represion
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La agresión fue en el playón de ingreso al espacio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño que funciona en Villa Lugano, en el edificio conocido como el Elefante Blanco. Los y las trabajadoras que realizaban la protesta tuvieron que protegerse dentro del edificio. Al cierre de este informe, esperan la atención de la ministra María Migliore, mientras intentan averiguar cómo van a salir sin ser recibir nuevos ataques. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: María Eugenia Otero 💻 Edición: Fernando Tebele El grupo de trabajadoras y trabajadores había llegado cerca del mediodía al edificio Elefante Blanco, ocupado ahora por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Fueron a protestar “en reclamo por mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y porque las personas más vulnerables sean atendidas con políticas públicas como corresponden”, según anunciaron. Pero se encontraron con una suerte de represión privatizada, ya que no fue la Policía de la Ciudad la que intentó dispersarles mientras les pegaban con palos. Como puede verse en el video, recibieron el ataque de una patota a la que identifican con el gremio SUTECBA. “Cuando nos estábamos retirando de forma pacífica, una patota identificada como del gremio SUTECBA avanzó sobre nosotrxs a golpes de puño y palos al grito de ‘váyanse de acá’, ‘nosotros somos mafia’, ‘acá manda SUTECBA’”, cuenta un comunicado de la Junta Interna de ATE Promoción Social. También dicen allí que se guarecen dentro del edificio: “En este momento nos encontramos dentro del Ministerio al resguardo de la situación de violencia y exigimos que la ministra María Migliore se haga presente y garantice nuestra seguridad e integridad”.
El comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio trajo una escalada represiva que puede corroborarse fácilmente tan solo mirando el material que circuló. Videos y fotos de varios puntos del país donde se ve a distintas fuerzas de seguridad hostigando, amenazando y torturando a personas que, según el relato policial, habrían roto la cuarentena. Mientras los hechos se multiplican exponencialmente, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se presenta cargando un arma aparatosa en medio de un operativo en un barrio popular, se pasea por cuanto programa de televisión lo invitan, y aprovecha para relegitimar el accionar de las fuerzas que comanda. Porque no olvidemos que además de un ministro, Berni es también un militar. (Por Revoluciones.net/La Retaguardia) ✏ Redacción: Sofía Labriola, Alan Dufau, Antonella Álvarez (Revoluciones)- Andrés Masotto, Rodrigo Ferreiro (La Retaguardia) 📷 Foto de portada: Agustina Byrne Pasaron más de 110 días desde que Alberto Fernández anunció las medidas de aislamiento para enfrentar la pandemia de coronavirus. Por un momento, la feroz represión ejecutada por las fuerzas de seguridad en todo el país para hacer cumplir la cuarentena pareció mermar. Por algunas semanas no hubo registro de casos de gatillo fácil o abuso policial. Pero esa calma fue el silencio que precedió una tormenta de violencia uniformada que desató toda su potencia cuando el 15 de mayo, en el interior de Tucumán, Luis Espinoza fue golpeado, asesinado y su cuerpo desaparecido por la policía local. Exactamente una semana después, su cuerpo apareció envuelto en bolsas, apenas unos metros pasando la frontera con Catamarca, en una zona de montes, precipicios y niebla baja y espesa que, sin la familia y amigos de Luis presionando la búsqueda, hubiera sido imposible rastrillar. En esos días, mientras se hurgaba tierra, agua y aire por Luis Espinoza, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó la provincia y se reunió con el gobernador Luis Manzur. No hubo mención sobre la desaparición. Tampoco nadie les preguntó. Los últimos días de mayo -la noche del 30-, varios policías de la comisaría de Fontana, en Chaco, llegaron a la comunidad Qom de Banderas Argentinas y reventaron a patadas la puerta de una de las casas. Al ingresar, la familia que dormía fue golpeada, detenida y arrastrada a la comisaría donde, según consta en la denuncia, fueron rociados con alcohol y amenazados con ser prendidos fuego. Mayo cerró con broche de plomo: un policía federal, Osvaldo Rendichi, se dirigió al límite entre Villa Tranquila y la Isla Maciel a comprar una PlayStation. Al llegar se encontró con Lucas Barrios, de 18 años, que le iba a vender la consola. Según la versión del policía, mientras ingresaban por un pasillo apareció una persona armada que intentó robarle. Pero Rendichi vació el cargador de su Bersa 9mm sobre el cuerpo de Lucas, sin que una sola de las balas hiriera al supuesto atacante. Lucas recibió 18 tiros y murió en el lugar. Recientemente, la carátula de la causa fue cambiada a “exceso de legítima defensa” y Rendichi obtuvo la excarcelación. A lo largo del mes de junio, el asesinato a manos de la policía volvió a ser protagonista. Augusto Iturralde y Diego Arzamendia andaban en moto en Hudson, Buenos Aires, cuando un Policía de la Ciudad disparó su arma once veces. Uno de esos tiros le atravesó el pulmón a Augusto, que murió en el lugar. Dos días después, según un video que circuló, varios efectivos de la policía bonaerense cercaron a Diego en el centro comercial de Berazategui. Rodeado y reducido, a plena luz del día y al alcance de ojos y celulares de transeúntes, lo fusilaron. Esa misma semana, Facundo Scalzo caminaba por el Barrio Rivadavia, en el Bajo Flores, en dirección a la casa de su mamá cuando se topó con un operativo de Gendarmería. Uno de los gendarmes le pegó cuatro tiros por la espalda. La ambulancia del SAME tardó 50 minutos en llegar y Facundo murió esperando el auxilio. Mientras tanto, la misma Gendarmería que lo asesinó por la espalda reprimía a vecinos y vecinas e incluso a su mamá, que rogaba a gritos que le permitieran acercarse al cuerpo de su hijo. En el hospital Piñero, donde llevaron el cuerpo de Facundo, la escena represiva se repitió. En los últimos días el gendarme