represion
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La Prefectura, con una orden judicial del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 , cierra el acceso a vecinos y vecinas autoconvocadas de la Villa 21-24. Desde hace varios días, unas 200 personas que habitan esa villa porteña se encuentran ocupando terrenos baldíos linderos que son propiedad del Ferrocarril Roca, es decir que están bajo gestión nacional, no local. Compartimos el comunicado de la vecinas y vecinos autoconvocados e imágenes de una represión que todavía puede evitarse. (Por La Retaguardia)
Cuadras y cuadras de personas: organizaciones sociales, movimientos populares, partidos políticos, personas autoconvocadas y las familias. Que cada vez son más, y cada vez gritan más fuerte. Más allá de la pandemia, la 7ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, copó el centro porteño. Adelante de todo, una bandera con más de 250 obras de arte en las que se reflejaban las caras de pibes y pibas asesinadas por la policía. Abrazos, saludos, encuentros. Crónica de una jornada de memoria y clamor de justicia. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Natalia Bernades/Virginia Chaile/La Retaguardia A las cuatro de la tarde comenzó la caminata, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo, al canto de “Yo sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la policía”, “El policía es un cagón, con un fierro y una bala, defiende a los que tienen plata, mientras el pueblo va a prisión…”. Y así, entró la gran marcha a la histórica Plaza, mientras una voz desde el escenario, la de Juan Diego Rossi, sobreviviente de Cromañón, recitaba poesías y cantaba contra el gatillo fácil, las desapariciones en democracia, los travesticidios, entre otras consignas. Una voz que vale por todas, esencia popular de un acto que escapa a la imposición de referencias y de nombres, que se arma entre todes y para todes. Fue entonces cuando Gonzalo Hormaechea (hermano de Nahuel Hormaechea), Nancy Sosa (madre de Ismael Sosa), Emilia Vassallo (madre de Paly Alcorta) y Silvia Bignami (madre de Julián Rozendgardt, víctima de Cromañón), comenzaron con la lectura del comunicado. Una extensa puesta en común del genocidio invisibilizado que mata a nuestras pibas/es todos los años. Una responsabilidad que el Estado parece no querer asumir, y que desde la Marcha se vuelve cada año una furibunda condena popular. Se recordó a las niñas argentinas asesinadas por el Estado paraguayo y se insistió en la aparición con vida ya de Lichita. Entre testimonio y testimonio, las familias recordaron y homenajearon a los fotógrafos fallecidos recientemente, Reinaldo Ortega y Nicolás Avelluto, quienes siempre acompañaron a la marcha. Hicieron un reconocimiento a La Retaguardia, por estar desde la primera marcha cubriendo las actividades y acompañando a las familias; como así también a todos los medios y reporteros/as que con su trabajo suman a la difusión y visibilidad de las causas. Entrada la noche nos fuimos yendo de la Plaza, con las voces de esas madres y familiares que por un rato vuelven a traer los nombres de quienes fueron asesinadas/os en nuestros oídos. Esta marcha tan genuina, única, que al mismo tiempo que denuncia, repara. Porque para ellas poder contar lo que les pasó es una forma de encontrar un poco de justicia popular. Porque esa plaza llena que repudia y acompaña, que les grita “fuerza mamá” cuando alguna se quiebra, es quizás el tribunal dónde vamos entre todes construyendo una realidad distinta. Esta lucha no termina con la Marcha, sino que vuelve a empezar. Para que el próximo año no haya ni una bala más, ni una piba ni un pibe menos.
Este viernes desde las 15 horas se realiza la 7ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, espacio que aglutina a familiares que luchan para que no exista ni un solo caso más. En esta nota nos cuentan sus vivencias personales, pero también el aprendizaje que les ha dejado tantos años de organización. Además reflexionan acerca de los caminos para terminar con este flagelo. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net) 📷 Fotos: Reinaldo Ortega “La Marcha sirve para visualizar todos estos crímenes que cometen las fuerzas de seguridad , y que muchas veces los medios y la misma justicia tapan. En todos los casos terminan en nada, la mayoría de los casos no son condenados y si los condenan, es una burla para los familiares. Los jueces y fiscales que tienen que investigar las pruebas, no lo hacen, es más fácil archivar el expediente y todo termina en ‘suicidios’. Si no hubiera jueces corruptos, esto no pasaría”. La que habla es Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. El 13 de junio de 2014 su hijo fue asesinado por Gendarmería Nacional en un control caminero mientras se dirigía en su auto por la Ruta 7, a la altura de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. La causa está catalogada como homicidio agravado. Están implicados los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, pero por ahora “el juez federal Walter Bento los ha dejado libres”. Ahora, como el juez está procesado por una causa de corrupción, lo sacaron, “pero me quieren poner al juez Marcelo Garnica que fue su secretario y mano derecha”, y por lo tanto Mónica espera que no lo acepten. “El que mata tendría que tener condena perpetua, así dejarían de matar por matar y se buscaría profesionalizar a las fuerzas de seguridad, capacitarlas, hacer test psicológicos cada seis meses, y prepararlos como corresponde”, agrega Mónica. Un día especial Para Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, “la Marcha es un día especial, no porque no luchemos todos los días, sino que es un día especial donde podemos estar juntas y lograr que el Estado vea que no somos un caso aislado como dicen ellos, esto es sistemático: están matando a los pibes. Así que la experiencia es grande y sirvió para que las mamás, los papás, los