represion
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María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, se reunió con la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para dialogar sobre los reclamos que la organización mantiene y publicó hace algunos días. Verdú contó en La Retaguardia que el encuentro fue ameno y cordial y sirvió para puntualizar algunas cuestiones que la Coordinadora exige al Estado en materia represiva. (Por La Retaguardia) Hace algunos días sonó el teléfono en las oficinas de la Coordinara contra la Represión Policial e Institucional. Llamaban del Ministerio de Seguridad de la Nación para pactar una reunión entre la Ministra Sabina Frederic y la titular de la organización, María del Carmen Verdú. El pasado viernes 13 de diciembre, la CORREPI había presentado su Informe de la Situación Represiva Nacional del 2019 y el nuevo gobierno reaccionó rápido: pidió una cita para dialogar sobre ese informe y sobre otras cuestiones y protocolos que había dejado el gobierno anterior, que fueron derogados rápidamente. Así fue como se concretó la reunión, el jueves 26 de diciembre, entre María del Carmen Verdú y la Ministra de Seguridad de la Nación: “Fue una sorpresa para nosotros. Nos llamaron hace unos días para ir a hablar con la Ministra Frederic. CORREPI es una organización independiente que tiene una línea de intervención desde las calles y la denuncia pública. Jamás interviene en espacios de poder con ningún gobierno, porque definimos a los gobiernos como el administrador de turno de la política represiva del Estado. Tampoco nos negamos a intercambiar información, contestar lo que se nos pregunta o preguntar lo que necesitamos que sea contestado. Nosotros y nosotras veníamos señalando hace tiempo que había una serie de medidas que debían ser tomadas de manera urgente por el gobierno que asumiera la gestión del Estado Nacional a partir del 10 de diciembre pasado. Concurrimos hoy (por el jueves) a las 17. Fue una reunión en la que estuvo ella con tres asesores y mi compañero Ismael Jalil y yo. En un ámbito absolutamente cordial le desarrollamos los cinco puntos sobre los que pedíamos la derogación, los protocolos establecidos por el gobierno anterior (la resolución 956 –aprobaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales-, el Servicio Cívico Voluntario en Valores, el uso del hotel de Chapadmalal para Gendarmería, el uso de las pistolas táser, el programa de Ofensores en Trenes –permitía el control de documentación a cualquier persona para verificar si había cometido algún delito-). Entre el llamado para concertar la reunión y la reunión misma, estos 5 protocolos fueron derogados. Es un buen principio, no suficiente, pero sí necesario. Le desarrollamos también otros puntos, fundamentalmente todo lo vinculado con la cuestión de las detenciones arbitrarias, la cuestión de la situación carcelaria absolutamente extrema y cuestiones que quedan pendientes sobre la actuación de las fuerzas, los comandos unificados, la lógica bélica en la represión a manifestaciones, el uso de las armas reglamentarias con bala en recámara y sin seguro”, aseguró la titular de CORREPI que manifestó la sorpresa de la Ministra al enterarse de esta modalidad de uso de las armas de la Policías, listas para disparar en cualquier momento: “Fue un intercambio muy fluido, muy ameno. La Ministra no conocía esta situación del arma en condición de disparo inmediato. Tomaron nota de nuestras exigencias. Le dejamos una copia del (Informe) Antirrepresivo y les hicimos conocer nuestra disposición de continuar con este intercambio de información sin intervenir en ningún ámbito de colaboración ni cooperación con los organismos estatales, como es nuestra política”, remarcó Verdú.Desde CORREPI se mostraron al menos esperanzados en que la situación represiva y la violencia institucional cambien para mejor, y los casos de gatillo fácil o las represiones disminuyan: “Si esos reclamos que dejamos se cumplen, nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios van a estar en muchísimas mejores condiciones. Vamos a estar todos en mejores condiciones si, por ejemplo, dejamos de ver policías en las movilizaciones, si se logra evitar que el propio Ministerio de Seguridad provea de defensa gratuita y calificada a los policías, a los gendarmes, a los prefectos en causas de gatillo fácil o de muerte en las torturas”, manifestó la abogada en diálogo con Fernando Tebele en La Retaguardia.Por último, Verdú repasó algunas de las estadísticas que se incrementaron notablemente en estos últimos 4 años de gobierno macrista. Contó, también, que desde el Ministerio pidieron acceso al Archivo de CORREPI para iniciar su propia investigación sobre violencia represiva e institucional: “En 4 años, pasamos de 1 muerte cada 28 horas a una muerte cada 18.81. Volver a donde estábamos en diciembre de 2015 cuando menos es un avance. Una de las asesoras está destinada a la parte de estadística. Nos pidió acceso al archivo, que está publicado en nuestra página web. Quieren chequear los casos de las fuerzas federales, no con el ánimo de discutirlos o bastardearlos como intentó hacer la ex Ministra Bullrich, sino para poder hacer su propia investigación interna”, cerró la titular de CORREPI.
En horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Al tiempo que el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación, visitó en el hospital a un policía herido, supuestamente, durante las manifestaciones. La política mendocina actúa con el temor del efecto chileno. (Por Eduardo Latino para La Retaguardia)La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, pero la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos, y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día. La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominar “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo, la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el que trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión, y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que, según una fuente allegada a la senadora que se manifestaba en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”. La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y también muestra una soberbia sorda desde la gobernación, que está poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto de que la gobernabilidad se pone en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “no hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica. Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta”. Desde horas de la mañana, Alvear se volvió a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.
