Puente 12

La historia personal y familiar de Ramiro Eliseo Ledesma golpeó fuerte en la séptima jornada del juicio Puente 12 III. A pesar del cambio de modalidad introducido por los integrantes del Tribunal Oral 6, orientado a direccionar a los testigos para acotar la extensión de sus intervenciones, el testimonio de Ramiro fue rotundo. Habló de la desaparición de su padre, Juan Eliseo Ledesma; del asesinato de su madre, Noemí Graciela Francisetti; y del fallecimiento a los once meses de su hermano, Guillermo Antonio Ledesma. Hasta hoy, no pudo encontrar los restos de ninguno de los tres. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Captura transmisión de La Retaguardia Ramiro Eliseo Ledesma, hijo de Juan Eliseo Ledesma, víctima del terrorismo de Estado, y de Noemí Graciela Francisetti, asesinada en un “supuesto enfrentamiento”, relató desapariciones, asesinatos, secuestros y persecución de ocho tíos; de la abuela de un primo suyo asesinada, atada con alambres y quemada en una localidad de Córdoba, provincia de la que es oriunda su familia. De dos primos que son “nietos recuperados”. Subrayó que son “heridas que no cierran” y que siguen “esperando que se haga justicia”.  El testimonio fue impactante. Dio en detalle todo lo que supo del secuestro de su padre, el 8 de diciembre de 1975, del asesinato de su madre  y acerca del calvario que vivió toda su familia.  Cuando su padre fue secuestrado, Ramiro tenía 2 años. Su padre nació en Córdoba en 1950 y se recibió de técnico tornero en la escuela secundaria, para luego ingresar en la Universidad Nacional de esa provincia, en la carrera de Ingeniería Química. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en  FIAT y a militar en el Sitrac-Sitram, sindicatos históricos de la década del 60. Eran dos filiales de la misma empresa: el Sindicato de los Trabajadores de Fiat Concord (Sitrac) y el Sindicato de los Obreros de MaterFer (Sitram). Fueron gremios de la corriente sindical clasista, protagonistas de luchas memorables que hicieron tambalear a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Con posterioridad, el padre de Ramiro se incorporó al PRT-ERP y fue parte de la dirigencia a nivel nacional. Se lo conocía como “El Comandante Pedro” Juan Eliseo Ledesma se trasladó a Buenos Aires en 1975, cuando ya formaba parte de la conducción política del PRT.   Lo que supo del secuestro de su padre, es que ocurrió el 8 de diciembre, cuando un Grupo de Tareas ingresó por la fuerza a una reunión del PRT-ERP. El operativo represivo fue posible por la infiltración del agente de inteligencia Jesús “El Oso” Ranier.  Por los testimonios de otras víctimas, en especial el de Víctor Pérez, supo después que a su padre lo llevaron a Puente 12, “donde fue ferozmente torturado y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue su final ni dónde está su cuerpo”.  Ramiro hizo luego un pormenorizado relato sobre “las pérdidas, desapariciones y encarcelamientos” que sufrió su familia. Precisó que su tío Juan del Valle Taborda fue “uno de los primeros muertos (por la represión) en Córdoba, en el año 1971”. En los años 1972, 73 y 74 “sufrieron la cárcel mis tíos Héctor Francisetti, Liliana Salvador, María Francisetti, Huberto Colauti”. Explicó que su tía Elda María Francisetti estuvo presa y fue liberada en mayo de 1973, pero luego fue secuestrada y está desaparecida, junto con su compañero Gustavo Ferri.  También sufrió la desaparición de sus tías Marta Susana Ledesma y Sergio Comba, en un hecho ocurrido el 10 de diciembre de 1975 en Córdoba, “debida también a la infiltración del Oso” Ranier. Ellos dos “desaparecieron junto con un grupo grande de compañeros que fueron llevados al Campo de la Ribera”, un centro clandestino de tortura y exterminio que funcionó en un predio militar. El caso llegó a juicio y se comprobó que “fueron torturados y fusilados”. Uno de los responsables de esos hechos fue el capitán Héctor Vergéz. Ledesma mencionó además el caso de “una abuela de mi primo que la mataron en Río Cuarto, en 1977, el Grupo del D-2”, como se denominaba al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. En ese caso fue juzgado “como principal responsable” el policía Miguel Angel “Gato” Gómez.  La abuela estaba buscando a su hijo, Sergio Comba, motivo por el que “el famoso Gato Gómez y otros integrante del D-2 la hostigaron, la secuestraron varias veces, hasta que la secuestran en 1977 y luego aparece, atada con alambre, prendida fuego y la tiran en la vía pública”, en la localidad de Alcira Gigena, departamento de Río Cuarto.  El testigo dijo que empezó a reconstruir la historia de su padre y de su familia, a partir de los siete años, cuando vivía con sus abuelos maternos, Marcela Martoglio y Héctor Francisetti. Ellos lo llevaron para que fuera asistido por una psicóloga de Villa María que se llamaba Graciela Taquela y que “ayudaba a todos los que habíamos sido víctimas de la dictadura” cívico-militar.  Aclaró que él vivía con sus abuelos maternos porque a su mamá, Noemí Graciela Francisetti, quien también militaba en el ERP, “la mataron en un supuesto enfrentamiento ocurrido la noche anterior” al golpe del 24 de marzo de 1976, en un operativo realizado en la zona norte del Gran Buenos Aires, frente a una comisaría. Recordó que tenía “un hermanito que se llamaba Guillermo Antonio Ledesma, quien falleció a los once meses, también como resultado de la clandestinidad y de la persecución que sufrieron mis padres”. El pudo vivir poco tiempo con sus padres, luego con sus abuelos maternos y “un período en Buenos Aires que no se bien quienes me tuvieron, seguramente compañeros” de militancia de sus padres. Su tía Elda lo llevó luego a Villa María, con sus abuelos maternos, que también se hicieron cargo de su primo Santiago Emilio Francisetti, cuyos padres, Héctor Francisetti y Liliana Salvador, estaban presos. En 1981, junto con algunos de sus familiares, pudo salir del país y se radicaron en Suecia gracias a un programa de la Cruz Roja Internacional. Un año después volvió

