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Declaran Alberto Julio Schatz, hermano de Diana Schatz, secuestrada y asesinada durante  la represión a la Contraofensiva de Montoneros, y José Luis Frega, convocado por la defensa del imputado Marcelo Cinto Courteax.

  La sobreviviente de la represión a la Contraofensiva de Montoneros reconoció a uno de sus secuestradores mientras veía la transmisión especial de La Retaguardia y El Diario del Juicio. Se trata de Roberto Álvarez, ex comisario de la departamental de San Martín de la Policía Federal, quien ahora debería ser imputado en la causa por la jueza de instrucción, Alicia Vence. El testimonio de Bona apenas terminada la audiencia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista y cobertura en juicio: Fernando Tebele 🎥 Realización audiovisual: Natalia Bernades 📷 Fotos: Gustavo Molfino/Julieta Colomer

La antropóloga Verónica Almada cerró una secuencia de testimonios que buscó traducir los documentos del Ejército que explican cómo funcionaba la Inteligencia, la herramienta principal con la que contó el Terrorismo de Estado en la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Almada dio un testimonio extenso, y no perdió nunca el tono amable ni la calidez que caracterizó su relato. (Por El Diario del Juicio*)  ✍️ Texto 👉 Martina Noailles💻 Edición 👉 Fernando Tebele📷 Fotos 👉  Gustavo Molfino💻 Documentos 👉 El Diario del JuicioSeis horas y varios litros de agua mineral después, Verónica Almada termina su testimonio. No hay aplausos. Porque tampoco hay público. Sin embargo, las partes del juicio, todas, le agradecen a la antropóloga por su predisposición y su paciencia. Los jueces, la fiscal, los abogados querellantes y los defensores, reconocen el enorme conocimiento de Almada sobre los reglamentos y las directivas que estructuraron la inteligencia del Terrorismo de Estado con base en Campo de Mayo. Y también su memoria, opuesta a la pila de “no recuerdo” del médico militar Gabriel Salvador Matharan, el primer testigo de esta audiencia. “Esta ha sido una audiencia atípica”, cierra el presidente del Tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, rozando las cinco de la tarde. No lo dice por el formato de la jornada, que debido a la pandemia obligó a todos los miembros de la querella y a una de las juezas a seguir el juicio a través de una pantalla por segunda semana consecutiva. Tampoco por las veces que debió interrumpirse el testimonio de la testigo Verónica Almada por problemas en el sistema virtual que la justicia le provee al TOFC Nº4 para realizar las audiencias. El magistrado calificó de atípica la audiencia por el “desorden” en que la joven antropóloga fue interrogada, con interrupciones constantes de cada parte, con preguntas, repreguntas y objeciones que agotan a cualquiera pero que, en el caso de Almada, respondió siempre con calma y una sonrisa.  María Verónica Almada Vidal es antropóloga y promete decir la verdad. Se especializa en archivos y derechos humanos y trabajó en el Ministerio de Defensa en el equipo que dirigió Stella Segado, la única testigo que tuvo la audiencia anterior. Allí, Almada trabajó en la desclasificación de la documentación de las Fuerzas Armadas que sobrevivió al Terrorismo de Estado, especialmente la del Ejército. Y en particular, archivos administrativos que conservaban documentos vinculados a los derechos y obligaciones del personal de la fuerza. Durante largos años, Almada se zambulló en el archivo general militar donde analizó legajos de personal retirado y de baja, recibos de haberes, actuaciones de justicia militar, expedientes por accidentes o enfermedades y hasta boletines reservados. “No sólo existía más documentación de lo que se presumía sino más información. Pero hallarla a través de las solicitudes del Poder Judicial era muy difícil, porque implica un gran relevamiento y un cruce de información”, aclara a poco de comenzar, detrás de unos anteojos grandes y bajo un pulover negro que oculta su embarazo de 4 meses. Y pone un ejemplo: “La justicia te pide todo lo que hubiera sobre un operativo. Pero en los archivos el operativo tal, no existe. Sin embargo, la mirada en profundidad de toda la documentación que hay en el archivo puede dar con esa información”, explica. Almada se refiere a las huellas burocráticas que dejaron las Fuerzas Armadas, incluso de las tareas de inteligencia que desplegaron y que fueron medulares en el exterminio. Tal como queda en evidencia en los reglamentos y