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Se trata de Horacio Ferrari, quien aguarda juicio por su participación en los crímenes del Terrorismo de Estado. Había quedado libre durante el ESMA IV. Luego zafó del veredicto recusando a los jueces. Ahora tiene un nuevo tribunal solo para él. Le cambiaron su libertad por prisión preventiva con domiciliaria. Ahí comenzó la odisea por colocarle el dispositivo electrónico de control, que incluyó la alternativa de que la pagara una querella. El último episodio del culebrón fue la semana pasada, cuando según su abogado Guillermo Fanego, desatendió el llamado para la colocación por miedo a un robo. El abogado querellante Ariel Noli repasó toda la trama. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Paulo Giacobbe/Fernando Tebele 💻 Edición: Fernando Tebele “Cuando a Ferrari lo llaman desde la Instrucción le decretan la prisión preventiva. Lo que logró su defensa, (el abogado Guillermo Fanego), a través de una recusación, es un fallo de Casación respecto de Daniel Obligado y Adriana Palliotti (juez y jueza del TOF N°5 a cargo de la megacausa ESMA). En virtud de eso pidió que se morigeren las condiciones en las cuales se iba a continuar bajo proceso y le hicieron lugar, ordenando el cese de la prisión preventiva”, explicó Noli a La Retaguardia. Ferrari, alias Pantera, no había sido llamado por la Justicia en ningún tramo de la megacausa ESMA y así quedaba en libertad. “Cuando nosotros recurrimos, vamos a Casación, llegamos a la Corte y el 12 de agosto la Corte hace lugar a nuestro recurso de queja y dispone que se revoque la libertad. A partir de ahí empezó una odisea con el tribunal, porque ahí se dieron cuenta de que este hombre no tenía jueces que integren el nuevo tribunal desde noviembre del año pasado”. Así pasaron casi tres meses más a la espera de que se integre el tribunal solo para juzgar a Ferrari y se cumpla el fallo de la Corte. Finalmente, el 1 de noviembre se efectivizó la revocación. Pero entonces, Gabriela Illarregui, desde la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informó al tribunal que cuentan con “un número limitado de dispositivos electrónicos” y que “se dará prioridad a aquellas personas que se encuentren detenidas en una unidad penitenciaria”. También recordaron que, “en atención a la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles, la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria a través de la NOTA N°2/2019 remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los dispositivos electrónicos no resultan necesarios en todos los casos”. Noli calificó de asombroso lo ocurrido. “Llama poderosamente la atención. Da la sensación que no sería un criterio prioritario monitorear a un genocida por parte del Ministerio de Justicia, cosa bastante asombrosa”. Pero a su vez se dieron cuenta de que, anteriormente, cuando el TOF N°5 ordenó que tuviera un dispositivo de monitoreo, tampoco ocurrió. “Atento el contenido de la contestación de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica suscripto por Gabriela Illarregui, del que surge que el imputado Ferrari no cuenta a la fecha con un dispositivo de geolocalización colocado y, toda vez que ello se dispuso al conceder el cese de prisión preventiva revocado el día de ayer, venimos a solicitar se requiera a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica informe de manera urgente las razones del incumplimiento de la manda judicial por espacio de más de dos años”, dice el escrito que presentaron ante el Tribunal desde la querella unificada encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, y que también representa a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Pero fueron más allá y propusieron hacerse cargo de la compra de la tobillera: “En cuanto a la escasez de dispositivos para su colocación y la prioridad que tendrían las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios por sobre los imputados por crímenes de lesa humanidad que transitan su