Vivienda
Se abrirá una negociación por 6 meses para resolver de manera definitiva el problema habitacional de casi 300 personas, entre ellas 100 niños y niñas. Participarán la Ciudad y Nación. La Justicia había ordenado un megaoperativo policial que elevó al máximo la tensión desde las 5 de la mañana. Redacción: Nicolás Rosales/ Fernando TebeleFotos y videos: Natalia Bernades En el expediente de la causa que lleva vigente más de 13 años en el juzgado Civil N°60, se notificó que el martes 31 de octubre se llevaría adelante el desalojo de 107 familias que viven en el edificio de Santa Cruz 140 en el barrio de Parque Patricios. La resistencia pacífica consiguió frenar y la situación es de tensa calma. Allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes. Pudo verse un operativo policial descomunal desde muy temprano en el edificio de la calle Santa Cruz 140 con más de 500 policías. Funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y Marisa Graham, la defensora de niños, niñas y adolescentes, propiciaron un diálogo con las autoridades judiciales que se presentaron con la orden de desalojo. Luego de la tensión que se vivió toda la mañana, se llegó a un acuerdo para que la Ciudad otorgue al empresario un resarcimiento económico durante seis meses. La idea es que en ese lapso la solución para las familias no resulte un parche inaceptable. En ese edificio funcionaba una empresa fabricante de toallas conocida como SELSA, que quebró en los 90. El edificio quedó entonces vacío. En 2004, familias con problemas habitacionales, ocuparon el inmueble en estado de abandono y destrucción; de a poco fue construyendo lo que hoy es un conjunto habitacional. El Gobierno de la Ciudad, en lugar de adecua el espacio para viviendas sociales, remató el edificio a un precio irrisorio para devolverlo al sector privado. En 2010 fue adquirido por Mario Leonardo Ratuchny, un empresario ligado a los hoteles familiares. Desde ese momento, los vecinos y vecinas de Santa Cruz vivieron en alerta permanente por las continuas amenazas de desalojo. Luego de muchos años de lucha se han presentado distintos proyectos de ley desde la casa hasta conformar una cooperativa de vivienda “Papa Francisco Ltda”. Ante la resistencia pacífica de los y las habitantes del edificio, hasta el momento no se logró un acuerdo y tampoco se pudo conformar una mesa de diálogo para evitar el desalojo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia)
La cuenta de Instagram “Ilustro para no olvidar” retrata aquellas edificaciones que son patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires y que fueron demolidas o están en riesgo de demolición. La arquitecta Natalia Kerbabian, creadora del proyecto, pasó por el programa radial Estás Muteadx y habló acerca del trabajo que hace desde sus ilustraciones para rememorar las fachadas perdidas y también denunciar los negociados inmobiliarios. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Ilustro para no olvidar Natalia Kerbabian ilustra hace años. La maternidad, dijo, ablandó un poco el trazo y por eso los dibujos se pueden ver con más movimiento y no solo como croquis arquitectónicos. “Cuando salimos a la calle post pandemia, empecé a observar un montón de arquitecturas tapeadas, que prometían carteles de ‘próximamente una mejor vida’. Y atrás se veía una casona, o un ‘petit hotel’ vivo, en perfecto estado. Eso lo fui acumulando en el 2021. Y en 2022 me sucedió que vi una demolición en vivo y ese día se condensó internamente la necesidad de decirlo, contarlo. Y me salió ilustrando, que de alguna manera, trae a esa arquitectura a la vida de vuelta, porque sino nos olvidamos de lo que había. Y ese vacío, genera un olvido. Así empecé a ilustrar. Y fue una concatenación de red ciudadana que se sintió interpelada, les tocó una fibra”, comenzó a contar la arquitecta, creadora de la cuenta de Instagram “Ilustro para no olvidar”, que hoy tiene más de 17 mil seguidores y seguidoras. En la actualidad, la gente le comparte información de lugares que están en demolición y le piden que vaya a registrarlo con sus ilustraciones. Los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires le mandan direcciones, fotos, datos. Incluso hacen relevos y le cuentan en qué proceso está la demolición. “Son como cronistas, se generó una red sin dudas. Y hay personas que se van sumando y tomando conciencia, porque se van dando cuenta de este desmadre. Porque se entiende