Wichí
Tenía 27 años y sufría un retraso madurativo. El joven formoseño estuvo una semana desaparecido hasta que la policía lo halló en un lugar cercano a la ruta. La familia de Torres asegura haber rastrillado varias veces ese lugar. Agustín Santillán, referente wichi en Ingeniero Juárez, en diálogo con el programa radial La Retaguardia brindó más detalles del caso, y también repasó la situación general que se vive en las comunidades originarias de Formosa. Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero Redacción: Nicolás RosalesEdición: Fernando TebeleFoto: Archivo María Eugenia Otero / La Retaguardia Tras una búsqueda desesperada, Sergio Onofre Torres fue hallado sin vida. Sergio solía recoger botellas plásticas para reciclar o hacer hielo. Testigos afirman que se lo vio por última vez cuando lo subieron a un patrullero policial. Su familia y otros referentes wichi denuncian a la policía de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa. Desde allí, Agustín Santillán expresó: “Nos llamó una señora diciendo que su hijo se había ausentado de su casa, y que no volvió. El chico siempre andaba por el centro buscando botellas de gaseosa, siempre iba a lugares que lo conocían, como la confitería o la sandwichería donde le daban”. No regresaba y “su madre se empezó a preocupar, y al pasar una noche, ella fue a la comisaría a hacer la denuncia de que estaba desaparecido. Ya le había pasado otras veces que se ausentaba, pero la policía lo encontraba y lo llevaba para su casa. La madre le mostró a la policía el documento de Sergio y enseguida lo reconocieron. Uno de los policías se rió, y según los testigos, es quien lo alzó al chico”, dijo en referencia a que ese uniformado lo habría detenido. Mal accionar policial Pasó mucho tiempo de eso, y en ese “después” Santillán agregó: “Según la policía, encontraron el cuerpo de Torres cerca de un árbol sobre la Ruta Nacional 81. Lo raro es que hace una semana atrás la familia había estado rastrillando la zona, no es que estaba en el medio del monte. Nosotros habíamos estado acampando por ahí, esperando a unos hermanos. También habían estaban buscando; ellos, nosotros, conocemos el campo. No encontramos nada. El cuerpo apareció a la semana, pero lo que más bronca da es que la policía no le avisó a la familia para reconocerlo, solo alzó al chico y lo llevaron a la morgue del hospital. Su cuerpo no tenía olor, y que acá por el calor que hace, es muy raro que no lo tenga, ya que supuestamente, y según el médico forense, estuvo ahí por 72 horas”. Según Santillán, la policía dijo que el joven murió por asfixia. “No tenía signos de golpes. No tenía heridas, los familiares no pudieron verlo bien, porque después taparon el cajón”, denunció. Una historia de siempre El olvido y destrato hacia las comunidades originarias por parte del Estado nacional y en este caso también el provincial, con el gobernador Gildo Insfrán que gobierna desde 1995, no es de ahora, es de siempre. “Acá la gente se preocupa por el día a día. Qué vamos a comer mañana, qué le vamos a dar de comer a las chicas, o si vamos a tener agua. Si la compramos o preferimos comer”, describió. “Los ladrilleros dicen: no sé si compramos viruta, leña, o comida. Algunos tienen muchos chicos y prefieren comprar mercadería o zapatillas para los chicos que van a la escuela. Eso es lo triste que pasa acá en Ingeniero Juárez. Hay mucha sequía, hace mucho que no llueve. Nosotros siempre queremos hablar, pero no nos dejan espacios en los medios de comunicación”, continuó. Por último, se refirió a cómo les afecta la inflación en la compra de los alimentos. Todo este panorama agravado por la sequía. Con el agua, las cosas serían muy distintas. También denunció al gobierno por proveer agua con camiones cisternas, no siempre de manera gratuita. El agua no llega correctamente a los barrios más humildes. Agustín Santillán, a través de su cuenta personal de la red social Facebook, mostró las movilizaciones que se viene dando en Ingeniero Juárez exigiendo justicia por la confusa muerte de Sergio Onofre Torres.
