Represión del día
Lo dijo Nayra Cachambi, integrante de Identidad Marrón Jujuy. En su paso por el programa radial Estás Muteadx, habló acerca de las protestas en la provincia por la Reforma Constitucional y la represión por parte del gobierno de Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Lejos de tranquilizarse los ánimos en Jujuy, ayer por la tarde allanaron la casa de Milagro Sala. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Nayra Cachambi/Identidad Marrón Jujuy Las luchas en las calles de Jujuy surgió con los reclamos docentes. Se iniciaron reuniones dentro de los gremios, donde plantearon la escasez en los montos que perciben los y las docentes. Jujuy es una de las provincias con sueldos municipales más bajos. Cada vez más docentes se acercaron a esa pelea. “Se unieron estatales, trabajadores del transporte, y la lucha cada vez se hizo más grande. En el medio de esto, se empezó a discutir el tema de la Reforma Constitucional, entonces la consigna que se fue conformando fue ‘arriba los salarios, abajo la reforma’. Y, luego de 19 días de lucha, día a día se fueron sumando cada vez más colectivos, gremios, organizaciones sociales, consejos de pueblos indígenas”, contó Nayra Cachambi, integrante del colectivo Identidad Marrón de Jujuy. El “oro blanco” Jujuy es una de las provincias que cuenta en sus recursos naturales con el litio, conocido también como “oro blanco”. El llamado “triángulo del litio” está conformado por el norte argentino, Bolivia y Chile, región donde este mineral es mayoritario en el mundo. “El problema del litio es sumamente grave y creo que se está subestimando mucho acá. Es una cuestión de base de esta nueva Constitución: la forma en la que se extrae el litio, qué se quiere hacer con él. No hablamos solo de la forma de producción en la provincia, sino el cómo se apropian nuestras riquezas a nivel nacional. ¿Qué tipo de Estado queremos ser? Esta Reforma Constitucional que tenía 90 días de tratamiento, se resolvió en 19 días. 19 días de lucha en los que se solicitó una y otra vez la apertura del diálogo, para hablar justamente del tema de las tierras, para que nos expliquen qué es lo que estaba pasando con el litio, qué es lo que se iba a hacer, que nos den claridad. Y esto no sucedió. Entonces esta reforma se aprueba, con artículos que recién se pudieron conocer al otro día de que lo oficializaron. Todo este tratamiento del litio, relacionado con las comunidades indígenas, no fue consultado previamente. Se ha engañado a los referentes. Han ingresado a territorios, haciéndose pasar por turistas, y en realidad están yendo a medir, a sacar extractos para ser analizados. El litio es un problema de base. Por eso también está la complicidad del Partido Justicialista, la cobertura que tuvo la Unión Cívica Radical. Es una Reforma Constitucional para promover el saqueo y el despojo del litio y de los recursos naturales de Jujuy”, dijo Cachambi. La integrante de Identidad Marrón planteó que en todo el país hay una “despolitización” y un vaciamiento de los discursos. “Es importante volver al debate, al diálogo, no solamente la formación en las escuelas, sino en los sindicatos, los gremios. Los jujeños tenemos que estudiar la reforma con los borradores que se fueron filtrando, estudiar el estatuto, a ver cómo se afectaba. Qué pasaba con los salarios, con las comunidades indígenas, ver los acuerdos internacionales. Por suerte tenemos mucho apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, que con sus trayectorias de estudio justamente en estos marcos han brindado sus avales, sus pronunciamientos, sus adhesiones. Marcando justamente lo que implica la aprobación de una Constitución como la que fue aprobada, como también la violación a los derechos y el atropello a los diferentes sectores de la sociedad. Vamos aprendiendo hora a hora, para poder argumentar, porque después hay una constante subestimación de lo que estamos haciendo”, dijo. Además, se refirió a la importancia de una seria cobertura mediática: “En esto tiene que ver el abordaje de los medios de comunicación. Cómo se comunica en Jujuy y cómo en el resto del país. Están gobernando por Twitter. La base de la pelea no es ahí, si quieren saber lo que pasa en Jujuy hay otros medios. Incluso en Facebook e Instagram hay medios trabajando seriamente la cuestión: ‘El Jujeñazo’, ‘Llankaj MAKI’, ‘La Polenta’, son algunos de los medios que están cubriendo la realidad”. En las últimas semanas, diferentes testimonios de personas de Jujuy que pasaron por Radio La Retaguardia, compararon la situación actual con los tiempos de la dictadura ―puntualmente con la Noche del Apagón de Ledesma―, por los niveles de represión y la complicidad y apoyo del sistema empresarial. “En Jujuy hay una violación sistemática de los derechos humanos. Esto no se ha visto desde la última dictadura militar. Hay complicidad de camionetas de empresas privadas, que colaboraron en la detención de manifestantes. Eso nos recuerda a lo que hacía la empresa Ledesma y la minera El Aguilar en la época de la dictadura, que estaban con sus camionetas para detener a quienes luchaban. Disparaban a los ojos con brutalidad, como se hizo en Chile. La represión avanzó quince cuadras con caballería. Nuestras marchas tenían como consigna ser pacíficas, y el gobierno infiltró policías que tiraban piedras y luego se cambiaban de lugar, para justificar la represión”, dijo Cachambi. Premiar la represión Días después del martes 20 de julio, el momento más álgido de la represión, Horacio Rodríguez Larreta anunció que Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy, sería su candidato a vicepresidente de la Nación. “Los jujeños y jujeñas nos almorzamos este video de la fórmula Larreta-Morales y nos pareció la cúspide del cinismo. Es horroroso, pero a Morales ya no le interesa lo que pasa con los jujeños, creemos que esta fue su carta de presentación a la Nación, mostrando lo que es capaz de hacer. En la Legislatura se votó una Constitución, lo cual debería ser una fiesta de la democracia, y