María Laura Cravello dio testimonio desde Barcelona. Aportó una mirada sensible sobre la militancia de Ricardo Cravello y María Cristina Lonardi, que ya había abordado su hermana Alejandra. También interpeló a la Justicia por sus tiempos y desmanejos en este juicio. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero “No hagan ruido porque va a ser peor para ustedes, porque los pueden matar”. Más que una advertencia fue una amenaza lo que el entonces jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Alberto Alfredo Valín, le hizo a Emilio Lonardi y a su familia, cuando fue a pedir por la vida de su hija, María Cristina Lonardi, y por la de su yerno, Ricardo Alfredo Cravello.  La pareja estaba secuestrada en el centro de tortura y exterminio de Puente 12, por orden del propio Valín. La información fue aportada —en el juicio Puente 12 III— por María Laura Cravello, hija de las víctimas, quien la obtuvo por el relato directo de su abuelo Emilio, fallecido en 1982.  La testigo y querellante en el juicio expresó su repudio al “cinismo de Valín, quien pudo haber salvado la vida de mis padres”, que habían sido secuestrados dos días antes de la entrevista.  María Cristina Lonardi y Ricardo Alfredo Cravello, fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1975. Esto pasó en el marco de una serie de operativos que, en apenas 36 horas, produjeron el secuestro de 24 personas que pertenecían al PRT-ERP o que eran familiares —incluso niños— del líder de la organización Mario Roberto Santucho.  María Laura Cravello, que tenía 2 años y dos meses cuando secuestraron a sus padres, recalcó que los genocidas “ni siquiera tuvieron los huevos de decir que los habían matado”. Cuando una patota armada irrumpió en la casa donde vivía la familia, luego de ametrallar la puerta de entrada, ella estaba sola en su habitación, llorando y llamando a sus padres, sin poder comprender lo que estaba pasando.  Habló también del drama que vivieron sus cuatro hermanos, sus abuelos y otros familiares. Como se los habían llevado un 8 de diciembre, una de sus abuelas “esperó a mis padres para la Navidad” de ese año, con la mesa servida, pensando que los iban a liberar. “Cuatro Navidades los esperó y después nunca más celebró la Navidad”, contó.  En el cierre de su exposición, María Laura, que vive en España, pidió justicia por sus padres y por los 30 mil desaparecidos. Y subrayó: “La justicia es un derecho, no una limosna”. Por eso pidió celeridad en el juicio, donde se denuncian  crímenes de lesa humanidad cometidos contra 185 personas.  María Laura Cravello es hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, Nenina. Tiene cuatro hermanos, dos de ellos, Paula y Enrique, hijos de Ricardo y Nenina; y Alejandra y Valeria, hijas del primer matrimonio de su padre.  La testigo y querellante recordó que sus padres eran estudiantes de arquitectura y se conocieron en 1970, luego de la separación de Ricardo de su primera mujer. Dijo que, antes de conocerse, sus padres tenían “una vida muy diferente, porque mi papá había empezado a militar desde muy joven, en el Partido Comunista y en otras agrupaciones de izquierda, mientras que mi mamá comenzó su militancia en 1969”.  Dijo que habían conformado “una hermosa familia ensamblada” con sus padres y sus cuatro hermanos. Aclaró que no sabe exactamente cuando sus padres comenzaron a militar en el PRT, pero cree que fue en 1972, pero eso no impidió que tuvieran “una vida normal”. Su mamá era hija de Emilio Lonardi y Nélida Ana Ibarra. El papá de su madre era civil, hermano del general Eduardo Lonardi, “el golpista que derrocó a Juan Domingo Perón” en 1955.   María Laura definió a su madre como una persona solidaria que de joven solía ir a Brasil, al carnaval de Río de Janeiro, y se alojaba en la casa de familiares que vivían en esa ciudad. “Si mi mamá encontraba gente durmiendo en la calle, la llevaba a dormir” a la casa de sus familiares.   Sus padres vivieron primero en la calle Gascón, en la Ciudad de Buenos Aires, y en octubre de 1975 se mudaron a la casa de la calle España 3266, en Olivos, en octubre de 1975. Allí fueron secuestrados. “Necesitábamos una casa más grande, porque éramos cinco chicos los fines de semana”, dijo. También querían “un lugar seguro” y creyeron que allí lo encontrarían.  El 8 de diciembre de 1975, su abuela materna y su tía Mercedes fueron de visita para buscar a su hermana Paula “que se quería ir con ellas”. En horas de la mañana entró en la vivienda “una patota policial, les piden los documentos y preguntaron por una mujer a la que llamaban ‘la Negra’, según contaron después mi abuela y mi tía”. Su abuela, que solía tomar sol en verano, le dijo en broma a los policías que “ella era La Negra”. Los policías se fueron luego de identificar a las personas que estaban presentes.  La patota volvió por la noche y María Laura, que en ese momento tenía 2 años y dos meses, contó lo que recuerda del operativo: “Yo estaba en mi habitación, porque me habían acostado, y empiezo a sentir ruidos”. Dijo no recordar si estaba dormida y se despertó, pero su reacción fue “empezar a llamar a mi mamá y a mi papá”. Ella se puso a llorar “pero nadie me vino a buscar”. Comenzó a llamar a su hermana Paula, que era la mayor, pero se había ido con su abuela y su tía. Ante esa situación, sin poder contener el llanto, se levantó de la cama e intentó abrir la puerta de la pieza, “pero no llegué a abrir el picaporte”.  Era tal su miedo, que hasta la asustó la presencia del peluche que tenía en su cama. Decidió tirar al piso la almohada y se acostó sobre ella. En algún momento se durmió y al despertar, lo que recuerda es que estaba “en brazos de una persona, en la

