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Pueblos Originarios

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El pasado 25 de noviembre se cumplieron 3 años del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, quién murió tras recibir un disparo por la espalda de parte de un integrante de la Prefectura Naval en una recuperación territorial en cercanías del Lago Mascardi en Bariloche, Río Negro. En un extenso diálogo con el programa Hasta que vuelvan los abrazos, Eduardo Soares, principal referente de la Gremial de Abogados y uno de los abogados de la comunidad mapuche, se refirió al estado actual de la causa judicial y repasó cómo se sucedieron los hechos. Para Soares, “la orden desalojo se extendió en el territorio para cazar mapuches”. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero/Rodrigo Ferreiro ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Hasta el momento, el Poder Judicial de la zona se ha mostrado como una herramienta más de los terratenientes. Lo cierto es que van tres años de dolor y búsqueda de justicia para la mamá y el papá de Rafa, Graciela Salvo y Alejandro Nahuel. La investigación judicial aún no ha podido esclarecer de qué arma salió la bala que mató a Nahuel. Una pericia oficial indica que el proyectil salió del subfusil MP5 asignado al albatros de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos. Otra pericia de Gendarmería dice que no se corresponde con ese arma ni con la del albatros Juan Ramón Obregón. Por eso, se hará una tercera pericia a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta. Pintos fue beneficiado por la falta de mérito en febrero pasado por la Cámara Federal de General Roca/Fiske Menuko, Río Negro. Sin embargo, sigue vinculado a la causa, como los albatros Carlos Sosa, Sergio Cavia, Sergio García y Obregón, quienes también, hasta el momento,  tienen falta de mérito. Los hechos Los cinco albatros patrullaban aquel 25 de noviembre de 2017 esa zona de Villa Mascardi por orden del juez federal Gustavo Villanueva, quien subrogaba entonces el Juzgado Federal de Bariloche. Dos días antes, Villanueva había ordenado a las fuerzas federales desalojar a las personas de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de dos predios de Parques Nacionales que habían recuperado a principios de noviembre de ese mismo año. Los albatros interceptaron en la montaña a un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Nahuel, quien recibió un proyectil por la espalda. También, una joven mapuche y otro hombre de la comunidad fueron lesionados con armas de fuego. Fausto Jones Huala (hermano de Facundo, preso político en Chile) y Lautaro González bajaron a Nahuel herido de muerte desde la montaña hasta la ruta nacional 40, en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. La versión de los prefectos es que fueron atacados por los mapuches y hubo un enfrentamiento.  —La Retaguardia: ¿Cómo se encuentra la causa judicial hoy? —Eduardo Soares: Nosotros como Gremial de Abogados intervenimos. Nos llamaron unos días antes precisamente para intervenir a partir del operativo que se produjo dos días antes donde tropas del Ministerio de Seguridad, básicamente Gendarmería y Policía Federal atacaron la comunidad. Se llevaron presas, prisioneras, a todas las mujeres, y produjeron por primera vez una situación de represión con los niñitos que hasta ahora no se había dado mucho en la Argentina. Es decir, precintaron a niñitos de 4, de 6 años, les tiraron gas y sobre todo los separaron de las madres. Paradójicamente, las primeras personas que nos llamaron fueron las maestras de los niños ante semejante atrocidad, maestras que son wincas como nosotros, no son mapuches. La llamaron al Laura Taffetani, que como ustedes saben es una especialista nacional en niñez, Secretaria General de la Gremial de Abogados, además. A partir de ahí empezamos a intervenir. Dos días después, fíjense hasta donde fue la atrocidad que produjo esta gente, que el grueso de los lamien (hermanos en mapudungún, idioma de la comunidad originaria mapuche) se refugiaron montaña arriba. Si uno se pone a mirar el monte donde se produjo esto, territorio sagrado, se pone de espaldas al Lago Mascardi, estamos hablando de 200/300 metros como mucho ladera arriba y unos 200 metros al norte y al sur. Ese es el territorio que están ocupando. Las tropas de la Ministra de Seguridad de ese momento, Patricia Bullrich, pero por sobre todo la comandante directa de esas tropas en el lugar fue la actual Fiscal Federal del Juzgado Federal de Bariloche, Silvia Little, ordenaron ese ataque de improviso a horas nocturnas y de la madrugada. Esto si hubiera sido de otra manera esa gente ya tendría asegurado el lugar que pretendían, y a partir de ahí se hubiera discutido de otra forma. Pero tanto el Gobierno Nacional, Provincial y sobre todo la Justicia Federal en cabeza de la fiscal, no estuvieron conformes. Entonces ordenaron a los grupos más especializados de la Prefectura Naval que extendieran su jurisdicción mucho más arriba que el terreno que se disputa. La orden de desalojo venía para esos 200 metros norte/sur, este/oeste poniéndose uno de espaldas al Lago Mascardi por la Ruta 40. Ya la tenían asegurada, pero lo que hicieron fue subirla 800 metros más para cazar mapuches.Y ahí es donde entran dos días después 5 chicos muy jóvenes que no tenían nada que ver con la toma, incluso algunos de otras comunidades como Cushamen, entre ellos Johana Cohuan; Fausto Jones Huala, el hermano de Facundo, aquel lonko que unos meses antes habían extraditado a Chile; Gonzalo Coña; y Rafael Nahuel. Esos cuatros chicos ingresan a llevar comida, ropa, frazadas, a los lamien que estaban a más de 1000 metros para arriba. Le entregan las cosas y bajan por el sendero, no es que bajan clandestinamente y se topan con los grupos Albatros de la Prefectura Naval que sin mediar les empiezan a disparar. Los estaban emboscando, se efectúan entre 300 y 400 disparos, están los casquillos que lo acreditan. Ahí hieren a Johana Colhuan (de 18 años de edad), una bala le atraviesa el omóplato limpiamente, no le toca ningún órgano. A Gonzalo