Lo dijo María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con Estás Muteadx. Verdú habló acerca del uso de las taser, los métodos de represión y la capacitación de las fuerzas de seguridad. El 17 de marzo, desde las 17.30, CORREPI presenta su informe anual en Plaza de Mayo. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Luciano MamoneRedacción: Pedro Ramírez Otero/Gabriela Suárez LópezEdición: Fernando TebeleFoto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia En las últimas semanas, el debate por las pistolas taser volvió a tener presencia en los medios tradicionales de comunicación. El reciente asesinato de la policía Maribel Nélida Zalazar en la estación Retiro de la línea C de subte, a la que asesinaron con su arma reglamentaria, fue uno de los motivos que generó que la balanza se incline aún más a favor del uso de las pistolas taser. Las fuerzas de seguridad tienen mecanismos represivos muy variados. Las taser se sumarían como una herramienta más, que los medios de comunicación tradicionales, junto con las y los políticos que defienden su uso, presentan como una opción prácticamente inocua. Uno de los hechos que llamó la atención hace algunas semanas fue la detención de una persona en la plaza Barrancas de Belgrano. Los efectivos de la Policía de la Ciudad lo redujeron a sillazos. “Si con sillas hacen eso, imagínate si les das una taser o si usan el arma de fuego. Estamos hablando de un tipo que estaba alterado en medio de un brote psicótico, un shock de excitación psicomotriz, en situación de calle, andá a saber en qué circunstancias. Y esto es una escena a repetición que sistemáticamente termina con una intervención policial y violenta, causando efectos mucho peores que si directamente no hubieran hecho nada”, planteó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y remarcó que estas situaciones requieren otro tipo de abordaje. “Hay un montón de situaciones de personas en esas mismas circunstancias que en lugar de terminar apaleadas, dentro de todo con vida, terminan muertas”, dijo. —En este caso fue la Policía de la Ciudad, pero uno creería que las fuerzas de seguridad deberían estar capacitadas para abordar un conflicto con una persona que se pone violenta en la vía pública. —Claramente no lo están. Trasciende cuando es un músico conocido (por el caso de Chano Moreno Charpentier). Ahí todo el mundo se pone a opinar, todo el mundo empieza a hablar de la falta de implementación de la Ley de Salud Mental. Ahora, cuando es un muchacho de barrio, una persona en situación de calle, nadie se acuerda. —En los medios tradicionales hablan de las taser casi como si fueran una herramienta bondadosa, ¿cómo le explicarías a la gente cuál es el peligro de que las fuerzas de seguridad tengan permitido su uso? —Ningún arma es no letal. Es una contradicción. Es un oxímoron hablar de un arma no letal, porque arma es algo que permite dañar a otro y lo que puede dañar puede matar. Depende de cómo lo usen. Concretamente tenemos ejemplos de las llamadas armas no letales: el gas lacrimógeno. ¿Qué mató a Carlos Fuentealba? Un cartucho de gas lacrimógeno. ¿Cuántas muertes tuvimos en el 19 y 20 de diciembre de 2001 y en otras circunstancias por disparos de posta de goma a corta distancia? Y esto sin hablar de lesiones gravísimas, como por ejemplo, la pérdida de un ojo. Pensemos en los seis compañeros que perdieron un ojo en la represión el 18 de diciembre de 2017, cuando fue la movilización contra la infame reforma previsional de (Mauricio) Macri. Entonces no existe tal cosa como un arma no letal. Todo depende de cómo se use. Segundo: nos dicen que es preferible una descarga eléctrica que un tiro. ¿Por qué me fuerzan a ponerme en la situación de tener que elegir entre que me den una descarga eléctrica o me peguen un tiro? No quiero ninguna de las dos. Tercero: si un instrumento, una herramienta, produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona, eso se llama picana. Y no me interesa el voltaje. De la misma manera que no me interesa cuántas veces le ponen la bolsita a un pibe en la cabeza para dificultarle mecánicamente la respiración con el submarino seco, o cuántas veces le sumergen la cabeza en el tacho de agua podrida en el submarino húmedo. Una vez es tortura. La cuestión de la intención es solamente para disfrazar el “no hablemos de tortura, hablemos de apremios, severidad de vejaciones, etcétera”. Entonces, si produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona, es una picana. Y en nuestro país, con nuestra historia, con una herramienta de tortura que inventaron los policías y que sabemos cómo ha sido utilizada en la represión social y política, es intolerable que esa arma pueda estar en poder de la fuerza de seguridad. —Frente a una situación en la que la policía tiene que controlar a una persona agresiva, ¿cuál crees que es la solución más factible? —Hay montones de mecanismos para reducir a una persona con la mínima fuerza necesaria, sin causar ningún daño grave ni irreparable. Cualquiera que tenga cinco minutos para prender la televisión lo ve en las series extranjeras. Vos fijate que tenés policías de todo el mundo, Inglaterra, los países escandinavos, buena parte de Europa, donde la policía, el patrullaje urbano ni siquiera lleva arma de fuego. Llevan esos bastones extensibles o directamente se manejan con otro tipo de entrenamiento para poder reducir a alguien. Las fuerzas de seguridad en Argentina tienen una corta capacitación, que queda expuesta constantemente. Un claro ejemplo es el de Zalazar, la policía de 35 años que fue asesinada en Retiro luego de que un hombre le sacó su arma reglamentaria. “Murió por culpa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la puso en la calle con un arma que no estaba capacitada para custodiar. Porque que a un policía le saquen el arma de