detención en sus domicilios, esta querella hace saber su disposición para adquirir por su exclusiva cuenta y cargo el dispositivo necesario para el monitoreo del imputado Ferrari, el cual en comodato gratuito y a su cargo le será entregado, ello con el objeto de evitar erogaciones al erario público y contribuir de esa forma a la recuperación económica del país, solicitando a V.S. tenerlo presente a sus efectos”, continúa el escrito presentado. Si bien la situación es insólita, que una querella pague el dispositivo, para Noli es “peor que no lo monitoreen. No deberíamos tener que hacer esto. Yo entiendo que deberían darle desde el ministerio prioridad a que un genocida esté monitoreado. Cuando uno ve situaciones de presos comunes, sociales, cuando los tribunales ordenan un dispositivo se lo ponen a las 24 horas, esto pasa nada más que con los genocidas”. Por último, el abogado querellante se refirió a las demoras en el comienzo del juicio. “Acá tenemos que entre los jueces que recusó (el abogado defensor Guillermo) Fanego, los jueces que se apartaron por la suya y los que aceptaron la recusación, ya llevamos diez jueces separados de esta causa”. El 5 de noviembre llegó la respuesta del Tribunal Oral en los Criminal Federal N5 conformado por los jueces Sabrina Namer, Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Pelloni: “Hágase saber a la Directora Gabriela Illarregui que por el presente se dispone la realización del informe técnico de viabilidad y, asimismo la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica. Por lo demás, adjúntese una copia digital del requerimiento de elevación a juicio y de la resolución que concede el arresto domiciliario”. Pero además le informa: “Horacio Luis Ferrari ha sido imputado por el representante del Ministerio Público Fiscal como autor de 43 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas; 180 privaciones ilegales de la libertad triplemente agravadas; 246 tormentos; 74 homicidios y 17 sustracciones, retenciones y ocultamiento de menores. Y estos delitos son considerados de Lesa Humanidad y habrían sido cometidos dentro de la estructura del Grupo de Tareas 3.3.2. que habría funcionado en
Declara el policía Juan Carlos Puyade, uno de quienes participaron del hallazgo de cuerpos en las costas.
Continúan las testimoniales. Viviana Losada, compañera de Rodolfo Ortiz, secuestrado en La Pastoril; y las hermanas Valeria y Soledad Chávez, hijas de Héctor Chávez, asesinado dentro de la quinta.
A ocho meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, joven trans de 22 años, su papá Andrés, exige que continúe la búsqueda con vida de su hijo y se investigue la hipótesis de un caso de trata de personas. El martes 9 de octubre a pedido de la fiscal que lleva la causa, el juez Martín Rizzo cambió la acusación contra los detenidos a homicidio en contexto de odio a la identidad de género. Ahora se investiga un asesinato sin cuerpo y sin certezas de muerte. Andrés de la Torre accedió a charlar con medios autogestivos, que elaboramos esta nota colectiva. 📷 Foto: Agustina Salinas Cuánto puede un cuerpo, el cuerpo de un padre que hace ocho meses busca a su hijo desaparecido. Cuántas veces hay que gritarle a la justicia para que deje de hacerse la sorda. Cómo lograr que la sociedad entienda que las vidas de las personas trans también importan. “Hace dos meses que la causa está parada. Hace 15 días aproximadamente estuve con el Procurador de la Provincia (Julio Conte Grand). Le llevé mis inquietudes, aunque ya es tarde para ciertas cosas porque pasaron ocho meses. Al mes me di cuenta, y tengo la esperanza que así sea, que Tehuel pueda estar viva, pudo haber sido víctima de una red de trata de personas y esa es la hipótesis por la que más lucho. La fiscalía siempre la buscó muerta, hizo un rastrillaje tras otro y yo siempre peleé para que la buscaran viva con la misma intensidad, pero no sucedió. La alerta naranja la sacaron tres meses después, muy tarde, cuando deberían haberlo hecho a la semana