Vivienda
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Se busca declarar la emergencia habitacional en el barrio de La Boca para evitar una ola de desalojos que dejaría a decenas familias en la calle. Martina Noailles, editora periodística del diario Sur Capitalino, brindó información acerca del proyecto y de la situación actual de vivienda en el barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Fue durante el programa radial La Retaguardia, que conducen Fernando Tebele y María Eugenia Otero. (Por La Retaguardia) “El proyecto se presentó el miércoles pasado a la mañana, producto de un gran debate en el barrio entre las organizaciones sociales y políticas que trabajamos el tema habitacional y muchos vecinos que se reunieron en una asamblea para debatir punto por punto el articulado para que todos estén incluidos en el tema. Son vecinos que la están pasando mal, que están con muchísimos procesos de desalojo en curso. Actualmente, el grupo de vivienda de La Boca está acompañando 76 procesos de desalojo. Cada juicio de desalojo puede llegar a involucrar a veinte familias. Son conventillos de viviendas multifamiliares. Estamos hablando de unas 350 familias que, si esto avanza, se quedan sin vivienda en el próximo mes. La situación es crítica. Una de las maneras que se encontró es este proyecto de ley que debe garantizar el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires” comenzó detallando la periodista, que además es vecina del barrio.La situación en la que se encuentran los vecinos de La Boca es compleja. Además de estos desalojos, las familias enfrentan otros inconvenientes que precarizan sus condiciones habitacionales. El Estado, mientras tanto, no otorga ninguna solución para evitar que pierdan sus viviendas: “Lo que plantea el proyecto de ley no solamente es frenar esos desalojos judicializados sino que tiene que ver también con las condiciones habitacionales en las que se encuentran todas esas familias y donde el Estado tiene que intervenir con soluciones concretas y definitivas. El subsidio habitacional no se considera como una solución. Son cuatro mil pesos que se los dan durante seis meses, con suerte. Tampoco un parador. No son condiciones dignas para una familia. Las familias se están yendo expulsadas del barrio hacia la Provincia de Buenos Aires, en general, perdiendo sus lazos familiares, comunitarios y de educación” dijo.Noailles responsabilizó al Gobierno de la Ciudad por no encontrar soluciones frente a esta situación y dio las razones por las que cree que estos desalojos son funcionales a los intereses de las autoridades porteñas: “Lo que está claro acá es cómo esta gestión del Gobierno de la Ciudad, y desde hace 10 años, está tratando de convertir el barrio en la continuidad de Puerto Madero. Hay un montón de viviendas ociosas, que están vacías, donde juega la especulación inmobiliaria. Cuando esto empiece a revalorizarse, más aún, porque es cuando empieza a jugar ahí el mercado inmobiliario. El Estado en vez de tratar de regular para que se quede garantizado el derecho a la vivienda, lo que está haciendo en realidad es impulsar y generar un paraíso fiscal. Todos los que vengan a invertir al barrio de La Boca ni siquiera van a tener que pagar impuestos. Eso es lo que está generando esta gentrificación, ese proceso de expulsión absoluto de quienes vivieron en el barrio por siempre” destacó en conversación con Fernando Tebele y María Eugenia Otero. ¿Y las leyes que ya existen? Si bien existen distintas leyes que aseguran condiciones dignas de vivienda en la Ciudad, como la ley 341, las reglamentaciones no se cumplen y eso pone en peligro el futuro de este proyecto de ley que, de todos modos, apunta a la inmediatez del conflicto. Noailles detalló: “No sólo la 341, que implica la construcción de vivienda cooperativa y autogestionada, sino que nosotros en el barrio de La Boca tenemos la ley 2240 que hace ya casi diez años declaró la emergencia urbanística y ambiental. Ahí dentro estaba, no lo habitacional, pero sí lo estructural, los problemas de estructura que tiene el barrio a nivel habitacional. Esa ley no se cumple, no se cumplió nunca porque no se puso en funcionamiento. Tampoco se puso en funcionamiento el único artículo de la ley del distrito de las artes que dice que se debe garantizar a los ya residentes en el barrio que no sean expulsados ni perjudicados por esta ley. Existen leyes, pero esta es más específica y apunta a la urgencia y a la situación crítica. Las otras son quizás más a mediano plazo. Acá se trató de poner en evidencia que la situación es muy crítica. En los próximos dos meses hay 350 familias en la calle, hay que poner una luz roja ahí. Es otra herramienta más. Sabemos la situación de negociado en la que son cómplices los legisladores de la Ciudad y ni hablar los del PRO. Es una herramienta más de visibilización, de seguir denunciando que el barrio es blanco de este negociado y que el Estado lo único que hace es alentarlo” explicó.Por último, Noailles comentó cómo fue la presentación del proyecto y la necesidad de que se involucren los legisladores para llevarlo a cabo: “El proyecto se presentó por mesa de entrada de manera individual, no por medio de ningún diputado. Se está pidiendo que un legislador lo tome. Paula Penacca fue la única que estuvo, el resto fueron todos invitados. Este proyecto es producto de la unión de todos los actores sociales del barrio. Estaba lleno de vecinos con sus carteles y sus direcciones de dónde van a ser desalojados. Está claro que no es prioridad y no es donde mira la política en este momento. Es complicado” cerró. DESCARGAR
Desde que el PRO gobierna a nivel nacional, ha trasladado la política inmobiliaria que aplica en el gobierno de la CABA a todo el país. Para poner en venta los terrenos públicos, Mauricio Macri ha tenido que reflotar un decreto emitido por Videla durante la dictadura y vencido, además, en 2010. Por otra parte, el gobierno de Rodríguez Larreta busca implementar en CABA un nuevo Código Urbanístico que, en lugar de resolver problemas, otorgaría mayores licencias y seguridad jurídica al mercado inmobiliario. Estas denuncias fueron realizadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que preside Jonatan Baldiviezo quien, durante el programa La Retaguardia, dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero. (Por La Retaguardia) La entrega nacional “Se están por vender tierras que están en todo el país. La mayor cantidad en la Ciudad de Buenos Aires, aunque los terrenos de mayor superficie se encuentran en Córdoba o en Mendoza, donde se venden miles de hectáreas. Lo que nosotros