Vivienda
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En Suárez 1900 vivían 8 familias, entre ellas 11 niños de 2 a 16 años, quienes al regresar de la escuela encontraron todas sus cosas en la calle. Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone, dialogó por La Retaguardia con el programa Tengo Una Idea, y conversó sobre esta nueva estrategia de Ciudad. (Por La Retaguardia)Foto: anccom.sociales.uba.ar/ Los “desalojos administrativos” son parte de un nuevo método que “no pasa por procesos judiciales en lo civil, sino que se realiza una demanda penal a partir de una clausura previa del inmueble, hecha por posibles problemas estructurales que pudieran traer perjuicios a quienes habitan allí o a terceros. Ante estos supuestos riesgos para las familias, la Ciudad dispone -con aval de un juez del fuero penal- del “desalojo administrativo””, explicó Natalia Quinto.El jueves 14 de julio a la mañana se llevó a cabo un operativo cargado de ilegalidades: “Nos comunicaron que estaban realizando un desalojo en calle Suárez al 1900, con apoyo de la Policía Metropolitana, a 70 metros de la subsede comunal de Barracas. Ninguno de los compañeros pudo dar cuenta de alguna orden de desalojo o acta aclaratoria. Cuando nos acercamos, pudimos tomar cuenta de que en realidad se trataba de un desalojo administrativo.De esta manera, aclaró Quinto, la Justicia vela “por la integridad física de las personas, pero no vela por el resto de los derechos como por ejemplo acceso a la vivienda digna, o todos los derechos que avalan a niños y niñas”.En Suárez vivían 8 familias entre ellas 11 niños de 16 a 2 años, quienes al regresar de la escuela no tuvieron a dónde volver: “El operativo se llevó a cabo en horario escolar, por lo general los desalojos administrativos no tienen previo aviso por lo que resulta sorpresivo para las familias”, dijo Quinto. Al volver de la escuela, los niños encontraron sus cosas en la calle. Golpes e ilegalidades Además de golpear a dos personas durante este procedimiento, no se encontraban presentes organismos que -según acta- deben garantizar el cumplimiento de derechos: “La defensora de Menores se hizo presente ante nuestra demanda, porque en estos operativos juez y Fiscalía disponen de la presencia del BAP; la Defensoría del menor; la Defensoría de Ciudad, y SAME, como para que garanticen los derechos de las familias, ninguno de estos dispositivos estuvo presente hasta el momento en que llegamos, y una vez que manifestamos a los efectivos policiales que debían cumplimentar toda el acta, no sólo la parte en que refería sacar a las familias a la calle, empezaron a llegar”, dijo.Cuando la Metropolitana golpeó a una piba, “a la defensora de menores no le pareció intervenir porque al tener 21 años, no era parte de su tarea, nos refirió. Media hora después de que se retirara, golpearon a otra chica menor de 16, a quien arrojaron escaleras hacia abajo como si fuera un mueble más de la casa”.Este proceso se llevó a cabo arrojando muebles por la escalera, o directamente desde la terraza, hacia la vereda. Nuevos métodos e intereses particulares “A modo de ejemplo -explicó Quinto-, nosotros venimos acompañando procesos organizativos donde la guardia de auxilio ya ha hecho clausuras preventivas. Con vecinos organizándose de manera autogestiva, somos quienes tratamos de poder contar con los recursos necesarios para hacer los arreglos estucturales de las viviendas. En los casos en que llegamos a tiempo, hemos descubierto que los peritajes que hacen los arquitectos no se condicen después con los peritos de parte que llevamos nosotros, es decir: en realidad no hay peligro estructural de derrumbe. Por lo tanto, esto se lleva adelante cuando pesa sobre el inmueble algún interés particular para la Ciudad. Porque, de esta manera, además, la Ciudad se ahorra tener que hacer el proceso de desalojo formal.Surgen interrogantes en un marco de negocios inmobiliarios, por un lado, y ausencia de facilidades o créditos para poder restaurar las viviendas declaradas en riesgo: “Se ponen plazos de los que la Ciudad se desentiende por completo -dijo Quinto. La Boca puntualmente está declarada en emergencia ambiental y urbanística por la Ley 22.240. Los recursos previstos en esta Ley tendrían que posibilitar la refacción de los inmuebles en estos casos. Porque la Ley no se acaba solamente en la declaración de emergencia. En La Boca, la Ley fue incumplida sistemáticamente durante los 8 años de gestión del PRO. Éste sería el noveno año de incumplimiento de la Ley”.El responsable por la Brigada, de la Comuna, presente en el lugar, dijo que el inmueble de Suárez al 1900 habría sido comprado por alguien cercano a la Dirección de Espacio Público, lo cual Quinto afirmó no haber podido constatarlo. Qué hacer“Ante cualquier primer cédula de desalojo o de acta de constatación que llegue a una casa -especificó Quinto-, lo principal es contactarse con un abogado o grupo que trabaje esta problemática, como para poder dar respuesta inmediata y evitar que la cosa empeore. En el caso de las clausuras que hace la guardia de auxilio, lo mismo. No se debe confiar en que van a dar los tiempos para arreglarlo. Esto no ocurre así, son mecanismos que utilizan para otros intereses como hacerse de inmuebles de los que ya se ha perdido el rastro de sus propietarios por ser herencias vacantes con dudosa situación dominial en la actualidad”, afirmó la entrevistada. DESCARGAR
Ya pasó más de una semana desde que se produjo el incendio en el edificio de Zelaya 3128 que dejó en la calle a unas 23 familias trabajadoras. Los damnificados sólo piden que el Estado dé alguna clase de asistencia que les permita comprar, construir o alquilar un lugar donde vivir. “No queremos que nadie nos regale nada”, repiten desde el día uno. Por el momento, están en la misma cuadra donde se ubicaba el edificio, viviendo en carpas prestadas por organizaciones sociales, que también donaron, junto con los vecinos, mercadería y ropa para que puedan sobrevivir a la intemperie y el frío. Ana, integrante del grupo de familias en la calle, dialogó con el programa radial La Retaguardia. Allí detalló sus necesidades y la falta de respuestas. (Por La Retaguardia)Foto: anred.org“Estamos realmente mal los vecinos. Seguimos en la calle con frío y va a ser más de una semana que nadie viene a darnos una solución. Estamos con bebés y niños, yo tengo uno de diez meses y un nene de 12 años. Estamos durmiendo en la calle, solamente nos armamos una carpa para pasar las lluvias. No sabemos qué hacer, estamos desesperados, los vecinos están perdiendo los trabajos por estar ahí. Lo único que pedimos es una vivienda digna, es un derecho de todos los trabajadores. Nosotros somos familias trabajadoras, no queremos que nos regalen nada y si tenemos que pagar algo lo hacemos; si tenemos que construir nosotros con nuestras propias manos lo vamos a hacer, pero queremos que por favor alguien nos dé una respuesta”, dijo con desesperación y explicó: “El gobierno hasta ahorita no nos da una respuesta. Nosotros vivíamos en una casa, hay personas que tienen 15 años viviendo ahí. Antes nos alquilaban, pero realmente el señor que lo hacía nos estafó. Nosotros no sabíamos que era una casa tomada, después nos enteramos”.Ana contó cómo se