La provincia que mejores números mostró durante toda la pandemia es la que gobierna Gildo Insfrán desde 1995. En diciembre los contagios se dispararon y el racismo señaló a las comunidades originarias como responsables. El rol de la policía. Los centros de aislamiento que retienen a las personas con resultados negativos. Las críticas de la oposición más reaccionaria reclamando por “los derechos humanos” y la visita del Secretario de DD.HH. de la Nación, Horacio Pietragalla Corti que terminó en apoyo al Gobierno provincial. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele 💻 Textuales: Julián Bouvier/Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/María Eugenia Otero/Diego Adur “Señora, usted dio negativo pero tendrá que ir a un centro de aislamiento porque estuvo en contacto con una persona que dio positivo”, le dijo un oficial de la Policía de Formosa a Dionisia López. El reloj marcaba el mediodía del lunes 11 de enero. Se desesperó. Ya había pasado una hora desde que se acercó a la guardia del hospital para que la hisoparan porque había compartido un rato con una persona positiva de Covid-19. Tuvo que dejar a su niño de 10 años esperando afuera, bajo la sombra de un árbol, con su teléfono celular. Ella no podía salir, él no podía entrar, no tenían forma de comunicarse. Media hora atrás, una médica le anunció que si el resultado era negativo se iría para su casa a cumplir un aislamiento preventivo. No fue así. Al menos consiguió a los gritos que dejaran ingresar a su hijo, quien le contó llorando que le hicieron “un montón de preguntas” durante la espera. Recién a las 23 la llevaron a una escuela donde permaneció aislada durante 15 días. Las imágenes que tiene de las primeras horas en la escuela no son las mejores. Se recuerda temblando, apenas un poco más tranquila cuando su esposo le pudo llevar ropa limpia: “La pasé mal. El baño era un asco. Nos turnábamos para limpiar, pero el olor a cloaca era muy fuerte”. Durante varios días el nene durmió lejos de su madre. La comida no tenía sabor: “Seguramente los policías les dicen que no le pongan sal para que nos digan que estamos enfermos”, le dijo su niño percibiendo desde temprano las distancias entre buenos y malos. El 18 de enero la volvieron a hisopar. También a su hijo. Ambos dieron negativo. Cuando preguntó le dijeron que debía quedarse 15 días más porque “una chica dio positivo”. Finalmente, este miércoles 26, después de otro resultado negativo, le entregaron un papel que le permitió volver a su casa. El alta no llegó en manos de un médico sino de un policía. Todo un símbolo. En el oeste está el agite La historia de Dionisia es una entre tantas. La Retaguardia pudo acceder a por lo menos una docena de testimonios más o menos similares, con contrastes, pero con inexplicables padecimientos en los centros de aislamiento. No tuvimos que indagar, las denuncias se sucedían una tras otra. Este relato de la ciudad de Formosa se torna más oscuro y represivo cuanto más al oeste de la provincia ocurra. En los departamentos Ramón Lista, que limita con Salta; y Matacos, con Salta y Chaco como vecinas, la situación se complejiza de manera notoria. “La pandemia llegó a Formosa después de tanto tiempo —explica Juan Rosasco, cura pasionista que está desde hace 6 años en Ingeniero Juárez, la ciudad cabecera de Matacos—. Acá tuvimos los primeros casos a fin del año pasado. Y el Gobierno aplicó su política, que son los Centros de Alojamiento Preventivo, donde se aísla a las personas, a los contactos estrechos, y a todos los que son positivos se los interna en lo que son los centros de salud, donde se los atiende. Es una situación que estalló”, asegura. “Esta forma generó y sigue generando mucho malestar, porque la gente es llevada a estos centros y no la pasan bien. Algunas imágenes de lo que pasa en Formosa capital trascendieron pero imagínate eso en una escuela que no está preparada para ser un lugar de alojamiento, como tampoco el Estadio del Cincuentenario. En cada aula hay cuatro, cinco camas. Los baños son todos compartidos por los 30, 40, 50 que estén en cada uno de estos centros. Entonces terminan siendo lugares donde todos están asustados, porque se van contagiando”. En ese punto coinciden casi todos los testimonios: muchas personas que ingresaron como sospechadas de haberse contagiado y permanecieron allí aún con resultados negativos en los análisis, finalmente terminaron contrayendo el virus por haber estado en contacto en los centros de aislamiento con personas que ya ingresaron como positivas de Covid-19: “La Organización Mundial de la Salud lo dice muy claro: son recomendables los lugares de cuarentena pero acotados en el tiempo, porque sino se promueven los contagios. Esto la provincia no