El 5 de diciembre las y los diputados chubutenses votaron a favor de reformar la ley que prohíbe la megaminería en la provincia. Diferentes asambleas que se oponen se manifestaron y sufrieron represión y detenciones. Las 6 personas detenidas fueron imputadas. Además recibieron amenazas, golpes y persecuciones. Fabiana Cartolano, docente y militante contra la megaminería e integrante de la Asamblea de vecinos de Rawson y Playa Unión, dialogó con Carlos Morchio, Graciela Carballo y Nicolás Rosales en el Programa Tengo una Idea para brindar más detalles de la situación y la lucha sostenida por la comunidad a favor del medio ambiente. (Por La Retaguardia) Foto: Los detenidos luego de la audiencia pública donde se los imputó. En la imagen faltan los hermanos Leonardo y Noelia Silva (Aníbal Aguaisol) La lucha contra la minería a cielo abierto en la provincia patagónica de Chubut supo tener una victoria en noviembre del año 2014. Se logró por ley la prohibición del método no convencional tras una épica y valiosa iniciativa popular. Un hecho histórico en el país. Sin embargo, el ámbito legislativo de esa provincia ha sido históricamente un espacio hostil entre aquellos funcionarios políticos pro mineros y aquellas personas organizadas en muchas y diversas asambleas que se oponen y continúan resistiendo. El lobby minero dentro de la legislatura es un hecho. Entre el 2015 y el 2019 se iniciaron tratativas para rezonificar terrenos disponibles para la utilización minera, e insistir con introducir el resistido método explotación. La vigilia La asambleísta Fabiana Cartolano detalló lo ocurrido el martes pasado: “Sucedió que a finales de octubre, principios de noviembre, se empezó a escuchar el rumor de un proyecto minero que venía de la mano del señor Jerónimo García (diputado del partido Chubut Somos Todos, fundado por ex gobernador Das Neves). Nosotros hace mucho tiempo que hacemos vigilias dentro de la Legislatura. La Asamblea de Rawson y Playa Unión a la que pertenezco lo viene haciendo hace 8 años. Todos los martes y jueves cada 15 días entramos a la Legislatura: escuchamos toda la sesión, revisamos la orden del día, pedimos las minutas. Es un trabajo minucioso y agotador de un grupo de vecinos. En el final de la primera gestión de Mariano Arcioni (actual gobernador y ahora reelecto en Chubut por el partido Chubut Somos Todos) se escuchó que querían desarmar algunos ministerios para armar otros. Que desaparezca el de Medio Ambiente y que aparezca el Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Nunca pudimos acceder a este proyecto”.Acerca de la votación para reformar la ley, Cartolano contó: El jueves 5 diciembre se hizo una sesión con la Legislatura vallada. Algunos diputados pidieron que no accedieran ciertos asambleístas porque en alguna ocasión hemos hecho un comentario en la sesión y ellos se sintieron interrumpidos. Así nos prohibieron la entrada. Estuvimos haciendo la vigilia afuera, con mucho frío y viento. Hicimos el aguante, ya estamos acostumbrados a meterle el cuerpo a esta lucha. Supimos que el proyecto lo iban a meter ahí o lo iban a patear para los próximos que vengan, ya que la mayoría de los diputados pertenecen a Chubut Somos Todos y casi todos son pro mineros. Igualmente generamos una vigilia grande afuera. Estuvo presente todo el valle chubutense: Gaiman, Trelew, Dolavón, 28 de Julio, Playa Unión, Puerto Madryn y algunos compañeros de la meseta y de la comarca, es decir casi la totalidad de las asambleas más los vecinos, los docentes, muchas personas durante todo el día. Hicimos una choripaneada, una pintada en la calle donde pusimos ‘No es No’. Todo con mucho respeto, así son luchas del pueblo, familiares”. Toma del recinto, bronca acumulada “Empezó a correr el rumor que adentro no había quórum, que habían volado un par de trompadas entre algunos diputados, circularon dos avisos de que se iba a dar de baja la sesión hasta que dieron sesión a las nueve y media de la noche. Dejaron entrar solo a dos compañeras nuestras y a otras dos de pueblos originarios porque iban a tocar un tema relacionado. Desde adentro nos empiezan a avisar que a partir del punto 10 empezaron aprobar proyectos a lo pavote. No podíamos entender como lo hacían sin leer siquiera. Se hicieron las 0:30 y queríamos interrumpir la sesión y no sabíamos cómo hacerlo. Hasta que encontramos una puerta de acceso y tomamos el recinto. Un grupo de 20 personas subimos a un palco. Hicimos cánticos muy fuertes para interrumpir y que no puedan aprobar el punto de cambios de ministerios. Los diputados se retiraron unos minutos y cuando volvieron, tomó la palabra el diputado Gustavo Fita del FPV (Frente Para La Victoria) y dijo que para nombrar la palabra innombrable la iban a sacar, o sea que se iba a llamar Ministerio de Hidrocarburos. Ente gritos y abucheos nuestros, la sesión continuó como si fuese un acto de sordos y mudos entre ellos. Levantaron la mano y aprobaron el proyecto”, denunció la asambleísta. El momento de la detención de Leonardo Silva. La represión, detenciones y amenazasLas y los diputados tuvieron que salir del recinto siendo protegidos por la policía, huyendo en sus vehículos particulares. “Salimos todos del recinto para interpelarlos cuando salieran con sus autos como siempre lo hacemos. Teníamos mucha bronca porque terminaron entregando la provincia después de muchísimo tiempo. Cuando salió Jerónimo García custodiado por unos 50 policías para llevarlo hasta un móvil de la fuerza, despertó más bronca”, contó Fabiana. Y continuó: “Se desbandó todo, entre forcejeos y empujones de policías, empezaron a volar compañeros para todos lados, algunos cayeron al piso. Ahí empezó una cacería. Yo caigo presa por querer defender a un compañero que lo estaban arrastrando de su pelo. Conmigo ejercieron la misma fuerza, me arrancaron el pelo. Nos metieron presos a 3 mujeres y 3 varones”.Se supo que las y los asambleístas detenidos fueron Fabiana Cartolano, Jairo Epulef, Noelia Silva, Leonardo Silva, Roberta Gogorza y Juan Salvador. Liberados tras prestar declaración en los tribunales de Rawson, acusados de agredir a la policía provincial.En relación a esto Fabiana
