San Telmo
“Artesanos Unidos de la calle Defensa” de la Feria del Barrio porteño de San Telmo realizaron hace unas semanas una olla popular para que se escuchen sus reclamos. Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio no han podido generar ningún tipo de ingreso. Se trata de un reclamo directo al Gobierno de la Ciudad para pedirle que responda a los petitorios que hicieron desde las distintas ferias regularizadas. En diálogo con el programa Tengo una idea, la artesana y delegada integrante de “Artesanos Unidos de la Calle Defensa al 700”, Sita Ram Díaz Zamorano, explicó cómo fue la reunión, que promesas obtuvieron, y describió la difícil situación que les toca vivir. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Archivo Agustina Salinas La Retaguardia El aislamiento social a raíz de la pandemia ha hecho que diversos sectores de la sociedad con trabajos independientes y autogestivos hayan dejado de generar ingresos. A esto se le suma que los reclamos fueran silenciados e invisibilizados. Sin embargo, los y las artesanas de la reconocida y turística Feria de San Telmo, tras la realización de una olla popular y muestra de taller, aún poniendo en riesgo su salud, pudieron por fin ser escuchados por el Director de General de Conservación del Espacio Urbano, Miguel Ángel Estrada, en las puertas del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en la calle Martín García 346, frente al Parque Lezama.“Lo que hizo Estrada en primer lugar fue dividir a los sectores. Nosotros, como delegados, queremos ir juntos de todas las ferias de la Ciudad de Buenos Aires y ya dividió a las reuniones vía zoom. En primer lugar, les va a tocar a las ferias de sistema, que son las viejas ferias de artesanos de la antigua ordenanza; y, después, nosotros esperamos a ser notificados. Como recién ahora se empieza a hacer una presión desde todos los ámbitos posibles, estamos tendiendo algunas respuestas”, detalló. En mi caso estuve todo el día de hoy (por el martes) ocupada con la entrega de cajas alimentarias para los compañeros. Después de 90 días, no voy a ser una malagradecida, porque no lo soy, pero les puedo contar de qué consta para que se entienda la gravedad del asunto: una lata de choclo de grano amarillo de 200 gramos, una lata de durazno, tres paquetes de bizcochitos de 120 gramos cada uno, un aceite mezcla de 900 gramos, una leche en polvo de 800 gramos, dos chocolates de 170 gramos, una polenta de 500 gramos, un paquete de azúcar y una caja de té de 50 saquitos. Fueron ochenta y cinco de estas cajas vía padrón que les corresponden a los compañeros después de más de 80 días de no haber recibido ninguna notificación”, detalló Sita Zamorano.“Entendemos y creemos que hasta pasado septiembre las Ferias de la Ciudad de Buenos Aires no van a poder volver. Es iluso pensar que la gente pueda tener el poder adquisitivo, que vaya a ir a las ferias, y que la gente vaya a correr el riesgo de ir a trabajar. Tenemos muchos compañeros en edad de riesgo”, vaticinó. “Lo que esperamos es que el Gobierno realmente nos escuche y realmente tenga seriedad en poder tener una mesa de diálogo, porque necesitamos que esta gestión avance un poquito más que con un bolsón de alimentos. Tenemos compañeros que llevan dos o tres meses sin poder pagar el alquiler. Y es completamente falso que el DNU (en referencia al congelamiento de los alquileres) se cumpla porque lamentablemente no toda la gente alquila en blanco, y hay muchos que están siendo desalojados, quedando en situación de calle. Y que le están aumentando el alquiler”, continuó describiendo.Con respecto al alcance de la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) dijo: “Muchos compañeros lo han recibido, pero si tenés en cuenta que tenés que sustentar a una familia con 10 mil pesos en 90 días, es una medida celebrada pero insuficiente, y ni hablar si uno alquila. La situación es que muchos compañeros no la cobraron por errores que no se entienden; hay un ejemplo de una compañera que, según ANSES, nació en 1901, o compañeros extranjeros que no han podido demostrar sus años de residencia, que están en el sistema, lo que implica que pagan impuestos, que demuestran que están en la rueda económica del país, también alquilan, se alimentan. En nuestro caso, nuestras artesanías, como usamos insumos de acá, somos industria nacional”.