Una brutal represión se desató esta mañana en el desalojo de la Cooperativa textil Nueva Generación, en Wilde. Fue lanzada por Policía de la Provincia de Buenos Aires y cayó indiscriminadamente contra mujeres embarazadas, trabajadoras e integrantes de medios populares y comerciales. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele/Eugenia Otero 📷 Foto de portada: FM Riachuelo Antonella Giuso es parte de la Revista Resistencias. Fue detenida con otras dos integrantes del medio popular. Apenas recuperó su libertad, dijo a FM Riachuelo: “La represión fue feroz. Fue bastante duro, sobre todo pensando que el lugar en el que reprimieron y desalojaron es una cooperativa textil 80 familias donde hay un jardín maternal. Había niñes y mujeres embarazadas”. Giuso comentó que aún quedan detenidas: “Todavía falta que larguen gente. Nos vamos a quedar acá en la comisaría hasta que salgan todos para denunciar este hecho”. Implicada con la noticia que fue a cubrir, se indignó: “Estan dejando a gente sin laburo, se están dejando familias en la calle y se está atacando a la gente que lucha. Y si la persecución no cesa, va a haber que hacer una denuncia más grave porque de esto se tienen que hacer eco todos los gobiernos. No puede seguir pasando esto. Estamos en democracia, estamos supuestamente amparados por un montón de derechos que hoy no sé respetaron. Niñes, mujeres embarazadas, trabajadores y trabajadoras textiles y de prensa fuimos atacados por la policía hoy. Eso tiene que llegar bien claro”. En la mañana también había sido detenido y rápidamente liberado el trabajador de la AM750 Mauricio Polchi.
La Prefectura, con una orden judicial del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 , cierra el acceso a vecinos y vecinas autoconvocadas de la Villa 21-24. Desde hace varios días, unas 200 personas que habitan esa villa porteña se encuentran ocupando terrenos baldíos linderos que son propiedad del Ferrocarril Roca, es decir que están bajo gestión nacional, no local. Compartimos el comunicado de la vecinas y vecinos autoconvocados e imágenes de una represión que todavía puede evitarse. (Por La Retaguardia)
Lo dijo Claudia Rivera, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar, en su paso por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. Allí se refirió a la represión que sufrieron las organizaciones que se manifestaron el pasado jueves en la Municipalidad de Lomas de Zamora en reclamo de trabajo digno, obras públicas en los barrios y reconocimiento de los merenderos populares. También contó de la persecución y los allanamientos que sufrieron los días siguientes. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Germán Romeo Pena El pasado jueves la Policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió la manifestación que llevaban adelante distintas organizaciones barriales frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora. Entre los reclamos estuvo el pedido de reconocimiento y recursos para los comedores y merenderos de la zona, que se avancen con las obras hídricas para garantizar agua potable y mejorar la red cloacal y que se garantizara trabajo genuino a los vecinos y vecinas del lugar. Claudia Rivera, integrante del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez)- Votamos Luchar, contó cuáles fueron las exigencias por las que la agrupación se manifestó aquel día: “Nuestros barrios están totalmente abandonados, con falta de obras públicas. No tenemos cloacas ni agua potable. Y lo que nosotros siempre fuimos a pedir fue trabajo genuino. Le presentamos a la Municipalidad proyectos para construir veredas en nuestros barrios y nunca nos respondieron nada. Les pedimos que reconozcan nuestros merenderos y tampoco. La respuesta de Insaurralde (Martín, intendente de Lomas de Zamora) fue reprimirnos”. Y graficó la ferocidad de la represión: “Todavía tenemos una compañera a la que aún no le sacaron los balines que recibió cerca del ojo, porque no se desinflama. Tenemos compañeros que les han sacado balines en sus partes íntimas. Tenemos compañeros golpeados”. Rivera contextualizó: “Lo del jueves era una movilización más de las que venimos realizando hace meses. Tuvimos el acampe en Puente La Noria, cerca de las fiestas del año pasado. Sumamos el reclamo de los desalojos a las 300 familias de la Ribera y de los manteros a los que no dejan trabajar en Olimpo. Esta represión es la gota que rebalsa el vaso. Insaurralde nos mandó a sus patotas, unos grandotes que se enfrentaron con nosotros. Después nos mandaron a la policía. Nosotros nos quedamos ahí, tranquilos. No íbamos a hacer nada. Y en el transcurso de minutos nomás, comenzaron a tirarnos gas pimienta, a patearnos, a golpearnos y a balearnos”. Por otro lado, Claudia dijo que el viernes comenzaron a recibir llamadas extrañas de gente de la Municipalidad, que se hacían pasar por periodistas y que al rato empezaron a pasar patrulleros que los miraban. “Y el sábado a la madrugada, mientras un grupo de cinco compañeras estaban trabajando, ingresaron a uno de nuestros comedores, en el barrio Juan Manuel de Rosas, policías de civil que bajaron de patrulleros, sin placas, pidiéndonos identificación. Solo uno tenía uniforme, que era el subcomisario. Y nos pedían nuestros chalecos, carteles, banderas. Nos decían que buscaban armas de fuego, combustible, cosas absurdas. Al mismo tiempo, allanaron otro merendero en Olimpo, Villa Albertina, donde había una compañera con sus hijos trabajando en el panificado”. Y resaltó: “Nosotros tenemos un compromiso con los niños, con las familias de los barrios, que es garantizarles alimento. El Municipio tendría que estar ahí”. A partir de la repercusión que tomó el hecho, la Municipalidad adelantó la reunión propuesta para el próximo jueves (12 de agosto) para el mismo lunes (9 de agosto) a la tarde. En la “mesa de diálogo”, la Municipalidad se comprometió a visitar cada merendero. “Les mostramos los barrios con más necesidad, y la urgencia de generar obras públicas, veredas, agua potable, cloacas, asfaltar caminos. Ellos patearon el problema, diciendo que de eso se encarga el gobierno nacional. Hoy (martes 10), comenzaron a visitar algunos de nuestros merenderos y también nos prometieron trabajo para nuestras cooperativas. Nos dieron otra reunión para la próxima semana. No sabemos si es por la campaña electoral, pero bajaron y empezaron a pisar los barrios”, cerró Claudia Rivera.