que si una arquitectura está vetusta, que ya no da más, que no se sostiene, se repiense el espacio. Pero con una arquitectura que coexista con el territorio. Esto es obsceno, es desmedido. Y completamente desconectado. También me comparten de otros lugares del país: de Rosario, La Plata. Entonces la idea es que las personas que sientan ilustrar o dibujar, también puedan hacerlo en sus lugares. Porque solo en Buenos Aires tengo un montón de material para ilustrar”, contó. Kerbabian habló acerca del lugar que tienen este tipo de discusiones en los espacios universitarios: “En la Facultad de Arquitectura, cuando estudié hace algunos años, los planteos o propuestas eran de obra nueva. El tema ‘patrimonio’ se aborda en posgrados, o en maestrías específicas de conservación. En la materia Historia de Arquitectura ves un poco de procesos de construcción patrimonial. Pero no hay una propuesta de reforma o conservación per se. Sería bueno que exista un mensaje de estima mientras vamos estudiando”. Además, planteó la importancia de que la sociedad tome conciencia de la importancia de la “antigüedad” en la Ciudad. “Hoy está este Gobierno pero mañana va a estar otro que también tiene que preservar lo que la ciudadanía está pidiendo, que es identidad, memoria y cultura. La arquitectura que está llegando no tiene un paradigma de arquitectura, y no nos reconocemos ahí. Entonces, están tirando historia. ¿Para quién demuelen? ¿Para quién construyen? Para colmo, hay una gran limitación de acceso a la vivienda”, agregó. Existen diversos colectivos que trabajan la problemática de las demoliciones en la Ciudad de Buenos Aires. “Ilustro para no olvidar” es otra forma de interpelar a las personas a que reflexionen acerca de la importancia de la memoria y la preservación de los espacios históricos. “Este proyecto es un componente más, fundamental y necesario como son los datos duros que aportan, por ejemplo, ‘Basta de Demoler’, que también son importantes. El arte llega y penetra de otra forma, se mueven otras fibras. Pienso que es tiempo de que las razones sensibles se unan a las intelectuales y que dialoguen juntas. Mi obra es política. Lo que trato de destacar es que tiene que poder aplicarse para este tiempo y para dentro de veinte años, si sucede lo mismo con otros representantes. Los gobernantes tienen que representar el pedido ciudadano. La calidad de vida está en detrimento en esta ciudad. Los grados de calor, las infraestructuras. En un país en el que es muy difícil planificar tener un acceso a la vivienda”, cerró la arquitecta.
8 días de acampe en Congreso, desayunos, ollas, el calor y el sol castigando duro, muy duro y por fin ayer tipo 2 y 30 de la madrugada el proyecto de ley para personas en situación de calle ingresó al recinto para su votación y estuvimos ahí. Afuera, compañeres de distintas ranchadas se juntaron alrededor de los parlantes de la mesa del acampe a escuchar la sesión, la frase “LA CALLE NO ES UN LUGAR PARA VIVIR” resonó varias veces en las voces de distintos diputados y diputadas, todos y todas coincidieron con eso más allá de las diferencias, eso es algo que nadie puede discutir, muchos nervios, ansiedad expectativa todo junto estrujando el corazón y los sentimientos. ✍️ Texto: Horacio Ávila (referente de Proyecto 7) 📷 Fotoinforme: Virginia Chaile/La Retaguardia A las 4 de la mañana se propone la votación, segundos interminables para que la pantalla refleje el resultado, y si, ahí estaba AFIRMATIVO!!! Grito que surge del alma, de muy adentro, AFIRMATIVO, media sanción, no se festeja que haya una ley para nuestro sector, porque no deberían existir personas en situación de calle, se valora el logro de una batalla ganada, se recuerdan rostros y nombres de compañeres que ya no están, se hace un repaso de estos 20 años durísimos de tanta y tanta lucha. Anoche se dio media sanción al proyecto de ley para personas en situación de calle y estuvimos ahí, como protagonistas, con dignidad, como participes principales, no del lado de afuera como tantas veces nos tocó y nos toca dormir en esas veredas. Hoy a la madrugada se pagó una deuda histórica con las personas en situación de calle de todo el país, se hizo justicia, las lágrimas no se podían contener adentro del recinto, afuera les compañeres de las ranchadas festejando, no se puede explicar esos abrazos de ayer, no se puede explicar demasiado. Que sea ley, porque la calle no es un lugar para vivir!