El viernes 13 de diciembre, en Plaza de Mayo, CORREPI presentará su habitual informe represivo anual. Esta vez contiene un plus: se trata del último bajo la gestión de Mauricio Macri. En el programa Hora Libre, Matías Bregante, Natacha Bianchi y Rodrigo Ferreiro dialogaron con María del Carmen Verdú. (Por La Retaguardia) Fotos: Página oficial CORREPI Falta una semana para el informe, aún. Y, al momento de la entrevista, tres días más de gobierno de Mauricio Macri. 72 horas que, si se hace una proyección, pueden incrementar aún mucho más el alarmante número de víctimas de represión estatal que el macrismo tiene en su haber. Macri está haciendo las valijas, claro. Pero su policía y el marco legal que la ampara quedan. -La Retaguardia: Se va Macri. -Carmen Verdú: Sí, es algo que hay que festejar desde un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana, ya que somos parte de la clase trabajadora. Pero hay tres cosas que señalar. Por un lado, se van con el cuarenta por ciento del electorado, más el ocho y pico de lo que está a su derecha, y además se quedan en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, en Entre Ríos, en Mar del Plata, en La Plata, con recambios en algunos casos preocupantes, los marplatenses tienen por ejemplo como Intendente al ex Fiscal y Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Guillermo Montenegro, uno de los artífices de la Policía Metropolitana. Pero además nos queda una transformación estructural no solo de lo operativo sino de lo normativo en términos represivos. La legislación penal y contravencional, en todo el país, y una enorme cantidad de protocolos específicos, como la 956 que normativiza la doctrina Chocobar, que autoriza a disparar por la espalda aunque se esté desarmado, y que Alberto Fernández dijo que va a anular, es una, pero no es la única. No alcanza, entonces, con modificar una sola cosa. Por eso uno de los ejes del informe que vamos a presentar el viernes 13 de diciembre en Plaza de Mayo va a ser, por un lado, el balance del gobierno más represor desde la dictadura para acá. De eso no hay dudas. Luego, los datos concretos, que son terribles. Y en tercer lugar esa agenda pendiente y necesaria donde tienen que ser revisadas y modificadas todas las medidas, aunque sea para resolver lo sucedido en estos cuatro años, que no soluciona el problema de fondo, claro, pero permite frenar el avance significativo de lo represivo durante el macrismo.-LR: ¿Podés adelantar un número? -CV: Tenemos casi siete mil cien personas asesinadas por la policía en circunstancias donde no había que matar. Esto incluye gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, asesinatos en protestas, etcétera. De ese total, el 26 por ciento fueron asesinados y asesinadas durante los últimos cuatro años. Es una cifra altísima, pensemos que el kirchnerismo tuvo en doce años un veinte por ciento del total. -LR: ¿Ustedes utilizan los mismos parámetros de medición desde siempre? -CV: Sí, no hicimos cambios estructurales, y cuando hemos incorporado alguna categoría nueva lo hemos hecho hacia atrás, por ejemplo cuando comenzamos a contar los casos de la seguridad privada. Lo que sí siempre advertimos es que hay una franja entre diciembre de 1983 y 1996 donde tenemos información insuficiente porque la búsqueda sistemática la empezamos a hacer a partir del `96, entonces el registro anterior se basa fundamentalmente en casos que aparecieron en medios de comunicación. -LR: Han comenzado a recabar datos para luego entrecruzar las variables violencia de género y fuerzas de seguridad. ¿Con qué se encontraron? -CV: Bueno, por un lado, la mayoría de los casos de gatillo fácil tiene como víctimas a varones jóvenes y pobres. Esto es fácil de comprender, ya que se trata de pibes de los barrios populares que, en gran medida, son asesinados en la calle. A eso, claro, hay que sumarle la represión intramuros, y en la población carcelaria hay muchos más varones que mujeres. Ahora bien, también hay mujeres. Y a partir de la ola del Ni Una Menos comenzamos a tomar el universo de crímenes de mujeres, travestis y trans, y a desglosarlos. Y allí nos encontrábamos que la enorme mayoría de los casos correspondían a femicidios de uniforme. Es decir si haces la separación entre víctimas varones y víctimas mujeres, travestis y trans, tenés en el primer caso el gatillo fácil y las muertes en lugares de detención como las causas principales y en menor medida la violencia intrafamiliar, pero en el caso de las mujeres se invierte la proporción y la enorme mayoría son intrafamiliares y tienen características de femicidio, la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer y además se suma que el femicida es un integrante de las fuerzas de seguridad que usa, casi siempre, el arma reglamentaria. A partir de esa constatación, que no modifica los datos porque estaban contados desde siempre, se nos ocurrió cruzar estas cifras con las de las organizaciones que registran los archivos de femicidios. Es decir los casos de femicidios en general. Y ahí el porcentaje es altísimo. Un veinte por ciento de los casos de femicidio son realizados por varones pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Una de cada cinco mujeres víctimas de femicidio es asesinada por alguien vinculado a las fuerzas represivas del Estado. -LR: ¿Qué análisis hacés del rol de Bullrich y cómo se revierte esto? -CV: Patricia Bullrich tuvo durante el actual gobierno, que está afortunadamente yéndose, el rol de vocera de una política de gobierno. Fue ella la que nos dijo que la versión de las fuerzas es la verdad siempre, que no iba a tirar a un gendarme por la ventana, que disparar o no por la espalda era un detalle. Pero no es la responsable exclusiva, es todo el gobierno. El que recibió a Chocobar y le dijo héroe fue Mauricio Macri, y en la misma línea intervinieron Marcos Peña, Gabriela Michetti cuando nos dijo que en caso