lo escucha”, se indigna Rosasco. Aislados a 500 kilómetros de casa Más que aislamientos, algunos casos de personas pertenecientes a comunidades Wichí, Qom, Nivaclé y Pilagá (las cuatro etnias que habitan la provincia) parecen detenciones. No se explica de otro modo que hayan sido encerradas en centros de aislamiento de la ciudad capital de la provincia a unos 500 kilómetros de distancia. Como si a una persona de la localidad bonaerense de Avellaneda la llevaran a aislarse a la ciudad costera de Miramar. No podría suceder eso en Buenos Aires pero sí en Formosa, básicamente porque con las comunidades originarias no alineadas políticamente con el gobernador Gildo Insfrán, puede pasar cualquier cosa. Alejandra Carrizo es psicóloga. Vive en Formosa capital, donde ejerce en el sistema público de salud. Integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local y también la regional de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos. Corrobora las denuncias de atropellos varios: “Los traslados forzosos y la fragmentación de los grupos familiares profundizan la angustia por la ausencia de información a las familias, lo que ha generado muchísimo malestar y fricción a las personas”. Carrizo está en un centro para residentes que regresaron desde otras provincias, y
Mara Puntano, abogada y periodista cofundadora de la agencia COPENOA, dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia durante la cuarentena. Puntano se refirió a la situación de la población wichí en Salta, sin recursos para cumplir con los pedidos del gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Rodrigo Caballero/La Garganta PoderosaEn plena pandemia de coronavirus, en nuestro país se vive la cuarentena de formas muy diferentes. La realidad de los pequeños pueblos no es igual a las de las grandes ciudades; el aislamiento social obligatorio también se vive de otra manera en las poblaciones con situaciones de vulnerabilidad. De todas formas, el Estado le exige a todas las personas por igual: quedate en tu casa, lavate las manos, tosé en el pliegue del codo. La abogada y periodista Mara Puntano contó cómo vive esta situación la población wichí en Salta: “Una cosa es que ese mensaje lo escuche la gente que tiene naturalizado que el agua potable es de tenencia obligatoria, y que es simplemente abrir una canilla. La higiene como un deber. Y otra cosa es cuando no se tiene agua potable. Y encima la poca agua que hay es la recogida en un bidón de glifosato. Y no porque los pueblos originarios elijan eso, sino porque el Estado los condena a eso. Que el Ministerio de Salud les diga que se laven las manos es una burla, con que se las van a lavar si no hay agua. Y si se fijan en el mapa, hay ríos poderosos que rodean al pueblo wichí, como el Bermejo y el Pilcomayo. Sobra agua, pero es utilizada para otros fines, para actividades industriales a las que el gobierno exime de impuestos y que contaminan esas aguas. Entonces, la pandemia sigue siendo el hambre, la sed, la falta de recursos y el abandono total de las obligaciones por parte de del Estado para con los pueblos originarios”. La desidia del Estado en ese territorio es anterior a la llegada del COVID-19 al país: “Se sabe que de lo que va del año, ya son 18 los niños muertos en Salta. Mueren de sed y de hambre por las sucesivas políticas aplicadas por el gobierno en la provincia contra los pueblos originarios. Esto es un genocidio”, denunció la periodista. Negación a los pueblos originarios “La situación en la provincia de Salta sigue siendo terrible para los pueblos originarios, especialmente para el pueblo wichí. 18 muertos es una cifra gigante para la Argentina y para una región rica en todos los recursos, con agua. En realidad los pueblos originarios no existen en la historia oficial de Salta. No se estudia su cosmovisión, tampoco su cultura, por lo tanto es totalmente lógico lo que está pasando. Lo que hace la pandemia del coronavirus es simplemente tapar la situación de los pueblos originarios que sigue siendo un drama. Día a día, los niños entran en un estado de desnutrición extrema”, expresó. Al referirse a la promesa de ayuda de funcionarios y funcionarias estatales y de algunas figuras públicas, Puntano dijo: “Es una foto. Por ejemplo, máquinas perforadoras que llegaron a Santa Victoria Este, con una comitiva de funcionarios que llegan en helicópteros y que están horas, como con (Marcelo) Tinelli, para estar todos en la foto”.Por último, la periodista mencionó el estado de situación de las salitas de salud de las comunidades: “algunas comunidades las tienen, las hizo el gobierno de la provincia. Allí se ha puesto un cartel con indicaciones sobre el coronavirus, pero hacen faltan enfermeros, médicos y agentes sanitarios”.