denunciamos es que desde el año pasado, a penas asumió Mauricio Macri, empezó a dictar decretos autorizando la venta de inmuebles. Lo que uno podría decir que fue una decisión concreta de vender algunos en el primer decreto, se fue traduciendo a largo plazo en un plan sistemático de entregar al mercado inmobiliario la mayor cantidad de tierras públicas a nivel nacional”, denunció Baldiviezo. Además, aseguró que “son posturas que no nos sorprenden porque en la Ciudad de Buenos Aires en ocho años se realizó una de las privatizaciones históricas de tierras públicas con alrededor de 170 hectáreas. Casi dos Puerto Madero Macri privatizó en su gestión. Este año, Larreta privatizó 120 hectáreas más. Esta oleada privatizadora ahora ha sido trasladada a nivel nacional. El gobierno encontró una estructura legal mucho más flexible y laxa que la que tenía aquí”, planteó. “En CABA cada vez que quería privatizar necesitaba un acuerdo político en la Legislatura. Por eso no es responsabilidad exclusiva del Pro sino de una clase política mayoritaria que está de acuerdo con estos negocios con las tierras públicas. El massismo, Ocaña y Confianza Pública, ECO, los kirchneristas”, señaló. “A nivel nacional lo que encontró el gobierno fue una inmobiliaria ya creada que se llama Administración de Bienes del Estado, creada por el kirchnerismo en 2012, a la que le dio un carácter de ser resignada a ver cuáles son las tierras a nivel nacional que se van a vender. Segundo, lo que para nosotros es la comisión de un delito, se utiliza una ley de la dictadura, la 22004/23 en la que Videla se atribuyó a sí mismo el rol del Congreso y la facultad de vender tierras nacionales. Esa ley fue reconocida y aceptada por la democracia y el Congreso siguió delegando esa facultad al ejecutivo, pero venció en 2010. Así que de ahí en adelante no podía practicarse, pero Macri la reflotó dictando una serie de decretos poniendo directamente al mercado casi 100 propiedades del Estado nacional”, aseveró Baldiviezo.En relación al tipo de los terrenos, informó: “Son de todo tipo, principalmente ferroviarios que son los de mayor superficie y más valiosos, varios cercanos a Puerto Madero. Hay otros que pertenecen al Ejército que se encuentran en Palermo o Recoleta. También hay algunos que son parcelas donde existen edificios o el gobierno tenía algún tipo de oficina. Es una variedad bastante amplia, pero sí se observa que se venden los que se encuentran con mejor localización, en Puerto Madero, Palermo, Recoleta o Belgrano”, aclaró. Código Urbanístico “Estas políticas están en sintonía con lo que viene a establecer el nuevo Código Urbanístico que justamente plantea la extensión de Puerto Madero con sus torres en toda la rivera del Riachuelo. El Código que está vigente tiene gravísimos problemas que no son los que el gobierno utiliza para implementar el nuevo. El problema actual es que no está respetando las identidades barriales, es tan vago que permite al ejecutivo establecer muchas excepciones, entonces en zonas bajas aparece una torre y después otra. Y se puede verificar cómo el gobierno a través de interpretaciones va autorizando obras que no estarían dentro de los parámetros. De esas situaciones hay cientas, incluso en muchos casos la justicia ha declarado la nulidad de estas interpretaciones que hace el poder ejecutivo que más se asemejan a una violación del Código que a interpretaciones”, denunció Baldiviezo. Además, el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad señaló los problemas reales: “Se desconocen muchas situaciones graves, como el tema de las inundaciones, el colapso de servicios públicos, el tema de los inquilinos, de la falta de espacio verde, los problemas de viviendas ociosas, el transporte. Son todas problemáticas urbanas que el Código actual desatiende y olvida. Pero la nueva propuesta tampoco las contempla”, sostuvo. “En los casos de las interpretaciones, muchos jueces fueron ordenando la demolición de los edificios y eso fue generando una inseguridad jurídica muy fuerte en empresas inmobiliarias que temían que finalizada la construcción ocurriera eso. El nuevo Código viene a legalizar todas las ilegalidades y a otorgar seguridad jurídica. Olvidan todos los reclamos y necesidades prioritarias que tiene la Ciudad. No hay ningún tipo de herramientas que permitan solucionar la crisis habitacional, ambiental, la falta de espacios verdes, la mercatilización o privatización de tierras públicas que menciono”, reiteró Baldiviezo sobre lo que se deja de lado en esta nueva propuesta. “El Código debería proteger las tierras públicas y disponer medidas para que se puedan incorporar más inmuebles al banco de suelos, evitar que la Ciudad se vaya orientando a tener más inquilinos. La inquilinización de la Ciudad va generando dos clases, una de propietarios y otra de inquilinos que todos los meses transfieren ingresos, capitales, parte de su salario a una clase que cada vez acumula más tierras. Son infinitos los problemas de la Ciudad”, insistió el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. DESCARGAR
Convocamos a María Eva Koutsovitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, “Estos anuncios distan mucho de ser parte de un proceso de reurbanización e integración sociourbana”, aseguró Koutsovitis en diálogo con el programa radial La Retaguardia, que conducen María Eugenia Otero y Fernando Tebele. (Por La Retaguardia) María Eva Koutsovitis forma parte de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires que, junto al Frente Salvador Herrera de la CTA (conformado por organizaciones barriales y comedores) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, lleva adelante un seguimiento de los diferentes procesos de reurbanización e integración urbana que viene anunciando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “la verdad que somos muy críticos del modelo de urbanización que el macrismo propone. Seguimos el proceso en el Barrio Los Piletones y también en INTA, Villa 20, en la 31, es decir en los diferentes barrios que el gobierno ha anunciado que, o bien los ha urbanizado, o bien los está urbanizando. Desde la Cátedra en particular nos toca analizar lo que tiene que ver con los servicios de saneamiento, con la infraestructura de agua, cloaca y pluvial, entendiendo que una de las dimensiones que debería comprender un proceso de urbanización es que los servicios públicos se presten en igualdad de condiciones que en el resto de la ciudad formal”, afirmó Koutsovitis en diálogo con La RetaguardiaKoutsovitis explicó que esto no sucede en los barrios supuestamente urbanizados ni tampoco ocurre o se ve como