Lo dijo el fotógrafo y comunicador social Rolando Andrade, apenas regresó de Bolivia, desde donde tuvo que -literalmente- escapar. Fue invitado a Radio La Retaguardia y relató su periplo: las fotos de la represión, el desprecio por los pueblos originarios, el cerco mediático y las amenazas que recibió durante su estadía en La Paz, una ciudad militarizada. Andrade se metió en medio del conflicto y evidenció como pocos la violencia desmedida con la que se maneja el golpe de Estado en Bolivia. (Por La Retaguardia)Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi (Estas fotos están protegidas por la Ley 11723 y el autor prohíbe su uso en medios de comunicación comerciales) Rolando Andrade, más conocido como Rolo, sacó en Bolivia muchas de las fotos que La Retaguardia y otros portales de comunicación autogestivos utilizaron en sus notas para graficar la represión y la violencia que se vive allí. Andrade trabaja en Clarín/Agea como reportero gráfico, pero no viajó enviado por el multimedio sino por su condición de comunicador popular y no permitió que su material sea utilizado por los medios hegemónicos. El fotógrafo estuvo en La Paz durante la represión al cortejo fúnebre que bajaba desde El Alto para manifestarse frente a la Casa de Gobierno: “Llegué el 20 de noviembre. El 21 fue la marcha con el cortejo fúnebre para mostrar los muertos a la autoproclamada presidente (Jeanine) Áñez. Ellos hicieron como 30 km desde El Alto hasta la capital, La Paz. Su intención era llegar hasta Murillo, donde se encuentra la Plaza de Gobierno. Solo pudieron llegar hasta la plaza San Francisco, que está como a 5 cuadras de allí. La manifestación era pacífica. La Policía y el Ejército no querían que siguieran avanzando y comenzaron a disparar gases lacrimógenos y balas de goma a discreción, sin ver que había niños, ancianas, ancianos y familias completas. La gente de La Paz se dio cuenta que es un golpe de estado. La propia población se dio cuenta que ha sido una usurpación del estado de derecho. A pesar de que los medios de comunicación ocultan al 100% la realidad, el pueblo paceño le daba agua y comida a la gente que venía bajando desde la mañana del Alto. Cuando llegaron fueron reprimidos. En mi vida había visto que pudieran reprimir cuando llevaban a los muertos en los hombros. Me pareció muy impactante cuando hice las fotos. Era en la mitad de los tiros y los gases. Tenía una máscara, unas antiparras y un casco”, contó Rolo en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. El fotógrafo hizo un análisis sobre la ferocidad e impunidad que retrató en sus fotos y contó acerca de las maniobras que realizaron desde el gobierno de facto para impedir la comunicación entre quienes se manifiestan y quienes pretenden contar esas marchas: “Están haciendo golpes militares y policiales en todo el continente. Hay que ser precavidos con esa violencia que se ejerce contra el pueblo. Las fuerzas policiales y las fuerzas militares no tienen un freno. Cuando les dan la orden de reprimir entran con los tanques. Sentí que estaba de vuelta en los ’70. Ver tantos tanques, tantos militares en la calle, en los espacios públicos… Están limitando el internet en los espacios públicos. La población se preocupa porque le han sacado hasta el derecho de estar comunicados con las familias. Eso me causó un poco de terror, porque cuando llegué al aeropuerto estaba rodeado de militares y no me podía comunicar con la persona que venía a buscarme. La población ha sido convencida de que los extranjeros vamos a molestar en su reconstrucción. Ellos dicen que están en paz, que allá está todo tranquilo”, explicó.Para Rolo, la saña más grande es para con los bolivianos pertenecientes a los pueblos originarios y la estrategia de la dictadura boliviana es mantener al margen del conflicto al resto de los y las ciudadanas: “La población estaba dolida por los 10 muertos. La represión tan fuerte de ese día fue para dar un mensaje a la gente de La Paz: no se metan, el problema es con ellos no con ustedes. La mayoría de la población quiere que se vaya Áñez. No la quieren. La consideran una asesina. Tiene más de 34 muertos y muchos desaparecidos. Eso me hizo acordar a las Madres de Plaza de Mayo”, retrató el fotógrafo. Andrade contó sus sensaciones mientras retrataba la represión y ejercía su rol de comunicador. Habló del cerco mediático que existe en Bolivia y de la desesperación del pueblo en busca de ayuda y difusión: “La gente me rogaba que las grabara. Me querían mostrar las heridas. Era una necesidad de ser escuchados. Decían que necesitaban a la prensa internacional porque la local mentía, decía que entre ellos se mataban. La prensa local está en otro canal, no está en el conflicto. Consideran que es una guerra, pero ellos no tienen armas. Solo tienen una wiphala. Era desgarrador lo que pasaba. Tienen en claro que el gobierno no los quiere. Consideran que es una dictadura cívico-militar y policial. Todavía tienen la negación de decir que es religiosa. Eso es lo que más me impactó. Que esté Dios presente, que bendiga las armas, me traía mucho dolor”, dijo a La Retaguardia. Los medios en Bolivia no solo se cierran para adentro sino que también pretenden expulsar a cualquier periodista extranjero que vaya a la región a contar del golpe de Estado que está viviendo el país. Rolo contó las amenazas que sufrió por parte de reconocidos empresarios mediáticos bolivianos en medio de una asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y acerca del plan de escape que tuvo que realizar para salir ileso del lugar en donde se encontraba: “Me dijeron que me tenía que ir del hotel. Me prepotearon e intimidaron. Amalia Pando, que vendría a ser como la Magdalena Ruiz Guiñazú de Bolivia, me dijo que yo era un infiltrado, un terrorista y un comunista. Yo soy un periodista que trabaja en Clarín. Todo en el medio de una