directivas que se encontraron en los archivos donde se explicita que “las actividades de inteligencia son indispensables en la lucha contra la subversión”. El organigrama Dentro de Campo de Mayo, las tareas de inteligencia comprendían cuatro estamentos: el departamento de inteligencia del Comando de Institutos Militares, el Destacamento 201, el Batallón 601 y la jefatura de inteligencia del Estado Mayor del Ejército. “El trabajo de inteligencia, tal como surge de la Directiva 211 del ‘75, implica una coordinación. Todas esas estructuras tienen vinculaciones organizacionales o técnicas que las articulan en la lucha contra la subversión”, responde a una pregunta que se repite, con distintos tonos, durante las seis horas de audiencia. ¿Había vinculación entre tal y tal área? ¿Las distintas estructuras de inteligencia podían trabajar sin hacer un trabajo mancomunado?  ¿Si un personal de estas estructuras no tenía aptitud de inteligencia, estaba al margen de las operaciones contra la subversión? ¿Puede haber algún militar en actividad entre 1975 y 1983 que diga yo no supe nada de la subversión? “La ejecución descentralizada implica una articulación específica, no significa que cada uno hacía lo que quería o que podían no saber lo que estaba desempeñando el otro. La directiva plantea que la dirección de las actividades de inteligencia la lleva la Jefatura 2, y que el resto de las personas de las diversas estructuras, ya sea de las técnicas como el Batallón, o del propio Destacamento o el batallón de tropa de Institutos Militares, son los medios puestos a disposición para llevar adelante esas actividades de inteligencia”, detalla y continúa: “La misión del Ejército que consta en las directivas son muy concretas, y si el Ejército es una organización con un mismo fin y no personas individuales, no podía haber nadie que no supiera que el Ejército estaba en operaciones de lucha contra la subversión”. A la media hora del comienzo, se interrumpe por primera vez la señal que lleva la audiencia a las partes que no están en la sala y, a la vez, permite emitir en directo desde El Diario del Juicio. Veinte minutos después, el juicio se reanuda. Pero a los cinco se vuelve a cortar. Finalmente, Almada logra retomar casi cincuenta minutos después, cerca del mediodía. Al avanzar en su relato, la antropóloga explica la conformación del Comando de Institutos Militares, rescatada de un cuadro de organización de la unidad: “Los libros históricos del CIM, documentos que todos deben remitir al archivo general del Ejército, no estaban en ningún lado”. Según aquel cuadro que sí encontraron, el Comando estaba compuesto formalmente por dos divisiones: Planes

Así lo exigió en Hasta que vuelvan los abrazos Andrea Scalengue, la mamá de Facundo Scalzo, asesinado por la Gendarmería el miércoles en el Barrio Rivadavia, situado en Bajo Flores. Facundo recibió cuatro tiros por la espalda y murió esperando una ambulancia del SAME que tardó 50 minutos en llegar. Los tres gendarmes fueron detenidos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele y Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto de portada: Famila de Facundo El 10 de diciembre del año pasado, en su discurso de asunción, Alberto Fernández le dedicó un párrafo a la probemática que aqueja a nuestra sociedad desde el retorno de la democracia. “Debemos salir de la lógica del gatillo fácil”, expresó, y prometió acompañar un proyecto de reforma en materia de seguridad. Seis meses después poco se modificó, con el aliciente que durante la cuarentena la represión policial, acompañada por el discurso oficial, recrudeció. El miércoles 17 Facundo caminaba hacia la casa de Andrea, su mamá, cuando se topó con un grupo de gendarmes que avanzaba por la calle a los tiros. Facundo recibió cuatro balas de plomo por la espalda y murió en el lugar, convirtiéndose en otra víctima del gatillo fácil. “Primero y principal quería aclarar que Facundo tenía 20 años y no fue como dicen en todos los noticieros: Facundo no estaba en ninguna guerra narco, como dicen. Facundo no venía de robar, Facundo venía para mi casa. Estaba con sus amigos, venía para mi casa y por la calle por donde venía él, venían gendarmes tirando tiros al aire. Y él sale corriendo y cuando dobla en la esquina los gendarmes le dispararon. Y no fue una bala, fueron cuatro. Cuatro balas que le reventaron el pecho”, aclaró Andrea con la voz quebrada. Y continuó: “Y hoy a mi hijo no lo tengo por culpa de estos hijos de puta. Que se