RIM 6 de Mercedes

El juicio cruzado por la imposibilidad de ser televisado agregó esta semana otro problema: el tribunal bajó los testimonios de familiares y sobrevivientes cuyos casos quedaron fuera del juicio por el apartamiento de un represor. El derecho de las víctimas y el clamor para que sean escuchados. Las declaraciones clave de un juicio a puertas cerradas que consiguió romper el cerco de incomunicación que pretendió colocar el tribunal. Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Fernando TebeleFoto de portada: Captura de la NO transmisión de La Retaguardia La audiencia número 13 del viernes 6 de mayo de 2022 en el juicio de lesa humanidad RIM 6/Imprenta PRT-ERP de San Andrés, fue extensa, duró más de seis horas. Frente al Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°2 de la CABA, integrado por los jueces Javier Ríos, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, declaró Hugo Travi, un exconscripto que participó del ataque a la imprenta. El testigo tuvo que soportar el hostil interrogatorio del abogado defensor del represor Horacio Linari, Santiago Feinn, que consistió en reiterar las mismas preguntas pese a que ya estaban contestadas.  “Estoy dejando que la defensa despliegue su interrogatorio”, justificó el presidente del Tribunal cuando la fiscalía le reprochó por primera vez. Así, el interrogatorio encabezado por Santiago Feinn continuaría con la misma tesitura. Fue necesaria la intervención de todas las partes acusadoras remarcando que la estrategia de la defensa era realizar preguntas reiterativas para agotar al testigo y confundirlo.  El presidente del tribunal entendió que la defensa actuaba “guiada por su ministerio y no por una cuestión de mala fe, muchísimo menos (intentaba) confundir” al testigo, repitiendo una y otra vez la misma pregunta. Aunque el propio juez Ríos lo había frenado a Feinn en varias oportunidades: “Está contestado” o “ha contestado, doctor”. De todas formas, Travi siempre ampliaba.  El interrogatorio de Feinn duró una hora. Sería agotador transcribir aquí lo ocurrido y supera con creces el máximo recomendado para una nota de estas características. Sin ánimo de caer en un texto que pueda manipular la opinión pública y para que cada cual saque sus propias conclusiones, sería necesario mirarlo. Pero el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Número 2 de la CABA no permite la televisación de este juicio en esta instancia de testimonios.   Travi no fue un testigo más. Relató cómo los levantaron de madrugada en el Regimiento y describió el operativo. Presenció una reunión entre Horacio Linari, Guillermo Cogorno, Luis Brun y Emilio Morello, que de civil y con peluca, daba instrucciones en un improvisado plano dibujado en la tierra de la banquina, minutos antes del ataque. Salvo Cogorno, que estaba citado por las defensas como testigo pero no pudo hacerlo por problemas de salud, Linari, Brun y el ex diputado nacional Morello están imputados. Una vez finalizado el fuego, Serapio del Río ingresó a la vivienda y dijo que los militantes del ERP se habían escapado, pero estaba equivocado. A los minutos Travi ingresó junto a Linari a la casa. Constató la presencia de gran cantidad de personal de civil, que llevaban un brazalete blanco como distintivo. Dentro del lavadero de la casa, el testigo vio que los represores entraban con un muchacho que no podía sostenerse por si solo, porque estaba en muy mal estado. Luego atraparon a dos jóvenes más. Mientras a uno le daban una golpiza tremenda, del Río se llevó al otro para uno de los cuartos, al tiempo que personal de civil buscaba un elástico de cama y un balde. Entonces les dicen a Travi y a Linari que se tienen que ir para apostarse en la calle. Desde afuera escucha los gritos de Serapio del Río: “¡Se escapa!, ¡tiren! ¡tiren!”. El otro muchacho que había atrapado se fugaba corriendo. Cuando pasa un portón lo bajan de varios disparos. Travi vio cómo Sanchez Zinny lo remató de un tiro usando una itaka recortada, mientras gritaba: “Estos son los hijos de puta que matan a tu madre, que matan a tu hermana”. “Esa es la parte que no me olvido nunca más en la vida, que me atormentó durante tantos años, le vuela cabeza… le vuela la cabeza de un itakazo”, dijo el exconscripto. Martín Sanchez Zinny, desde su casa, lo escuchaba utilizando unos grandes auriculares negros en sus orejas y apenas levantó la vista.  Antes de retirarse, cuando oscurecía, del Río llamó a los soldados que estaban apostados afuera y los autorizó a entrar a la casa, esta vez para que se robaran lo que quisieran.   