La organización Proyecto 7, junto con otros colectivos, convocaron a una semana de ollas populares en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios. Comenzó el pasado miércoles, en reclamo a las medidas incumplidas por el Gobierno porteño, y seguirá durante la semana desde las 11. Mientras tanto, las organizaciones siguen visibilizando la problemática de situación de calle para que salga la ley que se votaría el 26 de octubre. Compartimos un fotoinforme. (Por La Retaguardia) 📷 Fotoinforme: Virginia Chaile/La Retaguardia
La organización social Proyecto 7 impulsa desde este lunes un acampe para insistir en la urgencia de sancionar una ley que garantice los derechos de las personas que viven en las calles. El tratamiento en el recinto se iba a realizar hace unas semanas, pero la sesión no se realizó por falta de quorum de parte de la bancada opositora. En estas jornadas habrá debates, ollas populares, juntada de firmas y una consigna: La calle no es un lugar para vivir. Compartimos un fotoinforme. (Por La Retaguardia) 📷 Fotoinforme: Virginia Chaile
Organizaciones sociales y asambleas barriales convocan a una conferencia de prensa para el lunes 6 de septiembre a las 11 frente a la Legislatura porteña. Presentarán un recurso exigiendo que se terminen los negocios inmobiliarios que mantiene la Ciudad a través de la venta de terrenos públicos a manos privadas. La denuncia viene repitiéndose hace años y frente a las elecciones que se vienen, las distintas agrupaciones quieren manifestar su reclamo por más y mejores espacios verdes y públicos en la CABA. Además, solicitan que la ciudadanía porteña tenga mayor participación en la toma de decisiones sobre lo que pasa en la Ciudad. El evento iba a desarrollarse el jueves 2, pero se suspendió por lluvia. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Además del reclamo concreto en contra del proyecto de Costa Urbana-IRSA que planea construir un aglomerado de viviendas y comercios en la Costanera Sur, el Posicionamiento Conjunto que se presentará en la Legislatura porteña contempla las luchas de los barrios de Colegiales, Caballito, Palermo, Liniers y Villa Urquiza para frenar los proyectos de urbanización sobre los playones ferroviarios. Los argumentos que sostienen las asambleas vecinales y las diferentes organizaciones se legitiman en el derecho al espacio verde público que debe existir por ley en cada Comuna. La Retaguardia consultó a Mónica Dittmar, vecina del barrio de Villa Urquiza e integrante de Tierras Ferroviarias Verdes, quien junto a Vecinos por el 25 de Mayo pelea hace años por la recuperación del explayón de la estación Urquiza. Los requerimientos de los y las porteñas quieren ser escuchados de cara a las elecciones legislativas que decidirán la renovación de la Legislatura porteña: “Lo que planteamos es amplio y pensando en un modelo de Ciudad, pensando en qué Ciudad queremos y qué Legislatura queremos para que consideren estas problemáticas que atentan contra la vida saludable y para mejorar la mejor calidad de vida. Decimos no a la venta y privatización de la Costa: estos proyectos han entrado de manera express a la Legislatura para ser votados y salir con un dictamen. Fue el caso del proyecto IRSA con el Gobierno de la Ciudad hace dos semanas”, señaló. Además, Mónica compartió la expectativa de lo que será la conferencia del lunes a las 11 y la participación en la audiencia pública a celebrarse en los próximos días: “Nos estamos preparando también para una audiencia pública. Va a ser una audiencia mayoritaria. Seremos más de 10 mil. Tenemos muchas expectativas positivas. El documento que se va a leer el jueves lleva la firma de muchas organizaciones y difusión de distintos medios de prensa. Es muy importante. Hay espíritu de unión, para juntar fuerzas en estos reclamos históricos por la pérdida de los espacios públicos y las tierras públicas”, explicó. La protesta en concreto que lleva adelante Dittmar desde su colectivo es común a las demás agrupaciones y busca poner un freno a los acuerdos que firma el Ejecutivo porteño con las corporaciones inmobiliarias y generan una ciudad cada vez menos sustentable e inhabitable: “Desde Tierras Ferroviarias Verdes luchamos por los pulmones verdes de los terrenos ferroviarios que se han vendido para negocios y emprendimientos inmobiliarios. Nos entusiasma la gran convocatoria que hubo”, dijo con esperanza. Los reclamos y las denuncias que se esbozarán el lunes en la Legislatura porteña forman parte de las luchas históricas de muchos y muchas habitantes de la Ciudad para lograr mayor dignidad en su calidad de vida. La cercanía de las próximas elecciones legislativas hace que el foco esté puesto en lo que pasará en la conferencia, que contará con una masiva convocatoria de agrupaciones y acompañamiento de diferentes medios de comunicación. El Comunicado de Prensa Organizaciones y asambleas ciudadanas exigirán una Ciudad más verde y Audiencias Públicas mixtas, online y presenciales Este jueves 2 de septiembre a las 11 hs diversas organizaciones sociales y políticas, asambleas y entidades vecinales realizarán una conferencia de prensa en la puerta de la Legislatura porteña para hacer público, de cara a las próximas elecciones legislativas, un Posicionamiento Conjunto sobre el modelo de ciudad que se necesita para vivir dignamente. Las organizaciones y asambleas denuncian que la ciudad de Buenos Aires está siendo planificada por y para las corporaciones inmobiliarias que se enriquecen apropiándose del suelo porteño, generando una ciudad excluyente que profundiza las grandes desigualdades sociales que la atraviesan y agravando una crisis socioambiental de consecuencias incalculables. En contraparte, sostienen la necesidad de planificar la ciudad con una lógica humanista, participativa, armónica con la naturaleza y que contemple las necesidades e intereses de la población que la habita. En ese marco, plantean que la Legislatura deje de funcionar como una escribanía del Poder Ejecutivo y que su próxima composición represente y dé respuestas a las diversas iniciativas y proyectos de ley que se vienen generando desde los barrios porteños. Por último, exigen que la Audiencia Pública convocada para el 15 de octubre y donde se tratará el Convenio Urbanístico que habilitaría el proyecto de Costa Urbana-IRSA sea mixta, agregando a la participación virtual también la posibilidad de la participación presencial de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, denuncian que el gobierno porteño habilita la presencialidad total en las escuelas, permite recitales con miles de personas pero restringe la participación en los asuntos que afectan directamente a la ciudadanía en su forma de vida, en una acción claramente antidemocrática. En caso de lluvia, se realizará el lunes a la misma hora y el mismo lugar.