Diego Rocha fue procesado por el asesinato de Facundo. Lucas Nahuel Verón fue asesinado por la policía bonaerense alrededor de las 01:50 hs. de la madrugada del 10 de julio, en el barrio de Villa Scaso de La Matanza, cuando junto con su amigo se trasladaban en moto y festejaba sus 18 años recién cumplidos. La policía comenzó a perseguirlos y a realizar varios disparos, uno de ellos atravesando el pecho de Lucas. Habían ido al maxikiosco de 24 hs. ubicado en Calderón de La Barca y La Bastilla, cuando minutos después Lucas Verón sería fusilado por la bonaerense en la calle Llerena, entre Achaga y Céspedes. Un vecino accionó la alarma vecinal y varios salieron a la calle donde se observaba el patrullero junto al cuerpo en el suelo de Lucas, mientras su amigo gritaba que la policía les había disparado varias veces. Luego, avalados por el accionar del fiscal Juan Pablo Tahtagian, que encubrió el hecho, le tomaron declaración al amigo de Lucas en sede policial y lo presionaron para que declare que venían de robar. Hace algunos días se conoció la denuncia por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que el 30 de abril salió a dedo de la localidad bonaerense de Luro en dirección a Bahía Blanca, pero nunca llegó a destino. La última vez que se lo vio con vida fue mientras dos policías lo subían a la parte de atrás de una camioneta policial. Así lo afirmaron tres testigos que se presentaron voluntariamente a prestar declaración en la causa que se investiga como desaparición forzada de persona, a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Según versiones policiales muy contradictorias, a la altura de
El violento ataque a la comunidad qom en Chaco fue, esta vez, registrado y atendido por los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, las persecuciones y la discriminación que sufren los pueblos originarios son cotidianas y se repiten en todos los gobiernos. Graciela Duarte, la tía de Alejandro Saravia, uno de los pibes torturados, dialogó con el programa radial La Retaguardia y contó el episodio de esta semana, pero también detalló descarnadamente el constante maltrato y humillación a la que su pueblo se ve sometido históricamente. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Revista Cítrica El video y las imágenes de la crueldad con la que se manejó la policía para golpear y torturar a jóvenes qom del barrio Bandera Argentina de Fontana, en Chaco, expresan por sí solas la violencia y el desprecio que algunos sectores de la sociedad sienten por los pueblos originarios. Lamentablemente, no es un hecho aislado. Estas vejaciones se repiten continuamente con el pasar de los años y los gobiernos. La diferencia fue que esta vez las familias pudieron registrar el episodio y tuvieron el valor para compartirlo. Allí se observa claramente como efectivos de la policía de Chaco tiran una puerta abajo y golpean incansablemente a las personas presentes, para luego llevarlas a la comisaría para seguir siendo torturadas, tanto física como psicológicamente. En el caso de las mujeres, con abusos sexuales incluidos.Graciela Duarte es la tía de uno de los chicos violentamente golpeado por la policía. Sus palabras transmiten dolor, pero no es un dolor nuevo. Ella y toda su comunidad están cruelmente habituados a sufrir estos castigos, solamente por ser parte de un pueblo originario. Sus palabras también transmiten esperanza de que se haga justicia: “Mi sobrino no está nada bien. Ninguno de los chicos. Tiene un ojo muy hinchado y no puede ni comer. Lo lastimaron muchísimo. No es, como dicen, que son chicos que andan robando. Mi sobrino es deportista y está estudiando psicología. Me encantaría que esto se investigue a fondo. Somos una comunidad perseguida desde hace muchísimo tiempo. El Estado y la Nación tienen una deuda con nuestros pueblos. No es por esta pandemia. Se dio a conocer porque lo grabaron, pero estas persecuciones vienen desde hace muchísimo tiempo. Somos un pueblo maltratado y discriminado. Las imágenes hablan por sí solas. Yo le pido al presidente, ya que solidarizó, que tome cartas en el asunto. En este barrio y en el barrio Cacique Pelayo se aumentaron las persecuciones. Necesitamos que nos escuche la justicia. Nosotros somos pacíficos. Si hubiésemos sido intolerantes, hace tiempo nos habríamos levantado para ir a Casa de Gobierno o a cortar rutas. No somos así. Somos un pueblo educado, muchas veces sumisos, para evitar que les peguen a nuestros hijos y a nuestros nietos”, expresó. Duarte dio un ejemplo que grafica que la persecución a los pueblos originarios no es algo nuevo: “Yo me capacité en derechos humanos. Estuve en el Congreso nacional dos veces, contra la violencia institucional. En 2010, sufrí la muerte de un tío mío. Su hija también murió buscando justicia. Hasta el día de hoy, nosotros no encontramos un abogado que nos represente penalmente para investigar. Yo trabajaba con el juez de garantías, limpiándole la casa. Jamás me dijo que pasó con mi tío. Me lo entregaron en una bolsa negra, ni siquiera en un cajón. Hasta el día de hoy no sé qué le pasó. Quedó como muerte dudosa. Yo hablo con conocimiento. Tengo pruebas de lo que sucede en nuestra comunidad. Ya sucedió en el gobierno de (Jorge) Capitanich hace 10 años y ahora nuevamente. El gobernador tiene que ser investigado”, exigió.Las torturas y humillaciones a los que sometieron a chicos y chicas tienen, además del dolor físico, un componente psicológico. “A una chica la encerraron en el calabozo, le tiraron alcohol y la amenazaron con que la iban a quemar con cigarrillos. La manosearon, le apretaron sus senos, le pegaron. Torturaron a dos jóvenes mujeres y a los chicos. A mi sobrino le sacaron la ropa. Le pasearon por toda resistencia en shorcito. Le tiraban la rueda de auxilio y se paraban arriba. Está totalmente torturado. No puede dormir de noche, se larga a llorar. Es una persona que se estaba instruyendo para aportar a esta sociedad. Necesitamos un abogado que represente a las familias y lleve esto hasta el fin, caiga quien caiga. Hay malos policías que actúan contra la