a los 5 prefectos imputados por el asesinato de Rafael Nahuel. Sergio Cavia, quien fue identificado como el autor del disparo que acabó con la vida de Rafael, recibió una condena a 5 años de prisión como responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido en exceso de legítima defensa. Los otros cuatro imputados, Sergio García, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa y Juan Ramón Obregón, miembros del mismo grupo Albatros de Prefectura, fueron condenados a 4 años y 6 meses por ser partícipes necesarios del delito. Además, a Cavia le corresponden 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 7 al resto de los condenados. La fiscalía había pedido que se aplique la atenuante de “exceso de legítima defensa”, por el supuesto enfrentamiento con armas de fuego, excusando que los prefectos actuaron en protección propia. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche aseguran que Rafael Nahuel y los jóvenes con los que estaba no contaban con armas de fuego. “Más allá del fallo de la Justicia, en este juicio logramos acreditar que esto fue un asesinato por la espalda. Se demostró con las pericias, se demostró con inspección ocular, porque todas las vainas pertenecen a los prefectos y son las únicas existentes en el lugar. No hay duda de que Rafael es muerto por la espalda. En ese mismo momento se dispararon 150 proyectiles de armas 9 milímetros. Hablar de exceso en la legítima defensa con 150 proyectiles de un cuerpo represivo especial que no era para ese tipo de procedimiento, no existiendo ningún tipo de heridos del lado de los prefectos, es mentir. Como siempre, los muertos y los heridos son del lado de los mapuche. Y esto tiene mucho que ver con los pedidos del fiscal”, contó Rubén Marigo, de la APDH de Bariloche. Luego de tres meses y medio de juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, presidido por Alejandro Silva acompañado por Pablo Díaz Lacava y Simón Bracco, decidió por unanimidad este veredicto. Los condenados no irán a prisión hasta que la sentencia quede firme. Las diferentes querellas plantearon que apelarán al fallo, ya que habían pedido prisión perpetua para los imputados. “Al menos los condenaron. Asesinaron a Rafa Nahuel y no quedaron impunes. En la familia hay amargura por las bajas condenas, pero esto no se termina acá. Las tres querellas apelaremos. Tenemos diferencias interesantes con este fallo: primero, que tanto nosotros como la Fiscalía habíamos pedido la coautoría, lo cual significa que todos dispararon, todos fueron culpables y hay jurisprudencia importante en el tema sobre violencia institucional. Y el Tribunal decidió que el autor fue Cavia y que los demás eran partícipes necesarios. Esto le abre a la defensa algún tipo de vía de cuestionar quiénes habían o no disparado armas. Este tipo de sentencias leves lo que hacen es envalentonar a quienes ejercen la violencia institucional. Era un momento importante para que la Justicia no solamente condene sino que señale como un delito de violencia institucional y que pusiera una pena ejemplar como se merecían”, dijo Marigo. Este veredicto coincide con el nombramiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, la misma función que ejercía al momento del asesinato del joven mapuche. “No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme las responsabilidades”, había dicho Bullrich luego del asesinato de Rafael Nahuel y de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. “Como dije en la puerta del Tribunal al finalizar el veredicto, este era un juicio capicúa: comienza con Bullrich y termina con Bullrich. Ella inventó el enemigo interno de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) acá en Bariloche. Como lo dijimos en el alegato, modificaron el protocolo para las manifestaciones acá en Bariloche, el 31 de julio del 2017. Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Seguridad de Bullrich, formó las policías provinciales y nacionales de Río Negro, Neuquén, un aparato para ‘resistir al RAM’. Y a fines de diciembre de 2017, también en Bariloche, Bullrich formó el Comando Unificado de la provincia de Río Negro, de Neuquén y de Chubut. Dentro de este contexto político se da el asesinato de Rafa Nahuel y la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí nos encontramos con toda esta nueva etapa en nuestro país, que denigra a los pueblos originarios y es la misma que niega los 30 milcompañeros desaparecidos. Este tipo de veredictos no combate la deuda de la democracia con la violencia institucional en las fuerzas de seguridad, sino que los avala”, concluyó el integrante de la APDH de Bariloche.