Lo dijo Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados en diálogo con el programa radial Viernes Culturales. Muñoz hizo una evaluación a un año de la sanción de la Ley de Alquileres. Además, admitió que es difícil la implementación y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir lo que el Congreso decidió. También se refirió al rol del Estado y la necesidad de una política de acceso a la vivienda. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Berenstein/Mara Laporte ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Inquilinos Agrupados —A un año de sancionada la Ley de Alquileres, ¿qué balance podés hacer? —Se me ocurre hacer dos análisis: por un lado lo que tiene que ver con la implementación de la ley porque sabíamos que iba a ser difícil y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir con lo que el Congreso o el Estado decide. Sabemos que hay ahí una pelea muy importante. Creíamos que el Estado nacional iba a tener un rol un poco más activo, y no lo tuvo. Lo esperamos, porque no nos cansamos de creer que lo va a tener en algún momento. El otro análisis es político, porque la Ley de Alquileres ha planteado una discusión importante que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Discutir el fondo y no tanto si hay que construir una vivienda o no, sino qué modelo de acceso a la misma y qué modelo de Estado podría garantizarla. Este derecho, entonces, no puede estar en manos del mercado. Es fundamental un marco regulatorio y para nosotros la Ley de Alquileres es el comienzo. Campañas en contra de la Ley “Las empresas de los medios de comunicación llevan adelante una campaña en contra de la Ley muy fuerte, pero creo que la gran victoria es que se esté hablando del índice en los contratos de alquiler, que está en el 43%, cuando antes no había ningún tipo de discurso acerca de lo que sucedía con la regulación del Estado”, dijo el referente de la organización Inquilinos Agrupados. —¿Hubo alguna campaña mediática o del Estado en favor de la Ley? —No hubo una sola campaña planteando e informando los derechos conquistados en la ley. Es una forma de darle la señal al mercado inmobiliario de que pueden seguir haciendo lo que quieran y que el Estado no se va a meter mucho. El negocio del mercado inmobiliario es transversal a la clase política, al poder judicial, a los medios de comunicación y al sector de los grupos económicos más fuertes de Argentina. Pero además la propiedad privada se ha constituido en los sectores populares, y ahí nosotros tenemos un desafío muy importante, que es disputar el sentido. —¿Es lo que querían o le falta algo? —No era lo que queríamos. Nosotros negociamos esta ley que hoy está vigente con el macrismo, con la Cámara Inmobiliaria y con el apoyo en esa negociación del Frente de Todos. Queríamos que los alquileres se actualicen por salarios y por promedio entre inflación y salarios, pero el macrismo y la Cámara no querían, entonces cedimos. El gobierno de turno y otros sectores políticos querían que los alquileres se actualizaran cada seis meses. Cuando llega este gobierno, desde nuestra asociación le presentamos a la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, el proyecto de ley que verdaderamente queríamos. onde planteamos, entre otras cosas, un plazo mínimo de contrato de alquiler de siete años, para que los pibes puedan terminar la escuela viendo en la misma casa. También que los y las inquilinas tenemos voz y voto en las reuniones de las administraciones de consorcio, que el precio del alquiler está regulado por salarios, y un esquema de impuestos a las viviendas vacías. Cuando vieron todo esto apuraron la ley para que salga con lo que habíamos negociado con el macrismo y la Cámara Inmobiliaria. Entonces no era lo que nosotros queríamos, pero fue por lo que nosotros entendíamos el mejor proyecto para el momento político que estábamos viviendo. Así y todo, esta ley es la mejor posible en este gobierno también. —Un 40% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es inquilina, ¿existe un estimado de cuántas viviendas disponibles son alquilables? —En la Ciudad somos 3 millones de habitantes desde 1947, sobre eso hay 1,5 millón de viviendas, una vivienda cada dos personas. El exceso de oferta es importante. De esa disponibilidad de viviendas, 500 mil están en alquiler y se calcula que alrededor de 200 mil están vacías. Además, el 36% de la población alquila en el mercado formal y alrededor de un 5 o 6% alquila en villas, hoteles, pensiones, inquilinatos. En el 2000 esta población era de un 20%. Hoy, 20 años después, se duplicó llegando al 40%. Estimamos que en el 2030, 2035, más de la mitad de la población en la Ciudad va a vivir en viviendas alquiladas y la concentración de las mismas va a ser mucho más profunda. —¿Hay alguna forma de controlar que las inmobiliarias cumplan con la Ley de Alquileres? —Creo que ahí el rol del Estado es clave. Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad tiene dos políticas de vivienda que son profundamente complementarias para los fines que persiguen: garantizar grandes negocios inmobiliarios vendiendo tierra pública, construyendo barrios en la periferia, dejando las ciudades al mercado, desregulando el suelo, el metro cuadrado, el precio del alquiler, precios de viviendas dolarizadas. Y la otra política es el subsidio para los que se cayeron del mapa y nunca más van a volver. Subsidios que terminan en manos de los propietarios y en el medio no hay nada. La Ley de Alquileres golpea esa lógica para plantear que nosotros no queremos subsidios. No porque tengamos prejuicios, sino porque no creemos que sea una política de vivienda. Por supuesto, no queremos construcciones de barrios a 60 kilómetros de las ciudades o que se venda y regale tierra pública. Lo que queremos es que
Lo dijo Jonatan Baldiviezo, abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en diálogo con el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas. Baldiviezo denunció cómo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, continúa entregando terrenos para negocios inmobiliarios. Costa Urbana es uno de ellos, junto a Costanera Sur y los predios en el Parque de la Ciudad. Además alertó sobre el sacrificio de espacios verdes por el avance del cemento. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur El ex Parque de La Ciudad y la Ciudad Deportiva de Boca Juniors en la costanera son terrenos fiscales en los cuáles el Gobierno porteño ha puesto su mirada con la intención de ponerlos en venta a sectores privados con destinos inmobiliarios. Sin freno Al respecto de las posibles ventas de estos terrenos públicos, el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonantan Baldiviezo, expresó: “Uno creería que en un año electoral a unos cuantos días de cerrar las listas, las alianzas y las candidaturas de las elecciones, se frenaría un poco la cuestión de los negocios inmobiliarios. Pero lo que vemos es que se ha acelerado la rueda especulativa inmobiliaria. Actualmente, están en danzas el proyecto inmobiliario de Costa Salguero y recientemente ingresó el diseño urbanístico de ‘Costa Urbana’ que es el gran emprendimiento del grupo IRSA, el nuevo Puerto Madero 2 en la Costanera Sur”. Baldiviezo identificó otros negociados entre las autoridades del Gobierno porteño con los sectores privados: “También, están avanzando con la subastas de los predios del ‘Parque de la Innovación’, continúan con las innovaciones del ‘Distrito Joven’, y además subastaron los primeros inmuebles a manos privadas de los predios correspondientes al parque público, el de ‘La Ciudad’ en la Comuna 8. Estamos frente a cinco megaemprendimientos que no se suspenden ni se frenan por la pandemia ni por las elecciones”, contó. Por otro lado, el abogado detalló: “Lo grave del Parque de la Ciudad consiste en que en el 2014 se empezó a discutir lo que se conoció como el plan maestro de la Comuna 8. Esto era para ver cómo se revitalizaba la zona sur. Pero el Gobierno no tuvo mejor idea que vender tierras públicas para hacer negocios inmobiliarios. En aquel momento, la idea inicial era construir viviendas sociales en los terrenos públicos. Terminó saliendo un plan maestro de la Comuna 8, un tanto lavado, el cual incluyó la intención de vender terrenos del Parque de la Ciudad. Eso no salió y finalmente se votó la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. En el 2016 volvieron con la intención de vender tierras de ahí y ese mismo año, camuflaron la intención con la idea de hacer viviendas para los deportistas mediante una ley. Es lo que ahora conocemos como el ‘Barrio Olímpico’, donde ahora también se autorizó la venta de otras 25 hectáreas del Parque de la Ciudad y que no tenían nada que ver con los Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica finalmente se reacondicionó y se destinó a viviendas sociales, donde ya hay más de mil familias viviendo en esos edificios. Pero el resto de los terrenos de lo que era antes un parque público ahora se está empezando a vender a privados. Se pusieron en subasta lotes de una hectárea de superficie, diez en total de los cuales ya se vendieron cinco”. ¿Pulmón verde? Baldiviezo denunció cómo se le dio lugar a los negocios privados sobre terrenos públicos en desmedro de los espacios verdes: “El gran pulmón verde de esta zona sur son el Parque Brown que contenía al Parque Roca, al de la Ciudad, Indoamericano, el de Las Victorias y que en los últimos años estos