proyección en las zonas que se encuentran en la actualidad en este proceso: “en la Villa 31 en particular el jefe de gobierno inauguró hace pocos días un conjunto de obras y lo hizo en el marco de este proceso de urbanización que vienen anunciando. Esas obras eran fundamentalmente de infraestructura, agua, cloaca, pluvial, tendido eléctrico. Nosotros visitamos esas obras cuando estaban en ejecución, las visitamos finalizadas, analizamos los pliegos y en el marco de la mesa de urbanización de ese barrio escuchamos a los vecinos, a los referentes, y lamentablemente estos anuncios no son del todo ciertos. Si bien se ejecutaron redes de cloaca, agua y pluvial, esos servicios no están regularizados, es decir que la red de cloaca y pluvial se encuentran descargando al sistema de desagüe precario del barrio, por lo que la cloaca no está conectada a la red de AYSA, el servicio no está regularizado, las familias no cuentan con la factura de AYSA como el resto de los habitantes de la ciudad formal, por eso es que nosotros ahí prendemos un alerta y decimos ‘ojo, porque esas obras de agua, pluvial y cloaca no son obras regularizadas’, acá no es AYSA quien está prestando el servicio de agua y cloaca sino que el servicio sigue funcionando de manera precaria en el barrio, ya que tanto la red cloacal como la pluvial están descargando a la precaria red de desagüe con la que cuenta el barrio, es decir en el mismo lugar que antes, así que cuando llueva van a volver a inundarse con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal”.En este sentido, Koutsovitis remarcó: “cuando nosotros visitamos las obras lo primero que notamos fue su falta de integralidad. Cuando visitamos obras en ejecución en un pasillo estaban utilizando un material, un diámetro y una metodología constructiva una empresa por adjudicación directa, y en el pasillo contiguo otro diámetro, otro material, otra metodología constructiva, otra empresa por adjudicación directa. Eso nos dio a sospechar que no había un proyecto integral para resolver el problema del saneamiento, y la realidad es que estos barrios atraviesan hace décadas una profunda crisis sanitaria y ambiental, ya que no contar con desagües pluviales, no tener regularizados los servicios sanitarios básicos implica que esa población está expuesta a enfermarse con mucha más frecuencia y sufrir las consecuencias que tiene vivir en un ambiente degradado”. Igualdad de condicionesPara Koutsovitis y la Cátedra que integra, un verdadero proceso de reurbanización e integración sociourbana se puede dar si se reducen los niveles de desigualdad y para eso es preciso que los servicios públicos se presten en igualdad de condiciones: “esta asimetría en la prestación de los servicios es el resultado de esa profunda desigualdad. Respecto a Piletones que ha sido un barrio que el gobierno anunció reiteradas veces que fue urbanizado, y es un poco la urbanización estrella del gobierno de la ciudad, también revisamos sus obras, acompañamos a la presidenta de la junta vecinal y a los vecinos en diferentes instancias, cuando las obras se ejecutaban, a posteriori varias veces, y en este caso lo que hizo la Corporación Buenos Aires Sur fue ejecutar las redes troncales de agua y cloaca, no ejecutaron las conexiones domiciliarias por lo tanto hoy quienes viven en el barrio no cuentan con la conexión domiciliaria a la cloaca ni a la red de agua; por otro lado, no ejecutaron un sistema pluvial enterrado sino que ejecutaron pequeñas canaletas por el centro de las calzadas para que el agua de lluvia escurra a través de esas canaletas; el otro día llovió y pudimos constatar que todas las calles quedaban completamente anegadas producto de los excedentes del agua de lluvia”.Además de las falencias desde la infraestructura, Koutsovitis alertó sobre lo que sucede a nivel ambiental: “tomamos muestras del lago regulador Soldati, que es hacia donde el barrio balconea, y si bien también el gobierno de la ciudad anunció que había llevado adelante su saneamiento, las muestras que tomamos evidenciaban altísimos niveles de contaminación bacteriológica, es decir la presencia de líquido cloacal en concentraciones altísimas y también la presencia de hidrocarburos, lo cual es un problema muy importante porque ese lago regula agua de lluvia, así que el efluente del lago es conducido luego a través de los pluviales de la ciudad. Esta situación pone en emergencia sanitaria y ambiental no solo al barrio sino a parte de la cuenca. Por lo tanto nosotros vemos que el desarrollo de estos procesos lejos de integrar a
El militante del Movimiento Popular La Dignidad Darío Julian Eugenio “Iki”, no sobrevivió al tercer ataque político en su vida. Fue baleado en la represión de diciembre de 2001, en la Masacre de Avellaneda y, por última vez, en el febrero pasado por parte de un sicario del PJ en medio de una asamblea en La Matanza. En Radio La Retaguardia, programa Sueños Posibles, Alfredo Grande dialogó con Rafael Klejzer, integrante de la organización, quien reflexionó sobre las marcas de su generación y la necesidad de hacer un cambio de paradigma en los territorios. (Por La Retaguardia) “Iki fue de aquellos militantes que a los diez años ya estaba trabajando en Mercado Central producto de su origen, su necesidad de trabajar para llevar algo a su casa desde muy chiquito. Se sumó a la militancia secundaria en un centro de estudiantes. Luego tuvo que dejar producto del trabajo. En 2001 también había recibido un tiro por parte de la policía. Un militante increíble con un corazón enorme, militante social que reivindicaba la tradición de lucha con nuevos medios de la izquierda de los setenta. Se retiró un poco de la militancia para terminar su secundario en un bachillerato popular hace dos años atrás. Formó parte de una increíble organización del Movimiento Popular La Dignidad en La Matanza”, recordó Rafael Klejzer, referente del MPLD. Además, relató la iniciativa en su territorio: “El barrio se autogestiona las garrafas, tiene jardín material, centros que ayudan a los chicos de la calle con las adicciones. Está la cooperativa textil, están las cuadrillas de trabajo. Fue de los imprescindibles. ‘Siempre se van los buenos’, decían hoy en el velorio”. El disparo “Él y sus vecinos del barrio defendían unas tierras en Villa Celina que pertenecen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, afectadas siempre a la corrupción, para que se loteen. El 12 de febrero del año pasado en una defensa de esas tierras, en plena asamblea, le pegó un tiro un sicario. Salió de la internación pero como se preocupa más por los compañeros que tiene a su alrededor, no