inició la tragedia: “Estuvimos tres días sin luz en la casa y estábamos con velas. A una nena se le volteó, prendió la cama y ahí sucedió todo. Se reventaron garrafas. Lo único que pudimos es salir de la casa porque todos teníamos garrafas. No sacamos nuestras cosas, salimos como estábamos. Algunos en ojotas, otros en remera, no teníamos nada que nos abrigue. Había una abuela de 85 años. Nos quedamos en la nada”, lamentó. Así están ahora: “Tenemos muchas carpas donde estamos viviendo la mayoría de los vecinos porque no tenemos a dónde ir. Yo he ido a buscar algún lugar para alquilar y no hay. En hoteles familiares no nos dejan con los chicos, no quieren chicos, en departamentos nos piden garantes. Somos trabajadores precarizados. Mi familia somos yo, mi esposo, un hijo de doce años y un bebé de diez meses. Hay más de treinta chicos en la casa”.La emergencia de la situación de calle obligó a varios de ellos a poner en riesgo sus fuentes de vida: “Yo trabajo en una guardería social y me dieron permiso por este tiempo, pero mi marido no sé, porque mañana se iba a presentar y no sé si perdió el trabajo porque él está en construcción y ahora hay poco trabajo, están despidiendo gente y ahora con ese cuento de que no va parece que lo van a despedir. Pero él no nos quería dejar a nosotros solos ahí”.Las 23 familias no han recibido una sola respuesta: “Nosotras mismas hemos tenido que ir a la Defensoría del Pueblo pero no hay caso, nos mandan a cualquier trabajador a decirnos ‘ya los vamos a llamar’. Estamos pensando los vecinos en hacer cosas, un corte o algo para que nos hagan caso, nadie nos hace caso hasta ahora. Alguien que nos solucione el problema de la vivienda, nosotros no queremos que nos regalen nada, somos trabajadores y podemos pagar aunque sea por cuotas, cualquier cosa, pero queremos tener nuestra casa. Gracias a dios la relación con los vecinos es buena. Nos están apoyando”, destacó Ana y consideró: “La única ayuda que tenemos ahora son los vecinos, las organizaciones sociales, nadie más. Las organizaciones nos ayudan con mercadería, las carpas, ropa para los chicos, esas cosas. Esto no es vida, yo nunca pensé pasar algo así. Ahora, con mi hijo bebé estoy desesperada. No sé qué hacer. Por los chicos, la abuela, una persona discapacitada, y hasta ahorita no puede ser ni que para ellos haya respuesta. Los grandes aguantamos, pero los chicos. Es el mayor dolor que tengo: los chicos en la calle. Con tanto frío. Que se pongan una mano en el pecho y nos ayuden, que hagan algo. Que alguien del gobierno haga algo”. DESCARGAR
El gobierno porteño venderá el Parque de la Ciudad, si se aprueba un proyecto en el que imperan los intereses más ligados a los billetes que a necesidades sociales. El programa radial La Retaguardia dialogó con Germán Sartori, integrante de Juntos por el Parque de la Ciudad. (Por La Retaguardia) El Parque de la Ciudad fue un lugar de diversión, con juegos y extensos espacios verdes. Este amplio terreno -abandonado hoy a otras prioridades-, se encuentra ubicado al sur de la Ciudad, lindante con Lugano y Soldati, barrios que junto con Villa Riachuelo conforman la Comuna 8. El predio pasó a ser disputado por el Gobierno porteño dentro del Plan Maestro de la Comuna 8, presentado por el PRO el año pasado en la Legislatura. Divide y reinarás“El 60% de todos los espacios verdes de CABA están en la Comuna 8 -contó Sartori, parte de un grupo de vecinos y activistas que comenzaron a juntarse para evitar la venta-. El Gobierno se da una política de avanzada hacia ellos, entendemos que a favor de los negocios inmobiliarios y de quienes puedan comprar esas tierras”.Este Plan no fue aprobado de conjunto, por lo que el Gobierno implementó una estrategia política: “Inteligentemente dividió el proyecto, para de a puchitos ir negociando por partes los distintos puntos del Plan con cada sector de la Legislatura. Uno de ellos es el predio de la Villa Olímpica”, dijo Sartori.Desde hace tiempo el Gobierno porteño impulsa el desarrollo de los Juegos Olímpicos Juveniles que se realizarán en 2018: “En su momento invirtió en la imagen de Messi, y otros famosos para que sea CABA la sede. Una vez logrado este objetivo, ahora se planea cómo llevar adelante los Juegos de acuerdo a -según nuestra opinión- dos objetivos: poder vender hacia afuera una imagen determinada (gestión, ciudad deportiva, etc.) y aprovechar la posibilidad de hacer negocios”.La problemática habitacional en CABA y la falta de acceso a la vivienda son reclamos vigentes; en este marco, en 2005, se sancionaron un mismo día tres leyes que afectan a Lugano, de acuerdo a nota de La Retaguardia del 26/8/15: “La Ley 1770 (urbanización Villa 20 y construcción de viviendas), la 1769 (construcción de hospital) y la 1768 (realización de un polo farmacéutico). De esas tres leyes, la única que avanzó hasta ahora es la de los negocios privados, la del polo farmacéutico -hoy ya terminado-. En lugar de un hospital hicieron una salita grande; con el agravante de que la Comuna 8 es la única que no tiene un hospital”. El blanqueo de la venta de 46 hectáreas públicas A la luz de estos hechos, se desprenden acciones políticas con voluntad puesta a favorecer la función empresarial, y no la social: “El proyecto es concreto.S se ven claramente las intenciones; sin embargo, es vacío en contenido y regulaciones. El que se presentó en la Legislatura hace aproximadamente mes y medio contempla la enajenación de 46 hectáreas que el Gobierno de la Ciudad transfiere a la Corporación del Sur para su venta”. Es decir, la venta de todo el predio, distribuida de la siguiente manera: “En 6 de esas hectáreas se empezó a construir la Villa Olímpica -aun sin el proyecto aprobado-; contempla que las viviendas allí construidas sean entregadas después mediante el IVC, esto sin mayores precisiones de programa ni de cómo serán adjudicadas; y el resto se vende al sector privado para que haga negocios. Además de los argumentos especificados en el proyecto, esgrimen la importancia de darle valor a la zona, con el discurso de equilibrar socialmente la Ciudad y generar igualdad; pero se están entregando 46 hectáreas públicas a sectores empresariales, vendidas a precios irrisorios, donde podrán construir y posteriormente revender mediante el mercado inmobiliario”.Frente al predio se encuentra la Villa 20, donde sus habitantes aún exigen cumplimiento de la Ley 1770. El Estado no ha avanzado en la urbanización de la Villa contemplada en esta Ley, pero prometen otorgar dividendos de los ingresos que se generen de la venta de estos terrenos: “El 50% iría a la urbanización de la Villa; y el otro 50% a obras de infraestructura de la Comuna 8”.