lro
Página: 7
Segunda y última parte del alegato conjunto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la SubSecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
En el juicio Brigadas, Fernando García, sobreviviente del Pozo de Quilmes, aportó un dato desconocido hasta aquí. Ubicó en ese lugar a Beatriz Alicia Lenain, de quien no se tenía registrado que estuviera embarazada. Lenain tenía otra pequeña hija que ahora emprende una búsqueda inesperada junto a las Abuelas de Plaza de Mayo. (Por La Retaguardia/Pulso Noticias) ✍️ Entrevista y redacción: Fernando Tebele (La Retaguardia)/Julia Varela (Pulso Noticias) 📷 Foto de portada: Captura Transmisión La Retaguardia/Pulso Noticias Fernando García estuvo detenido en el Pozo de Quilmes desde mayo de 1977 y esta mañana declaró en la audiencia 55 del Juicio unificado de las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. Mientras fumaba sin parar, entre su relato apareció el nombre de una persona que nunca había sido escuchado con anterioridad en este juicio. García, quien dio testimonio a través de la convocatoria de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEED), contó que compartió cautiverio Carlos Eduardo Garak, a quien le decían El Largo. Y que se enteró de que la esposa de El Largo estaba ahí y era hija de un coronel. En reconstrucción con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), supo que la compañera de El Largo se llamaba Beatriz Alicia Lenain y estaba embarazada. La declaración de García aporta un dato sustancial para que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) pueda cruzar perfiles genéticos con los de la familia de Beatriz y empezar una nueva búsqueda de un nieto o nieta apropiado por la dictadura, ya que el caso no estaba denunciado ante Abuelas de Plaza de Mayo. En el cierre de la audiencia, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, solicitó al tribunal que se informe a la CONADI para que se certifique si la familia de Lenain dejó muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ricardo Basílico, presidente del TOF N°1 de La Plata, respondió que lo harían “de manera urgente”. Lovelli explicó que hay 12 mil personas que se acercaron en algún momento a cotejar su muestras de ADN y no encontraron a sus familiares. Pero a partir de esta declaración, la CONADI tiene un perfil genético más a cotejar que hasta este momento no tenía en cuenta. De haber nacido en el cautiverio de su madre, esel nieto o nieta podría ser una de las 12 mil personas que se acercaron a cotejar su muestra de ADN y cuyo resultado ha sido negativo. Beatriz tenía una hija de poco más de un año cuando la secuestraron junto a su compañero y ya se acercó al EAAF a dejar su muestra genética para poder identificar a una posible hermana o hermano. Consultada por La Retaguardia y Pulso Noticias, Ana Oberlin, fiscal auxiliar, dijo: “este tipo de testimonios son muy importantes, porque a veces surgen cuestionamientos en cuanto a la continuidad de estos juicios. Que sigan apareciendo este tipo de datos tan trascendentes, porque estamos hablando de un nieto o nieta de quien no teníamos noticia, lo certifica. Seguramente habrá ahora una investigación especial del tema. Y eso surge a partir de uno de estos juicios y de la convocatoria de este testigo”. Beatriz era trabajadora del estado, militante peronista y vivía en Lanús. Cuando la secuestraron tenía 27 años. García también ubicó en el Pozo de Quilmes a Omar Gedario Suárez, El Chino, uno de los responsables de Montoneros en Zona Sur. De Suárez también se ignoraba a qué centro clandestino había sido llevado antes de su desaparición.
