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Boca acaba de salir campeón de la superliga del fútbol argentino y, lejos de estar de festejos por eso, en el Enredando las Mañanas celebramos el amparo contra el club que declara inconstitucional la venta de terrenos de Casa Amarilla. Sobre esto dialogamos el jueves con Natalia Quinto, del colectivo La Boca Resiste y Propone. (Por RNMA)Foto: nueva-ciudad.com.ar La jueza Cabezas Cescato declaró la inconstitucionalidad de la licitación abierta por Horacio Rodríguez Larreta para la venta de los terrenos de Casa Amarilla del Club Atlético Boca Juniors: “Angelici –presidente del club- le prometía a los socios adherentes en su campaña hacer un estadio shoping, les anunció que ya tenía los predios y que iba a construir el estadio modelo”, contó Quinto.“Mediante un Amparo conseguimos darle una solución de fondo”, relató: “nosotros estuvimos cubiertos mediante una cautelar en las instancias en que se observó en la justicia; incluso cuando llegó a la Cámara ni siquiera se animaron a expedirse en contra nuestro, sino que devolvieron a la jueza”.“Los únicos quince días que estuvimos descubiertos, el club nos enrejó los predios y montó cuatro garitas de seguridad con personal custodiando el lugar”, explicó la integrante de La Boca Resiste y Propone: “Todavía no desenrejaron y han apelado la medida, estamos esperando que se resuelva y que rápidamente el club retire toda la ocupación que tiene en el lugar, porque si no tendremos que denunciarlos por usurpación” y aseguró que “por la claridad que nos provee la constitución del a ciudad en estos casos y por la consistencia de la resolución de la jueza creemos que cualquier otra cosa sería un escándalo”.Quinto contó que se trata de “un predio que nosotros ya usamos, son tres manzanas y media que han sido motivo de mucha discusión dentro del barrio cuando fue el primer proyecto de viviendas sociales en Casa Amarilla; el barrio se ha dado un debate acerca de viviendas sí o no, si espacio público, en lo que todos siempre coincidimos es que queremos y necesitamos esas tierras para el barrio”.“Tenemos condiciones edilicias particulares que hacen que, por ejemplo, una familia viva en una pieza de 4×4 y comparta baño y cocina con otra familia, los espacios son muy reducidos entonces la ocupación que hacemos del espacio público los vecinos de La Boca es distinta quizás a la de otros barrios”, remarcó: “Necesitamos mucho espacio común liberado para que los niños jueguen, que los grandes tengan su espacio de esparcimiento y recreación, porque vivimos en lugares muy acotados, muy reducidos y rozando prácticamente el hacinamiento; ahí se juegan campeonatos de futbol, ensayan comparsas de candombe, los vecinos hacen picnics, cada vez que hay una fiesta vecinal se realiza ahí”.“Vivimos en ese barrio y amamos el club, que cumple una gestión social en el barrio desde siempre, excepto estos últimos años de la gestión macrista”, subrayó Quinto: “La realidad es que nosotros no nos oponemos a que Boca agrande sus instalaciones, de hecho podrían ofertarles a los vecinos la compra, pero el inconveniente que hay es que no quieren pagarles el valor de mercado de sus inmuebles” y finalizó: “No estamos en contra del progreso del club, sino de que sea a costa de la mala calidad de vida nuestra; estamos en contra, fuera lo que fuera a hacerse en esas tierras, en llevar adelante una acción ilegal, no podemos aceptar como herramienta de trueque la ilegalidad, no estamos de acuerdo con llevar adelante acciones de corrupción para que esto se desarrolle”. ESCUCHAR O DESCARGAR EL AUDIO

En el 2006 escribimos una nota que daba cuenta de la luchas de los vecinos y vecinas de la zona para evitar que les construyeran viviendas en el parque, que es uno de los pocos espacios verdes de un barrio en el que viven cerca de 80 mil personas. Aquella vez la ganaron. Ahora están nuevamente en disputa con el Gobierno de la Ciudad, que quiere utilizar parte de ese espacio para construir un polideportivo para la Policía local. Hasta el momento, cada vez que montaron el obrador, los y vlas vecinas resistieron, impidiendo el comienzo de las obras. Hace algunos meses, La Retaguardia también reflejó la situación de emergencia en la que se encontraba el barrio en materia de salud. Martín Firma Paz murió en la puerta de la salita esperando ser atendido. Bruno Bevaqua, vecino de Lugano, dialogó con Fernando Tebele en La Retaguardia para charlar sobre ambos temas. (Por La Retaguardia)Foto: villalugano.galeon.com “En el 2006, los vecinos ganaron la Ley 2103 que declara que en el Parque de las Victorias no se puede construir excepto que sea para uso público y hasta un 30%. Hoy nos encontramos con que van a hacer un polideportivo para la Policía de la Ciudad. O sea, van a construir algo de uso privado. Ya, del otro lado del parque, construyeron la Comisaría N°36, una nueva, la mudaron de Soldati a acá. Ya infringen la ley y quieren continuar haciéndolo. A su vez, también le sacan aquí en la comuna un pedazo al Club Español. Podrían buscar un lugar para el lado del norte de la Ciudad, siempre vienen al sur. Además, lo indignante es que el parque está abandonado: sólo cortan el pasto”, denunció Bevacqua sobre las condiciones del lugar. “No tenemos cestos, no tenemos baños para las mujeres. A esta pelea la venimos dando desde 2006, cuando ganamos esa ley. Pero ahí, por el abandono del parque, los vecinos se organizaron, se reunieron con los comuneros. Lo cerraron nueve meses, pusieron alguna que otra mesa y unos aros de básquet que obviamente ya no están porque no hay mantenimiento. La plaza está toda rota. Cuando ponen un mango, lo ponen para el uso privado. Nosotros quedaríamos afuera de lo que se está construyendo y somos los que vivimos acá. En Lugano I y II viven aproximadamente 80 mil personas. Nosotros decimos que ese lugar es el patio trasero de nuestras casas”, aseguró. Los vecinos de Lugano resistieron dos veces la presencia del obrador en el parque para evitar el avance.“Nosotros tenemos diálogo con los comuneros que no son del Pro, excepto uno solo que sí viene a escucharnos. Con funcionarios no tenemos diálogo”, denunció Bevacqua sobre la falta de respuesta institucional.Además, el vecino se refirió a la urbanización de parte de la Villa 20: “Se está construyendo en el Barrio Papa Francisco, pero no tiene nada que ver con lo que es, por ejemplo, la construcción de la Villa Olímpica, que tiene mucha más calidad. Esas viviendas salen a la venta pero a precios que no son accesibles para la gente de la zona”, planteó, en referencia a las viviendas que se están construyendo para los y las atletas que participen de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en octubre de este año. Al momento en que se sancionó la ley por la que la ciudad cedió esos terrenos para la construcción de viviendas, se comentó la posibilidad de que luego se utilizaran para quienes habitan la Villa 20… pero no… salieron a la venta para familias de clase media, créditos inalcanzables mediante. DESCARGAR