Quien escribe esta carta es uno de los jóvenes mapuche que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel hasta la Ruta 40, en búsqueda de una asistencia que nunca llegó. Nahuel fue asesinado por Prefectura durante la represión ocurrida el 25 de noviembre de 2017 en la recuperación territorial en la zona del Lago Mascardi. Gonzalez Curuhuinca permanece procesado por la justicia de Bariloche y está prófugo. Su paradero se desconoce y “está obligado a la clandestinidad”. La Retaguardia publica esta carta de su puño y letra, además de una foto en la que se lo puede ver en el territorio. (Por La Retaguardia) DECLARACION PÚBLICA – JULIO DE 2020 A todos los pueblos, organizaciones, movimientos antiimperialistas, y al pueblo mapuche en general. A los casi dos años de que se me libró el pedido de captura, tanto la justicia federal como el gobierno solo han puesto trabas para resolver mi situación judicial actual, rechazando todo pedido formal por parte de la defensa. Pero hoy en día el gobierno de turno aparece con una propuesta de diálogo poco serio de parte del Ministerio de Seguridad, queriendo sentarse con mi ñuke (su madre, Mirta Curuhuinca) sin la presencia de ninguna otra persona, algo raro para un gobierno que hasta ahora nunca pudo resolver el conflicto mapuche. Esto demuestra cómo el Estado intenta dividir al pueblo queriendo dialogar con una parte, y por otro lado arman montajes contra las comunidades tratándolos de violentos. Mi respuesta es que seguiré con la misma postura, de no humillarme ante nadie ni negociar, ni pedir justicia por el peñi Rafael Nahuel yem, ni por nadie. Pedir justicia es creer en ellos. Creer que nuestros enemigos pueden ser justos. Porque mientras la justicia trabaje para cuidar los intereses de los terratenientes, empresarios y los intereses del Estado, no habrá justicia para nadie, menos para el pueblo mapuche. Hasta que no haya una discusión política seria para resolver el conflicto mapuche en general, mantendré mi postura. Pero esto nunca va a ocurrir. Creer en la justicia seria desconocer la naturaleza del enemigo. Por último, doy mi apoyo a todas las recuperaciones territoriales que se han desarrollado en este tiempo, creyendo que es la mejor forma de poder reconstruirnos como pueblo, se haga de la forma que se haga. Lo importante es que las tierras no estén en manos de los terratenientes. Propongo seguir recuperando más territorio de la forma que sea, cortar los alambrados, carnearle animales a los turcos, no trabajar por migajas, no agachar la cabeza ante el patrón, formarse para no cometer errores y aprender a pensar sin importar que estemos solos, porque estando convencidos de lo que se hace, se puede lograr hasta lo imposible. A generar alianzas políticas con otras organizaciones porque en estos días la lucha no es solo del Pueblo Mapuche. También mando un saludo de lucha a los compañeros del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) y a su digna lucha. A los presos políticos vascos que luchan por su liberación, y a todos los pueblos que luchan contra los grandes imperialistas del mundo. ¡Libertad a los presos políticos mapuche!¡Rafael Nahuel presente!¡A los weichafe caídos no se los llora, a los weichafe se los reemplaza! Lautaro Gonzalez Curuhuinca

El violento ataque a la comunidad qom en Chaco fue, esta vez, registrado y atendido por los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, las persecuciones y la discriminación que sufren los pueblos originarios son cotidianas y se repiten en todos los gobiernos. Graciela Duarte, la tía de Alejandro Saravia, uno de los pibes torturados, dialogó con el programa radial La Retaguardia y contó el episodio de esta semana, pero también detalló descarnadamente el constante maltrato y humillación a la que su pueblo se ve sometido históricamente. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Revista Cítrica El video y las imágenes de la crueldad con la que se manejó la policía para golpear y torturar a jóvenes qom del barrio Bandera Argentina de Fontana, en Chaco, expresan por sí solas la violencia y el desprecio que algunos sectores de la sociedad sienten por los pueblos originarios. Lamentablemente, no es un hecho aislado. Estas vejaciones se repiten continuamente con el pasar de los años y los gobiernos. La diferencia fue que esta vez las familias pudieron registrar el episodio y tuvieron el valor para compartirlo. Allí se observa claramente como efectivos de la policía de Chaco tiran una puerta abajo y golpean incansablemente a las personas presentes, para luego llevarlas a la comisaría para seguir siendo torturadas, tanto física como psicológicamente. En el caso de las mujeres, con abusos sexuales incluidos.Graciela Duarte es la tía de uno de los chicos violentamente golpeado por la policía. Sus palabras transmiten dolor, pero no es un dolor nuevo. Ella y toda su comunidad están cruelmente habituados a sufrir estos castigos, solamente por ser parte de un pueblo originario. Sus palabras también transmiten esperanza de que se haga justicia: “Mi sobrino no está nada bien. Ninguno de los chicos. Tiene un ojo muy hinchado y no puede ni comer. Lo lastimaron muchísimo. No es, como dicen, que son chicos que andan robando. Mi sobrino es deportista y está estudiando psicología. Me encantaría que esto se investigue a fondo. Somos una comunidad perseguida desde hace muchísimo tiempo. El Estado y la Nación tienen una deuda con nuestros pueblos. No es por esta pandemia. Se dio a conocer porque lo grabaron, pero estas persecuciones vienen desde hace muchísimo tiempo. Somos un pueblo maltratado y discriminado. Las imágenes hablan por sí solas. Yo le pido al presidente, ya que solidarizó, que tome cartas en el asunto. En este barrio y en el barrio Cacique Pelayo se aumentaron las persecuciones. Necesitamos que nos escuche la justicia. Nosotros somos pacíficos. Si hubiésemos sido intolerantes, hace tiempo nos habríamos levantado para ir a Casa de Gobierno o a cortar rutas. No somos así. Somos un pueblo educado, muchas veces sumisos, para evitar que les peguen a nuestros hijos y a nuestros nietos”, expresó. Duarte dio un ejemplo que grafica que la persecución a los pueblos originarios no es algo nuevo: “Yo me capacité en derechos humanos. Estuve en el Congreso nacional dos veces, contra la violencia institucional. En 2010, sufrí la muerte de un tío mío. Su hija también