“Son medidas preventivas para poder desarrollar normalmente los juegos -aclaró Sartori-; pero tengamos en cuenta que el complejo de viviendas de la Villa Olímpica está compuesto de 1200 viviendas -frente a un asentamiento que reclaman por sus derechos y la falta de cumplimiento de la Ley-. Lo esperable es que haya resquemores sociales, y que nos organicemos para generar alguna medida con respecto a estas viviendas”.En este contexto y a modo de paliativo se lleva adelante un proceso -interesante por lo participativo y la articulación de todos los sectores organizados y de vecinos de la Villa 20- a través del IVC. “Evidentemente se lo están tomando en serio y ponen en práctica las políticas que hagan falta para poder llevar adelante esos negocios. Sabemos que una vez que las tierras públicas pasan a ser privadas, no vuelven más a lo público”. La mayoría PRO en la legislaturaCon la nueva conformación de la Legislatura o las distintas lecturas que puedan hacerse respecto de cuánto cambió o cuántas tensiones o diálogo puedan presentarse en esta coyuntura, “el proyecto está a poco de ser aprobado, más allá de internas del FPV. En principio, no decimos que estamos en contra de la utilización del espacio público si es para dar respuesta a las necesidades sociales -explicó Sartori-; algunos sectores del terreno del Parque de la Ciudad podrían ser destinados para la construcción de escuelas. La utilización del espacio público debe estar priorizada en dar respuesta a las necesidades sociales, no a las necesidades económicas de los grupos empresarios”, dijo.Las discusiones giran alrededor de cómo hacer que el proyecto esté más ligado a lo social: “Pero aún no han habido charlas, excepto la presentación del mismo, en donde las manzanas que se quieren vender aún no están parceladas ni se definen sus medidas. Entendemos que lo hacen para sentarse a negociar. Después se verá cómo se va disparando esto”.La
A partir de la derogación de la ley de Propiedad Horizontal el 7 de julio pasado, Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dialogó por Radio La Retaguardia en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, y detalló los pormenores de la norma que había sido votada en diciembre de 2015 por unanimidad. (Por La Retaguardia) “La ley se votó el 3 diciembre en una sesión en la Legislatura donde se votaron leyes muy perjudiciales para la Ciudad de Buenos Aires. Fue una de las peores sesiones desde el punto de vista de la ciudadanía. Allí se votó no solamente esta ley que establece un Consejo de la propiedad horizontal, sino también la agencia de bienes, la concesión del centro de exposiciones y convenciones al lado de la Facultad de Derecho, la concesión de la Plaza Houssay. Esta es la Ley 5.464, que pasó inadvertida. En esa sesión todos los diputados votaron en forma afirmativa, y fueron los consejos consultivos comunales, las organizaciones de consorcistas las que empezaron a establecer una resistencia urbana en contra de esta ley”, explicó Baldiviezo. “¿Cuáles eran los reclamos? En un contexto donde hay bastante inflación, el gasto de los propietarios y de los inquilinos en edificio de propiedad horizontal se elevan. La Legislatura decidió crear una ley que desde el punto de vista de los consorcistas lo que hacía era aumentar el valor de las expensas al incrementar los gastos de los administradores de los consorcios. Este Consejo de la propiedad horizontal creaba un sistema donde los administradores de consorcio debían inscribirse, pagar por esa inscripción y pagar una cuota anual. Los consorcistas vaticinaban que esos gastos iban a trasladarse a las expensas, que se dan en este contexto del aumento de las tarifas públicas, la inflación. El aumento de las expensas por el salario de los administradores y de los encargados hace que la Legislatura haya votado un gasto más, innecesario, como la gota que rebalsó el vaso”, señaló el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.Baldiviezo contó, además, que ya había una normativa vigente en materia de regulación del trabajo de administradores que incluso contemplaba a los inquilinos y propietarios que denunciaran manejos irregulares. “Lamentablemente, se usó como excusa que ese registro no funcionaba bien, o que ese contralor que debía ejercer el Poder Ejecutivo no funcionaba, para crear la nueva entidad. Esta nueva entidad era la que iba a estar encargada de cobrar la cuota anual y la inscripción y también de sancionar a los administradores. Por otra parte, una de las críticas era cómo estaba compuesto este órgano. En la composición de este órgano que venía a regular la actividad de los administradores, los consorcistas únicamente tenían una representación entre once integrantes del consejo. Iban a ser los principales afectados y su representación era minoritaria. Se acusaba que esta ley había sido un acuerdo para sacar otras leyes entre el PRO y Víctor Santa María, el presidente de SUTERH (además presidente del Partido Justicialista de la CABA). Se denunciaba que detrás de esta ley había un acuerdo político, que esta ley estaría favoreciendo al sindicato y, por lo tanto, iba en detrimento de los consorcistas que iban a aumentar sus gastos a través de las expensas”, contó.Sobre su posición ante la reciente derogación, Baldiviezo planteó: “Nosotros creemos fervientemente en la democracia participativa. De acuerdo a la Constitución de la ciudad, ese es el sistema de gobierno: la ciudad tiene que regirse por una democracia participativa, y no meramente representativa. Por lo tanto, una ley de tal envergadura —estamos hablando de todos los edificios de propiedad horizontal de la Ciudad de Buenos Aires y de todos sus administradores y consorcistas—tendría que haber sido discutida de otra forma. El proyecto de ley fue ingresado unos días antes de que se aprobara. Incluso, como no hubo debate, todos los errores que luego se trataron de modificar y finalmente se decidió derogarla, fueron descubiertos después, cuando la ciudadanía se empezó a enterar de qué habían votado los legisladores”. Baldiviezo volvió sobre el punto que, si se respetara la democracia participativa, todos los procedimientos hubieran sido diferentes; “Hubiera sido una discusión amplia, los errores, los cuestionamientos se hubieran discutido de forma previa. Quizás salía una ley mejor y no se terminaba con la gravedad institucional de que se vote una ley y a los cuatro meses se la derogue en forma completa y se tenga que iniciar nuevamente una discusión para ver cómo hacer para que la regulación de los administradores sea mejor en la Ciudad de Buenos Aires. Porque también hay que reconocer que el sistema actual de la regulación no está siendo muy efectivo”.Con respecto al sistema general de los consorcios, Baldiviezo consideró: “Hay muchas deficiencias con respecto a estos pequeños conflictos que en la vida de los porteños suele ser bastante problemáticos, porque involucra su calidad de vida y a sus vivencias dentro de una comunidad, que en este caso es el edificio o el PH. Por ejemplo, la Constitución establece que se tendrían que crear tribunales vecinales que puedan dirimir estos conflictos pequeños. Porque a veces uno tiene un problema de consorcio y la solución es resignarse o iniciar un juicio civil que dura mucho tiempo, cuando la Constitución estableció un mecanismo de resolución de crear tribunales vecinales que podrían dar una respuesta con mayor prontitud”, informó. Por último, se refirió a los juicios tradicionales ordinarios: “Están pensados para grandes discusiones que involucran sumas de dinero considerables, no para conflictos pequeños. Lamentablemente, la Ciudad de Buenos Aires no le ha dado mucha importancia a estos conflictos, no ha buscado mecanismos de resoluciones preventivos de una mejor regulación y, por otra parte, mecanismos ya cuando se suceden los conflictos convivenciales”.