Las viviendas fueron construidas con el objetivo de relocalizar a las familias que ocupaban territorios en el camino de la Ribera en la cuenca del Riachuelo. Actualmente, el responsable es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, aunque las obras fueron llevadas a cabo en principio por la Fundación Sueños Compartidos y luego por una empresa privada. Hay paredes electrocutadas, filtraciones de agua, instalaciones mal hechas, edificios de hasta siete pisos sin ascensores, sin salidas de emergencia, sin planes de obra ni escrituras. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explicó a Luis Angió y Rosaura Barletta en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, qué le exigen los vecinos al gobierno y qué respuestas recibieron. (Por La Retaguardia)Foto: observatoriociudad.org “Denunciamos la situación en la que se encuentran distintos complejos urbanos o habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires. También para aprender de errores o evitarlos ahora que el gobierno decidió avanzar con la urbanización de villas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente, el modelo de organización es construyendo estos complejos. Lo que queremos es poner a disposición la información con que contamos para solucionar estos errores porque se fue olvidando la situación de precarierdad e inhabitabilidad de algunos lugares. Uno de los casos paradigmáticos es un complejo urbano creado hace unos cinco años. Es el barrio Padre Mugica, al lado de la villa 19 en el barrio Inta”, explicó Baldiviezo. “Ese complejo fue construido para relocalizar por orden de la justicia a las familias que ocupaban el camino de la Rivera en la cuenca del Riachuelo. La construcción de los edificios comenzó a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, hubo varios vaivenes por las denuncias de corrupción, así que pasaron a manos de una empresa privada durante la gestión de Mauricio Macri y bajo la competencia del IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad)”, señaló.Condiciones infrahumanas “A las familias las relocalizaron sin tener escritura, planos. Es difícil chequear con qué materiales fueron construidos porque no hay planes de obra. No hay información catastral. No funcionan los consorcios. Imaginen 700 viviendas funcionando sin tener consorcios. Eso va en detrimento de los edificios, que además tienen falencias de construcción bastante graves. Hay filtraciones de agua. Hay muchas paredes que las familias han retirado o sacado, pero nadie les informó que las paredes funcionan como columnas: son paredes portantes. Algunas están electrocutadas”, advirtió Baldiviezo. “No hay salidas de emergencia para los incendios. Han ocurrido incendios en esos edificios donde de milagro no murieron personas porque quedaron encerradas con el humo. Tuvieron que tirarse de primeros o segundos pisos. Hubo rotura de techos donde cayeron cocinas y bañaderas de un piso a otro. Eso demuestra la gravedad de la situación de habitabilidad que viven las familias allí. Lamentablemente, el gobierno destina grandes presupuestos en el avance de la construcción de nuevos complejos pero no destina presupuesto para solucionar los problemas de estas familias, que es su responsabilidad”, insistió el representante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Se encuentran en una situación de abandono en estas condiciones y sin tener respuestas al día de hoy. El presidente del IVC, a finales del año pasado se había comprometido con las familias a destinar presupuesto del IVC si nación no autorizaba la remisión de presupuesto hasta enero de este año. Finalizó enero de este año, Nación no aprobó el envío de dinero para estas obras que son bastante profundas y de restauración de los edificios”, explicó. “El IVC no cumplió con su compromiso tampoco y por eso justamente lo que estamos haciendo es denunciando esta situación como abandono de personas porque esta condición de vulneración de estas familias fue creada por el gobierno. El gobierno es quien construyó sin controlar estas obras, sin dar mantenimiento y es el que ubicó a las familias en estas viviendas mal construidas. El gobierno y sus funcionarios son responsables de las lesiones a la salud o a la vida que puedan sufrir las familias que viven en estos complejos”, señaló sobre el peligro que corren los vecinos.La obra “No sabemos bien cuál fue la distribución del trabajo, es decir, hasta dónde había avanzado la Fundación Madres (en realidad, Sueños Compartidos, del sector que lidera Hebe de Bonafini). Lo que los propios funcionarios del IVC nos dijeron es que estos edificios no tienen planos registrados. Cada edificio tiene alrededor de siete pisos, dejaron los huecos de los ascensores y en algunos hay ascensores que no funcionan. Las personas tienen que subirlos a pie, e incluso como hay problemas de cañerías a veces deben subirlos con el agua”, relató Baldiviezo.“El gobierno hizo un diagnóstico superficial para ver cómo solucionaba uno de los problemas más grandes, que es el de las filtraciones porque se filtraba agua de los techos superiores a todos los pisos. Lo que no hizo, y es algo que estamos pidiendo, es un diagnóstico estructural. De si estos edificios van a soportar tiempo o va a haber derrumbes. Esa es la condición básica para saber si se va a destinar presupuesto para mejorarlos o directamente hay que construirlos nuevamente, localizar a las familias en otros y estos demolerlos”, explicó. “Las malas condiciones en las que fueron construidos no se dimensionan del todo, se ven las consecuencias pero no se sabe la magnitud de las causas. El gobierno debería hacer un verdadero estudio estructural antes de comenzar las obras y esto es lo que no hicieron. La característica del sistema constructivo no es tradicional con columnas o bloques, porque cada pared es un soporte. Las paredes tienen dos placas de hierro y, en el medio, telgopor. Hay muchas partes en las que se rompieron, entraron ratas, comieron el telgopor y no se sabe el estado de lo que no se ve del edificio. Los vecinos se vienen organizando por edificio para solucionar algunos problemas aunque no existan consorcios formales”, destacó.“A este informe lo presentamos el año pasado al IVC, que fue, vio la gravedad de la situación que conocen hace tiempo y se