Después de estar 5 años prófugo, Lautaro Curruhuinca se presentó a la Justicia para dar testimonio en el juicio por Nahuel. La persecución, la clandestinidad y la libertad actual. Su relato minucioso de aquel 25 de noviembre de 2017, al que calificó como “una cacería” en este diálogo con La Retaguardia. Redacción: Fernando Tebele Edición: Agustina Sandoval Lerner Lautaro Curruhuinca tiene 25 años. Estuvo prófugo de la Justicia desde los 19 hasta hace pocas semanas, cuando se presentó para dar testimonio de cómo vio morir a Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado por efectivos de la Prefectura que son juzgados actualmente en General Roca, la ciudad que lleva el nombre del genocida de pueblos originarios. Quiere hablar. Necesita romper el silencio. Aunque pensó que quedaría preso al presentarse, la Justicia lo liberó. Estaba acusado primero por el asesinato de su propio compañero. Cuando el disparate quedó en evidencia, le imputaron haber sido parte de un enfrentamiento con las fuezas federales y hasta le pusieron como cargo “Atentado contra el orden institucional”. El juicio por Rafael está certificando que tampoco fue así. Que fue más bien una cacería, como dirá Lautaro en la charla, como se denunció desde el primer momento. Ante la presentación de la Gremial de Abogados y Abogadas, el juez solo dejó el cargo de “Usurpación”, y lo dejó libre considerando prescripto el delito. Ahora está en Bariloche, a punto de regresar al territorio. Desde el otro lado de la línea, siempre acompañado por su mamá, Mirta Curruhuinca, se dispone a retroceder a aquellos días oscuros de noviembre de 2017. El día que estaban velando los restos de Santiago Maldonado en su pueblo, Rafa Nahuel era asesinado y otras dos personas resultaban heridas con balas de plomo. Allí comenzó el silencio de Lautaro que ahora se rompe con ese relato minucioso. —Una semana bastante particular, porque pasaste de estar en la clandestinidad, escapando de la Justicia que te buscaba, a estar en el juicio por el crimen de Rafael Nahuel dando testimonio. ¿Cómo fue ese cambio? Me imagino que es un cambio brusco. —Primeramente sí, obviamente uno se acostumbra a vivir así tantos años, porque yo estuve un poco más de cinco años prófugo, con pedido de captura, y la verdad que no me esperaba que pase así tan de repente, de un día para otro el cambio de la decisión del juez. Cuando yo decido presentarme como testigo, inclusive lo hacía pensando que podía llegar a quedar detenido. Pero igual iba a presentarme como testigo en el juicio, sin importar que esté detenido. Y la verdad es que me sorprendió bastante todo esto, porque todos estos años la defensa presentaba siempre la eximición de prisión y siempre se lo rechazaba la Fiscalía, porque yo no quise aceptar la versión de ella, que fue un enfrentamiento armado y esa fue la excusa para la captura, porque no me quise doblegar ante ellos. —El día del asesinato de Rafa, vos decías que una de las razones por la que no te quisiste presentar es porque la Justicia presentaba el asunto como un enfrentamiento. ¿Qué fue lo que pasó aquel día? ¿Cómo lo definirías? —Ese día, esos días, del día de desalojo, del 23 a la madrugada al 25 (de noviembre de 2017), en realidad fue tipo una cacería que hizo la policía mientras nosotros estuvimos en el monte escondidos. Y no fue un enfrentamiento armado, porque nosotros no teníamos armas, teníamos piedras no más. Y nos defendimos solamente con piedras. —Tuvimos hace algunas semanas el juicio contra Jessica Bonnefoi, acusada de un rasguño contra una oficial, el 23; dos días después, el 25, se produce finalmente la represión con Rafa asesinado. ¿Qué recordás de aquel día? —Bueno, el 23 a la madrugada llegó la policía y resistimos hasta donde pudimos. Y obviamente, con lo que teníamos a mano, que eran piedras no más. Y de ahí la gente que estuvimos ahí, nos replegamos para el monte, salimos corriendo para arriba, para la cordillera, y ahí estuvimos todo ese día, y ahí nos estuvieron cazando a nosotros con helicópteros, drones, con policías y con perros. El helicóptero iba y venía todo el tiempo. A la noche el dron también, y el 24 de la mañana decidimos volver para un lugar que conocían los peñi, donde hacían ceremonias, que fue donde lo mataron a Rafa. Y cuando llegamos ahí, nos encontramos con Fausto (Jones Huala) Rafita, que habían subido a llevarnos comida y abrigo y las noticias de lo que estaba pasando afuera. Ahí estuvimos hablando, descansamos, pudimos comer un poco y el 25 a la tarde seguimos, después de pasado el mediodía, y bajamos a ver qué es lo que estaba pasando