se ocupó de su propio cuerpo. En todo el año no quiso ir a hospitales, en los lugares donde se atiende siempre faltaba algo, le cobraban esto o lo otro, no se preocupó y trabajó como nunca en su vida en la militancia con la CTEP, en la ley de emergencia social con un crecimiento enorme producto del ajuste y la carestía y las políticas de hambre de este gobierno. Creo que todavía los sectores populares carecemos de un análisis a fondo de las nuevas relaciones de dominación que hay en los territorios. No es lo mismo militar ahora en los territorios que hace 20 años”, consideró Klejzer. El militante planteó que “todavía no tenemos esos anticuerpos de pensar cómo podemos hacer una asamblea en el barrio a la vez que nos cuidamos de que un sicario nos pegue un tiro. No estaba en nuestras cabezas hacer asambleas con autodefensa. El tirador es sicario del delegado comunal García de Villa Celina que responde a Espinoza en una interna con Magario. Al mismo tiempo, ese es el cierre político pero las bandas que actúan en el territorio son al mejor postor porque también tienen por parte del PRO de la Ciudad de Buenos Aires y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)”, aclaró. “Se supone que ese organismo dispone a una cooperativa para hacerse cargo de esas tierras y entonces lotea y vende. Ahí se armarían los talleres que después trabajan para La Salada. Son tierras fiscales que el Instituto de la Vivienda cede para la guarda, no para el loteo, pero en ese momento Emilio Basavilbaso, ahora a cargo de ANSES, e Iván Kerr que está en Vivienda, cuando estaban en el IVC cedieron las tierras. Hay un juicio penal, porque se cedió a una cooperativa que las quería revender”, explicó sobre el trasfondo del negocio. La descomposición social en los barrios “Las asambleas son masivas en los barrios, hay muchas ganas de luchar y las más urgentes son masivas y no estamos acostumbrados a cuidarlas en esos términos. Esto servirá como aprendizaje para que nuevas formas de trabajo y práctica militante en los territorios se desarrollen con mucho cuidado porque nos tenemos que proteger entre nosotros. Hay una idea de que en las organizaciones debe ir cada uno por su lado, y es algo que también atenta contra la militancia, el cuidado de nuestros cuerpos, toda una serie de cosas que estábamos muy ingenuamente y con herramientas anticuadas”, reflexionó el militante de La Dignidad.“Los pibes que están en la calle y atendemos en nuestros centros de adicción, pibes que están al límite todo el tiempo, también son algo nuevo, no estamos acostumbrados a convivir con la muerte. La práctica militante en esta etapa en nuestra organización va a tener que replantear muchos paradigmas. En un mes nos mataron a tres compañeros. Uno en Córdoba, otro en Moreno y ahora Iki. Hay un nuevo entendimiento de lo que pasa en los territorios y las organizaciones como la nuestra no estamos acostumbrados a convivir con la muerte sino con la vida. Sufrimos esto que es producto de una descomposición social que no es favorable para los sectores populares en términos de criticar el orden establecido, las jerarquías. Es romper todo tipo de tejido”, aseguró sobre la pérdida de fuerza de los vínculos sociales en los propios barrios.Cuando las categorías de víctima y victimario le caben a la misma persona Así resumió Alfredo Grande, durante la entrevista que le realizó a Klejzer, a la complejidad para analizar situaciones en las que los jóvenes pobres se convierten en victimarios, pero a la vez son víctimas. Klejezer mencionó el caso de un joven acusado de asesinar a otro integrante del MPLD: “El pibe que mató a César, nuestro compañero de Moreno, tiene 18 años y un mes antes estaba trabajando en la construcción, trabajo que dejó porque lo explotaban de tal manera que empezó a
Eva Domínguez, la autora del libro, dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero sobre los motivos de sus elecciones, las características de esas mujeres y del barrio y la sintaxis elegida para el libro. Tahiel Ediciones es la editorial y tiene ejemplares: están en la galería Le Boulevard de Flores, en Rivadavia 6743, local 59. (Por La Retaguardia) “Son historias de 13 mujeres que vivían en el barrio Cildañez en 2015. Hoy no todas siguen allí. Es una foto con sus historias, sus infancias, sus deseos, cómo llegaron al barrio porque la mayoría llegaron de otros lugares, de países limítrofes o de otras provincias. El nombre del barrio hace referencia al arroyo con ese nombre que desemboca luego en el Riachuelo y está entubado, entonces no lo vemos ni sabemos que existe prácticamente”, describió Domínguez y agregó: “Excepto cuando nos inundamos, como pasó en abril de 2013. Algunos malpensados dicen que abrieron esa compuerta para que no se inunde tanto la zona del Maldonado”.Según Domínguez, no fue arbitraria la inclinación por que fueran mujeres: “Fue la forma que encontré para encuadrar el libro, darle forma, podrían haber sido también de varones o mixto, pero decidí que fueran mujeres migrantes, madres. Una señora quiso ser incluida y no es migrante, la última que entrevisté. Lo que me pareció particular de entrevistar a las mujeres fue la cuestión de la maternidad”, expresó. En este sentido, Domínguez planteó interrogantes: “¿Por qué una es madre? ¿Hasta qué punto es una decisión? ¿Hasta qué punto es el deber ser? ¿Hasta qué punto son deseos? Cuando empecé yo estaba volviendo de la licencia por maternidad, también puede tener que ver”, dijo trazando un paralelo entre su propia historia y las que eligió contar.En relación al título, explicó: “Se llama Historias que emergen precisamente porque hablamos de personas cuyas historias no salen a la luz en general. Son historias de mujeres que pasan al lado nuestro y no las vemos, no resaltan, no salen en la tele, no son las presidentas de la cooperadora de la escuela ni las que llevan adelante el comedor. Elegí mujeres para las que ya su vida cotidiana merece ser contada, no por alguna tarea que sobresalga. Busqué descubrir lo que sobresale y pasa desapercibido, lo grandioso, de lo más invisible, la gran lucha por vivir, por estar, por ser madres, enamorarse, vivir la vida”, describió. “Era una oportunidad muy buena, vine a Cildañez, que era una villa chiquita con casas bajitas y calles de tierra, vine a la casa del amigo en la calle Zuviría que tenía un negocio: carnicería – almacén. Me trajo ahí, me presentó a un señor muy amable también, esto fue hace 32 años. En los primeros tiempos me consiguió por hora, trabajaba dos horas. Después me encontró otra casa y así terminé trabajando todos los días. Después dejaba algún día para