La creación de la Agencia de Bienes, nueva Sociedad del Estado para manejar espacios públicos en beneficio de los privados, fue aprobada en la legislatura porteña hace algunas semanas. Contó con los votos del bloque PRO, del FPV y de otros partidos opositores. Adrián Camps, diputado porteño por el Socialismo Auténtico, fue entrevistado en Radio La Retaguardia durante el programa que le dio nombre a la radio, conducido por Fernando Tebele y Eugenia Otero. (Por La Retaguardia)Foto: adriancamps.com La Agencia de Bienes pasa a ser la herramienta de consumación legal de los negocios inmobiliarios y la venta de terrenos a manos privadas, como el predio del Tiro Federal: “Una parte del FPV votó con el PRO, junto a otros bloques opositores como Confianza Pública y Suma +. Lo más grave es que le cedieron al Poder Ejecutivo facultades que son propias de la Legislatura, acción prohibida por el Art. 84 de la Constitución”, contó Camps. “Somos nosotros quienes debemos disponer de los bienes de la Ciudad, para lo cual se requieren procedimientos determinados, leyes con doble lectura y audiencia publica”. Contrario a ello, “se faculta al PE para que transfiera a la Agencia la totalidad de los bienes de dominio privado que tiene la Ciudad de Buenos Aires”.Cabe recordar que a fines del año pasado, la Legislatura aprobó la venta de inmuebles y terrenos públicos a la Curia porteña, con lo cual tampoco es garantía. Camps sostuvo que, aun así, “existió un proceso democrático de discusión, a través del cual los ciudadanos pueden saber qué es lo que votan”, explicó, y aunque las audiencias públicas muchas veces sean ficciones democráticas, en algunos casos sirven para frenar o dar un giro, al darles difusión y ejercer presión.“Lo que ocurrirá ahora es que si nosotros como diputados quisiéramos ejercer nuestra facultad cuando, por ejemplo, nos llega a la Legislatura una casa por una herencia vacante y quisiéramos destinarla a un centro de jubilados o a alguna actividad social, no lo podemos hacer. Sólo estaríamos facultados si desde el Ejecutivo nos llega algún proyecto presentado por la Agencia de Bienes. Esto es absolutamente inconstitucional porque nos están poniendo un Poder por encima de la Legislatura.La Agencia ya recibió la transferencia del predio del Tiro Federal (Libertador y Udaondo, frente al estadio de River Plate): “Al mismo tiempo que se aprobó este nuevo ente de Sociedad del Estado, se le transfirieron las tierras del Tiro Federal. Se trata de un negocio del orden de los 600 millones de dólares. Un gigantesco negocio inmobiliario que nada tiene que ver con ninguna expropiacion: el Tiro Federal tenía un permiso de uso que le había otorgado la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años, y si la Ciudad quería recuperarlo podía hacerlo asignándole otro lugar. Cosa que tampoco hace esta Ley”, dijo Camps.“El problema es que son tierras públicas -aclaró Camps-, y la propuesta del Gobierno es venderlas. Perderíamos 17 hectáreas destinadas a la especulación inmobiliaria con el pomposo nombre de “parque de innovación”, pero no hay ningún parque; lo único que va a haber de parque son las calles. Los lotes se van a vender y la ciudad se quedará con media manzana, con posibilidad de construir hasta 37 metros. El resto, lo vende todo. Sobre Libertador, que ahora hay actividades deportivas, arbolado importante, pileta de natación y canchitas de fútbol, allí arrasarán con todo y van a construir torres de 100 metros de alto. Figura vendido como parque público y es mentira”, expresó el diputado.Dados los antecedentes, es previsible que el gobierno de Rodríguez Larreta no construya viviendas sociales donde se pueden vender viviendas de lujo a 7000 dólares el metro cuadrado: “El valor del suelo en la zona del Tiro Federal ofrece alto interés para dicha especulación. Los dos lotes de adelante tienen capacidad constructiva de 150 mil metros cuadrados. 1 metro cuadrado de capacidad para construir se cotiza a 1000 dólares, o sea, allí solo hay 150 millones de dólares, divididos en dos partes. Harán dos torres de 100 metros. O sea, son pocos los empresarios en la Argentina con 75 millones de dólares para poner arriba de la mesa”.Otro predio que dejará de ser público es el del CEMIC (Las Heras y Sánchez de Bustamante): “Cuando se presentó por primera vez este proyecto de ley, hecho directamente por el Ejecutivo, había un listado de doce bienes a ser entregados a la Agencia para su venta. El más importante es el que tiene el CEMIC, pero se calcula que hay como 2000 propiedades que posee la Ciudad en la actualidad, y serían administradas por esta Agencia”. Una ciudad partida en tres (corporaciones)“La Ciudad de Buenos Aires -continuó Camps- quedó dividida en manos de tres corporaciones: Puerto Madero, donde las tierras públicas son administradas por una SA, por lo tanto desde la Legislatura no se puede hacer nada. La Corporacion Sur, desde avenida San Juan hasta el Riachuelo con control de todos los bienes de dominio privado. Y la Corporación Norte, llamada Agencia de Bienes. Les pedí que me explicaran por qué la Ciudad tiene que tener tres agencias, más una del propio gobierno, cada una de ellas con distinto sistema y distinta composición de directorios. Por ejemplo: la del Sur tiene 5 miembros y la Agencia de Bienes tiene 7, en este caso se debe a que dos lugares están destinados a los partidos de la oposición que les votaron el proyecto”.Con relación a la votación, una lectura política evidencia acuerdos interbloque: “El año pasado hubiera tenido más votos de los que tuvo, porque La Cámpora y Nuevo Encuentro votaron en contra. En general había acuerdos entre el gobierno de Cristina y el de Macri, en el que se intercambiaban apoyos recíprocos y en el paquete, la Ciudad de Buenos Aires era la que perdía. Fue una de las leyes que se logró consensuar -aunque en realidad fue un acuerdo político por fuera de Legislatura- con Nuevo Encuentro y La Cámpora votando en contra (si no hay acuerdo posible, para qué van a