La agresión ejercida por José Ernesto Schulman, ahora expresidente de la centenaria Liga Argentina por los Derechos Humanos, a una trabajadora de la Terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar, nos abre la puerta no sólo al análisis del video viralizado, algo que los medios tradicionales ya han hecho hasta el cansancio, sino a un movimiento más comprometido con la reflexión en torno a la violencia en nuestros espacios cotidianos, utilizando las herramientas que nos brinda la experiencia del movimiento feminista. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Chechu Rodríguez/Tamara Alfaro Moreno 💻 Edición: María Eugenia Otero/Fernando Tebele 🖍️ Ilustración: Marilina Contreras/La Retaguardia En el video, claramente, hay un acto de violencia patriarcal, un abuso de poder simbólico y físico perpetrado por un hombre mayor sobre una mujer joven en su ambiente laboral. Sin embargo, la mayoría de los titulares pusieron el foco en que el atacante es (¿era?) un referente de los derechos humanos en nuestro país. Por eso mismo la condena social se extendió tan rápida y públicamente como fue posible. Hubo mucha gente apurada por “despegarse” de la figura de Schulman. Aparecieron indignadìsimos -y muy bien escritos- repudios al hecho, acompañados de solidaridades vacías hacia la empleada. En las redes sociales se multiplicaron los comentarios, algunos desde la ignorancia absoluta sobre la militancia que Schulman viene sosteniendo por los DDHH y, otros, sobre hechos anteriores de violencia patriarcal, de carácter mucho más sutil, que Schulman habría tenido con compañeras en esos mismos espacios de lucha. En el video se puede ver cómo el sistema patriarcal se manifiesta con claridad, con todo el abuso de poder en primera plana, pero, ¿qué pasó con esas situaciones previas que no implicaban violencia física ni amenazas y que no fueron filmadas ni viralizadas? Para ser recordadas a partir del video, debieron ser vistas y reconocidas como injustas e inapropiadas cuando sucedieron; sin embargo, el trasfondo patriarcal parece esclarecerse recién ahora, con todos los dedos señalando a Schulman. “Vergüenza es robar y que te pesquen”, dice un viejo dicho. Desde registrar micromachismos, sutiles y a veces imperceptibles ejercicios de dominio masculino en la vida cotidiana que atentan contra las subjetividades femeninas, hasta visibilizar las violencias más explícitas, como las psicológicas, políticas, económicas o sexuales, es importante mirar nuestros espacios cotidianos desde la perspectiva de género. De otra manera los hechos se contemplan por el impacto de los mismos como si fueran un “sin sentido” o “un desborde” de quien se posiciona en protagonista, justamente por la carencia del análisis contextual e histórico de estos actos. La disculpa de Schulman, precisamente, sólo abarca el único hecho de violencia que se hizo público, presentándolo como un hecho aislado en una vida de lucha y militancia, como una acción contraria a todas sus convicciones. Y seguramente él lo perciba de esta manera y muchas/os de sus compañeras/es de militancia, también. Y no es mentira: efectivamente hay una vida de militancia antes de este hecho; es cierto que Schulman es un referente de los derechos humanos; también es verdad que esto va en contra de las convicciones que defendió a lo largo de su vida. Pero también hubo (hay) una violencia no percibida, normalizada y, seguramente, silenciada. Existe un silencio cómplice, un pacto entre caballeros que suele establecerse entre los varones, especialmente entre aquellos que ocupan posiciones de poder. Pero también existe otro silencio, el de la costumbre, por llamarlo de alguna manera, que incluso puede ser no solo de varones. Se percibe el acto como algo violento, pero también se lo minimiza y se lo excusa hablando de generaciones distintas, de malos momentos o de desbordes; se lo olvida a la luz de los logros y/o del cariño hacia quien lo realiza; se supedita el bienestar de quien padece esa violencia por un bien mayor, el de la organización o el de la lucha conjunta… Cuando no podemos mirar nuestros espacios cotidianos desde la perspectiva de género, se nos olvida que todas, todes y todos crecimos en una sociedad patriarcal. Eso incluye a las personas referentes, y nadie está exento de comportarse en forma violenta. Ni siquiera nuestras propias prácticas, ni las de nuestras amistades, familias y militancias quedan afuera. Condenar públicamente una conducta violenta porque fue filmada y viralizada sin reflexionar en clave de género sobre las prácticas institucionales que habilitaron la escalada de violencia, es convertir al victimario en un chivo expiatorio. Es lavarse las manos. Una salida fácil y políticamente correcta para las organizaciones y los medios tradicionales de comunicación. Incluso, da lugar a la victimización de la persona violenta. Entonces, continuando con esta tarea reflexiva y ya que vivimos y asistimos al mismo sistema educativo, nos desarrollamos laboralmente y nos criamos dentro del sistema patriarcal, sin señalar o escandalizarnos casi como tomando distancia del hecho, pero poniéndolo en contexto, cabe preguntarnos: ¿estamos pudiendo ver en nuestros espacios cotidianos las acciones mínimas simbólicas, psicológicas, verbales, que anticipan situaciones violentas como las publicadas? ¿Qué estamos haciendo para erradicar este tipo de violencia en ellos? ¿Qué hacemos con quienes cometen un acto de este tipo? Demasiadas preguntas quizás. Apostamos a que, en la medida en que nos las hagamos, podamos encontrar respuestas. Y que sean, sobre todo y esencialmente, nuevas construcciones colectivas.
Declaran Fernando García, sobreviviente del Pozo de Quilmes; y Diego Genoud Santucho, por su mamá, Manuela Santucho, quien permanece desaparecida.