piensan que porque tienen uniforme pueden más. Porque vivimos en un barrio humilde se piensan que pueden más que nosotros, que somos todos negros, que somos todos villeros, que andamos todos en la misma. Y yo no ando en la misma con nadie. Yo trabajo. Yo trabajo y a mis hijos los tengo bien. Y voy a limpiar el nombre de mi hijo para que se deje de hablar lo que se habla. No voy a parar hasta hacer justicia por mi hijo. En este momento esas tres ratas están bien presas. Y yo lo único que no quiero es que esto quede en la nada. Porque así como mi hijo hay un montón de chicos y hay un montón de madres que están en la misma situación que yo. Y yo no quiero que pase más nadie esto. Nunca pensé que me iba a pasar esto y lamentablemente lo estoy viviendo en carne propia. Pero yo lo único que quiero es que se limpie el nombre de mi hijo y dejen de hablar boludeces, por favor”. Momentos después de asesinar a Facundo, cuando vecinos, junto a sus amigos y familiares comenzaron a acercarse al lugar, la violencia continuó: “A mí me pegó la gendarmería. Empezaron a reprimir con balas, no balas de goma, cuando no me dejaron subir a la ambulancia. Cuando yo llego al lugar a él le habían puesto una valla de gendarmes. Lo dejaron morir a mi hijo, la ambulancia (del SAME) tardó más de 50 minutos. Y yo les pedía por favor que me dejen tocarlo, que me dejen abrazarlo. Y me decían que no, que me corra. Y empecé a empujar de la desesperación de ver a mi hijo ahí tirado. Y vino un gendarme, una mujer, y me pegó con el bastón en el brazo. Y me pegaron en los brazos. Y otro gendarme para empujarme me pegó una patada en la panza. Tenía a mi hijo tirado ahí y me estaban pegando. Cuando estaba en el Piñeiro me pusieron como 50 gendarmes y estaba yo sola. No puedo más.”, denunció Andrea. Aunque el hecho es reciente, en Andrea se percibe una fuerza que, en estos casos, no solo es una ventaja, sino que es necesaria. Notablemente quebrada y cargando una angustia insoportable, Andrea se está ocupando de investigar qué pasó con Facundo. “Hoy llamé a la mañana a la morgue judicial y la doctora que le hizo la autopsia me dijo lo que había sido, y fueron todos por la espalda. Un gatillo fácil, es así. Gatillo fácil, abuso de poder. Nada más”, contó. “La familia de Marcelo me está ayudando. Y me llamaron ayer, no sé quién. Lo único que me acuerdo es que me llamaron del Ministerio de Seguridad o Desarrollo Social, algo así, para brindarme apoyo. No sé quién porque la verdad no me acuerdo nada, no sé. Me sacaron a mi hijo. Hablé con la mamá de Ezequiel Demonty, otra víctima de gatillo fácil. Se acercó a mi casa y me dio fuerza. Vi los ojos de sufrimiento de esa madre. También estoy hablando con el hermano de Ezequiel y yo sé que ellos me van a ayudar y me van a dar fuerza para seguir, más allá de que yo tengo tres hijos más, y no voy a descansar hasta que mi hijo descanse en paz porque ya le prometí que se iba a hacer justicia”, detalló sobre el acompañamiento recibido. Hacia el final, luego de quebrarse y recomponerse varias veces, Andrea dejó un fuerte mensaje, para los oyentes y también para las autoridades: “Tengo ganas de decir algo más: justicia para mi hijo y para todos esos chicos, para todos esos chicos que la policía mata. Y que por favor la gente deje de hablar boludeces de mi hijo. Por favor les pido. Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo. En una cuenta de Instagram de la gendarmería nos están tratando de villeros, a mi hijo de caco. Yo lo único que pido es que algún día me escuche Alberto y que ponga las leyes como tienen que

Luis Armando Espinoza desapareció el viernes 15 de mayo en El Melcho, en la zona rural tucumana. Su hermano fue el último en verlo con vida, y todos los caminos apuntan a la policía local como responsable. Hay ocho policías pasados a disponibilidad; dos de ellos, Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, estarían involucrados en la muerte de Alan Andrada, en el 2018. Hablamos con la periodista tucumana Mariana Romero, que investigó el caso desde las primeras horas y confirmó el resultado de la pericia. (Por La Retaguardia y Revoluciones.net)🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele ✏ Redacción: Antonella Álvarez (Revoluciones.net) 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: La camioneta en la que habrían trasladado el cuerpo de Espinoza (La Gaceta) —La Retaguardia/Revoluciones.net: Contanos qué sucedió, si se sabe algo más, si hay alguna novedad.