familiares puedan darse cuenta de que tienen derechos y que la voz de ellos y de sus seres queridos que ya no están necesita ser escuchada”. Marcos fue asesinado el 28 de Agosto de 2015 por el Prefecto Juan José Silva en el barrio La Cañada, Partido de Quilmes. Y aunque ya va para dos años que su causa está elevada a juicio oral, “por diversos motivos se ha suspendido cuatro veces, la última porque dicen que el prefecto estaba con Covid-19, por lo que hasta hoy estamos esperando una respuesta a ver si vuelven a darnos una nueva fecha”. Inés sostiene que, a pesar de que “a los pibes los siguen matando, creo que hoy con la 7ª Marcha las familias se animan a salir a la calle y reclamar por justicia”. También arremete contra quienes señalan con el dedo a las víctimas: “Todos juzgan el pasado del pibe, si era o no delincuente, si cometió o no un delito, si era o no adicto, miran el pasado y no miran el hecho. Porque cuando mataron a Marcos, yo le contesté a un juez: ‘¿para qué quiero un abogado? si lo mató la policía a mi hijo, por algo fue’, esas fueron mis primeras palabras. Hasta que el tiempo me hizo cambiar, y comprendí que no es lo que él pudiera ser, sino el hecho a partir del disparo que le provocó la muerte. Porque si no quiere decir que una persona que tiene el uniforme tiene derecho a disparar y hacer lo que sea. Eso cambió, hoy salen las madres y los familiares, y aunque empezamos con 100 o 200 mamás, hoy están unidas todas las provincias y eso es muy importante”. Los reclamos y consignas “Los principales planteos que hacemos en esta Marcha son exigir justicia, basta de impunidad del aparato represivo, que las causas lleguen a un juicio y a una condena, que se pueda mejorar la situación del grupo de familiares de las víctimas, ya que estamos muy solos en esto”, nos cuenta Paula, cuñada de Ariano Biza. A sus 22 años murió junto con Emanuel Gallardo en la Brigada Norte de Tucumán, en un motín, el 15 de junio de 2015. “Aún estamos sin avances en la causa”, denuncia Paula. “Creo que aún hoy continúa vigente este tipo de violencia porque el aparato represivo que es la policía se maneja con total impunidad, avalados por jueces y fiscales” agrega. Balas y justicia “En esta Séptima edición los reclamos son los mismos que la primera marcha, no ha cambiado nada, no ha variado nada. Los métodos son los mismos: el gatillo fácil, el encubrimiento del poder político, judicial y policial, la responsabilidad del Estado frente a estos casos no solamente de gatillo fácil sino de represión estatal, desapariciones forzadas, causas armadas, encarcelamiento a los que luchamos, a compañeros que salen a la calle día a día a reclamar los derechos que tenemos”. La que habla es Emilia Vassallo, mamá de Pablo “Paly” Alcota, fusilado el 18 de mayo de 2013 por el policía Diego Ariel Tolaba de un tiro en la cabeza, y fallecido el 6 de diciembre de 2013 después de una cruel agonía. La causa está elevada hace dos años, a la espera de un tercer juicio fallido y una pericia de la Corte Suprema de Justicia que todavía no se hizo. “Nuestros derechos son vulnerados todo el tiempo, ni hablar de lo que son las causas judiciales, sabemos que el Estado es el responsable y el que garantiza la impunidad para que esto siga sucediendo”, agrega Emilia. Marchar para que no haya ninguno más “Hace 10 años que estoy peleando por una justicia que sé que nunca voy a tener,
Lo dijo Claudia Rivera, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar, en su paso por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. Allí se refirió a la represión que sufrieron las organizaciones que se manifestaron el pasado jueves en la Municipalidad de Lomas de Zamora en reclamo de trabajo digno, obras públicas en los barrios y reconocimiento de los merenderos populares. También contó de la persecución y los allanamientos que sufrieron los días siguientes. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Germán Romeo Pena El pasado jueves la Policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió la manifestación que llevaban adelante distintas organizaciones barriales frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora. Entre los reclamos estuvo el pedido de reconocimiento y recursos para los comedores y merenderos de la zona, que se avancen con las obras hídricas para garantizar agua potable y mejorar la red cloacal y que se garantizara trabajo genuino a los vecinos y vecinas del lugar. Claudia Rivera, integrante del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez)- Votamos Luchar, contó cuáles fueron las exigencias por las que la agrupación se manifestó aquel día: “Nuestros barrios están totalmente abandonados, con falta de obras públicas. No tenemos cloacas ni agua potable. Y lo que nosotros siempre fuimos a pedir fue trabajo genuino. Le presentamos a la Municipalidad proyectos para construir veredas en nuestros barrios y nunca nos respondieron nada. Les pedimos que reconozcan nuestros merenderos y tampoco. La respuesta de Insaurralde (Martín, intendente de Lomas de Zamora) fue reprimirnos”. Y graficó la ferocidad de la represión: “Todavía tenemos una compañera a la que aún no le sacaron los balines que recibió cerca del ojo, porque no se desinflama. Tenemos compañeros que les han sacado balines en sus partes íntimas. Tenemos compañeros golpeados”. Rivera contextualizó: “Lo del jueves era una movilización más de las que venimos realizando hace meses. Tuvimos el acampe en Puente La Noria, cerca de las fiestas del año pasado. Sumamos el reclamo de los desalojos a las 300 familias de la Ribera y de los manteros a los que no dejan trabajar en Olimpo. Esta represión es la gota que rebalsa el vaso. Insaurralde nos mandó a sus patotas, unos grandotes que se enfrentaron con nosotros. Después nos mandaron a la policía. Nosotros nos quedamos ahí, tranquilos. No íbamos a hacer nada. Y en el transcurso de minutos nomás, comenzaron a tirarnos gas pimienta, a