La ley 26.160 –ahora 27.400- posterga la posibilidad de avanzar sobre los territorios. El mismo día de su aprobación, los diputados/as dieron media sanción a la creación de un nuevo parque nacional. Hay un problema: 12 mil familias originarias viven en esa extensión de tierras.Es en la provincia de Tucumán. Margarita Mamani, vipresidenta del Consejo Consultivo Participativo Indígena región NOA, es integrante de la comunidad El Mollar del pueblo Los Tafíes, una de las afectadas, y dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero en el programa La Retaguardia. (Por La Retaguardia) Para el parlamentario tucumano autor del proyecto, Miguel Nacul, el objetivo es que la iniciativa atraiga el turismo. La propuesta abarca un total de 200 mil hectáreas y son unas 12 mil familias de comunidades indígenas las que viven en ese territorio. La zona es de interés para la preservación, contiene más de 2000 especies de plantas y más de 130 especies de animales entre aves, mamíferos y reptiles. Según Margarita Mamani, las comunidades las cuidan para futuras generaciones y viven en permanente contacto con la naturaleza. La iniciativa había sido impulsada en diciembre del año pasado en Tucumán, con la presencia del Presidente Macri. Allí lo anunciaron con otro nombre. “Nuestra comunidad indígena, El Mollar, a la que estoy representando porque soy cacique, cuenta con personería jurídica. Nosotros vivimos ancestralmente en ese territorio y ya hay media sanción en diputados de la ley que dice que harán un parque nacional adonde nosotros vivimos con nuestra madre naturaleza, con nuestra Pachamama, con nuestros animales, con nuestros caminos ancestrales, cerros, montañas, plantas medicinales. No hubo consulta ni participación de nuestra comunidad indígena ni de otras que vivimos dentro de ese territorio. Nosotros repudiamos ese mal accionar porque han votado los 190 diputados a favor de ese proyecto sin consultarnos”, denunció Mamani. “Allí están nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras mujeres embarazadas conviviendo con nuestra madre naturaleza. Violentan los derechos constitucionales, el convenio 169 de la OIT, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el 22, la ley 23.302, la 25.517 y su ratificación, la 24.071. Todas esas leyes vigentes están en el Congreso nacional y han hecho caso omiso violentando todos los derechos de nuestros pueblos indígenas, más aún en el territorio del Tucumán”, señaló la cacique.Hay que aclarar que la comunidad El Mollar, a la que pertenece Mamani, ya fue relevada por el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en el marco de la ejecución de la ley 26.160 (ahora prorrogada), por lo tanto cuenta con personería jurídica y una carpeta técnica que detalla las características geográficas de la tierra que habitan y la cosmovisión de la comunidad, entre otras informaciones. El Mollar se encuentra en los departamentos de Tafí del Valle y Monteros.“El día que nosotros exigíamos que se prorrogue la ley 26.160 para no ser despojados de nuestros territorios ancestrales. Vivimos ancestralmente de generación en generación, porque nuestros abuelos han resguardado para nuestros hijos y futuras generaciones venideras. Mientras se sancionaba la prórroga 27.400, mientras tanto, nos daban con un puñal con la ley que establece la creación del parque nacional. Ese parque nos perjudicaría, dentro de ese territorio vivimos nosotros”, planteó Mamani y desarrolló: “Está nuestra cosmovisión, lo sagrado, lo ancestral, hay piedras que para nosotros es la espiritualidad. Los diputados y senadores han violentado ese derecho que nosotros tenemos de vivir con nuestra madre naturaleza. Nuestra comunidad indígena somos más de 1400 familias, y hay muchas comunidades más. Hablo de más de 12 mil o 13 mil familias. Nosotros nos vemos hostigados, sentimos que nos van a retroceder 500 años atrás, cuando nuestros abuelos sufrieron el avasallamiento, cortaron nuestras lenguas, nuestras cabezas”, graficó sobre la opresión de los pueblos originarios. “Cortaron nuestros frutos, nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero nunca jamás nuestras raíces. Las raíces somos nosotros con la preexistencia étnica y cultural, queremos que respeten nuestra diversidad, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir dentro del territorio que ahora quieren privatizar como parque nacional como parte de la conquista”, denunció la referente. “Nosotros no sabíamos nada, justo cuando vamos a un medio de comunicación masivo de la provincia de Tucumán, nos enteramos de que esta ley tenía media sanción. Vamos a hacer asambleas y marchas para repudiar este accionar que han tenido de violentar el derecho indígena ¿Adónde vamos a vivir nosotros?”, interrogó Mamani. Sobre su historia personal, contó: “Soy sexta generación, tengo 55 años, soy cacique de la comunidad, nacida y criada. Me he criado con mis abuelas. Nosotros queremos resguardar una naturaleza sana para nuestras generaciones venideras y nuestros niños”.El proyecto comenzará con la utilización de 77 mil hectáreas, pero abarca en su totalidad cuatro reservas ecológicas: la Reserva Provincial Los Sosa, la Reserva Natural La Angostura, el Parque Provincial La Florida y la Reserva Provincial Santa Ana.Cuando comunidades mapuches crean comunidades en tierras de Parques Nacionales, entran las fuerzas federales y desalojan a sangre y fuego. ¿Qué harán ahora si es Parques Nacionales el que crea un área protegida en tierras relevadas para las comunidades? Probablemente lo mismo, sacar a los diaguitas, aunque la situación sea a la inversa.No habría que descartar que los y las diputadas que aprobaron el proyecto, crean que las comunidades originarias son parte de la fauna… DESCARGAR