murió buscando justicia. Hasta el día de hoy, nosotros no encontramos un abogado que nos represente penalmente para investigar. Yo trabajaba con el juez de garantías, limpiándole la casa. Jamás me dijo que pasó con mi tío. Me lo entregaron en una bolsa negra, ni siquiera en un cajón. Hasta el día de hoy no sé qué le pasó. Quedó como muerte dudosa. Yo hablo con conocimiento. Tengo pruebas de lo que sucede en nuestra comunidad. Ya sucedió en el gobierno de (Jorge) Capitanich hace 10 años y ahora nuevamente. El gobernador tiene que ser investigado”, exigió.Las torturas y humillaciones a los que sometieron a chicos y chicas tienen, además del dolor físico, un componente psicológico. “A una chica la encerraron en el calabozo, le tiraron alcohol y la amenazaron con que la iban a quemar con cigarrillos. La manosearon, le apretaron sus senos, le pegaron. Torturaron a dos jóvenes mujeres y a los chicos. A mi sobrino le sacaron la ropa. Le pasearon por toda resistencia en shorcito. Le tiraban la rueda de auxilio y se paraban arriba. Está totalmente torturado. No puede dormir de noche, se larga a llorar. Es una persona que se estaba instruyendo para aportar a esta sociedad. Necesitamos un abogado que represente a las familias y lleve esto hasta el fin, caiga quien caiga. Hay malos policías que actúan contra la comunidad. Yo pido justicia. Psicológicamente, las chicas están muy mal. A una de ellas el lunes tuvo que ir la ambulancia para ponerle un calmante porque le dolía en las partes donde ellos la lastimaron. Se le subieron encima y la pisaban. El otro chico tiene marcas en el rostro de no sé qué arma. El pueblo originario no tiene ayuda psicológica ni económica. No tiene nada, ninguna herramienta. Vivimos de artesanías. Yo soy empleada doméstica. Mi sobrino está intentado darles una mejor vida a sus hermanas más chicas. Por eso él se esmeraba en hacer deporte y estudiar. Estudiaba psicología porque quería saber qué pasa en la mente humana que nos tratan de esta manera. Nosotros jamás le enseñamos a odiar. Siempre ayudamos en todo lo que pudimos. La madre no puede hablar por el dolor que tiene. No solo en el cuerpo sino en el alma y el corazón. Está desgarrada”, dijo. El reclamo histórico de la tierraLa tía del joven torturado por la policía hizo un repaso general sobre la situación actual que se vive en Chaco y la desidia a la que se enfrentan los pueblos originarios de la provincia: “Nosotros somos argentinos originarios. Somos dueños de esta tierra. El Estado tiene una deuda con nosotros. Nos están sacando todo. Lo que falta es que nos encierren y exterminen. Qué culpa tenemos nosotros de este flagelo que trajeron; la droga, la delincuencia. No podemos vivir entre las comunidades criollas. Ellos quieren que vivamos en un basural. Quieren seguir sacándonos de

Mara Puntano, abogada y periodista cofundadora de la agencia COPENOA, dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia durante la cuarentena. Puntano se refirió a la situación de la población wichí en Salta, sin recursos para cumplir con los pedidos del gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Rodrigo Caballero/La Garganta PoderosaEn plena pandemia de coronavirus, en nuestro país se vive la cuarentena de formas muy diferentes. La realidad de los pequeños pueblos no es igual a las de las grandes ciudades; el aislamiento social obligatorio también se vive de otra manera en las poblaciones con situaciones de vulnerabilidad. De todas formas, el Estado le exige a todas las personas por igual: quedate en tu casa, lavate las manos, tosé en el pliegue del codo. La abogada y periodista Mara Puntano contó cómo vive esta situación la población wichí en Salta: “Una cosa es que ese mensaje lo escuche la gente que tiene naturalizado que el agua potable es de tenencia obligatoria, y que es simplemente abrir una canilla. La higiene como un deber. Y otra cosa es cuando no se tiene agua potable. Y encima la poca agua que hay es la recogida en un bidón de glifosato. Y no porque los pueblos originarios elijan eso, sino porque el Estado los condena a eso. Que el Ministerio de Salud les diga que se laven las manos es una burla, con que se las van a lavar si no hay agua. Y si se fijan en el mapa, hay ríos poderosos que rodean al pueblo wichí, como el Bermejo y el Pilcomayo. Sobra agua, pero es utilizada para otros fines, para actividades industriales a las que el gobierno exime de impuestos y que contaminan esas aguas. Entonces, la pandemia sigue siendo el hambre, la sed, la falta de recursos y el abandono total de las obligaciones por parte de del Estado para con los pueblos originarios”. La desidia del Estado en ese territorio es anterior a la llegada del COVID-19 al país: “Se sabe que de lo que va del año, ya son 18 los niños muertos en Salta. Mueren de sed y de hambre por las sucesivas políticas aplicadas por el gobierno en la provincia contra los pueblos originarios. Esto es un genocidio”, denunció la periodista. Negación a los pueblos originarios “La situación en la provincia de Salta sigue siendo terrible para los pueblos originarios, especialmente para el pueblo wichí. 18 muertos es una cifra gigante para la Argentina y para una región rica en todos los recursos, con agua. En realidad los pueblos originarios no existen en la historia oficial de Salta. No se estudia su cosmovisión, tampoco su cultura, por lo tanto es totalmente lógico lo que está pasando. Lo que hace la pandemia del coronavirus es simplemente tapar la situación de los pueblos originarios que sigue siendo un drama. Día a día, los niños entran en un estado de desnutrición extrema”, expresó. Al referirse a la promesa de ayuda de funcionarios y funcionarias estatales y de algunas figuras públicas, Puntano dijo: “Es una foto. Por ejemplo, máquinas perforadoras que llegaron a Santa Victoria Este, con una comitiva de funcionarios que llegan en helicópteros y que están horas, como con (Marcelo) Tinelli, para estar todos en la foto”.Por último, la periodista mencionó el estado de situación de las salitas de salud de las comunidades: “algunas comunidades las tienen, las hizo el gobierno de la provincia. Allí se ha puesto un cartel con indicaciones sobre el coronavirus, pero hacen faltan enfermeros, médicos y agentes sanitarios”.