Elba Balestri, esposa del desaparecido Ricardo Abdón y Roberto Inostroza Arroyo, hermano de Ismenia, pasaron por el juicio para relatar sus historias, que también son parte de la secuencia de caídas entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975. En el caso de Abdón también fue secuestrado el hijo de apenas 4 años. Todos cayeron por la infiltración del Oso Ranier. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Detenida en la cárcel de Olmos, donde dio a luz a su hija menor, Elba Balestri recibió las noticias sobre las torturas sufridas por su esposo, Ricardo Elías Abdón, quien sigue desaparecido, y el secuestro en el centro de exterminio de Puente 12 de su hijo Esteban, de 4 años.Elba Balestri y Ricardo Elías Abdón, nacidos en Córdoba, se habían incorporado al PRT-ERP en 1973, luego del Cordobazo y por “la indignación” que les provocó el fusilamiento de los presos políticos en Trelew, el 22 de agosto de 1972.Al declarar en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de Puente 12, Elba recordó que fue “muy angustiante” recibir las informaciones sobre los secuestros de su esposo, su hijo y otros miembros de la familia. Entre otras cosas, supo que su esposo “había sufrido una tortura terrible y estaba en muy mal estado, con el estómago abierto”.Balestri cerró su testimonio solicitando que se investigue “a la cadena de mandos del Batallón 601 de Inteligencia del Ejercito”, porque “todavía faltan algunos responsables” de los crímenes cometidos antes y durante la dictadura cívico militar.También prestó declaración Roberto Inostroza, hermano de Ismenia Inostroza, una joven chilena radicada en Argentina, que fue secuestrada y torturada en Puente 12. Sus restos aparecieron en octubre de 2012. La historia de Ismenia y sus hermanos Los Inostroza, oriundos de Chile, se radicaron en Argentina en 1956. Don Manuel Segundo Inostroza era albañil y su esposa, Guillermina del Carmen Arroyo, jefa del hogar. Tuvieron nueve hijos. Los varones heredaron el oficio de su padre, mientras que Ismenia Inostroza, una de las hijas menores, desde muy joven tuvo militancia gremial y política.En la quinta jornada del juicio Puente 12 III, la historia de Ismenia y de su familia fue relatada por uno de sus hermanos, Roberto Inostroza Arroyo, quien estuvo muchos años preso en Argentina, hasta que fue expulsado del país y se radicó en Suecia, desde donde dio su testimonio.La familia, de clase obrera, vivió cuatro años en Río Negro, para luego trasladarse a la ciudad de Bahía Blanca. El primero de los hermanos en caer preso fue Hugo Inostroza, detenido en 1972. En un operativo ilegal se lo llevó personal del Ejército en Bahía Blanca. “Fue por unas horas, recibió un poco de picana eléctrica, pero no fue más que eso”, minimizó su hermano Roberto, teniendo en cuenta todo lo que sufrió después el grupo familiar.En 1976 Hugo fue nuevamente detenido en Neuquén. En esa ocasión fue “muy torturado, le hicieron el submarino y le dieron picana eléctrica”. En lo que describió como “un momento de desesperación”, Hugo “logró quitarse las esposas, agredió a un guardia y se escapó”. Estuvo clandestino hasta 1983, cuando logró salir al exterior, primero a Brasil y luego a Suecia.Después fue el turno de Roberto, detenido en septiembre de 1974, cuando formaba parte de una agrupación sindical que iba a presentar su lista en las elecciones de ese año en la filial Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). Lo detuvieron junto con otros tres compañeros. Uno de ellos “fue asesinado por la Triple A”. Luego pasó por Sierra Chica, por el centro clandestino de detención de Coordinación Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, donde escuchó las quejas “de las personas que eran torturadas”. Estuvo preso hasta 1979, en la cárcel de Devoto y en la Unidad 8 de La Plata, hasta que lo expulsaron del país y se radicó en Suecia.Sobre su hermana Ismenia, recordó que tuvo “militancia barrial” en Bahía Blanca, donde fue delegada gremial en una fábrica textil. En diciembre de 1974, se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires. “No tuvimos noticias de ella hasta el año 1976, cuando yo estaba en la Unidad 9 de La Plata y tomó contacto con Víctor Pérez, quien me dijo que había estado con Ismenia en Puente 12”. Sin darle detalles, Víctor le contó que “la vio a Ismenia en Puente 12 y que ella estaba muy mal”. Pérez “le dio a entender” que los dos militaban juntos en el PRT, donde era conocida como “la compañera Ana”. En ese momento, ella tenía 25 años. Lo que pudieron saber después es que la joven había sido secuestrada en la vía pública, en la zona sur del Gran Buenos Aires, por un grupo de tareas del Ejército.Los restos de Ismenia Inostroza fueron encontrados sepultados cerca del Río Matanza, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, en octubre de 2012. Sus hermanos llevaron los restos a Bahía Blanca donde “la sepultamos junto con mis padres”. Para la familia, el impacto de la desaparición fue muy duro porque “era preguntarse si estaba viva y dónde estaba”. Su padre había fallecido en 1972 y su madre en 1993. Roberto dijo que su hermana era “una persona muy seria, muy responsable, que tenía muy claras sus convicciones; ella fue mi mejor hermana”. Ante una pregunta, dijo que ya había sido detenida en dos oportunidades, en 1973, la primera vez mientras repartía volantes frente a una petroquímica, en Bahía Blanca. En esa oportunidad sufrió amenazas en sede policial y, en la segunda ocasión, estuvo presa por poco tiempo. Tanto Roberto como su hermano Hugo, al igual que su madre, sufrieron las consecuencias propias de una desaparición forzada como la sufrida por Ismenia. En lo personal, Roberto tuvo “estrés postraumático y Hugo también está muy mal”. Cerró su intervención diciendo que pide “justicia y castigo para los asesinos de Ismenia, y también Memoria, Verdad y Justicia para los 30 mil compañeros y compañeras que sufrieron lo mismo” que