—Mariana Romero: La novedad es que en el día de ayer, en esta camioneta que los vecinos señalan como la que cargó y se llevó el cuerpo de Luis, se encontraron rastros de sangre, reaccionó positivamente al luminol, por lo que la situación de los policías podría complicarse, y se espera que la cantidad de sangre sea suficiente para hacer un cotejo de ADN para determinar si esa sangre que está en el interior de la camioneta, en la parte del baúl, pertenece a la del desaparecido Luis. Los hechos Romero se acercó a la causa desde el primer instante, por lo que su reconstrucción de los hechos aparece con exactitud: “Él desaparece el viernes 15 de mayo, cerca de las 4 de la tarde. Tenemos que situarnos en el campo tucumano, campo campo, no es ni siquiera una zona de caseríos ni nada. Allí la policía dice que ocurrió una carrera de caballos, que está prohibida por la cuarentena. Según la versión policial, 8 oficiales de Monteagudo, localidad cercana, se dirigieron allí y dispersaron a los manifestantes, supuestamente a tiros. Ojo, los policías reconocen haber efectuado solamente dos disparos al aire, pero se encontraron muchas vainas en el lugar. En esta persecución los oficiales se topan con los hermanos Espinoza, dos lugareños que, según dicen todos, no estaban participando de la carrera sino que ahí viven y ahí vive su prima, a la que habían ido a llevarle una mercadería. A uno de los hermanos, Juan Antonio, lo golpean; de hecho la fiscal probó que marcas de las esposas y de numerosos golpes que él tenía”. En estas circunstancias, el rol del hermano de Luis es esencial, porque se convierte en la última persona que lo vio y lo escuchó con vida: “Juan Antonio, que es el testigo clave en esto, alcanza a ver a su hermano, Luis, que se acerca y le reclama a la policía ‘déjenlo a mi hermano, qué le pegan a mi hermano’. Ahí escucha un disparo y recibe un culatazo que le hace perder la conciencia. Cuando despierta, ya su hermano Luis no estaba y en el sitio había una mancha de sangre, estamos hablando ya en la zona de monte”.Ahí aparecen otros testigos. “A todo esto, se acercaron varios lugareños, los familiares de Luis, pero la zona permaneció cortada por la policía durante aproximadamente una hora. Cuando se pudo acceder al lugar, los lugareños encontraron sangre y marcas de arrastre. Cuando vos arrastras un cuerpo quedan las pisadas de los dos pies arrastrándose, esa huella se pierde adentro del monte, continúa, se encuentran muchas manchas de sangre en el camino y desaparece abruptamente en camino de tierra, donde se supone que lo alzó esta camioneta Kangoo gris, que ya está secuestrada y, como decíamos, dio positivo el luminol en las pericias que se realizaron en el día de ayer. —LR/REV: ¿Quién tiene a cargo la investigación? —MR: La Fiscalía N°1 de la localidad de Monteros. Nosotros tenemos tres centros judiciales. Uno de ellos está en el sur, es un centro judicial más pequeño. La doctora Mónica García de Targa, que todavía no ha hablado con la prensa ni ha mandado ningún tipo de comunicado. Hay un hermetismo muy grande. Yo en este momento estoy saliendo para allá para ver si puedo conseguir información oficial de la causa. —LR/REV: ¿Cuántos son los policías implicados? —MR: Son ocho en total. Me llamaba la atención que sean tantos porque es una comisaría muy pequeña. Lo que pasa es que son dos turnos, el turno del viernes y el turno del sábado, 4 y 4. Esos 8 son los que participaron de este hecho, más uno que quedo en la comisaría de la localidad de Monteagudo, que es muy cercana. Él también ha sido pasado a disponibilidad pero no estaría involucrado para nada en este tipo de hechos, son ocho pasados a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la Provincia. —LR/REV: ¿Hay dos de los ocho policías implicado en el asesinato de Alan Andrada? —MR: Quizás la palabra implicados no sea técnicamente correcta porque no está hecha la denuncia formalmente en la justicia. Es una denuncia que hace verbalmente la madre de Alan Andrada por el momento, pero que está esperando que pase la pandemia para ingresarla a Tribunales. Aclaro que no la ingresó todavía porque tuvo un abogado que le dijo que ya los había acusado y en realidad nunca los acusó y dejó archivar la causa. Alan Andrada era un muchacho, de la localidad de Simoca, de la capital de ese departamento donde ya es pueblo, que cayó preso en octubre de 2018. Él dice, después de caer preso, le cuenta a la madre que fue golpeado, sale con un dolor de cabeza tremendo, no podía caminar, perdida de equilibrio, vómitos. Le cuenta a la madre quienes son los que lo golpearon en la comisaría y da el nombre de dos de estos policías. Dos de los ocho. Este sería un antecedente. Él muere finalmente unos 15 días más tarde de una hemorragia muy grave cerebral, que el médico le termina diciendo a la madre, esta hemorragia lleva 16 días y fallece este chico sano y joven. La madre dice estos