Se trata de la masacre conocida como Rincón Bomba. En diálogo con el programa La Deuda Eterna de La Retaguardia, Valeria Mapelman, documentalista, realizadora de ”Octubre Pilagá”, contó de qué se trata el fallo que plantea resarcimientos patrimoniales y no patrimoniales por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por Gendarmería. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Darío Balvidares, Adolfo Melnick y Alejandro Fernández 💻 Edición: Rosaura Barletta Mapelman dio detalles sobre los últimos avances en la causa que llegó a juicio 70 años después: “Lo que sucedió hace pocos días es el fallo de la cámara de apelaciones de Resistencia. Es una instancia muy importante. La primera instancia fue en Julio del año pasado, cuando el Juez consideró la masacre de la bomba como Crimen de Lesa  Humanidad. Y en este caso,  la Cámara de Apelaciones consideró legítimo el reclamo de la Federación Pilagá para que se reconozca que esto fue un genocidio. Esa diferencia de tipificaciones entre una instancia y otra es muy importante, porque quiere decir que hubo intencionalidad en la masacre. No solo que es un delito imprescriptible sino que hubo intención de destruir al grupo o a parte del grupo, y eso lo distingue al crimen de genocidio de los crímenes de lesa”, explicó. “No hay muchos fallos como estos en Argentina, hay uno que tiene que ver con el juicio contra Etchecolatz. Un juicio por la verdad, en el que se habla por genocidio también, es el caso del genocidio armenio. Que se haya reconocido esto en una masacre que afectó a un pueblo indígena, es novedoso. Por eso es interesante compararlo con otros juicios porque se da otra dimensión a la masacre de la Bomba. Eso comenzó en el año 2006, fue un momento donde los ancianos que habían sobrevivido a la masacre comenzaron a hablar, y empezó un proceso que tiene que ver con la película que hicimos que se estrenó en 2010. Cuando se relevaron estos testimonios y se empezó a hacer un entrecruzamiento entre la memoria oral, de estos hombres y mujeres que eran muy chiquitos en el año 47, y los archivos que se fueron encontrando”, agregó Mapelman. “Por ejemplo en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de la Contaduría había huellas de esta masacre que estaban en documentos. Y  había dos documentos muy importantes que eran los decretos emitidos en octubre del año 47 y en esos decretos hay firmas, de gendarmería nacional, hay una referencia a la orden que dio para que esta masacre se ejecutara. Y esta combinación entre archivos y memoria hizo que esta masacre cada vez estuviera mas clara. Que se conociera un poco mejor. Osvaldo Bayer escribió en esa época una contratapa en Página/12 que hablaba de esa masacre y en esa época, Osvaldo ya hablaba que el peronismo tenía que hacer una autocrítica en relación a esta masacre, que esta masacre tenía que investigarse y que, como siempre decía, que iba a ganar la ética, tenía mucha esperanza en que este caso se terminara de resolver”, contó y agregó: “ Lo menciono porque fue hace muchos años pero así fue todo el camino para ir llegando a entender la  masacre como se entiende al día de hoy, como lo entendieron los jueces. Los jueces comprendieron la masacre de la bomba porque también  había investigaciones previas. Por ejemplo, las investigaciones de la Red de Investigadores del Genocidio y Política indígena  que tenían que ver con destapar las historias no contadas, por ejemplo las del campo de concentración de Martin García, los traslados de los prisioneros de la campaña del desierto”, explicó. “Como pensar a pensar el genocidio indígena en términos de estos esa crímenes imprescriptibles, que en argentina hay mucho material para entender de que se trata. También tiene que ver con juicios anteriores que se hicieron en relación a la última dictadura militar”, consideró Mapelman.La documentalista se refirió a la reparación que se le exige al Estado por la masacre: “En el fallo aparecen resarcimientos para el pueblo pilagá. Se habla de un resarcimiento integral. Esto le sucede a un pueblo como colectivo, por eso se reconoce la fecha de inicio de esta masacre, 10 de octubre, en un calendario oficial”, puntualizó. “Esto empieza el 10 de octubre y termina más o menos el 30 de octubre ubico a fin de mes  la finalización parte más cruenta de esa masacre. Después de esa fecha los sobrevivientes están prisioneros en las colonias indígenas de Formosa. Se ha utilizado la colonia de Bartolomé  de Las Casas y la Colonia Francisco Javier Muñiz para encerrar a los presos que habían sido capturados en distintos parajes y llevarlos a cortar quebracho o a sembrar algodón. Estas colonias eran recintos que concentraban personas, y los pueblos originarios  de Formosa estuvieron dentro de estas colonias en distintos momentos. Las colonias se inauguran al principio del siglo XX. Las tres más grandes son Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz, había momentos donde estaban trabajando hasta siete mil personas, y eran espacios que cada vez que se producía una represión se llenaban de prisioneros”, detalló. “Esto sucede en 1919, después del Ataque al Fortín Yunca, cuando se acusa a los Pilagá de haber atacado al Fortín y hay una gran masacre. La del año 24, que es Napalpí,  que se desarrolla dentro de la revolución de Napalpí en Chaco. Y la masacre de la bomba donde estas colonias tienen mucho que ver, porque además, cuando sucede la masacre, y esto lo entiende el juez en primer instancia, se desata por el desalojo que hace la gendarmería, el desalojo violento del pueblo pilagá que estaban en una reunión política religiosa. Los desalojan porque durante varias veces intentan desalojarlos y llevárselos y ellos se niegan. Entonces la represión se desata por esta resistencia de los pilagá de ser llevados a las colonias”, contó Mapelman.“En 1946 fue el malón de la paz, también como Perón como presidente. Al gobierno peronista solo le interesaba meterlos en las colonias para trabajo esclavo. Espero que