Mara Puntano, periodista y abogada salteña, contó cómo es la vida de las comunidades wichí en Salta. Las peripecias para tener agua para beber y al abandono estatal que sufren hace tiempo. Puntano habló de genocidio, comparó la situación con la invasión colonizadora y se refirió a la corrupción política. Al momento de la publicación de esta nota, se conoció la muerte de Ayelén Torres, la novena niña wichí que murió en poco tiempo. Era oriunda de Santa María. El hospital más cercano queda a 22 kilómetros. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero✍ Texto 👉 Nicolás Rosales💻 Edición 👉 Fernando Tebele📷 Foto de Portada 👉 Tres niñas wichí sonríen, a pesar de todo. La del medio tiene una malformación atribuible al uso indiscriminado de agrotóxicos en la zona: nació con un solo brazo. (Rodrigo Caballero/La Garganta Poderosa) Mueren niños y niñas por desnutrición en Salta, titularon los medios tradicionales de comunicación. La abogada y periodista Mara Puntano en esta extensa charla, fue más a fondo para entender la realidad de un problema que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero que necesita soluciones urgentes, que parecen no estar llegando, más allá de algunos anuncios realizados por el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, e incluso algunos empresarios como Marcelo Tinelli, que prometió realizar pozos para extracción de agua, uno de los problemas esenciales de las comunidades. —La Retaguardia: Lo que pasó ya lo sabemos, pero me gustaría escuchar una primera reflexión tuya y cómo ves que lo vive el resto de la sociedad.—Mara Puntano: Lo que está pasando es la manifestación de la perversidad de un sistema. Lamentablemente Salta tiene una historia en donde sigue siendo como hace 500 años con la conquista. A partir de ahí se comienza con el plan de extinción de las poblaciones indígenas, y las mismas lamentablemente han buscado las formas de resistencia. Digo esto, porque no han podido en 500 años acabar con ellas. Hay una diversidad. Salta es la provincia argentina con más diversidad etnológica: hay 14 etnias diferentes, formas de hablar, de manifestarse, de luchar. Diferentes silencios y diferentes estrategias para sobrevivir. Evidentemente, este sistema y esta conquista no ha terminado, y Salta sigue siendo una familia feudal en donde esas familias que vinieron de España con la espada y con la cruz siguen gobernando y están en absolutamente todos los lugares de poder. Es por eso que se produce este genocidio específicamente contra alguna de las etnias que son más pacíficas, esa es la característica del pueblo wichí. —LR: Para quienes no conocen la situación allí en el territorio wichí el desmonte ha avanzado de manera desmedida, como en todo el país, y eso les ha cambiado el modo de vida también. —MP: Sí, el pueblo wichí naturalmente es nómade, se traslada y vive de la naturaleza, de la Madre tierra, de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos. Entonces, estas políticas que aplican estos gobiernos corruptos —nacional y provincial— entregando, saqueando, terminan expulsando a las comunidades de sus territorios ancestrales, porque hay que decir que el pueblo wichí tiene más de mil comunidades. Muy pocas de ellas tiene personería jurídica, la mayoría no, y son así, la característica es ser nómade. Se trasladan de acuerdo adonde hay alimento, pero con esto han sido cercados por campos de soja en donde se han desmontado todos sus árboles, fundamentalmente ell algarrobo, que es un alimento que da mucha saciedad y tiene muchas propiedades para nutrir a los niños y los grandes. Su madera sirve para hacer artesanías, muebles, el pueblo wichí es un trabajador excelente de la madera. También con el monocultivo de la soja se les quitó la posibilidad de comer de sus árboles y de trabajar de su madera. Además, los persigue la policía fluvial cuando van a pescar, o sea los echan de sus ríos. Los wichí se manejan entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, parte del límite con Bolivia. Precisamente en esa zona están cercados por los empresarios sojeros y petroleros que aplican el fracking y contaminan las aguas. Aparte, en las empresas petroleras hay cuerpos parapoliciales y en cualquier protesta es criminalizado el aborigen que muchas veces no hablan castellano y por lo tanto no tienen ni acceso a comunicarse en la justicia. Quedan presos sin causa alguna. Tampoco tienen acceso a la salud pública las mujeres, porque a pesar de que tiene que haber leyes que interpreten, no hay un programa que se implemente adonde haya un intérprete bilingüe tanto en la justicia, la educación y la salud. No se cumple con la legislación. Esto provoca hambre, y la muerte de los más vulnerables. Por eso decimos que es un etnocidio, un genocidio, y no es