Al tiempo que reprimían a quienes manifestaban en la calle, se aprobó ayer en la Legislatura porteña, en una sesión tensa, una ley que elimina derechos a las y los residentes y concurrentes de la salud, quienes trabajan en los hospitales públicos de la CABA. La ley modifica y precariza aún más sus condiciones laborales. La Retaguardia estuvo en el recinto y también acompañando la manifestación reprimida. Compartimos una crónica de la jornada. Al momento de la publicación de esta nota, se produce otra gran protesta en el obelisco. (Por Luis Angío y Daniela Cormick para La Retaguardia) ☝ Foto de portada: ayer en el recinto, trabajadoras/es protestando contra la ley que finalmente se aprobó 📷 👉 Luis Angió Desde las 8 de la mañana, grupos de jóvenes de trabajadoras y trabajadores de la salud, “profesionales en formación” como les gusta decir despectivamente a quienes les niegan sus derechos, se comenzaron a reunir en las puertas de la Legislatura para una jornada de lucha que sabían sería larga e intensa. La convocatoria de la Asamblea de Residentes y Concurrentes fue una decisión colectiva y con autonomía de los gremios del sector, que en algunos casos tuvieron que plegarse después, y en otros hicieron oídos sordos a los pedidos de apoyo (centralmente, Médicos Municipales).Entre las 9 y 10 horas, toda la cuadra estaba repleta de personas movilizadas. Portaban carteles y elementos de percusión, banderas -algunas improvisadas en el lugar- y todo tipo de recursos para visibilizar su protesta a puro canto. Mientras tanto, la responsable del sistema de residencias y concurrencias, directora general de Docencia, investigación y desarrollo profesional del Ministerio de Salud, María Laura Antonietti, presidía una jornada donde se celebraba la vinculación del Estado con empresas y proyectos privados en investigación.Dada la masividad de la presencia de trabajadoras y trabajadores de los distintos hospitales y centros de salud del sistema público de CABA, y siempre de modo asambleario, decidieron cortar en forma intermitente la Avenida Diagonal Sur, sin dejar de tener presencia en la puerta de Legislatura. La guardia esperando el tratamiento del proyecto de Ley se prolongó con mates compartidos y una multitud sentada en calles y veredas, mientras esperaban una posible postergación. Más tarde, la decisión de tratar la ley llevó a cortar Avenida de Mayo y a marchar de regreso al lugar donde se votaría un proyecto. Se desconocía el texto del proyecto final, pera nadie esperaba que les beneficiara. Después de la represión y la aprobación de la ley en la jornada de ayer, este viernes, trabajadoras y trabajadores de la salud salen a la calle para protestar 📷 Gentileza de Victoria Robledo Luego de las 13 horas, dentro del recinto ya se encontraban más de 30 trabajadoras/es de la salud manifestando su rechazo al proyecto de ley que pocos minutos después se aprobaría. Quienes ingresaron fueron representantes de cada uno de los hospitales, definidos por la Asamblea, y el colectivo de residentes y concurrentes.Afuera, más de 1500 Residentes y concurrentes se manifestaban marchando desde la Plaza de Mayo hacia la puerta de la Legislatura sobre la calle Perú al 100, por la Diagonal Sur, allí donde se erige todavía el monumento al General Roca, represor y asesino de miles de habitantes de los pueblos originarios.Adentro, comenzó el miembro informante del oficialismo, José Luis Acevedo, Presidente de la Comisión de Salud, quien fundamentó las “bondades” de este proyecto de ley que se gestó entre bambalinas, sin que los demás bloques tuvieran tiempo de analizarlo y mucho menos debatirlo. Sólo 16 días para tratar un proyecto que afecta a más de 3000 trabajadores de la salud, que ni siquiera tuvieron la posibilidad de analizarlo y debatirlo. La misma dinámica/as. Los objetivos parecen claros: precarizacion, flexibilización y fragmentación del colectivo de trabajadores y trabajadoras de la salud. Escena que remite al año pasado cuando se aprobó la Ley de carrera de profesionales de la salud, aprobada del mismo modo un año atrás.Luego fue el turno del diputado de Autodeterminación y Libertad (AyL), Fernando Vilardo, quien argumentó por qué su bloque votaría en contra de ese proyecto.Gabriel Solano, del FIT, comentó el diálogo que tuvo en la Comisión de Salud con la Ministra del área, Ana María Bou Perez. Según comentó Solano, la ministra le comentó que “las y los residentes y concurrentes no hacen guardias”, lo que motivó que quienes estaban en las gradas repudiaran esas manifestaciones. Solano además contó que invitó a la ministra a que recorrieran juntos los treinta y cuatro hospitales públicos para corroborar sus dichos, y que si se encontraba con alguno de ellos haciendo guardia, le solicitaba que renunciara.Miientras hablaba el legislador de la izquierda, en el recinto comenzó a conocerse que algunas y algunos de los manifestantes querían ingresar y la seguridad de la legislatura se lo impedía, con el auxilio de la Policía de Ciudad. Allí se desató la represión con gases lacrimógenos, gas pimienta y palazos. Solano interrumpió su intervención para pedir una moción de orden y suspender momentaneamente la sesión para acercarse a las puertas de la legislatura y verificar las agresiones que ya habían comenzado.El Presidente de la Legislatura puso a consideración esa moción que fue rechazada por amplia mayoría. La sesión continuó con los miembros del oficialismo en el recinto y unos pocos aliados. Sólo quedaba a esa altura Laura Marrone, también del FIT, que estaba en el uso de la palabra. Luego de su intervención, la legisladora se sumó al grupo que salió a la calle.Sin más oradores en el recinto, y mientras en la calle seguía la represión a los manifestantes y las y los legisladores querían volver al recinto para seguir la sesión, la seguridad de la legislatura y la Policía de la Ciudad le impidieron la entrada. Su puso a consideración el proyecto que las y los residentes y concurrentes en el recinto repudiaban a los gritos. El proyecto votado, se comentaba en los pasillos y también afuera, habría sido el más regresivo de los que habían circulado. En ese momento era