El juicio por la masacre de Curuguaty, aquel episodio por el que un improvisado juicio político destituyó en Paraguay al ex presidente Lugo, está entrando en su etapa final. Ángel Fernández Schejtman, conductor del programa Paraguay Vive en Radio La Retaguardia y observador del debate oral, dialogó en Enredando Las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre los orígenes de la masacre, las expectativas en materia de sentencia y el contexto político en que se produjo. (Por RNMA) Gestación “El actor principal de esta causa es el latifundio heredado de la dictadura stronista en la que los generales y políticos del Partido Colorado se repartieron las tierras a gusto y piacere desalojando a quienes habitaban ancestralmente esos lugares, en su mayoría familias campesinas que hacen una explotación amigable del suelo con esa inteligencia ancestral que tienen los paraguayos que mantienen unas parcelas de tierra para su alimento y el excedente se cambia y vende”, explicó Fernández Schejtman. “La producción de esas tierras es familiar, trabaja todo el núcleo y es un reservorio de lo mejor que tenemos y que cada día perdemos más: el contacto con la tierra y con los seres humanos. Dicho esto, tenemos que decir que desde hace muchísimos años, desde antes de la dictadura de Stroessner, con la que después se acentúa esta situación, los campesinos desalojados de las tierras, los propietarios ancestrales, yiran y dan vueltas por Paraguay para conseguir aunque sea una parcela para sostener su producción”, contó sobre el destino de los expulsados.“Así se llega entonces a la ocupación de un campo que se llama campo Morombi, citado en el departamento de Curuguaty y que tiene como nombre genérico Marina Kue, Marina porque en su momento fue cedido a la Armada y luego entró en una donación medio rara por la que termina apoderándose de esas tierras la familia Blas Riquelme, del presidente del Partido Colorado y sostén del dictador Stroessner. Hablamos de más de 2200 hectáreas, algunas productivas, otras bosque y el resto forma parte de una explotación de plantas de marihuana. Esto es una cuestión vox pópuli”, aseguró Fernández Schejtman. “Al 15 de junio de 2012 se encontraban 70 personas, la mayoría niños, mujeres, ancianos, embarazadas y padres de familia. Surge un juez en Curuguaty que, mediante un pago que recibió de la familia Blas Riquelme para hacer un desalojo, emite una manda para determinar quiénes eran los ocupantes de la tierra. La fiscal toma el mandato judicial emanado del Tribunal y lo transforma en una requisa porque denunciaban falsamente que había un grupo guerrillero que estaba ocupando las tierras y que tenían armas de grueso calibre. Por sí misma, entonces, la fiscal transgrede la orden judicial y con un grupo de 400 policías entre los que había 150 pertenecientes a grupos especiales militarizados de la policía paraguaya, con intervención de un sector de inteligencia del Ejército, con helicópteros, patrulleros y pocos medios de comunicación se comienza un operativo que se fue desgranando a lo largo de los programas que venimos emitiendo en Paraguay Vive y se desnudó que esto fue una maniobra y una masacre programada disfrazada de desalojo campesino que terminó con la muerte de 17 personas, once campesinos y seis policías”, denunció Fernández Schejtman al tiempo que relataba la masacre. “En este momento están sentados en el banquillo de los acusados solamente doce campesinos y se los imputa del asesinato o el homicidio de los policías y no hay nadie juzgado ni investigado por la muerte de los once campesinos más los heridos más los desalojados y los que están presos”, aclaró.La historia se repite en América Latina “A todas vistas esto deriva en una excusa para hacer un golpe blando en Paraguay que termina desalojando al presidente constitucional, legítimo y legal, Fernando Lugo, mediante una parodia de juicio político que se sustanció en menos de 36 horas. Ese es un plazo perentorio que no está dentro de ningún canon ni regla jurídica, parlamentaria o racional. Lugo fue acusado de ser culpable de esta masacre, de no estar capacitado para ejercer el mando y fue desalojado del poder asumiendo en su lugar el vicepresidente Federico Franco que luego traza un puente de plata para que llegue al gobierno el neoliberal de hoy, Horacio Cartes”, aseguró sobre las razones profundas del episodio. “Cuando decimos que este juicio es fundamental tenemos que trascender las fronteras de Paraguay porque desnuda un modus operandi de los sectores concentrados de poder donde convergen intereses comerciales, criminales, donde se da una apoyatura mediática para justificar estos operativos y esto no es propiedad exclusiva del Paraguay. Lo mismo pasa en el norte de Argentina con la gente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en Misiones, en Salta, en el sur con los mapuches, pasa en Brasil con el Movimiento Sin Tierra, en Chile y Perú, ni hablar, pasa en Colombia”, denunció Fernández Shejtman. David y Goliat A propósito de los antecedentes, el comunicador se refirío a un caso conocido para los movimientos sociales y por La Gremial de Abogados, “el de los 6 campesinos presos que fueron extraditados de Argentina bajo diversas acusaciones y enfrentan una condena firme de 35 años. O sea, no solamente en Paraguay sino en toda América Latina, los campesinos, tengan o no razón, tienen una condena de antemano, sea lo que sea que hagan o que no hagan. Es lo mismo. Hay un trazo vector que es la lucha por la tenencia de la tierra y un enfrentamiento de fondo que podríamos definir como una lucha entre David y Goliat. Goliat es Monsanto, son los latifundistas, los terratenientes, el poder concentrado, los grupos financieros y los gobiernos neoliberales que hoy en día crecen como hongos en la patria grande”, denunció. Fernndez Shejtman agregó que episodios similares ocurrieron también en México y Venezuela. “Cuando decimos que es importante el tema de Paraguay es porque es un espacio, un territorio, una construcción filosófica donde para afuera nunca pasa nada y en realidad suceden las peores aberraciones. El establishment