En el contexto de la construcción indiscriminada que se lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires, buscan cerrar la sede de Vialidad Nacional en Mataderos y allí construir dos torres de 75 metros de altura. Además, la idea es rezonificar toda el área comprendida entre Emilio Castro y General Paz hasta Lisandro de la Torre y Alberdi. Claudia Ferreyra Pardo, vecina del barrio Naón, explicó el conflicto y realizó la convocatoria a la audiencia pública que será este miércoles. (Por La Retaguardia)Foto: po.org.ar “Lo que están haciendo es tratar de rezonificar todo. No nos afecta sólo a nosotros sino a toda la Ciudad y es bastante más complicado de lo que se ve. No es que van a hacer un par de edificios y ya está. Donde hoy está el edificio del distrito 1 de Vialidad Nacional, hay un negociado inmobiliario de millones, de torres de 75 metros de altura. Lo que está pasando con esto es que empiezan a surgir edificios en toda la Ciudad que ya sabemos que tienen que ver con negocios en los que nosotros no tenemos cabida. Es un negocio para unos pocos”, denunció Ferreyra Pardo, que vive en Mataderos, en una zona de casas bajas t acomodadas que otros vecinos prefieren llamar Barrio Naón. “La gente del común no llega, no tiene acceso a esos lugares. Es una barbaridad lo que están tratando de hacer. En lo que tiene que ver específicamente con nuestro barrio, se habla de levantar dos torres de 75 metros de altura en el edificio de vialidad. Ya de por sí, todo lo que tiene que ver con la venta del Distrito 1 fue de forma muy fraudulenta. Ellos hablan de vender un edificio del Estado y hay un ente que regula las ventas. Ellos dicen que el terreno está ocioso, que ahí no hay nadie, y es mentira. No solo funciona Vialidad sino que hay una de cuatro escuelas viales en Latinoamérica”, destacó la vecina. “Dicen que la van a trasladar, pero Vialidad deja de ser Vialidad para pasar a ser corredores viales a partir del decreto del 28 de septiembre y permite un 51% de capitales privados. Eso habilita a que empresas pasen a hacer todo lo que hace Vialidad. Es la forma en que se maneja el gobierno hoy”, aseguró.Según explicó Ferreyra Pardo, “para estas torres ya hay media sanción en la legislatura. El 22 de noviembre se hace la audiencia pública a la cual los vecinos y la gente de Vialidad, que incluso son quienes nos informaron. Nosotros lo que queremos es que nos escuchen. Sabemos que la audiencia es no vinculante, pero vamos a estar imponiendo nuestra voz, haciéndonos escuchar ya que no nos escucharon antes. Vamos a tratar de hacer valer nuestros derechos como vecinos. Pusimos a los legisladores y es su deber hacer notar nuestra voz y esto no refleja nuestra vos”, aseveró. “La gente está muy enojada en el barrio porque, además, no solamente esa parte van a rezonificar. Hablamos ya con muchos legisladores, los invitamos a que participen. Nos estamos organizando, primero porque acompañamos a la gente de vialidad porque son 400 trabajadores, y porque es todo el barrio lo que quieren rezonificar. Desde General Paz y Emilio Castro hasta Lisandro de la Torre y Juan Bautista Alberdi. Si entrás a la página de la legislatura podés descargar y ver qué es lo que tienen planeado”, invitó la vecina. “Nosotros tenemos un Facebook que se llama No a Las Torres en vialidad y está muy bueno que la gente entre, ponga me gusta y pueda observar de qué se trata. Yo le digo siempre a la gente con la que nos reunimos, que son todos vecinos, que hay que formar parte, hacernos escuchar, y esta es la única forma que tenemos”, subrayó. Además, Ferreyra Pardo destacó: “Hay gente que nos ayudó, que estuvo desde el principio, vecinos que somos linderos a Vialidad Nacional. Empezamos a buscar información, un arquitecto hizo láminas mostrando las dimensiones de un edificio de 75 metros con relación al resto del barrio. Se comunicó con el legislador Quattromano. Todos intentamos hacerlo, le mandamos mail, le escribimos en Facebook. Quattromano hoy contestó un comentario en su Facebook diciendo que nos quedemos tranquilos, que él está al tanto y que eso se sigue modificando para volver al recinto. Ahí le comentaron que sería una barbaridad que eso pasara, y que él siendo del barrio debería haberlo tenido en cuenta. Él caminó las calles de nuestro barrio”, señaló. Roberto Quattromano es un legislador Pro, de gran apellido para ser político, oriundo de Mataderos. “Fue todo bastante feo. Además, resolver el gran problema habitacional que tenemos no es lo que les importa, claramente. Los y las vecinas realizaron el sábado una gran reunión en la plaza de Saladillo y Acassuso, a la que asistieron el legislador de AyL Fernando Vilardo y asistentes de la legisladora del FIT Laura Marrone. Ferreyra Pardo se refirió al vínculo con el barrio: “Estamos tratando de sacarle un poco el miedo a la gente y es momento de salir a defender nuestros derechos. Tenemos una solicitada en change.org, un grupo de Whatsapp donde todos damos ideas, todo es planteado y consensuado. Los vecinos podemos hacernos escuchar”.Para la audiencia pública de este miércoles, el vecindario se autoconvocó a las 13:30 en el mismo edificio de Vialidad Nacional en la colectora de la Av. Gral. Paz. Prometen ser una cantidad importante para hacer oir sus voces en una legislatura con diagnóstico de hipoacusia. <a href=”https://www.blogger.com/ACAPEGARELCODIGOw>DESCARGAR</a> </b>DESCARGAR

El jefe de Gobierno de la Ciudad presentó en la legislatura porteña un proyecto de ley para desarrollar un emprendimiento inmobiliario en los terrenos de Catalinas Sur 2. Es un espacio público de casi tres hectáreas. Los vecinos también hicieron una propuesta con respecto a lo que podría hacerse allí y uno de los que redactó el proyecto es Juan Agüero, que dialogó en el programa Otras Voces, Otras Propuestas con Luis Angió y Rosaura Barletta. (Por La Retaguardia)Foto: http://catalinas-sur.blogspot.com.ar/ “El proyecto que redactamos consiste en designar toda el área que está en discusión como urbanización parque porque en esa zonificación no se puede construir ningún tipo de cosas excepto instalaciones deportivas. Hay una necesidad de mantener la vida que venimos viviendo en el barrio Catalinas, que es muy especial. Son nueve hectáreas con edificios de entre diez y once pisos pero, como máximo cuatro por manzana, rodeados de jardines y parques”, contó Agüero. “Este proyecto del gobierno vendría a trastornarnos la fisonomía del barrio porque en estas nueve manzanas no hay calles, solamente veredas peatonales, solamente tenemos veredas perimetrales. Si se lleva a cabo el proyecto del gobierno, allí figura la apertura de calles. No dicen exactamente cuántas, pero nos afectan a nosotros porque todos esos terrenos están cruzando la calle del costado del barrio”, aclaró.“Actualmente en esos terrenos está en funcionamiento la Asociación Catalinas Sur, una asociación de vecinos que tiene cerca de 50 años con algunos altibajos. Se desarrollan actividades deportivas, se ha construido una pileta de natación para adultos y otra para niños, hay canchas de fútbol, de paddle, hay un quincho, parrillas, un centro de jubilados, una juegoteca municipal, funciona el helipuerto del hospital Argerich, colonia de vacaciones y actividades deportivas de varios colegios de la zona. No es un descampado ni un lugar en desuso”, insistió Agüero sobre la necesidad de preservarlo.