de ahora. Salta es tan feudal, que la mayor parte de la población naturaliza estas cosas, a tal punto que en la Cámara de diputados se aprobó, a libro cerrado y en tratamiento exprés, un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo a través del Gobernador (Gustavo) Sáenz. En vez de llamar y abrir las sesiones legislativas para declarar la emergencia socioalimentaria para ayudar a las comunidades indígenas, se presentó un proyecto de elevar el número de miembros de de la Corte de Justicia, precisamente para poner a medida en estos cargos al hermano del ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, que es Rodolfo, legislador nacional, quien estaba a cargo del fondo de reparación histórica. Es decir, quien era el responsable de hacer las obras de agua potable para las comunidades que no se hicieron. Y también decimos que ese proyecto es para garantizar la responsabilidad de los responsables de este genocidio, que son: Urtubey, quien recibió millones de parte de la Nación para terminar con la desnutrición y no lo hizo porque siguen pasando todas estas muertes. Hay 32 niñitos internados, pero hay más de 2000 niños en grave riesgo de muerte y este fondo de reparación histórica en manos del hermano, que ahora va a ser
Su nombre era Silverio Enriquez y formaba parte activamente del Consejo de Recuperación Territorial que nuclea a comunidades Qom y Wichi de la provincia de Chaco. Por medio de asambleas y en grupos organizados, los originarios recuperan paulatinamente los territorios que ancestramente -y por ley- les pertenecen, y que fueron ilegítimamente loteados y vendidos desde la dictadura hasta hoy. Aún no se conoce la causa de la muerte de Enriquez. En el programa La Retaguardia, Michel Verde, colaborador del Consejo de Recuperación Territorial en El Impenetrable Chaqueño, dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero sobre la situación de las comunidades y la muerte de Silverio. Casos como este interpelan a una sociedad que ve a quienes pertenecen a pueblos originarios como ciudadanos de tercera. (Por La Retaguardia) Una muerte que hace (poco) ruido “Silverio participaba de las recuperaciones territoriales, que es un proceso que se viene dando ya hace tres meses en las afueras de lo que es el pueblo Miraflores, en la provincia de Chaco. Él era un miembro que participaba de las asambleas y salía a recorrer las distintas tomas por el tema de seguridad. El 12, haciendo una de esas recorridas, se lo vio por última vez. Desde ese día no se supo más nada. Se hizo la denuncia y durante esta última semana se hicieron rastrillajes por parte de los hermanos, la Policía provincial, con ayuda de Gendarmería y perros. Hoy a las diez y media (por el miércoles 19), uno de los hermanos encontró su cuerpo haciendo una recorrida. Sería irresponsable de parte nuestra decir que lo mataron”, aclaró Verde en ese momento. “Sí podemos dejar en claro, y es algo que veníamos denunciando en los comunicados, que con el paso del tiempo y el fortalecimiento de este proceso de recuperación territorial la tensión ha ido creciendo por parte de los supuestos dueños de los campos. Pero no podríamos decir aún si hay algún culpable o responsable”, explicó. El proceso de recuperación de tierras de las comunidades “El Consejo de Recuperación Territorial es donde se nuclean las distintas comisiones de recuperación de hermanos qom y wichí. Son los hermanos que se organizan y deciden entrar a un campo privado para recuperarlo porque ancestralmente y hasta por ley les pertenece: está declarado como reserva indígena. En 1930 se firmó con el gobierno nacional y se reconocieron 10 mil hectáreas como reserva indígena. A partir de lo que fue la última dictadura esas tierras se empezaron a vender a terceros y ahí comenzó este negocio, como pasó en todos lados con la venta de tierras que son declaradas comunitarias. Se viene reclamando hace décadas y este año, a principios de mayo, se decidió un grupo de hermanos a hacer la primera recuperación”, contó Verde. “Recuperaron el campo y luego de tres meses la justicia reconoció que 450 hectáreas habían sido compradas de manera ilegítima y pasó a ser territorio comunitario. Ese fue el primer caso; en las últimas semanas fue creciendo y hoy se están ocupando 33 lotes y hay cerca de 20 comisiones organizadas en distintos lotes y parajes. Es un crecimiento que se dio de manera horizontal, sin banderas políticas, sin referentes. Los hermanos se organizan y deciden entrar. El Consejo se creó como brazo para articular en caso de necesitar apoyo o asesoramiento jurídico”, explicó sobre su forma de organizarse.