A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, en la movilización que exigía su aparición con vida se produjo una represión con 31 detenidos, entre ellos dos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, patrocinados legalmente por la CORREPI. La causa tuvo idas y vueltas con procesamientos, desprocesamientos y ahora están finalmente sobreseídos. María del Carmen Verdú dialogó al respecto en el programa La Retaguardia con Fernando Tebele. Ezequiel Medone, uno de los sobreseídos, habló con Matías Bregante en el programa Hora Libre. (Por La Retaguardia) María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI, caracterizó la represión del 1 de septiembre de 2017 en el contexto de las políticas impulsadas por la gestión de Cambiemos: “Esa represión fue el debut de lo que llamamos Estado de excepción no declarado formalmente del gobierno de Cambiemos en Argentina. Causas dirigidas por jueces federales contra manifestantes detenidos y detenidas al voleo o muy selectivamente cuando se trataba de quienes estaban registrando como trabajadores de prensa formales o activistas que tomaban imágenes con sus celulares. Más de un tercio de las personas detenidas ese día estaban sacando fotos en ese momento. Hubo cuatro trabajadores de prensa detenidos, dos de la RNMA, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone”, puntualizó. “Como todos los demás, el juez Martínez de Giorgi, unos días después de la detención tomó las indagatorias. Hubo procesamiento de todos y todas por intimidación pública, resistencia a la autoridad y en algunos casos por lesiones, porque el juez hablaba de 14 policías lastimados. En Cámara logramos demostrar foto por foto, armamos una suerte de cooperación con el análisis de las imágenes para un trabajo detectivesco sobre 60 horas de grabaciones de televisión, redes sociales, cámaras de seguridad, etc., para encontrar los momentos de las 31 detenciones y reconstruir en qué circunstancias se habían dado. Hicimos ese trabajo. Logramos convencer a los jueces de Cámara de que no había elementos para afirmar que había habido un complot para aterrorizar, intimidar o amedrentar a grandes cantidades de personas. Logramos demostrar que la gente no se conocía entre sí, había quienes compartían teléfonos o contactos pero por ejemplo porque eran dos hermanas o porque se trataba de personas vinculadas a medios o a organizaciones de base. La Cámara decidió entonces dictar la falta de mérito, decir que nadie incurrió en intimidación pública, que está por verse lo de resistencia a la autoridad y hay que investigar un poco más, pero en el caso de los cuatro trabajadores de prensa, dijo que no hay razón para la detención y se ordenó el sobreseimiento”, recordó Verdú. Sin embargo, antes de llegar al sobreseimiento definitivo, “el fiscal Germán Moldes, rápido para los mandados, apeló diciendo que eran una horda de canallas facinerosos, revoltosos, subversivos, vestidos de fotógrafos, y Casación revocó el sobreseimiento de los compañeros con excepción de uno con el que ni siquiera había una imagen confusa. Arrancamos la audiencia diciendo que estábamos para decir lo mismo de hace dos años”, planteó Verdú.En el programa Hora Libre, Ezequiel Medone amplió la historia: “Ya era el segundo año de esta situación. Estábamos tranquilos de que no había fundamentos para estar de vuelta procesados, lo estábamos y eso preocupa, siempre preocupa cómo se va a expedir la Justicia. Fue por la coherencia de la Sala II que es la misma que nos había sobreseído previamente. Cuando nos detuvieron, desde que estábamos en el camión sabíamos que CORREPI estaba afuera y lo mismo con el SiPreBA, también Norita Cortiñas, hubo acompañamiento durante todo este tiempo, es de las cosas buenas que nos dejan estas situaciones”, recordó Medone sobre lo sucedido el día de la represión. “Esa marcha había sido enorme, habíamos estado cubriendo en Buenos Aires y en otras provincias. Venían creciendo las movilizaciones. Cuando terminó esta hubo agites en la valla y la policía salió a reprimir con todo y a llevarse la mayor cantidad de gente posible. En este contexto se dio una represión que duró dos horas y pico. A nosotros nos detuvieron en Avenida de Mayo y San José, casi Congreso, registrando. Estábamos haciendo una transmisión en vivo desde 9 de Julio y Avenida de Mayo, y fuimos retrocediendo para el lado del Congreso. En esa situación, adelante nuestro empezaron a detener a una compañera que estaba filmando, y nosotros y el resto de los periodistas que estaban ahí empezamos a decirle a la Policía que no se lo lleve, que estaban filmando”, recordó. “Un policía dice que recibió un codazo en Avenida de Mayo y San José, y al mismo tiempo las actas policiales dicen que nos detuvieron en Plaza de Mayo a las ocho de la noche tirando las vallas y los videos muestran que no. Esas incongruencias no hacen ruido y nos procesan igual, diciendo que generamos temor a nuestro alrededor, pero la gente de nuestro alrededor decía que no nos detengan, que estábamos filmando. Por un lado, te ponen una causa importante sin ninguna prueba, teníamos todo a favor, pero por otro lado llegamos hasta acá, podría llegarse a un juicio, pero afortunadamente no pasó”, celebró Medone.