patearnos, a golpearnos y a balearnos”. Por otro lado, Claudia dijo que el viernes comenzaron a recibir llamadas extrañas de gente de la Municipalidad, que se hacían pasar por periodistas y que al rato empezaron a pasar patrulleros que los miraban. “Y el sábado a la madrugada, mientras un grupo de cinco compañeras estaban trabajando, ingresaron a uno de nuestros comedores, en el barrio Juan Manuel de Rosas, policías de civil que bajaron de patrulleros, sin placas, pidiéndonos identificación. Solo uno tenía uniforme, que era el subcomisario. Y nos pedían nuestros chalecos, carteles, banderas. Nos decían que buscaban armas de fuego, combustible, cosas absurdas. Al mismo tiempo, allanaron otro merendero en Olimpo, Villa Albertina, donde había una compañera con sus hijos trabajando en el panificado”. Y resaltó: “Nosotros tenemos un compromiso con los niños, con las familias de los barrios, que es garantizarles alimento. El Municipio tendría que estar ahí”. A partir de la repercusión que tomó el hecho, la Municipalidad adelantó la reunión propuesta para el próximo jueves (12 de agosto) para el mismo lunes (9 de agosto) a la tarde. En la “mesa de diálogo”, la Municipalidad se comprometió a visitar cada merendero. “Les mostramos los barrios con más necesidad, y la urgencia de generar obras públicas, veredas, agua potable, cloacas, asfaltar caminos. Ellos patearon el problema, diciendo que de eso se encarga el gobierno nacional. Hoy (martes 10), comenzaron a visitar algunos de nuestros merenderos y también nos prometieron trabajo para nuestras cooperativas. Nos dieron otra reunión para la próxima semana. No sabemos si es por la campaña electoral, pero bajaron y empezaron a pisar los barrios”, cerró Claudia Rivera.
Lo dijo Santiago Levin, médico psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), en su paso por el programa Sueños Posibles de La Retaguardia. Allí se refirió a la situación de la salud mental en Argentina y a la invisibilización que existe por parte de la sociedad y el Estado. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: SportelliA Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), manifestó la postura de la APSA respecto a la Ley de Salud Mental que actualmente rige en nuestro país: “No estamos en contra de la Ley, pero hacemos algunas objeciones importantes. Por ejemplo, el artículo 12 dice que ‘la medicación farmacológica no debe ser nunca utilizada como castigo’, lo cual nos parece un innecesario pasaje antipsiquiátrico, ya que nosotros nunca la usamos como castigo. También estamos en desacuerdo con los institutos monovalentes y lo que sí proponemos es la eliminación completa de los manicomios. Manicomio significa abandono, exclusión, olvido. Pero nuestra práctica clínica nos indica que las instituciones especializadas siguen siendo necesarias, adaptándolas al siglo XXI, porque la urgencia psiquiátrica, que es muy común y cada vez más frecuente, en nuestro sistema suele ser rechazada en los hospitales generales, que no están preparados para recibirlas. Algunos pocos sí lo están, pero la gran mayoría no. Entonces, una cosa es pensar la transformación en términos ideales, y otra cosa es la realidad clínica”. Levin aseguró que la transformación en salud mental en Argentina tiene características predominantemente retóricas, pero no reales ya que no se cuenta con los instrumentos intermedios, las casas de medio camino, las residencias asistidas y los equipos de intervención en crisis: “¿Qué se hace cuando sucede algo como lo de Chano (Charpentier) el otro día? Que pasa todo el tiempo, solo que no repercute a niveles públicos porque están protagonizadas por personas anónimas. ¿Quién interviene? ¿Qué pasó con el caso del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)? Donde ‘un loquito’ con un cuchillo terminó matando a un policía y el policía matando al paciente, generando una situación verdaderamente dramática, con pérdida de todos lados. ¿Qué pasó con ese señor en situación de calle, intoxicado por alcohol, que recibió una patada en el pecho, por parte de un personal policial, cayó hacia atrás, pegó con la nuca en el asfalto y falleció pocas horas después? ¿Qué hacemos con todo esto, más allá de la Ley?”, se preguntó el médico. Y continuó: “Porque este es el punto central. La realidad no se cambia con leyes. Las leyes acompañan movimientos de transformación, pero la transformación es una decisión política que necesita cambios muy puntuales e intensos. Una planificación en salud pública, que implica una reconsideración de cuál es el rol de la salud como valor social y como derecho, que en nuestro país tiene tal estatuto. Entonces, en vez de pensar qué cerramos y qué abrimos, tendríamos que estar pensando qué es lo que queremos para nuestra sociedad en materia de salud, y luego pensamos cómo lo vamos organizando. Pero con un presupuesto tan bajo, con un personal insuficiente, con falta de equipos de intervención de urgencia, con hospitales generales que en su mayoría no están preparados para la urgencia psiquiátrica, este tipo de situaciones se seguirán repitiendo. Ahora, cuando esto sucede y adquiere repercusión pública, aparecen distintos sectores, a veces corporativos, a veces con intereses privados, a tratar de sacar una tajada. Lo que tenemos que proteger y custodiar es el derecho de la persona que está atravesando una crisis mental grave, a recibir la atención que corresponde. Que nunca es un balazo en el abdomen, sino una intervención especializada para poder atender su problema de salud mental”. El médico psiquiátrico desmintió el mito de que no se puede internar a un paciente sin la firma de un juez. “A pesar de las objeciones que muchos psiquiatras le hacemos a la Ley, que básicamente son la poca claridad para la urgencia, los pasajes antipsiquiátricos y el cierre definitivo de los monovalentes; sí sostenemos el espíritu de derechos humanos de la Ley, y ésta prevé la internación