“El Gobierno de la Ciudad con nuestro sector ha sido nulo. Se demostró legislativamente con el fallo del juez Gallardo, y ejecutivamente con nosotros cuando nos manifestamos en la calle (se cumplió una año de la represión por parte de Policía de la Ciudad a los feriantes). Esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto y traiga soluciones concretas y no dilate las cosas, porque en este momento un protocolo no es algo para discutir,. Queremos soluciones para los compañeros que alquilan, sobre todo para quienes no han recibido la IFE, y una canasta alimentaria razonable”, agregó.Tras la realización de las ollas populares, la semana pasada el Gobierno porteño les dio una reunión. Sita detalló los acuerdos alcanzados: “Conseguimos que se traten seriamente nuestros petitorios, esto habiendo hecho ingreso al hall de entrada del ministerio. Quedamos con el compromiso del Gobierno para entablar la mesa de trabajo y así contener a los compañeros, mejorar los productos de la caja alimentaria y trabajar con funcionarios de otras dependencias como el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, órgano que se encarga del subsidio habitacional. Producto de la reunión previa vía Zoom, llevada adelante con el Director de Conservación del Paisaje Urbano, Miguel Ángel De Estrada, quien también está a cargo de la Gerencia Operativa de Ferias, Gabriel Kuasñosky, y otros funcionarios del Ministerio de Espacio Público, se comprometieron a seguir entregando la caja de alimentos cada diez días. Además, llevarían adelante las gestiones para el acceso de la ‘Ciudadanía porteña’ (es una tarjeta alimentaria que no es compatible
Continúa el conflicto con la feria de artesanos/as de San Telmo, que se profundizó cuando la Cooperativa El Adoquín firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para legalizar 220 puestos en lugares que históricamente ocuparon otros/as, que quedarían reubicados sin su consentimiento. El domingo pasado la Policía de la Ciudad reprimió a un grupo de feriantes que se fueron de El Adoquín rechazando el acuerdo, entre quienes está Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Ahora la cuestión está judicializada y es una incógnita saber qué ocurrirá el próximo domingo. En el programa radial La Retaguardia, Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero dialogaron con Gabriela Olguín, la presidenta de la Cooperativa El Adoquín (CTEP), muy cuestionada tras el acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Olguín explicó la situación general y reconoció como poco feliz haber publicado un comunicado luego de la represión, sin mencionarla. (Por La Retaguardia) Gabriela Olguín, presidenta de la cooperativa El Adoquín habla con total seguridad. El momento es incómodo. Está respondiendo a duras críticas por el acuerdo que firmó la cooperativa con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que regulariza la situación de 220 artesanos y artesanas. El problema es que cerca de 70 se negaron a ser parte del acuerdo cuando se enteraron de que las personas que venían trabajando en el 700 de la calle Defensa -una de las cuadras acordadas con el gobierno para mudar a los feriantes del 800 al 1000- habían sido desalojadas por la fuerza unas horas antes, el domingo 13 de enero, cuando comenzaba a regir el acuerdo. A partir de allí, quienes se reconocen como El Adoquín disidente, se presentaron ante el gobierno de la ciudad para desafectarse del acuerdo. En paralelo, un grupo de feriantes que históricamente trabajan en el 700 de Defensa, presentaron un amparo en la justicia porteña, que se está tramitando en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1, a cargo de la jueza Romina Tesone, que pidió informes al gobierno y abrió el amparo para la participación de quienes se sientan damnificados.Olguín comienza