Mara Puntano, periodista y abogada salteña, contó cómo es la vida de las comunidades wichí en Salta. Las peripecias para tener agua para beber y al abandono estatal que sufren hace tiempo. Puntano habló de genocidio, comparó la situación con la invasión colonizadora y se refirió a la corrupción política. Al momento de la publicación de esta nota, se conoció la muerte de Ayelén Torres, la novena niña wichí que murió en poco tiempo. Era oriunda de Santa María. El hospital más cercano queda a 22 kilómetros. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero✍ Texto 👉 Nicolás Rosales💻 Edición 👉 Fernando Tebele📷 Foto de Portada 👉 Tres niñas wichí sonríen, a pesar de todo. La del medio tiene una malformación atribuible al uso indiscriminado de agrotóxicos en la zona: nació con un solo brazo. (Rodrigo Caballero/La Garganta Poderosa) Mueren niños y niñas por desnutrición en Salta, titularon los medios tradicionales de comunicación. La abogada y periodista Mara Puntano en esta extensa charla, fue más a fondo para entender la realidad de un problema que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero que necesita soluciones urgentes, que parecen no estar llegando, más allá de algunos anuncios realizados por el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, e incluso algunos empresarios como Marcelo Tinelli, que prometió realizar pozos para extracción de agua, uno de los problemas esenciales de las comunidades. —La Retaguardia: Lo que pasó ya lo sabemos, pero me gustaría escuchar una primera reflexión tuya y cómo ves que lo vive el resto de la sociedad.—Mara Puntano: Lo que está pasando es la manifestación de la perversidad de un sistema. Lamentablemente Salta tiene una historia en donde sigue siendo como hace 500 años con la conquista. A partir de ahí se comienza con el plan de extinción de las poblaciones indígenas, y las mismas lamentablemente han buscado las formas de resistencia. Digo esto, porque no han podido en 500 años acabar con ellas. Hay una diversidad. Salta es la provincia argentina con más diversidad etnológica: hay 14 etnias diferentes, formas de hablar, de manifestarse, de luchar. Diferentes silencios y diferentes estrategias para sobrevivir. Evidentemente, este sistema y esta conquista no ha terminado, y Salta sigue siendo una familia feudal en donde esas familias que vinieron de España con la espada y con la cruz siguen gobernando y están en absolutamente todos los lugares de poder. Es por eso que se produce este genocidio específicamente contra alguna de las etnias que son más pacíficas, esa es la característica del pueblo wichí. —LR: Para quienes no conocen la situación allí en el territorio wichí el desmonte ha avanzado de manera desmedida, como en todo el país, y eso les ha cambiado el modo de vida también. —MP: Sí, el pueblo wichí naturalmente es nómade, se traslada y vive de la naturaleza, de la Madre tierra, de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos.  Entonces, estas políticas que aplican estos gobiernos corruptos —nacional y provincial— entregando, saqueando, terminan expulsando a las comunidades de sus territorios ancestrales, porque hay que decir que el pueblo wichí tiene más de mil comunidades. Muy pocas de ellas tiene personería jurídica, la mayoría no, y son así, la característica es ser nómade. Se trasladan de acuerdo adonde hay alimento, pero con esto han sido cercados por campos de soja en donde se han desmontado todos sus árboles, fundamentalmente ell algarrobo, que es un alimento que da mucha saciedad y tiene muchas propiedades para nutrir a los niños y  los grandes. Su madera sirve para hacer artesanías, muebles, el pueblo wichí es un trabajador excelente de la madera. También con el monocultivo de la soja se les quitó la posibilidad de comer de sus árboles y de trabajar de su madera. Además,  los persigue la policía fluvial cuando van a pescar, o sea los echan de sus ríos. Los wichí se manejan entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, parte del límite con Bolivia. Precisamente en esa zona están cercados por los empresarios sojeros y petroleros que aplican el fracking y contaminan las aguas. Aparte, en las empresas petroleras hay cuerpos parapoliciales y en cualquier protesta es criminalizado el aborigen que muchas veces no hablan castellano y por lo tanto no tienen ni acceso a comunicarse en la justicia. Quedan presos sin causa alguna. Tampoco tienen acceso a la salud pública las mujeres, porque a pesar de que tiene que haber leyes que interpreten, no hay un programa que se implemente adonde haya un intérprete bilingüe tanto en la justicia, la educación y la salud. No se cumple con la legislación. Esto provoca hambre, y la muerte de los más vulnerables. Por eso decimos que es un etnocidio, un genocidio, y no es de ahora. Salta es tan feudal, que la mayor parte de la población naturaliza estas cosas, a tal punto que en la Cámara de diputados se aprobó, a libro cerrado y en tratamiento exprés,  un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo a través del Gobernador (Gustavo) Sáenz. En vez de llamar y abrir las sesiones legislativas para declarar la emergencia socioalimentaria para ayudar a las comunidades indígenas, se presentó un proyecto de elevar el número de miembros de de la Corte de Justicia, precisamente para poner a medida en estos cargos al hermano del ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, que es Rodolfo, legislador nacional, quien estaba a cargo del fondo de reparación histórica. Es decir, quien era el responsable de hacer las obras de agua potable para las comunidades que no se hicieron. Y también decimos que ese proyecto es para garantizar la responsabilidad de los responsables de este genocidio, que son: Urtubey, quien recibió millones de parte de la Nación para terminar con la desnutrición y no lo hizo porque siguen pasando todas estas muertes. Hay 32 niñitos internados, pero hay más de 2000 niños en grave riesgo de muerte y este fondo de reparación histórica en manos del hermano, que ahora va a ser