de su desaparición. Pienso que porque es trans o no es la hija de alguien importante, el Poder Judicial y la Policía no le prestó la debida atención y por ese motivo estoy muy enojado”, cuenta Andrés de la Torre en una entrevista virtual organizada por medios autogestivos. Tehuel de la Torre, el pibe trans de 22 años desaparecido, fue visto por última vez el 11 de marzo cuando se dirigía hacia Alejandro Korn, localidad bonaerense del partido de San Vicente. Luis Alberto Ramos, de 37 años, es el hombre que lo citó en su casa por un supuesto trabajo de mesero y hoy es uno de los dos detenidos e imputado por homicidio en contexto de odio a la identidad de género. El segundo imputado es Oscar Alfredo Montes, un chatarrero de 46 años que aparece en una foto donde se ve a los tres juntos (Tehuel, Montes y Ramos) el día en que desapareció Tehuel. La imagen fue encontrada en el celular de Montes. En la casa de Ramos encontraron un pedazo de tela quemada que fue reconocida como la campera de Tehuel y partes de su celular. La causa, en la que interviene la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente, a cargo de la fiscala Karina Guyot, había solicitado el cambio de carátula, que hasta el lunes 8 de noviembre era de búsqueda de paradero. El juez Martín Rizzo aceptó este martes el pedido y la nueva acusación contra Ramos y Montes es la de Homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. La hipótesis de una red de trata de personas Hace ocho meses en nuestro país hay un pibe trans desaparecido y el pasado 6 de noviembre cuando las calles de la Ciudad de Buenos Aires se llenaron de orgullo insurrecto fue la memoria colectiva la que volvió a preguntarse ¿Dónde está Tehuel? a pesar de que no fue una de las consignas principales de la trigésima marcha del orgullo LGTBIQNB+. Para Andrés de la Torre la ausencia de su hijo Tehuel es una herida que se desgarra, sangra y duele todos los días. Su gran motor es no parar de buscarlo. Tocó todas las puertas: fiscalías, ministerios, se reunió con funcionarios/as, con el procurador de la Provincia de Buenos Aires y presentó más de diez escritos ante la justicia con diversos reclamos. Un camino que se vuelve cada vez más desgastante y agotador cuando la justicia no solo es lenta sino también indiferente. Andrés cree que la negativa de la justicia en avanzar con la hipótesis de que Tehuel podría ser víctima de una red de trata de personas se debe a “una cuestión que involucra al poder político, policial, judicial, en eso me tienen que ayudar los medios a difundir esta hipótesis porque no hicieron nada para buscarla viva”. Adelantó el cambio de la situación de los dos detenidos, que hasta ayer era falso testimonio y entorpecimiento, aunque lo que más le interesa es saber dónde está Tehuel. Y agregó: “La causa tiene más de dos metros de altura pero de qué me sirve si no sé dónde está Tehuel”. De la Torre sostiene su hipótesis a partir de varios indicios y situaciones que llamaron su atención. El 6 de marzo Tehuel le envió un mensaje contándole que el sábado iba a comenzar con un trabajo de mozo. “Después que Tehuel desapareció, Luciana, su pareja, me contó que ese día se pinchó y la llamaron de vuelta el jueves por lo mismo. Yo pienso que no era una entrevista de trabajo, el día sábado no se dio para llevársela y se dio el jueves. Después no se la pudo encontrar más, la buscaron por todos lados con un armamento impresionante, pero mira que casualidad, se olvidaron el celular y la campera media prendida fuego y media rota en el frente de la casa de Ramos, a la vista de todos. ¿No será para desviar la investigación? Ese es uno de los tantos indicios, hay otro más suave, me cambiaron el jefe de la DDI en plena investigación y después los 100 mil pesos que le depositaron a Ramos en su cuenta. Hace dos meses más o menos que se enteraron de esto y todavía no se sabe de dónde vino esa plata. Toda esa demora cuando es algo que se puede averiguar como mucho en