Lo dijo Santiago Levin, médico psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), en su paso por el programa Sueños Posibles de La Retaguardia. Allí se refirió a la situación de la salud mental en Argentina y a la invisibilización que existe por parte de la sociedad y el Estado. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: SportelliA Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), manifestó la postura de la APSA respecto a la Ley de Salud Mental que actualmente rige en nuestro país: “No estamos en contra de la Ley, pero hacemos algunas objeciones importantes. Por ejemplo, el artículo 12 dice que ‘la medicación farmacológica no debe ser nunca utilizada como castigo’, lo cual nos parece un innecesario pasaje antipsiquiátrico, ya que nosotros nunca la usamos como castigo. También estamos en desacuerdo con los institutos monovalentes y lo que sí proponemos es la eliminación completa de los manicomios. Manicomio significa abandono, exclusión, olvido. Pero nuestra práctica clínica nos indica que las instituciones especializadas siguen siendo necesarias, adaptándolas al siglo XXI, porque la urgencia psiquiátrica, que es muy común y cada vez más frecuente, en nuestro sistema suele ser rechazada en los hospitales generales, que no están preparados para recibirlas. Algunos pocos sí lo están, pero la gran mayoría no. Entonces, una cosa es pensar la transformación en términos ideales, y otra cosa es la realidad clínica”. Levin aseguró que la transformación en salud mental en Argentina tiene características predominantemente retóricas, pero no reales ya que no se cuenta con los instrumentos intermedios, las casas de medio camino, las residencias asistidas y los equipos de intervención en crisis: “¿Qué se hace cuando sucede algo como lo de Chano (Charpentier) el otro día? Que pasa todo el tiempo, solo que no repercute a niveles públicos porque están protagonizadas por personas anónimas. ¿Quién interviene? ¿Qué pasó con el caso del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)? Donde ‘un loquito’ con un cuchillo terminó matando a un policía y el policía matando al paciente, generando una situación verdaderamente dramática, con pérdida de todos lados. ¿Qué pasó con ese señor en situación de calle, intoxicado por alcohol, que recibió una patada en el pecho, por parte de un personal policial, cayó hacia atrás, pegó con la nuca en el asfalto y falleció pocas horas después? ¿Qué hacemos con todo esto, más allá de la Ley?”, se preguntó el médico. Y continuó: “Porque este es el punto central. La realidad no se cambia con leyes. Las leyes acompañan movimientos de transformación, pero la transformación es una decisión política que necesita cambios muy puntuales e intensos. Una planificación en salud pública, que implica una reconsideración de cuál es el rol de la salud como valor social y como derecho, que en nuestro país tiene tal estatuto. Entonces, en vez de pensar qué cerramos y qué abrimos, tendríamos que estar pensando qué es lo que queremos para nuestra sociedad en materia de salud, y luego pensamos cómo lo vamos organizando. Pero con un presupuesto tan bajo, con un personal insuficiente, con falta de equipos de intervención de urgencia, con hospitales generales que en su mayoría no están preparados para la urgencia psiquiátrica, este tipo de situaciones se seguirán repitiendo. Ahora, cuando esto sucede y adquiere repercusión pública, aparecen distintos sectores, a veces corporativos, a veces con intereses privados, a tratar de sacar una tajada. Lo que tenemos que proteger y custodiar es el derecho de la persona que está atravesando una crisis mental grave, a recibir la atención que corresponde. Que nunca es un balazo en el abdomen, sino una intervención especializada para poder atender su problema de salud mental”. El médico psiquiátrico desmintió el mito de que no se puede internar a un paciente sin la firma de un juez. “A pesar de las objeciones que muchos psiquiatras le hacemos a la Ley, que básicamente son la poca claridad para la urgencia, los pasajes antipsiquiátricos y el cierre definitivo de los monovalentes; sí sostenemos el espíritu de derechos humanos de la Ley, y ésta prevé la internación en contra de la voluntad. Sin esperar la decisión de un juez. Escuché a colegas diciendo ‘no se puede internar en contra de la voluntad si no lo autoriza un juez’. Eso es absolutamente falso. Sí se puede, y con el paciente ya internado, darle aviso al juez. Incluso hay unas cuantas horas de margen para hacerlo”, explicó. Y agregó: “Esto no significa que la situación sea fácil, porque convergen la desfinanciación, la falta de formación de las fuerzas de seguridad (que confunden descompensación mental con situaciones de delito), la falta de equipos multidisciplinarios de emergencia, la escasez de ambulancias para la salud mental, y el hecho de que la salud mental es siempre la hermana menor olvidada de los planes de salud”. El psiquiatra destacó que es necesario una inversión para poder afrontar las emergencias en salud mental y lograr un reequipamiento en los hospitales y clínicas que lo necesiten. “Invertir en salud mental, aparentemente es poco redituable electoralmente. Entonces estamos con mucho ‘biribiri’, pero con poca realidad práctica. Están faltando medicamentos de salud mental en muchas de las guardias. Las provincias que no tienen internación, por ejemplo la de Chubut, terminan gastando una millonada pagando camas privadas de internación. Porque la urgencia en salud mental existe y necesita una atención especializada, y necesita camas. Lo cual no significa estar hablando de manicomios. Los manicomios son depósito de personas. Eso no puede existir más. Y existe por el mismo motivo que existen ‘villas miseria’, que hay más o menos 4 mil, donde viven 5 millones de personas”, comparó. Muchas personas padecen situaciones relacionadas a la salud mental y en su mayoría quedan invisibilizadas por la sociedad. Levin aseguró que sin mayor inversión y decisiones políticas al respecto la problemática no mejorará: “Las personas que padecen este tipo de situaciones son muchas, y son invisibles. Lo mismo que las personas que están