Serapio del Río fue apartado del juicio por problemas de salud, al igual que el ex jefe del RIM 6, Alberto Ramón Schollaert. Además de Linari, Brun, Morello y Sánchez Zinny, el otro imputado es Osmar Andrade. El ex teniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios, Gustavo Delfor Gonzalez Sass, estuvo imputado e incluso presenció la primera audiencia desde un geriatrico, pero falleció. En realidad esta causa no se llama “RIM 6/Imprenta PRT-ERP de San Andrés” como le decimos coloquialmente. Se trata del Expediente 14216/2003/TO10 caratulado “Fernández Bustos y otros”.  Luis Fernández Bustos, segundo Jefe del destacamento, también falleció. Pero en tribunales le permitieron conservar el honor de encabezar la lista de represores y así el expediente quedó bautizado con su nombre y apellido.  A Luis Fernández Bustos no hay que confundirlo con el coronel retirado Alberto Francisco Bustos, quien al enterarse de las detenciones que se producían en este juicio, decidió vestirse con sus ropas militares y se disparó con la intención de quitarse la vida. Pero falló y quedó internado. En una carta dirigida a su familia explicó su decisión de evadir a la Justicia de manera tan drástica: “Sigo teniendo estado militar y me asisten todas las obligaciones de mi condición de soldado de no caer prisionero del enemigo”, escribió Alberto Francisco Bustos. “Los terroristas que iniciaron una guerra para imponer por la fuerza un sistema antidemocrático y cambiar los valores que sustenta nuestra sociedad nacional hace más de 60 años prosiguen la guerra para vengarse de los que los

El popular cantautor es hermano de María Cristina, cuyo caso y el de otros familiares y sobrevivientes se cayeron porque fue apartado uno de los imputados del juicio RIM6/Imprenta PRT-ERP. El TOF N°2 de CABA les impide declarar. El viernes pasado la fiscalía y las querellas pidieron que se les tome la declaración por la verdad y como un efecto reparatorio, aunque no puedan condenar a nadie por sus casos. El video es parte de una campaña lanzada por La Retaguardia junto a Bárbara García y Camilo García, quienes sí ya pudieron declarar como testigos y víctimas.

El líder de los carapintada fue convocado por la defensa en un juicio en el que varios de sus compañeros de andanzas están imputados. Lejos de brindarles ayuda, pareció complicarlos con frases como: “En combate contra el terrorismo estábamos todos”, “Todo el Ejército y todas las Fuerzas Armadas tenían un rol activo contra el terrorismo y la insurgencia de los años 70”, o la que da título a esta nota. Había sido convocado por la defensa del ex diputado nacional por el MODIN, Emilio Morello. Fue en el juicio contra integrantes del Regimiento de Mercedes, que La Retaguardia no puede televisar por decisión de los jueces. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Rico ante la mirada atenta del imputado Morello, a quien teóricamente fue a defender (La Retaguardia) —¿Y tiene conocimiento de que alguno de ellos haya entrado, mientras estaba en el Regimiento de Infantería 6 en Mercedes, en combate contra el terrorismo insurgente?  El que pregunta es Ricardo Saint Jean, quien además de ser hijo de Ibérico, gobernador de Buenos Aires durante la dictadura genocida, es abogado defensor de Emilio Morello y Martín Sánchez Zinny, dos excarapintadas al mando de quien tiene que responder como testigo. Ni más ni menos que Aldo Rico. Seguramente espera como respuesta que no le consta, que no los vio. Algo que pudiera contribuir a eximir a sus defendidos de los delitos por los que están en el juicio: secuestros, torturas, desapariciones, entre otras prácticas genocidas. Sin embargo, Rico, imprevisible como siempre, sale para otro lado. —En combate contra el terrorismo estábamos todos —responde con contundencia. Habrá notado Rico que el gesto siempre adusto de Saint Jean se tensionó más todavía. Porque pocas preguntas después entró en contradicción. —¿Y usted cree posible que Morello haya participado en un plan criminal para perseguir opositores políticos?  —No, no lo creo. No creo posible eso. Además, era muy subalterno para participar en un plan criminal.  Lo que el testigo y el defensor llaman “lucha contra el terrorismo” fue un plan criminal. La Justicia ya lo ha dicho en centenares de fallos. Los menos condenatorios que se puedan encontrar, darán cuenta de la existencia de un plan para asesinar, torturar y desaparecer personas. Incluso algunas dicen en el marco de un genocidio. Es más, las sentencias suelen decir que son delitos “agravados por el grado de perseguido político de las víctimas”. Saint Jean hace un silencio prolongado. Hurga en los papeles mientras piensa cómo salir del embrollo. Javier Ríos, el presidente del TOCF N°2 de CABA lo apura. El abogado tiene que ceder su turno. No sabe cómo seguir. Parece desconcertado. Para agregar tensión, el turno pasa a Pablo Llonto, abogado representante de las víctimas. Evita presentarse como siempre: “Buen día, soy el abogado de las víctimas en este juicio. Muevo la mano para que me ubique”. No lo dice. Apenas suelta un “Señor Rico, buen día”. Es que ya había tomado la palabra después del juramento de decir verdad del testigo, cuando se le consulta si el conocimiento que tiene de las personas imputadas puede impedirle decir la verdad. Rico le había consultado al juez: “El señor que acaba de hablar, ¿qué rol cumple?”