A 20 dias de la agresión de la patota PRO en la reunión del Consejo Consultivo que dejó 2 heridos graves, uno de los principales acusados, Rodolfo Matías Corzo, continúa prófugo. La semana pasada, una masiva marcha fue convocada por La Boca Resiste y Propone, el espacio de coordinación entre vecinos y organizaciones. Fernando Tebele y María Eugenia Otero dialogaron, en el programa radial La Retaguardia, con Martina Noailles, periodista de Sur Capitalino y vecina del barrio. (Por La Retaguardia)Foto: archivo de La Boca Resiste y propone “Uno de los objetivos de la marcha fue tratar de romper con ese intento de silenciar, que es en lo que consistió el ataque en el Consejo Consultivo: tratar de frenar la participación de los vecinos que nos estaba costando mucho en la Comuna 4, porque durante 2 años no hubo encuentros del Consejo aunque la Ley de Comunas dice que se tienen que hacer cada un mes. Justamente creo que a lo que apuntaban, además de lo específico de los negocios inmobiliarios con las tierras públicas que parece que viene repitiéndose en otras comunas también, tenía que ver con la participación en general, con el que podamos decir lo que pensamos, poder oponernos a las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó la periodista Martina Noailles en el inicio del diálogo con La Retaguardia.Los negocios inmobiliarios a los que hace referencia son la entrega de los terrenos de Casa Amarilla a Boca Juniors con una licitación que fue armada a medida. Se trata de tierras que originalmente estaban pensadas para la construcción de viviendas sociales y en las que ahora probablemente el club construirá su nuevo estadio.El ataque a la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4 se produjo el 4 de mayo pasado, cuando varios vecinos fueron agredidos a golpes y puntazos por una patota ligada al PRO. El saldo fue de 2 vecinos heridos, Fernando Abal Medina y Matías Scinica: “Abal Medina salió el lunes del hospital tras 12 días y está en observación en su casa, la situación de él fue la más grave. Aunque en el momento se creía que la de Matías era gravísima porque fue acuchillado en el cuello. Pero se produjeron dos cosas, el puntazo no le tocó la aorta y además entre los presentes había una médica que logró frenar la hemorragia grande que estaba teniendo porque la ambulancia no llegaba, tardó 25 minutos, y no murió desangrado por ese torniquete que le hicieron, así que una vez que fue al hospital la curación no fue tan dificultosa. Sí en cambio lo de Abal Medina porque fueron golpes muy fuertes, tuvo importantes conmociones de cráneo y le quedaron consecuencias de eso, estuvo en observación mucho tiempo y lo va a seguir estando; la verdad que las lesiones de él como fueron en la cabeza finalmente resultaron más graves que las de Matías”, detalló Noailles.Actualmente está a cargo de la investigación de la causa la Fiscalía Distrital de Pompeya y Parque Patricios, con los fiscales Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa: “tras el caso (Ezequiel) Demonty se intervino y apareció esta fiscalía; por suerte parece que la instrucción está en manos de Giménez porque el otro es Munilla Lacasa, fiscal del caso de Fernando Carrera, es decir un gran fiscal de la corporación judicial”, aseveró Noailles.Volver a la calle Para Noailles era muy importante que el barrio saliera nuevamente a reclamar justicia para poner en evidencia la falta de respuestas oficiales ante lo sucedido: “por ejemplo, del responsable de la Comuna 4, Jorge Apreda. No hubo ni una palabra, mucho menos llamar a las familias de los heridos, nada de eso; y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta salió a decir cualquier cosa y como siempre a desviar la atención de dónde estaba la cuestión. Las únicas respuestas fueron el comunicado del club Boca Juniors la misma noche del ataque y Larreta diciendo en algunos medios de comunicación que no tienen patotas y que él hace reuniones todos los meses con los vecinos y que no hace falta seguridad, cuando esto fue una clara zona liberada. No solo no había seguridad de la propia sede comunal sino que Gendarmería tardó media hora en llegar al lugar, hubo un móvil a los 15 minutos con una sola persona adentro que cerró la ventanilla y no hizo nada mientras le estaban pegando en su cara a Fernando Abal Medina en la vereda. Obviamente en la reunión nadie esperaba que iba a haber gente con cuchillos, pero éramos 250 personas adentro de una sede comunal y sí se sabía que iba a ser una reunión caliente, justamente porque lo que no querían era reconocer la autoconvocatoria que había hecho La Boca Resiste y Propone a partir justamente de que no había reuniones del Consejo. Esa primera autoconvocatoria, que tuvo 110 personas en la sede de bomberos voluntarios de La Boca, votó pedir una audiencia pública y que sean los vecinos de la comuna los que opinen acerca de los destinos de esas tierras, eso era lo que se estaba tratando en el Consejo. Es decir, no iba a suceder nada trascendental porque Boca iba a seguir teniendo los terrenos votara lo que se votara en ese Consejo Consultivo, porque es un espacio en el que uno va y se expresa, dice cuáles son los temas más importantes para la Comuna pero es Consultivo, eso va después a la Junta Comunal que en el caso de la 4 es mayoría del PRO o sea que después eso cae, no era nada más que un hecho político. De todos modos, creo que justamente porque era un hecho político no querían ceder, no querían que eso se reconociera como un antecedente de que como no llaman al Consejo Consultivo los vecinos pueden llamarse ellos mismos a una reunión, algo que también establece la ley”.Para la editora periodística de Sur Capitalino, hacía mucho tiempo que no se realizaba una marcha tan grande en La Boca como la de
En el marco de una reunión del Consejo Consultivo comunal de la Comuna 4 en la Ciudad de Buenos Aires, varios vecinos fueron agredidos a golpes y puntazos por una patota de la barra de Boca Juniors ligada al Pro. Lo que se discutía allí era, precisamente, la aprobación o no de la venta de terrenos públicos al club. Uno de los heridos, Fernando Abal Medina, hermano del actual senador Juan Manuel Abal Medina, quién continúa en observación aunque ayer salió del hospital. Algunos de los agresores fueron identificados y uno de ellos se mantiene prófugo con pedido de captura. En Radio La Retaguardia, en el programa MedioAmbientemos conducido por Roberto Felicetti, Braulio Domínguez y Eva Domínguez, dialogaron con Maxi Nenna, ex comunero del FpV en la comuna 4. (Por La Retaguardia)“Pasaron 10 días de esos hechos públicos y gravísimos que sucedieron en una oficina de la Ciudad de Buenos Aires, de la Comuna 4. En una reunión de vecinos, una patota vinculada al Pro atacó, directamente, a un grupo de vecinos que iban con dos planteos centrales. Uno, acerca de la legitimidad del Consejo Consultivo, y otro acerca de la legitimidad de la venta de tierras por parte de la Corporación del sur del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al club Boca Juniors“, explicó Nenna. Como ya informó La Retaguardia, una patota irrumpió en la reunión y le provocó, en el marco de varios ataques, un corte en el cuello a