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Lo dijo Marina Joski, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Movimiento Popular la Dignidad (MPLD). Las organizaciones sociales habían anticipado lo que sucedería en las villas con la llegada de los contagios de COVID-19 y exigen un protocolo adecuado a las características socioambientales de los barrios. En diálogo con el programa Tengo una Idea, Joski repasó los principales reclamos de las organizaciones para lograr ajustar un trabajo articulado con el Estado, y contó cómo fue la reunión que mantuvieron con el jefe de Gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: La Villa Azul cercada por la policía (Agustina Salinas) El aislamiento preventivo, social y obligatorio está vigente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y los casos de COVID-19 van en aumento. Son muchas las necesidades a las que el Estado debe responder y, en el caso de las villas porteñas, no están cubiertas a pesar de los pedidos de adecuación de los protocolos para estos sectores. “Hay que partir del día uno de la pandemia, porque nosotros los protocolos de abordaje en barrios populares los venimos exigiendo y construyendo desde el primer día de decretado el aislamiento social preventivo”, expresó Marina Joski, referente de la UTEP e integrante del MPLD. “Nosotros sabíamos porque venimos reivindicando y luchando por tierra, techo y trabajo, por integración sociourbana de hace muchísimo tiempo. Dábamos cuenta al gobierno de la Ciudad que iba a haber un desborde a causa del hacinamiento. No es fortuito que comenzara en Retiro, la 1-11-14, y Barrio Rivadavia. Porque allí, el hacinamiento es moneda corriente y luego le siguen el resto de los barrios. Estos protocolos los fuimos construyendo muy de a poquito, diciendo que acá donde no hay capacidad de aislamiento, hay que ofrecer alternativas. Hay que universalizar las prestaciones de servicio alimentarios, repartir y resolver el tema del agua, el tema del gas”, agregó. Joski también explicó que la gran mayoría de los vecinos y vecinas que viven en las villas de nuestra ciudad trabajan en la economía popular, viven del día a día y trabajan en la calle o en la feria. “Son trabajadores sociocomunitarios que hoy están muy, pero muy por debajo de la línea de la indigencia. Veníamos en principio no solo alertando, sino construyendo esos protocolos a la interna de nuestros espacios comunitarios, gestionando y organizando mesas de crisis por barrio que fueron en la realidad los catalizadores luego de propuestas de Desarrollo Social de Ciudad, el IVC (Instituto de la Vivienda de Ciudad), de Desarrollo Social de Nación y luego el Programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina)”, contó. La complejidad del trabajo articuladoEn referencia a la articulación entre las organizaciones sociales y los Estados porteño y nacional, la referente de UTEP detalló: “Hay tres dificultades muy fuertes que se presentan: una tiene que ver con lo alimentario, porque con hambre es imposible la pandemia. Otra que tiene que ver son los servicios públicos, sin agua es muy difícil sostener aislamiento. Y la tercera es sobre la implementación del operativo DETeCTAr en los barrios populares. Esto quiere decir que este dispositivo de Nación en realidad se dinamiza localmente. Esto sucede en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires”.La situación de hacinamiento en las villas hace imposible que una persona con síntomas pueda aislarse del resto la gente con la que convive. En relación a esto, Joski remarcó que alertaban que la necesidad concreta tenía que ver con espacios de albergue entre el hisopado y el resultado, y también el fortalecimiento de espacios de aislamiento para los casos positivos y para aquellas familias que no pudieran aislarse en sus casas. “Nuestra realidad es que convivimos en una habitación toda nuestra familia y en otra habitación hay otra familia. Hay 7 o 10 compartiendo baño y cocina, entonces es imposible aislarse. La proliferación del contacto comunitario y la circulación comunitaria es enorme. Entonces el cuello de botella fue este. Todos los videos que estuvieron circulando en relación a familias enteras, mujeres con sus hijas conviviendo a la espera del resultado, siendo positivos o negativos indiscriminadamente, esto fue una preocupación central que les planteamos”, aseguró. Y añadió: “Acá, en los barrios populares, es importante también el reconocimiento de quienes están en la primera línea, los y las trabajadoras de espacios de cuidado que son los que cocinan, los que reparten, las promotoras comunitarias en salud, las promotoras de género”. Un trato desigualLa integrante del Movimiento Popular la Dignidad opinó acerca de las cuestiones de clase y las diferencias que éstas generan: “Creemos que hay un delay muy grande. Porque se tuvo dos meses para preparar estos espacios. Se contrataron hoteles, y quienes importaron el virus, sin culpabilizarlos, tuvieron el privilegio de viajar a países de Europa y Estados Unidos y portaron el virus. Tuvieron un trato preferencial al igual que los repatriados. Yendo a hoteles, con comida garantizada. Esto no está sucediendo hoy, pero es innegable que sí sucede porque sabemos que hay compañeros, vecinos y vecinas en aislamiento en hoteles cuando son positivos. Hay familias que están conviviendo, lo que pasa es que es deficitario, hay que reforzar. Sabemos que ahora se están preparando espacios un poquito más grandes, poniéndole el oído a las recomendaciones de las organizaciones populares que somos vecinos y vecinas organizados y trabajamos el día a día en las villas de nuestra ciudad”. Reunión con Rodríguez LarretaJoski se refirió al encuentro que las organizaciones populares lograron tener con Horacio Rodríguez Larreta, y mencionó que no los recibía un jefe de Gobierno porteño desde hacía muchísimos años. “Compartimos la reunión los referentes de UTEP Capital, La CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) Autónoma y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). En principio reivindicamos el trabajo de nuestros compañeros, de los referentes villeros que fallecieron, especialmente por Ramona (Medina) y por Agustín (Navarro) de Barrios de Pie.