. Ríos le explicó. No debe ser sencillo para un exhibidor constante de la Teoría de los dos demonios aceptar que hay víctimas y victimarios en esta historia.  —Usted o integrantes de su familia, ¿han tenido o tienen relaciones societarias o comerciales con el señor Morello o con alguien de su familia? —pregunta el abogado. —No, en estos momentos no.  —¿La tuvieron? —El señor Morello era miembro del partido político que yo formaba (el MODIN, Movimiento por la Dignidad y la Independencia), y fue diputado nacional por ese partido. Así que por supuesto que teníamos relaciones políticas.  —No… le preguntaba por relaciones en sociedades anónimas o vínculos comerciales.  —No. —¿No?  —¡No!  —Bueno, está bien. Parece que queda ahí, pero Llonto continúa. —Le pregunto ahora específicamente por Morello: ¿usted sabe dónde estaba Morello en el año 76?  —No, no sé. Supongo que estaba en el Regimiento 6, me parece que en la actividad militar. No teníamos relación en aquel momento. Más allá de los cursos de comando,. —¿Nos puede decir de qué se trata el Regimiento 6?  —Es un un regimiento de infantería que estaba en la ciudad de Mercedes.  —¿Usted sabe qué actividades desempeñaba el señor Morello en ese regimiento?  —Supongo que era oficial instructor de alguna sección. No estuve en ese regimiento destinado.  —¿En alguna oportunidad usted habló con Morello sobre lo que hizo en lo que se llamaba la lucha contra la subversión?  —No he hablado con Morello.  Saint Jean intenta retomar las riendas. El presidente del tribunal le marcó los límites varias veces: Rico no declaró en la causa durante la Instrucción del juez Daniel Rafecas. Para aceptarlo en el juicio tiene que haber una razón considerable. Para el tribunal, Rico está en la audiencia solo como testigo de concepto del exdiputado Emilio Morello. Por lo que las preguntas deberían referirse solo a él o a su situación como imputado. Pero Saint Jean necesita algo más. Y apuesta a la defensa ideológica de sus dos defendidos. Sin embargo, algo puede volver a salir mal. —Una última pregunta y siguiendo la hilación de lo que le preguntó la querella, ¿usted escuchó alguna vez o tuvo conocimiento que el Regimiento 6 de Infantería de Mercedes tuviera algún rol protagónico o siquiera algún rol activo contra el terrorismo insurgente en los años 70? —apuesta el defensor. —Doctor… todo el Ejército y todas las Fuerzas Armadas tenían un rol activo contra el terrorismo y la insurgencia de los años 70. Ahora lo que hacía el Regimiento 6, nunca estuve destinado en el Regimiento 6. —¿Y todas las unidades entraron en combate? —intenta encarrilar Saint Jean. —No le puedo precisar eso. Pero, en general, casi todas las unidades entraron en combate.  —¿Participaron de enfrentamientos armados contra la subversión? —Por supuesto.  —¿Realizó alguna de ellas procedimientos de carácter clandestino? El juez

Un nuevo aniversario del levantamiento militar que selló la impunidad de casi 20 años para los genocidas. Los carapintadas que son juzgados hoy. El próximo viernes declara Aldo Rico como testigo de las defensas de sus laderos de aquellos años. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: María Eugenia Otero 📷 Foto de portada: Martín Sánchez Zinny, uno de los carapintadas que hoy está imputado por delitos de lesa humanidad Siempre que se retoman los levantamientos militares en aquellos años durante la democracia recién reinstalada surge la misma pregunta: ¿fue un intento de golpe de Estado? Difícil saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero hay una cuestión acerca de la que no caben dudas, aunque se hable menos de ella: las rebeliones militares, sobre todo la primera de Semana Santa de 1987, tenían al menos un objetivo claro e indiscutible: querían frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Venían a buscar impunidad. Y la consiguieron. De hecho se recuerda bastante poco que el puntapié del levantamiento fue la negativa de Ernesto “Nabo” Barreiro (hoy condenado por sus crímenes en La Perla) a declarar en un juicio. En lugar de ir a tribunales fue a acuartelarse; desde allí brindó una entrevista a La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca que fue central durante ell genocidio en esa ciudad. Ya había fracasado la Ley de Punto Final, sancionada