américo balbuena

El grupo de inteligencia al que pertenecía el espía Américo Balbuena se regía por las mismas normas de actuación de Coordinación Federal, símbolo de la represión dictatorial desde 1958. Balbuena y sus dos jefes fueron condenados a dos años de prisión “en suspenso”, más cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haberse infiltrado por más de diez años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Bernardino Ávila El fallo ordenó que otro juzgado, las comisiones del Congreso que controlan a los organismos de inteligencia y hasta la Policía Federal, revisen la constitucionalidad de esas normas dictatoriales todavía vigentes.La diputada Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda, dijo: “Si bien sabíamos que la condena iba a ser menor por el monto de la pena, se cumplió el objetivo de exponer que estos cuerpos de espionaje político y de la protesta social existen en la Argentina”.Agregó que “muchos fueron creados en dictadura, pero siguieron funcionando en gobiernos constitucionales y no son ‘cuentapropistas’, son cuerpos orgánicos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.Balbuena, con la cabeza gacha como en todo el juicio, escuchó la sentencia que lo condenó junto con sus jefes, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez. Si bien el monto de la pena es irrisorio, lo central es que el fallo del juez Daniel Rafecas ordenó a otro juez, al Congreso Nacional y a la Policía Federal a indagar sobre la legalidad de las normas impuestas por sucesivas dictaduras que rigen el funcionamiento del grupo de inteligencia en el que estaban los tres condenados.Lo que debe investigarse de ahora en más, es la constitucionalidad de tres decretos y una ley que datan de 1958, 1963 y 1967, normas que fueron establecidas por gobiernos dictatoriales. Los decretos y la ley regían el funcionamiento de Coordinación Federal, una dependencia de la Policía Federal sinónimo de persecución política y crímenes de lesa humanidad, desde el año 1958.En la pequeña Sala B de planta baja, en los Tribunales de Comodoro Py, se escucharon aplausos por el fallo y la eterna consigna “como a los nazis, les va a pasar, adónde vayan los iremos a buscar”. Esa fue la despedida que recibieron los condenados y sus defensores cuando se retiraban del recinto. La condena es por “violación a los deberes de funcionario público” y dos años de prisión “en suspenso”, sin aplicación práctica, es la pena máxima que contempla el Código Penal.Luego de escuchar las réplicas de la querella y la Fiscalía al alegato de las defensas, y la contrarréplica de los defensores, el juez Daniel Rafecas, acompañado por la secretaria del Tribunal Federal 6, Paula Sanz, leyó el veredicto condenatorio. Los fundamentos se darán a conocer el miércoles próximo, a partir de las 14.Rafecas rechazó las nulidades planteadas por las defensas, sobre supuestas irregularidades en el requerimiento de elevación a juicio y la prescripción de la acción penal por “violación a la garantía del plazo razonable”.También se desechó “in limine” la recusación presentada por los abogados Bárbara Barret y Hernán Carluccio, defensores de Ustares, y se desestimó el planteo de nulidad del allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el domicilio del imputado Balbuena.Los puntos fuertes del fallo son los siguientes: *Remitir los testimonios de la sentencia a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. *Remitirlos también a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional. *A los legisladores se hará el traslado de la sentencia condenatoria para que “evalúen la compatibilidad del funcionamiento del grupo en el que actuaban los imputados con el plexo normativo constitucional”. Deberán analizar los decretos “secretos y reservados” 2075/1958, y sus modificaciones por medio de los decretos 9021/1963 y 2022/1967, y por la Ley 17.488 de 1967. *Se remitirán las actuaciones al juez de instrucción de turno y al Departamento de Investigaciones Administrativas de la Policía