El hermano de Santiago Maldonado, junto con Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), pasaron por el programa Hasta que vuelvan los abrazos de La Retaguardia y Radio Sur. Ambos viajaron a Bogotá, Colombia, como integrantes de una comitiva de Derechos Humanos. Desde allí, Maldonado y Jalil contaron el recorrido que están haciendo por los barrios, hablaron de las desapariciones forzadas y de la situación represiva que se vive en Colombia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Julián Bouvier/Pedro Tato 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Twitter de Juan Grabois Sergio Maldonado relató que viajaron a Colombia para escuchar a la víctimas, observar lo que está pasando y generar informes que detallen esto. “Anoche fue una noche muy movida en todo el país. Nosotros estamos en Bogotá y en diferentes barrios hubo, por decirlo gráficamente, una masacre. Porque hay un montón de heridos, hubo mucha represión. Hay por lo menos un asesinado también, hasta ahora es la información que nos llegó. Nosotros y nosotras estamos acá para ver y escuchar, no estamos para otra cosa. Solamente para estar acompañando y de esa manera visibilizar todo el horror que se está viviendo en Colombia, que es una violación constante de los derechos humanos y a pesar de ser un país democrático, tiene una política de estado de desaparecer y matar como está sucediendo ahora”, dijo. Sergio, como hermano de Santiago, vivió en carne propia la incertidumbre de tener a un ser querido desaparecido. En este sentido, hizo hincapié en la cantidad de personas desaparecidas que hay en Colombia en este momento: “Ayer vinieron personas de una ONG hablándonos sobre la desaparición forzada. Nosotros tuvimos el caso de Santiago, el año pasado, lo que sucedió con Luis Espinoza (quien estuvo desaparecido por una semana, hasta que se lo encontró asesinado por la Policía de Tucumán), lo de Facundo Astudillo Castro y nos horrorizamos cuando hay un caso de desaparición forzada. Acá escucho que dicen 700 personas, u otros informes dicen que hay 900 desapariciones forzadas de las cuales, quizá después aparecieron 300, por decir un número. Pero no sabemos si esos 300 aparecieron vivos, muertos, si están torturados, si están bien. Entonces nos damos cuenta de que acá está naturalizado. Eso de acostumbrarse, en un cierto modo, me recuerda a cuando veíamos los primeros casos de Covid. Decíamos ‘hay dos casos, cuatro, cinco por provincia’, pero llegó un momento que ni se contabiliza, ni sabes realmente cuánto hay. Eso mismo es lo que está pasando hoy con las desapariciones en Colombia. Ya no hay una estadística real, no toman denuncias, hay unos agujeros judiciales terribles” contó. Maldonado explicó que Colombia es “la cuna de la desaparición forzada” porque allí “se escribieron muchas de las leyes, de los informes y todo lo que tiene que ver con desaparición forzada”. Y agregó: “De hecho, nosotros en el caso de Santiago aplicamos todo eso por gente de renombre de acá que nos estuvo ayudando, especialistas en la desaparición forzada. Acá tienen trabas para hacer denuncias. Y tienen esta cuestión de siempre de que los cuerpos aparecen en los ríos, o desmembrados”. También se refirió al trabajo que están desarrollando desde la comitiva de Derechos Humanos que viajó a Bogotá,. Explicó que se trata de ir a los barrios, escuchar los testimonios de las familias que han perdido a sus seres queridos por la brutal represión estatal y generar informes para visibilizar lo que está sucediendo. “Es escalofriante escuchar los relatos de personas que han perdido a sus familiares. Con los pocos que he hablado que le han matado un padre, un hermano, los han echado de la casa, o ese tipo de cosas. Es como una resignación de no tener nada. De no recurrir a la justicia, cómo que ya está asumido. Es muy triste todo eso. Y por otro lado, ves como toda la juventud está en la primera línea, como luchan. Como los pibes y las pibas van al frente todos los días. Ayer me dijeron algo así como 87 casos de pérdida de visión, son números que todavía no están oficializados porque ocurrió anoche en la represión”, comentó Sergio. —La Retaguardia: ¿Se vive algo similar a un estado de guerra? —Sergio Maldonado: No me parece una guerra. Yo lo que siento es que hay un gobierno que detesta a su pueblo, y de esa manera lo está exterminando. Sería un genocidio en todo caso. Y todo el pueblo está luchando contra algo. Está luchando con los propios que tiene arriba, o sea con todos lo que los oprimen. Cuesta catalogarlo. Me parece que es más un genocidio por parte de los gobernantes y un desprecio hacia su pueblo. Como parte de la comitiva de Derechos Humanos también viajó Ismael “el Turco” Jalil, uno de los referentes de Correpi, quien estaba junto a