El martes 12 de mayo se confirmaron 79 personas contagiadas de COVID-19 entre residentes del Parador Retiro, que alberga a varones en situación de calle y está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este parador, que es uno de los tres con ingreso directo del gobierno porteño y se suman a los autogestivos Proyecto 7 y a los tres polideportivos que se habilitaron en la Ciudad, fue cerrado provisoriamente. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Silvio Florio💻 Edición: Rodrigo Ferreiro📷 Foto de portada: Documental Parador Retiro Todo comenzó hace casi una semana. Uno de los empleados administrativos del Parador, quien pidió se reserve su identidad por temor a las represalias laborales, había confirmado el jueves pasado que uno de los usuarios fue retirado con un estado febril por una de las ambulancias del SAME y trasladado a uno de los dos hospitales que dependen del área programática del Parador Retiro, el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. Lo llamativo de este primer caso era que el paciente no había salido del Parador, por lo que era más que probable no sólo el contagio comunitario sino la extensión hacia toda la población del lugar, cosa que sucedió, con el agravante de que 12 de ellos fueron trasladados al Hospital Muñiz en un micro escolar, cuestión que viola cualquier protocolo de aislamiento existente sobre Coronavirus y que produjo la elevación de una queja por parte de la responsable del Área del hospital. Lo que queda en evidencia, como tantas otras cuestiones que exacerbó esta pandemia, es el combo fatal de falta de improvisación, desidia y ausencia de acciones concretas por parte del Estado, que termina con la imposibilidad de tratar a personas en estado de vulnerabilidad social como sujetos de derecho.Según la página oficial del gobierno los paradores “tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un ámbito de contención y atención institucional para promover la reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, pero en la realidad y, desde hace muchos años, sufren falencias estructurales y de sobrepoblación que la pandemia terminó subrayando. En la práctica, el dispositivo es un galpón con muchas camas en fila, en el que se viven conflictos diarios, muchos de ellos violentos; en el que se mezclan personas “pesadas” de ranchadas con adultos mayores o personas que recién ingresan al circuito “calle” y con pocos profesionales (Psicólogos, Médicos, Trabajadores Sociales) que, lejos de tener un enfoque interdisciplinario, deben hacer malabares con pocos recursos para mediar en situaciones emergentes. Muchos cuadros de esta dinámica cotidiana están muy bien representados en el documental “Parador Retiro”, filmado durante el 2008. Los recursos ya limitados y con una evidente falta de planificación se muestran en el relato del empleado. La Gerencia Operativa de Atención Integral a los Sin Techo, a cargo de Soledad Crugnale, le informó que durante el fin de semana posterior al contagio “no iban a realizar ningún hisopado (sic) a los demás usuarios”, pero que quedaba en cuarentena en su domicilio tal como indica el protocolo a nivel nacional. El resultado, una semana después, está a la vista: 79 usuarios del parador están infectados y 13 bajo sospecha. Hasta su permanencia en el dispositivo, el mismo empleado aseguró que no se acercó ningún funcionario ni personal de limpieza. Una vez en su domicilio se enteró por comunicación vía celular con otros empleados que se hizo presente el coordinador del parador, Leonardo Pasatir, además de un equipo especial que desinfectó las instalaciones. Los demás escalones, además de la mencionada Soledad Crugnale, son el Director General de Atención Inmediata Mariano Goyenechea y el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad Maximiliano Corach, hijo del recordado Ministro del Interior menemista, Carlos Corach, denunciado por distintas organizaciones sociales desde hace años por dibujar el número real de personas que viven en las calles. También la voz preocupada del empleado denuncia presiones de esta estructura jerárquica para permanecer en sus lugares de trabajo, ya que la mayor parte no está en planta permanente y debe renovar sus contratos cada año, en el mejor de los casos. Si bien él está en cuarentena, conoce la situación por relación directa con otros empleados que son obligados a asistir. “Es como que te dicen: ‘o te morís solo o matás a tu propia gente’”, graficó de manera contundente, enumerando a los componentes de las familias y un indicador más de su estado de sensibilidad, y la casi nula contención psicológica a empleados que están en situación de riesgo, salvo llamados telefónicos diarios para que informe su estado de salud y del lugar. Los últimos datos del Censo Popular realizado por organizaciones sociales en el 2019 fueron contundentes: la cifra de gente en situación de calle trepó a 7251. Este tipo de políticas públicas paradigmáticas del macrismo desde su asunción en el gobierno de la Ciudad, condena a las personas que viven en la calle, no sólo a un proceso de invisibilización, sino que las cronifica sin planes de reinserción laboral, más allá de iniciativas individuales de buena fe de algunos funcionarios o talleres del gobierno.
La falta de agua en las villas porteñas y en los barrios populares de la ciudad hace muy difícil detener la propagación del Coronavirus y los casos de contagios continúan incrementando exponencialmente. El 5 de mayo, en una sentencia histórica, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveer agua potable en las villas y barrios populares. La resolución, firmada por el juez Osvaldo Otheguy, debía cumplirse en los siguientes 5 días y garantizar que cada habitante recibiera 150 litros por día. Tras declararse incompetente, el gobierno porteño no ha iniciado acciones para solucionar el problema de la falta de agua, mientras que los medios de comunicación y el discurso oficialista intentan desviar el foco de conflicto y hacer responsables a los propios barrios del aumento en los infectados debido a su densidad de población. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Fotos: Página 12, Hernán Zenteno y La Garganta Poderosa Cuando empezaron a conocerse los primeros casos de contagio de Coronavirus en las villas porteñas y los barrios populares de la ciudad, también comenzaron a visibilizarse reclamos históricos de sus habitantes y de las organizaciones sociales que allí funcionan. Uno de los más graves es, sin duda, la falta de agua que sufren quienes residen en estos lugares. Ante los estrictos pedidos de aislamiento social, distancia entre personas e intensificación de la higiene personal, es inaudito que las zonas más desprotegidas y hacinadas no cuenten con acceso a agua potable para poder enfrentar la pandemia. Frente a esta emergencia social, la Justicia ordenó al Gobierno garantizar el agua potable a todos los habitantes de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aún no ha cumplido con la sentencia que vence el día de hoy, miércoles 13 de mayo, ni ha elaborado un Plan de Contingencia para los casos más urgentes, como establecía el fallo. Mientras tanto, el Ministerio de Salud porteño indicó que los contagios de Covid-19 en las villas superan la barrera de los 700 casos y, teniendo en cuenta que hay decenas de casos no formalizados, esa suma podría ascender a muchos más. El primer caso fue registrado el 21 de abril en el barrio Carlos Mugica y hoy en día ya son 14 barrios populares con casos de contagio confirmados. Además, en el Barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14) el 80% de los casos testeados tuvieron resultado positivo. La situación de por sí no podría ser más dramática, pero teniendo en cuenta las condiciones en las que viven los habitantes de los sectores más vulnerables de la Ciudad todo podría volverse cada vez más catastrófico. Ese fue el motivo por el que la Justicia ordenó implementar medidas urgentes al Gobierno porteño y un plan para los sectores que requieran mayor atención. Ese fallo tildado de histórico por la acumulación de reclamos que contenía, hoy no es acatado por el Gobierno de la Ciudad que intenta responsabilizar de los contagios a los propios barrios infectados y pasarle la pelota a la empresa Aysa. La problemática histórica Desde distintos programas de Radio La Retaguardia se le ha hecho un seguimiento exhaustivo a esta problemática y se ha convocado especialistas en el tema que hace años abogan por defender las causas de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Una de ellas fue María Eva Koutsivitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, quien analizó las condiciones en las que se encuentran los barrios más carenciados de la CABA: “La falta de acceso al agua potable segura es una problemática que tiene larga data en la Ciudad de Buenos Aires. Hace más de una década venimos llevando adelante distintas iniciativas para poder garantizar en igualdad de condiciones el acceso al agua potable en los barrios populares de la ciudad. Aquí, 400 mil porteños -1 de cada 7 personas- tienen restringido el acceso al agua potable en una de las ciudades más ricas de la región. En este contexto de pandemia por coronavirus y epidemia de dengue, las desigualdades y las precariedades se intensifican. Para quienes no acceden al agua potable es utópico poder cumplir con las medidas de aislamiento y de higiene personal para afrontar esta pandemia. No solo en el barrio Carlos Múgica, villa 31 y 31 bis, sino en otros barrios populares de la ciudad la situación sanitaria es dramática. En el barrio Carlos Mugica, cientos y cientos de habitantes peregrinan por las calles y los pasillos con baldes tratando de encontrar algún camión aguatero. En el complejo Piedrabuena son cientos los afectados sin acceso al agua potable. En el barrio Scappino hay una manzana que lleva ya una semana sin acceder al agua potable. Así podríamos continuar. Esta situación se amplifica en este contexto, pero tiene larga data. El Gobierno de la Ciudad, en su gestión anterior, ha tomado como eje de gestión la urbanización y la integración de los barrios populares porteños. Ha invertido miles de millones en obras de infraestructura. Obras que no están terminadas, que no están conectadas, que no son formales”, denuncia Koutsivitis. La Ingeniera explicó la importancia de esta resolución que firmó hace algunos días la Justicia y significa la concreción de largos años de pedidos y exigencias de las distintas organizaciones sociales: “Es urgente dar una respuesta. Celebramos este fallo judicial que le ordena al Gobierno garantizar el agua potable en la totalidad de los barrios populares en igualdad de derechos. Le ordena garantizarla de manera tal que cada ciudadano reciba por día 150 litros. Esto representa un antes y un después. Por eso consideramos este fallo de histórico. Esperemos que el Gobierno de la Ciudad habilite los canales de diálogo necesario para las organizaciones que hemos sido parte de esta acción judicial. Venimos con un recorrido de casi una década planteando que la desigualdad en el acceso al agua potable es una de las desigualdades urbanas más vetustas. Nosotros entendemos que es urgente poder garantizar el
Ya son varias las personas contagiadas de COVID-19 en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, aún sin contar los casos no oficializados por el Gobierno porteño. En estos lugares a los que no llega el Estado, son las organizaciones sociales y trabajadores y trabajadoras de la salud quienes se hacen cargo de llevar adelante el protocolo sanitario brindando asistencia a los vecinos y vecinas. En el programa Hasta que vuelvan los abrazos se puntualizaron las problemáticas que enfrentan los sectores más invisibilizados de la Ciudad con los testimonios de Sebastián Zubizarreta, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Lilian Andrade, parte de la Asamblea de La Poderosa y vecina de la Villa 31. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: mundovilla.com El virus COVID-19 ya llegó a las villas y a los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno porteño decidió no oficializar algunos de los casos de contagios confirmados y el Estado brilla por su ausencia a la hora de brindar la asistencia que las personas necesitan. La consigna de quedarnos en casa no puede aplicarse con la misma lógica para personas que viven en un barrio urbanizado o residencial que para los vecinos y vecinas de los barrios populares. Allí, permanecer encerrados en sus casas implica permanecer hacinados y no salir muchas veces implica no comer. Con los primeros casos de COVID-19 positivo, además, es necesario aplicar el protocolo sanitario de aislamiento al infectado y dar aviso a las personas que estuvieron en estrecho contacto con él o ella, que en estos casos pueden ser bastantes. Sebastián Zubizarreta, referente del FOL, contó que en la última semana 12 personas, trabajadoras de un comedor popular de la Villa 31, fueron infectadas. Ante la ausencia de toda respuesta del Estado, son las organizaciones las que se ocupan de llevar adelante el protocolo sanitario y asistir a las familias: “En el medio de esta situación, la contención y servicios que damos las organizaciones es mucho más profundo. Desde que se inició la cuarentena hemos tenido que crear nuestras redes y protocolos específicos para poder afrontar esta situación. No hemos cerrado ningún comedor, al contrario, los comedores han duplicado sus asistencias. A pesar de la inexistencia de la asistencia estatal, sostenemos estos espacios. Una familia en cuarentena en un barrio popular no tiene para comer, porque se le acaba la changa y la posibilidad de trabajar”, reflexionó Zubizarreta y contó sobre el caso de una compañera del FOL que se contagió y cómo aplicaron su propio protocolo para asistirla a ella y a las personas con las que habían estado en contacto: “Los contagios han llegado a los barrios. Queda en evidencia la falta de protocolos específicos de parte del Gobierno de la Ciudad. Una compañera estaba viniendo a cocinar todos los días. Se enteró que a una vecina que vive al lado de su casa le había dado COVID positivo. Como ella estaba con síntomas y es grupo de riesgo por ser asmática se