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Caso Loan


Coleccionista de denuncias en su contra, el comisario Walter Maciel parece haber caído en desgracia por el caso del niño desaparecido en Corrientes. Aquí sus causas anteriores, entre ellas una por abuso sexual. La trama que incluye a políticos, jueces y fuerzas de seguridad.  Redacción: Carlos Rodríguez La desaparición en Corrientes de Loan Danilo Peña, de 5 años, confirma que en la trastienda de los delitos complejos siempre se oculta la complicidad o la desidia de políticos, jueces y fuerzas de seguridad. Los principales imputados son un capitán de navío retirado, su esposa funcionaria y el ahora ex jefe de la comisaría del pueblo, quien suma una denuncia previa por la violación de una mujer policía, acusación que había sido “cajoneada” cinco años por la Justicia correntina. Una de las hipótesis del caso Loan es que el niño pudo haber caído en manos de una red de trata de personas.  En lo que va del año, la Línea 145 recibió 812 denuncias por trata de personas, entre ellas 121 por explotación de menores. La Línea 145, administrada por la Procuración de Trata y Explotación de Personas, sumó más de 7.500 denuncias entre 2020 y 2024. Corrientes es la segunda provincia con mayor cantidad de denuncias por trata.  La desaparición de Loan ocurrió el jueves 13 de junio en el Paraje Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio, que tiene 2.209 habitantes, según el censo realizado en 2010. Otra de las tantas hipótesis que se analizan es la posibilidad de un caso de tráfico de órganos. Este tema, que provoca escalofríos, fue puesto en la agenda política, el año pasado, por el hoy presidente Javier Milei. Durante la campaña electoral, de manera brutal, Milei propició la obtención de órganos para trasplantes mediante algún “mecanismo del mercado”. La frase provocó, en su momento, repudios generalizados.  Hoy, sin rastros de Loan, la angustia general de un pueblo pequeño, donde “todos se conocen”, genera movilizaciones y denuncias nunca vistas en la historia de 9 de Julio. El repudio tiene nombres y apellidos: el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sus ministros, el Poder Judicial de la provincia e incluso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de fugaz e intrascendente presencia en 9 de Julio, para repetir pomposos operativos de búsqueda que carecían de sentido común, al igual que la irrupción estilo comando antipiquete en la casa de la abuela de Loan.  Entre los detenidos bajo sospecha, figuran el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, su esposa María Victoria Caillava, funcionaria local, y el comisario Walter Maciel, quien estaba al frente de la seccional local y que arrastra una serie de imputaciones previas que no impidieron que este año lograra el ascenso al grado que hoy ostenta.  En lo que respecta al militar retirado Pérez, se sabe que ingresó a la Armada en los últimos años de la dictadura militar y que pasó a retiro en 2017. Su situación procesal es grave, porque aparece como sospechoso de haber participado, junto con su mujer, en el secuestro del chico desaparecido.    Un comisario con antecedentes En el rompecabezas de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, una de las piezas claves de la corrupción es el comisario Walter Maciel, quien era el jefe del destacamento de 9 de Julio. En las últimas horas, con el policía detenido bajo sospecha, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, luego de cinco años de dilaciones, anuló un fallo que había beneficiado a Maciel con una “falta de mérito” en una causa por violación.  En 2019, Maciel fue denunciado por una mujer policía, subalterna suya, quien dijo que había sido víctima de violación cuando el nombrado se desempeñaba como titular del PRIAR, un cuerpo de seguridad rural con sede en la ciudad correntina de Monte Caseros.  La víctima declaró en su momento que Maciel abusó de ella luego de encerrarla en su despacho. En septiembre de 2020, Maciel fue favorecido por una resolución del juez Eduardo Alegre, que lo dejaba al borde del sobreseimiento, salvo que se reunieran nuevas evidencias del delito cometido. En diciembre de 2019, luego de analizar las pruebas reunidas, el fiscal Oscar Soto había imputado al comisario por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, calificado por su condición de funcionario policial, en concurso con coacciones simples”. Lo había acusado una cabo de la policía. El fiscal Soto, que poco después falleció afectado por Covid-19, apeló la falta de mérito, pero la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mercedes ratificó la resolución en beneficio de Maciel.  El caso fue llevado a Casación, pero en julio de 2021 ese recurso fue considerado “inadmisible”. La causa fue elevada al Superior Tribunal de Justicia provincial, que esta semana dejó sin efecto la “falta de mérito” de Maciel y lo volvió a procesar. La violación fue cometida en el despacho del comisario, quien había cerrado con llave la puerta de su oficina. Además de la denuncia por violación, trascendió que Maciel había presionado a otras dos suboficiales, a las que le prometió “un trato laboral preferencial” si aceptaban tener relaciones sexuales con él. La frase con la que presionaba a sus víctimas siempre era la misma: “Ustedes saben cómo son acá las cosas…” Maciel, con la ayuda del ex intendente de Monte Caseros, Miguel Angel Olivieri, llegó a 9 de Julio poco después del fallo que lo había beneficiado. En estos días, Maciel tomó contacto formal con su abogado, el mediático Miguel Angel Pierri, un especialista en representar a personajes acusados de abuso sexual. En 2003, cuando era abogado defensor del cura Julio César Grassi, acusado y luego condenado por pedofilia, Pierri fue sancionado con días de arresto por haber presionado a uno de los jóvenes que habían denunciado al cura por abuso sexual. Pierri había logrado que el denunciante, en contra de su voluntad y mediante un engaño, firmara una declaración en la que se retractaba de su acusación contra Grassi.  Ahora, Pierri representa a Maciel y es fuente “calificada” de algunos