comunidad. Yo pido justicia. Psicológicamente, las chicas están muy mal. A una de ellas el lunes tuvo que ir la ambulancia para ponerle un calmante porque le dolía en las partes donde ellos la lastimaron. Se le subieron encima y la pisaban. El otro chico tiene marcas en el rostro de no sé qué arma. El pueblo originario no tiene ayuda psicológica ni económica. No tiene nada, ninguna herramienta. Vivimos de artesanías. Yo soy empleada doméstica. Mi sobrino está intentado darles una mejor vida a sus hermanas más chicas. Por eso él se esmeraba en hacer deporte y estudiar. Estudiaba psicología porque quería saber qué pasa en la mente humana que nos tratan de esta manera. Nosotros jamás le enseñamos a odiar. Siempre ayudamos en todo lo que pudimos. La madre no puede hablar por el dolor que tiene. No solo en el cuerpo sino en el alma y el corazón. Está desgarrada”, dijo. El reclamo histórico de la tierraLa tía del joven torturado por la policía hizo un repaso general sobre la situación actual que se vive en Chaco y la desidia a la que se enfrentan los pueblos originarios de la provincia: “Nosotros somos argentinos originarios. Somos dueños de esta tierra. El Estado tiene una deuda con nosotros. Nos están sacando todo. Lo que falta es que nos encierren y exterminen. Qué culpa tenemos nosotros de este flagelo que trajeron; la droga, la delincuencia. No podemos vivir entre las comunidades criollas. Ellos quieren que vivamos en un basural. Quieren seguir sacándonos de
Sebastián Romero, militante del PSTU, fue detenido el sábado en Uruguay luego de estar más de dos años prófugo de la justicia tras haber participado de la marcha contra la reforma previsional, en diciembre de 2017. Martín Alderete, su abogado, habló con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia, y repasó los hechos que determinaron la persecución contra Sebastián, pero también los procesos judiciales contra Daniel Ruiz (compañero de Sebastián y preso durante un año y un mes en Marcos Paz), Cesar Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Agustina Salinas El 18 de diciembre de 2017, dentro del Congreso de la Nación, tenía lugar el último intento de aprobar la reforma previsional impulsada por el gobierno de Cambiemos. Adentro había gritos, empujones e incluso represión de las fuerzas de seguridad contra diputados opositores para evitar que votaran negativamente. Afuera, decenas de agrupaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos y personas independientes colmaban no sólo la Plaza del Congreso sino también un amplio tramo de Avenida de Mayo y las calles aledañas.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había comenzado a desplegar el dispositivo de seguridad alrededor del Congreso el 13 de diciembre, utilizó toda la violencia represiva. Los miles de manifestantes que ocupaban la plaza recibieron gran cantidad de gases lacrimógenos (incluso arrojados desde techos y helicópteros), balas de goma, golpes y atropellos de la división motorizada.Sebastián Romero, junto a sus compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), estaba en la plaza y sufrió el embiste represivo. Alguien le tomó una fotografía manipulando un lanzador de pirotecnia casero, la foto se replicó en redes sociales y medios tradicionales, en general con un discurso estigmatizante, en algunos casos con cierta idolatría; lo cierto es que Sebastián se convirtió en el símbolo de la violencia. Después de estar más de dos años fuera del radar, Romero fue detenido el sábado último en Uruguay. Acerca de su situación actual, Martín Alderete, abogado de Sebastián e integrante de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), le dijo a La Retaguardia: “Sebastián fue detenido y llevado a la delegación de INTERPOL en Uruguay. En el día de ayer tuvo la audiencia ante la fiscalía uruguaya y ahí hizo saber que no se iba a negar al pedido de extradición del Estado argentino. Fue alojado en el Penal de Libertad, en Montevideo, hasta que se formalice el pedido del Estado argentino, que tiene 30 días para efectivizarlo. Así que estamos en contacto con el juzgado y con Cancillería para que se efectivice lo antes posible y sea trasladado a nuestro país”. Alderete agregó: “Afortunadamente Sebastián está bien. Fue bien tratado al momento de la detención y está alojado en un lugar donde hay personas que están esperando por la extradición. Es un pabellón donde él está en condiciones de relativa tranquilidad, más allá de la privación de libertad. Y por lo que sabemos, que nos transmitió el abogado defensor de allá, toda su energía está puesta en volver acá y enfrentar a la justicia argentina en este contexto donde, más allá de la complicación de no haber estado a derecho más de dos años, lo que él sostiene es que, si bien nunca están dadas todas las garantías, en el momento en que el macrismo estaba en el gobierno, claramente él era un perseguido político puntual, no solamente por lo que decían los propios funcionarios y medios de comunicación, sino porque se puso precio a su cabeza y el ofrecimiento de recompensa era superior incluso a los ofrecidos en casos de genocidas prófugos. Claramente no había ningún tipo de garantía de poder defenderse”.La persecución tuvo otros objetivos. Además de Sebastián, Daniel Ruiz, César Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola también fueron judicializados y acusados por intimidación pública, resistencia a la autoridad y agresiones. Ruiz, compañero de partido de Romero, fue el que pagó el precio más alto: pasó un año y un mes privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, denunciando que era un rehén de la justicia, que buscaba de ese modo que Sebastián Romero se entregara. Ruiz aún está imputado junto a Arakaki, militante del Partido Obrero.Al respecto, Alderete expresó: “Lo único que se utilizó contra Ruiz, y mucho más fuerte contra Sebastián Romero, es esa imagen donde le endilgaban disparar contra las fuerzas de seguridad una especie de arma tumbera. Cuestión que nosotros pedimos durante más de un año que se perite a ver qué era lo que habían utilizado, y finalmente en la instancia de juicio se pudo determinar que era un elemento pirotécnico que no genera ningún proyectil, que el riesgo más alto es para la persona que lo manipula y que, efectivamente, como se vino diciendo desde el 18 de diciembre de 2017, utilizaron esa imagen de Sebastián Romero. A algunos les podrá parecer una provocación, una actitud poco agradable, pero lo cierto es que lo único que estaba haciendo Sebastián Romero era manipular un elemento pirotécnico poniendo cara a una situación en la que, viendo todos los videos de la causa, se puede determinar que estaba ocurriendo una feroz represión policial con balas de goma hacia todos los manifestantes que estaban en la plaza ese día”. Próxima estación: la cárcelSobre la posibilidad de que Sebastián atraviese el proceso judicial en libertad, ya que los delitos que se le podrían imputar son excarcelables (al igual que la imputación de Ruiz, que sin embargo pasó trece meses preso), el abogado fue pesimista: “Por un lado lo que objetivamente complica la situación de la libertad son los dos años y medio en los que él no estuvo a derecho, como se dice normalmente. Existiendo riesgo de fuga, van a negarle la libertad. Igualmente, es una pelea que vamos a dar justamente porque lo que se pudo ir comprobando a partir del proceso que le hicieron a Ruiz y el juicio oral que está
Mientras los medios de comunicación tradicionales construyen un discurso de odio y un sector de la población hipnotizado por la televisión golpea cacerolas, en el segundo piso del edificio de la Mutual Sentimiento hombres y mujeres que recuperaron la libertad reconstruyen su vida entre costuras. Fotoinforme y crónica de una jornada de trabajo en la Cooperativa Textil Hombres y Mujeres Libres. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Andrés Masotto Mientras tomamos algo caliente para bancar el incipiente frío otoñal, Claudio Castaño cuenta, entre risas, el laburo que hacían y el que hacen ahora en la cooperativa: “Nosotros hacemos ropa. Conjuntos de jogging, buzos de egresados, guardapolvos. Y ahora nos pusimos con los barbijos”, detalla mientras responde mensajes en su celular. Y, como para dar cuenta de ese viraje en la producción, nos lleva hasta una de las salas del taller. Cinco mujeres están en plena costura. “Tenemos que coser 70 mil barbijos”, cuentan y se ríen como quien dice qué lindo día. Trabajan metódicamente, con prolijidad, pero sin la respiración de la patronal en la nuca. Es que Hombres y Mujeres Libres nació y se mantiene como una cooperativa. El germen empezó a crecer en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz. En una celda de una cárcel en la que, si sobrevivir es difícil, gestar algo nuevo lo es más. Recuperar la libertad después de haber estado en prisión es empezar de cero. Incluso peor. Si antes las oportunidades escaseaban, con antecedentes cualquier puerta entornada, cualquier haz de luz, se cierra y apaga definitivamente. “Perdés cosas que por ahí no recuperás más”, reflexiona Claudio con cierto abatimiento en los ojos. Durante toda la mañana y parte de la tarde quedará implícita en la conversación la importancia de tener algo al momento de recuperar la libertad. Un lugar a donde ir, un compañero o compañera, un trabajo, o al menos un plato de comida asegurado. Algo. Marcelo, socio fundador de la cooperativa, desfila de a ratos con una olla en la mano entre el baño y la cocina. Va y viene. Está recolectando agua para el guiso de lentejas y arroz que se servirá en el almuerzo. El aroma no se hará esperar mucho tiempo. Y el hambre tampoco. En un rincón hay una pila de bolsas con un cartel pegado que dice “donación para mujeres con arresto domiciliario”. Y Claudio, otra vez, comienza a relatar. Cuenta que si hay personas que la pasan mal, son las mujeres con arresto domiciliario, que se tienen que tapar la tobillera electrónica para conseguir un alquiler. La mayoría, con varios hijos e hijas, no tiene cómo darles de comer, entonces hay un montón con desnutrición. Dice que a veces las va a visitar y en algún momento le piden que se vaya a dar una vuelta porque tienen que atender a un cliente. Que nadie, pero nadie, se anima a hablar de ese tema. Sí se habla de “los presos”, sobre todo, desde el viernes 24 de abril, cuando internos del Complejo Penitenciario Federal -con sede en Devoto- realizaron una protesta para exigir medidas de prevención ante la pandemia. Ese genérico que reduce un mapa complejo y dinámico a una categoría (y a un estigma): presos. Para el mercado laboral un preso y una presa serán siempre delincuentes. Y en tanto delincuentes no merecen una oportunidad de trabajo. Ya fracasaron y no tienen arreglo. Pero eventos como el de Devoto -la cobertura mediática de eventos como el de Devoto, mejor dicho- machacan y exacerban a la audiencia. Y la audiencia reacciona ante el estímulo. Es esa construcción del enemigo que los Estados necesitan para justificarse, para justificar ciertos despliegues de fuerzas, cierto control. Y también lo necesitan ciertos sectores para aceptar esos despliegues y ese control. Nietzsche decía que “la diferencia entre el bien y el mal es que los buenos siempre somos nosotros”, y esa idea explica, entre otras cosas, lo que está sucediendo con los presos y presas. Durante el almuerzo surge el tema, que es ineludible. La postura de la mesa es clara y determina que son puras fake news. Incluso surge una hipótesis interesante. Una compañera de la cooperativa dice que no fue un error que liberaran a algunos condenados por delitos violentos, que fue una estrategia de la misma justicia para generar revuelo y así suspender todas las domiciliarias. No suena tan disparatado. Pero esas noticias falsas, con intencionalidad, despertaron al enano fascista que habita en el inconsciente colectivo. ¿Qué sienten cuando escuchan las cacerolas? Es la pregunta clave. Todos hablan de ellos y de ellas, pero pocos abren los oídos para escuchar sus voces sin juzgarles. Las cucharas y tenedores dejan de escarbar los guisos y sus miradas se cruzan. “Sentimos mucha angustia”.