en la ruta porque no se escuchaba más ruido, no se sabía nada. Y cuando bajamos a 200 metros de esa planicie donde estábamos, empezamos a escuchar disparos. Primero un grito de alto de Prefectura, pero al instante fue un disparo atrás del otro y empezamos a correr para arriba nuevamente. Nunca se dejaron de escuchar los disparos mientras corríamos esos 200 metros. En el momento, cuando llegamos arriba y veíamos que algunos no llegaban, empezamos a tirar piedras donde venían los disparos, corriéndonos porque la balacera era terrible y ya ahí en ese momento yo alcanzo a ver que lo hieren a (Gonzalo) Coña. Eso fue eterno. Duró poco, pero fue eterno, y de repente veo que a la izquierda mía cae Rafita y al instante empezamos a gritar, y seguía la balacera, y ahí hieren a Johana (Colhuan). Entonces entre toda esa gritería, ahí se van, se vuelven para abajo, con velocidad. —Entonces ustedes ahí se encontraban con tres personas que habían recibido balazos Coña, Colhuan y Nahuel, y se dieron cuenta rápidamente que la situación de Rafa era peor. —Sí, cuando lo revisamos, se revolcaba en el piso, no podía hablar mucho, decía algunas palabras, pero se revolcaba por el dolor. Lo empezamos a revisar y encontramos que tenía un poco de sangre en
El primero fue en 1946, el segundo en 2006 y el tercero está acampando en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. La historia de los Malones y las promesas que el Estado nunca cumplió. Redacción: Sergio ZalbaEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Según varios relatos, el nombre “Malón de la Paz” fue una creación del teniente Mario Augusto Bertonasco, funcionario de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura hasta 1944 y luego colaborador del coronel Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta 1946. Un militar bien intencionado que había colaborado con el pueblo mapuche en sus reclamos territoriales.Aunque estos “Malones de la Paz” se organizaron en el norte, la palabra viene del sur. Malón deriva de malok, término mapudungún que significa invasión. En tiempos de la ominosa conquista del desierto, los fortineros llamaban malones a los ataques sorpresivos de las huestes mapuches, tehuelches o pampas. “Malón de la Paz”, entonces, es un oxímoron bellamente constituido; de confección casi marketinera, sin que esta apreciación contenga la mínima carga peyorativa. El 3 de agosto de 1946, cuando Perón llevaba apenas dos meses de gobierno, entró en Buenos Aires el primero de los malones. Había partido desde Abra Pampa, Jujuy, el 15 de mayo. La popularidad del nuevo presidente y el convencimiento de que sus reclamos serían atendidos, animó a sus 174 integrantes durante los 2 mil kilómetros que hicieron a pie. Y en parte no se equivocaron. Fueron muy bien recibidos y trasladados al Hotel de Inmigrantes. Allí los alojaron durante varios días con visitas de importantes funcionarios e, incluso, del mismo presidente. Pero 27 del mismo mes ocurrió un hecho sorprendente: personal de Prefectura Naval los forzó a retirarse y los “subieron” a un tren con destino a Jujuy.Tres años después, el decreto 18.341 (1949) del Presidente Perón, ordenó la expropiación de 58 haciendas en la Puna y en la Quebrada para entregárselas a las comunidades Kollas. La expropiación se hizo, pero las tierras no fueron entregadas. Quedaron en manos del Banco Nación. Después de 60 años de aquella peregrinación a Buenos Aires, más de un centenar de comunidades del norte jujeño decidieron manifestarse nuevamente. Y el 7 de agosto de 2006, con el nombre de “Segundo Malón por la Paz”, se movilizaron para cortar la ruta 9 a la altura de Purmamarca, en Jujuy. El reclamo era el mismo, sólo cambió el escenario. Pero además, la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 75 inciso 17, había incorporado el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades originarias y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Esta vez, las demandas fueron contra el entonces gobernador de Jujuy, Eduardo Alfredo Fellner. Un fallo judicial que ordenaba la entrega de tierras reclamadas por las comunidades fue apelado como inconstitucional por parte del gobierno jujeño. Por eso es que el Malón no salió de la provincia, aunque recurrió a la mediación del presidente Néstor Kirchner. El corte se levantó ante el ofrecimiento de unos 30 títulos comunitarios. Pero el mejor de los efectos fue la sanción de la ley 26.160 promulgada en noviembre de ese año: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años”. Esa misma ley prohíbe el desalojo de cualquier familia o comunidad originaria hasta que concluyan