La Sala II de Casación Penal rechazó finalmente el pedido de la defensa de Marcelo Cinto Courtaux, el único de los imputados por la represión a la Contraofensiva de Montoneros que está en carcel común. Casi al mismo tiempo, el Tribunal Oral Federal Nº4 de San Martín, a cargo de Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morguese Martín, le pidió a la jueza de instrucción de la megacausa Campo De Mayo, Alicia Vence, que detenga al gendarme Oscar Alberto Olari, de quien sospecha que participó en el crimen de Gervasio Martín Guadix. (Por El Diario del Juicio*) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele/Martina Noailles📷 Fotos  👉 Gustavo Molfino/Fernando Tebele para El Diario del Juicio👆 Foto de Portada: Cinto Courtaux deberá permanecer en cárcel común El argumento de la pandemia de coronavirus no convenció a la Cámara Federal de Casación Penal: por mayoría, los jueces de la Sala II rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Marcelo Cinto Courtaux, el único imputado que está detenido en una cárcel común en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión a la Contraofensiva Montonera.El planteo de Leandro Sevillano, defensor público oficial de Cinto Courtaux, llegó a Casación luego de que el 1 de abril los jueces del Tribunal Oral Federal Criminal N°4 de San Martín rechazaran el pedido del beneficio. A pocos días de decretarse el aislamiento social y obligatorio, el jefe del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo había pedido irse a su casa ya que, según argumentó, se encontraba dentro del grupo de factor de riesgo “por ser un adulto mayor de 65 años de edad y ser hipertenso”.Sin embargo, los magistrados ponderaron que Courtaux está imputado de secuestrar, torturar y asesinar a casi un centenar de personas, y que permaneció prófugo de la justicia durante un lapso aproximado de tres años, desde su pedido de detención el 21 de abril de 2014 hasta su detención el 6 de mayo de 2017. Los jueces del Tribunal Oral también destacaron que a mediados del año pasado ya le habían denegado el beneficio de arresto domiciliaria en base a su edad (71) y su situación de salud, resolución que fue confirmada por Casación.Concretamente, en cuanto a la situación excepcional del Covid-19, el Tribunal Oral sostuvo que “por el momento no se han aportado al caso elementos de convicción que permitan deducir un riesgo inminente o grave para la salud del interno en cuestión, por fuera del que viene sufriendo el resto de la población, y que habilite ir en contra de la política general de Salud Pública, que consiste (…) en no moverse del lugar en que cada uno se encuentra”.En su resolución de hoy, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, dos de los tres jueces de la Sala II de Casación, consideraron suficientes y válidos los argumentos del Tribunal Oral al momento de rechazar el arresto domiciliario por lo que declararon inadmisible el recurso presentado por la defensa del imputado.Cinto Courtaux fue jefe del Destacamento 201 de Inteligencia dependiente del Comando de Instituto Militares de Campo de Mayo, y está acusado de participar de los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de 88 militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros en los años 1979 y 1980. Fue capturado en mayo de 2017 luego de haber burlado a la Justicia durante 37 meses. Cuando lo atraparon, le hallaron entre sus pertenencias recortes periodísticos con una reseña de la labor del abogado querellante en este juicio, Pablo Llonto. El gendarme Olari, al finalizar su declaración. De fondo, Esteban Rodríguez Eggers, el presidente del tribunal que ahora le pide a la jueza de instrucción que lo mande a detener. (Foto: Fernando Tebele/El Diario del Juicio) Pedido de detención Este mismo viernes y en una resolución sorpresiva, el Tribunal Oral Federal Nº4 de San Martín le pidió a la jueza de instrucción de la megacausa, Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de la misma Localidad, que detenga a Oscar Alberto Olari, uno de los gendarmes que declaró como testigo en la causa