La condena a 16 años de cárcel contra Carlos Antonio Españadero, exagente de Inteligencia del Ejército, fue confirmada por la sala cuatro de la Cámara Federal de Casación Penal. Españadero fue condenado por 17 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y por el abuso sexual cometido contra una niña de 15 años, familiar de Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP.   Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia Los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en diciembre de 1975, determinaron la condena de Españadero por el Tribunal Oral Federal N° 6 en el juicio Puente 12 II, el 15 de octubre de 2021.   Entre el 8 y 9 de diciembre de 1975, se produjeron los secuestros de Ofelia Maximina Ruiz Paz de Santucho; María Ofelia Santucho, de 15 años; Mario Antonio, un bebé de ocho meses; Ana Cristina, de 14; Marcela Eva, de 13; María Susana, de 14; María Silvia, de 12; María Emilia, de 10; Gabriela Inés, de 10; y Esteban Abdón, de 4.  La familia Santucho fue secuestrada cuando celebraba un cumpleaños infantil en una casa de la localidad de Morón. Las otras víctimas fueron Graciela Lucía Bravo, Raúl Pedro Gagliardi, Mariana Méndez, María Rosa Navarro, Mario Antonio Gneri, Ricardo Landriscini y José Luis Uhjelly.   Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazaron el planteo de la defensa de Españadero, que argumentó que los hechos ocurridos “no constituían crímenes contra la humanidad” y por eso deberían ser declarados prescriptos.  Los jueces señalaron que antes de la dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983, se produjeron hechos con “características que los convierten en crímenes contra la humanidad”.   Recordó, en ese punto, que luego del golpe de Estado se pusieron en marcha disposiciones que reforzaron “las estructuras organizadas preexistentes” para “erradicar a los así llamados ‘elementos subversivos’”. Lo que se hizo antes y después del 24 de marzo de 1976 fue la aplicación de un plan represivo que incluyó “la desaparición física de aquellos que resultaban sindicados dentro de dicho grupo”.  En ese sentido, citaron la causa 13/84, que llevó al juzgamiento y condena de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, en el juicio oral realizado en 1985. Allí se probó que los métodos represivos habían comenzado antes del golpe militar. Los jueces señalaron luego la “insalvable nulidad” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, invocadas también por la defensa de Españadero.   Los jueces de Casación señalaron que los sucesos que involucran a Españadero constituyen “un caso paradigmático de ‘ataque contra la sociedad civil’” y que eso los convierte “en crímenes contra la humanidad”.  Españadero primero se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército y “por sus calificaciones fue promovido hasta alcanzar el grado de Jefe” de la División Situación General, hasta que renunció el 30 de junio de 1980.   Todos los casos ocurrieron en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Puente 12, en La Matanza, que dependía del Area 114 de la denominada Subzona de Defensa 1.1 del Primer Cuerpo de Ejército. Los jueces afirmaron que las personas que “por referencia o cercanía, real o presunta” eran señaladas desde el poder militar como relacionadas con “las organizaciones sindicadas como ‘subversivas’” sufrieron “violaciones a sus derechos fundamentales”.  En el fallo se recordó que en la década del setenta “comenzó a producirse un tipo de hecho que (…) en años posteriores tuvo un auge notable, y que consistió en la desaparición de personas atribuida a razones políticas”. Destacaron que en 1974 y 1975 ya había comenzado una metodología sistemática que luego tuvo un “importante aumento en el número de personas privadas clandestinamente de su libertad, en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976”.   Recordaron que el 15 de octubre de 1975 el Consejo de Defensa firmó la “Directiva 1/75 (Lucha contra la subversión)”, una norma que abrió la puerta al genocidio con el llamado Operativo Independencia en la provincia de Tucumán.  El abuso sexual Los jueces también rechazaron la objeción de la defensa por el “abuso deshonesto” sufrido en Puente 12 por María Ofelia Santucho. En el juicio oral, la víctima refirió que “había sido objeto de vejaciones sexuales en el contexto de su encierro” en Puente 12.  Dijo que lo que hicieron los represores fue “una forma de doblegarla por su género”.  En el fallo de Casación se afirmó que la joven “con 15 años de edad, los ojos vendados y las manos amarradas, privada de su libertad y bajo un estado de permanente amenaza, debió soportar el abuso deshonesto por parte de sus captores”.  Coincidieron con el fallo del Tribunal Oral 6 en la participación “mediata” de Españadero, porque todo sucedió “en ese marco de clandestinidad e impunidad que aseguraba el sistema represivo ilegal lo que resultó decisorio para la ejecución del abuso”.  Lo ocurrido “desnuda el codominio del hecho de todas aquellas personas cuyo aporte tuvo una magnitud e incidencia determinantes para la comisión del delito”.  Consideraron que “difícilmente pueda sostenerse que tal circunstancia no era conocida por el imputado Españadero”.  Por ese motivo, los jueces sostuvieron que por su rol de jefe “tuvo un control o codominio que permite reputarlo como coautor de los abusos cometidos”. Dada la situación que vivían las víctimas en Puente 12 “no cabe exigir que la autoría se restrinja sólo a quien cometió los abusos sexuales”.  Agregaron que “el trato recibido por las y los menores” llevados a Puente 12 fue “denigrante respecto de su sexualidad contra Ana Cristina Santucho”, por “la ausencia de cuidados de un bebé de ocho meses, Mario Roberto Santucho” y por los “maltratos físicos contra todos ellos y la insistencia en interrogatorios similares a los realizados a las personas adultas” allí secuestradas.   “La amenaza de tortura, el escuchar (…) los gritos de quienes estaban siendo atormentados, el relato de vejaciones a personas de íntima relación o la promesa de hacerlo constituyen (…)  formas de tormento psicológico en un todo asimilables a