espacios verdes fueron sacrificados. Del Parque Roca se sacrificaron 37 hectáreas para construir un playón de cargas y descargas. El Parque Indoamericano, en parte, se destinó para un polo farmacéutico. Se privatizaron 50 hectáreas del Autódromo para comercios y explotaciones privadas relacionadas con el automovilismo, además 45 hectáreas del Parque de las Victorias se destinaron a un Golf. Entonces se perdieron 150 hectáreas de espacios verdes públicos de la Comuna 8”, denunció. Costa Urbana, el proyecto millonario del grupo IRSA Se supo que el grupo IRSA, junto a la sociedad comercial de capitales argentinos controlada por Cresud y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podría obtener la normativa para comenzar a urbanizar el terreno sobre la Costanera Sur adquirido hace casi tres décadas. Esto, se logró luego de que el proyecto fuera aprobado en primera y segunda lectura por la Legislatura porteña. “Según figura en el proyecto, IRSA entregará a la Ciudad el 67% de esas tierras que se destinarán a la creación de un parque público de 35 hectáreas más otros espacios de uso común hasta totalizar 43 hectáreas. La superficie a construir incluiría viviendas, oficinas, locales comerciales, escuelas, un sanatorio, un paseo peatonal, un paseo costero apto para correr y andar en bicicleta de 4,2 kilómetros y un hotel, entre otros. En definitiva, un Puerto Madero 2 o una nueva Dubai, como también se lo conoce”, explicó el abogado. Por último, Baldiviezo repasó la historia de los terrenos donde se llevaría a cabo este proyecto y describió de qué se trataría la millonaria inversión: “Esto es negocio de los 90. Eran tierras del Estado nacional, que el Gobierno de la Ciudad se las cedió en su momento al Club Boca Juniors para que construya una ciudad deportiva para el club, que incluía un estadio para 150 mil personas. Sin embargo nunca se terminó de construir. Si no se construía, Boca tenía que devolver las tierras. El Congreso, mediante una ley y a modo de transferencia, le devolvió el cargo y autorizó a venderlas a terceros. El club entró en quiebra, vendió estas tierras por 22 millones de dólares a una empresa llamada Solares Santa María que luego en 1997 se la vendió
Vecinos y vecinas del barrio porteño de Parque Chacabuco se organizaron frente al intento de construcción de dos torres de departamentos en una zona de casas bajas. Según el plano abierto de la Ciudad de Buenos Aires, la altura máxima permitida en la manzana es de 11,20 metros. En diálogo con el programa radial Mis hijos están con el padre, Cristina Sottile, de la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Comuna 7, explicó porqué la comunidad vecinal se opone a este proyecto ubicado sobre Asamblea entre Thorne y Pumacahua. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Braulio Domínguez/Silvio Florio ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur/Pedro Ramírez Otero El proyecto denominado “Alto Grande Asamblea” que prevé la construcción de dos megatorres de departamentos destinados a vivienda, sorprendió a los vecinos y vecinas de Parque Chacabuco, que decidieron organizarse para ir en contra de la obra. Cristina Sottile, de la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Comuna 7, explicó en qué consistieron esos primeros gritos de alerta ante el eventual megaproyecto: “En una semana nos enteramos y tuvimos que empezar a armar reuniones para ver qué pasaba. En realidad, nos enteramos porque se nos acercaron vecinos de la zona que vieron carteles, publicidades en páginas web y en Facebook donde promocionan estas futuras torres que todavía no tienen fecha para su inicio de obra. Después, se armaron varias reuniones porque los vecinos se agrupan de acuerdo a la zona donde viven, con métodos de participación que son distintos. Y eso a nosotros nos gusta. Vamos a articular con los distintos grupos, porque cada uno de ellos encuentra el ámbito adecuado donde sumarse”, señaló. “La Ciudad no es un paisaje muerto” Sottile describió la identidad del barrio y la actitud de sus habitantes a la hora de reclamar y defender sus lugares de pertenencia: “En Parque Chacabuco lo que pasa es que la gente es bastante tranquila con esto de salir a la calle. La primera vez que vi gente saliendo masivamente fue en el 2001. Me sorprendió porque no era algo que sucediera habitualmente. Después, el resto de las veces, fue por cuestiones que tenían que ver con el Parque Chacabuco. Y toda la zona alrededor es una zona identitaria del barrio. Cuando uno tiene que hablar también está la (Parroquia Santuario) Medalla Milagrosa, la escultura del puma dentro del parque, una mezcla de iconografías reconocibles que vivimos de alguna manera. Digo todo esto porque es darle la