por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Le pide que investigue su posible participación en el asesinato de Gervasio Martín Guadix. Olari fue el responsable de confeccionar un informe sobre lo que se presentó en la prensa nacional como el suicidio de Guadix, supuestamente ocurrido en el puente fronterizo entre Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil). Pero en el juicio, no sólo a través de sus contradicciones sino por las declaraciones de casi una decena de testigos, quedó claro que Guadix no estaba allí, que todo fue fraguado para poder presentar la situación como un suicidio de un militante que ingresaba al país, cuando en realidad Guadix había sido secuestrado en otro lugar.El día de la declaración de Olari, cuando finalizó, el gendarme llegó a la puerta de la salida de la sala y detrás suyo salió corriendo Dolores Guadix, la hija de Gervasio Martín, quien fue reconstruyendo lo que sucedió realmente con su padre. La jornada es también recordada por ese episodio. En aquel informe de noviembre de 2019, publicábamos en este Diario del Juicio: Sin tocarlo, le puso la foto de su padre delante del rostro y le gritó: ‘te acordás de él, ¿no?’. Olari recorrió la salida hacia la calle a paso normal, pero apenas pisó la vereda, emprendió una carrera veloz intentando escapar del posible lío judicial en el que se metió con sus más dudas que certezas. Todo indica que el problema judicial de Olari tendrá nuevos capítulos.Tras el pedido del Tribunal Oral, es ahora la jueza de instrucción Alicia Vence la que debe resolver si lo detiene o no. Es de suponer que la situación se resuelva con celeridad, para evitar cualquier peligro de fuga. Las fotos que figuran en el expediente fraguado que lleva la firma del ahora sospechoso gendarme Olari. Allí el paso limítrofe en el puente que divide Argentina de Brasil, en Paso de los Libres, Corrientes. (Foto: Gustavo Molfino/El Diario del Juicio) *Este diario del

En esta audiencia se volvió a escuchar la voz de una hija. Victoria Ferré fue testigo por su padre, Ernesto Ferré Cardoso, que fue secuestrado y desaparecido durante la segunda Contraofensiva de Montoneros. Victoria habló de cómo fue sobrellevando su familia las desapariciones, ya que su madre también había sido secuestrada con anterioridad. En su paso por el juicio, dejó reflexiones en torno de ese proceso siempre difícil y a la vez único, de encontrarse con la verdad. Destacó el valor de esta etapa judicial y la resaltó como una chance para poder poner en palabras el dolor y las reflexiones consecuentes. (Por El Diario del Juicio*)  ✍️ Texto 👉 Fernando Tebele 💻 Colaboración  👉 Braulio Domínguez/Valentina Maccarone/Giselle Ribaloff💻 Edición 👉 Diana Zermoglio📷 Fotos 👉  Gustavo Molfino Es veloz el paso de Victoria hacia la silla de las y los testigos. Apoya primero las fotos y los documentos sobre la mesa. Arma tres pilas, una al lado de la otra, que ocupan todo el espacio. Su cartera marrón ya está en el piso. Acomoda el micrófono antes de que el juez Rodríguez Eggers le diga, como a todas las personas que pasan por ese lugar, que se acerque bien porque “todo queda grabado”. Se le nota la ansiedad. No es para menos. Arranca advirtiendo, casi a modo de disculpas, que su aporte probatorio quizá no sea importante para la causa. “Es muy probable que de lo que yo pueda contar hoy no se saquen grandes datos. Yo no puedo aportar grandes cosas nuevas que ya no se hayan dicho durante el transcurso de este juicio, donde ya han declarado muchísimos que hasta seguramente conocen más detallada o fácticamente los hechos que terminaron haciendo a la desaparición de mi padre. Yo vengo un poco a contar lo que sé de ellos”, dice con su hablar pausado y un temblor en la voz que parece mixtura de emoción con nerviosismo. Es probable que se equivoque cuando dice que no aportará demasiado. En este juicio, del que ya podría decirse sin timidez que es un hito dentro del proceso de Memoria Verdad y Justicia, ha quedado expuesto que los aportes de las hijas e hijos son más que necesarios. Conserven o no recuerdos de sus infancias, la impronta tan reflexiva como emocional que han aportado será parte de la resolución jurídica que, todo indica, va hacia la condena de los imputados. Apenas pasó un minuto del comienzo, y se nota que la emoción tal vez desbordará la sala esta mañana donde el suyo será el único testimonio.