hizo los análisis. La aislaron preventivamente y le dio positivo. Inmediatamente nos lo informó a nosotros. Hicimos una lista con las compañeras que habían estado en contacto con ella durante los últimos días. Llamamos a cada una para informarlas. Las compañeras mismas decidieron autoaislarse en sus viviendas y lo comunicamos al Gobierno de la Ciudad. Cuando se presentó la gente del Gobierno nos dijo que lo que habíamos hecho estaba bien. Les dimos la lista de las 12 familias para que se las pudiera asistir mediante kits de limpieza y alimentos. Al día de hoy, lo único que hicieron fue llamar por teléfono a ver cómo estaban. Nosotros nos encargamos de llevarles el almuerzo a las familias y las asistimos con los medicamentos e insumos necesarios. Seguimos exigiendo que les hagan los testeos a esas compañeras. No hay testeos para los casos en los barrios populares”, denunció. Sebastián explicó también por qué el protocolo que aplica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es efectivo en los barrios populares: “El criterio del protocolo del Gobierno porteño no aplica a los barrios populares porque el grado de cercanía y posibilidad de tener aislamiento no es la misma que la de un barrio urbanizado o residencial de la Ciudad. En los barrios populares, cuando salen a comprar alimentos se cruzan las personas en el pasillo. Además es muy difícil sostener la cuarentena porque tienen que salir a hacer algún laburito para ganarse el peso del día. Si se quedan en cuarentena, no pueden adquirir alimento”, argumentó.Otra función importante de las organizaciones sociales es dar contención psicológica a los infectados y las infectadas de COVID-19. Muchas veces, sufren discriminación e incluso violencia por sus propios vecinos y vecinas: “Venimos trabajando en la contención humana. En los barrios hay temor en reconocer síntomas. Ante la falta del Estado, de información, de un sistema de salud cercano, se infunde el temor. Hay casos de gente con síntomas que no quiere salir por miedo a ser perseguido o que lo estigmaticen. Tratamos de trabajar mucho en la contención. Desde el cuidado hasta la comunicación. Cuando se difunde la información de algún contagio, la gente se moviliza en un sentido negativo y estigmatizante. La gente se acerca a las casas y pretende echarlos, sacarlos del barrio. Eso es una clara ausencia del Estado, que tiene que estar presente y dar una respuesta integral, que no sea solo la reacción de la gente”, sentenció Zubizarreta. La invisibilización de la problemática La Villa 31 no es el único lugar con personas contagiadas de COVID-19. La 1-11-14 también tiene decenas de casos, pero no tienen la misma trascendencia. Para el referente del FOL, esta distinción que hace el Gobierno porteño es adrede y responde al objetivo político que persigue la gestión de Larreta: “En la villa 1-11-14 está pasando algo gravísimo. El Gobierno de la Ciudad no está formalizando los casos. Hay
Continúa el debate sobre la posibilidad de los adultos mayores de salir a la calle. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estableció mediante DNU que los residentes mayores de 70 años deberán solicitar permisos de circulación obligatorios para la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Ricardo Iacub, jefe de cátedra de la materia Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA, habló en el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Iacub criticó el plan de Larreta por su inoperancia, mientras que la medida ya fue frenada por la Justicia porteña. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Larreta definió mediante un DNU que las personas mayores de 70 años deberán pedir obligatoriamente un permiso para circular por la Ciudad de Buenos Aires llamando a la línea de atención 147. La idea del Jefe de Gobierno porteño era disuadir a los ancianos y ancianas que pretendieran salir de sus casas para abastecerse de comida o comprar medicamentos. Como era de esperar, las líneas telefónicas no estaban preparadas para recibir los llamados de 490 mil personas y colapsaron. Ricardo Iacub, jefe de cátedra de Vejez en la facultad de Psicología de la UBA, dijo que “fue desafortunadísima la idea que tuvo el Gobierno de la Ciudad” y agradeció que “por suerte, el Poder Judicial con el juez (Lisandro) Fastman frenó esta idea absurda y ridícula de atender a los viejos y que consulten si tienen que salir”, declarando inconstitucional esa medida.Iacub opinó sobre cómo trataron los medios tradicionales de comunicación este tema y elogió a determinados personajes públicos que defendieron al grupo de personas mayores de 70 años: “Medios como Clarín tienen, a veces, un enfoque más abierto que Página 12. Sobre la vejez Página 12 no tiene una posición tan armada como Clarín, que responde a una línea más liberal en el sentido filosófico del término vejez. Hay temas donde se fue construyendo una opinión política, de izquierda o derecha, y hay otros que quedaron a la retaguardia sin una posición política demasiado clara. Me llama la atención como distintos personajes se manifestaron frente a esto teniendo que decir que tienen más de 70 años, teniendo que incluirse desde una noción de edad que parecía mucho más volitivo o que se asociaba más a un estado de ánimo que a una edad determinada. Hubo expresiones maravillosas, como la de Nacha Guevara y Moria Casán, divertidas y graciosas. Esto llevó a que un grupo de gente que hasta ahora no se manifestaba con reclamos particulares o necesidades especiales tomara posición”, expresó el psicólogo. Para Iacub, esta medida que había decretado Larreta revelaba una fuerte discriminación para con el grupo de personas adultas mayores por parte del Gobierno y de la sociedad: “El viejismo es un conjunto de prejuicios, equiparable al machismo, al antisemitismo o a cualquier otro conjunto de prejuicios. Quedó en claro que todo esto que está sucediendo no es solamente un deseo de protección sino que esconde un serio prejuicio que tiene que ver con considerar que a los viejos hay que vigilarlos y controlarlos como un grupo particular, que hay que retenerlos y manejarlos porque no pueden solos. Más allá que hoy son un grupo de riesgo, es un grupo de riesgo que sabe cuidarse y por eso llegó a la edad que tiene”, manifestó. ¿Qué vida vale más? A partir del desarrollo de la pandemia mucho se habló sobre el interrogante de qué hacer en caso de no tener los recursos necesarios para atender a toda la población. La teoría del descarte que reciben los ancianos implicaría que su vida vale menos que la de una persona más joven. Sin embargo, el psicólogo de la UBA explicó que no se trata de priorizar una vida sobre la otra por su juventud sino que es preciso evaluar la probabilidad de salvar esa vida que está en juego: “Decidir qué vida vale más es un tema casi fascista. Si vale más la vida de un joven de 20 que la vida de una persona de 70 es algo que debemos rechazar de por sí. Lo que sí uno puede llegar a tener en cuenta es qué vida es más salvable que otra. En este sentido hubo diferentes posiciones. Todos los países como Israel, que tienen todas estas cuestiones muy