dimensión viva. La Ciudad no es solamente un paisaje muerto, o un lugar que se pueda planificar desde una oficina. Es mucho más que eso. Es la articulación de las historias de las personas que la habitan y que van conformando un paisaje urbano que tiene que ver con sus orígenes y con las necesidades de sus habitantes”, definió La integrante de la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Comuna 7 destacó que no existe ninguna necesidad real en el barrio que justifique la creación de las torres: “Hay varios problemas si se llegaran a insertar estas torres. Primero que responden a ninguna necesidad cierta de la Ciudad. Porque tiene sus 3 millones aproximadamente de habitantes que conserva hace unos 50 años, o más. El resto de las personas, van y vienen, o permanecen un tiempo como viajantes. Por otro lado, tampoco es vivienda social, como se dijo que iba a ser la Villa Olímpica (en Villa Soldati), que terminó siendo otro emprendimiento privado. Tercero, una estructura de estas dimensiones en medio de un barrio de casas bajas, rompe las redes comunicacionales y vecinales. Además de la cuestiones de infraestructura, que colapsan los servicios. Esto se ve en Caballito. Tuvimos una reunión esta semana con la gente de SOS Caballito y otras personas que están trabajando por el tema de no a las torres también. Vinieron a aportar su experiencia, y decidimos trabajar articuladamente con otras comunas. Nos parece que se va a hacer un buen abordaje de la temática. Porque está pasando lo mismo en la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya)”, detalló. Las reales intenciones del proyecto “Hay dos procesos que están vinculados. Uno es netamente económico, que tiene que ver con leyes de mercado que se priorizan por sobre las necesidades de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Estos emprendimientos responden también a una apropiación de la tierra, porque ellos ven barrios de casas bajas y lo que ven es tierra que se puede comprar relativamente barata para construir y maximizar ganancias. Es algo que tenemos que conocer, porque toda idea de progreso asociada a torres es algo que se dejó de lado en el mundo. Porque no mejoran la calidad de vida. Y en una de las cartas de recomendaciones de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) dice que no se puede definir que hay progreso en una sociedad si no mejora la calidad de vida, cosa que en este caso nosotros no vemos. La segunda cosa es que para erigir este megaemprendimiento de torres, estamos hablando de 22 pisos con 270 departamentos, ofrecidos para inversores; es que ni siquiera está pensado para vivienda familiar porque en general son departamentos muy chicos. Sucede también que hay un desplazamiento de la población del lugar, denominado ‘gentrificación’, un invento que empezó en los 90 en Europa, cuando se empezó a instalar este concepto de que las ciudades son para los que la merecen, o sea para quienes puedan pagarlas. Como ámbitos exclusivos y sobre todo de servicios, donde uno pueda ir a divertirse, recibir turismo. Pero cuanta menos gente viva, mejor. Porque quienes viven en las ciudades tienen chicos que precisan escuelas, hospitales, internet. Esto es un problema para este tipo de pensamiento, de un gobierno neoliberal como tenemos en este momento en la Ciudad. Este movimiento o desplazamiento es una violencia de Estado porque sucede a través del aumento de impuestos”, aseveró. Sottile expuso también los negociados que existen entre el Gobierno porteño
Lo dijo Rosa Herrera, abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos quien sostuvo un extenso diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana de La Retaguardia. En esta oportunidad habló acerca de la Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio de Parque Patricios, vivienda desde hace 18 años para 106 familias. Amenazadas por un posible desalojo, convocaron a una conferencia de prensa, a una movilización, y a resistir hasta intentar torcerle el brazo al Gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Natalia Bernades El edificio de Santa Cruz 140, una ex fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, se encuentra nuevamente en pie de lucha frente a un posible desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad. Quienes resisten y la defienden, convocaron a una conferencia de prensa realizada el pasado lunes al mediodía en la puerta del edificio y llevarán adelante una movilización el miércoles 9/12. —La Retaguardia: ¿Cómo está la situación al día de hoy? —Rosa Herrera: Las familias de Santa Cruz, que hace 18 años que viven en el edificio en Parque Patricios, a pesar de la situación de pandemia, aislamiento y ahora distanciamiento social, estuvo