Alejandra Cravello aportó en la causa no solo su historia personal como hija de Ricardo, secuestrado y desaparecido en Puente 12, sino en la mirada general sobre un juicio por el que esperó toda su vida. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando Tebele A los 9 años, junto con sus cuatro hermanos menores, Alejandra Cravello sufrió el secuestro de su padre, Ricardo Alfredo Cravello. Junto con él se llevaron a María Cristina Lonardi, la mamá de tres de sus hermanos. Cuarenta y ocho años después, a los 57, Alejandra recién pudo exponer ante la Justicia su dolor, su reclamo de condena a los culpables, y pudo desandar el amoroso recorrido que hizo con sus hermanos para saber dónde estaban sus desaparecidos.  La pareja fue secuestrada y torturada, como todos los que pasaron por el centro de exterminio de Puente 12. En un relato descarnado, Alejandra hizo referencia a las 24 personas, entre ellas Ricardo y María Cristina, que fueron secuestradas en un raid de 36 horas, en diciembre de 1975. En uno de los operativos, los secuestrados fueron nueve niños, ocho de ellos hijos o sobrinos de Roberto Santucho, líder del PRT-ERP, cuyos casos fueron expuestos en el juicio Puente 12 II.   Denunció también la actitud inexplicable de las actuales autoridades políticas bonaerenses que no ponen fin al brutal cambio de fisonomía del predio de Puente 12. Consideró que eso es “inadmisible porque se trata” de un predio que debe ser preservado porque es “prueba en una causa judicial” que investiga el calvario sufrido por 185 personas, la mayoría asesinadas en la tortura.  Aseguró que, a pesar de sus gestiones “formales e informales”, no son recibidos ni por el gobernador Axel Kisillof ni por el ministro de Seguridad, Sergio Berni.  El testimonio de Alejandra fue tan contundente que, por primera vez en lo que va del juicio, hubo preguntas de una de las defensas. Horacio Romero Villanueva, quien representa al imputado Walter Roque Minod, ex jefe de Personal y de Logística del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, le hizo a la querellante una consulta capciosa: “¿Usted recuerda si en el año 1975 estaba vigente el Estado de Sitio?”.  La respuesta fue rotunda: “También había leyes como la 20.840, que estuvo vigente hasta los años noventa, y otras leyes con las cuales podrían haber realizado juicios justos, entre comillas”, en lugar de las ejecuciones sumarias que realizaron en todo el país.  El defensor intervino desde la comodidad de su casa, en forma virtual, ya que no concurre a la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 donde se realizada el juicio Puente 12 III.    Alejandra Cravello, de 57 años, es la mayor de cinco hermanos y tenía 9 cuando secuestraron a su padre, Ricardo Alfredo Cravello. “Toda una vida esperando justicia”, fueron sus primeras palabras. Ella y su hermana Valeria, son hijas del primer matrimonio de su padre.  En 1969, Ricardo Cravello formó una nueva pareja con María Cristina Lonardi, “Nenina”, luego de separarse “en muy buenos términos” de la mamá de Alejandra. Se formó entonces una “familia ensamblada”, a la que se sumaron tres hijos de la nueva pareja: Paula, María Laura y Ricardo, el menor de los hermanos, nacido en 1975.  Alejandra dijo que tenían “una vida normal” y que “no se notaba” la militancia de su padre y Nenina, ya que “no estaban clandestinos” como otros militantes de esos años.   Antes de incorporarse al PRT, su padre había militado en el Partido Socialista, en grupos trotskistas como Praxis y en la Resistencia peronista. Ricardo Cravello se había recibido de maestro mayor de obra y fue estudiante de arquitectura y de sociología.  Su padre y su pareja se mudaron a una casa grande, con jardín, en la zona de Olivos. La recomendación que recibieron ella y su hermana Valeria, fue la de no decir dónde quedaba la vivienda. Con marcada emoción, Alejandra recordó cuando iba a jugar a la oficina en la que trabajaba su padre y el relato fue llegando a la trágica noche del secuestro.  En la primera semana de diciembre de 1975, finalizadas las clases, su papá las fue a buscar a la casa de su madre, como todos los fines de semana, pero no regresaron con su mamá el domingo, como era habitual, sino el lunes 8, porque estaban de vacaciones en el colegio. “Como siempre, mi papá tomó un café con mi vieja, hablaron de nuestra crianza, de la realidad nacional”. Las imágenes de su padre, ese día, están grabadas en la memoria: “El sol de diciembre entraba por la ventana del living, lo acompañamos hasta el ascensor; fue la última vez que lo vimos”.  Su madre les dijo a ella y a Valeria, que “se los habían llevado, que los secuestraron, que no se sabía dónde estaban, que seguramente iban a aparecer en diez o quince días detenidos en un penal” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.  “Ese verano fue de mucha angustia, mucho llanto, jugábamos con nuestros primos porque éramos niñas, pero había un agujero impresionante”. Con el tiempo supieron que el secuestro había sido en la noche de ese 8 de diciembre de 1975 y que en la casa “estaban mi papá, Nenina y Emilio, el papá de Nenina, a quien liberaron” horas después.     Emilio era civil “pero sus hermanos eran militares, el mayor era Eduardo Lonardi, el que derrocó a (Juan Domingo) Perón”. El general Eduardo Ernesto Lonardi fue el primer presidente de facto luego del golpe de 1955, pero fue desplazado poco después por el general Pedro Eugenio Aramburu.  Emilio Lonardi, el padre de Nenina, hizo gestiones que no prosperaron y creyó, al principio, que habían sido llevados a la guarnición de Campo de Mayo. Años después, Alejandra corroboró que su padre y Nenina estuvieron en Puente 12 y no en Campo de Mayo.  En los primeros “dos o tres años”, Alejandra no tuvo mucha información, pero a partir de 1979, cuando empezó la secundaria, todos los mediodías iba a comer a la casa de su abuela paterna, que