los relevamientos e inscripciones correspondientes. La ley se fue prorrogando hasta la actualidad y aún esos registros no concluyeron. Las provincias dejan “durmiendo” esta obligación por diversos motivos: para no enfrentarse con latifundistas que podrían verse afectados, para no privar a los estados provinciales de territorios comercialmente explotables, por cuestiones ideológicas o hasta por desidia. En todo el país se inscribieron 1.853 comunidades pertenecientes a unos 50 pueblos (Guaraní, Kolla, Mapuche, Qom, Diaguita, Pilagá, Omaguaca, entre otros). el 51 por ciento pudo terminar su relevamiento para obtener la personería jurídica, pero no existen datos publicados sobre la cantidad de comunidades que lograron obtener su título de propiedad. “No tenemos un registro nacional y se trata de un dato muy sensible que afecta grandes intereses”, dijo a La Retaguardia un portavoz del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI ). Algunas informaciones periodísticas señalan que en Jujuy se habrían otorgado unos 70 títulos de las 178 comunidades relevadas y las 298 identificadas. Menos del 25 por ciento de lo reclamado. En otras provincias, los porcentajes serían bastante menores.El tercer “Malón de la Paz” llegó a la Ciudad de Buenos Aires el día de la Pachamama: el 1 de agosto de 2023. Se instaló en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia de la Nación y su Corte Suprema. El reclamo, esta vez, incluye los títulos de propiedad pero en el marco de la reciente reforma constitucional de Jujuy: “Arriba los derechos, abajo la reforma” es el lema del Malón. Exigen que el inciso 4 del artículo 67, y los artículos 94 y 95 sean declarados inconstitucionales. El primero prohíbe las protestas callejeras y los otros dos apuntan al corazón de las demandas originarias: las tierras fiscales y las aguas (subterráneas y superficiales) son declaradas bienes de producción al servicio económico de la provincia. Las comunidades, entonces, podrían acceder a sus tierras, pero nunca más a su territorio, a su espacio vital. Podrían recibir tierras con ríos contaminados o ser desalojadas si habitan espacios económicamente estratégicos para las arcas provinciales. El Malón de la Paz versión 2023 ya obtuvo algunos logros: que el Gobierno nacional emita una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos mencionados; que por decreto 435/2023 se constituya una Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy; y consiguió algún grado de visibilidad, aunque se apague lentamente. Claro que no es poco, pero sigue faltando lo sustancial: el reconocimiento efectivo que
Las y los representantes de pueblos originarios continúan su reclamo en contra de la reforma constitucional de Jujuy. Irma Puca, integrante del acampe que están haciendo frente a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que están siendo discriminados por la Corte Suprema y por diputados y diputadas. En diálogo con el programa radial Tengo una Idea, planteó que van a continuar luchando por sus derechos. Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Natalia Bernades/La Retaguardia El Tercer Malón de la Paz está compuesto por 200 representantes de unos diez pueblos originarios de Jujuy que llegaron a la Ciudad Buenos Aires desde La Quiaca, Purmamarca y Tilcara. Luego de más de un mes, permanecen en vigilia en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Allí, continúan visibilizando su reclamo contra la reforma de la Constitución de la provincia norteña. Irma Puca, integrante del acampe, contó: “Yo vengo del departamento de Yavi, pueblo coya de la ciudad de Cangrejillos. Venimos desde la Quiaca desde el 25 de julio, y veníamos de un corte de ruta que se hizo en junio. Desde ese momento estamos luchando por nuestros territorios que lastimosamente el señor (Gerardo) Morales, como todos lo saben, comenzó con una reforma inconstitucional cuando la firmó”. Acerca de lo que está pasando en Jujuy, planteó: “Para nosotros en Jujuy se vive un golpe de Estado, y ninguna provincia debería pasar esto. Estamos todos los hermanos muy dolidos, se las están agarrando con nuestros hijos, a los chicos de las escuelas los están expulsando por hablar, Morales va por todas las comunidades”. Puca explicó que parte del pueblo jujeño vive de la cría de ganado y de la agricultura. “Y el agua es algo sagrado, porque no tenemos agua para beber como tienen aquí (en CABA), la alzamos del río porque es dulce y está limpia. A principios de septiembre llegaron las empresas mineras para entrar a nuestros sitios”, dijo. El ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) recibieron