Sergio al momento de la entrevista. Jalil explicó que el pueblo colombiano está viviendo bajo un estado de excepción: “Es decir, bajo la apariencia de un presunto Estado de derecho, en el cual el Estado, evocando la Constitución va tomando algunas medidas, y lo que está haciendo en definitiva es una masacre social. Porque aquí hay un pueblo levantado, un pueblo que ha dicho basta, que esta muy enojado por su situación, por su cotidianeidad, Un pueblo que tiene prácticamente al 63% de sus trabajadores en la informalidad, un pueblo que está sufriendo las consecuencias de las olas neoliberales que particularmente en Colombia están azotando hace mucho tiempo. En ese contexto el pueblo se ha levantado, y la respuesta que ha dado el Estado es una represión indiscriminada de carácter feroz”, dijo. Jalil hizo hincapié en quiénes son los sectores más atacados de la sociedad, puso el foco en las mujeres y disidencias, en las comunidades originarias y en la juventud. Además, especificó cuáles son los mecanismos represivos del Estado: “En las calles, cuando la gente sale a protestar es recibida por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), parecido al
Milagros Almirón, amiga de Bahillo, dialogó con el programa radial La Retaguardia y habló acerca de los pedidos de ayuda de su amiga. Úrsula Bahillo, de 18 años, quien fue asesinada por su expareja Matías Ezequiel Martínez, policía de la bonaerense, el pasado lunes en Rojas, Provincia de Buenos Aires. El femicida tenía una perimetral, varias denuncias de la joven y también de su pareja anterior, además de una denuncia por abuso sexual a una menor con discapacidad. Milagros denunció en la Comisaría de la Mujer a Martínez por acoso contra Úrsula, por pedido de su amiga. También se refirió a la protección al victimario, el enojo del pueblo, y la represión que desató la policía cuando familiares, amigos y amigas de Úrsula fueron a reclamar frente a la comisaría. Y denunció un vínculo familiar entre la oficial a cargo de la Comisaría de la Mujer con el policía detenido tardíamente. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/María Eugenia Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Virginia Chaile Milagros Almirón tiene 16 años, mucha claridad y enorme fuerza. “No voy a decir que estoy bien, pero acá estoy para contar lo que ví, lo que pasó, para pedir que se haga justicia”, comenzó. El pedido de justicia es por su amiga, Úrsula, quien fue asesinada a puñaladas por su expareja Matías Ezequiel Martínez, integrante de la Policía bonaerense, en la ciudad de Rojas, Provincia de Buenos Aires. “Andá a tu casa” El domingo 7 de febrero, un día antes del femicidio —contó Almirón— fue a declarar junto a su amiga a la Comisaría de la Mujer. “Eran las 8.20 de la noche, me cruzo a Úrsula en uno de los semáforos del pueblo. Ella estaba en su moto y esta persona (Martínez) estaba al lado molestándola. Él tenía una perimetral que ya había roto el viernes. Cuando paso, la saludo. Ella me saluda, pero de forma extraña, como pidiendo ayuda. Cuando llego a la esquina, ella estaba dando manotazos al aire como diciendo ‘Dejame en paz, dejame tranquila’. Ahí ví que algo estaba mal, él la estaba siguiendo hacía varias cuadras”, relató. Y continuó explicando el momento en el que decidieron ir a hacer la denuncia: “Cuando llego a casa le mando un mensaje y ella me dice que la ayude, que necesita testigos. Entonces a eso de las 11 nos encontramos en la Comisaría de la Mujer. Tomaron la declaración, nos dieron un papel, un papel insignificante que podía llegar a servir en el caso de que hubiera un juicio, pero no para que vaya preso. Después de la comisaría nos fuimos, fueron 20 minutos que estuvimos juntas. Ella dio la declaración y nada más. ‘Anda a tu casa’, le dijeron. Quedó en la nada”. Almirón explicó también que fueron acompañadas por su novio a declarar, ya que ella es menor. Captura de pantalla de la conversación que Milagros tuvo con Úrsula Detalló también que los policías las atendieron bien e incluso fueron a la casa de Martínez para comunicarle que el lunes tenía que ir a la fiscalía a declarar y no lo encontraron. “Quiero aclarar que él tenía a su tío que es policía. Y que la Jefa de la Comisaría de la Mujer estaba en pareja con el primo de Matías Martínez. La jefa de la policía de la Comisaría de la Mujer tomó todo por el aire. Te das cuenta que está todo armado para que este tipo quede cubierto”, denunció la joven. Y siguió planteando la complicidad familiar: “Lohana y Mariana Martínez, las hermanas, dicen que nunca supieron que él le pegaba. Cuando en una de las capturas que anda también viralizada, Úrsula dice que le pegó enfrente de la hermana y la mamá, y que le abrió la cabeza con un desodorante. Y se sabía todo lo que hacía. Su expareja también lo había denunciado. Él, además, violó a una niña discapacitada. Y las hermanas dicen ‘Mi mamá no crió un asesino’. Capaz que no lo crió para que sea eso, pero es un asesino. Ellas sabían lo que estaba pasando”. “Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié” Eso le dijo Bahillo a su amiga en una de las conversaciones de Whatsapp que luego se viralizaron. Allí le decía también que sufría violencia por parte de Martínez hacía siete meses. “Esto no era algo nuevo, pasó durante toda la relación. Como se puede escuchar en los audios (que también se difundieron por redes sociales), ella cuenta todo lo que le hacía. Sabía que esto podía pasar. Lo advirtió. Ella