En otra jornada de testimonios de sobrevivientes, Mercedes Alvariño, Daniel Mirkin y Carlos Pellioli relataron las torturas que recibieron durante sus secuestros previos al golpe de Estado. También declaró Alicia Sanguinetti, compañera del Capi Munarriz, jefe de logística del PRT-ERP, quien fue secuestrado en 1974. El rol del Oso Ranier, infiltrado por la inteligencia del Batallón 601. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Transmisión de La Retaguardia Mercedes Alvariño, sobreviviente de Puente 12, relató su secuestro a manos de una patota que actuó bajo órdenes de Aníbal Gordon, una figura emblemática del Terrorismo de Estado. Ella fue torturada en forma brutal en Puente 12 “hasta sufrir una hemorragia” vaginal por un represor vestido en forma elegante y con una voz que parecía imitar a la de un conocido actor argentino.    También dio testimonio Alicia Sanguinetti, la compañera de Alberto José Munarriz, “Capi”, responsable nacional de logística del PRT-ERP. El dirigente cayó en una emboscada que planificó Jesús “El Oso” Ranier, el agente del Batallón 601 que se había infiltrado en la organización.  Los otros testigos fueron Daniel Mirkin, militante de Política Obrera secuestrado en La Tablada y llevado a Puente 12, y Carlos Pellioli, sometido a torturas en mayo de 1975, cuando estaba cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio.  Los testimonios Daniel Mirkin, militante de Política Obrera (hoy Partido Obrero) fue secuestrado con tres compañeros el 1 de mayo de 1975, en San Martín y Crovara, en La Tablada. La agrupación hizo una reunión pública con vecinos de la zona. La charla duró unos 45 minutos y Mirkin se retiró caminando del lugar, acompañado por Oscar Lanfranco, Oscar Carbonelli y María Elena Hernández.  Fueron interceptados por dos vehículos particulares de los que bajaron ocho hombres de civil, con armas largas. Les vendaron los ojos y les ataron las manos a la espalda, para luego obligarlos a tirarse al piso, boca abajo, en la calle. Los tuvieron varias horas y luego los subieron a un vehículo tipo furgón.  Los llevaron a un lugar de detención que luego supieron era Puente 12. A poco de llegar escucharon “los gritos de dolor de Lanfranco”, el primero en ser torturado.  Luego lo llevaron a Mirkin, lo obligaron a desnudarse, lo acostaron sobre el esqueleto metálico de una cama y lo torturaron con picana eléctrica.  “Me dieron picana en todo el cuerpo, en los genitales, en la boca, en las encías”, contó. Como a otros secuestrados, lo colgaron del techo. Los ataban con sogas que pasaban por debajo de las axilas. “Tenías que apoyarte en el piso, en puntas de pie, para tratar de aliviar el dolor en los hombros”, dijo, pero todo era “insoportable”.  De niño solía ir con su padre a Ezeiza, de manera que para él fue fácil identificar que el lugar de torturas estaba en Riccheri y Camino de Cintura. Como ya relató Carbonelli en el juicio, luego los llevaron a la Brigada de Investigaciones de San Justo y a la comisaría de Villa Madero.  Muchos años después, con Carbonelli pudieron ingresar a la División Cuatrerismo de Puente 12, sin que nadie les impidiera el paso.  “Fue en diciembre de 2015 y, cuando llegamos, la gobernadora María Eugenia Vidal, que recién había asumido, estaba promocionando un operativo por drogas, estaba lleno de periodistas y nos dejaron pasar sin problemas”, recordó. Ese día terminaron de reconocer el lugar donde habían sido torturados.  Con posterioridad sufrió un nuevo secuestro que no tiene relación con esta causa. Mirkin pidió disculpas a las otras víctimas porque recién ahora, por primera vez, prestó declaración ante la Justicia.  La patota de Gordon La siguiente en declarar fue Mercedes Alvariño, una sobreviviente que al comenzar rindió homenaje a Cristina Comandé, fallecida el año pasado, por el trabajo de reconstrucción realizado para que todos puedan reclamar justicia.  Alvariño fue secuestrada por primera vez “por la Triple A, el 12 de junio de 1974”. Eso pasó cuando vivía en una casa de la calle Albariño 3945, de Lanús.  Cuando recuperó la libertad se mudó a una vivienda en la calle Cacique Coliqueo, en Ramos Mejía. Allí volvió a ser secuestrada el 19 de noviembre de 1975. Los que irrumpieron en la casa eran “siete personas muy sacadas, con olor a alcohol”. Tiempo después, mirando fotografías en una causa judicial, pudo reconocer al agente de la ex SIDE Aníbal Gordon como el jefe del operativo. “Él controlaba todo, mientras los otros revisaban la casa y se robaban todo lo que había”, declaró.  La sacaron de su vivienda sin capucha y sin los ojos vendados. “Gordon me dijo: ‘Vos caminá como si estuvieras saliendo sola”. La subieron a un Ford Falcon azul francia y se la llevaron a ella sola. Su marido, Miguel Angel Alberti, era delegado en una fábrica de armas.  La persecución había comenzado antes de su segundo secuestro, cuando una patota de civil amenazó con llevarse a su hermana María Luz, junto con su bebé. Eso había sucedido en la casa de Lanús, donde seguía viviendo su familia. Para evitar que se llevaran a su otra hija y a su nieta, el padre de Mercedes le dio a la patota la dirección de la vivienda de Ramos Mejía.  Sus captores parecían formar parte de un grupo marginal “si hasta tenían escopetas atadas con alambre”. En el lugar de detención le presentaron a una mujer que la conocía y que había suministrado datos sobre sus actividades políticas.  Le hicieron preguntas sobre Juan Carlos Microcini, que también estuvo secuestrado en Puente 12. “Me torturaron con picana eléctrica, pero primero me bañaron con un balde de agua, me sacaron la ropa y lo más insoportable fue cuando me pasaban la picana por la boca”, relató.  En las sesiones de tortura también le provocaron “una hemorragia porque me introdujeron algo en la vagina”. Sostuvo que en el lugar que luego identificó como Puente 12, pudo ver “a chicos de la villa Los Ceibos, un barrio obrero de Lanús donde nosotros militábamos”.  Los torturadores se burlaban de los secuestrados. “Uno de ellos me