Federal para que se investigue la legalidad de las normas con las que se rige el grupo de inteligencia al que pertenecían los condenados. Los decretos y la ley mencionados en el fallo, son las que establecieron desde 1958 las normas “secretas y reservadas” de actuación del “cuerpo de auxiliares de Coordinación Federal”. Desde esos años, esa dependencia de la Policía Federal ejerció la persecución política, la represión y fue responsable de crímenes de lesa humanidad ocurridos desde entonces en la Argentina.El decreto 2075 data del 25 de febrero de 1958 y fue una de las medidas finales que tomó la dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu.Aunque este dato no es mencionado en el fallo, se puede agregar que el presidente constitucional Arturo Frondizi, quien asumió el 1 de mayo de 1958, además de mantener vigente ese decreto de la dictadura, aprobó y ejecutó el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado). El plan prohibía las manifestaciones públicas y las huelgas. Los infractores eran juzgados por Tribunales Militares.El decreto 2075 fue modificado por el 9021, del 9 de octubre de 1963, bajo la presidencia de José María Guido, quien había asumido en marzo de 1962, luego del derrocamiento de Arturo Frondizi.El decreto 9021 de 1963, fue promulgado tres días antes de la asunción como presidente de Arturo Illia. Para los miembros de Coordinación Federal se establecían medidas de “carácter profesional por medio de capacitación, estabilidad y jerarquización” para reforzar “el elevado nivel de eficiencia y prestigio alcanzados por servicios similares” de inteligencia.Se establecía que el cargo en ese cuerpo no era incompatible “con otro empleo en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o privado”.Se aclaraba que “el personal del cuerpo de Informaciones estará obligado a guardar absoluta reserva de su situación de revista” y de “todo aquello que hubiere visto o conocido a través de la función, incluso cuando deje de pertenecer al cuerpo”.En caso de violar tal disposición, el responsable incurriría “en el delito de violación de secretos, previsto en el Código Penal”. Los aspirantes a ingresar debían tener entre 22 y 30 años, además de “antecedentes morales y de conducta

Lo dijo el exfiscal Jorge Alvarez Berlanda, quien representa a Américo Balbuena, infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y a otro de los imputados, el comisario Alejando Sánchez.  Alvarez Berlanda sostuvo que el falso reportero “trabajaba con su ética periodística en un lado, y con su ética policial en otro, y los caminos no se cruzaban”.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Bernardino Ávila Es absurdo decir, y mucho más pensar seriamente, que es lo mismo ser periodista en una agencia que expresaba a los sectores populares —reprimidos a diario por la policía—, y al mismo tiempo ser miembro de esa fuerza de seguridad.    Alvarez Berlanda remató sus afirmaciones con otra frase para la antología del ridículo: “El periodista y el agente secreto trabajan con la misma materia prima, la información”. Cómo comparar la labor de los verdaderos periodistas de la Walsh que rescataban y reivindicaban las luchas de las organizaciones populares, con la labor secreta e ilegal de un espía que reunía información con vistas a futuras persecuciones y represiones de esos mismos sectores.  Los largos alegatos de los defensores provocaron la postergación, hasta el viernes, del veredicto del juez Daniel Rafecas. Pasado mañana se reanudará la audiencia a las 14.30. En primer lugar se escucharán las réplicas de la querella y la Fiscalía a lo expuesto por los defensores, luego los imputados podrán decir sus últimas palabras y se conocería el veredicto, si es que la sesión no se prolonga demasiado, como ocurrió el martes. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el martes de la semana próxima.  En su alegato, el defensor Alvarez Berlanda sostuvo que el espía “no tenía una dedicación exclusiva” a la agencia Walsh, como surge de los dichos de más de diez testigos que señalaron en forma coincidente que Balbuena era “el primero en llegar y el último en irse” de las coberturas de los actos. “El transitaba todos los carriles al mismo tiempo”, recalcó el defensor, como si su representado fuera una especie de superhéroe incansable.  Los defensores, en su alegato final, insinuaron en forma coincidente que el propósito central de la querella es “atacar a la institución policial” porque según ellos en el proceso “no se ha logrado probar ningún delito”.  Esos fueron los ejes centrales de los argumentos expuestos para rebatir la acusación que pesa sobre Balbuena, Sánchez y el comisario Adolfo Ustares, acusados de “abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.  Balbuena estuvo infiltrado en la agencia Walsh desde 2002 hasta el 2013, enviado allí por sus sucesivos jefes, imputados como él por violación a las normas establecidas por la Ley de Inteligencia. La causa fue iniciada hace una década por la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, junto con los abogados querellantes Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).  Como si lo hecho por Balbuena hubiera sido un simple trabajo periodístico y no una infiltración de un agente de la División Análisis de Seguridad de la Federal, el exfiscal Alvarez Berlanda dijo en forma enfática que “la información no es mala palabra, todos sacamos información”.  El defensor insistió, una vez más, en que Balbuena cumplía “tareas administrativas” y que no era una figura principal dentro del esquema del grupo de inteligencia.  Alvarez Berlanda aseguró que Balbuena llegó a la Jefatura de Sección en la División Análisis por una cuestión de escalafón y no porque haya tenido un mérito especial por su trabajo de espía en la Walsh.   Alvarez Berlanda volvió a repetir lo escuchado decenas de veces en la audiencia: “No tenía personal a cargo, ni caja chica, ni móvil, ni oficina”. Quiso dar la imagen de un cero a la izquierda que, sin embargo, podía estar todo el día en la calle, costearse viajes para “cubrir eventos” y hasta aportar dinero para el funcionamiento de la agencia Walsh.  En el juicio, el comisario Sánchez llegó a decir que Balbuena tenía “pocas luces”, pero en su legajo personal tenía las más altas calificaciones por sus “coberturas” secretas como espía de la Federal.   Sin mayores variantes a lo ya dicho por el propio Balbuena, el defensor repitió que para el imputado “el periodismo era una vocación” y que lo suyo en la Walsh era una especie de “pasantía no remunerada” con vistas a ir armándose “un currículum” para el futuro, cuando se jubilara como policía.  El defensor manifestó algo muy difícil de corroborar en los hechos: “La buena fe de Balbuena, su inocencia” y hasta “la lealtad que tenía con el grupo (policial) y con la agencia”.  Alvarez Berlanda aseguró que el comisario Sánchez, su otro defendido, nunca recibió información de Balbuena sobre la tarea de inteligencia que hizo en la agencia Walsh. Sin embargo, nadie pudo explicar porque fueron “borrados” una gran cantidad de archivos que había en la computadora y en los dispositivos electrónicos que Balbuena tenía en su domicilio. La borratina había ocurrido unos días antes, justo en el momento en que la exministra de Seguridad Nilda Garré había pasado a disponibilidad a Balbuena y a Sánchez. La medida dio lugar al demorado avance de la causa, hace una década.  El exfiscal devenido defensor habló durante más de tres horas. Luego fue el turno de Hernán Carluccio, defensor de Adolfo Ustares. Su primera frase fue: “El periodista y el agente secreto trabajan con la misma materia, la información”. No agregó ninguna otra idea relevante a lo ya dicho por el primer defensor. La estrategia de la defensa trata de sustentarse en que “no fueron encontradas” las órdenes secretas que llevaron a Balbuena a la agencia Walsh, aunque sus acciones durante diez años parecen no necesitar de ser certificadas por un papel que casi nunca se encuentra cuando se trata de los servicios de inteligencia. 

En los alegatos del juicio por espionaje la querella y la fiscalía pidieron la pena máxima posible de 2 años de prisión para los 3 policías imputados. El martes alega la defensa y ese mismo día se conocerá el fallo del juez Daniel Rafecas. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero En la causa por la infiltración de Américo Balbuena en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, desde la querella solicitaron “que haya condena para los culpables, para que no se naturalicen estos delitos”. Liliana Mazea y Matías Aufieri reclamaron además que “se abran los archivos” secretos para identificar al personal policial que realiza “este accionar sistemático del Estado”. El fiscal Ariel Quety coincidió con la querella en que lo realizado por el espía Américo Balbuena, con la complicidad de sus dos jefes, Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez, fue “a todas luces incompatible con su función”. Subrayó que fueron “acciones deliberadas, sistemáticas y prolongadas en el tiempo”, ya que estuvo infiltrado entre 2002 y 2013. Tanto la querella como el fiscal pidieron que se condene a Balbuena y a sus dos jefes por el delito de “abuso de autoridad” e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena máxima es de dos años de prisión. El abogado querellante Aufieri le dijo a La Retaguardia que “la condena tiene que ser un símbolo, tiene que servir para que estos delitos no vuelvan a ocurrir y para que sepamos el nombre de todos los que son responsables”. El martes próximo se realizarán los alegatos de los abogados defensores de los tres imputados y ese mismo día se conocerá el veredicto. Los fundamentos serán difundidos el viernes 31 de marzo. Por la querella, habló en primer lugar Liliana Mazea, quien recordó que los comisarios Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez, jefes de la División Análisis de Seguridad de la Policía Federal, definieron al espía Américo Balbuena como “una persona de pocas luces”. Sus dichos contrastan con las calificaciones en el legajo de su subordinado. “Todas son excelentes y lo ubican (a Balbuena) en un lugar de privilegio” dentro del organigrama de la División Análisis de Seguridad. Algunas de esas menciones elogiosas están refrendadas con la firma del propio Sánchez, quien en la audiencia dijo no recordar la tarea que realizaba Balbuena. Mazea aludió a los dichos de Balbuena en el sentido de que “nunca dañó a ninguno de los entrevistados” cuando se hacía pasar por periodista de la agencia Walsh. La abogada consideró que lo que hizo Balbuena provocó “un daño inconmensurable a la agencia Walsh y a toda la sociedad”. La querellante mencionó, además, que el grupo policial funcionaba en Moreno 1417, en el mismo lugar donde estuvo la Superintendencia de Coordinación Federal, sinónimo de represión, secuestros y desapariciones durante los años sesenta y setenta, como informó La Retaguardia. En el mismo lugar, dijo Mazea, estuvo el Grupo de Tareas 2, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército, responsable en los años setenta “del atentado contra el radical Hipólito Solari Yrigoyen o del asesinato del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña”, entre otros hechos de violencia política. Más cerca en el tiempo, la abogada recordó que en diciembre de 2001, los servicios de inteligencia de la Federal tuvieron participación activa en los hechos de violencia institucional que produjeron cinco muertes en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por esos hechos “fueron condenados el entonces jefe de Policía, Rubén Santos, y el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov”, junto con varios integrantes de la fuerza. Por su parte, Aufieri señaló que la disolución de los grupos de inteligencia de la Federal fue solicitada en una sesión del Congreso Nacional y el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometió a “su disolución con premura”, pero eso nunca ocurrió. Con posterioridad, la diputada y exministra de Seguridad Nilda Garré presentó un proyecto para terminar con las “normativas secretas” que preservan a los miembros de esos grupos de inteligencia. También criticó dichos del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien “ridiculizó la demanda porque parecía algo del Siglo XVI”. A pesar de las piedras en el camino, la presente causa llegó a juicio luego de más de diez años de espera. Para corroborar la tarea de inteligencia realizada en forma ilegal por Balbuena, citó las pruebas documentales aportadas por el perito Matías Castellani, quien el 21 de mayo de 2013 participó en el allanamiento al domicilio del espía policial. El experto marcó como un hecho central “la inusitada cantidad de archivos borrados” en computadoras y dispositivos electrónicos encontrados en la casa. Un dato clave que aportó Castellani fue que esos archivos fueron borrados “18 días antes” del allanamiento. Esto conduce a una fecha, el 3 de mayo del mismo año. Ese fue el día en que la entonces ministra Nilda Garré dispuso el pase a “disponibilidad preventiva” de Balbuena y del comisario Sánchez. Eso fue el preámbulo de la apertura de la presente causa judicial. De todos modos, en la oficina de Sánchez, se hallaron “fichas en blanco” como las que se han encontrado en otros servicios de inteligencia. Se utilizaban para asentar allí las referencias correspondientes a dirigentes sociales, gremiales, políticos y estudiantiles. En las fichas se hacía una radiografía completa sobre el pensamiento político y las actividades de esos referentes. Eso está prohibido por las leyes vigentes. En un disquete se encontró una de esas fichas completa, con los datos de Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que asume la defensa de dirigentes e integrantes de organizaciones populares. Desde la querella señalaron que, aunque sus jefes dijeron que Balbuena realizaba “tareas administrativas”, están probadas sus actividades externas bajo la pantalla que le daba su supuesta condición de “periodista” de la agencia Walsh. Eso lo convierte en integrante del “servicio externo”, es decir que confirma su condición de espía. Su trabajo está certificado en una planilla incorporada a la causa que incluso fue corroborada por Sánchez con su firma. “Los integrantes del cuerpo realizaban actividades sin uniforme y sin identificarse como

El espía policial Américo Balbuena rompió el silencio para negar su condición de infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Sus exjefes de la División Análisis de Seguridad de la Policía Federal, al declarar en el juicio, cerraron el cono de silencio al afirmar que ni siquiera recordaban cuál era la función que cumplía su subordinado en el grupo de inteligencia. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Bernardino Ávila Para completar el cuadro de “no sabe no contesta”, los comisarios Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez —también juzgados junto a Américo Balbuena— aseguraron incluso que ni siquiera sabían que, durante 11 años, tuvieron bajo sus órdenes a un joven emprendedor que trabajaba a destajo y gratis en un medio periodístico como si soñara con ganar el Pulitzer. Con un tono ofuscado, agresivo, Balbuena dijo que son “unos mentirosos” los once testigos que dijeron en el juicio que el espía disfrazado de periodista era “el primero en llegar a cubrir las marchas y los juicios orales contra policías de la Federal y el último en irse”. Tal fue la coordinación entre los tres imputados, que ni siquiera se pudo saber cuál era el horario que debía cumplir Balbuena en el servicio de inteligencia. El punto era importante para los querellantes, porque es imposible que el infiltrado pudiera cumplir un turno completo como policía y luego disfrutar su “hobby” por largas horas, sin mirar el reloj, grabador en mano. Con la tercera jornada del juicio que se realiza en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, finalizó la etapa testimonial y de recepción de pruebas. La Retaguardia solicitó el permiso para transmitir el juicio en vivo por TV, pero el juez lo denegó. El miércoles próximo, desde las 14, se escucharán los alegatos de la querella, la Fiscalía y los defensores, en ese orden. Los tres imputados son juzgados por realizar tareas de espionaje prohibidas por la Ley de Inteligencia, hecho que configura el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. En su indagatoria, Balbuena sostuvo que en la agencia Rodolfo Walsh cumplió “una pasantía no rentada para hacer la práctica de una carrera que había seguido, con vistas a ir armando un currículum a futuro”.Luego hizo un confuso relato acerca de las normas que rigen la actividad del grupo de inteligencia. Dijo que no le interesaban las cuestiones políticas sino “hacer periodismo” y que sólo hacía entrevistas “en lugares públicos, no en la casa de nadie”. Precisó que hizo la carrera de periodismo en el Instituto Santo Tomás de Aquino. Negó que se haya quedado “largas horas” haciendo entrevistas con referentes sociales, gremiales y políticos. Refutó los dichos de María del Carmen Verdú, quien afirmó que Balbuena estuvo en todas las audiencias de Cromañón y por el asesinato de Mariano Ferreyra. “No estuve jamás en esas salas (de audiencia) todo el tiempo”, como aseguró Verdú al declarar como testigo en el juicio. También rechazó que hiciera preguntas personales o sobre las actividades de las organizaciones. Además de reiterar que lo suyo fue una supuesta pasantía que se prolongó desde el 2002 al 2013, el espía se absolvió a sí mismo: “A ninguna persona de las que entrevisté le pasó nada, porque nunca le hice daño a nadie”. Afirmó que vivía de lo que cobraba en la policía y que no tenía “ni secretaria ni caja chica”. De esa forma rechazó los dichos de los testigos acerca de su solvencia económica. Aunque fue muy locuaz y se mostró seguro, Balbuena se negó a responder preguntas. Dijo que si bien figura como “jefe de sección” en el grupo de inteligencia, solo se trata de “algo formal en lo administrativo” y que “no era así en la práctica”. El segundo en prestar declaración indagatoria fue Alfonso Ustares, quien sorprendió cuando dijo desconocer “cuál era la actividad que desarrollaba” Balbuena en el servicio de inteligencia. Además, dijo que no podía recordar “quiénes eran sus coordinadores directos”, aunque se reunía con ellos “todas las mañanas”. Otro dato al menos curioso es que tampoco tenía conocimiento de que su subordinado era “periodista” y que haya recibido algún reproche por su incorporación a la agencia Walsh. “Si hubiera tenido alguna inconducta, sus coordinadores (los que él no recuerda) me lo hubieran comunicado”, estimó. Para confirmar su mala memoria, dijo que el cuerpo funcionaba en Moreno 1417, a una cuadra del departamento central de la Federal, pero no supo decir si “en el sexto o en el séptimo piso”. Comentó que entre 2001 y 2002, durante la crisis que determinó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, la agencia se encargaba de controlar las actividades de las asambleas barriales y las manifestaciones propias de la época. Por ese motivo, llegó a tener a cargo a 90 oficiales. Aseguró que la tarea era la de “gestionar” las situaciones de posible conflicto mediante el “contacto directo” con los “referentes” de los distintos grupos que se habían formado en el ámbito de la Capital Federal. Para ratificar la desprolijidad que caracterizó el relato de los imputados, Ustares dijo no recordar en forma concreta cuáles fueron esas asambleas “gestionadas”. Sólo mencionó “una sobre la avenida Rivadavia”, dato ambiguo teniendo en cuenta que es la arteria más larga del área metropolitana. A continuación, Alejandro Sánchez pidió ampliar su declaración indagatoria. Con visible enojo, se dedicó en forma exclusiva a refutar todo lo que expuso en el juicio el extitular de la Policía de Seguridad Aeronáutica, Marcelo Saín, quien aportó datos sobre dos decretos de las dictaduras de los años 50 y 60, que seguirían regulando el funcionamiento secreto del grupo conocido como “Los Plumas”. Ese es el nombre con el que, en la jerga de los servicios de inteligencia, se conoce al cuerpo al que pertenecían los tres imputados. Sánchez dijo que “lo único cierto que expuso Saín fue cuando dijo ‘desconozco’”. Llamó la atención tanto rechazo, cuando se sabe que Saín es un especialista dedicado al análisis crítico de las normas que rigen el

En las primeras dos audiencias declararon María del Carmen Verdú, de la CORREPI; Oscar Castelnovo, quien integraba la Agencia Walsh, Carlos “Sueco” Lordkipanidse; Christian Castillo, del PTS; entre otros y otras integrantes de organizaciones espiadas por Américo Balbuena . También brindó testimonio Marcelo Saín, extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las palabras de la abogada querellante Myriam Bregman en la apertura del juicio. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Oscar Castelnovo, quien era parte de la Agencia Walsh, señaló el tema central del juicio que se está realizando contra Américo “El Pelado” Balbuena, agente de inteligencia de la Policía Federal. Balbuena se infiltró en la Walsh durante más de una década y reunió información sobre movimientos sociales, políticos y de Derechos Humanos. La diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman, una de las promotoras del juicio contra Balbuena y contra dos de sus jefes, recalcó en la apertura del juicio, que la causa “demuestra que los gobiernos pasan y los grupos de inteligencia quedan”. En el mismo sentido, precisó que a esos grupos “todos los rechazan cuando son oposición y los usan cuando son gobierno”. En el juicio, el extitular de la Policía de Seguridad Aeronáutica, Marcelo Saín, dijo que el cuerpo que integraba Balbuena fue creado, por decreto, por dictaduras militares en los años 1950 y 1960 “para infiltrarse en organizaciones políticas”. Hoy se realiza la tercera audiencia del juicio en el que están acusados Balbuena y dos de sus jefes, Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares. Los tres pertenecen a la División Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal. El pomposo nombre esconde la existencia de un Cuerpo de Informaciones cuyos agentes secretos son conocidos como “Los Plumas”, en la jerga de los servicios de inteligencia. En la audiencia de hoy se escuchará a los últimos testigos y la semana próxima las partes expondrán sus alegatos. El único imputado que prestó declaración indagatoria fue Alejandro Sánchez, quien podría ampliar su exposición. También se habla de la posibilidad de que declare Balbuena, quien estuvo infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, un medio de comunicación popular, entre los años 2002 y 2013.Para hacerlo, aprovechó la relación que tenía —desde la infancia— con Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la agencia. Balbuena y sus dos jefes están acusados por infracción a la Ley de Inteligencia y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación fue iniciada hace una década por la diputada Myriam Bregman y los abogados Matías Aufieri y Liliana Mazea, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), con el acompañamiento de las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. El proceso está a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En la segunda audiencia declararon ocho testigos ofrecidos por la parte querellante, quienes explicaron la forma en que el infiltrado obtenía información. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), explicó que Balbuena tenía especial interés en los casos de gatillo fácil o torturas seguidas de muerte cuyos acusados eran integrantes de la Policía Federal. “El énfasis de Balbuena siempre estaba puesto en esas causas” en las que los abogados de Correpi eran los querellantes. Por esa razón, el infiltrado estuvo presente en todas las audiencias del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, y en la causa por Cromañón, en la que había policías federales involucrados. Después de 2013, cuando se supo quién era Balbuena, la testigo se dio cuenta de las razones por las cuales Balbuena “hacía infinidad de preguntas” sobre la organización interna de Correpi y en especial sobre normas de seguridad”. También preguntaba sobre la táctica que iban a seguir en los juicios contra los uniformados. “Por la información que obtuvo en nuestro caso, los datos valían oro para la Federal”, dijo. Luego declaró Carlos “Sueco” Lordkipanidse, exdetenido desaparecido, integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman. Dijo que cuando se supo la condición de espía de Balbuena, causó conmoción. Esto fue porque la agencia Walsh “era afín, de extrema confianza para nuestra organización, porque siempre se ocupó de las denuncias por derechos humanos, conflictos fabriles o estudiantiles que el Encuentro acompañaba”. Ellos ya habían detectado con anterioridad a otro espía infiltrado, Alberto Amarilla, del Batallón 601de Inteligencia del Ejército. “Como exdetenido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sabemos el daño profundo que generan estas actividades: 30 mil desaparecidos”, resaltó. Christian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda, sostuvo que en Balbuena “lo peculiar era una presencia mayor a la de cualquier movilero”. También “llamaba la atención porque estaba todo el tiempo (en las marchas) y porque preguntaba más de lo que tenía que ver con la actividad concreta”. Luego fue el turno de Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte y miembro del secretariado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Habló acerca de la tarea minuciosa de Balbuena sobre la organización de los trabajadores del sector desde 2004. “Cuando yo era delegado de la Línea B, venía muy temprano, era el primero en llegar y el último en irse”, dijo acerca de los días en que había alguna protesta gremial. “Comía y se quedaba con nosotros como si fuera un trabajador más”, agregó. En coincidencia con los otros testigos, dijo que muchas de las preguntas del espía “no tenían que ver con el conflicto, sino con la pertenencia de cada delegado a corrientes políticas, cuestiones de organización o cómo estaba compuesta la familia de cada trabajador. Recordó que en las notas “no mencionaba muchas de las preguntas que nos hacía”. Oscar Castelnovo, uno de los referentes de la Agencia Walsh, dijo que Balbuena “grababa horas y horas a los entrevistados, pero después no se publicaba todo en la agencia”. Explicó que la Walsh tenía una forma de hacer periodismo que establecía “una relación de afecto con el entrevistado y de eso se aprovechó Balbuena”. En diálogo con La Retaguardia, después de su declaración, Castelnovo recordó