un año antes, y que ponía un límite de 60 días para la presentación de denuncias, de manera tal que las posteriores nunca llegarían a juicio. Sólo generaron multiplicar las causas; nadie quería quedarse afuera de la chance única de conseguir justicia a tan pocos años de los hechos. Desde el balcón de una Plaza de Mayo colmada por gente que no quería perder la democracia (porque la sensación social mayoritaria era que eso estaba en juego, lo habían instalado los medios), el presidente Raúl Alfonsín, luego de reunirse con los sublevados, dijo entre otras cosas que muchos de ellos eran héroes de Malvinas. Pudo haber dicho que muchos de ellos habían sido parte del Terrorismo de Estado, pero eligió otro camino. Y también optó por no comunicar el costo de la negociación al pueblo que lo había esperado con ansiedad e incluso con temor por lo que pudiera pasarle tras el viaje hasta Campo de Mayo, por cierto el regimiento del Ejército que fue también el mayor Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio durante la última dictadura. Alfonsín estaba rodeado en el balcón por toda la partidocracia a excepción de la izquierda. Es difícil imaginar que ante un intento de golpe de Estado hoy, Macri y Milei estuvieran en el balcón con Fernández y Cristina, pero esa es otra historia. Mientras los sublevados perseguían impunidad, tanto la UCR como el PJ se encolumnaron detrás del acuerdo. Unos años antes, en la campaña electoral para las elecciones de 1983, tenían diferencias sobre el punto: la UCR anunció que propiciaría los juicios. El PJ que aceptaría la autoamnistía que los militares dejaron como uno de sus regalitos antes de dejar el gobierno. Suele decirse que esas definiciones volcaron la elección para el lado radical. Lo que vino después es más recordado: se sancionó la Ley de Obediencia debida, que limitaba la responsabilidad por el genocidio a los jefes que hubieran dado las órdenes. Solo quedaron excluidas las apropiaciones de niños y niñas. Carlos Menem se encargó en los 90 de que los jefes quedaran libres vía  indultos. Pasaron casi 20 años de impunidad. Las causas abiertas en España en ese período, una obra maestra fundamentalmente del gran Carlos Slepoy (hoy se cumple un nuevo aniversario de su partida), nos enfrentaban cada tanto a todo lo que no estaba sucediendo aquí. La inconstitucionalidad vía judicial y la derogación de la leyes en el Congreso, reabrieron los juicios en el nuevo siglo.  Y acá estamos.  En uno de los pocos juicios en el que La Retaguardia obtuvo la negativa del tribunal para poder transmitir las testimoniales, al que conocemos con RIM 6 de Mercedes, están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad dos de los líderes de aquel levantamiento de Semana Santa: Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello. Este último incluso llegó a ser diputado nacional por el MODIN, la herramienta a través de la que decidieron continuar la lucha política después del éxito de la sublevación. Están acusados, junto a otros oficiales del Regimiento de Mercedes, también carapintadas, ser una patota, un grupo de tareas del genocidio. Como todo el mundo sabe, el jefe de Semana Santa fue Aldo Rico. El próximo viernes, convocado por las defensas de sus compañeros de tropelías, Rico dará testimonio en ese juicio. También está convocado el negacionista Heriberto Justo Auel, quien viene de declarar en el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Entre otras apologías del Terrorismo de Estado, Auel fue presidente de la Unión de Promociones en la que, según definió: “se defiende a los camaradas detenidos”. Los camaradas detenidos son, concretamente, los genocidas.  Cuando hablamos de la tardanza de la justicia, es claro que la Semana Santa del 87 fue por lo menos una parte importante de ese retraso injusto. Por supuesto que las responsabilidades mayores quedan en manos de quienes, en lugar de encarcelarlos por el levantamiento o juzgarlos por sus crímenes de lesa humanidad, negociaron con ellos y no solo les dieron la libertad, sino que tejieron incluso alianzas partidarias que les dieron legitimidad social. Solo la movilización popular sostuvo la lucha durante las décadas de impunidad, con los escraches de los incipientes y renovadores HIJOS como herramienta principal. Néstor Kirchner leyó con precisión aquella demanda social y la hizo propia. Quizá tan propia que pareciera que nadie por fuera de sus seguidores hubiera continuado la lucha. Hasta ese momento, los partidos mayoritarios estaban empeñados en construir y sostener la impunidad. Desde la partidocracia, solo la izquierda sostenía las banderas de juzgamiento. Por supuesto junto a los organismos de derechos humanos, que nunca bajaron sus banderas.  En estos juicios que