La Inteligencia del Ejército fue clave durante el último genocidio. Dos de sus integrantes son juzgados en Puente 12 III. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Cultivada por primera vez por los Incas, antes de la llegada de los colonizadores, la batata es la más simple de las hortalizas. Sin embargo, en la jerga de los genocidas, “Batata” era la denominación –en clave de torturador— del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, artífice del secuestro, tortura y exterminio de miles de personas. Los crímenes fueron en Argentina y en otros países a los que llegaron las garras de sus espías, en el marco de la planificación continental de la Operación Cóndor.Desde el sombrío edificio de Callao y Viamonte, en Buenos Aires, partieron miles de órdenes y de ejecutores hacia cada rincón del país. Algunos tuvieron nefasta fama, como Raúl Antonio Guglielminetti, retratado en 1984 cuando “custodiaba” a Raúl Alfonsín y a María Estela Martínez de Perón. Otros, como el coronel Carlos Alberto Roque Tepedino, durante décadas permanecieron en el anonimato, aunque fueron figuras claves del Terrorismo de Estado. Hoy, en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de Puente 12, dos ex jerarcas del Batallón 601 están siendo juzgados: el exteniente primero Enrique José Del Pino –condenado en otras causas— y el excapitán Walter Roque Minod, por primera vez en el banquillo de los acusados. En este juicio, la tercera audiencia se realizará el próximo viernes 5 de abril a partir de las 8:30. Un asesino fotogénico Raúl Antonio Guglielminetti, exagente del Batallón 601, fue el primero en recordar, en 1984, que la dictadura seguía vigilando a la frágil democracia. Su primera foto publicada en los diarios fue acompañando al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli y a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, de visita en Buenos Aires. Luego, en otra foto, aparecía a pocos metros del presidente Raúl Alfonsín.Lo más grave fue que Guglielminetti no estuvo “infiltrado” sino que fue convocado a partir de una idea del subsecretario general de la presidencia Dante Giadone, exsuboficial auditor del Ejército. Lo que hicieron fue crear un grupo de Inteligencia al servicio de Alfonsín, porque Guglielminetti los había convencido de que se estaba gestando un atentado contra el Presidente.El llamado Grupo Alem tenía su sede en Leandro Alem 218, a cuatro cuadras de la Casa Rosada. Lo integraron otros notorios represores como Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”; Juan Carlos Fotea, alias “Lobo” o “Juan Carlos Linares”; Daniel Alejandro González; el capitán de navío Marcelo Marienhoff, hijo de un marino amigo de Alfonsín; el prefecto Juan Carlos Liaño, alias “Roilla”, quien como “Colores” había estado en el circuito “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”.También estuvieron Jorge Rivero, alias “El Gitano”, un policía de la Superintendencia de Coordinación Federal denunciado como integrante de la Triple A, y el coronel Eusebio Gustavo González Breard, a cargo de la agrupación Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar de la Presidencia. En la interminable lista figura un oficial de apellido Choffi, apodado “Nino”, que pertenecía al Batallón 601, al igual que José Benayas, el médico Arturo Horacio Poiret y Carlos Alberto Vivas, alias “Jaime Vidal”.El 8 de abril de 1987 en varios medios periodísticos se adjudicó al 601 un atentado ocurrido en la Capital Federal. El Estado Mayor del Ejército aclaró: “El denominado Batallón de Inteligencia 601 no existe en la actualidad, por haber sido reestructurado”. En el mismo comunicado se admitía que sólo había cambiado de nombre. Se llamaba ahora “Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM)”. El coronel Tepedino A comienzos de 1996, a la Casa de las Madres llegó un sobre cerrado destinado a los periodistas que hacíamos el periódico Madres de Plaza de Mayo. El documento anónimo, que también llegó a Página 12, tenía 23 carillas y hacía referencia a oscuras operaciones que se realizaban desde el Estado Mayor General del Ejército, cuando su titular era el general Martín Balza.El eje de la denuncia era la presencia, en la Jefatura II (Inteligencia), de un hombre clave de la represión, el coronel retirado Carlos Alberto Roque Tepedino, acompañado por uno de sus viejos colaboradores, el coronel retirado Carlos Enrique Rospide.El currículum de Tepedino era elocuente. Entre 1975 y 1977 había sido director del área de Inteligencia Interior de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Desde el 27 de octubre de 1976 hasta fines de septiembre de 1979 fue jefe del Batallón 601. Luego pasó a ser secretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior. Con ese cargo llegó hasta el 10 de diciembre de 1983 y se fue de la mano del último presidente de facto Reynaldo Bignone.Desde ese momento y hasta 1999, el refugio oculto de Tepedino fue la Jefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército, bajo el paraguas que le abrió el general Martín Balza.En el documento anónimo se afirmaba que Tepedino fue la “eminencia gris” de todos los jefes de inteligencia que se sucedieron desde el 10 de diciembre de 1983. El 14 de junio de 1997, en una nota publicada en el diario Página/12, se confirmó la presencia de Tepedino en el séptimo piso del Edificio “Libertador”, sede del Comando en Jefe del Ejército.El viejo coronel había sido indultado en 1989 por el presidente Carlos Menem, ya que estaba procesado por el encubrimiento del crimen de Elena Holmberg, exdiplomática de la dictadura de Jorge Rafael Videla, asesinada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Homberg pagó con su vida las diferencias que el Ejértico tenía entonces con el almirante Emilio Massera.En 1994, Tepedino condujo el encubrimiento del crimen del soldado Omar Carrasco. Era un experto en eliminar pruebas y adulterar la escena del crimen.Con los datos aportados por el informe anónimo, fue fácil encontrar a Tepedino en el Comando en Jefe del Ejército: sólo hubo que llamar al número 4346-6100 del conmutador y pedir por él o discar el interno 1371. El militar atendió el teléfono, confirmó su