en contra de la voluntad. Sin esperar la decisión de un juez. Escuché a colegas diciendo ‘no se puede internar en contra de la voluntad si no lo autoriza un juez’. Eso es absolutamente falso. Sí se puede, y con el paciente ya internado, darle aviso al juez. Incluso hay unas cuantas horas de margen para hacerlo”, explicó. Y agregó: “Esto no significa que la situación sea fácil, porque convergen la desfinanciación, la falta de formación de las fuerzas de seguridad (que confunden descompensación mental con situaciones de delito), la falta de equipos multidisciplinarios de emergencia, la escasez de ambulancias para la salud mental, y el hecho de que la salud mental es siempre la hermana menor olvidada de los planes de salud”. El psiquiatra destacó que es necesario una inversión para poder afrontar las emergencias en salud mental y lograr un reequipamiento en los hospitales y clínicas que lo necesiten. “Invertir en salud mental, aparentemente es poco redituable electoralmente. Entonces estamos con mucho ‘biribiri’, pero con poca realidad práctica. Están faltando medicamentos de salud mental en muchas de las guardias. Las provincias que no tienen internación, por ejemplo la de Chubut, terminan gastando una millonada pagando camas privadas de internación. Porque la urgencia en salud mental existe y necesita una atención especializada, y necesita camas. Lo cual no significa estar hablando de manicomios. Los manicomios son depósito de personas. Eso no puede existir más. Y existe por el mismo motivo que existen ‘villas miseria’, que hay más o menos 4 mil, donde viven 5 millones de personas”, comparó. Muchas personas padecen situaciones relacionadas a la salud mental y en su mayoría quedan invisibilizadas por la sociedad. Levin aseguró que sin mayor inversión y decisiones políticas al respecto la problemática no mejorará: “Las personas que padecen este tipo de situaciones son muchas, y son invisibles. Lo mismo que las personas que están
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con el programa radial La Retaguardia. Habló de los casos de represión policial en el contexto de pandemia, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la relación entre la situación económica, la campaña electoral y los discursos emergentes que intentan justificar la represión estatal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia —El año pasado a esta altura del año hablábamos casi todos los días de nuevos casos de represión policial a personas que salían a la calle en medio del aislamiento. ¿Cuál es la situación actual? —Lo que se nota en relación al año pasado es un manejo diferente de la cotidianidad en la calle. El año pasado a esta altura estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situación de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias con la implementación en los primeros meses entre marzo y mayo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) más rígido, sin estar acompañados de las medidas asistenciales necesarias. Cuando sabíamos que era una medida útil que permitió sostener el sistema sanitario y evitar un colapso como hemos visto que ocurrió en muchísimos otros países del mundo. Y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia que tuvimos en la época estival y con el rebrote de casos en el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles. Evidentemente ahí hay un cambio relacionado a la gran repercusión pública, no por los grandes medios hegemónicos, sino a través de la publicación de videos en redes, al laburo impresionante que hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Lo que sí tiene algo de desatención es que al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual de muertes en lugares de detención. En particular, muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses. Y hemos tenido momentos muy duros como por ejemplo en junio tuvimos una semana en la que en siete días tuvimos siete casos, de los que conocimos. Siempre remarco que los casos que vamos conociendo a lo largo del año son muchísimos menos que los que finalmente recolectamos para el archivo, porque justamente el laburo fino de búsqueda y de sistematización lo hacemos en la segunda mitad del año y se termina a contrarreloj sobre el cierre de datos para la publicación a fin de año. En esta tarea de todos los días sólo trascienden los casos que de por sí llegan a los medios o que tienen repercusión porque hay un corte en un barrio o porque la familia tiene la posibilidad de lograr el contacto y de vincularse para que podamos tomar intervención. Es muy importante la cantidad de casos que tenemos en este año. La violencia como estandarte —Situaciones como las de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que apareció bien represiva, queriendo distinguirse e intentando diferenciarse de otras por ser la más violenta de todas, en año electoral, ¿podemos pensar que se puede potenciar o mostrarse más duros ante ese sector de población que vota? —En la Ciudad de Buenos Aires desde el 2019 hasta hoy no cambió nada porque seguimos con la misma gestión de gobierno. Recién ahora con la candidatura de (Diego) Santilli en provincia va a haber un cambio de dirección del Ministerio de Seguridad que lo viene conduciendo desde hace dos mandatos. La Policía de Buenos Aires viene funcionando de la misma manera, es algo increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios. Sobre las muertes en las comisarías, varias han ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y apenas hemos logrado visibilizar alguna, como el caso de (Daniel) Giovanni Yacquez Rodríguez en la comisaría 9 C (Comisaría Comunal 9) hace menos de un mes y medio, por influencia y por insistencia de CORREPI de estar llamando trabajadores y trabajadoras de prensa amigos para que nos hagan un rinconcito de dos renglones en algún diario. Y la cantidad de casos que no nos enteramos y recién cuando empiezan a aparecer algunos