Lo dijo Belén Silva, abogada especializada en derecho ambiental y soberanía alimentaria, en diálogo con el programa radial A mí no me importa. Allí se refirió al puesto que ocupa Argentina en el ranking publicado por Carbon Brief de contribución al calentamiento global. También habló del papel que juega la agroecología en las crisis económicas y de la importancia de la sanción de la ley de Etiquetado Frontal. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Carbon Brief, organización británica especializada en ciencia y política del cambio climático, publicó un informe donde determina la contribución de cada país al calentamiento global. Allí se analizan las emisiones de gases de efecto invernadero por utilización de combustibles fósiles y cuál es el impacto de la deforestación en el calentamiento global. Argentina se encuentra en el puesto 14 de emisiones por quema de combustibles fósiles y en el puesto seis respecto de tierra cultivada, con 39 millones de hectáreas. Según un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el país está entre los diez países con mayor pérdida de bosques nativos en el período que va del 2000 al 2015. Consultada acerca de esta problemática, Belen Silva, abogada especialista en derecho ambiental y soberanía alimentaria, dijo: “Capaz que quienes son más jóvenes están habituados a que esto sea así. Pero esta forma de producir no siempre fue así, desde que la soja transgénica hizo su ingreso en Argentina hasta hace unos años, la forma de producir cambió. Antes teníamos más variedad, había matrices productivas diferentes, más diversidad. La agroecología propone la diversidad también, generar esa riqueza en los pueblos, pero también generar esa riqueza para quien produce. Porque hablar de la forma en que se produce actualmente, también involucra a los seres humanos, ya sea a quienes laburan en la tierra, a quienes dan su fuerza laboral para estar ahí, generando esas ganancias que se concentran en muy pocos bolsillos. Pero también para quienes viven en las cercanías de esas actividades productivas y tienen que padecer las consecuencias del actual modelo de producción, que es un modelo de concentración de riquezas en muy pocas manos y con un alto uso de paquetes tecnológicos, lo que conocemos como agrotóxicos. Entonces toda esa cadena empieza a generar impactos. Y esto de que somos el sexto país de mayor superficie cultivada, también somos el país que mayor cantidad de agrotóxicos aplica. Entonces, esto genera un impacto a nivel tierra, pero también a nivel de los cuerpos”. Y continuó: “Hay un concepto que es el de externalidades, que es el verdadero costo de lo que se está produciendo hoy en día, por ejemplo, en actividades extractivistas. Estas actividades que, cual vampiro, chupan y dejan secos los territorios y dejan secas las matrices productivas. Es complejo comenzar a discutir esto, pero es necesario también para empezar a darle soluciones a esos conflictos. Porque tal vez pensamos que no hay chance de salir, que el agronegocio está instalado y que es un monstruo enorme. Pero también hay pequeñas victorias como la ley de etiquetado frontal en el Congreso, que también está estrechamente vinculada a una forma de producir los alimentos. Entonces, esa manera de vincularnos con los alimentos, de vincularnos con el ambiente, está generando impactos. Por ejemplo, en el área a lo que compete a la ley de etiquetado frontal, en la salud de los cuerpos. ¿Y esto por qué pasa? Porque estamos inmersos en ambientes donde hay un grado de contaminación en diferentes ámbitos hacia la ruralidad, pero también en lo urbano, porque a veces cuando se habla de los agrotóxicos se piensa que el problema es del campo. Y no, porque acá en la ciudad consumimos esos alimentos y también generan impacto en nuestras vidas. Es una charla re incómoda hablar del modelo de producción, del uso de agrotóxicos, pero es necesaria porque está generando muchas consecuencias, pero también hay alternativas y ahí es cuando entra la agroecología y nos trae un poco de aire”. —¿Crees que existe una mayor circulación de información en la juventud sobre este tema, que hay una mayor concientización? —Sí. Para mí lo que está sucediendo ahora, el tema juventud y temas ambientales es como una tormenta perfecta, como una conjunción de eventos que están desencadenando en algo bueno. La crisis ambiental está avanzando, está generando esto que estamos diciendo. Las juventudes lo están notando y las redes sociales bien utilizadas también son un factor de cambio. Entonces, antes para acceder a la información había que ir al territorio, que sigue siendo una práctica muy necesaria conocer los territorios, pero hoy en día las redes nos permiten sociabilizar la información. Entonces creo que estamos atravesando un momento muy tenso pero a la vez muy esperanzador respecto de quienes están activando. Jóvenes que están siendo protagonistas de este nuevo ambientalismo, que a mí me gusta hablar mucho de ambientalismo popular, con conciencia de clase, de entender que cada uno o cada una aporta desde el lugar donde está. Estas movilizaciones de cuestionar el modo en que se está produciendo, en que se consume, también es la idea de generar un cambio. No quejándonos en casa, no haciendo actos aislados. Porque durante mucho tiempo también la responsabilidad de salvarnos de la crisis ambiental se puso en que usemos menos el auto, que usemos menos ropa nueva. Es una de las tantas acciones. Es necesario y yo soy una gran militante de que migremos hacia la economía circular respecto de la ropa, una industria tan contaminante, pero también tenemos que pedirle a quienes están en los puestos de decisión. Y ahí es cuando tenemos que salir a las calles. —Los gobiernos siguen haciendo crecer el agronegocio, van en contramano del pedido de la gente y ofrecen falsas soluciones, ¿no? —Sí, y todo esto que estamos hablando tenemos que ubicarlo a nivel geopolítico. Latinoamérica tiene una vasta cantidad de recursos naturales o, como
Patricia Pines es docente de nivel inicial e integrante de “Vacantes para todxs en las escuelas públicas”, un colectivo de familias y docentes que luchan para que se garanticen las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días salió un fallo judicial que obliga al Gobierno porteño a resolver el problema. Siguiendo el slogan “No sobran pibes, faltan vacantes”, Pines sostiene una lucha por más y mejores escuelas para garantizar el derecho a la educación para todas las personas. La docente habló en el programa radial La Retaguardia y contó respecto a la problemática. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Diego Adur La educación es un derecho que tiene carácter fundamental porque es esencial para el desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y además, es garante de otros derechos y promotor del bienestar individual y colectivo. Ante el reclamo histórico que la comunidad educativa viene realizando sobre la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala N°3 de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Federal de la Ciudad dictó sentencia hace pocos días. Confirmando lo que la jueza Elena Liberatori dictaminó en el año 2019, el fallo dispuso que la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria en los Distritos Escolares N° 1, 5, 13, 19, 20 y 21. Patricia Pines, integrante del colectivo “Vacantes para todxs”, dijo al respecto: “Ojalá el Gobierno ahora acate el fallo con la misma celeridad que acató otros fallos que eran acordes a su política. Eso es lo que esperamos. Básicamente lo que dice el fallo es que tienen que garantizar la escolaridad, particularmente en 20 barrios, que son los más afectados por la problemática de la falta de escuelas, pero entendemos que en realidad es para toda la Ciudad. Deberían destinar el presupuesto y ejecutarlo y construir las escuelas que faltan”. La Convención sobre los derechos del niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por la República Argentina a través de la Ley 23.849, contempla los