“En el principio del proyecto del gobierno, pensaban construir torres donde funcionan todas esas actividades también, pero debido a una movilización muy grande y tres o cuatro asambleas en el barrio a las que concurrió el director de Planeamiento, terminaron desistiendo de tomar esa parte para el proyecto inmobiliario. Lo mantienen con respecto a dos hectáreas y media que actualmente tiene vialidad nacional y una franja de una hectárea y pico que un club de tenis tiene alquilado a administración de puertos. El tema es que en esas dos hectáreas y media, el proyecto dice taxativamente que es para construir 150 mil metros cuadrados cubiertos, lo cual estaría dado por cinco torres de treinta pisos de alto con una superficie de terreno de 33×33 mts”, explicó. En este sentido, el vecino advirtió sobre la reglamentación vigente: “Eso es para desarrollar en esas dos manzanas, pero la reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires establece que cuando un terreno fiscal se dedica para construcción se puede ocupar sólo el 35% de la superficie y el otro 65% debe ser dedicado a parquización. Entre el club, la Asociación Catalinas, lo que tendrían que dejar, prácticamente está de hecho funcionando como urbanización parque aunque no es la zonificación que tiene”, explicó.Como uno de los pasos previos a la sanción de la ley, el martes se realizó una reunión en la comisión de Planeamiento de la legislatura de la Ciudad: “Tenía como finalidad darle curso al trámite de traspaso de los terrenos de vialidad nacional a la Ciudad para poder sancionar la ley. Sin embargo, una de las cosas que se interpuso, lo comentaron varios diputados, es que se estaba violando una disposición constitucional sobre que la venta de terrenos fiscales sólo se puede hacer con la aprobación del Congreso Nacional. Aquí, un decreto o ley que se hizo en su momento para poder utilizar terrenos ferroviarios para construcciones del plan PRO.CRE.AR, lo quieren aplicar para un negocio inmobiliario. No es para un uso social, construcción de viviendas o cosas por el estilo, sino para un emprendimiento gigantesco”, diferenció Agüero.“Con respecto a la hipotética votación, hoy en la legislatura surgió que sólo el Pro apoyaría ese proyecto. Todos los otros bloques que participaron pusieron objeciones, algunos menores y otros mayores. Todos los bloques de la oposición apoyaron el proyecto presentado por los vecinos. No sé exactamente la posición de los centrales aliados, Confianza Pública y Coalición Cívica”, aclaró.

Fueron presentados dos proyectos para regular los costos y las condiciones de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Las medidas buscan solucionar uno de los grandes problemas habitacionales de los porteños. Para hablar de ello, Luis Angió entrevistó a Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, en el programa Otras Voces Otras Propuestas. (Por La Retaguardia) Baldiviezo describió las situaciones que deben enfrentar las personas que quieren alquilar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y explicó en qué consisten estos proyectos de ley, que de todos modos, no arrojan una solución real al problema de los inquilinos: “Hace mucho tiempo que se vienen presentando distintos proyectos de ley con respecto a la situación de las familias inquilinas. Conjuntamente con la situación de las villas y de las personas en situación de calle, la cuestión de los inquilinos es una de las situaciones más graves que tienen que ver con la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Últimamente, se han presentando dos proyectos de ley. Uno presentado por ONG y otro presentado por el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez) Larreta, que vienen a abordar la temática de alquileres. La cuestión de los alquileres se puede abordar de dos formas distintas. Una, las complejidades y las restricciones que tienen las familias para acceder a un alquiler, el tema del depósito, la garantía, la cantidad de meses que uno tiene que pagar a la vez para hacer ese alquiler, los montos, los precios, la comisión de la inmobiliarias. Son todas restricciones que tienen que superar las familias para poder acceder a una vivienda en alquiler. La segunda cuestión para analizar es por qué se está incrementando la cantidad de familias inquilinas en la Ciudad. Cómo puede ser que del año 2000 al 2010 aumentó de un 20% a un 30% y que ahora que estamos en 2017 calculamos que la población de inquilinos está en un 35% o 40%. Eso implica, por una parte, que hay menos propietarios que tienen más tierra en la Ciudad, y por otra parte, que eso genera que haya más inquilinos en la Ciudad. También, todos los meses, más de un millón de personas de la Ciudad transfieren alrededor del 35 o 40% de sus ingresos a los propietarios del suelo de la ciudad. Eso genera una transferencia de capital y de recursos muy grandes de una clase, la clase de inquilinos, a otra clase, la clase de propietarios. Estos proyectos de ley presentados tanto por las organizaciones como por Larreta, tocan únicamente el tema de las dificultades para acceder al alquiler. El gobierno más limitadamente. Establece como cuestión sustancial que las comisiones inmobiliarias las tiene que pagar el propietario. Obviamente, si uno lo pone en términos impositivos, si aumentan el impuesto al que vende o al propietario se la transfiere al que compra o al inquilino. Así que esta transferencia del pago de las comisiones se va a trasladar al precio del alquiler ya que los propietarios no van a asumir solos esta carga. Es un proyecto de ley que no va a tener grandes impactos en la situación de los inquilinos”, advirtió Jonatan.Además, se refirió al problema de los inmuebles ociosos; mucha concentración de suelo en pocas manos y viviendas deshabitadas que impiden a los porteños conseguir un alquiler: “Por otra parte, establece que van a hacer una difusión de los derechos de las personas con alquiler y las familias inquilinas. Van a crear una mesa de trabajo para ver como se trata el tema de los inmuebles ociosos, es decir, los inmuebles que no tienen ningún tipo de uso en la Ciudad de Buenos Aires, que están sin ningún tipo de utilidad. No son usados ni para locales comerciales ni vivienda. Es una mesa de trabajo para tratar ese tema y ninguna medida efectiva para incorporar esos inmuebles a la ciudad. Si uno hace un cálculo, la Ciudad tiene alrededor de un millón de viviendas construidas. El 10% de esas viviendas se encuentran ociosas. Si uno lo multiplica por 3 o por 4, que son los integrantes promedio de una familia, prácticamente se cubriría el déficit habitacional de la Ciudad