permanentemente en lucha y resistencia. Distintas organizaciones y compañeros/ras estamos acompañando la lucha de las familias. Porque en plena pandemia, que se había dictado oportunamente una feria judicial, se habilitó justamente para que se prosiga con el proceso y juicio de desalojo. El Poder Judicial no tuvo ningún tipo de sensibilidad de hacer una suspensión del proceso atento que los 131 niños, niñas y adolescentes y 106 familias que viven en el edifico también fueron afectadaspor el Covid-19 y la situación de resistencia se agudizó porque también tuvieron que garantizar todos los días la olla y los cuidados que todos estamos haciendo frente al Covid. El 13 de Agosto, la Cámara Civil Sala A confirmó el desalojo. Lo que nos preocupa es que hasta el momento el Gobierno de la Ciudad, como el principal responsable político de garantizar una vivienda digna a estas 106 familias, no nos está dando respuestas concretas de solución habitacional. Las familias no están dispuestas a estar en la calle. Lamentablemente, hoy por hoy, están todas las condiciones dadas, no tenemos fecha, para que antes de fin de año se pueda producir y materializar el desalojo en plena Ciudad de Buenos Aires, la más rica y con el mayor presupuesto del país. Justamente estamos con unos vencimientos, porque nosotros ante esta falta de respuesta del gobierno iniciamos un amparo para exigirles que garanticen el derecho a una vivienda digna, y el Gobierno de la Ciudad, sistemáticamente, niega cualquier posibilidad de situación concreta de solución definitiva a las familias de acceso a la vivienda. Únicamente ofrece esos subsidios de montos insuficientes, que son de 8000 pesos, montos que están totalmente desactualizados. Es imposible que las familias puedan acceder a desalojos formales, y el mismo gobierno se presenta al Poder Judicial y dice que las familias no están acreditadas, supuestamente para ellos, que están prácticamente en situación de calle y que las familias no están en situación de vulnerabilidad. Hemos presentado todas las pruebas a nuestro alcance para acreditarlo. Hay un alto grado de desocupación de las familias que viven en Santa Cruz. Subsisten por trabajos informales, por changas que fueron perdidas en este momento de pandemia. Están comiendo de ollas y comedores populares. Y en estas condiciones avanza la situación de desalojo. El decreto 320, modificado por el 766 que emitió el gobierno nacional, abarcó a un sector de la población que accede a contratos de locaciones formales, y no atiende a toda la población que vive en exclusión total. Porque hay un sector en la Ciudad de Buenos Aires que vive en una exclusión histórica. Están expuestos a desalojos de hecho. A través de patotas, de mecanismo de utilización de incendios. En este caso, la orden viene emanada por el Poder Judicial, por eso lo denunciamos como insensible, pero el juez tiene que emanar la orden en armonía con todos los derechos de la Constitución Nacional, de la ciudad y de los tratados internacionales, que es la garantía del acceso a la vivienda digna. Si no es arbitraria, y por más que sea desde un juez, no deja de ser un desalojo forzoso violatorio de los derechos humanos básicos de las personas. —LR: En un proceso de desalojo judicial, ¿puede negarse un gobierno a realizarlo? —RH: Depende de casa caso concreto. En el caso de Guernica, el desalojo fue ordenado por un juez de garantías en el ámbito penal, porque las familias eran imputadas por usurpación. Entonces, en un tema penal es mucho más difícil, pero no imposible. Esa mesa de negociación que se estaba llevando adelante con diferentes actores era el camino para poder seguir. Y me parece que la protección de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, y el derecho a la vivienda, que es un derecho reconocido de igual jerarquía que el derecho a la propiedad privada valía, y era el deber del Estado continuar todo el tiempo necesario para poder llevar a buen puerto las negociaciones y así lograr una respuesta positiva. No hay impedimento, sí hay que tener voluntad política. En el caso de Santa Cruz, como en otras situaciones diferentes que se dan en la Ciudad de Buenos Aires, y en el lugar que nosotros más nos movemos que es el vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la vivienda, se dan desalojos por usurpación mal utilizando irregularmente el fuero penal. Criminalizando estas problemáticas que responden a causas sociales. En Santa Cruz utilizan la justicia civil. Esto ya lleva 11 años de juicio. Y las familias viven hace 18 años allí. ¿Quién reclama la propiedad? La obsesión del gobierno porteño con esa propiedad puede hacer presumir que se trata de tierra fiscal. Sin embargo, no es así. Lo explicó Rosa Herrera: