ENACOM

“Estamos muy preocupados por lo que vaya a pasar con los fondos específicos en lo que respecta a todo el sector de la cultura de la Argentina”, dijo Marcos Ocampo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diálogo con La Retaguardia, Ocampo se refirió a la situación de la cultura en general y de la Defensoría en particular en relación a la caducidad de los fondos destinados a organismos y proyectos para el fomento de la comunicacion y la cultura. ¿Por qué peligra también la Defensoría que dirige actualmente Miriam Lewin? Entrevista/Redacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Daniela Andam En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se aprobó la Ley 27.432 en una reforma impositiva que programó la caducidad de los fondos de fomento de la cultura y la comunicación comunitaria para el 31 de diciembre de este año. Al respecto, Marcos Ocampo comentó: “Yo soy delegado de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Capital e hicimos recientemente una asamblea, tenemos un pronunciamiento público y nos declaramos en estado de alerta y movilización. Estamos muy preocupados por lo que vaya a pasar con los fondos específicos, en lo que respecta a todo el sector de la cultura de la Argentina, en una afectación posible de la soberanía cultural de la Argentina, la pluralidad y la independencia para la generación de contenidos y también para el control y para el trabajo. También sobre el punto de vista de la libertad de expresión y desde la protección de los derechos de las audiencias de radio y televisión. En ese sentido, vamos a participar en todas las instancias que se pueda, en todos los lugares, hablar con legisladores y funcionarios, para que lleguemos a una renovación antes de fin de año de la asignación de fondos específicos”.  Las políticas redistributivas que se desarrollan con los impuestos contemplados en las leyes 26.522, 20.630 y 17.741, se verían afectadas y modificadas por la Ley 27.432 aprobada en 2017. Por mandato de esta ley, se reestructurarían los destinos de los fondos que ya no serían para el fomento del cine, la música, el teatro, las bibliotecas populares y la comunicación comunitaria, sino que pasarían a las cuentas generales del Estado y se generaría así la pérdida de independencia de los organismos y sectores vinculados. La Ley 27.432 afecta así a los programas y proyectos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Los fondos de fomento no son exactamente lo mismo en todos los organismos. Hay algunos que tienen una trayectoria, por ejemplo el INCAA, que vienen de la década de los 90 con la Ley de Cine, pero con la discusión de la Ley de Medios en 2009 se produjo un salto respecto a este financiamiento y los modos del financiamiento también. Para el INCAA es muy importante el financiamiento que se deriva de la Ley 26.522, que estableció un mecanismo de captura de fondos del propio sector que se beneficia de la cultura. Esa es la lógica: los contenidos transcurren en los medios y los medios tienen que tributar para que haya una vuelta hacia el sector de la cultura que responda a criterios de independencia, de fomento de la producción genuina cultural y no a criterios extranjeros o comerciales”, explicó Ocampo.  En los casos mencionados, la caducidad de los fondos pone en peligro determinadas áreas y/o sectores de esos organismos. Pero para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual la situación es más preocupante y particular: “En el caso de la Defensoría, está íntegramente financiada por este sistema y el mecanismo es la asignación específica de estos fondos que se recaudan del propio sector. O sea, no se saca de ningún otro sector del Estado en ninguna otra empresa que no sea el mismo sector de la cultura. Y la asignación se mantiene dentro de una cierta burbuja e independiente del Ejecutivo. Si se cae el plazo, el problema es que los fondos serían recaudados de todos modos pero irían al ejecutivo o gubernamental y sería lo contrario a lo que algún sector de la oposición ha manifestado”, agregó Ocampo. La Defensoría del Público es un organismo creado en 2012 por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y tiene entre sus misiones la defensa del Derecho a la Comunicación Democrática y la protección de las audiencias en todo el país. El modo de funcionamiento, existencia y designación está vinculado a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Digitalización. “Hay un mecanismo plural que se hace desde la Comisión Bicameral. Existe una comisión bicameral sobre medios de comunicación en el Congreso, con participación de todas las fuerzas políticas, donde circulan los candidatos al momento de la elección de defensor o defensora y se eligen a propuesta de los sectores de las fuerzas políticas. El defensor tiene cuatro años de mandato descalzado del período del Ejecutivo, justamente para que no se gubernamentalice y tiene la posibilidad de una nueva reelección, una sola. Ahora estamos con una defensora con mandato vigente. Vamos por el tercer año, quedaría después un año, seis meses adelante de la elección presidencial el año que viene. Y nosotros respondemos básicamente a las audiencias de radio y televisión, hacemos audiencias públicas  constantemente, monitoreamos la opinión de las audiencias e institucionalmente respondemos a la bicameral, a la comisión bicameral que nos controla mes a mes cuáles son las actividades que realizamos”, dijo. Sobre esta modificación presupuestaria y el funcionamiento de la Defensoría, el delegado planteó: “En realidad, lo que pasaría es que el Ejecutivo tendría mucha más incidencia dentro del sector de la cultura, de los organismos y de la Defensoría. La