La Red Nacional de Medios Alternativos dialogó con Elisabet Loncopan y Mirta Curruhuinca, vocera y mamá de Lautaro González Curruhuinca, respectivamente. La grabación de esta nota fue por la mañana. Al mediodía, mientras se emitía al aire de las radios de la RNMA, ambas fueron detenidas junto a otros 8 mapuche, durante un acto por el primer aniversario del crimen de Rafa Nahuel.Lautaro González Curruhuinca está clandestino -prófugo para la justicia- junto a Fausto Jones Huala. Ambos bajaron el cuerpo aún con vida de Rafael Nahuel a la Ruta 40 el 25 de noviembre de 2017. Hoy, lejos de ser para la justicia testigos fundamentales de la causa, están procesados y con pedido de captura nacional e internacional. Mientras tanto, los prefectos que participaron de aquel operativo no tienen procesamientos. (Por RNMA) Fotos: Mirta Curruhinca en el momento de su detención. (Roxana Sposaro Fb: Rox Ana) Elisabet Loncopan y Mirta Curruhinca están ahora detenidas junto a Maria Nahuel, Adrian Dominguez, Marcos Curcui, Cristian Teufal, Jessica Bonefoi y 4 menores, entre ellas la Machi (una autoridad para las comunidades) que acaba de ser liberada al tiempo de la publicación de esta nota. Este fue el diálogo largo que mantuvimos con ellas antes de las detenciones. -Red Nacional de Medios Alternativos: Lautaro y Fausto fueron quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel. -Elisabet Loncopan: Tanto Lautaro como Fausto no son solamente los mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael tratando de auxiliarlo, sino que han sido los sobrevivientes y principales testigos de la emboscada que sufrieron los comuneros el 25 de noviembre del año pasado. Muchísimos kilómetros arriba de lo que determinaba la orden de desalojo del juez Villanueva. Esto es importante que se empiece a plantear. No se logra visibilizar cuál fue el rol de los dos lamien dentro de la causa judicial. Hoy son los únicos imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Todo esto está en un mismo expediente, lo que imposibilita ser testigos, contar lo que pasó y relatar ese momento sobre la montaña. Hay otros testigos que pueden relatar qué pasó abajo y cómo fue el operativo sobre la ruta y en la ciudad. El relato de ellos, hoy en la causa, impide que se logre individualizar a cada uno de los albatros que subió a esa emboscada.-RNMA: Los testigos de las causas, tanto en la de Santiago Maldonado como en la de Rafael Nahuel, más que protegidos son perseguidos por la justicia, ¿no? -EL: El modus operandi de la justicia y del poder ejecutivo se mantienen en la misma línea. Lo que el año pasado pasó en el caso de Santiago Maldonado es lo que está pasando ahora: tratar de invisibilizar a los testigos que pudieron salir a declarar para seguir judicializando gente, identificando personas y perseguir familias. Las personas que se dispusieron a contar todo lo que se había visto adentro de lo que fue el allanamiento y la represión del 1 de agosto que culminó con el secuestro, posterior asesinato y haber plantado el cuerpo de Santiago Maldonado en la misma comunidad. Va en la misma línea que en la que va ahora la investigación en cuanto al asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Hay2 testigos que no están en la causa. Nos llama la atención como tanto a Fausto como a Lautaro les plantaron la teoría del enfrentamiento, como que tuvieron algo que ver con la muerte de Rafael Nahuel. Fueron detenidos en ese mismo instante cuando llegan a la ruta. No se les dio ningún tipo de asistencia, ni a ellos ni a Rafael, que, en teoría, se encontraba ya sin vida, algo que no está claro todavía. Recién fueron trasladados a la ciudad de Bariloche sobre las 12 de la noche, casi 6 horas después de que llegaran a la ruta. Fueron empapelados de una manera tal que generan un mamarracho jurídico alrededor de ellos. Salieron excarcelados el 29 de noviembre y la revocatoria de la excarcelación terminó culminando el 15 de mayo por una orden de la Cámara de Casación, que además pretende imputarlos por otro delito que es atentado al orden constitucional. El juez Villanueva pidió que se los llame para detenerlos nuevamente y se les impute este delito. El 18 salió la orden de detención. Se presentaron distintos pedidos para apelar esta orden de revocatoria de excarcelación, que no fueron tenidos en cuenta hasta un mes después cuando la Corte Suprema dijo que no iba a hacer lugar a la apelación porque no se han presentado y no se han cumplido los requisitos que requería la excarcelación. Esto fue en el mes de junio, aun teniendo en cuenta que la Fiscal Little, en su pedido de revocatoria, introdujo un nuevo elemento en la causa que es culparlos de tenencia de armas. En la causa judicial no están imputados por tenencia de armas. Sus imputaciones son por usurpación y por resistencia a la autoridad, agravado por ser más de 3 personas. En ningún punto del expediente se encuentra visualizado ni probado que por parte de la comunidad haya habido armas ni ningún otro tipo de resistencia que no fuera la de la defensa. Porque volvemos a hablar de una emboscada. Albatros disparó más de cien veces sobre el grupo de comuneros que se encontraba a varios kilómetros del lugar que les correspondía cuidar y por el cual estaban como preventores. La orden de desalojo del juez Villanueva fue de 200 x 300 metros. No implicaba toda la fracción de territorio por la cual Parques Nacionales hace la denuncia en su momento. Este mamarracho jurídico siguió el 10 de agosto, cuando se dictó una orden de captura a Fausto y a Lautaro. Días después, suspendieron la defensa. Posteriormente, se pidió nuevamente una pericia sobre las ropas de Rafael, de Lautaro y de Fausto para tratar de probar si había restos de pólvora. Tanto en las manos de Fausto como en Rafael se encontraron muy pocas

María Rosa Frías es la compañera de Héctor Reyes Corbalán, el campesino que murió la semana pasada en Santiago del Estero por las quemaduras y heridas que recibió durante un desalojo. En el Enredando las Mañanas de este jueves dialogamos con ella. (Por RNMA) ―ELM: María, ¿cómo estás? ―M: Acá estamos, en la lucha. Un poco renegando, seguimos con la bronca, la impotencia que uno siente, por todo lo que ha pasado.―ELM: ¿Dónde se encuentra exactamente el lote de ustedes? ―M: Se encuentra en Suncho Pampa, a 17 kilómetros al norte de un pueblo que le dicen El Mojón, en el departamento Pellegrini, Santiago del Estero. ―ELM: ¿Ustedes allí qué producían y qué problemas tenían con los terratenientes? ―M: Teníamos productos forestales y cría de ganado. El problema empezó un 1 de agosto del 2012, cuando un empresario cordobés llamado Néstor Quesada se hizo presente con topadoras diciendo que la propiedad era de él. Arrasó con todo en ese tiempo, mató animales, cortó alambres, quemó productos forestales, nos derrumbó la casa. Y bueno, ahí empezamos con la pesadilla. ―ELM: ¿Y qué le pasó a tu marido? ―M: De tanto avasallamiento, quizás, él se llegó a cansar, y más aún que lo han hostigado para que se llegue a esta situación porque a nosotros no nos notificaron que había desalojo. ―ELM: Porque la orden de desalojo era trucha, ¿no? ―M: Claro, es decir, trucha porque no te notifican, no notifican a los abogados. Notificaron