hacer los trámites para el documento porque era muy importante tener los documentos. Yo decía ‘no quiero estar sin documentos’. Me lo hice en 1988 pero yo estaba de antes, pero cuando uno no tiene plata… Porque tenés que tener para viajar. Fui más feliz cuando tuve mis documentos y dos meses después me encontré con una paisana mía que era vecina y ex compañera de la escuela y estaba a punto de dejar su trabajo. Era con cama, muy cerca de acá, en Rivera Indarte y Eva Perón. Empecé al otro día y estuve 9 años en ese lugar”.La historia de Marcia es una de las que forman parte del libro. “Muchas de ellas no tuvieron infancia ni adolescencia ni adultez y plantean que quieren descansar más, vivir su vejez algunas. Algunos eruditos dicen que está mal escrito, así es como la gente se expresa en una entrevista oral con los modismos de sus regiones de origen. Me pareció importante mantener la sintaxis y la forma de hablar de cada una. Algún pequeño retoque puede tener para que se entienda la idea pero después se respeta tal cual lo contaron. Eso tiene un valor adicional y lustra un poco el libro, le da color descubrir las tonadas”, consideró la autora. DESCARGAR
La arquitecta Beatriz Pedro se refirió al proyecto de urbanización de la Villa 20, que fue presentado por el gobierno porteño y que la Legislatura de la Ciudad convirtió en ley el 8 de setiembre pasado. Durante el programa radial La Retaguardia, Pedro contó en qué consiste, sus posibles intereses políticos y el trabajo conjunto de los vecinos en la Mesa Activa por la Urbanización. (Por La Retaguardia)Foto: El desalojo de la Villa Papa Francisco donde se proyecta reurbanizar parte de la Villa 20. (Archivo-Los Ojos de Anita-RNMA) La iniciativa fue aprobada en primera lectura y ahora debe convocarse a una audiencia pública para lograr su sanción definitiva. Contempla la construcción de 1600 viviendas nuevas y la refacción de otras, además de una serie de obras de infraestructura para garantizar el funcionamiento de servicios urbanos.“Creo que en la Ciudad de Buenos Aires, y en todas las ciudades, sufrimos lo que es el extractivismo urbano en el sentido de gigantescos negociados inmobiliarios, y no estamos ajenos a todas esas movidas, más ahora que hubo este foro Mini Davos donde eso debe haber estado al día. Cuando se menciona que en la Villa 20 hay incumplidas leyes de reurbanización, debe decirse que ocurre lo mismo en la mayoría de las villas de la ciudad. Ahora producto de este clima de negocios que hay y de eventos diversos, el gobierno de la ciudad ha puesto en foco la urbanización de algunas de las villas que están en lugares muy expectables desde el punto inmobiliario, entre ellos está la Villa 20”, afirmó Beatriz Pedro en diálogo con La Retaguardia.Pedro es arquitecta y dirige el área de Hábitat del Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Fue una de las participantes de las jornadas que se organizaron para debatir este proyecto y las problemáticas que aborda.“Cuando esto sucede (la aprobación del proyecto de urbanización), en la Villa 20 se encuentran con un tejido social y organizacional que se ha ido constituyendo a lo largo de las luchas de 2005, la ampliación del barrio en 2007 con las manzanas 28, 29, 30, los reclamos del Parque Indoamericano que fueron incumplidos, se engañó y se reprimió, además de la unidad que se generó cuando se ocupó el Barrio Papa Francisco. Todo eso fue generando un conjunto de organizaciones sociales en las que algunos arquitectos nos hemos integrado intentando ponernos a trabajar junto a ellos para poder encarar una situación como la que se plantea ahora de que quieren urbanizar la villa. El gobierno de la ciudad se encuentra entonces con que se ve obligado y presionado, y ese conjunto de organizaciones que se ha denominado mesa activa por la urbanización ha logrado, presionando tanto con su capacidad y su unidad al gobierno y a otros sectores de la villa, sentarse y sentarlos a discutir cómo sería la reurbanización de esa villa. Eso ha generado un proceso que lleva ya como 6 meses, que implica el funcionamiento de una mesa de debate con decisiones casi políticas respecto a cómo urbanizar la villa y qué hacer, que recién ahora se ha podido constituir una ley muy discutida primero entre los vecinos, incluso de diferentes sectores, y después con el Instituto de Vivienda de la Ciudad que era el interlocutor y que ha devenido en una ley que ha llegado a la Legislatura. ¿Se va a urbanizar la villa? Las leyes nunca garantizan nada en este país, así que va a haber que pelearla”, aseveró Pedro.Respecto al tratamiento de esta norma en el parlamento porteño, la arquitecta explicó: “en este caso la tierra es estatal, o sea que no se vende, solamente le están cambiando el uso, entonces para poder pasar y unificar todo un polígono que tenían distintas normativas por el código de planeamiento tienen que unificar el uso de la tierra y tienen que pasarla a dominio del Instituto en forma completa, eso exige doble lectura y audiencia”. Los olímpicos Cabe recordar que en 2018 se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud, para los que ya se están desarrollando distintas obras que incluyen la construcción de una Villa Olímpica en la zona del Parque de la Ciudad. Sobre la relación entre este acontecimiento y el proyecto de urbanización aprobado, Pedro señaló: “la Villa Olímpica ya la están haciendo sobre el Parque de la Ciudad y están prácticamente por vender este Parque para distintos negocios inmobiliarios. En ese marco, la clave del asunto es que todo el mundo reclama que no unan los derechos de los vecinos y la lucha por la reurbanización de la villa a la descapitalización de la ciudad vendiendo las tierras públicas. Nadie está de acuerdo con eso, lo querrá unir el gobierno pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. No pueden usar los derechos de los habitantes que están en emergencia habitacional para vulnerar el derecho del conjunto de los habitantes que son dueños de la tierra pública, entonces eso lo vamos a denunciar todas las veces, por lo tanto se reclama que el gobierno de la ciudad destine presupuesto genuino a resolver la urbanización no solo de la Villa 20 sino de todas las villas”.Formación social El Taller Libre de Proyecto Social es un espacio de intercambio entre la universidad y el territorio, es decir entre docentes, graduados y estudiantes con “aquellos que deciden unirse para tomar en sus manos la solución de sus problemas en el territorio”. Beatriz Pedro dirige el área Habitar del Taller: “nosotros procuramos formar a un conjunto de diseñadores con una mirada que tenga en cuenta y priorice las necesidades populares. Esto no es lo dominante, no porque no haya otras iniciativas en otros lugares y otras personas, profesores, que también intenten una cosa parecida y tampoco porque muchos estudiantes no tengan una enorme vocación, pero es una facultad que está muy formada para mirar afuera, mirar ejemplos extranjeros, para desligar la belleza de lo social, desligar el