si se incorporaran esos inmuebles al mercado o si se les daría un destino de vivienda. Entre 500 mil y 600 mil familias son el número de déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Son medidas a implementar que no tienen únicamente que ver con el acceso al alquiler sino que tienen que ver con la regulación del mercado inmobiliario y analizar qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires que cada vez hay más familias que transfieren recursos a otra clase que sigue comprando más tierras y construyendo más. Esto va a generar, como ya sucede en otros países -uno ve la capital de Francia, París, y el 80, 90% de las familias que viven en esa ciudad son inquilinas-, una gran concentración de suelo urbano en pocas manos”, manifestó en el programa Otras Voces Otras Propuestas, por Radio La RetaguardiaBaldiviezo también hizo foco en las inmobiliarias y el perjuicio contra los inquilinos. Pidió que se establezcan multas económicas a todos los actores de la sociedad que hacen que alquilar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires sea un periplo tortuoso y, para muchos, casi imposible. La compra de inmuebles como inversión genera que muchas viviendas queden fuera del mercado y aumente el déficit habitacional: “Este problema no tiene solución si uno no empieza a tener una mirada de cómo regulamos el mercado inmobiliario. La única manera de regularlo no es solamente estableciendo un tope o una regulación del precio del alquiler, que en los momentos inflacionarios que vive el país no se podía establecer que se congelen los alquileres. Hay otro tipo de herramientas urbanísticas para regular este mercado de suelo y mercado de alquileres que tiene que ver con incrementar la oferta de viviendas en el mercado. Una de ellas es establecer castigos, sanciones impositivas o de otro estilo, para

Con esta frase, Nacho Levy del colectivo La Poderosa, graficó la calidad de vida de las personas que habitan las villas de la Ciudad de Buenos Aires. El militante dialogó con Matías Bregante y Rodrigo Ferreiro en el programa Hora Libre. Hizo un recorrido por la gestión de Macri y Horacio Rodríguez Larreta en materia de urbanización e integración, por las leyes que amparan la exigencia de los barrios de emergencia y por las necesidades insatisfechas. (Por La Retaguardia) “La ocupación de un espacio que represente a las villas en la legislatura no es un reclamo que haya nacido con La Poderosa ni las otras organizaciones que desde las villas intentamos construir y poner sobre la mesa la misma demanda que tenían los compañeros detenidos desaparecidos hace tantos años. El propio padre Mugica o Daniel De La Sierra en la línea de los curas villeros en cada una de las épocas. Esa causa que sintetizamos como la lucha por la urbanización, que fue cambiando de nombre pero son las condiciones de precariedad en que vivimos en nuestros barrios. Fue una conquista en ese recorrido haber instalado el concepto de urbanización, que después se tradujo en integración urbana que tiene que ver con el acceso a los servicios y el respeto por la cultura y la identidad de los barrios”, aclaró Levy. “Las mejoras que tiene que hacer el gobierno, al mismo tiempo, son mucho más flexibles o relativizables del lado de ellos. Nosotros celebramos, fue todo una victoria que la gente que no era de las villas y los medios hegemónicos o masivos empezaran a hablar de urbanización, pero no nos referimos a cuatro paredes y un techo, sino a las posibilidades de tener calles con acceso para las ambulacias, los bomberos. Derecho a la vida, le decimos. Tenemos madres compañeras en el barrio Fátima, de Soldati, que estuvieron a punto de morir por una cuestión muy sencilla de salud porque para la ambulancia era imposible ingresar en términos de infraestructura. Hemos perdido un montón de chicos bajo esa violencia institucional que nos enseñaron ustedes, los familiares de Luciano, a poder diferenciar de la represión estatal”, señaló. En este sentido, el militante de La Poderosa ejemplificó: “Por violencia institucional se nos murió Facundo en la Villa 21-24 cuando se le cayó sobre el techo de la casa un árbol por el que su mamá había reclamado tres veces, o Gastón en el barrio Rodrigo Bueno, en el que además de incumplir las leyes de urbanización habían prohibido el ingreso de materiales cuando Augusto Rodríguez Larreta, el hermano de Horacio, era gerente de IRSA y planeaba poner ahí un gran complejo inmobiliario. Su segundo día del colegio secundario, hijo de Flora, queriendo rescatar al gatito que se había caído en el pozo ciego se murió literalmente ahogado en la mierda a los trece años. Esa es la lucha por la urbanización, por la dignidad de la vida que dan las villas hace treinta, cuarenta, setenta años”, destacó. Derechos invisibles “A los habitantes de villas esas tierras les corresponden constitucionalmente por haberles dado vida cuando eran una quema y haber generado los espacios donde comieron, estudiaron, desarrollaron una cultura de la solidaridad, abandonados por el Estado. Hay cinismo y la impunidad de los medios agrava, por eso terminamos discutiendo a los medios de comunicación y la impunidad con que pueden hacer y deshacer. La ley de urbanización de la villa 31 se trabajó muchísimo tiempo con Arquitectura de la UBA, con organizaciones de la sociedad civil, fue firmada por Santilli en 2009 y hoy sus funcionarios dicen que era absolutamente inaplicable”, denunció Levy. “Finalmente consiguieron la aprobación para endeudarse por cien millones de dólares a través del BID, sumado a 150 millones a través del Banco Mundial. Esa cifra efectivamente les permitiría realizar algunas obras de calidad que cambiarían el trasfondo y no solamente la estética de lo que hicieron todos estos años. Acá no hay pesada herencia, son ellos los que van por el tercer mandato, son los que subejecutaron el presupuesto para villas, firmaron la ley que incumplieron, asumieron en 2007 prometiendo a los porteños que iban a erradicar la villa 31. Eso da cuenta del nivel de desconocimiento que tenían de la historia de lucha que tiene ese barrio. Las segundas elecciones, las ganaron diciendo que la iban a urbanizar y las terceras, explicando por qué no la habían urbanizado”, graficó.Sobre la nueva gestión, expresó: “Ahora, ahí está la oficina de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora existe una comisión interministerial para levantar la villa 31, que es la más emblemática y visible. Toda esta deuda les da recursos, cosa que nunca les faltó, para una voluntad política que siguen sin tener. Nosotros ya sabemos, a través de sus propios trabajadores