llamó al 144, a los números que da el Estado. Pidió a gritos ayuda. El Estado dejó mucho que desear”, afirmó. Por su parte, añadió que en los últimos días le preguntaron varias veces si cree que se hará justicia, y respondió: “Yo pienso que si no se hizo justicia cuando Úrsula estaba con vida, ¿qué te da a pensar que ahora sí? Ella sufría esta violencia, y lo sabían sólo dos o tres amigas. No lo hizo público. En el último tiempo, sabíamos que le pegaba. Todo el mundo sabía y esto pasó de todas formas, esto es culpa de la injusticia que hay en Argentina. No de Úrsula, ni de los familiares y amigos”. Otra de las capturas viralizadas La eficacia, sólo para la represión Por pedido de la familia de la joven asesinada, amigos y amigas se concentraron frente a la Comisaría de Rojas para exigir justicia de manera pacífica. La manifestación derivó en represión, con nueve personas demoradas por “resistencia a la autoridad” y otras heridas. Una de las afectadas fue impactada con una bala de goma directo a la cara, que golpeó en la zona del ojo. Se salvó por centímetros de no perderlo. “Ni hablar de lo que le hicieron a Nerina, también. Ella no estaba tirando piedras ni nada, estaba reclamando, gritándoles, y le tiran un balazo en la cara. Si querés que se vaya le
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, relató al programa Hasta que vuelvan los abrazos de Radio La Retaguardia cómo vivió en carne propia la violenta represión y el desalojo en Guernica. Recorrió el predio en el que la policía incendió las casillas de las familias que lo perdieron todo, y responsabilizó a Sergio Berni y a Andrés Larroque por el brutal operativo. También criticó a los medios tradicionales de comunicación por su cobertura amarillista e insensible. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Diego Adur/Pedro Tato 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Agustina Salinas Pablo Pimentel ya lo había anticipado en La Retaguardia: lo que se jugaba en Guernica era mucho más que el destino de esa toma en particular; también se ponía en juego según cómo se resolviera el conflicto, la suerte de los distintos asentamientos que hoy se desarrollan tanto en la Provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Parece haber acertado el presidente de la APDH de La Matanza en su predicción, porque más que un ruleta, se trataba de un análisis basado en la experiencia. Después de lo que fue el violento desalojo en el partido de Presidente Perón, se registró otro desalojo violento contra familias que ocupan porciones de tierra y exigen una vivienda digna. En (genocida) Gral. Roca, Río Negro, el escenario de ayer sábado fue de un despliegue policial tan notable que parece buscar, además del desalojo en sí mismo, un intento de generar disciplinamiento social. Otras tomas peligran: en Rafael Castillo y Escobar vecinos y vecinas están en alerta. Con mucho enojo, tristeza, pero “tratando de ser respetuoso”, Pimentel hizo una descripción detallada de lo que fue su participación en Guernica. Allí acompañó a las familias desalojadas e interpeló a la policía por su salvajismo y violencia: “Llegué a las 5:45, guiándome por el humo. Nunca vi tanta policía junta en mi vida. Ya estaban quemando las casas rancho. Vi un muchacho llorando de unos 25, 30 años, que me contó que le quemaron todo. Había salido con su mujer embarazada de ocho meses y con su nene de dos años y un policía tiró un trapo quemado con alcohol y se prendió fuego todo. Tenía su documento adentro. ‘Tomátelas’, le dijo la policía de Berni. Le dije que me iba a ocupar personalmente. Esto no es demagogia, es empatía por un pibe que está llorando porque le habían quemado su identidad, un documento que te dice quién sos y qué derechos tenés. Llegó un periodista de Canal 13 y me pidió que me apure porque tenía que hacer un reportaje. Te puedo asegurar que salió lo peor de mí ¡Que te venís a hacer el humano ahora para escuchar a este pibe! Te puedo asegurar que la puteada más grande la escuchó un tipo que está a diez cuadras de mi casa porque me ofendió mucho”, narró Pimentel, quien decía estar mucho menos enojado que el día de los hechos. “Después empecé a caminar, entré al predio filmando lo dantesco que me recibió el desalojo. Diez policías se apersonaron y me dijeron retírese, les dije que estaba tomando registro del desastre que están haciendo y me dijo que si no me retiraba me iban a detener. Les grité de todo. Ningún policía tenía la identificación en el pecho. Ni los oficiales de alto rango, ni los perros que mandaron para pegarle a la gente. Cuando digo perro lo digo con el sentido de que los transforman en perro, al personal policial, encerrándolos dos días antes para después salir a matar a las fieras. Esta es una vieja costumbre que la dictadura siempre hizo. Lo hicieron también cuando reprimieron por la reforma previsional”, recordó. Luego, Pimentel se juntó con la gente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), de la Cruz Roja y de otras organizaciones que estaban en el lugar. Allí descubrió el desolador escenario de lo que había ocurrido: “Empezamos a caminar, a tratar de entrar y no nos dejaban. Nos fuimos al piquete que estaba a unas veinte cuadras de ahí, en el centro de Guernica. De ahí, fuimos al primer retén pegado al asentamiento. No nos dejaban entrar. Les dije que teníamos que ir con un médico a constatar si había dos personas muertas y una desaparecida. Cuando entramos fue dantesco lo que