en el mes de marzo que había un interdicto, los abogados habían apelado sobre esa orden. Después la jueza acepta la apelación, y si la otra abogada de Quesada volvió a apelar y le han aceptado la apelación, no nos han notificado porque tenían que volvernos a notificar y nunca lo hicieron. ―ELM: ¿Y de repente apareció la policía allí en el lote? ―M: De repente, el viernes 12 de octubre se hizo presente personal policial de Nueva Esperanza y El Mojón juntamente con un oficial de justicia. Este oficial, Moreno Siglia, no era competente para hacer esto por las causas que él tiene y no tenía jurisdicción para realizar ese procedimiento. Y fue con dos camionetas del empresario y con bandas armadas, con gente armada. ―ELM: ¿Ahí es cuando comienza la discusión con Reyes? ―M: Ahí entra en discusión, hay unos videos que se han viralizado donde mi marido entra en discusión y le dice que la Justicia no le da el derecho a él y le da el derecho al que tiene la plata. La verdad es así, porque la Justicia no le da el derecho a quien realmente tiene el derecho, sino le da al empresario que le paga. Y bueno, entraron en discusión y ahí le dicen ellos que sí o sí lo iban a sacar como sea. Y él le respondió que solo muerto lo iban a sacar de ahí.Y si ahí ya vieron que él estaba amenazando y que estaba corriendo peligro la vida de él, ¿por qué no se retiran? La policía sabe cuáles son los procedimientos que tiene que hacer. Pero claro, les han pagado, porque ahora nos enteramos que el empresario le pagó a la policía para que hagan el procedimiento. ―ELM: ¿Hay alguna persona detenida? ―M: No, esa es la bronca, la impotencia que nosotros tenemos, que no hay ninguna persona detenida. Tendría que estar preso Quesada y los policías y no hay ningún preso.La verdad que la justicia es muy lenta, no sé qué esperan, que la familia empiece a hacer reventar por todos lados o que empiece a tomar otras medidas, no sé qué es lo que realmente espera la Justicia porque la verdad que está muy lenta. No hay ni un preso y hay un muerto. ―ELM: Recordemos que el 75% de las tierras cultivadas de Santiago del Estero pertenece solo a un 15% de los empresarios del agronegocio.  ―M: El empresario Quesada se adueñó más de 30 mil hectáreas ilegalmente aquí en el norte del departamento Pellegrini. Dos semanas antes del desalojo en nuestro territorio, lo ha hecho en Ahí Veremos y en Pampa Suni. ―ELM: ¿Cómo han tratado los medios de comunicación la noticia allí en Santiago del Estero? ―M: El video que se viralizaba es como que él se prendió fuego, pero bueno, quien lo lleva a esa situación es la misma policía, las mismas bandas armadas, el empresario que estaba ahí, el oficial de justicia. Porque antes que ellos llegaran mi marido estaba bien. Los únicos culpables son ellos.Y los medios de Santiago del Estero, es tan indignante, porque no sacan nada. Los medios nacionales, TN, Página 12, así como ustedes, son los que sacan información pero los diarios de Santiago del Estero, lo único que han sacado es información a favor del empresario, a favor de la policía, porque hasta los medios están pagos por el empresario.Es tan triste, incluso nos indigna porque hay una diputada que no recuerdo bien el lugar de donde es, que no es santiagueña, pero que en la Cámara Nacional de Diputados agarró el caso este de Corvalán. ¿Y cómo un diputado nacional no lo va a hacer si es un santiagueño el que ha muerto? No, los diputados santiagueños mudos, los medios de comunicación de Santiago del Estero mudos. Como bien lo ha dicho el empresario Quesada, él tiene en sus manos todo gracias a la plata. Paga justicia, paga oficiales, paga jefes policiales, paga jueces, paga medios de comunicación y vaya a saber quién más está detrás de esto.―ELM: ¿Quién te está acompañando? ―M: Gracias a dios las organizaciones de MoCaSE Vía Campesina nos están acompañando. En la familia estamos todos unidos. El gobierno supuestamente hasta ahora dice que está a favor de la familia, queremos creer pero vamos a ver más adelante en el momento que tengan que dictaminar sentencia en cuanto al campo. Espero que sea positivo, yo creo que el gobierno no nos tiene que soltar la mano, porque si nos suelta la mano la verdad que no sé

Su nombre era Silverio Enriquez y formaba parte activamente del Consejo de Recuperación Territorial que nuclea a comunidades Qom y Wichi de la provincia de Chaco. Por medio de asambleas y en grupos organizados, los originarios recuperan paulatinamente los territorios que ancestramente -y por ley- les pertenecen, y que fueron ilegítimamente loteados y vendidos desde la dictadura hasta hoy. Aún no se conoce la causa de la muerte de Enriquez. En el programa La Retaguardia, Michel Verde, colaborador del Consejo de Recuperación Territorial en El Impenetrable Chaqueño, dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero sobre la situación de las comunidades y la muerte de Silverio. Casos como este interpelan a una sociedad que ve a quienes pertenecen a pueblos originarios como ciudadanos de tercera. (Por La Retaguardia) Una muerte que hace (poco) ruido “Silverio participaba de las recuperaciones territoriales, que es un proceso que se viene dando ya hace tres meses en las afueras de lo que es el pueblo Miraflores, en la provincia de Chaco. Él era un miembro que participaba de las asambleas y salía a recorrer las distintas tomas por el tema de seguridad. El 12, haciendo una de esas recorridas, se lo vio por última vez. Desde ese día no se supo más nada. Se hizo la denuncia y durante esta última semana se hicieron rastrillajes por parte de los hermanos, la Policía provincial, con ayuda de Gendarmería y perros. Hoy a las diez y media (por el miércoles 19), uno de los hermanos encontró su cuerpo haciendo una recorrida. Sería irresponsable de parte nuestra decir que lo mataron”, aclaró Verde en ese momento. “Sí podemos dejar en claro, y es algo que veníamos denunciando en los comunicados, que con el paso del tiempo y el fortalecimiento de este proceso de recuperación territorial la tensión ha ido creciendo por parte de los supuestos dueños de los campos. Pero no podríamos decir aún si hay algún culpable o responsable”, explicó. El proceso de recuperación de tierras de las comunidades “El Consejo de Recuperación Territorial es donde se nuclean las distintas comisiones de recuperación de hermanos qom y wichí. Son los hermanos que se organizan y deciden entrar a un campo privado