A propósito de la marcha por Paz, Pan y Trabajo realizada el domingo desde la Iglesia San Cayetano en Liniers hasta la Plaza de Mayo, dialogaron con Radio La Retaguardia Rosendo Martínez, de Libres del Sur, en el programa Otras Voces Otras Propuestas; y Víctor de Gennaro, del partido Unidad Popular, en Sueños Posibles. Los dirigentes también se pronunciaron sobre otros temas de actualidad como el intento de detención de Hebe de Bonafini y las luchas que debe dar hacia adelante el campo popular. (Por La Retaguardia) “Hay una conexión directa de todos los grandes movimientos populares con la consigna de Pan, Paz y Trabajo porque fue la de la Revolución Rusa y eso implica una continuidad histórica. La marcha que convocó la CGT en 1982 fue muy importante porque fue un hito del movimiento obrero organizado contra la dictadura e intentamos recuperar esa mística”, analizó Martínez. “La marcha refleja cuál es la demanda de los movimientos populares que hoy son víctimas de la política neoliberal de este gobierno que impacta sobre los sectores más humildes y ya se genera una fábrica de pobres. Se estima un crecimiento de la pobreza del 30% desde diciembre a la fecha”, sostuvo. Para el militante, no sólo se observa un incremento de la pobreza sino una demanda de los barrios a las organizaciones sociales por la necesidad de salir a luchar. “Creemos que es importante crear un espacio amplio donde la mayoría de la sociedad se vea convocada por las consignas, por eso son más básicas, menos ideologizadas y permiten llegar a un conjunto de la población mayor, más importante y que se reivindica con esa frase tan simple y sentida en la mayoría de nuestro pueblo”, consideró Martínez. El militante asegura que este es el momento indicado para construir consenso “y sobre todo ser responsables para ser firmes con los poderosos y humildes con nuestro pueblo que es el que nos está llamando a que respondamos”.“La marcha de ayer fue una alegría y una esperanza. Esperanza en movimiento. Todas las marchas en general cuando transcurren algunos kilómetros uno va sintiendo que está mejor, se ve una construcción, la gente sale a los balcones, a las veredas. Realmente se expresa, se acumula, a medida que se acerca a la plaza se suma una fuerza que después en la Plaza se demostró categóricamente que, más allá de los matices de las organizaciones convocantes, tanto la CTEP como la CCC como Barrios de Pie y todas las que nos fuimos sumando”, celebró De Gennaro. “El hambre sigue siendo un crimen, ayer lo dijo Adolfo Pérez Esquivel recordando al movimiento Chicos del Pueblo. La pobreza sigue siendo un cachetazo al sentido común en un país donde sobra comida y lo dijeron todos los oradores. Fue una instancia de organización popular para enfrentar el sin anestesia de los poderosos y de Macri que comenzaron el gobierno mostrándonos lo que son repartiendo 28 mil millones de pesos a los sectores agroexportadores y 3200 millones solamente a los jubilados y a los pibes”, denunció. Para el dirigente político y gremial, esa comparación numérica evidencia el rumbo del gobierno, “por eso ayer fue una marcha muy importante de esperanza y organización popular”, añadió. Las proyecciones de unidad “Hay un espacio multisectorial de articulación que viene trabajando junto con la pastoral social de la iglesia algunos ejes. Uno está claramente vinculado con el tema de la pobreza y después otras iniciativas respecto del consumo problemático de sustancias, sobre todo el paco en los barrios más pobres. Viene una mesa de trabajo con una propuesta que se ha institucionalizado que tiene que ver con la demanda de la emergencia social”, contó Martínez. “Eso es algo que en la ciudad se presentó el otro día con varios actores que también participaron de esa mesa, hablo de La Alameda que representa Gustavo Vera y de otros movimientos sociales enormes que empiezan a tomar una parte importante de participación. En términos de proyecciones me parece que las organizaciones sociales todavía tienen que saldar muchos debates”, analizó el militante de Libres del Sur. “Para nosotros es bueno que empiecen a dialogar fraternalmente y empiecen a dejar de lado las diferencias políticas. Hay algunos dentro del campo popular que no están dispuestos a dar ese debate porque son funcionales al macrismo en todas sus actitudes, sobre todo en su sectarismo político”, denunció, y añadió que adelantar alguna proyección podría ser forzar la discusión. “Vamos dibujando escenarios políticos pero por ahora se trata más que nada de generar un espacio de articulación, un consenso que nos permita llegar a lo más avanzado en términos políticos que tiene hoy el movimiento social de la Argentina para poder resistir a las políticas neoliberales. Eso sólo se consigue con organizaciones que están dispuestas a dialogar, a ceder muchas de las apetencias políticas que tienen para ponerlas en un frente común que aglutine y genere una reacción positiva por parte de la sociedad”, dijo y ejemplificó: “Eso se ve en los títulos de los diarios, por ejemplo, la prensa no tiene posibilidades de desprestigiar la marcha, de hecho nosotros hemos evidenciado que somos víctimas de la política de este gobierno. No somos desestabilizadores ni queremos generar una confrontación social que acelere los tiempos institucionales. No nos sumamos a teorías y somos responsables”, aseveró. Martínez explicó los objetivos: “Queremos representar mayorías, intentamos dialogar y queremos generar un frente que pueda resolver los tres problemas básicos que tiene la Argentina y están expresados en la consigna: la falta de alimentos, la falta de techo para un sector de la población y la demanda por trabajo digno”. Matices Para De Gennaro, la clave estuvo en la diversidad: “Hubo tres organizaciones convocantes que tienen que ver con sectores barriales, algunos de distinto pensamiento, son la CTEP, la CCC y Barrios de Pie. Otras fuimos adhiriendo después y, como organismos de derechos humanos, estuvieron Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Había sectores de la CTA Autónoma, estuvo Hugo Yasky, estaba Ricard Peidro, Cachorro Godoy de ATE. Distintos