En una jornada tensa, que incluyó gritos del juez Daniel Horacio Obligado a la fiscal María Ángeles Ramos, se escucharon cuatro testimonios crudos. En esta crónica la primera parte de la jornada, con los testimonios de la sobreviviente María del Carmen Cantaro y su hijo Enrique Pastor. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Capturas Transmisión de La Retaguardia En el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de Puente 12, una madre y su hijo relataron los horrores vividos por una familia que ahora demanda “que se juzgue a los culpables de crímenes atroces cometidos durante la dictadura militar”. Enrique Pastor tenía once meses cuando secuestraron a su madre, María del Carmen Cantaro, sobreviviente, y a su padre, Alberto Manuel Pastor, quien sigue desaparecido. Ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).Enrique recordó que cuando cumplió 2 años, el “festejo” fue en una cárcel donde estaba su madre. A su padre lo había visto por última vez un año antes, el día en que “festejó” su primer año de vida. Nunca más lo vio porque sigue desaparecido. María del Carmen, por su parte, aseguró que no sufrió “ninguna agresión sexual” explícita durante su cautiverio, pero que deben considerarse “las vejaciones a las que fui sometida” durante sesiones de tortura con picana eléctrica sobre las partes más sensibles de su cuerpo. Alberto Pastor, el padre, estuvo preso en 1972 y fue beneficiado por la amnistía de 1973. Lo secuestraron junto con su esposa días después del golpe del 24 de marzo de 1976, pudo fugarse, pero lo volvieron a secuestrar en mayo de 1977, junto con su nueva pareja, una militante del PRT que estaba embarazada. María del Carmen Cantaro, admitió que le “impactó” saber las circunstancias en que se produjo ese secuestro de su esposo. “No cambió para nada el amor que yo siento por él, porque sigue siendo el padre de mi hijo y la persona que luchó por un mundo más justo”, dijo. Recalcó que “el horror” que les tocó vivir “no puede destruir al amor” de personas que, como ellos, “luchábamos por un mundo mejor”. Los testimonios La segunda audiencia con testigos en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en Puente 12 comenzó a los gritos. El presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Horacio Obligado, se puso a la defensiva antes de escuchar un planteo preliminar de la fiscal María Ángeles Ramos. “Me está gritando”, dijo la titular del Ministerio Público, mientras Obligado decía que sólo había “levantado la voz”. Cuando volvió la calma, la fiscal pudo al fin solicitar que el Tribunal anuncie con antelación la lista de testigos de cada audiencia, para “tener el tiempo necesario como para organizar las preguntas”. El testigo Enrique Pastor, que presenció el entredicho, dijo que lamentaba que haya ocurrido en el momento previo a su testimonio. Enrique es hijo de Alberto Manuel Pastor, detenido desaparecido, y de María del Carmen Cantaro, sobreviviente del centro clandestino. Enrique Pastor dijo que esperó “mucho tiempo” para hacer el reclamo de justicia “por la desaparición de mi padre y el secuestro y cautiverio de mi madre”. Agregó que quería reconocer “el compromiso de mucha gente que con su lucha hizo posible que pudiéramos llegar a esta instancia”. Señaló que el viernes 14, día en el que se sentó frente al tribunal, se cumplían 28 años de la creación de la agrupación HIJOS, que “luchó también por llegar a esto, desde cuando no teníamos tribunal alguno que nos escuchara”. Sus palabras fueron selladas con el aplauso del público presente. Recordó que desde su infancia supo del calvario de su madre, a quien visitó de la mano de su abuela en los penales de Olmos y de Devoto, luego de que su madre fuera puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Denunció las requisas vejatorias sufridas por su abuela, en cada visita a las cárceles, y recordó que festejó su segundo cumpleaños “en el patio de un penal”. Así comienzan sus “vivencias” por la “tragedia” de su familia. Su padre y su madre fueron secuestrados el 28 de marzo de 1976. Enrique tenía 11 meses cuando eso ocurrió. Su padre había sido detenido con anterioridad, en 1972, por efectivos de la Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal. Fue dejado en libertad en 1973, favorecido por la amnistía decretada por el expresidente Héctor Cámpora. Con posterioridad su padre comenzó a militar en el PRT. El testigo nació en abril de 1975 y a poco de su nacimiento se mudaron de una casa en el barrio porteño de Boedo a Lomas del Mirador, en La Matanza, por “razones de seguridad porque mi padre se dio cuenta de que eran vigilados”. El día del secuestro de sus padres él quedó al cuidado de unos compañeros de militancia, quienes lo entregaron luego a su abuelo materno, Francisco Cantaro y a su tío Luis Cantaro. Una tía de su familia paterna vivía en Buenos Aires, pero no se veían con ella porque estaba casada con un hombre que era personal civil de la Fuerza Aérea y estaba “relacionado ideológicamente” con la dictadura cívico-militar.Sus padres fueron secuestrados en la localidad de Cañuelas, junto con un compañero llamado Osvaldo Carmelo Mollo. Con posterioridad los llevaron a Puente 12, “donde fueron sometidos a tormentos de toda índole”. Tres días después de estar en el centro clandestino de detención su padre “logra fugarse cuando lo trasladaban en vehículos a identificar una casa operativa del PRT en la localidad de Aldo Bonzi”.A su padre lo volvieron a secuestrar, el 12 de mayo de 1977, en San Justo, en una casa ubicada en la calle Lezica al 3800. Lo detuvieron junto con Nora Luisa Maurer, con quien su padre tenía una relación de pareja. Ella estaba embarazada. El posible nacimiento es investigado por las Abuelas de Plaza de Mayo.Pastor se consideró una víctima de lo ocurrido con sus padres. Su madre, luego del secuestro, estuvo cuatro años detenida, en las cárceles mencionadas