En el marco de la marcha que se realizó el 8 de febrero en todo el país en rechazo al acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), una patota de fascistas atacó la manifestación. Golpearon a personas y dispararon al aire con armas de fuego. Marissa Cariddi, integrante de Barrios de Pie – Libres del Sur Córdoba, pasó por el programa radial La Retaguardia, donde comentó cómo fueron los sucesos. Hoy se realizó en esa ciudad una marcha pidiendo el esclarecimiento del hecho. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Twitter Barrios de Pie Córdoba El 8 de febrero se realizaron manifestaciones en diferentes ciudades del país en rechazo al acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Córdoba, patotas fascistas se agruparon para atacar la manifestación con armas blancas y de fuego e hirieron a un joven de 15 años. Marissa Cariddi, integrante de Barrios de Pie – Libres del Sur Córdoba, contó cómo fue la situación: “Estábamos tranquilos, movilizándonos a través de esta autoconvocatoria nacional por el No al pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Unos 20 mil ciudadanos y ciudadanas se habían convocado a la marcha. Nos parecía raro que ante la masividad de la convocatoria y la diversidad de organizaciones, los medios de comunicación y la policía no estuvieran en el lugar. Nos encontramos en el Patio Olmos y las organizaciones nos fuimos ubicando en las diferentes calles que convergen allí. Cada organización en una calle diferente. Cuando ya estaba por cerrar el evento, irrumpieron en diferentes puntos grupos encapuchados con armas de fuego. Primero, en la columna del Polo Obrero, a la altura de la calle 27 de Abril. Luego, en la columna del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), que estaba en la calle Coronel Díaz y en la nuestra (Barrios de Pie), que estábamos en la calle Vélez Sarsfield. Generaron disturbios. En un caso, desde un vehículo tirando tiros al aire, lo que desmadró toda la manifestación. La seguridad que nosotros tenemos está pensada para lo normal de una movilización, que no se meta nadie externo, pero esto fue sorpresivo. La gente salió corriendo para cualquier lado, lo cual causó atropellos, se llevaban puestos a los niños. Provocaron descontrol”. Y recordó: “Lo primero que se me viene a mí a la cabeza, después de 35 años de militancia, son esas imágenes de la década nefasta de la dictadura militar. Ataques en forma organizada, planificada, entrando en la mitad de las columnas, intentando quebrarlas”. Además, la militante de Barrios de Pie habló acerca de la situación del joven herido de arma blanca: ” En nuestra columna, al cabo de unas horas, después de que nos atacaron con palos, nos notificaron que había un compañero nuestro herido de arma blanca, con un puntazo en la zona de los pulmones. A Brian lo llevaron al Hospital de Urgencias y quedó internado en terapia intensiva. La verdad es muy llamativo. Es la primera vez que vemos este tipo de hechos, con estas características. Hemos tenido presión de los aparatos represivos, de las fuerzas policiales, infiltrados en las manifestaciones intentando provocar daños para inculpar a las organizaciones. Pero este tipo de ataques, con encapuchados que ataquen dentro de las columnas a la gente, nunca lo habíamos vivido. Entonces estamos bastante preocupados. Llamamos al repudio colectivo de esta situación, para que no se vuelva a repetir”. Y concluyó: “Estamos haciendo esto público porque no hubo medios, no había policía, tuvieron toda la ventaja y la impunidad para hacer lo que quisieran. Esto no se puede volver a repetir. Toda la sociedad tiene que repudiar estos hechos que ocurrieron. En democracia no pueden ocurrir este tipo de acciones. Por lo tanto, creo que el Estado y las fuerzas de seguridad de la provincia tienen una responsabilidad concreta, de investigar a fondo. Las cámaras están, es el pleno centro de la ciudad de Córdoba. Así que tiene que haber registro de lo que pasó”.