informes oficiales de la Procuración Penitenciaria o de otros organismos quizá podemos acceder. Pero cuidado, porque también en la Provincia de Buenos Aires seguimos con números altos y hay dos cuestiones que me parece interesante incluir en este mini balance. Por un lado, si observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, cuando lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Lo vemos a grandes rasgos, cuando observás el año 89 con la hiper de Alfonsín o el período 2001-2002, o el 2008. Por supuesto lo vimos de manera repetida, año tras año los cuatro años de gestión de Cambiemos, y lógicamente la situación a la que nos ha llevado la pandemia en relación al aumento de la pobreza y de la indigencia también tiene ese reflejo. Porque ves mucha más gente teniendo que rebuscársela con ocupaciones y tareas precarias en la vía pública, con el cartoneo, con la venta ambulante, porque justamente se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y tenemos una inflación galopante. Ahí venimos viendo que ese doble pico no es una casualidad ni una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables cuando se agrava el
El hermano de Santiago Maldonado, junto con Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), pasaron por el programa Hasta que vuelvan los abrazos de La Retaguardia y Radio Sur. Ambos viajaron a Bogotá, Colombia, como integrantes de una comitiva de Derechos Humanos. Desde allí, Maldonado y Jalil contaron el recorrido que están haciendo por los barrios, hablaron de las desapariciones forzadas y de la situación represiva que se vive en Colombia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Julián Bouvier/Pedro Tato 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Twitter de Juan Grabois Sergio Maldonado relató que viajaron a Colombia para escuchar a la víctimas, observar lo que está pasando y generar informes que detallen esto. “Anoche fue una noche muy movida en todo el país. Nosotros estamos en Bogotá y en diferentes barrios hubo, por decirlo gráficamente, una masacre. Porque hay un montón de heridos, hubo mucha represión. Hay por lo menos un asesinado también, hasta ahora es la información que nos llegó. Nosotros y nosotras estamos acá para ver y escuchar, no estamos para otra cosa. Solamente para estar acompañando y de esa manera visibilizar todo el horror que se está viviendo en Colombia, que es una violación constante de los derechos humanos y a pesar de ser un país democrático, tiene una política de estado de desaparecer y matar como está sucediendo ahora”, dijo. Sergio, como hermano de Santiago, vivió en carne propia la incertidumbre de tener a un ser querido desaparecido. En este sentido, hizo hincapié en la cantidad de personas desaparecidas que hay en Colombia en este momento: “Ayer vinieron personas de una ONG hablándonos sobre la desaparición forzada. Nosotros tuvimos el caso de Santiago, el año pasado, lo que sucedió con Luis Espinoza (quien estuvo desaparecido por una semana, hasta que se lo encontró asesinado por la Policía de Tucumán), lo de Facundo Astudillo Castro y nos horrorizamos cuando hay un caso de desaparición forzada. Acá escucho que dicen 700 personas, u otros informes dicen que hay 900 desapariciones forzadas de las cuales, quizá después aparecieron 300, por decir un número. Pero no sabemos si esos 300 aparecieron vivos, muertos, si están torturados, si están bien. Entonces nos damos cuenta de que acá está naturalizado. Eso de acostumbrarse, en un cierto modo, me recuerda a cuando veíamos los primeros casos de Covid. Decíamos ‘hay dos casos, cuatro, cinco por provincia’, pero llegó un momento que ni se contabiliza, ni sabes realmente cuánto hay. Eso mismo es lo que está pasando hoy con las desapariciones en Colombia. Ya no hay una estadística real, no toman denuncias, hay unos agujeros judiciales terribles” contó. Maldonado explicó que Colombia es “la cuna de la desaparición forzada” porque allí “se escribieron muchas de las leyes, de los informes y todo lo que tiene que ver con desaparición forzada”. Y agregó: “De hecho, nosotros en el caso de Santiago aplicamos todo eso por gente de renombre de acá que nos estuvo ayudando, especialistas en la desaparición forzada. Acá tienen trabas para hacer denuncias. Y tienen esta cuestión de siempre de que los cuerpos aparecen en los ríos, o desmembrados”. También se refirió al trabajo que están desarrollando desde la comitiva de Derechos Humanos que viajó a Bogotá,. Explicó que se trata de ir a los barrios, escuchar los testimonios de las familias que han perdido a sus seres queridos por la brutal represión estatal y generar informes para visibilizar lo que está sucediendo. “Es escalofriante escuchar los relatos de personas que han perdido a sus familiares. Con los pocos que he hablado que le han matado un padre, un hermano, los han echado de la casa, o ese tipo de cosas. Es como una resignación de no tener nada. De no recurrir a la justicia, cómo que ya está asumido. Es muy triste todo eso. Y por otro lado, ves como toda la juventud está en la primera línea, como luchan. Como los pibes y las pibas van al frente todos los días. Ayer me dijeron algo así como 87 casos de pérdida de visión, son números que todavía no están oficializados porque ocurrió anoche en la represión”, comentó Sergio. —La Retaguardia: ¿Se vive algo similar a un estado de guerra? —Sergio Maldonado: No me parece una guerra. Yo lo que siento es que hay un gobierno que detesta a su pueblo, y de esa manera lo está exterminando. Sería un genocidio en todo caso. Y todo el pueblo está luchando contra algo. Está luchando con los propios que tiene arriba, o sea con todos lo que los oprimen. Cuesta catalogarlo. Me parece que es más un genocidio por parte de los gobernantes y un desprecio hacia su pueblo. Como parte de la comitiva de Derechos Humanos también viajó Ismael “el Turco” Jalil, uno de los referentes de Correpi, quien estaba junto a Sergio al momento de la entrevista. Jalil explicó que el pueblo colombiano está viviendo bajo un estado de excepción: “Es decir, bajo la apariencia de un presunto Estado de derecho, en el cual el Estado, evocando la Constitución va tomando algunas medidas, y lo que está haciendo en definitiva es una masacre social. Porque aquí hay un pueblo levantado, un pueblo que ha dicho basta, que esta muy enojado por su situación, por su cotidianeidad, Un pueblo que tiene prácticamente al 63% de sus trabajadores en la informalidad, un pueblo que está sufriendo las consecuencias de las olas neoliberales que particularmente en Colombia están azotando hace mucho tiempo. En ese contexto el pueblo se ha levantado, y la respuesta que ha dado el Estado es una represión indiscriminada de carácter feroz”, dijo. Jalil hizo hincapié en quiénes son los sectores más atacados de la sociedad, puso el foco en las mujeres y disidencias, en las comunidades originarias y en la juventud. Además, especificó cuáles son los mecanismos represivos del Estado: “En las calles, cuando la gente sale a protestar es recibida por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), parecido al
Fabiana Cartolano es docente e integrante de la Asamblea No a la Megaminería de vecinos y vecinas de Playa Unión y Rawson. Durante semanas, participó de los cortes de ruta que se realizaron en la Ruta 3 y pedían el retiro del proyecto de ley de la zonificación de la actividad minera. El domingo 9 fueron reprimidos por la Policía provincial. Lo contó en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de Radio La Retaguardia y Radio Sur. Este viernes, la Justicia aceptó un amparo para frenar la puesta en marcha del proyecto de zonificación minera. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: El Chubut El proyecto de ley 128/20 establece la rezonificación en los departamentos de Telsen y Gastre, provincia de Chubut, y la extracción minera a gran escala. Desde 2003, existe una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto en la provincia. Por eso, la intención del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien responde a los intereses de las empresas mineras, es lograr la zonificación en distintos departamentos de la provincia como primer paso para después sí habilitar la actividad. Distintos grupos que pelean hace años por detener la minería en Chubut, como es el caso de la Asamblea No a la Megaminería de vecinos y vecinas de Playa Unión y Rawson, se opusieron al proyecto de ley y decidieron cortar la ruta para expresar su disconformidad. Juntaron firmas y presentaron un proyecto de iniciativa popular con 30 mil firmas para frenar la rezonificación, pero el jueves 6 de mayo la legislatura lo rechazó. Días después de las primeras manifestaciones, las fuerzas policiales reprimieron la protesta en la Ruta 3. En un comunicado anunciado el pasado viernes, la Justicia ordenó a la Legislatura provincial que se suspenda el tratamiento del proyecto de zonificación minera. El reciente amparo resuelve “suspender cautelarmente el tratamiento del proyecto de ley 128/20″. Fabiana Cartolano, integrante de la Asamblea, contó cuáles fueron los desencadenantes del conflicto: “El jueves (6 de mayo) terminó sucediendo lo que venimos denunciando hace muchos años las asambleas de Chubut: en la Legislatura se votó la aprobación del proyecto de iniciativa popular que había salido con despacho negativo de la Comisión de Ambiente. Esa Legislatura es un espacio que ha perdido toda legalidad y seriedad acá. Hace ya muchos años tejen los negociados por abajo, se entrega la provincia, y asumen personas que tienen causas. Hay diputados que tienen más de veintiuna causas”, expresó. La docente se refirió a los métodos de lucha que se venían tomando, previamente a la represión policial: “Se tomó la determinación, como última herramienta de lucha que estamos teniendo, cortar la Ruta Nacional N°3. En cuanto se aprobó el proyecto en la Legislatura, que estábamos todos afuera escuchando, nos vinimos hasta Trelew —autoconvocadamente, todo el mundo—, y llegamos hasta aquí. La solicitud del corte de ruta y de todas las actividades que se están haciendo en la provincia, es que se retire el proyecto de zonificación minera, que es un proyecto fraudulento, ilegal, un “corto y pego” del CONICET. De hecho, salió también el director de CONICET a nivel nacional a denunciar ese proyecto porque habían mal usado toda la información del CONICET y la habían utilizado para poder armar ese proyecto, que está claramente digitado y dictado por las mineras. Recordemos que nosotros tenemos nuestra primera iniciativa popular desde el 2014 y que una compañera, a través de una buena cámara con zoom, descubre -fotografiando un teléfono de uno de los diputados- que le estaban dictando los dueños de las mineras qué era lo que tenía que decir como fundamento. El jueves sonaban igual. Eran voceros de las mineras”, denunció Cartolano. Además, comentó que se estaban tomando medidas de fuerza en otros lados de la provincia: “El mismo jueves se tomó la Municipalidad de Esquel. Al igual que la Municipalidad de Trevelin, en la Comarca Andina, donde estuvo el fuego hace poco. También se cortó la Ruta 40”. Y destacó :”Pero los medios no están contando mucho, por eso estamos más que agradecidos. Porque saltar el cerco mediático provincial nos cuesta muchísimo”, admitió. Fabiana resaltó el rol de las mujeres en esta lucha: “En la logística del corte de ruta somos las mujeres las que vamos al frente. Lo decidimos así las mujeres y hemos logrado llevar adelante un corte de ruta tranquilo, porque somos nosotras las que dialogamos con los camioneros, con las familias, con los choferes de colectivos, y demás”, explicó. Un pueblo que resiste La docente rememoró el derrotero de luchas que el pueblo chubutense guarda en su historial: “Nosotros venimos de muchas luchas en la calle. Recuerden que dormimos 41 días afuera del Ministerio de Educación, cuando se tomó allá en el 2018, en pleno invierno. Amanecíamos con la ropa escarchada. Acá en la Patagonia el viento y el frío se hacen sentir. Hacemos fogatas en las puntas de los cortes de ruta”. Y exclamó: “Pero parece ser que al gobierno le encanta tener a la gente en la ruta. No hay diálogo. Es cada vez más hermético el gobierno con el pueblo. Al gobernador no se lo ve casi nunca. A veces pasan meses sin dar una nota, sin hacer una conferencia de prensa”, contó. La complicidad de los diputados provinciales con las mineras Para sumar al paquete de irregularidades que hay alrededor de la instalación de las mineras, también está la situación del diputado provincial Sebastián López, quien fue grabado pidiendo coimas a empresarios mineros: “‘Cien luquitas López’ le decimos nosotros. Es terrible. López, después de que salió ese escrache de la coima que él estaba pidiendo, se abre del bloque y hace un unibloque. Hay tres unibloques dentro de la Legislatura. Él solo quedó como bloque, y él solo decidió votar a favor de este despacho negativo a la iniciativa popular, al igual que Eliceche (Carlos, diputado provincial PJ- Frente de Todos y ex Intendente de Puerto Madryn, 2003-2011) y que Roddy
Lo dijo María del Carmen Verdú, principal referencia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En diálogo con el programa radial La Retaguardia, recordó a Walter Bulacio a 30 años de su detención ilegal y posterior muerte, a causa de las torturas recibidas. Además, Verdú analizó lo que implicó este caso que cuenta con una sentencia sin cumplir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2003, y se refirió a lo que simboliza Bulacio en la lucha contra la represión, la impunidad y las detenciones arbitrarias. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/ Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Walter Bulacio tenía 17 años cuando fue detenido por la Policía Federal Argentina, aun siendo menor de edad, cuando había asistido a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota el 19 de abril de 1991 en Estadio Obras Sanitarias, en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, Bulacio fue trasladado con traumatismo de cráneo al hospital Pirovano, donde le explicó al personal médico que había sido golpeado por la policía. Murió días después. “Cuando se habla de Walter hay dos cosas a tener en cuenta que inmediatamente me vienen a la cabeza, en primer lugar la irrupción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y por ende a nivel nacional de una pelea que se venía organizando a pulmón, a pata, contra el gatillo fácil, contra las detenciones arbitrarias denunciando la presencia de las fuerzas de seguridad y sus mecanismos de control social y disciplinamiento en los barrios, y también por supuesto la represión a trabajadoras y trabajadores organizados, aunque esa era la parte quizá más permeable”, comenzó a plantear María del Carmen Verdú, de CORREPI. Y continuó: ”Nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio: abril de 1991. Juntabas 500 personas en la calle y estabas para tomar el poder, en un nivel de desmovilización absoluta. Y de repente la muerte de un pibe en el marco de un recital de rock en la Ciudad, generó movilizaciones que arrancaron con 10 mil personas y llegaron a 40 mil como reflejan los diarios de la época. Y sobre todas las cosas, lo que hicieron fue poner en la mesa la discusión sobre el conjunto de las distintas modalidades de la represión policial y muy en particular sobre lo que en definitiva es, en los términos que lo dice la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) en su sentencia en el año 2003, el nudo de la discusión de derecho en la causa Bulacio que son ni más ni menos que las detenciones arbitrarias”. Facultades para detener En referencia a la potestad que habilita a las fuerzas de seguridad a detener a personas sin justificación alguna , la abogada María del Carmen Verdú expresó: “Estas facultades que tienen las policías, las fuerzas de seguridad en general, locales, federales, las que sean en nuestro país, de detener a cualquiera en cualquier momento y lugar porque se le canta sin tener que dar ninguna explicación. Siempre pongo este ejemplo para que se entienda: si en este momento un juez o fiscal deciden que yo tengo que ser detenida, mínimamente se tiene que sentar a escribir un parrafito fundamentándolo. No pueden solamente levantar el teléfono y mandarme a detener. Tienen que armar una orden de detención que más o menos pueda parecer que está fundamentada. En cambio, si en lugar de ser juez o fiscal sos policía, gendarme o prefecto, no hace falta. Basta con que me mires, me veas pinta de sospechosa, peligrosa, que debo ser identificada, que esté en donde no corresponde que esté por mi pinta, mi ropa, mi cara, el horario, la edad o lo que fuera y sin la necesidad de argumentar todo esto. ‘Me va a tener que acompañar’, la célebre frase que todo policía representa en la Argentina”. “Cumplan la sentencia ya” “En estos 30 años, como lo hemos hecho a los 25, como lo hemos hecho cada año, el eje de nuestra campaña en este nuevo aniversario entre el 19 (día de la detención) y el 26 de abril (el día de su muerte) es ‘Basta de detenciones arbitrarias’. Cumplan la sentencia del caso Bulacio ya. Ningún gobierno la cumplió. En la práctica no estamos igual, estamos peor en todos estos años que pasaron. Hoy, las fuerzas de seguridad tienen más facultades para detener personas, que tenían en aquel entonces y que escandalizó a la Corte Interamericana”, dijo Verdú. Por último, y respecto al contexto de pandemia, la integrante de CORREPI opinó: “Ocurrió que ante la situación de una emergencia sanitaria real, no hay otra manera de frenar el virus que con menor cantidad de gente circulando en la calle o transportándose en los medios de transporte públicos. La plata para la ayuda económica está, pero se usa para otra cosa”.