“Mi madre y mi padre son desaparecidos, y la historia de ellos es mi historia. Forma parte de la historia que termina sucediendo, y los hechos de por qué volvió, y cómo volvió… y su militancia, sus anhelos, sus sueños y sus ganas de volver al país, de estar acá… y que nunca se pudieron concretar, de volver a estar con nosotras. Yo digo nosotras, voy a hablar en plural muchas veces —aclara— porque somos dos hijas de Ernesto. Mi hermana Ana y yo. Declaro yo, y acá los tengo a los dos: a María Victoria Salgado, que es mi mamá, y a Ernesto Ferrer Cardoso, que es mi papá”, señala, mientras une con palabras la secuencia de sueños perdidos. Victoria apoya su mano derecha en la foto de su madre. La izquierda queda para su padre. Exhala con fuerza en el medio del nombre de su padre. Ernesto —pronuncia y larga una bocanada de aire— Ferré Cardoso.Cuenta que Ernesto y María Victoria se conocieron en la Facultad de Derecho. Él había nacido en Rosario y ella en General Roca, pero Buenos Aires y la agitación de aquellos años propiciaron el encuentro. “Cada uno ya tenía tránsito en un camino de militancia y de compromiso político y social en sus colegios secundarios. María Victoria en (General) Roca. Papá acá, en la Facultad, ya tenía una militancia más orgánica. Fue representante de la Juventud Universitaria Peronista en Derecho”, repasa. Se casaron en mayo de 1976: “Ya después del golpe de Estado cívico militar del 24 de marzo de 1976 ellos ya formaban parte del movimiento Montoneros. Estaban comprometidos totalmente con la causa y no pudiendo hacer una vida totalmente normal, porque ya estaban perseguidos”, narra. Desde niña, flores en el río “Todas estas cosas que puedo nombrar un poco ahora, las reconstruyo a través de cartas de mi madre hacia su madre, mi abuela”, dice Victoria, con su amplia camisa blanca de mangas atravesándole los codos. También resalta el rol de compañeros y compañeras con quienes su papá y su mamá compartieron el camino político y también la vivienda. “Yo voy creciendo y voy conociendo un poco, tomando contacto con personas que compartieron la militancia con mi padre, y tratando de entender un poco en la búsqueda de quiénes eran ellos, y cómo eran, qué les había pasado, qué decisiones habían tomado, y cómo habían vivido todos esos años siendo tan jóvenes ellos. Me van contando estas cosas que vivieron con ellos un tiempo”. Hasta que en octubre de 1978 tienen que “levantar” el departamento. Victoria recoge su pelo con ambas manos y desnuda su rostro por completo. Está por contar la caída de su mamá. “Cuando levantan el departamento primero se van mis padres. Nos dejan a mí y a mi hermana con mis abuelos paternos. Ya ellos con la decisión y la necesidad de salir del país, y de salir todos juntos. Mi papá tenía una cita, llama por teléfono a su contacto, y en esa conversación, por algo que ese contacto le dice al final, él entiende que esa cita estaba cantada y que no debían ir, y mi mamá, en esta decisión o en este querer irse del país y querer salvarnos y sacarnos, va igual junto con un compañero, Fernando Prieto. Su auto es interceptado en los alrededores del Policlínico Bancario. Es ametrallado por un camión. Yo siempre leí, creí, me dijeron que era del Ejército. Puede haber sido la marina, depende de los testimonios que hay. Levantan los cuerpos de

(Por El Diario del Juicio*) Se cumplió el tercer aniversario de la Masacre de Pergamino, el primero desde la sentencia que condenó a 6 policías con penas de 6 a 15 años por las muertes de Alan Córdoba, Federico Perrotta, Juan José Cabrera, Fernando Latorre, Jhon Claros, Sergio Filiberto y Franco Pizarro, ocurridas en la Comisaría Primera. El Diario del Juicio viajó a esa ciudad para acompañar a las familias y compartir esta crónica.Este 2 de marzo es otro día para el recuerdo. O para el olvido. El límite entre esas dos instancias es muy fino y difícil de divisar. Lo que es claro es que la angustia sobresale, que no existe abrazo o palabra de aliento que sirva de consuelo, que no existe razón alguna para intentar sacar una sonrisa. Quizá sea porque es el primer aniversario luego del juicio que, para las familias, no fue más que una prolongación de la injusticia. O quizás no, y simplemente cada 2 de marzo, las familias necesitan canalizar el dolor con lágrimas. La hermosa tarde de Pergamino vio llegar, desde los primeros minutos de las seis de la tarde, a familiares y amistades de los chicos, a organizaciones sociales, políticas, sindicales, a vecinas y vecinos. La concentración fue en la esquina de Av. De Mayo y San Nicolás, el punto más céntrico y