Javier Moral es abogado de familiares de las víctimas del incendio que ocurrió hace 8 años en un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, donde fallecieron diez personas. Moral pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas de Radio La Retaguardia y contó en qué instancia se encuentra el proceso judicial contra los responsables de la tragedia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Telam El 5 de febrero de 2014 por la mañana se produjo el incendio y derrumbe de uno de los depósitos que la empresa Iron Mountain tenía en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, diez personas perdieron la vida y otras siete resultaron gravemente heridas. Rápidamente las investigaciones llegaron a la conclusión de que el incendio había sido provocado con el fin de eliminar documentación comprometida para la firma multinacional y hay evidencias concretas de que cuando inició el siniestro no se dieron las alertas correspondientes para contener el fuego. El abogado de familiares de las víctimas de la tragedia, Javier Moral, contó parte del recorrido legal llevado a cabo para buscar justicia para las personas fallecidas y afectadas por el incendio: “En estos ocho años tuvimos que atravesar el laberinto judicial para pedir justicia para las víctimas y para aquellos que quedaron con lesiones de gran importancia. Estamos en un punto en que el juzgado de Instrucción que lleva la causa procesó a 17 de 23 personas que fueron encontradas, en un principio, responsables para ser llamados a declaración indagatoria. Las defensas apelaron. Nosotros como querellantes apelamos el sobreseimiento de los cinco que el juzgado entendió que no tenían responsabilidad. La Cámara, el organismo superior de ese juzgado, entendió que debían profundizarse las pericias realizadas. Aparecieron restos de combustibles, acelerantes y algunos transformadores que dan la pauta de la contingencia eléctrica con la cual habría empezado ese siniestro que se convirtió en un incendio de grandes características”. Moral insistió en que “quedó claro a todas luces que (el incendio) fue intencional”. Se basó en “pericias muy exhaustivas” que se realizaron a lo largo de 2021 y que finalizaron el 17 de enero de este año. Esas investigaciones determinaron que el incendio fue provocado con el fin de hacer desaparecer documentación que comprometía a la multinacional: “Hubo peritos de las defensas, de los bomberos, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cada uno tuvo un camino diferente para llegar a la misma conclusión. Esto estaba establecido para que se produjera un incendio de una alta voracidad y que redujera a cenizas documentación que luego conocimos como las ‘4.040 cuentas’ o los Panama Papers. Quisieron evitar que apareciera esa documentación”, afirmó. La mayor cantidad de documentación eliminada en el incendio pertenecía a empresas de un poderío económico inmenso que estaba relacionada al lavado de dinero: “Cuando se presentaron a declarar los directivos de la empresa que administraba el depósito manifestaron que Iron Mountain es una de las 500 compañías más grande del mundo y que, a su vez, el 95% de las compañías que conforman esa lista son clientes de ellos. Había compañías de servicios financieros, bancarios, negocios”, expresó Moral y contó acerca de la evidencia que sí pudo rescatarse del fuego: “Muchas cajas se pudieron salvar. Hay una foto muy simbólica de uno de los bomberos rescatando una caja que tiene un rótulo frontal que dice ‘lavado de dinero’ y hay una que directamente dice ‘coimas’. Esa es la documentación que se pudo salvar”. Querellantes y juicio oral y público “Batallamos arduamente durante tres años para que reconocieran en carácter de querellantes a las familias. Las víctimas habían sido quitadas del proceso penal. Les habían quitado el rol de querellantes para que se evitara el conocimiento de la verdad material mediante una resolución que echó a los querellantes. La Cámara Nacional de Casación Penal les devolvió ese carácter. Después de estas pericias y consumados los procesamientos, el año que viene esperamos tener sorteado un tribunal oral que es el que va a intervenir en el juzgamiento de los imputados. A raíz de ese fallo de Casación, ahora llegaremos a juicio oral y público y lograremos las condenas de aquellos que tengan que ser condenados”, se esperanzó el abogado de las familias de las víctimas. La demora de ocho años Entre las maniobras dilatorias de las defensas, los “errores” de la Agencia Gubernamental de Control y el tiempo que llevó reconstruir la documentación, pasaron ocho años sin que los responsables del incendio puedan ser juzgados: “Demoró dos años solamente reconstruir la documentación. Lo que primero se perdió, extraordinariamente, es el expediente de habilitación. De acuerdo a la ley, esta empresa tiene lo que se llama criticidad. No es lo mismo habilitar una empresa que tiene acopio de papeles que un kioskito porque requiere mucho más papelerío. La habilitación se produjo con mucha celeridad. Para los investigadores se dio producto de un acuerdo espurio porque de ninguna manera se podría haber habilitado ese lugar y en esa zona. Dos años se tardaron en tratar de conseguir esos papeles que habían sido desaparecidos justamente por el organismo que procuraba tenerlos, la Agencia Gubernamental de Control. Una vez que se hizo la reconstrucción de la documentación y se hizo la visita ocular, a la que nosotros como querellantes fuimos, quedó claro que había que citar a indagatoria a los acusados. Había cables colgados por todas partes. La demora también fue generada mediante chicanas, apelaciones y planteos que tuvimos que apelar para que la causa no prescribiera”. Incendio ordenado Además de las evidencias encontradas en la investigación y las 23 personas indicadas como responsables de haber provocado el incendio, el abogado apuntó a una persona más: “De menor jerarquía, pero vital: el vigilador, que no declaró. No explicó por qué ocho veces desoyó una alerta temprano y permitió una ventana temporal de casi una hora en la que el fuego se expandió.
Declara Carlos Roberto Bandranas y era oficial en la Comisaria de Moreno.
Alegatos de las querellas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos/UNION por los Derechos Humanos; y de las Secretarías de DD.HH. de Nación y SubSecretaría de DD.HH. de Provincia de Buenos Aires.
Será la última audiencia antes del comienzo de los alegatos. Se hablará sobre la incorporación de pruebas.