de esa comisión interministerial que mandan al territorio, que parte de esa deuda, la que se va a ejecutar, será para obras de la autopista. Eso no hace a la calidad de vida de los vecinos que la vienen peleando hace años. Hoy no tienen certeza de si van a ser relocalizados, si les van a abrir la calle, si les van a demoler la casa”, planteó. “Ellos mismos hicieron un informe que no debía demorar más de 15 días, pero ya pasaron los 15 días y aún no lo tenemos. En el barrio Rodrigo Bueno, el cinismo es todavía peor. Nosotros nos bancamos que nos caguen a palos a muchos compañeros en las movilizaciones que solamente el barrio hacía a la legislatura cuando el pro y el kirchnerismo se cruzaban los votos para hacer la Isla Demarchi y el Polo Audiovisual”, en este punto, Levy trazó un paralelismo: “Cuando lo ganaron, fueron los funcionarios con las cámaras de Telefé a contarles que van a urbanizar la Rodrigo Bueno. Como si el ministerio de Seguridad de Scioli fuera al destacamento donde desaparecieron a Luciano a decir que decidieron que ahora sea un Espacio para la Memoria”, ironizó.“No hay ninguna explicación que pueda justificar que el servicio de atención médica de

Lo hizo Laura Velasco, titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires quien dio más precisiones sobre el tema. en el programa Tengo Una Idea, con Nicolás Rosales y Graciela Carballo. El incumplimiento de la ley 3706, sancionada para proteger a las personas en esa condición. (Por La Retaguardia) Velasco remarcó que el principal problema es el errado diagnóstico que el Gobierno ejecuta en relación a la cantidad de gente en situación de calle y criticó la falta de políticas públicas que brinden una solución: “Desde el Consejo Económico y Social lo que pudimos realizar a través de la comisión que me toca coordinar, la de políticas sociales y economía social, fueron unas recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el cumplimiento de la ley 3706, un logro como ley, pero un problema porque no se lleva adelante a través de políticas públicas concretas. Estas recomendaciones que hicimos al Ejecutivo no fueron demasiado tenidas en cuenta. Entonces, el año pasado con la diputada nacional Victoria Donda, presentamos un amparo a la Justicia que fue tomado a través de una medida cautelar por la jueza Elena Liberatori. Lo que hizo fue cuestionar al Gobierno de la Ciudad, entre otras cosas, por el diagnóstico que estaba llevando adelante en relación con las personas en situación de calle en la Ciudad. Sabemos muy bien que si no tenemos un buen diagnóstico difícilmente vamos a tener las políticas públicas adecuadas que den asistencia. La Justicia cuestionó cuál era el relevamiento o el censo anual que se estaba realizando, en qué condiciones, cuál era el aval documental de esa actividad que hacía el Gobierno de la Ciudad. La recomendación que su vez hace la Justicia de que se incorporen organizaciones de la sociedad civil que trabaja en la problemática y otros organismos al monitoreo del relevamiento del censo anual y al a elaboración del diagnóstico fue algo que tampoco el Gobierno de la Ciudad aceptó llevar adelante. Lamentablemente, en este 2017, volvieron a realizarlo los organismos que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. De la misma manera, la cifra que se publicó el año pasado fue de 876 personas en situación de calle. Este año están diciendo extraoficialmente  que serían entre ochocientas y mil personas; realizaron el censo en el mes de abril” comenzó.La consejera no se quedó en la crítica y pasó al marco de la acción. Junto a otras organizaciones, realizó un censo para determinar eficientemente el número de personas que hoy viven en situación de calle y también para evaluar las condiciones asimétricas que eso significa:  “Ante esta situación, con un arco bien importante de organizaciones que trabajan en la problemática -cincuenta organizaciones en total, incluida la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público Tutelar- realizamos un relevamiento durante siete días contando con quinientos voluntarios y voluntarias. Fue muy importante el trabajo que se hizo porque no solamente se trató de un conteo, sino que fuimos dialogando con las familias, con las madres, niños, hay bebés, hay adultos, discapacitados, ancianos… hay historias de vida muy duras. Conversando con las personas fuimos relevando cuáles fueron las situaciones que los llevaron a la situación de calle, si tienen posibilidades de atención sanitaria, si estuvieron en algún dispositivo del Gobierno de la Ciudad y qué opinión tienen al respecto. Hicimos un relevamiento bastante completo, no solamente para tener un diagnóstico cuantitativo, de cuánta es la cantidad de personas que están realmente en situación de calle, sino también qué es lo que pasa con las políticas públicas que tienen que dar una respuesta a esta población que tiene todos sus derechos vulnerados” explicó en conversación con el programa Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia.Consultada acerca de la cifra a la que llegaron con el censo, Velasco prefirió no dar especificaciones tempranas, pero anticipó que el número triplica lo enunciado por el Gobierno: “En unos diez días vamos a tener toda la sistematización del censo popular. Vamos a presentar los datos y les vamos a informar el conjunto de lo que fuimos relevando en términos cuantitativos y cualitativos. Lo que sí puedo anticipar es que es muchísima más la gente en situación de calle que la que dice el Gobierno de la Ciudad. Estaría triplicando la cifra. Queremos ser cuidadosos en no dar números, pero es mucha más gente” anunció. Los que no están en el censo Además, explicó que en el censo que ellos realizaron también integraron a un espectro de población que no incluye el censo oficial, las personas en riesgo de situación de calle que de no mejorar sus condiciones rápidamente quedarán efectivamente en situación de calle: “Estamos hablando de una parte, que es la que está en situación de calle física y efectiva. En verdad, el relevamiento implica una población muchísima mayor. La ley 3706 dice que se debe atender a las personas en situación de calle y a las personas en riesgo de situación de calle. El censo del relevamiento también tiene que comprender a todo ese universo. ¿Qué quiere decir riesgo de situación de calle? Las personas que están en un mal llamado parador, porque según la ley hoy ya debería ser un centro de integración abierto las 24 horas, a las 8 de la mañana la devuelven a la calle. A esa persona, que esa noche está durmiendo en una cama del dispositivo del Gobierno de la Ciudad, hay que contarla porque está en riesgo de situación de calle. Es una situación extremamente precaria y no tiene resuelto su problema habitacional. ¿Qué pasa con la gente que está con un subsidio habitacional en un hotel, los llamados hotelados? Es gente que está en una situación de gran vulnerabilidad porque los subsidios ni siquiera les alcanzan para pagar las piezas” agregó.El operativo frío “Días pasados tuvimos bastante frío, días de lluvia. De hecho, la semana que estuvimos haciendo el censo fue una semana de grandes inclemencias climáticas. El operativo