Berni camina, presuroso. Cae la tarde en Quilmes, está fresco y luce una campera oscura, que le abriga el pecho y parte del cuello. Se para frente a los trabajadores que horas antes fueron reprimidos por la policía. Intenta explicar, habla de desinteligencias, y recibe los reclamos. Hacia la noche, y sin el conflicto resuelto, los cruces aparecerán en las redes sociales. El Ministro de Seguridad bonaerense dirá que él no ordenó el accionar policial. El Gobernador Kicillof tampoco se hará cargo. Y la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, repudiará lo sucedido por Twitter. Nadie fue. Mientras, dos efectivos de la Bonaerense son desafectados. La represión en las puertas del frigorífico quilmeño Penta, que finalizó con heridos graves, no es excepción sino regla de una cuarentena que puso en relieve las miserias de los empresarios y las relaciones carnales entre patronal, poder político y burocracia sindical. Pero también evidenció otro factor real: la enorme organización de base de los y las trabajadoras vernáculas, resistencia heredada de la dictadura y los peores años de neoliberalismo democrático. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Colaboración: Luis Angió- Nicolás Rosales- Matías Bregante- Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas- Colectivo de Trabajadores de Comercio en Lucha Les monotributistes: el ciudadano invisible “El espacio de Monotributistas Organizadxs surge a finales de 2019, en el medio de la lucha de prestadores de salud que trabajan para las Obras Sociales, junto a estatales precarizados, luego nos sumamos nosotros”. Quien habla es Rodolfo Fucile, dibujante e ilustrador independiente, y con el nosotros se refiere a aquellos trabajadores y trabajadoras que son autónomos y, al igual que los y las laburantes estatales que tienen contrato de locación de servicio anual y los y las profesionales que facturan para Prepagas y Obras Sociales, pagan mes a mes el Monotributo al Estado. Fucile, desde un audio acorde a los tiempos de aislamiento, también recuerda que el aumento del 50 por ciento de principios de 2020, disposición heredada por el macrismo pero ratificada por el gobierno de Alberto Fernández, hirió gravemente, generando una organización antes impensada, que visibilizó el padecimiento de este grupo de trabajadores y trabajadoras. La cuarentena los y las encontró, entonces, en pleno proceso de lucha. “Nuestra organización es horizontal. No hay jerarquías. Veníamos haciendo asambleas, pero el aislamiento modificó sustancialmente nuestra dinámica”, prosigue Rodolfo. “Tenemos grupos en redes sociales, allí nos comunicamos y tomamos decisiones. Lo que se hizo visible con el Coronavirus es la enorme precarización que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras”, completa. El colectivo de Monotributistas Organizadxs logró realizar un petitorio virtual masivo, donde recolectó 130 mil firmas. “Nuestro pedido era claro, no pagar el Monotributo, un subsidio de 30 mil pesos para el que lo necesite y que se garantice la cobertura de salud”. Por la presión ejercida por los y las trabajadoras, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos por mes, suma que para Fucile es insuficiente. “No cubrió la situación del sector. Lo real es que no solo no se cubre nada con ese dinero sino que millones de monotributistas quedaron afuera. Se nos excluyó a muchos que hoy no tenemos trabajo con requisitos absurdos y prejuiciosos. Deberemos insistir con el reclamo, entonces. Y, en lo posible, volver a las asambleas y las movilizaciones”. En el mismo universo monotributista se encuentran, como se menciona en el párrafo anterior, los y las profesionales que prestan sus servicios a las Obras Sociales y Prepagas. Javier Cirigliano, psicólogo que trabaja fundamentalmente en el área de discapacidad, es uno de ellos. “Hasta el 2017, aproximadamente, el conflicto giraba casi siempre por la metodología de contratación. Es decir, las Obras Sociales nos contrataban, se quedaban con un porcentaje y nosotros, además, debíamos pagar el Monotributo”, describe. “Pero en 2017 comienza a haber una brecha salarial entre ciertos sectores dentro de las Obras Sociales, diferencias entre transportistas y profesionales, que produjo un germen de organización de los profesionales independientes”, continúa. “Estuvo bueno, fue desde abajo, y surge el colectivo de Prestadores Organizados. En 2018 comenzamos a interactuar con otras organizaciones por el recorte fuerte en discapacidad”, cierra. Javier cuenta, entre los actores de lucha, a las familias de niños y niñas discapacitadas. “Las familias se sumaron. Con ellos nos pudimos organizar bien, con algunas marchas, frente al Congreso, por ejemplo”. Durante la cuarentena la Superintendencia de Servicios de Salud, ente a cargo de Eugenio Zanarini y que regula a Obras Sociales y Prepagas, publicó la resolución 308, donde se recortaba a la mitad el pago de prestaciones para personas con discapacidad. La reacción fue inmediata, y la organización previa se constituyó en un factor clave para enfrentar el ajuste. “Llegamos fuertemente a los medios, y eso produjo que se decida dar vuelta esa resolución, aunque aún no lo hicieron efectivo. Pero la promesa está, y eso es gracias a lo que se hizo”, concluye Javier Cirigliano, describiendo la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de garantizar la totalidad de la cobertura aunque manifestando el estar alerta hasta que no se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia correspondiente. Sin lugar para el aplauso: les empleades de comercio “En Carrefour ya hay tres casos confirmados de Coronavirus y en Coto, dos. Pero no los blanquean, cierran el local diciendo que hay tareas de desinfección, ocultando la verdad, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras y no cortando la cadena de contagios”. Quien habla es un trabajador organizado bajo el colectivo “Trabajadores de Comercio en Lucha”, espacio de resistencia colectivo que nació a partir del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros empezamos a evaluar la necesidad de crear esto a partir del descontento generalizado por las medidas de las empresas de supermercados ante el Coronavirus. No nos cuidan, nos abandonan y, por otro lado, nuestro gremio, con Armando Cavallieri a la cabeza, no nos representa de ningún modo, negociando siempre con la patronal”. Las palabras del trabajador de comercio, que se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, reflejan una realidad que