Matías Scinica, que participaba de la reunión, además de una fuerte golpiza a Abal Medina. “Por suerte Scinica está de alta desde el sábado pasado. A Fernando Abal Medina, que colaboró tratando de calmar los ánimos, buscando una ambulancia, afuera del edificio, lo golpearon y le dejaron heridas que no le permiten tener un alta definitiva hasta el día de hoy. Estuvo internado en el Hospital Alemán con heridas internas que requieren un cuidado no intensivo pero sí un seguimiento médico. El corte estuvo muy cerca de la yugular, también lo han cortado en la cara y la nuca con un fierro y luego, en el piso, lo patearon. Tiene once lesiones en todo el cuerpo”, detalló.Hay gente identificada: “La persona con el cuchillo en la mano cuya imagen vimos en todos los medios ya tiene pedido de captura desde el lunes (de la semana anterior). El fiscal lo pidió, no lo han encontrado. La defensa de esta persona ya solicitó la excarcelación pero la justicia se la denegó. El presidente del Consejo Consultivo es del Pro es quien contrató al sujeto del cuchillo y estuvo de viaje en Estados Unidos hasta hace diez días. Por ese viaje tiene que dar explicaciones, ya que era la primera reunión barrial de discusión de presupuesto. Justo en ese momento, el presidente de la comuna se ausentó. Por lo menos es llamativo, sobre todo considerando los hechos de violencia que ocurrieron”, denunció Nenna.“Desde que asumió Mauricio Macri hay una situación de violencia verbal, laboral, la policía tiene excesos mucho más notables, Bullrich lanza un supuesto operativo antipiquetes ligado al control social, se producen ataques a balazos en unidades básicas. Hace 10 días en Lanús en el marco de la interpelación al intendente por el tema Panamá Papers, la barra brava también agredió a un grupo de vecinos. Esto no es sólo de la comuna 4, también en Parque Avellaneda, en Villa del Parque, en Villa Crespo, hay que marcar estas cosas porque la sociedad tiene que estar al tanto”, mencionó el militante.Sobre los terrenos de Casa Amarilla, Nenna señaló que el actual presidente desarrolló, siendo jefe de Gobierno de la Ciudad, un mecanismo “donde los ponía a licitación pública a un club de la zona que los necesitara para actividades sociales y culturales y que ese club tenga en su escudo el color azul y amarillo. Básicamente era una licitación a medida ¿Qué otro club puede pagar 120 millones de pesos por ese predio? Solamente Boca Juniors. En este sentido es que la venta de Casa Amarilla está teniendo un amparo judicial”, explicó Nenna. El ex comunero aseguró que en la legislatura “estamos planteando algunas modificaciones a las leyes de la Corporación del sur y viendo cuáles son los mecanismos legales para poder defender. Yo nací en el barrio de la Boca, mi abuelo había puesto la pieda inicial de más de veinte planes de vivienda que nunca se concretaron. Todos los que vivimos en el barrio sabemos que ese espacio debe ser para viviendas nuestras”.Mientras tanto, La Boca Resiste y Propone, la coordinadora de vecinos y organizaciones políticas y sociales del barrio, emitió un comunicado donde convocan a una marcha que se realizará mañana, a dos semanas de los hechos: “La marcha será este miércoles 18 de mayo y comenzará a las 17 con una conferencia de prensa en la puerta de la sede Barracas de la Comuna 4, en Suárez 2032. Luego nos movilizaremos al barrio de La Boca”, indican. Además indican que “Cuando la demanda es la defensa del espacio público, el Gobierno de la Ciudad ve un negocio. Cuando los vecinos y organizaciones vemos un espacio de participación ciudadana, el Gobierno de la Ciudad ve enemigos”. Los hechos no dejan dudas: tienen razón.
Una patota atacó a un grupo de vecinos de La Boca en la sede de la Comuna 4. Estaban intentando debatir acerca de la apropiación legal de 3,5 hectáreas por parte del Club Boca Juniors para construir una nueva cancha al lado de la Bombonera, en un barrio con una delicada crisis de vivienda. Al respecto, en el Enredando Las Mañanas, charlamos con Luciano Caldarelli, integrante de la organización Boca es Pueblo, a la que pertenece uno de los heridos. (Por RNMA)Foto: Desde La Boca Resiste y Propone identifican a la persona con el arma blanca en su mano como Rodolfo CorzoEl miércoles, mientras se desarrollaba una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, en la que se trataba la venta de los terrenos del barrio La Boca al Club Atlético Boca Juniors, un grupo de patoteros atacó verbal y físicamente a las personas que se oponían a la transacción, dejando como saldo a dos jóvenes internados con heridas de arma blanca. Tanto Matías Scinica, de la Agrupación Boca Es Pueblo, que recibió una herida de arma blanca en el cuello, como Fernando Abal Medina, integrante de Descamisados, con un fuerte golpe en la cabeza, se encuentran fuera de peligro.Los terrenos de La Boca conocidos como “Casa Amarilla”, tras la compra por parte del Club, se convertirían en un mega estadio, lindero con la Bombonera.Luciano Caldarelli, integrante de la organización Boca es Pueblo, contó en el ELM de este jueves que cuando comenzó la reunión sorprendió que hubiera tanta gente: “habían convocado a bastante gente en apoyo de las autoridades”, aseguró en referencia a unas 300 personas que colmaban el lugar.“Ante cualquier esbozo o comentario de alguien por micrófono sobre los terrenos se recibían insultos y agresiones, como que no se llegó ni siquiera a plantear una discusión”, explicó Caldarelli, “fue todo muy caótico y la gente que estaba fue directamente para romper la reunión y dispuesta a todo”, tal es así que casi mata a dos personas.“Esto nos pasó a nosotros y a los Descamisados, pero le podría haber pasado a cualquiera que estaba ahí”, señaló el integrante de Boca es Pueblo: “esto no es como dijeron algunos medios, una disputa entre facciones de la barra; tampoco una disputa entre el Pro y la Cámpora” y dijo que “claramente era una patota mandada o pagada” porque “no era gente de la barra de boca ni gente que conozcamos” ya que solo “irrumpían cada vez que alguien decía algo contra el Pro”.Sobre Boca es Pueblo, el militante señaló que “no somos una agrupación reconocida oficialmente, porque el club exige avales bancarios millonarios para presentarse; tenemos actividad política en el barrio de La Boca y nos ocupamos de la política del Club Boca Juniors” y que se oponen a la venta de los terrenos de Casa Amarilla para la construcción de un estadio shopping.Caldarelli remarcó que “fue inconstitucional el traspaso de tierras, (el llamado a licitación) se hizo por decreto en el 2010 y no pasó por la legislatura”.Para La Boca Resiste y Propone, una multisectorial de la que forman parte diferentes grupos de vecinos, organizaciones sociales y políticas, “la intencionalidad fue que los vecinos tengan miedo y no se vuelvan a juntar”, con la finalidad que el negocio inmobiliario se concrete sin obstáculos.En la mañana del viernes, se realizó en la legislatura una conferencia de prensa en la que varios legisladores junto a La Boca Resiste y Propone, identificaron a la persona que apuñaló a Scinica como “Rodolfo Corzo, un conocido puntero del PRO en la zona”. ESCUCHAR O DESCARGAR AUDIO