Pago extra en las comisiones, depósitos que nunca son reintegrados, pago de impuestos y arreglos edilicios que corresponden a dueños y precios desmedidos son algunos de los atropellos que deben soportar los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, pues la entidad que debería defenderlos está mayormente integrada por corredores inmobiliarios. Inquilinos Agrupados es una organización que ofrece asesoramiento, información y acompañamiento y que se constituye con el objetivo de hacer valer los derechos de los inquilinos por sobre el aprovechamiento de inmobiliarias y propietarios. El programa Otras Voces, Otras Propuestas, por Radio La Retaguardia, dialogó con Gervasio Muñoz, integrante de la agrupación y recientemente amenazado por corredores inmobiliarios. (Por La Retaguardia) “Hicimos la denuncia penal a tres corredores por amenazas, dos que tienen inmobiliarias y una es que el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Tuvimos una mediación en la que exigimos que se retracten en la tapa de clasificados de Clarín, que es donde los inquilinos buscan departamento. Nos dijeron que no, así que iniciamos la imputación. Veremos qué decide la justicia”, explicó Muñoz.Sobre la labor de Inquilinos Agrupados, Muñoz informó: “En principio, defendemos a los inquilinos del mercado inmobiliario, y en ese sentido planteamos el asesoramiento legal y gratuito para todos los inquilinos de la ciudad. Por otro lado, llevamos el reclamo de los inquilinos a la justicia. Tiene que ver con un fallo que logramos en mayo, en el que todas las inmobiliarias de la ciudad hoy tienen que respetar la ley, generando así que quede en mano del sector de los inquilinos algo así como 1.500 millones de pesos por año que antes se les transferían al mercado inmobiliario en negro y de forma ilegal”, denunció. “Seguimos en la justicia con eso, estamos ahora aportando más pruebas que se solucione el fondo de la demanda. También tenemos propuestas legislativas en la ciudad y el Congreso. En estos últimos meses estamos armando el primer sindicato de inquilinos. Nos estamos abocando un cien por ciento a eso”, anunció.Para Muñoz, la razón por la que deben intervenir las inmobiliarias, es “porque no está el Estado. Y donde no está el Estado está el mercado. Si entre aquellos que no pudimos acceder a la vivienda y los que sí y las ponen en alquiler el Estado no se encarga de intermediar, se encarga el mercado. Las inmobiliarias hoy tienen el 90 por ciento del mercado. Creo que es fundamental la participación del Estado, porque estamos hablando de una necesidad básica como es la vivienda. El Estado tiene que tener una voz y un rol central”, planteó. “No creo que prospere una relación directa entre inquilino y propietario. Y sucede lo mismo que con las inmobiliarias: cuando no hay inmobiliaria, un propietario te cobra lo que quiere, no te arregla la vivienda. No son todos los casos, por supuestos. También hay estafas, los inquilinos ponen muchísimo dinero, y después no tienen la llave o ya está viviendo alguien ahí dentro. Hay muchas situaciones en las que en un tema tan sensible como estos en las que tiene que intervenir el Estado”, aseguró Muñoz. Sobre el congelamiento de precios como alternativa, Muñoz informó que lo están haciendo en Alemania y en Nueva York. “Si nosotros en Argentina planteamos un congelamiento de alquileres, nos tildarían de rusos, de pro-Cuba. Estamos muy atrasados en cuestión de políticas de vivienda, sobre todo porque en Latinoamérica, en los países en desarrollo el tema de la tierra es muy grave, y por eso en los discursos siempre prometen que todos vamos a ser propietarios. Mientras los inquilinos sigamos creyendo que en algún momento vamos a ser propietarios, el único que gana con esto es el mercado inmobiliario”, consideró. “Por eso insistimos tanto con que no queremos ser propietarios, pero queremos alquilar de forma justa: no destinar el 50 por ciento, o más, de nuestro salario al pago del alquiler; no tener que pagarles a las inmobiliarias, porque el negocio lo hace el propietario, no el inquilino; necesitamos leyes que regulen el mercado inmobiliario, que garanticen el acceso justo a la vivienda. Ese es nuestro planteo frente a un modelo cultural que ya no tiene nada que ver con lo que sucede hoy en Latinoamérica y en el mundo, en donde la única aspiración que se puede tener para acceder de forma justa a la vivienda es siendo propietario”, expresó Muñoz.“Propietarios que tienen una sola vivienda cada vez hay menos, por eso baja la cantidad de propietarios. El proyecto que presentamos en el Senado, que se trataría en agosto, no dice nada absolutamente del impuesto a la vivienda vacía. Primero, es un proyecto viable. Un impuesto a la vivienda vacía presentarlo a siete meses de que el mercado ganó las elecciones sería firmar la derrota del proyecto. Hoy el Estado nacional está conducido por el mercado, por las constructoras, por el mercado financiero trasnacional. Un impuesto a la vivienda vacía afectaría los intereses y entraríamos en una discusión muy grande sobre la intervención de la propiedad privada que nosotros no estamos dispuestos a dar porque no vamos a ganar”, explicó. Para Muñoz, es necesario determinar cuántas viviendas ociosas hay en la Ciudad. “El censo del 2010 dice que hay 340.000, es muchísimo. Y la realidad es que cuando hacemos estudios con otras organizaciones que se encargan de esto, no nos da más de 250.000. Una cosa es que hay discutamos que hay 100.000 más o menos, pero sí es grave que no se sabe cuántas hay ni cuáles son. Por lo tanto, sería imposible aplicar un impuesto a la vivienda ociosa. Porque, además, el secreto que hay sobre la propiedad privada en Argentina es muy grande”, aseveró. El integrante de Inquilinos Agrupados explicó que lo que buscan es el cumplimiento de la ley, no una normativa nueva: “Que inquilinos paguen un mes de comisión y no dos son 1.500 millones menos para el mercado inmobiliario. En el proyecto de ley planteamos algunas pequeñas modificaciones del Código Civil que afectarían en gran medida al mercado inmobiliario y cambiaría