El proyecto de presupuestos mínimos que implementaría una política pública nacional para promover la concientización y la responsabilidad ambiental en la ciudadanía obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas el 27 de marzo. La Retaguardia buscó la opinión de especialistas y militantes por el medioambiente para entender este proyecto de ley en un contexto de crecimiento del modelo extractivista y agroindustrial con apoyo explícito del Estado. Mientras tanto, en Andalgalá, 11 personas continúan detenidas. Entonces cabe la pregunta: la Ley de Educación Ambiental, ¿sería una simulación de progresismo o una perspectiva de cambio a largo plazo? (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero/Catalina Goldszmidt 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados/as otorgó media sanción a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental obligatoria para todas las jurisdicciones del país. El proyecto, que contó con el apoyo de distintos bloques y de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, busca la “concienciación y responsabilidad ambiental”. Mientras tanto, en Andalgalá, Catamarca, hace algunos meses se declaró inconstitucional la ordenanza municipal que prohibía la explotación megaminera y las máquinas del proyecto minero Agua Rica ingresaron al Cerro Aconquija mientras los vecinos y vecinas resisten y sufren persecuciones de otra época. En San Juan, la Asamblea Jáchal No Se Toca sigue denunciando la explotación minera de litio, para evitar nuevos derrames de cianuro como ya sucedió en la cuenca del Río Jáchal. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, aseguró que la minería en esa provincia cuyana se llevaría adelante de forma “sustentable” y “segura”. En Chubut, la comunidad lucha por el agua, en contra de la zonificación que el gobernador Mariano Arcioni intenta hacerla efectiva a cualquier precio. Hay sobrados ejemplos del crecimiento de la agroindustria, con la baja de aranceles para la compra de agrotóxicos, la implementación del trigo transgénico y el intento por impulsar el acuerdo porcino con China. Todo esto sucede en simultáneo con el tratamiento de esta ley. La Retaguardia consultó a quienes militan y accionan por el medioambiente cada día. Jackeline Ermini, activista socioambiental e integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, Santa Fe —una de las organizaciones que participó de la creación de esta ley— contó a La Retaguardia que recibieron de forma positiva la noticia de la media sanción del proyecto que incorporaría la educación ambiental de forma transversal en la currícula educativa. “Sin embargo, creemos que esto solo no alcanza. Es insuficiente. Y en materia ambiental hay muchísimo más para cambiar y para construir. Y en ese sentido, las políticas públicas deben ir en línea con esto: hoy en día Argentina tiene una matriz productiva atravesada por un modelo profundamente extractivista que todo el tiempo avanza en contra de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad y principalmente de la salud de nuestro pueblo”, cuestionó la joven. Ermini consideró que la pandemia por Covid-19 evidenció la situación climática y ecológica que estamos viviendo. “No vamos a salir de esta crisis invirtiendo en proyectos como Vaca Muerta, en proyectos megamineros, en combustibles fósiles, en agronegocio, y en tantos otros etcéteras que no son nada más ni nada menos que la causa de lo que hoy estamos viviendo”, remarcó la activista. Del dicho al hecho… El periodista Patricio Eleisegui, especialista en temáticas medioambientales, explicó que este proyecto surgió en un contexto de extractivismo acelerado y desproporcionado por la misma gestión de Gobierno que hoy celebra esta media sanción: “Lo cual da para sospechas y para hacernos la pregunta de por qué se está promoviendo este tipo de iniciativas mientras es el mismo Gobierno el que tiene frenado proyectos como la Ley de Humedales y ha hecho promoción de actividades terribles para el medioambiente como el agronegocio atado a los transgénicos y los agrotóxicos, o la minería de litio también”, apuntó. Eleisegui sostuvo que estos modelos de producción vigentes e intensificados con el paso de los gobiernos, chocan de frente con esta Ley de Educación Ambiental, y dijo que hay que prestar especial atención a cuáles son los contenidos que se van a incluir, para evitar que se baje línea acerca de que, por ejemplo, la soja transgénica no es tan dañina o que la minería es una gran creadora de empleo, como alguna vez consideraron —¿o consideran?— desde el Gobierno nacional. “Ese aspecto es peligroso y necesita ser vigilado, debatido y confrontado desde el principio”, planteó el periodista. Por su parte, Mariana Katz, la abogada de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, compartió también que hay que estar alerta para evitar que la ley sea contraproducente: “Va a empoderar a muchos niños, niñas y adolescentes siempre y cuando esta ley no sea utilizada o se le permita a las Fundaciones que dependen también de las empresas que llevan adelante actividades económicas extractivas meter la cuchara en el contenido de lo que se le va a transmitir a los pibes mediante la Ley de Educación”, detalló, y aclaró que es una buena iniciativa pero que es una política política pública que, de ser aprobada, tendrá impacto a muy largo plazo. Katz, en principio, reconoció que el texto de la ley es bueno. A su vez, observó: “Como toda ley en nuestro país puede ser muy buena, como por ejemplo la de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares pero cuando los pueblos que están afectados por la actividad minera reclaman por la aplicación de esa ley, concretamente nadie quiere aplicarlo”. Acción además de educación En un contexto de fuerte apuesta por parte del Estado a los modelos extractivistas y alimentarios basados en transgénicos y agrotóxicos, son muy importantes los proyectos que demuestran que existen otras formas de producir alimentos de forma sustentable y segura, a través de la agroecología, reciclando y conociendo realmente qué comemos o cuán dañinos son algunos procesos para el planeta y para quienes lo habitamos. Los colectivos El Reciclador Urbano y Acción Huerta Urbana trabajan desde