En los cabildos, especies de asambleas porteñas del 2001, y en las barricadas, el hartazgo de la población chilena busca nuevas formas de reconstrucción de lazos sociales rotos desde el golpe de 1973 en adelante. Aquí otra crónica de lo que se palpa en las calles. (Por La Retaguardia y Radio Presente – Enviados especiales) Lunes otra vez sobre la ciudad, el primero sin estado de excepción desde que el presidente Piñera lo dictaminóDesde muy temprano hay actividades por la ciudad y el país entero. Cabildos y ollas populares constantes donde la gente se va organizando, coordinando actividades, compartiendo la comida con las personas en situación de calle, preparando actividades de primeros auxilios y miles de emergencias más.Al mediodía de ayer agrupaciones de Derechos Humanos se convocaron pacíficamente frente al palacio de tribunales, vestidos de negro, para honrar, denunciar y pedir justicia por todas las víctimas de estas trágicas semanas. Participó Sergio Micco, Presidente de Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, organismo que viene realizando una labor fundamental en estos días. Referentes de todo tipo y hasta la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.Las miradas son profundas e inabarcables, la mayoría no refleja miedo, pero la angustia y el dolor se palpan, junto con la tenacidad y la alegría. Pasado el mediodía jóvenes secundarios, universitarios y familias comienzan a aglomerarse en Plaza Italia, todo transcurre en paz. Hay grupos con redoblantes y bombos, muchas personas con sus ollas que llevan en la mochila todo el día y sacan para golpear apenas tienen la oportunidad. Sobre el monumento de la plaza, gente con banderas que no deja de cantar y saltar. Debajo, está la estación Baquedano, que cuenta con una Comisaría que aloja a policías que repliegan con gases y postas a los manifestantes que quieren acercarse.Las consignas siguen siendo las mismas, la gente quiere estar en la calle con sus reclamos porque está cansada de vivir de ese modo. Luego de las 16 horas, la gente ya comienza a contarse de a miles en los alrededores de La Moneda, edificio histórico y central al cual nadie se puede acercar.Son cuadras, múltiples manzanas que no llegamos a ver. Están enojados. Gritan, cantan, a pesar de los gases que empiezan a dibujar el cielo. Se dificulta respirar,, el miedo y el peligro se hacen constantes, pero la solidaridad y la organización de la gente no tiene precedentes. Muchas personas tienen botellas, rociador con agua y bicarbonato que van tirándole en la cara a los que han sido heridos y gaseados.La gente se siente unida y cambiaron la mentalidad del consumo y la competencia por el amor y el compañerismo. Las situaciones que se viven son inexplicables, y mientras corremos con temor muchos periodistas coinciden: “No sabemos cómo narrar esto”.Ruidos y sirenas comienzan a desplazar a la gente del Paseo Bulnes y se repliegan por las calles paralelas mientras que al mismo tiempo en Plaza Italia siguen miles de personas manifestándose. Los bomberos realizan por toda la ciudad un intenso trabajo para apagar los incendios y se ve un gran operativo por la Alameda.Ya es de noche y el peligro se acentúa, el caos de la ciudad no permite saber cómo la gente regresará a su casa, porque no todos los transportes están habilitados. Pasadas las 22.30 sigue habiendo personas que caminan y corren para todos lados, escapando por miedo o intentando llegar a su casa, nadie se quiere quedar solo. Ambulancias y móviles recorren la ciudad intentando ordenarla, para que pueda comenzar el otro día con “normalidad”, cuestión imposible en un país donde todo se modifica minuto a minuto. Hoy hay nuevas convocatorias por todo el país y todas las organización siguen reuniéndose, el paro general de mañana parece inminente.Se seguirán sucediendo hechos sin la observación de la ONU, que suspendió sin explicaciones claras su visita a Chile. Solos y sin protección internacional, el pueblo no planea abandonar las calles.
Ayer se realizó en el Parque O’Higgins de Santiago de Chile, otra multitudinaria concentración. Esta vez fue un festival que tomó el nombre de la canción de Víctor Jara que se convirtió en una de las consignas principales del movimiento que permanece en las calles de todo Chile. Compartimos fotos y una crónica de otra jornada de lucha y represión. (Por La Retaguardia y Radio Presente – Enviados especiales) Desde hace días, Chile se ve inmerso en la mayor crisis política y social de las últimas tres décadas: “No son 30 pesos, son 30 años”, vienen clamando.Luego de varios días de represión brutal con personas muertas, torturadas, desaparecidas, abusos y violaciones constatadas y denunciadas por el Instituto Nacional del Derechos Humanos de Chile, el pueblo chileno se convirtió en un perfecto trapecista que limita constantemente entre la angustia y el dolor de lo que viven, y el coraje y la alegría por lo que están haciendo.Sostienen que han perdido el miedo y se viven contagiando alegría y fuerza.Esto logró visualizarse en la jornada “El derecho de vivir en paz”; esta canción de Víctor Jara que marca rumbo hasta hoy. Participaron más de ciento veinte organizaciones, referentes sociales y miles de personas, que se reunieron en el parque O´Higgins, no en cualquier día, sino dos días después de haber sido más de un millón de personas en las calles hacia Plaza Italia.Bandas históricas de Chile, que han pasado los peores momentos, como Illapu; y otras más jóvenes pero siempre presentes, como Los Prisioneros y Moral Distraída; fueron pasando y mostrando, no sólo su apoyo, sino su alegría con los reclamos que se llevan adelante.Los testimonios de todas las personas participantes coinciden: buscan la unión y la paz. Piden que la policía y los militares dejen de reprimir y perseguir estudiantes. Que se haga justicia por los caídos, se esclarezcan todos los crímenes y haya responsables políticos.Van por la Asamblea Constituyente y se escucha el mismo grito del alma que recorrió tantas veces estas calles santiaguina:“El pueblo unido jamás será vencido”. Los conductores leen las palabras en común que recorren lo que señalamos y todos los puntos que el pueblo considera necesarios y obligatorios para una vida digna.Piden que no dejen de estar en la calles, que tengan fuerza y que sigan organizados en los Cabildos. Estas son las formas de organización que tienen los chilenos en cada barrio. Divididos por profesiones, se juntan a debatir y crear resoluciones para enfrentar el hoy y definitivamente para saber el tiempo que viene mañana. Ollas populares, sindicatos, colectivos de todo tipo y color, están en trabajo permanente, alertas, cansados, pero