Vecinos de la Villa 21-24, conocida como La Zavaleta del barrio de Barracas, comenzaron a organizarse para visibilizar la multiplicación de casos de dengue en la zona ante la inacción por parte del Estado. Dagna Aiva vive allí y motoriza el centro cultural Casa Usina del Sueño. En diálogo con Fernando Tebele y Eugenia Otero en el programa La Retaguardia, explicó que de 10 casas, 5 vecinos contrajeron la enfermedad. (Por La Retaguardia)“Hay muchísimos casos de dengue, tenemos 3 o 4 muertes, un bebé de meses, esto no sale en los medios, nadie dice nada, tampoco aparece nada en el área programática que corresponde al (Hospital) Penna, es como que todo se está tapando y la verdad es que cada vez hay más casos de dengue alrededor de cada vecino. Es algo preocupante porque el Estado no está tomando realmente la dimensión de lo que nos está pasando a muchos barrios, porque esto no pasa solo en la 21. El tema del dengue es bastante jodido, tenemos muchos casos, hay personas que se quedan en la cama, es terrible la situación que estamos pasando porque además las personas tienen que seguir trabajando y a veces no pueden hacer las tres consultas que se requieren para sacarse sangre, que se les dé de alta; además con la situación económica que estamos pasando la gente no se puede dar el lujo de faltar mucho al trabajo, piden reposo absoluto y no se puede cumplir, y la verdad que todo se torna muy complicado, muy desesperante para los vecinos. Estamos acorralados por todos lados”. Así describió Dagna Aiva la situación por la que está pasando su barrio en las últimas semanas. Aunque no se trata de datos oficiales, se habla de alrededor de 800 casos de dengue en la Villa 21-24, una cifra que va en permanente aumento ante la falta de prevención y respuestas por parte del gobierno de la Ciudad.A esto se suman otros elementos de la realidad que le agregan dramatismo al relato: “el miedo de quedarte sin trabajo… estamos viendo que todos los días hay un despido nuevo y nos toca muy de cerca, entonces lo poco que tenemos hay que cuidarlo, mantenerlo, y encima esta situación de emergencia que estamos pasando con el dengue, y a nadie le importa porque tampoco le podés decir al patrón que tenés dengue porque pareciera una enfermedad como la lepra, y como que hasta en las escuelas a los chicos los están discriminando, no hay mucha información de este tema tampoco. Pasan a fumigar de vez en cuando, pero uno ni siquiera sabe si realmente lo que están tirando sirve porque no hay nada organizado desde el Estado y los organismos que tienen competencia en esto, no vemos nada”.Esta realidad llevó a los vecinos a organizarse; pocas horas antes de la charla con La Retaguardia habían realizado una radio abierta y una movilización hasta la intersección de Iriarte y Vélez Sarsfield, bajo el lema “El responsable no es el mosquito, es el Estado”: “también acompañamos a los docentes de la Escuela 9, donde murió una maestra de dengue hace tres semanas. Tuvimos el acompañamiento de muchos, pero el común de los vecinos no está tomando dimensión de esto, porque estamos invisibilizados totalmente; no solo en esto… ahora hablamos de dengue pero realmente esto siempre fue así. Con esta enfermedad es peor y no tenemos otra que salir a la calle”.En este sentido, Aiva explicó que ante la ausencia del Estado los vecinos tomaron la posta para concientizarse: “si nosotros no salimos a la calle no vamos a tener resultado de nada porque sinceramente, por ahí es extremo lo que voy a decir, pero es como que está bueno que se sigan muriendo pobres, hay como una conciencia así desde arriba, entonces acá no hay nada, faltan un montón de cosas, desde insumos en los centros de salud que no dan abasto ya, y no hay respuesta de nada, pero no es solo de ahora, esto viene de hace rato. Y más con este tema, están superpoblados los centros de salud, hay unos camiones que tampoco dan abasto, nos enteramos también que los profesionales que vienen en los camiones hace tres meses que no les pagan, y hay camiones parados con todos los elementos, los equipos técnicos para todos los servicios médicos y también están parados, no se abren. Este es un caso de emergencia y deberían estar funcionando todos estos camiones que están por distintos puntos de la ciudad, esto es terrible también, tendrían que estar funcionando todos”. Villa en emergenciaAiva explicó que lo que están viviendo en la Villa 21-24 es una emergencia: “pero nadie dice nada, no se hace público, el área programática tampoco se hace cargo de esta situación, es como que ellos no quieren dar una alerta porque es como generar algo que no es cierto. No sé cómo lo están pensando pero la cuestión es que nosotros acá tenemos de diez casas, seguro 5 vecinos tuvieron dengue. Esto no es una pavada, es algo grave. La situación es cada vez más cercana, entonces decimos que algo tenemos que hacer y somos los vecinos los que tenemos que hacerlo porque otra no nos queda”.De todos modos, Aiva advirtió que el vecino común no está organizado: “no participa mucho; el que va a trabajar de la mañana a la noche está totalmente desinformado y por ahí hasta descree de la situación que pasa un enfermo de dengue. Es muy jodido y doloroso ver a una persona tirada en la cama y no poder hacer nada. El descacharrado se hizo muy pocas veces, el tema es que las villas están superpobladas y hay mucha gente sola, hay personas que tienen un montón de cosas, que tienen basura dentro de sus casas, son personas que sufren de acumulamiento y tampoco van organismos del Estado que tendrían que ocuparse, sí van organizaciones, cooperativistas que juntan basura, pero como el vecino tiene esta enfermedad vuelve a generarla. En la Manzana 13 que es