derechos fundamentales de las infancias. En su artículo 28, la Convención reconoce el derecho a la educación para ser ejercido en igualdad de condiciones y declara que los Estados deberán implantar una serie de medidas que garanticen el acceso gratuito a la misma, y velar por el cumplimiento de las condiciones enunciadas para todos los niños y niñas del mundo fomentando el desarrollo integral y el respeto de las libertades fundamentales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece hacer caso omiso respecto de este derecho fundamental cuando se trata del otorgamiento de vacantes de escuelas públicas de esa jurisdicción. Sobre este tema, Pines explicó: “Nosotros lo venimos denunciando hace mucho. No solo no han dado respuesta favorable a la demanda, sino que en estos últimos años han cerrado cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras”. Instantáneas del sarcasmo Durante el transcurso de la pandemia y en muchos casos cuando la situación sanitaria no estaba aún controlada, el Gobierno porteño presionaba por la vuelta a la presencialidad en las aulas. Sus argumentos eran variados: que en las escuelas los y las estudiantes no se contagiaban, que el derecho a la educación solo se garantizaba con la presencialidad. Sin embargo, en las inscripciones online las vacantes son un bien escaso para los pibes y las pibas. “El fallo habla de las 54 escuelas de las cuales venimos escuchando ¡hace cuanto tiempo! Están construyendo las mismas 54 escuelas, pero cuando te ponés a revisar dónde están esos edificios te das cuenta que son muy poquitos los edificios nuevos que se inauguraron y la mayoría fueron mudanzas de escuelas que ya existían. Las poquitas obras que se inauguraron se hicieron siempre en años electorales y las abren sin completar la obra, entonces entregan escuelas donde está el agujero del ascensor, sin el ascensor, sin gas, sin teléfono. Con luz de obra, o sea, los cables colgando. Después, si quieren usar algún artefacto de más enseguida salta la térmica y se quedan sin luz”, contó Pines. En un Congreso Internacional que se celebró la semana pasada en la Universidad Católica Argentina, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, aprovechó la ocasión para cuestionar el dictamen y seguir sosteniendo que las 54 escuelas existen y relacionó el fallo con la campaña electoral además de responsabilizar al Gobierno nacional por la falta de conectividad en los barrios populares. Ante la consulta por las obras que el Gobierno de la Ciudad se adjudica, la docente opinó: “Hay un gran desinterés por el bienestar y por la dignidad básicamente de las infancias. El colectivo Vacantes surgió pidiendo que construyan escuelas y después a medida que fue creciendo nos dimos cuenta que en realidad hay múltiples derechos vulnerados de las infancias. No solo el acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida, que es lo que dice la Constitución de la Ciudad. Además, los comedores escolares también sufrieron muchísimos recortes en estos años, la comida es insuficiente, no es del todo saludable y no se entrega para todos los niveles. Han recortado el plan Sarmiento y el plan Conectar Igualdad”. La educación en el laberinto judicial Frente a las distintas demandas sin respuesta efectiva y la negativa al acceso a la información, el fallo traslada el problema a la Legislatura para resolverlo allí, aprobar presupuesto y ejecutarlo. Sobre el modo en que se resolvió este conflicto y la división de poderes, Pines agregó: “No es incumbencia del Poder Judicial legislar, ni aprobar el presupuesto, ni construir las escuelas. Entonces, en un punto la cuestión está en la voluntad política que es distinta de la voluntad judicial. Obviamente los jueces que le dan vacante a las familias que reclaman están de acuerdo con que hay un derecho vulnerado, pero es tarea del Legislativo y del Ejecutivo hacer
Declaran Juan Manuel y Luis Alejandro Borzi. Ambos son hijos de Oscar Isidro Borzi. Oscar fue secuestrado el 30 de abril de 1977.