para recuperarlo porque ancestralmente y hasta por ley les pertenece: está declarado como reserva indígena. En 1930 se firmó con el gobierno nacional y se reconocieron 10 mil hectáreas como reserva indígena. A partir de lo que fue la última dictadura esas tierras se empezaron a vender a terceros y ahí comenzó este negocio, como pasó en todos lados con la venta de tierras que son declaradas comunitarias. Se viene reclamando hace décadas y este año, a principios de mayo, se decidió un grupo de hermanos a hacer la primera recuperación”, contó Verde. “Recuperaron el campo y luego de tres meses la justicia reconoció que 450 hectáreas habían sido compradas de manera ilegítima y pasó a ser territorio comunitario. Ese fue el primer caso; en las últimas semanas fue creciendo y hoy se están ocupando 33 lotes y hay cerca de 20 comisiones organizadas en distintos lotes y parajes. Es un crecimiento que se dio de manera horizontal, sin banderas políticas, sin referentes. Los hermanos se organizan y deciden entrar. El Consejo se creó como brazo para articular en caso de necesitar apoyo o asesoramiento jurídico”, explicó sobre su forma de organizarse.“En cuanto a los integrantes del Consejo, cada uno es libre de hacer lo que le parece, la condición es que el Consejo es un movimiento por fuera de toda lógica partidaria. La única bandera que se levanta es la de la recuperación territorial y la reivindicación de los derechos como originarios. Siempre que se acepten esas condiciones, cualquiera puede participar, no importa la filiación política o ideología que tenga”, aseguró.Por último, contó: “Silverio era un hermano wichí, le daba mucha importancia al silencio de la escucha. Es un carácter muy común de los pueblos originarios. Quienes están acompañando este proceso del Consejo son muy pocos los que buscan rédito personal, sino más bien algo colectivo y comunitario, lejos de la lógica de las banderas políticas. Hay algunos hermanos que sí tienen su participación pero el proceso del Consejo en la mayoría de los lotes fue algo horizontal y sin ningún tipo de bajada de línea”. DESCARGAR

El gobierno nacional decidió desoir la medida cautelar dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y envió al Lonko mapuche desde el Penal de Esquel hacia Mendoza para luego extraditarlo a Chile. (Por La Retaguardia) Foto: Jones Huala en el juicio que decidió su extradición (archivo La Retaguardia/Agustina Salinas) El anuncio lo hizo la madre del Lonko, Isabel Huala, a través de un audio desesperado. Allí anunció que esta tarde Facundo fue llevado en helicóptero desde el penal federal N°14 de Esquel hacia Mendoza. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que en algún tramo de este largo proceso participó de la defensa de Jones Huala a cargo de Sonia Ivanoff, publicó en Twitter que desde el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza, el Lonko será trasladado a Chile para dar cumplimiento a la orden que dictó en primera instancia el Juez Gustavo Villanueva y luego reafirmó la Corte Suprema de Justicia.La semana pasada, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había dictado una cautelar en la que pidió al gobierno argentino suspender la extradición mientras sus expertos analizaran y resolvieran la cuestión de fondo. Según informó a La Retaguardia la abogada del lonko, Sonia Ivanoff, la notificación le llegó en el mismo momento en el que las fuerzas de seguridad lo fueron a buscar al penal, lo que imposibilitó que Facundo pudiera despedirse de sus familiares; de paso, evitaron cualquier tipo de manifestación que pudiera producirse para intentar evitar la medida, o al menos a modo de protesta. Las últimas semanas estuvieron cargadas de gestiones. Isabel Huala estuvo en Buenos Aires y en San Pablo. En la CABA participó de diferentes actividades, entre ellas de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ese mismo jueves, junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y el Comité por la libertad de los presxs políticos de pueblos originarios, presentó una nota en la Casa de Gobierno dirigida al Presidente Mauricio Macri.En el audio que reproducimos aquí abajo, Isabel Huala convoca a organizarse para protestar.Una vez en Chile, Jones Huala debería ser juzgado por un incendio ocurrido en la Estancia Pisu Pisue, en ese país. El hecho ocurrió el 10 de enero de 2013. Jones Huala estuvo, por este hecho, en prisión, en detención domiciliaria y luego clandestino, todo esto en Chile. El lonko cruzó la frontera hacia Argentina pero nunca pudo despegarse de la persecución. Así contaba la secuencia Elizabet Gómez Alcorta a La Retaguardia: “Chile pidió en 2014 la orden de captura internacional. En febrero de 2015 se inició el trámite por la extradición y recién es detenido en mayo de 2016. A los cuatro días de esa detención, el juez federal de Esquel dejó sin efecto la orden de captura. Se llevó adelante el juicio por la extradición y se declaró nula porque se tomó conocimiento de una situación de tortura a un miembro de las comunidades mapuche para identificar dónde estaba Facundo en la Argentina y tareas de inteligencia ilegal por parte de la AFI. En septiembre del año pasado, el juez federal dejó a Facundo en libertad. La fiscal presentó un recurso de apelación pidiendo que se revoque esa nulidad y que la Corte Suprema conceda la extradición.”.Pero la libertad duró poco. En junio del año pasado, apenas unas horas después de una reunión entre Mauricio Macri y la entonces presidenta chilena, Michel Bachelet, Jones Huala fue detenido en un control vehicular. Lo identificaron y lo llevaron preso. Apenas un mes después, en una protesta en la Lof en Resistencia de Cushamen, se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. A partir de allí, todo es posible.El gobierno argentino no escucha a los organismos internacionales, que reclaman con preocupación por la situación del Lonko, como durante la última dictadura pedían preocupados también por la situación del país. Paradójicamente, Jones Huala llegará a Chile un 11 de septiembre, en un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó, en 1973 al presidente democrático Salvador Allende.Aclaración importante: otros medios han publicado fotos de Facundo Jones Huala mientras se producía su traslado a Chile en avión. La Retaguardia no publica información ni ningún otro tipo de material que provenga de fuentes de fuerzas de seguridad. DESCARGAR