vimos. Empezamos a recorrer todos los ranchos quemados. Ahí vos te dabas cuenta de que la gente estaba viviendo, no era verso que estaba. Hay que bancarse en esos ranchos que te puedo asegurar que era un colchón en la tierra, alguno tenía algún elástico, había restos de comida, ollas y así todo”, relató. Entre el silencio y el juego para la derecha Pimentel también focalizó en el brutal operativo, que desplegó 4.000 efectivos policiales para ir contra 1.400 familias sin vivienda, y señaló a los responsables: “Acá no hay que callarse la boca, hay que poner blanco sobre negro. Una cosa es hacerle el juego a la derecha y otra es quedar como un pelotudo ante un gobierno peronista que reprimió. La realidad es que en Guernica el Gobierno peronista nacional y popular de Axel Kicillof reprimió. Han sido muy prolijos desde la perversidad, con una tropa de elite de 4.000 hombres y mujeres que marchaban golpeando a los borcegos en el barro. Hay responsables. Berni se tiene que ir. Yo pedí que se vaya hace tres meses cuando le dijo a Cristina Castro (la madre de Facundo Astudillo Castro): ‘su hijo está vivo señora, yo se lo voy a llevar’. Y le llevaron unos huesos. Larroque falló en no haber sido coherente con lo que nos dijo a los organismos de derechos humanos. Lo que se rompió ayer no fue solo la casa de la gente y la ilusión de 1400 familias que necesitaban un lugar para vivir, sino que se rompió la palabra. Porque el Cuervo (Andrés) Larroque nos dijo en reunión
Lucía Aylen Arias y Emiliano Buyo, del Frente de Artistas del Oeste, nos proponen un repaso por la represión en la toma de terrenos en Ciudad Evita, que ocurrió hace 40 días y culminó con el territorio cercado por zanjas. Fue un anuncio de la violencia que se podría generar en Guernica, en caso de desalojo. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Lucía Aylen Arias/Emiliano Buyo 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier 📷 Fotos: Frente de Artistas del Oeste El 11 de septiembre, la policía bonaerense reprimió a las familias del barrio “22 de Enero”, en Ciudad Evita, que en este contexto crítico profundizado por la pandemia, tuvieron que dejar sus viviendas alquiladas y ocuparon este terreno ubicado en el partido de La Matanza. Numerosos testimonios de los vecinos y vecinas que sostienen el merendero “San Cayetano”, dan cuenta de cómo la policía llegó aquel viernes a la noche a reprimir. La situación dejó decenas de personas heridas y al menos ocho detenidas, que fueron liberadas al día siguiente, además de una joven de 19 años con la vista comprometida, quien se encuentra a la espera de una operación. Balas, golpes y persecuciones por parte de la policía. Saqueo y golpes por parte de las personas de un sector con mejor situación económica de Ciudad Evita. Todo esto se da en el marco de los levantamientos policiales, con un paro inédito de la bonaerense, y con la postal de un oficial armado colgado de una antena. Con la Quinta de Olivos rodeada, y seguido por una nueva represión en Gregorio de Laferrere a familiares y amigos de Tahiel, un niño asesinado por una picada en Ruta 21, quienes se manifestaban pacíficamente para pedir justicia. Evita no mires El intento de toma de los terrenos genera instantáneo repudio por parte de un sector de Ciudad Evita, que organiza marchas en sus autos defendiendo a la Reserva Natural, aunque la toma no esté en esos terrenos. Los chalets de estilo californiano se inauguraron en 1947 mediante el Decreto Nº 33221/47 del presidente Juan Domingo Perón, que expropió las tierras para la construcción de 15 mil “viviendas sociales”. Muchas de esas viviendas hoy están habitadas por personas que amedrentan constantemente a las familias que se quedaron sin hogares en el barrio 22 de Enero, y que el día 11 de septiembre fueron a saquear el merendero San Cayetano y a golpear a la gente, quitándoles, entre otras cosas, todas las ollas con las que cocinaban. El comedor, que es un pequeño rancho de dos metros cuadrados donde guardan alimentos y sostiene unas chapas donde se cocina todos los días a leña, alimenta desde hace seis meses a unas 200 familias. La policía, antes de reprimir, miraba cómo se llevaban las ollas, cómo estos vecinos y vecinas golpeaban a un señor mayor referente del comedor e intentaban incendiar el rancho. Al odio de clase se le sumó la policía envalentonada. Las familias del barrio 22 de Enero vienen intentando un diálogo con el Municipio de La Matanza hace tiempo. Una mesa de diálogo viene siendo la promesa. El 7 de octubre parecía que iba a llevarse a cabo, pero, un día antes, las familias amanecieron con topadoras en un sector del terreno, preparadas para zanjar todo la zona. Ante la advertencia de las familias que allí viven, pararon las máquinas y llamaron a la fiscal de turno, María Belén Casal, quien mencionó que nada podía hacer ya que cercar el lugar era una orden del intendente Fernando Espinoza. En ese distrito existen varias tomas de tierras. Recientemente se desalojó una toma en Rafael Castillo,y crecen la violencia, el discurso de odio y la falta de empatía. Es responsabilidad del Estado implementar medidas inmediatas para resolver la situación habitacional de cientos de familias. Es la responsabilidad del pueblo organizarse e involucrase para seguir generando redes de ollas populares y de discusión política, para no olvidar de dónde venimos, y a qué clase pertenecemos. Los derechos humanos se respetan o se violan, no hay términos medios.