El diputado nacional Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), presentó un proyecto en el Congreso para crear un impuesto a las grandes fortunas destinado íntegramente a la salud pública para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Alderete contó acerca de esta propuesta en el programa Hasta que vuelvan los abrazos de Radio La Retaguardia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele Varios proyectos de ley para cobrar un impuesto a las grandes fortunas de nuestro país fueron presentados en el Congreso por el Frente de Todos. La idea es consensuar uno entre las diferentes fuerzas que lo componen. El más osado, seguramente, es el que presentó Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Busca recaudar por única vez una suma que alcance los 60 mil millones de pesos que serían destinados en su totalidad a enfrentar la crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19. El diputado explicó por qué es importante recurrir a las grandes fortunas para auxiliar a los sectores populares que más padecen la crisis sanitaria, económica y social: “Todos sabemos cómo ha quedado nuestra salud pública en estos últimos 4 años: totalmente destruida. Por lo tanto, hay que reconstruir cantidad de salas que están abandonadas en todo nuestro territorio. Muchas de ellas están metidas en el medio de los barrios populares. Funcionan a medias y ni siquiera tienen medidas de seguridad. Uno se pregunta de dónde tiene que salir la plata para salvar vidas. Hay que acondicionar las salas para enfrentar esta pandemia. Cuántos respirados se necesitan en el Gran Buenos Aires, cuántos en la Ciudad de Buenos Aires y cuántos en cada provincia. La salida de la cuarentena va a ser escalonada. En algunos barrios es muy difícil hacer la cuarentena. Cómo hacen las familias que viven sin agua potable o tienen una canilla cada dos manzanas. Cómo hacen las familias que viven en una sola habitación. Es muy difícil si no se apoyan en las organizaciones del lugar. Los medios comunitarios y barriales cumplen un rol fundamental en la comunidad. La plata que precisamos para salvar vidas no tiene que pagarla siempre el pueblo, la producción, los obreros. Somos los que siempre tenemos que pagar las crisis económicas y sociales en nuestro país”, argumentó. Alderete propuso un impuesto escalonado a las grandes fortunas del país. Explicó que quienes más tienen más pagarían y avisó que el proyecto excluye a la clase media del tributo: “En esta oportunidad tenemos que buscar a las grandes fortunas, que las han hecho a consecuencia de los negocios que hicieron con el Estado. Si se los pedimos, no nos lo van a dar nunca. Sería un bono patriótico. Por eso yo le llamo Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas, que sería también un fondo patriótico solidario. Tiene que ser una contribución gradual: El 1% al que tiene 10 mil millones de pesos, el 2% al que tiene 20 mil millones y así. De esta manera, se van a recaudar 60 mil millones de pesos. Tienen que ir exclusivamente a la salud pública, a la emergencia sanitaria que hoy estamos viviendo. Es la manera en que se van a salvar vidas. De otra manera, no hay forma de que sobrevivan a esta pandemia aquellos que hacen changas, los pequeños comerciantes de los barrios, los obreros de producción, etc. La tenemos que enfrentar entre todos. Esta ha sido la intención de este proyecto. Hay otros proyectos que también están aportando otros legisladores. Tiene que ser un proyecto serio y no para la tribuna. No hay que pegarle a la clase media. Tenemos que separar lo que es la clase media con aquellos que han blanqueado fortunas. Estoy hablando de las grandes, grandes fortunas. No podemos tratar de igual manera al que blanqueó 500 mil pesos con el que blanqueó millones y millones”, diferenció.El sector que estaría afectado a este impuesto extraordinario “son 50 familias de nuestro país. Tienen nombre propio. Una de ellas es la de Paolo Rocca”, expresó Alderete. Represión en el frigorífico PentaSobre el cierre, el diputado se manifestó en contra de la represión que sufrieron trabajadores y trabajadoras del frigorífico Penta por parte de la policía, que dejó más de 20 heridos. Alderete repudió el accionar del empresario Ricardo Bruzzese, gerente de Penta, y pidió que se tomen las medidas necesarias contra el responsable que dio la orden de la represión: “Repudio enérgicamente lo que ha pasado con los compañeros del frigorífico Penta. Yo creo que tiene que sufrir una sanción ese empresario, que está acostumbrado a hacer lo que hizo, salvar su capital. Los obreros que le han dado ganancias ya no le sirven. Tiene que haber una sanción a ese empresario. Voy a proponer que en todos los frigoríficos que están parados, municipales y privados, se pueda faenar a precios populares”, adelantó y pidió que se tomen medidas para con el responsable de comandar la acción represiva: “Se tiene que ser duro para sentar un precedente. Cómo puede ser que nadie dio la orden. Los que tienen apetencias políticas y la mirada para el 2021 que se dejen de joder. Son muchas las vidas que están en juego en nuestro país. Yo no puede creer que nadie haya dado la orden. El que dio la orden tiene que tener nombre y apellido y también tiene que sufrir las consecuencias. No es momento para especular políticamente, no es momento para el internismo. Hay que tener en cuenta lo que está en juego en nuestro país. No sabemos cuánto va a durar esta situación. La emergencia sanitaria ha profundizado la necesidad de resolver la emergencia social. Esto va a ser una lucha larga. No termina con la salida de la cuarentena. Vamos a tener que trabajar mucho más de lo que veníamos trabajando para poner de pie a nuestro país”, finalizó.