neurálgico de la ciudad. Ciudad sojera, conservadora, con fieles votantes de las máximas expresiones de derecha del país. Ciudad donde la gente niega, olvida, no reconoce, silencia, invisibiliza, que aquí ocurrió una Masacre. Y que el Estado es el responsable. Principalmente, lo es la Policía, cuyos integrantes omitieron acciones ante un incendio en un lugar del que solo ellos tenían el control, cerrando la puerta de la celda 1 de la Comisaría Primera, sentenciando así, a siete familias, a convivir con este dolor horrible por el resto de sus vidas . Cerca de las siete, comienza la marcha ante la indiferencia de algunos locales comerciales del centro pergaminense, que ignoran el paso de la columna y continúan con su vida cotidiana. La marcha deja atrás algún aplauso, algún “bien, sigan luchando” de algún buen hombre que luego, cuando se lo invita, a marchar, se niega. Pero sobre todo, deja muchas caras de desprecio, de disconformidad: de los habituales “me ensucian la calle” o “no es la manera”. La marcha es pacífica y respetuosa: cinco o seis perros jugando son el prólogo de un centenar de personas que viene marchando detrás. Encabezan las madres y padres de los chicos con una bandera que grita: “La injus7icia de la jus7icia”. Siempre los 7 reemplazan a cada T, con su color rojo sobre el lógico fondo negro. Una marca que ya se ha instalado entre quienes queremos guardar y contagiar esa memoria. Atrás, y acompañando de ahora en adelante con su fuerza, las Madres de los Barrios Fumigados. Ellas comenzaron a organizarse en asamblea hace un tiempo, y ante el micrófono destacan que seguirán acompañando esta causa porque también son madres y porque hay que acabar con todas las injusticias de una vez y para siempre. De vez en cuando -para callar algún silencio que sobra- las familias aprovechan y vuelven a gritar los nombres de los pibes, cada uno se corona con un rotundo “¡Presente! ¡Ahora y siempre!”. Tampoco falta lugar para nombrar a los 6 ex policías, Alberto Sebastián Donza, Alexis Eva, Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti y Carolina Guevara, que cumplían servicio aquel 2 de marzo, y que recibieron condenas de entre 6 y los 15 años en el juicio que finalizó el 20 de diciembre del año pasado. Los cánticos son los de siempre, los que les enseñaron a estas familias las madres de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Y así es: su venganza no es ir a buscar a los responsables de la Masacre para atacarlos. Es ir a buscarlos para demostrarle a la justicia cómo ellos, los que ostentan el privilegio de la domiciliaria, violan este derecho y salen a pasear a sus perros o a llevar a sus hijos a la escuela. Ya ninguno de los 7 podrá hacer algunas de esas cosas, nunca más. Camina Andrea Filiberto, la hermana de Sergio Filiberto. Está impregnada con la misma tristeza que el resto de las familias: “Seguimos sintiendo la misma injusticia a pesar de que están todos condenados. Porque es un logro bárbaro que los seis policías que fueron acusados estén condenados con penas dentro de todo de muchos años, y ahí está lo injusto: que si te condenan a 11 años te den arresto domiciliario. Se está juzgando con doble vara, como decimos siempre.”, resalta con firmeza Andy, como le dice todo el mundo por aquí, mientras todavía se siente abrumada por la justificación de las domiciliarias. “Cuando leyeron la sentencia, el juez se acordó de la superpoblación que hay en todos los lugares de encierro. Hay como una doble cargada y eso es lo injusto para nosotros. Así que seguimos luchando y pidiendo cárcel común; ya hemos presentado las apelaciones correspondientes, sobre todo porque en el juicio se pudo comprobar que fue un claro homicidio, que estuvo la intención de esos policías de dejarlos morir, sabiendo que el único resultado que podían obtener de ese abandono era la muerte, los dejaron morir. Entonces es un homicidio. Por eso también se apela la carátula. La CPM (Comisión Provincial por la Memoria), que representa a cinco familias, apela también la carátula. Y el fiscal, que dentro de todo obtuvo la cantidad de años que solicitó por abandono de persona seguido de muerte, apela la modalidad también. No está de acuerdo con ese arresto domiciliario que les concedieron”, señala. .. Atravesando dos cuadras de la peatonal San Nicolás, con unos 100 metros. de manifestantes, se llega a la intersección con la calle Dorrego; a unos 30 mts. se encuentra la ex comisaría. Al llegar, Diego, hermano de Sergio Filiberto,