al Tercer Malón de la Paz de Jujuy. Luego del encuentro, acordaron la puesta en marcha de una comisión de investigación y resguardo del pueblo y comunidades jujeñas, conformada por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los pueblos originarios violentados por la reforma constitucional. Acerca de esto, Puca opinó: “Es algo sorprendente, si ellos ya saben lo que está pasando”. Luego de más de un mes de acampe frente a Tribunales, contó cómo lo están están viviendo: “Después de la lluvia nos llenamos de barro y la pasamos muy mal. Seguimos poniéndole mucha garra a lo que vinimos a defender. Entendemos que no solo es para nuestro beneficio, sino para todos a nivel nacional, e internacional teniendo en cuenta lo que está pasando con los pueblos originarios. Nuestros abuelos que lucharon, vinieron en el primer Malón de la Paz y no obtuvieron nada. Están representados hoy por los nietos y bisnietos que continúan con la lucha. Hemos sido discriminados y seguimos siendo discriminados por la Corte Suprema, por los diputados. Eso nos duele”. Puca pidió apoyo para el Tercer Malón de la Paz, “ porque en el acampe vivimos como en una situación de calle”. Además, dijo: “Somos defensores de nuestra cultura, de la tierra, del agua, del aire, de nuestra naturaleza. Queremos que esto se resuelva, nosotros pedimos libertad por nuestros derechos”. También denunció que tienen los celulares intervenidos, pero que no tienen miedo y van a seguir peleando: “No importa el gobierno que venga, estamos dispuestos a luchar hasta morir. Por más que nos sigan matando, las comunidades van a seguir viniendo, no pueden decirnos que nosotros no existimos, porque nuestra cultura es milenaria. Somos muchísimas las comunidades, solo en Jujuy hay 400 y otras 20 que aún no son reconocidas”, dijo. Por último, contó: “En el acampe no nos dejaron poner baños químicos, y en muchas de las confiterías, restaurantes y del teatro de alrededor no nos dejaron entrar, cerraron sus baños. Nosotros no somos ignorantes, no ensuciamos. Fue horrible lo que vivimos. Hemos tenido que caminar hasta 15 cuadras. Nos hace falta agua, para poder tomar o cocinar. Hay abuelos y niños. La gente nos ha ayudado con ropa y zapatillas”.
Tenía 27 años y sufría un retraso madurativo. El joven formoseño estuvo una semana desaparecido hasta que la policía lo halló en un lugar cercano a la ruta. La familia de Torres asegura haber rastrillado varias veces ese lugar. Agustín Santillán, referente wichi en Ingeniero Juárez, en diálogo con el programa radial La Retaguardia brindó más detalles del caso, y también repasó la situación general que se vive en las comunidades originarias de Formosa. Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero Redacción: Nicolás RosalesEdición: Fernando TebeleFoto: Archivo María Eugenia Otero / La Retaguardia Tras una búsqueda desesperada, Sergio Onofre Torres fue hallado sin vida. Sergio solía recoger botellas plásticas para reciclar o hacer hielo. Testigos afirman que se lo vio por última vez cuando lo subieron a un patrullero policial. Su familia y otros referentes wichi denuncian a la policía de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa. Desde allí, Agustín Santillán expresó: “Nos llamó una señora diciendo que su hijo se había ausentado de su casa, y que no volvió. El chico siempre andaba por el centro buscando botellas de gaseosa, siempre iba a lugares que lo conocían, como la confitería o la sandwichería donde le daban”. No regresaba y “su madre se empezó a preocupar, y al pasar una noche, ella fue a la comisaría a hacer la denuncia de que estaba desaparecido. Ya le había pasado otras veces que se ausentaba, pero la policía lo encontraba y lo llevaba para su casa. La madre le mostró a la policía el documento de Sergio y enseguida lo reconocieron. Uno de los policías se rió, y según los testigos, es quien lo alzó al chico”, dijo en referencia a que ese uniformado lo habría detenido. Mal accionar policial Pasó mucho tiempo de eso, y en ese “después” Santillán agregó: “Según la policía, encontraron el cuerpo de Torres cerca de un árbol sobre la Ruta Nacional 81. Lo raro es que hace una semana atrás la familia había estado rastrillando la zona, no es que estaba en el medio del monte. Nosotros habíamos estado acampando por ahí, esperando a unos hermanos. También habían estaban buscando; ellos, nosotros, conocemos el campo. No encontramos nada. El cuerpo apareció a la semana, pero lo que más bronca da es que la policía no le avisó a la familia para reconocerlo, solo alzó al chico y lo llevaron a la morgue del hospital. Su cuerpo no