Son varios los videos que circularon en redes sociales en los últimos días donde se observaron a distintos integrantes de las Fuerzas de Seguridad cometiendo actos de hostigamiento a ciertos sectores populares. Este tipo de prácticas se encuentra invisibilizado por los grandes medios de comunicación quienes romantizan la labor de los uniformados pese a las pruebas permanentes e históricas de las denuncias. En este link, compartimos: Material Audiovisual (Por Colectivo de Medios Populares*) En días de pandemia y cuando se le ha otorgado mayores niveles de poder a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales, es preciso detenerse para señalar y denunciar cómo varios efectivos aprovechan los protocolos de control para cometer reiterados maltratos y violencia hacia ciertos sectores de la población, en especial a las barriadas populares. Hechos de violencia que se suman al tradicional accionar de los/as uniformados/as. Son, ahora, las fuerzas de seguridad las que deben controlar que la población cumpla la cuarentena, supuesta única forma de que el Coronavirus no se expanda y empiecen a crecer casos de manera exponencial que podrían hacer colapsar el sistema de salud que se encuentra actualmente en Argentina. Es lo que repiten hasta el cansancio en todos los noticieros de radio y televisión. Las policías cuidan ahora ya no sólo la propiedad privada, sino también la salud de todes. Y en esa nueva función nace una “legitimación social” de su accionar, que no se detiene en el verdugueo a las juventudes de los barrios donde el aislamiento se suma al hacinamiento en particular, y a la precariedad de la vida en general. No sólo el “personal de salud” se llevó las salutaciones de los balcones de las grandes ciudades, sino que desde los medios masivos impulsaron a sumar “los aplausos al personal de seguridad” ya que que se presenta como colaborativo entre “distintos estamentos del Estado”. Además, también están Gendarmería y el Ejército. De esta manera se presentan “colaborando” en territorios que desconocen por completo, sobrevolando el conurbano y haciendo la labor que desde hace años ya realizan las diversas organizaciones populares, como la repartición de alimentos. El Estado siempre estuvo ausente en este tipo de tareas sociales exceptuando la de ejercer el disciplinamiento y control de los sectores más humildes. ¿Pero qué pasa si le damos más poder a estas fuerzas represivas? La respuesta está registrada en un sinfín de videos que circulan en redes sociales donde distintos oficiales en diferentes partes del país eligen algunas de estas variantes de violencia sobre quienes incumplen la norma de quedarse en casa (que en general y no azarosamente son jóvenes de barriadas populares). Filmar mientras hacen “bailar” a los detenidos (como se conoce en la jerga militar) en plena vía pública, perseguirlos en moto y acelerar para amedrentar al grito de “todos adentro carajo, no entienden”; obligar a hacer ejercicio físico como sentadillas, cuerpo a tierra, y demás a modo de castigo corporal; inventar un toque de queda para imponer autoridad; disparar balas de goma, agredir físicamente a una persona en situación de calle para que deje de deambular, entre otras, son varias de las agresiones registradas en material audiovisual. A los videos se suman las denuncias como la de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que recientemente han publicado nuevos hechos que se realizaron en su barrio. “En el día de la fecha varios jóvenes del Barrio 12 de octubre, en Lomas del Mirador, donde vivía Luciano y aún reside parte de su familia, se han comunicado con nosotres denunciando un hostigamiento que se ha acentuado, y ha llegado hoy a la situación límite de un intento de ingreso a la casa de uno de los jóvenes”, expresaron en su página. Asimismo, CORREPI dio a conocer información similar al respecto, donde expresa que existe una “incesante circulación de videos y denuncias de vecinxs sobre el accionar de la policía en las barriadas” al tiempo que afirma que “más de 41.000 personas han sido detenidas por aplicación del DNU 297/2020. La mayoría de ellas, una vez notificadas de la infracción que se les imputa, penal o contravencional, recuperó su libertad a las pocas horas, mientras que 2.226 personas, alrededor del 0,5%, quedaron privados de su libertad, por tener impedimentos (capturas, comparendos, etc.) o por ser reincidentes en la violación del aislamiento”. En las últimas horas se conoció que el gobierno nacional convocó a personal retirado de las fuerzas de seguridad para sumarse a los operativos de control en el marco de la pandemia de Coronavirus, ya que la cantidad de efectivos que “necesitan” supera la disponibilidad actual, explicó la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic. Señalar y denunciar este accionar no implica desconocer que vivimos momentos críticos ni va a contramano del autocuidado colectivo, que resulta fundamental. Por eso mismo, en tiempos difíciles, más que nunca, es urgente asumir la responsabilidad de denunciar, para poder decir nunca más a este accionar policial. Es por eso que desde el Ministerio de Seguridad de Nación difundieron que se debe llamar al 0800-122-5878 ó al (011) 4091-7352 para denunciar estos casos de abuso. Del mismo modo, las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, advirtieron sobre el accionar de tres agentes de Gendarmería tras verlos en un video en el que un vecino registró cómo obligaban a dos hombres a caminar en cuclillas, con las manos en la cabeza. Esto había sido “justificado” por incumplir el decreto de aislamiento obligatorio en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Los tres agentes fueron pasados a disponibilidad. A continuación compartimos un link donde se puede acceder a los vídeos y fotos de los abusos policiales. Desde el Colectivo de Medios Populares iremos actualizando el mismo en la medida en que nos siga llegando material. El nombre de cada archivo indica el lugar en donde fue filmado/fotografiado. Material Audiovisual *Sur Capitalino / La Retaguardia / Revista Revoluciones – revoluciones.net / FM Riachuelo / Agencia Paco Urondo / Radio Gráfica / FM La Caterva