envueltos en una energía arrolladora. Se saben portadores de la verdad. Tal vez por eso hayan censurado las redes sociales y exista un trabajo permanente por ocultar lo que aquí sucede. Se saben responsables sujetos de derechos luchando por ellos.La jornada en el Parque ha sido necesaria y reconfortante para gran parte del pueblo chileno que se fue en calma, sin ningún problema. En la tarde, mientras tanto, una manifestación especial sucedió en Plaza Italia: cientos se ciclistas de autoconvocaron simplemente para dar vueltas a la plazoleta.Mientras los camiones hidrantes mojaban y trataban de dispersar a los manifestantes, éstos los eludían de manera creativa y seguían firmes en su objetivo.Los gases lacrimógenos se respiran en el aire y el camión va soltándolos en cada vuelta. Como en todo el mundo, la presencia del Estado altera a quienes se manifestan, que sólo quieren expresarse libremente. La intensidad va subiendo y aparecen carabineros corriendo a algunos manifestantes. El gas inunda el aire y cuesta respirar, la gente se dispersa, pero los ciclistas cumplieron su objetivo. En Valparaíso, una de las marchas más históricas para los porteños recorre la costanera, con gente de Viña del Mar, Villa Alemana y todas las poblaciones aledañas. Cientos de miles de personas caminan con total tranquilidad, luchando por sus derechos y su futuro. El resultado también fue la represión y, según denunció el propio alcalde Jorge Sharp, reprimieron indiscriminadamente a personas adultas, niños y niñas, sin distinción, como viene pasando en todas partes. El panorama general del país es esta escena que se vuelve a repetir por todas partes.No sabemos si lo peor ya pasó, pero la gente busca difundir a cualquier costo lo que aquí se está censurando. Este domingo llega la misión de derechos humanos de la ONU y la propia ex presidenta, Michelle Bachelet, será la encargada de registrar y -suponemos- condenar todas las violaciones a los derechos humanos denunciadas por el mundo entero, para que dejen de suceder. Mientras eso sucede, el pueblo chileno se niega a volver a sus casas.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se oficializó este mes el programa denominado “Ofensores en trenes”. Algo que recuerda de manera casi inmediata a la última dictadura militar. Una nueva estigmatización a los sectores populares desde la legitimidad estatal. En el programa Tengo una Idea que conducen Graciela Carballo, Carlos Morchio y Nicolás Rosales por Radio La Retaguardia, entrevistaron a Roberto Cipriano, Secretario de la Comisión Provincial por La Memoria (CPM). (Por La Retaguardia)En el comunicado de la página oficial del gobierno nacional en su solapa del Ministerio de Seguridad con fecha 3 de octubre se expresa: “El plan contempla la utilización de mil teléfonos celulares por parte de efectivos de la PFA en estaciones de trenes, principalmente para la verificación e identificación de quienes cometieron algún tipo de delito. Los teléfonos podrán escanear el DNI y cuentan con un sistema de reconocimiento facial y estarán en red con las distintas bases de datos. Se implementarán controles en las estaciones Retiro y Lacroze de la Ciudad de Buenos Aires.En caso de comprobarse la existencia de medidas restrictivas, se establecerá contacto con la autoridad judicial pertinente y se labrará un acta en la que se notificará a la persona identificada de lo que disponga dicha autoridad”.Al respecto, el Secretario de la Comisión Provincial por La Memoria, Roberto Cipriano opinó: “Nosotros salimos públicamente a repudiar la iniciativa, una medida más de las tantas que (Patricia) Bullrich ha lanzado de cara a disputar cierto sentido social en cuanto a estigmatizar y señalar a determinados sectores de la población. En general, sectores populares y de trabajadores como delincuentes o como los posibles delincuentes que ubica en los trenes. Es una iniciativa con escaso rigor y con escaso impacto en el tema de la seguridad. No tiene ningún tipo de sentido lo que está planteando, excepto darle un mensaje más claro a la policía que hay que perseguir a los trabajadores y a los sectores populares. No tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista de las estadísticas y de la cantidad de investigaciones que se inician en una estación de tren”.Cipriano marcó una diferencia en el control de otro tipo de delitos muchos más graves: “Hay otros sectores donde efectivamente se cometen grandes delitos que el gobierno no ha perseguido, que son las grandes redes de narcotráfico y de trata. Los grandes delitos económicos. No se crean instancias ni recursos estatales para que se persiga”El secretario de la CPM mencionó el aumento en cantidad de detenidos en las cárceles en general, y en particular en la provincia de Buenos Aires, durante este gobierno. “Hay 15.000 nuevos detenidos, un récord absoluto, pasando las 50.000 personas en 20.000 plazas, lo que ha de hacinamiento y superpoblación. Una gran cantidad de detenidos son por causas de ‘narcomenudeo’ o por causas de consumo personal. En muchos casos son mujeres, también tiene que ver el desempleo en hogares donde el Estado debe acompañar y no está”, señaló.Para Roberto Cipriano, el pedido de documentos en las estaciones de trenes remite a la dictadura militar: “Bullrich, todo lo que hace no lo hace de inocente o de casualidad, en parte quieren dar un mensaje a cierto sector de la población, de que se están llevando adelante acciones para mejorar la seguridad y para darle más poder a las fuerzas de seguridad. Una idea que está sustentada en un sector más de derecha. No es casual que discursivamente es un gobierno que ha tratado todo el tiempo de negar la cifra de los 30.000 desaparecidos o de hablar del curro de los derechos humanos. Ha habido funcionarios que han sido parte de la dictadura, y todo esto tiene una relación directa”.Por último, reflexionó: “Desde la Comisión venimos insistiendo que no es con el Estado policial que resolvemos los conflictos sociales, no es con más violencia. Hoy los sistemas de promoción y protección de derechos no funcionan, no tienen recursos, están vaciados. No hay una política integral. Los pibes en situación de calle con lo primero que se encuentran es con la policía, que sabemos que es estructuralmente corrupta, que regula el delito en el territorio. Que no va a ofrecerle una posibilidad de inclusión, sino de asociarse con el delito. La política como respuesta al problema de inseguridad de generar mayor cantidad de policías en el territorio tiene más de 20 años, de Ruckauf hasta acá. La receta siempre fue la misma: más policías, más chalecos, más recursos, más patrulleros. Y los resultados están a la vista”. DESCARGAR