tenía olor, y que acá por el calor que hace, es muy raro que no lo tenga, ya que supuestamente, y según el médico forense, estuvo ahí por 72 horas”. Según Santillán, la policía dijo que el joven murió por asfixia. “No tenía signos de golpes. No tenía heridas, los familiares no pudieron verlo bien, porque después taparon el cajón”, denunció. Una historia de siempre El olvido y destrato hacia las comunidades originarias por parte del Estado nacional y en este caso también el provincial, con el gobernador Gildo Insfrán que gobierna desde 1995, no es de ahora, es de siempre. “Acá la gente se preocupa por el día a día. Qué vamos a comer mañana, qué le vamos a dar de comer a las chicas, o si vamos a tener agua. Si la compramos o preferimos comer”, describió. “Los ladrilleros dicen: no sé si compramos viruta, leña, o comida. Algunos tienen muchos chicos y prefieren comprar mercadería o zapatillas para los chicos que van a la escuela. Eso es lo triste que pasa acá en Ingeniero Juárez. Hay mucha sequía, hace mucho que no llueve. Nosotros siempre queremos hablar, pero no nos dejan espacios en los medios de comunicación”, continuó. Por último, se refirió a cómo les afecta la inflación en la compra de los alimentos. Todo este panorama agravado por la sequía. Con el agua, las cosas serían muy distintas. También denunció al gobierno por proveer agua con camiones cisternas, no siempre de manera gratuita. El agua no llega correctamente a los barrios más humildes. Agustín Santillán, a través de su cuenta personal de la red social Facebook, mostró las movilizaciones que se viene dando en Ingeniero Juárez exigiendo justicia por la confusa muerte de Sergio Onofre Torres.
Lo dijo Soraya Maicoño, vocera mapuche, en entrevista radial con el programa Tengo una Idea. Además, se refirió a la situación de las mujeres mapuche detenidas. Cómo fue el trato en el traslado y en el desalojo. Maicoño aportó sus opiniones sobre la mirada de los medios de comunicación, el rol de los funcionarios políticos y los movimientos fascistas. Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Fernando Tebele Foto: Diario Río Negro La jueza Silvina Domínguez dictó el sobreseimiento de la maestra Andrea Despo y con esa medida confirmó las graves violaciones de sus derechos que representó la detención y trasladado en condiciones vejatorias al penal de Ezeiza, a 1600 kilómetros desde Bariloche, junto a otras tres mujeres mapuche. Fueron incomunicadas, desinformadas, trasladas y desnudadas de forma humillante. Despo estaba en el territorio para atenderse con ma Machi Betiana, principal autoridad mapuche. Resta saber qué sucederá con el resto: si se las procesa o las declara inocentes de los delitos de «usurpación, incendio y resistencia a la autoridad». Soraya Maicoño, desde una plaza en Lago Puelo, pueblo cordillerano de Chubut, contómientras participaba de una manifestación en apoyo al pueblo mapuche: “Acá hay mucha gente, como está sucediendo en tantísimas plazas todo el país”. Con respecto a la mujer mapuche liberada refirió que “Andrea es una lamuen que había estado en el territorio en el momento del allanamiento y de la detención. Ella había ido a atenderse su salud con la lamuen Machi”. Por otro lado Soraya detalló: “Quedaron otras dos mujeres detenidas en la PSA y en huelga de hambre desde hace 7 días. Después siguen presas cuatro lamuen más en prisión domiciliaria con sus püchikeche, con sus niñas/os, que son varios y varias también. Ellas ya no están en huelga de hambre, pero sí siguen presas”. Respecto al traslado dijo: “Las hicieron viajar en un traslado de 24 horas donde vivieron las situaciones más humillantes. Las hicieron desnudar más de cuatros veces. Les sacaron fotos, y cuando estaban desnudas las hicieron agachar y fueron entre cuatro o cinco milicos las que las observaron. Pasaron los tratos más denigrantes que puede pasar una mujer. A nosotros se nos vulneraron todos los derechos: como humanos, como mujeres, a las infancias, y a los pueblos originarios. Y es importante que se entienda que acá nadie quiere victimizarse”. Violencia es mentir El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, declaró en su cuenta de Twitter respecto a esta situación: “No hubo ninguna represión en Villa Mascardi”. Sobre esto Maicoño opinó: “Ustedes están sabiendo por un montón de lugares, por medios, por palabras de nuestras pu lamuen, y porque lo venimos denunciando, cuál fue el maltrato. Cuando las pude ver y me contaban cómo fueron arrancadas de sus casas, la lamuen machi (sanadora) estaba arriba en su habitación cambiando a su bebé y escuchó cómo entró una bomba de estruendo en su ruca, con un bebé de cuatro meses y un niño de tres años”. Por otro lado denunció que “hubieron situaciones tremendas de maltrato, de humillación, una de las otras lamuen tenía a su bebé en una especie de cunita de tela y el milico creía o hacía suponer que ahí había una mochila y la pateaba. No le pasó nada porque evidentemente nuestros püchikeches están cuidados, pero ahí había una bebé de un mes. Entonces que los ministros, que el presidente, o cualquier persona de pensamiento facho salga a decir que no hubo ninguna situación de violencia, claramente están avalando a personas que están locas. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de salir a mentir y a inventar circunstancias y situaciones tan aberrantes como las que vivieron nuestras pulamuen?” Una mirada Los medios de comunicación tradicionales continúan con la construcción de un discurso estigmatizante sobre los y las mapuches y en particular con la machi, la guía espiritual de las comunidades mapuche. “Ella es en este momento la autoridad más importante para el pueblo mapuche, y por eso también tanto ensañamiento. Porque el Estado está al tanto de quién es quién, de cada rol y de cada trabajo que nos toca en nuestro pueblo “, explicó. “La realidad es que la Lof Lafken Winkul Mapu es la único lugar donde hay un Rewe de machi, que es un espacio espiritual donde nosotros podemos o cualquier persona del puelmapu, sur de Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, y norte de Santa Cruz, donde se puede ir a hacer un trabajo de machi, donde podemos ir a atender nuestra salud, también pedir porque se limpien nuestros territorios. Donde allí, se despierta nuestro newen, nuestra fuerza. Es una autoridad trascendente, es mucho más importante para nosotros que un montón de políticos o de funcionarios que son elegidos desde a dedo, puestos por los empresarios, y que en realidad están rodeando la Lof. Ella nace con ese rol, con esa fuerza, y nosotros la reconocemos como tal. Como tantísimas comunidades de la zona”, describió. Grupos económicos Además, Maicoño aportó su mirada más de fondo sobre qué hay detrás de estos desalojos. “Sé que dicen que es una seudo mapuche (la machi). Nos hablan a nosotros como seudos, como si el blanco pudiera rascar nuestra piel y definir qué somos. Pero también sé que todo eso responde a un grupo económico que no le importa ni siquiera el que tome ese discurso. Lo único que le importa a este grupo económico es desalojar a los territorios para avanzar con sus proyectos extractivistas. Y es el mismo grupo que además maneja esos medios y que ponen a esos políticos a gobernar”, sentenció. Bariloche y Villa Mascardi, son sin dudas una zona estratégica y de gran valor paisajístico para turismo VIP, lo que hace que surjan la especulación inmobiliaria y el negocio forestal. Movimientos fascistas Por otro lado, cabe mencionar a la agrupación “Consenso Bariloche”, que fue creada en 2021 como evolución de un bloque contra las recuperaciones territoriales en Bariloche, apoyada por la presidenta de JxC, Patricia Bullrich. “Estos grupos se están extendiendo por Argentina, hay otro en
El guía de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, relató en diálogo con La Retaguardia cómo fue la desmedida represión que desataron fuerzas federales en el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. Millán responsabilizó al gobierno nacional, al que calificó de “cómplices, que se dicen progresistas pero les abren las tranqueras a los extranjeros para que se queden con la Patagonia”. Entrevista y Redacción: Fernando Tebele / Pedro Ramírez Otero “Mari Mari compuche -comenzó el Lonko con el saludo tradicional mapuche-. Estamos en un momento muy de extrema preocupación, porque se ha desencadenado desde hace ayer a hoy un acciona, un despliegue represivo impulsado por el gobierno nacional con el pedido de las provincias, en este caso el de Río Negro, un ejército que avanzó sobre una pequeña comunidad. Y ahora quieren consumar el despojo a partir del accionar del aparato judicial y todo lo que a ver si tendría que contar, todo lo que sucedió ya será hoy. Ojalá que tenga la capacidad para poder hacer una síntesis”, dijo el Lonko antes de comenzar con un repaso de los hechos. “El martes, un ejército, y no estoy exagerando, porque no eran policías comunes, eran un ejército con militares con celulares, con tanquetas, llegaron en dos Hércules. 250 efectivos se desplegaron por la comunidad, pequeña comunidad. Detienen a mujeres embarazadas, a la Machi que tiene un bebé de cuatro meses. Detienen a las personas que alcanzan a cazar. Muchos huyen hacia el cerro. Quedan cinco chicos perdidos durante varias horas. Los logramos rescatar a través de un operativo rescate que hizo el propio pueblo mapuche. Con compañeras y compañeros mapuche logramos encontrar a estos niños, porque uno de ellos pudo tirar un mensaje. La cuestión es que está todo militarizado. Están las lamien detenidas en el aeropuerto de Bariloche, porque actuó también la Policía Aeronáutica (PSA-Policía de Seguridad Aeroportuaria), actuó también la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura, la Policía de la Provincia. Digamos que es un despliegue desmedido, es una locura lo que está pasando. Y ahora comenzaron con una huelga de hambre las Lamien y se está hablando fuertemente que la quieren trasladar a Ezeiza”, señaló. Apenas finalizado el diálogo con el Lonko se conoció la resolución de la jueza sobre el traslado de las detenidas con excepción de las dos que están amamantando y otra integrante de la comunidad que está embarazada cerca de dar a luz. Ya llegaron a Buenos Aires y se presume que mañana podrían ser llevadas a la Unidad 31 de Ezeiza. Millán calificó duramente al gobierno de Fernández. “Esto ya es el colmo. Esto ya es un Estado de terror de un gobierno que la careteó durante todos estos años de que no reprimía. Evidentemente, este comando unificado significa sellar la política y que va a implementar el Estado a través del gobierno de Fernández, con la complicidad de los gobernadores a cualquier protesta social. Porque si dejamos como sociedad, que esto que consume, se materialice, estamos condenando las libertades de cada uno de los individuos que caminan por este territorio. Es tremendo lo que está pasando. Es muy difícil de sobrellevar esta situación cuando todas las instituciones, muchas de ellas que inclusive quieren hacer algo, están frustradas, están viendo cómo poco a poco se está disolviendo ese Estado de derecho. —Con el cambio de gobierno de Macri y Alberto Fernández se había iniciado alguna ronda de diálogo. Recuerdo a funcionarios viajando allí, al territorio y a la comunidad que desalojaron ayer a sostener diálogo. ¿En qué momento se rompió ese diálogo? Y la pregunta es si se veía venir que el Gobierno nacional pudiera tomar una determinación como la que tomó. —El diálogo nunca jamás fue roto de parte del pueblo mapuche. Siempre los llamamos a dialogar, convocamos a parlamentos para esto y se pasaron la posta entre funcionarios que van y vienen. Hasta sería generoso si digo que son mediocres. Ya a esta altura no creo que sean mediocres. A esta altura son cómplices. Vamos a empezar a hablar las cosas como son. Me parece que este acuerdo que tuvo el Gobierno Nacional con las provincias para llevar adelante semejante despliegue, ya no podemos pecar de ingenuos. Y acá no hay un sector que no entiende, que no comprende, que necesitan traductores; no, acá hay un gobierno claramente alineado con los gobiernos de derecha y están haciendo políticas, evidentemente que son señales, ni siquiera son señales para las tribunas más fachas de esta región, son señales para todo lo que está pasando en el contexto del país. La Patagonia se está sistemáticamente entregando al extranjero. Sepan esto. Sepan que la Patagonia todos los años que tienen más dueños extranjeros estratégicos ubicados en las nacientes de las aguas, ubicado en los territorios con minerales ubicados con todos los recursos que está careciendo la humanidad en el plano mundial y estos extranjeros están llegando, están aterrizando con sus grandes empresas y el Estado y los gobiernos que se suceden, que algunos la juegan de progresistas, son quienes abren la tranquera para que esto se consume, y los únicos que estamos levantando la voz, que estamos llevando lucha digna, somos los mapuches. Por eso se ha configurado, por eso están los periodistas, todos estos periodistas mercenarios que hablan como si fuesen eruditos sobre el pueblo mapuche y los pueblos indígenas y simplemente son operadores. Eso está pasando. Y lamentablemente ahora estamos frustrados sabiendo que en cualquier momento van a llevarse a Buenos Aires a las lamien y seguramente le van a armar una causa por terrorismo. ¿Qué lograron con este despliegue de militares? Detener a mujeres embarazadas, detener a niños, niños que son más del 50% de la matrícula de la escuela de Mascardi son los niños nacidos en PuelMapu. ¿Por qué digo esto? Para que sepan que entraron e ingresaron a una comunidad de familias, no de terroristas o de narcotraficantes, como dijo Patricia Bullrich. Parece que, evidentemente, en este juego de la grieta quedamos nosotros como un botín