Lo dijo María del Carmen Verdú, la principal referente de CORREPI. En diálogo con el programa matinal Hasta que vuelvan los abrazos, refirió a las diferentes situaciones que se viven en las calles en el contexto del aislamiento social obligatorio. Las detenciones crecen día a día y las violaciones a los derechos humanos también. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele/Giselle Ribaloff✍ Redacción 👉 Nicolás Rosales💻 Edición 👉 Fernando Tebele📷 Foto de Portada 👉 Natalia Bernades La referente de la CORREPI, María del Carmen Verdú, comenzó la charla haciendo una reflexión acerca del asilamiento social que nos toca vivir. “Desde que se profundizó la gravedad de esta situación de emergencia venimos diciendo, comunicado tras comunicado, que esta situación de aislamiento forzoso que tenemos que acatar, que tenemos que cumplir, tanto por razones sanitarias, porque aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, el tema del aislamiento social no es todo pero es un parte importante de la prevención de la difusión de la pandemia; y por otro lado, porque si no lo cumplimos terminamos en cana, con lo cual desde un punto de vista práctico, cotidiano, conviene hacerlo. A pesar de eso, lo que tenemos que evitar por todos los medios es que se interrumpa el fluir cotidiano de nuestra interacción social, de nuestra intervención en las organizaciones de las que formamos parte, en los grupos humanos: desde los vecinos y vecinas de un mismo edificio que se ponen de acuerdo para que, cuando uno tiene que salir a hacer las compras, de paso aporte lo que necesitan los demás y se repartan las bolsitas puerta a puerta. Absolutamente todas estas cuestiones solidarias, en algunos casos super elementales, fortalecen la única salida que tenemos desde nuestro lugar como parte del pueblo trabajador, que es no aislarnos más allá de lo físico”.Respecto a las cifras de las detenciones que se vienen sucediendo en las calles dijo. “Estamos jodidos con eso,Los primeros tres o cuatro días pudimos con bastante seriedad recabar datos precisos sobre la cantidad de detenciones en cada provincia y publicar la tablita última con las columnas. La primera publicación abarca los dos primeros días: viernes y sábado, tuvimos problemas gravísimos. Nos encontramos con provincias enteras en las que es imposible tener cifras globales. En otros casos, donde las propias autoridades te informan con una sistematización tan confusa que no podés hacer una discriminación por territorio, por ejemplo los informes más completos que hemos visto hasta el momento, que son los que emite el Ministerio de Seguridad hablan de la totalidad de personas detenidas por fuerzas federales, pero no te dicen donde las detuvieron. Entonces no sabés si es en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el conurbano, en el interior de la provincia, en otras provincias donde también intervienen las fuerzas federales. Entonces eso no nos permite armar el mapa”. Las cifras oficiales Pocas horas después de esta charla, la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dio cuenta de una cifra de “aprehensiones” de 42000 personas. En el diálogo con La Retaguardia, Verdú dijo: “Hay una gran confusión. Porque si uno lee los informes del Ministerio de Seguridad, se va a ver que hace dos días dijeron 896 personas detenidas, y 9621 identificadas y notificadas. En realidad, eso significa más de 10000 personas que fueron detenidas, es decir que ‘me paró la cana y no me puedo ir a mi casa porque me están diciendo quedate acá’. De ese universo, la enorme mayoría vuelve a sus casas sola o acompañada del personal policial con la orden de cumplir el aislamiento; en algunos casos extremo con consigna policial. El último dato que pudimos obtener es que en la Ciudad de Buenos Aires, hay mil seiscientos domicilios con consigna policial, porque se evaluó que había alguna violación del aislamiento, y que quedan notificados de que tienen una causa penal, en algunos casos federal, en otros ordinario. La federal, cuando es el artículo 205 que es la facilitación de la introducción o diseminación de un epidemia; en otros casos, justicia de ciudad con delitos ordinarios del Código Penal, el 239 que es el de desobediencia, como indica el DNU 297 que estableció el aislamiento obligatorio. Pero, por otro lado, tenemos un montón de detenciones por resistencia a la autoridad, el famoso caballito de batalla que se aplica cuando en la situación de la detención callejera el policía te pone una piña, entonces para justificarla dicen que vos atentaste contra ellos y les pegaste y tuvieron que utilizar la fuerza mínima y necesaria para frenar la resistencia”, aclaró.Además, dio algunas recomendaciones de cómo le conviene actuar a la ciudadanía frente a estas situaciones. “El sábado a la noche pude hablar con quienes estaban de turno en el equipo de asistencia a personas privadas de su libertad de la Ciudad de Buenos Aires buscando una persona detenida justamente. Tenían a 4 personas en alcaldía en ese momento, y las 4 actas eran idénticas: decían, ‘personal policial realizando tareas de patrullaje en el ámbito urbano, al acercarse el masculino irrumpió en insultos y agresiones, y fue necesario aplicar la fuerza mínima y necesaria para vencer su resistencia’, igual a causa por atentado y resistencia a la autoridad. Entonces, esto es lo mismo que sucede en la cotidianidad y hace años que venimos denunciando estas detenciones arbitrarias por portación de cara, por averiguación de antecedentes, o por normas contravencionales, que muchas veces escalan a la imputación penal por atentado y resistencia a la autoridad. Seamos ‘pillos’, no generemos la situación en que nos pueden pegar ese batacazo. Lo venimos diciendo históricamente hace más de 30 años, en el Manual del pequeño detenido,respecto al uso del lenguaje, la forma de contestar cuando estamos solos y no tenemos la posibilidad de que haya una relación de fuerza favorable, frente a cualquier situación de intersección policial en la vía pública , hoy multiplicada exponencialmente”, recomendó“Por un lado están las situaciones que son de flagrancia, aquellas personas que son interceptadas en la calle. Nosotros desde el primer día
La bala que mató a Rafael Nahuel y las armas que usaron los prefectos, en una cadena de custodia que dependía de Gendarmería y del poder judicial, se perdieron. Justo antes de un tercer peritaje. El extravío se extendió por menos de un día, el escándalo que implica se sostiene. Sobre eso escribió Paulo Giacobbe. (Por La Retaguardia)📝 Poesía: Paulo Giacobbe📷 Foto: Natalia Bernades No existen las balas perdidascuando una bala sale de un armano está perdida. El ojo de quien gatillóbuscó una mira. En el juicio a las juntasuno de ellos ya decía que no veíapersonasque veía blancos, objetivos, o algo asiapenas si recuerdo sus exactaspalabras de mierdapero era algo así. Fijar un blancodecía el muy poca cosaahora recuerdo. El ojo de quien gatillóes una escuela. No existen las balas perdidassalvo cuando van a juicio. La bala que mató por la espaldaa Rafael Nahuelse había perdidono pudo llegar a una pericia. Había salido a paseara recorrer oficinascajones de juzgadossobres con cositascon cositascositas. Este es un caso realde bala perdidala que mató por la espaldaa Rafael Nahuel. Por eso todoslos veinticinco de cada mesen el monumentoa desmonumentardel genocida rocase pide justiciapor Rafael Nahuel. Y Rafita eternoen las fotos que vemosque circulan por las redesnos pregunta¿hasta cuándo?