A un año de la represión en el Centro Universitario del Penal de San Martín CuSam, las y los estudiantes, junto a docentes y directivos organizaron un festival al aire libre. Con la consigna “La violencia trae más violencia”, hicieron eje en la actuación del Servicio Penitenciario Bonaerense aquellos 31 de octubre y 1 de noviembre. Esos dos días, tras reiterados reclamos de pibas y pibes por las condiciones de demora en la revisión de las causas, el pedido de libertades asistidas y condicionales, regímenes abiertos, transitorias, agotamiento de penas, y con la negación del Servicio Penitenciario de que reciban a sus familiares -la gota que rebalsó el vaso-, a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires se organizaron jornadas de lucha. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Evelyn Schonfeld En el caso del CuSam, una vez que la disputa ya había comenzado a ceder, policías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ingresaron a las aulas y comenzaron a destrozar lo que se cruzaban: instrumentos de música, libros, computadoras, el estudio de radio. Rompieron y quemaron todo lo que tenían por delante. Todo lo que para las pibas y los pibes es su material de estudio, de trabajo. Sus pasatiempos y sus sueños. El capital simbólico y cultural que se construye tras las rejas. Todo fue destruido. Además, los policías robaron televisores, instrumentos y libros. “Basta de violencia. Acá en CuSam se estudia, se crea. Acá se sueña. Acá la luchamos día a día para tomar esas herramientas que no tuvimos antes. Que no las tuvimos en la sociedad de allá afuera, de donde venimos y a donde vamos a volver. Acá luchamos por la inclusión, no por una resociabilización”, dijo Silvana Ortiz, privada de su libertad e integrante del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor del CuSam. Entonces, este 1 de noviembre todo esto se resignificó. El festival se realizó en el patio aledaño al centro universitario. “Porque acá estaba todo prendido fuego”, señaló uno de los pibes privados de su libertad. Allí, aunque las nubes amenazaban con una posible lluvia, a la mañana arrancó el encuentro. Música en vivo, a cargo de Abelardo Martín y Pica Para Todxs Mis Compas. La puesta en escena de la obra “Los amotinados”, que rememora los hechos sucedidos aquel 31 de octubre y 1 de noviembre en las diferentes unidades del penal, con guiños a la lucha de las Madres y las Abuelas en la época de la dictadura. Con una crítica al rol de la espectacularización de los medios tradicionales de comunicación cuando se habla sobre la situación de encierro. Siguió la jornada, repleta de sonrisas y abrazos. Con una carga emotiva fuerte. “Hoy no estamos festejando nada, estamos haciendo memoria, recordando lo que no queremos que vuelva a pasar”, dijeron casi a coro. Los diferentes talleres del centro universitario tenían mesas donde vendían sus producciones: cuadernos y muñequitos amigurumis formarían parte también de las rifas que circulaban. “Los talleres son terapéuticos. Además de estar haciendo algo que te gusta, pones la cabeza en eso y te ayuda a relajar. Y cuando ves que cada vez te salen mejor, te da una alegría”, contaba uno de los integrantes del taller de encuadernación. Silvana y Larry en el micrófono no dejaban un ratito sin animar, sin acompañar con sus palabras.. Presentaban los números y mencionaban cada vez a Radio Mosquito, el proyecto radial de la Universidad. A las 15, bajo las primeras gotas de llovizna del lunes, arrancaron los primeros acordes de “Que mala suerte!”, de la banda Sale 500, integrada por estudiantes del CuSam. Palmas, agite, baile de rocanrol. Hacia el cierre, sonaron temas de Las Taradas, a cargo de Nati Gavazzo, una de sus integrantes, trabajadora también de la Universidad de San Martín. Los pibes y pibas, con toda sus fuerzas y con ganas de seguir encontrándose, creciendo, y compartiendo sus formas de hacer arte y comunicación, propusieron para diciembre una nueva actividad. Porque, como decía Silvana Ortiz: “Acá en CuSam no lloramos, le damos para adelante. No nos lamentamos, no nos arrepentimos. La maldita policía siempre está ahí, acechando. Y acá estamos nosotres, educándonos”.
Se realizó una nueva Marcha del Orgullo con movidas en varias ciudades del país. Compartimos imágenes de la que se realizó en el centro porteño. La figura de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido hace 8 meses, sobrevoló la jornada desde su ausencia. (Por La Retaguardia) 📷 Fotoinforme: Bárbara Barros/Virginia Chaile/La Retaguardia
Como los dos juicios se realizan ante el TOF N°1 de La Plata, aunque con diferentes composiciones, se escuchara un testimonio qaue se tomará en cuenta para ambos juicios: el de Víctor López Muntaner, hermano de Francisco López Muntaner, uno de los desaparecidos en la Noche de los Lápices. Luego dará testimonio, solo en la causa Garachico, el sobreviviente Walter Docters.