“En cuanto a los integrantes del Consejo, cada uno es libre de hacer lo que le parece, la condición es que el Consejo es un movimiento por fuera de toda lógica partidaria. La única bandera que se levanta es la de la recuperación territorial y la reivindicación de los derechos como originarios. Siempre que se acepten esas condiciones, cualquiera puede participar, no importa la filiación política o ideología que tenga”, aseguró.Por último, contó: “Silverio era un hermano wichí, le daba mucha importancia al silencio de la escucha. Es un carácter muy común de los pueblos originarios. Quienes están acompañando este proceso del Consejo son muy pocos los que buscan rédito personal, sino más bien algo colectivo y comunitario, lejos de la lógica de las banderas políticas. Hay algunos hermanos que sí tienen su participación pero el proceso del Consejo en la mayoría de los lotes fue algo horizontal y sin ningún tipo de bajada de línea”. DESCARGAR
No sabemos por donde empezar. Si por la historia del pibe de 19 años baleado en el ojo por la policía y que apenas puede levantarse de su cama; por las condiciones de vida precarias en la que viven las comunidades wichí de Ingeniero Juárez; o si quizá sea mejor comenzar por la angustia con la que nos fuimos de Juarez luego de lo que vimos y por no saber qué hacer para aportar a modificar esa realidad triste. (Por María Eugenia Otero y Fernando Tebele por La Retaguardia) Fotos: María Eugenia OteroNo sabemos si para comenzar esta serie de notas deberíamos narrar la necesidad de hablar que tienen, que se tradujo en filas de personas esperando para que registráramos sus testimonios en cada barrio al que fuimos, casi como si fuéramos una campaña de vacunación, que seguramente también haría falta; tal vez sería conveniente volver a contar en detalles cómo es andar por todos lados con la policía rondándonos todo el tiempo para ver dónde íbamos y con quién hablábamos, pero no queremos tampoco que esa situación sepulte lo más importante: cómo viven las personas que sobreviven allí. Entonces volvemos a pensar si no conviene arrancar por el agua turbia que tomaban los niños y niñas para paliar lo que para nosotras era calor, y para ellos un invierno aliviador; o por la bronca que sentimos cuando confirmamos lo que ya sabíamos: que el juez Marcelo López Picabea, que debía estar de feria pero decidió subrogarse a sí mismo, ni siquiera respondió al pedido formal que hizo el abogado Daniel Cabrera para que pudiéramos ver a Agustín Santillán, que expresaba allí su voluntad por atendernos. No tiene ese derecho, uno más de todos los que le vulneran cada día que pasa en prisión, en su celda en la que ahora tiene el privilegio de contar con un baño, y ya no tener que juntar la mierda y la orina en un balde, como hasta hace unas semanas. No nos da el alma para narrar la mirada de esa mujer a la que se le murió su hija por una enfermedad evitable, como casi todo lo malo que ocurre en las comunidades; o por la indignación que da ver cómo el cementerio ancestral está alambrado, porque tiene “dueño”, y si se te muere un bebé, que quizá no tenga DNI, lo tengas que enterrar en el fondo de tu casa porque en el cementerio municipal es un nadie.Nos dan ganas de iniciar cualquier relato de nuestra corta pero inolvidable estadía en Formosa con el cariño, las empanadas y el dulce de naranjas agrias con que nos recibieron las compañeras y compañeros de la APDH; o por la preocupación constante que nos demostraron cada una de las hermanas y hermanos wichí, conociendo el peligro que implicaba pretender contar lo que vimos. O con las hermosas artesanías que no nos dejaban comprarles porque nos las querían regalar. Podríamos empezar sonriendo por el recuerdo de las mujeres riendo como niñas cuando le pusieron a uno de nosotros el apodo de Polé, mientras nos explicaban que en su lengua quiere decir pelado.Como no sabemos por dónde comenzar la serie de notas que iremos publicando, les dejamos la carta que nos envió Santillán cuando supo que ya no podríamos charlar cara a cara. Carta de Agustín Santillán Hola amigos y hermanos. Les escribo esta carta desde la Alcaidía mixta de Las Lomitas por cumplir en esta fecha 3 meses de mi detención, solo pido a la gente que siempre están atentos a mi situación que me sigan ayudando en la difusión. Solo pido mi libertad me acusan de cosas que no hice. El gobierno de Formosa me mete preso porque para ellos soy una amenaza. Al tenerme encerrado ya hacen lo que ellos quieren con las comunidades. Al que pide o reclama le dicen calmate o calla o te vamos a meter preso. Pido mi libertad porque si me pasa algo, Gildo y todos sus funcionarios son culpables. 3 meses cumple la guerra santa wichí y la policía de Gildo Insfrán. No como dicen los medios oficiales aborígenes contra criollos. Es la guerra santa wichí con policías de Gildo Insfrán. Atte. Agustín Santillán DNI 29011687
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