candentes por el tema de sus guerras, tienen muy claro que ninguna vida, por edad, vale más que otra sino por la capacidad de ser salvada. En Europa, mucha gente de 80 años y más se salvó la vida. Es incómodo decidir quién. Estamos hablando de situaciones extremas en donde hay un respirador para dos personas. En este sentido, tenemos que aplicar una racionalidad para ver a quién le damos qué”, aportó. El acatamiento de la normaIacub planteó un problema: en una primera instancia, la respuesta de la sociedad frente al objetivo de cumplir los requerimientos que se impusieron tanto a nivel nacional como en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires fue alta y efectiva. Ahora bien, si las decisiones comienzan a tomarse a la ligera, sin contemplaciones o, como en este caso, con muchísimas probabilidades de fracasar, la reacción de la sociedad puede volverse negativa. La solución para el psicólogo es tomar medidas más sencillas de acatar y siempre en pos de proteger al grupo de riesgo más vulnerable: “El hecho de poder tratar de cuidar a una población particular que va a tener más riesgos no es el problema. El problema es hasta qué punto llegamos. Uno de los puntos más problemáticos de lo que pasó con esta normativa es que probablemente ahora la gente responda menos a la norma que antes. Es decir, veníamos con un alto apoyo a la norma. El presidente tiene un gran apoyo popular porque hizo comprensible esta norma y la gente lo aceptó. Lo que no aceptó es este nivel de obligación y la mentira que construyó el Gobierno de la Ciudad. Incluso cuando dijo que no iban a
Lo dijo Pamela Gallardo, Promotora de Salud y vecina de la Villa 31, ubicada en Retiro, al norte de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con el programa radial A mi no me importa. Desde su trabajo en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 47 ubicado en el barrio, Pamela ofrece una mirada del aislamiento social muy lejana a lo que aparece en los medios tradicionales y ciertos discursos oficiales. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero El aislamiento social, preventivo y obligatorio está instalado en todo el territorio de nuestro país. Desde el gobierno nacional, empiezan a plantearse cómo flexibilizar la cuarentena, al menos en algunas provincias. La realidad es que, ya en la cuarta semana de aislamiento, el Estado sigue sin atender las necesidades básicas de muchos sectores de la población que no pueden simplemente quedarse en su casa. La Promotora de Salud Pamela Gallardo, explicó cómo se vive en la Villa 31, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. —La Retaguardia: ¿Querés contarnos qué es ser Promotora de Salud? —Pamela Gallardo: Somos un grupo de personas que estamos trabajando hace cinco años a partir de un programa, nos dividieron en los Centros de Salud del barrio, y articulamos y generamos vínculos con la comunidad, somos un nexo entre la comunidad y los Centros de Salud, coordinamos con organizaciones, comedores que hay en el territorio. Es importante en esto aclarar que cuando nosotras hablamos de Salud lo hacemos desde una concepción integral, no solo biológica, que aborde lo social, lo cultural, lo económico también. Entonces generamos una conexión entre el sistema de salud y la comunidad. —LR: Los medios de comunicación le hablan a la clase media cuando se dice “quedate en casa”, ¿qué pasa en un barrio como la 31? —PG: Una de las cosas que estamos haciendo los trabajadores de salud es transformar ese mensaje, esa sugerencia que se baja, a la realidad del barrio. Se vive otra realidad, en otro contexto, para nosotras la calle es nuestro espacio libre, recreativo, las casas son chicas y salimos a encontrarnos con los vecinos en la calle, en la plaza, en la vereda. También están los comedores, la violencia de género, la asistencia en lo que es la salud, nosotras trabajamos en un CeSAC donde la estructura es muy precaria, donde por ejemplo en lo que respecta a lo respiratorio esta cuestión nos puede afectar mucho. —LR: ¿Cómo está viviendo el barrio la cotidianeidad de la cuarentena? —PG: Es complejo. Por ejemplo, acá en el barrio hay mucha gente que trabaja de modo independiente. Salen a vender a la feria, se dedican a la actividad comercial. Se está tratando de articular con los comedores, pero lo real es que la asistencia del Estado a los comedores no se está cumpliendo, no mandan alimentos. Cumplir la cuarentena también es difícil, los lugares son pequeños, se tratan de hacer actividades de modo virtual, para hacer más ameno el aislamiento, pero es difícil. —LR: ¿Qué rol está cumpliendo el Estado, tanto en la salud como en el día a día? —PG: Y, hace unos días, por la ausencia del Estado, se ha creado un Comité de Crisis en base a la urgencia, a la vivienda, a la salud, a la comida. Eso te demuestra que está difícil, que el Estado está ausente. Los comedores no tienen los elementos necesarios, no llegan. En el CeSAC hay elementos que tampoco llegan, además que el espacio también no es apto. —LR: ¿Qué preocupaciones tienen hoy los y las vecinas de la 31? —PG: Lo real es que los vecinos no están preocupados como en otros lugares por el coronavirus. Les preocupa, por ejemplo, no tener un ingreso, no tener comida. Tenemos adultos mayores en el barrio que no tienen comida, no se pueden mover mucho, no llegan a los comedores. Tuvimos casos de cuestiones emocionales también, vecinos con ataques de pánico, de parálisis facial, por las medidas que se tomaron. Podemos decir que están bien las medidas para evitar la propagación del contagio, pero tenemos que pensarlas de un modo en que no afecte a los vecinos de la 31. Pensarlas en su contexto. —LR: ¿Hubo algún acercamiento por parte del gobierno porteño? —PG: Y, en la 31 hay un organismo que es la Secretaria de Integración Social y Urbana, ellos suspendieron todas las actividades, incluso el área que ellos manejan de salud. No se dio respuesta, no contestan. Y por eso mismo se formó el Comité de Crisis, para pedirle al Estado que responda. Ellos vienen en campaña, pero luego en este contexto no aparecen. Y eso genera bronca. También está la policía, que te pide que hagas lo que ellos te dicen en muy malos términos. También estamos teniendo muchos problemas con respecto a la violencia de género. Existe la línea 144 pero hemos tenido casos donde llamaron y no les dieron una respuesta satisfactoria, no hubo estrategia salvo aconsejarles que hagan la denuncia. —LR: ¿Cómo está el CeSAC 47 ahora? —PG: El CeSAC tuvo modificaciones con respecto a la organización. Ahora se atienden a personas con síntomas de COVID-19 o de Dengue, aunque el Dengue fue dejado un poco de lado. Se está empezando a notar el reclamo que venimos haciendo con respecto a la estructura, no previeron lo que les decíamos durante años y ahora quieren que atendamos una demanda grande, y la ausencia de infraestructura aparece más a la vista que nunca. Al día de la fecha, el colectivo de Promotores y Promotoras sigue exigiendo que se trate en la Legislatura porteña la ley que formaliza su situación como Agentes de la Salud, reclamo que lleva más de cuatro años.
Lucía Finocchietto y Eugenia Azurmendi, trabajadoras del programa Capacitación Situada del Gobierno de la Ciudad, visitaron Radio La Retaguardia en el programa Mis hijos están con el padre. Contaron la situación laboral de quienes trabajan en estas capacitaciones para docentes en las escuelas públicas, principalmente de primaria, con irregularidades que afectan aproximadamente a 400 personas. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Silvio Florio/Braulio Domínguez✍ Redacción 👉 Braulio Domínguez💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero Eugenia Azurmendi, quien está hace tres años trabajando en Capacitación Situada, nos explica la situación actual del programa: “Este año se da la profundización de la precarización. ¿Cómo implementa este plan la gestión del Gobierno de la Ciudad? Con contratos de locación de obra. Quienes venían trabajando desde antes, lo hacían bajo la forma de horas cátedra, que es el tipo de trabajo que ampara la realidad docente. El de locación del obra es como si un empresario firmara un contrato con el Estado, que es nuestro caso, que tenemos que ser monotributistas, facturar, y cobrar una vez terminado nuestro trabajo; como si estuviésemos construyendo un edificio o un puente”. Y denuncia que “Estos contratos no amparan la relación de dependencia en principio y además el Estado puede revocarlos en cualquier momento. No corre la antigüedad, no nos cubre la ART, no tenemos el aguinaldo, que son todos derechos estatutarios. Toda esta realidad venía de los años anteriores, pero este año se complicó aún más”.La docente Lucía Finocchietto nos aclara al respecto: “Dos personas que hacen el mismo trabajo deberían cobrar lo mismo. Dada esta precarización de los contratos que hay al interior de Escuela de Maestros, algunos de los compañeros tienen horas cátedra y otros compañeros –la mayoría– tienen contrato de locación de obra. Esto hace que por el mismo trabajo hay gente a la que le pagan 10 y hay gente a la que le pagan 18. Estamos trabajando en condiciones completamente injustas y raras”.La incertidumbre había empezado a fin de 2019, pero luego había mermado, tal como nos cuenta Eugenia: “A fin de año pensábamos que el plan se terminaba, pero nos anuncian que la Ciudad de Buenos Aires decide continuar y renovar su plan por cuatro años más. ¿Por qué? Porque realmente había sido muy bien recibida la capacitación entre los docentes. Nosotros lo sentimos así”.Sobre los distintos tipos de capacitaciones que llegan a las escuelas es pertinente la observación de Lucía: “Hay capacitaciones que recibimos los docentes de gente que viene y no conoce una escuela porque hace mucho, mucho, mucho tiempo que no va a una y de repente nosotras, que trabajamos de maestras, transitando la realidad cotidiana de las escuelas, tenemos otro conocimiento de lo que pasa en el aula”. Azurmendi nos da algunos detalles sobre la vuelta al cole versión Gobierno de la Ciudad: “Cuando arrancó el año y volvimos en febrero a comenzar con estas capacitaciones masivas, empezaron a llegar contratos de dos meses a algunos, de tres meses a otros, de un mes a algunos compañeros, a otros de un año, sin firmar. Son propuestas de contrato, que llegan electrónicamente, nada de ver una cara. Todo es un click. Y con contratos de $10.000, cuando nos habían anunciado en diciembre que los contratos iban a ser de $15.000, equiparando el valor de la hora cátedra de nuestros compañeros. Incluso nos ofrecen menos que el año pasado”.Finocchietto da detalles de los reclamos formales presentados hasta el momento y en qué relación contractual se encuentran: “En Escuela de Maestros hay una autoridad, actualmente está Oscar Ghillione. Obviamente se hicieron numerosas cartas pidiéndole que tengamos una reunión para que nos explique lo que estaba pasando, porque estos contratos, que son muy precarios y muy malos, tampoco están llegando. Nosotras ya comenzamos a trabajar pero no tenemos contrato. Nuestra relación con el Gobierno de la Ciudad hoy sería como una relación de fe. Uno apuesta a que ahí hay una relación laboral. No sé cómo lo tomaría un abogado esto, porque papel firmado no hay ninguno. Pero nosotras ya empezamos a cumplir nuestra tarea. Esto también fue arduo de resolver en asamblea”. Y denuncia: “Empezamos a principios de febrero, con trámites a distancia, que primero te piden una cosa y después te piden otra, y ya la mandaste, no la encuentran, te mandan un mail. Llamás por teléfono y da ocupado, hasta que te atiende alguien y te dice ‘Sí, llegó, pero no llegó’ o ‘Sí, el contrato va a estar la semana que viene’. Hace un montón de tiempo que la semana que viene va a haber un contrato. El director, Oscar Ghillione, siempre se comunica por intermedio de los coordinadores de cada equipo, que son coordinadores pedagógicos, no son nuestros jefes. Además están tan precarizados como nosotros. Es una relación medio perversa esa de usar al coordinador pedagógico para que te venga a transmitir las pésimas o nulas noticias que hay. Están demostrando una gran inoperancia, pocas ganas de resolver el conflicto y mucha capacidad para inventar otros que no existían. Pedimos reuniones por mesa de entrada, con cartas que se firman y demás, pero no se enteraron mucho”. También agrega: “Cuando teníamos que empezar a ir a las escuelas para hacer la capacitación situada dijimos ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Porque es medio raro ir a trabajar sin contrato. Solo algunos tenían. Fue toda una discusión. Al final resolvimos que nos presentábamos, pero para comentar nuestra situación con las docentes de estas escuelas”. Eugenia explica cuál fue la reacción de sus autoridades cuando observaron que no iban a quedarse de brazos cruzados trabajando sin contrato: “Los días anteriores, viendo que estábamos pensando vías para reclamar, fuimos amenazados con que con un click no se iban a dar de alta los contratos. Fuimos advertidos de que íbamos a ser reemplazados por trabajadores de otros equipos”.La violencia va mucho más allá de dejar a centenas de personas sin trabajo o precarizadas. Sobre este tema Lucía reflexiona: “Junto con esa incertidumbre laboral, hay una gran desvalorización al trabajo, porque lo que
Lo dijo Omar Guaraz, miembro de la organización Vendedores Libres que integra la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) en entrevista telefónica durante el programa Tengo una Idea conducido por Graciela Carballo, Carlos Morchio y Nicolás Rosales. Allí denunció que vendedores ambulantes senegaleses fueron interceptados y detenidos ilegalmente por la Policía de la Ciudad en Nazca 371, barrio de Flores. Los funcionarios policiales le solicitaron dinero a los trabajadores a cambio de no detenerlos. (Por La Retaguardia)Foto: Agustina Salinas “La información es la siguiente, nosotros fuimos con los legisladores de la ciudad a las comisarías séptima y la cincuenta, en las que en suma tenemos albergados más de 2500 manteros y son los lugares en la ciudad más violentos. Para que tengamos una idea en el último año solo en el barrio de Flores y de Once tuvimos más de 1500 detenidos senegaleses”, comenzó a relatar Omar Guaraz, integrante de la organización Vendedores Libres. Y continuó: “La persecución en el último tiempo se ha dado contra ellos. En ambas comisarías nos encontramos con abusos institucionales muy graves, tuvimos compañeros heridos producto de la represión de gravedad. Tuvimos incluso el año pasado, allá por el mes de marzo, una persecución policial con una vendedora muerta. Nosotros lo hicimos público, y la policía lo negó. Es decir, el grado de violencia estatal es muy notorio, muy manifiesto. Lo que nosotros planteamos es que desde la Ciudad de Buenos Aires existe un objetivo político donde el jefe de gobierno pretende la eliminación de la venta callejera. En un contexto de país que también cabe destacar que producto de este modelo económico en estos cuatro años muchísima gente se sumó a la economía informal como único recurso para sobrevivir y tuvo un impacto muy profundo en la Ciudad de Buenos Aires, en la que cada día se encuentran más manteros, vendedores ambulantes. Se encuentran en parques y plazas fenómenos nuevos como el trueque, las ferias americanas a cielo abierto, en el subte y en los trenes. La cantidad de vendedores que tenemos en el último año ha crecido a niveles exorbitantes”. Robo de mercaderías, una nueva metodología estatal“Tenemos desde el 2015 hasta hoy como única respuesta al estado de Larreta, que no ha dado ninguna solución, reprimir a los vendedores, tratar de llevarlos presos por miles con la intención de ver si podía doblegar la moral de los vendedores e instalar el miedo. El colectivo de los vendedores es un colectivo muy duro. A los compañeros los meten presos, y después salen a laburar. Y las metodologías fueron cambiando, cada vez más duras. Lo que vemos es una estrategia de desmoralizar a los vendedores con el robo de la mercadería. Se los agarra a los vendedores senegaleses no cuando están vendiendo, sino por el hecho de ser identificados por su color de piel, se los detiene, se les quita la mercadería sin acta contravencional en las estaciones de trenes, de subtes. Se busca mediante el vandalismo estatal, que es el robo, desmoralizar a los vendedores”, denunció. Graves de denuncias “Hace unas semanas, tenemos un caso que es recurrente y que tomó estado público. Un domingo a las 16 hs en Nazca 371 (barrio de Flores), venían 5 compañeros senegaleses para sus casas en un vehículo, la policía los detuvo sin ningún motivo, y literalmente los funcionaros policiales les piden coimas para no detenerlos y para no tocarles la mercadería”, contó Guaraz.“Hay un incentivo, una persecución para todos los funcionarios policiales que no entren en esta lógica de detener, golpear. Esta es una de las cosas más graves que denunciamos ante la justicia y los legisladores porteños, que es armar causas judiciales: por lado se necesitan presos para atemorizar a los vendedores. Agarran a un vendedor que no opone resistencia, lo violentan, eso genera una reacción natural en el vendedor y esa es la excusa perfecta para acusarlo de delitos que van desde resistencia, atentado a la autoridad, lesiones. Y como la única información que tiene el fiscal o juez es la de los funcionarios, inmediatamente los compañeros son detenidos y procesados. Los funcionarios lo que dicen es desconocer esta información, debemos decir que nos dejaron sus números de teléfono y, de suceder excesos, que la puertas de la comisarías estaban abiertas. Los legisladores con representación en todos los bloques que se hicieron presentes y están al tanto fueron muy contundentes y están todos los caminos institucionales para hacer las denuncias. La mercadería robada a los vendedores se termina comercializando en los propios comercios de Flores”, finalizó.
El Cine el Plata, ícono del barrio porteño de Mataderos, continúa cerrado hace años mientras los vecinos y vecinas luchan para lograr la reapertura. El Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo la promesa de que en poco tiempo el espacio iba a reabrir su puertas. Natalia Márques, de la Coordinadora de Vecinos y Vecinas en Defensa del Cine el Plata, fue entrevistada por Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero en el programa radial La Retaguardia, criticó el anuncio y dijo que es una mentira más del Gobierno de la Ciudad en una lucha que ya lleva casi 12 años. (Por La Retaguardia)Fotos: Fernando SalimbeneEn pleno debate entre los candidatos para la Jefatura de Gobierno Porteña, Larreta había prometido que iban a recuperar el Cine el Plata para el disfrute de todos los vecinos y vecinas, y para brindar un mayor acceso a la cultura en el barrio. Una de las integrantes de la Coordinadora de Vecinos y Vecinas en defensa de ese espacio, Natalia Márques, criticó el anuncio y tildó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de mentiroso.Márques contó la historia de lucha que llevan los y las integrantes defendiendo el Cine el Plata: “El cine, como tal, cerró sus puertas en el ’87. Yo soy parte de una generación que no tuvo acceso al cine. Las luchas barriales trascienden en el tiempo. Hay integrantes históricos de la Coordinadora que yo no llegué a conocer. En 2005, el Gobierno de la Ciudad bajo la gestión de Aníbal Ibarra compró el edificio que es propiedad de todos y todas nosotras con el fin de hacer un centro cultural para el barrio. Cuando en 2007 asumió Mauricio Macri, nos enteramos de la posibilidad de que se derribe el edificio para construir ahí un Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) de la Comuna 9. Los vecinos empezaron a organizarse y de a poco comenzó a conformarse lo que después fue la Coordinadora por el Cine el Plata. Es un reclamo que va camino a cumplir los 12 años”.Una pequeña victoria: “En 2011 se frenó la demolición. Creo que el contexto político ayudó. Así comenzó esta lucha. Se produjo una inauguración muy parcial, en 2011, de una primera etapa que consistió en 2 microsalas. El proyecto que se había constituido y por el que se peleó es una gran sala, abajo, con capacidad para 600 personas, dos microsalas arriba y también espacios de uso reducido para dictar talleres y cursos. De todo eso se logró una inauguración parcial. Después vino una tormenta muy grande. Se volaron unos techos. Nunca se avanzó en la segunda etapa. Finalmente, estas aperturas fueron parciales. Los recuerdos que tenemos son de un espacio que no estaba siempre abierto, con piso de cemento, butacas incómodas y no acondicionadas para pasar las vacaciones de invierno. Eso no inhibe que parar la demolición haya sido un triunfo. Estos procesos son largos y la lucha no se abandona”, aseguró.Natalia contó que el cine “está cerrado totalmente desde fines del 2015. Pese a haber sido reconocida como parte litigante, la Coordinadora no tiene acceso al edificio”. Y se refirió a la promesa del Jefe de Gobierno Porteño: “En vísperas de las elecciones llegó esta promesa de reapertura por parte de Horacio Rodríguez Larreta. En el debate de la Ciudad, Larreta dijo que el barrio de Mataderos iba a estar recuperando en breve el Cine el Plata con un nivel de impunidad y cinismo que es fenomenal. Salimos a declarar y expresar lo mentiroso de esta promesa. Hablan como si no fueran los responsables de la desidia y del abandono que pesa sobre el cine. Prometen como si no fueran oficialismo hace 12 años”, criticó.En el aspecto judicial, el Gobierno Porteño también está en falta: “Hay una sentencia firme que data desde el 2013. Hay una ley que se sancionó en diciembre del año pasado establece que tienen que destinar los fondos necesarios para terminar la obra. Incluye al Cine bajo la órbita del Complejo Teatral de Buenos Aires. Incumplen un fallo judicial y 12 años de lucha”, denunció.Márques criticó también la falta de diálogo con el Gobierno Porteño para lograr llegar a una solución: “Instancias de diálogo no hay desde principios del año pasado o antes. La que queda es la vía judicial. Hay abogados y abogadas siguiendo la causa judicial y ese es el vínculo que hay. Las excusas del otro lado son irrisorias. Han llegado a contestar que la culpa la tiene la Legislatura porque el presupuesto que votó no incluyó los fondos suficientes, desconociendo algo básico que es que los presupuestos los presenta el Ejecutivo”, cerró la integrante de la Coordinadora en Defensa del Cine el Plata. DESCARGAR
Cecilia Paul, docente de la escuela Técnica N°15 Maipú de Barracas, dialogó con Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier en el programa A Mí No Me Importa y comentó las condiciones actuales en las escuelas públicas de la Ciudad. Inundaciones, hacinamiento en las aulas, deterioro general de la infraestructura, falta de mantenimiento y seguridad, son algunos de los graves problemas que atraviesa hoy la educación pública en la CABA. (Por La Retaguardia)Fotos: Comunidad Educativa Escuela Técnica N°15 Maipú Horacio Rodríguez Larreta apuesta a la reelección este domingo 27 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los puntos que más destaca de su gestión es el de la educación, jactándose de las escuelas construidas y el buen funcionamiento del sistema público con los cambios curriculares y las inscripciones online que el macrismo implementó en sus años de gobierno. Sin embargo, la realidad es muy diferente dentro de las escuelas: inundaciones, edificios que se caen a pedazos y falta de espacio en la aulas son algunos ejemplos, sin nombrar las miles de promesas de ampliación o construcción de nuevos edificios para las escuelas que no están en condiciones.La docente Cecilia Paul, de la Técnica N°15 Maipú, se refirió al desfinanciamiento estructural de la educación pública en la Ciudad como razón de esta crisis: “Lo que estamos atravesando es el día después de la aplicación de las políticas de ajuste dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero con las dos gestiones de Mauricio Macri y después con (Horacio) Rodríguez Larreta donde los presupuestos para la infraestructura escolar, el mantenimiento de los edificios, siempre fue a la baja. Hoy atravesamos en la Técnica 15 la inundación que implica suspensión de clases en las áreas de taller, la superpoblación dentro de la escuela por la implementación de las modificaciones de la nueva escuela secundaria”, explicó. Según Paul “hay cursos que no tienen espacio físico para funcionar. El deterioro general del edificio que es antiquísimo, fue la casa de Guillermo Brown, nunca hubo una tarea de mantenimiento estructural. Esto abonó a un deterioro año tras año que desde las conducciones de la institución se hacen los pedidos de reparación, de mantenimiento, pero no hay respuesta. Son reclamos internos, institucionales, respetando las vías jerárquicas pero que el Ministerio en su afán de ahorro o desvío de fondos, no implementa en las escuelas y nos lleva a esta situación realmente crítica para llevar a cabo nuestra tarea pedagógica y para la seguridad de los estudiantes. El centro de estudiantes plantea algo muy elemental como decir que ellos no se merecen estudiar en estas condiciones”. Los arreglos, de la boca para afuera “Tenemos una demanda de matrícula y no se está pudiendo dar respuesta. Hace once años que la comunidad viene manifestando la necesidad de una reforma estructural de la escuela. Once años con continuas promesas. Lo que sucede desde el año pasado fue un reconocimiento de parte del Ministerio de que la escuela está mal y que debía hacer un edificio nuevo. Magnifiquemos esta situación. El año pasado, de la boca para afuera, algunas autoridades del Ministerio, manifestaron esta posibilidad sin ningún compromiso”, denunció la docente. “El año pasado finalmente dijeron la posibilidad de iniciar la obra y un traslado transitorio de la escuela durante la obra por la magnitud, a otro lugar. Ese otro lugar es inexistente, por lo tanto, la obra no se lleva adelante. Recién este año existía la posibilidad de un traslado al edificio de Paseo Colón, con todo el desarraigo que eso implica estando ahora en Barracas. Siempre es de la boca para afuera. No hay un compromiso, ni un acta firmada sobre cómo se va a hacer ese traslado. Ni siquiera un inicio de obra para poder llevar adelante semejante iniciativa. Hace un mes los docentes nos convocamos y pedimos por escrito una reunión con el sector de infraestructura para que nos dé información sobre la planificación, en qué condiciones nos vamos a mudar”, insistió Paul. “Los docentes trabajamos en muchas escuelas y sabemos que estos movimientos no siempre tienen en cuenta las necesidades específicas de las instituciones. Durante este mes que esperamos se tuvieron que suspender las clases en el turno de taller porque cae agua. El centro de estudiantes tampoco recibió ninguna respuesta. Dudamos realmente de que la mejora se vaya a realizar. Consideramos que el año que viene no podemos empezar las clases así. Estamos poniendo en riesgo la salud de todos”, aseguró. “Lo mínimo: no hay luces de emergencia en ningún sector, los matafuegos están vencidos desde agosto, no tenemos manguera para bomberos, los planos de evacuación están sólo en la zona de taller. Son medidas mínimas de seguridad que el propio gobierno de la Ciudad reguló y que ellos mismos no respetan. Hay un mirar para otro lado desvalorizando la práctica dentro de la escuela pública poniendo en riesgo a los que la habitamos todos los días”, denunció.Sobre el proceso de organización de la comunidad educativa, la docente contó: “Pudimos celebrar la primera asamblea de toda la comunidad con participación de docentes y directivos para informar lo que sabíamos informalmente, centro de estudiantes y familias de la cooperadora. De esa asamblea se resolvió realizar un abrazo a la escuela para poner en comunicación con el barrio. Sabemos que una vez que se inicien las obras hay que controlarlas, con todo lo que está pasando con otros edificios que se inauguraron y tuvieron que suspender las clases porque se les vinieron abajo los techos como en el caso del Rogelio Yrurtia”, ejemplificó. “Celebramos la unión de las familias, los estudiantes, el cuerpo docente, para poder acompañar en este proceso porque sabemos que con esta gestión de gobierno no hay seguridades garantizadas para nadie. Si tenemos que realizar alguna acción legal para cuidarnos, la haremos. Adentro de la escuela estamos padeciendo goteras, olores porque trabajamos con tinta y necesitamos sistemas de ventilación. Durante el invierno no tuvimos calefacción porque la caldera no funcionaba. Estamos al pie de la batalla para defender la escuela