la charla repasando la historia de la organización, aunque la pregunta no fuera para ese lado: “Llevamos muchos años de lucha y de organización. Empezamos siendo asambleas. Primero nos constituimos en grupo y después en cooperativa. En septiembre de 2011 decidimos sumarnos al a CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Desde entonces, pasamos lo que pasan todos los trabajadores de la economía popular en el espacio público: operativos, decomisos, detenciones, causas y ser tratados como delincuentes. Siempre buscamos organizarnos a través de una fuerte identidad de clase como trabajadores”. —LR: ¿Cómo fue el acuerdo entre El Adoquín y el Gobierno de la Ciudad? —GO: Llegamos a construir canales de diálogo con el gobierno a través de muchas vías, como la Legislatura y Defensoría. Generalmente encontrábamos un punto muerto y se frustraba. De hecho, estuvimos muy cerca de obtener la legalización de las cuadras que nosotros llegamos a ocupar después de 10 años de organización, en el 800, 900 y 1000 de la calle Defensa, entre Av. Independencia y el pasaje Bethlem. Antes estábamos hasta San Juan, pero ahí perdimos una cuadra que fue muy difícil de conservar. El 21 de septiembre en el programa de Lanata hubo una crítica muy fuerte al gobierno en el acercamiento que podían tener en cualquier mesa de diálogo con nosotros y se nos cayó cualquier posibilidad de tener una feria en esas cuadras que estábamos buscando. Sabemos que hay un poder real, fáctico, con intereses económicos que incluso, a veces, tiene mayor peso que el propio Ejecutivo de la Ciudad. —LR: ¿Los anticuarios? —GO: Hay intereses inmobiliarios y de todo tipo. Si uno dice anticuario, mete en la bolsa al pequeño anticuario y la verdad es que no. El pequeño empresario y comerciante no es el culpable. Al contrario, son las víctimas de la misma crisis y el mismo proyecto de ciudad excluyente que sufrimos nosotros. Más que uno gremio son un grupo de poder real. —LR: Tras el acuerdo, hubo un conflicto con un grupo de feriantes que formaban parte de El Adoquín porque se negaron a ocupar el 700 de la calle Defensa, donde históricamente tenían sus puestos de trabajo aquellos otros y otras feriantes ¿Cómo fue ese proceso?—GO: Nosotros no esperábamos en ningún momento que lograr un convenio laboral surgido de una negociación colectiva de trabajo pasara por encima del laburo y de la presencia de otros compañeros, de otros trabajadores. Es cierto que íbamos por caminos diferentes -nosotros laburando como sindicato-. Siempre decimos que el camino a la revolución es ancho y largo y en esos caminos nos encontramos y nos volvemos a encontrar porque todos tenemos un objetivo de clase. Sobre todo en la cotidianeidad reivindicativa de que nuestros compañeros tengan laburo, vivan mejor y tengan más dignidad. No imaginábamos el escenario que se presentó después. Por eso, tratamos de tener gestos. El primer domingo (13/1) nos encontramos con la presencia policial y con compañeros que no estaban informados. No estaba garantizada la integridad física de los integrantes de El Adoquín ni la integridad física ni laboral de los trabajadores que se estaban oponiendo. El gobierno tiene proyectado legalizar toda la parte de ferias y predios feriales desde Av. Independencia hasta Plaza de Mayo. No quieren a ninguno trabajando en las cuadras anteriores. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de cumplir con nosotros como trabajadores y también con los trabajadores que estaban en el 700. Nos hubiera gustado no llegar a esta situación. Estamos tratando de resolverla sin violencia y sin enfrentamiento. Por eso, ese primer domingo decidimos irnos a nuestra casa, como un gesto. El siguiente domingo también fue muy duro. Desde ese entonces, decidimos armar en la calle Chile, que fue la otra cuadra que nos fue adjudicada por convenio. No queremos ser justificación de represión ni tampoco justificación de desalojo y desocupación de otros trabajadores. A pesar de que se ha puesto un poco virulenta y bastante agresiva esta
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