Se presentó en la Justicia una medida cautelar por irregularidades en el proceso de venta de unos terrenos de Casa Amarilla que la Legislatura Porteña cedió al club Boca Juniors. Natalia Quinto, de la organización La Boca Resiste y Propone, habló con los integrantes del programa Otras Voces, Otras Propuestas conducido por Luis Angió. (Por La Retaguardia) Natalia comenzó relatando cuáles fueron las irregularidades en esa venta y por qué se oponen a que esos terrenos sean cedidos al club: “Nosotros el año pasado, cuando se llevó adelante la venta de los terrenos de Casa Amarilla, veníamos planteando las irregularidades en el proceso de venta y como se había llevado adelante este proceso sin ninguna participación de los vecinos, sin cumplir con los pasos que dicta la Constitución para llevar adelante una venta de esta naturaleza. La Boca Resiste y Propone es un espacio multisectorial del barrio de La Boca. A partir de esta necesidad de presentarnos en la Justicia contactamos a Jonatan Baldiviezo para que fuera quien nos patrocinara en esta presentación que queríamos hacer, esperando que se dictara una medida cautelar o un amparo para suspender este proceso de venta de los terrenos hasta tanto se investigara a fondo cómo había sido el proceso de venta. Sostenemos lo que ya sabemos. Todo se llevó adelante de manera irregular. Venimos siguiendo el proceso desde antes de que las tierras se vendieran. Hemos realizado todas las instancias posibles para que esta venta no se llevara adelante. No por una cuestión de capricho, sino por necesidad. El barrio de La Boca ya ha sido más que generoso con el club Boca Juniors. Esas tierras, dos manzanas, son vitales para la vida de nuestro barrio y no podemos permitir que se le traspasen a un privado y menos en estas condiciones de irregularidad” dijo.Además, cuando se firmó el traspaso, trataron de evitar que el grupo de Natalia participara en el acto:“El día que se abría el sobre de esa licitación, un acto que debía ser público y en el que cualquier contribuyente podía participar, no nos dejaron ingresar excepto a Jonatany a mídespués de insistir una hora y media en la puerta diciendo que veníamos a hacer ejercicio de nuestro derecho para poder participar. Era un acto público y tenía que estar de caras a la comunidad” agregó.Agresiones dentro de un edificio público del Gobierno de la Ciudad En plena reunión del consejo consultivo, convocada por el jefe de la Comuna 4, varios integrantes de La Boca Resiste y Propone fueron agredidos por empleados del Gobierno de la Ciudad. Uno de los vecinos fue apuñalado:“El muchacho que llevó a cabo ese acto, que está caratulado como intento de homicidio, es empleado de planta permanente del Gobierno de la Ciudad. Mientras tanto (no hay un fallo en su contra) sigue cobrando un sueldo que pagamos todos los contribuyentes. Fijate la gravedad del asunto. Lo que (Horacio Rodríguez) Larreta pasa por alto es que todos nosotros estábamos en un edificio público convocados a una reunión en la que el Jefe Comunal, Jorge Apreda, nos había citado a participar de la primera reunión de consejo consultivo después de dos años sin funcionamiento y después de que nosotros habíamos llevado adelante una autoconvocatoria exclusivamente para tratar el tema de la venta de los terrenos de Casa Amarilla. El mismo día que nosotros hacemos la autoconvocatoria, ellos sacan la convocatoria a la primera reunión del consejo consultivo. En esa primera reunión, cuando intentamos legitimar el acta de la autoconvocatoria, uno de nuestros compañeros es apuñalado y otro termina en el hospital a los golpes. No hubo más heridos ni el tema fue más dramático por obra y gracia del espíritu santo, no porque alguien haya hecho nada como para impedir que algo más grave sucediera” comentó indignada.Boca Juniors, Daniel Angelici y una impunidad constante Consultada acerca de la posición de los vecinos de La Boca, Quinto entiende que el tema de los terrenos excede a las responsabilidades del club y, además, no ve una solución a los problemas que plantea Boca Juniors respecto a la capacidad de socios que pueden acceder al estadio:“No es problema de los vecinos del barrio de La Boca ni de los contribuyentes. No somos exclusivamente una organización del club, somos una multisectorial. Dentro de nuestro espacio participan organizaciones sociales y políticas, vecinos que deciden organizarse dentro del espacio, una organización que forma parte del club e instituciones de la ciudad. Nuestros intereses y nuestro marco de acción excede las decisiones del privado que termina siendo el club Boca Juniors. Independientemente, nosotros creemos que el club como asociación civil sin fines de lucro, con todos los beneficios que eso implica, tiene la obligación de cumplir con la función social que plantea su estatuto. Entendemos que el club tiene responsabilidades con sus socios y con los vecinos, y queremos que asuma esas responsabilidades, pero no es un tema nuestro. No es cierto que construir el estadio shopping a veinte metros de la Bombonera vaya a resolver el tema de la capacidad, sobre todo si uno observa cómo están planteados los proyectos. Para llevarlo adelante, se les está garantizando a los inversionistas que van a ser los dueños de las butacas durante ‘x’ cantidad de años. Entonces, no es verdad que le vayan a resolver absolutamente nada al socio que no accede a la cancha” expresó Natalia en conversación con Otras Voces, Otras Propuestas por radio La RetaguardiaEl proyecto que plantea Daniel Angelici, presidente de Boca, frente a la prensa y a los socios del club no se condice con el que está presentado en los papeles de la licitación: “Ellos piensan un estadio para recitales y otro para ser utilizado. Este proyecto no es el que está presentado en el pliego de licitación. Ellos plantean que van a construir una salita de teatro, un taller de plástica, una biblioteca, etc. Independientemente que al otro día de llevarse adelante la venta,Angelici dijera que iba a construir allí el estadio y durante toda su campaña, esta y