Quienes vivían en el edificio ubicado en la calle Zelaya exigen que el gobierno de la Ciudad les ofrezca una salida viable a su emergencia habitacional. Ana, una integrante de las 23 familias que buscan alternativas para salir de la calle, dialogó nuevamente con el programa radial La Retaguardia para actualizar el cuadro de situación. (Por La Retaguardia) “Seguimos igual, estamos en la calle con los chicos y lo único que hemos podido hacer es ir a la legislatura, a la guarda de auxilio y todos nos tiran la pelota para todos lados. Nadie nos da una respuesta concreta, seguimos en la calle con los chicos, no sabemos qué hacer, estamos desesperados. Hace mucho frío, los chicos se están enfermando y nadie nos da respuesta. Lo único que nos siguen trayendo es la comida, es lo único. Nos llega el almuerzo a las cuatro de la tarde cuando los chicos salen al mediodía de la escuela y no tienen qué comer. Las mamás estamos desesperadas. No nos traen medicinas”, contó la mujer.Ana explicó que la clausura del edificio incendiado fue llevada a cabo por el gobierno de la Ciudad, y por eso “el juez dice que no le puede sacar la faja de clausura porque él no lo clausuró. Nos dijo que fuéramos a guardia de auxilio y pidiéramos ahí que sacaran la faja de clausura. Fuimos, nos dijeron que teníamos que poner nuestros propios arquitectos, una organización social nos dijo que nos ponía su propio arquitecto y ahora tiene que entrar a ver cómo está y el dueño mismo tiene que ir para que saquen la faja”.Pero Ana contó que le alquilaron esa vivienda a un supuesto dueño durante ocho años “y luego nos dimos cuenta de que quien nos alquilaba no era el dueño y prácticamente nos estafaba. No sabemos qué dueño es el que tendría que ir. En todo este tiempo nadie reclamó por el terreno. Nos dijeron que ellos mismos iban a citar al que aparecía en el registro y si no había respuestas, recién ahí íbamos a poder hacer algo. No nos dan a nosotros la orden para que saquen al clausura”, denunció.La desesperación apareció otra vez en el relato: “No sabemos qué hacer. Quisiéramos saber quién es el dueño para hablar y negociar con él, porque no queremos que nos regalen nada sino tener una vivienda, pero no nos dan información. No sabemos a dónde ir, a dónde recurrir”.Funcionarios ofrecieron la respuesta de los paradores que funcionan en la ciudad para albergar transitoriamente a gente en situación de calle, “pero nosotros sabemos cómo son. Nosotros somos gente de trabajo, nuestros chicos van a la escuela. Una señora llegó ahí pero le robaron lo poco que tenía y por eso nadie quiere ir porque hay gente de mal vivir. Prefieren dormir en la calle que en un parador”, aseguró Ana, antes de disponerse a intentar descarsar, como alguna vez escribió Andrés Calamaro, en un hotel de mil estrellas… poética manera de cerrar para amortigar un poco la crueldad. DESCARGAR
Organizaciones sociales y políticas realizaron el martes una actividad en la legislatura exigiendo. Barrios de Pie, la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), el Movimiento Evita, la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Cooperativa El Adoquín de San Telmo, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MTD de Lugano, MuMaLá y Simbiosis Cultural son algunas de las que llevan adelante la iniciativa. Julia Rosales coordinadora de la CCC de Zona Norte de Capital dialogó con el programa radial La Retaguardia y contó de qué se trata la propuesta. (Por La Retaguardia) “Existe una situación que no está exenta de todo lo que pasa en el país alrededor de la carestía de la vida que es muy grave, la inflación que azota a muchos hogares argentinos, en especial a los más vulnerables que viven en las villas y los asentamientos y día a día viene más gente a los comedores y los merenderos. Ha quedado mucha gente sin trabajo. Se agravó la situación en este último período mucho más que como venía. Hay 2 millones más de pobres y por lo tanto la Capital no está exenta de eso. Nosotros hicimos una reunión con distintas organizaciones”, expresó. Rosales contó que empezaron siendo Barrios de Pie, la CTEP y la CCC y “se nos sumaron un montón de organizaciones; hoy somos 25 organizaciones y hemos decidido tener una entrevista primero con los legisladores para que nos den una mano. En principio para convocar al poder ejecutivo para que nos conteste en particular sobre el tema de la asistencia a los comedores y merenderos, sobre las cooperativas de trabajo, sobre los tarifazos, sobre la acentuación de vulnerabilidad, de gente que vive en la calle, cuestiones que hacen a la situación social en la Ciudad”.Sobre la convocatoria a la legislatura, Rosales aseguró que “se juntaron unas 300 personas, vinieron varios legisladores del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, de Bien Común, participaron algunos diputados nacionales para dar apoyo. Nos apoyaron muchísimas organizaciones y estamos re contentos porque encontramos eco en un sector de la población. Ahora queremos que nos den una mano para concertar reuniones y hacer una mesa de diálogo, que nos permitan poner sobre la mesa cuestiones que nos afectan. De cualquier forma, todas las organizaciones convocantes somos organizaciones de lucha que nunca nadie nos regaló nada, ningún gobierno, hemos conquistado todo en la calle y hemos pensado y refrendado esta actividad parlamentaria con una movilización que vamos a hacer próximamente si no nos dan respuestas”, advirtió. La crisis cuantificada “En el Playón de Chacarita tenemos alrededor de 500 chicos, es en la villa de Fraga. En el último año se han duplicado las raciones, veníamos en 270. Mucha gente ha perdido su trabajo. En lo que va de este año, todos los que venían con changas, las mamás que trabajaban por hora, los pibes que trabajan en la construcción, han dejado de tener changas. En este último período con la inflación no han podido ni comprar la leche en el supermercado. Entonces se arriman a los comedores y merenderos para poder resolver el problema de sus chicos”, aseguró la dirigente de la CCC. “Nosotros tenemos un comedor y merendero de chicos menores de 12 años. Es un tema… porque después podés tener uno de 14 o 15 que come más que uno de 10 y no tenés para darle de comer. Si no tenés trabajo, tenés un problema. Como es un lugar que damos vianda a veces puede servir para mezclarlo y ponerlo en la mesa de la familia”, ejemplificó.Rosales consideró, de todos modos, que aquellos que hoy están en esa situación tan extrema “venían muy mal. Una changa en la construcción el año pasado podía cobrarse cinco o seis mil pesos por mes, una mujer que trabaja por hora y cobraba setenta pesos traía 300 pesos a la casa. Es un poco de plata que servía para parar la olla, pero ahora si le subió la tarifa a 1200 y tenía una empleada a la que le pagaba 300 pesos por semana seguro le dijo que no vaya todas las semanas sino cada quince días”, reflexionó. “Es un problema, afecta al punto más vulnerable que son las personas carenciadas. Incluido el tarifazo, porque aunque en las villas no pagamos la luz, porque lo paga el gobierno de la ciudad, pero, primero que es precaria y se corta a cada rato, pero además el tarifazo afecta a un sector de la población del que nosotros vivimos”, aseguró. DESCARGAR