Desaparecidos La Tablada
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Declararon el exmilitar Orlando Enrique Carbel y el sobreviviente Luis Alberto Díaz. La audiencia se realizó el 4 de enero de 2019.
Declararon los exmilitares Carlos Alberto Naselli y Hugo Daniel Stegman. También declaró el exconscripto Daniel Humberto Valenti. La audiencia se realizó el 4 de enero de 2019.
Declararon los exmilitares César Ariel Quiroga, José Almada y Jorge Halperín La audiencia se realizó el 14 de diciembre de 2018.
Declararon los exconscriptos Marcelo Aibar, Alejandro Gentile y Pablo Perrota; el Cabo Rubén Sosa; y el periodista Pablo Waisberg, coautor del libro “La Tablada, a vencer o morir”. La audiencia se realizó el 12 de diciembre de 2018.
Lectura de cargos contra el ex General Alfredo Arrillaga. Indagatoria del imputado. Testimonios de Roberto Felicetti, sobreviviente, y del exconscripto Daniel Oscar Darío Salas. La audiencia se desarrolló el 10 de diciembre de 2018
A 34 años del intento de copamiento del Regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria, que culminó con una terrible represión con un saldo de 4 desaparecidos, reunimos a Dora Molina y Joaquín Ramos, sobrevivientes; Irene Provenzano, Aurora Sánchez Nadal y Maira Ruiz Sánchez, familiares de desaparecidos; y Ernesto Belli, hijo de uno de los caídos en aquella jornada. La charla fue desde la reparación histórica del juicio —que podrá verse desde este lunes 23 en el canal de YouTube de La Retaguardia y en este portal— hasta las diferentes miradas sobre el hecho, pasando por las autocríticas y los dolores. Todas coincidieron en marcar el juicio celebrado en 2019 como un hito que modificó la mirada social sobre los hechos. Cobertura conjunta de La Retaguardia y RevolucionesEntrevista: Fernando TebeleRedacción: Juan Ciucci (Revoluciones) / Fernando Tebele (La Retaguardia)Foto: Eduardo Longoni A 34 años del intento de copamiento del Regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria, que culminó con una terrible represión con un saldo de 4 desaparecidos, reunimos a Dora Molina y Joaquín Ramos, sobrevivientes; Irene Provenzano, Aurora Sánchez Nadal y Maira Ruiz Sánchez, familiares de desaparecidos; y Ernesto Belli, hijo de uno de los caídos en aquella jornada. La charla fue desde la reparación histórica del juicio —que podrá verse desde este lunes 23 en el canal de La Retaguardia— hasta las diferentes miradas sobre el hecho, pasando por las autocríticas y los dolores. Todas coincidieron en marcar el juicio celebrado en 2019 como un hito que modificó la mirada social sobre los hechos. Es un nuevo aniversario de un hecho fundamental de la historia reciente de la Argentina, de la incipiente democracia que todavía no terminaba de hacer pie. Aquel 23 de enero de 1989 se produjo el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 en la localidad de La Tablada, por parte de un grupo de militantes del Movimiento por la Patria. Lo que siguió fue la acción criminal de un Estado que olvidó que ya no estaba en dictadura. Luego de las penas de prisión que cumplieron quienes sobrevivieron, la lucha por su libertad, las liberaciones parciales y finalmente los indultos otorgados por Eduardo Duhalde en 2005, se inició el camino para colocar los hechos de La Tablada en su lugar justo: antes que cualquier otra cosa, el Estado cometió allí crímenes de lesa humanidad. El juicio que se hizo hace cuatro años solo por José “Maradona” Díaz significó mucho más que eso: implicó empezar a hablar seriamente de lo ocurrido en La Tablada. La Retaguardia y Revoluciones, medios que compartimos en aquel tiempo la cobertura en tiempo real a través de El Diario del Juicio, reunió a sobrevivientes y, familiares de personas muertas y desaparecidas, para que nos cuenten cómo viven Tablada hoy, qué significa para ellos y para ellas cuando pasaron 34 años. Participaron de esta charla Irene Provenzano, la hija de Francisco Pancho Provenzano, una de las cuatro personas que permanecen desaparecidas, y de Claudia Lareu, quien murió durante el combate; Maira Ruiz Sánchez, hermana de Iván Ruiz, otro de los desaparecidos, y sobrina de Roberto Sánchez, caído ese día; Aurora Sánchez Nadal, mamá de de Iván y también hermana de Sánchez; Dora Molina, integrante en aquel momento del movimiento Todos por la Patria, quien tuvo que purgar la pena de prisión que se le impuso a otros sobrevivientes que habían ingresado, aunque ella no ingresó al cuartel; Joaquín Ramos, sobreviviente y hermano de Pablo Ramos que cayó en combate en una situación como tantas otras no esclarecida; y Ernesto Belli, hijo de Pablo Belli, otro de los integrantes del MTP que murió en la La Tablada. —¿Cómo se vive un nuevo aniversario de Tablada? Porque pasaron muchísimas cosas en estos años y fue cambiando la mirada pública sobre Tablada. ¿Fue cambiando también la mirada de ustedes, cambió la tuya, o es una mirada que no tiene idas y vueltas? —Irene Provenzano: Pienso que afectiva y emocionalmente significa con diferentes intensidades, emociones parecidas, porque hay algo que no cambia, que es la pérdida personal de mis viejos. Y en ese sentido, la mirada cambia menos. Creo que hay un antes y un después de lo que significó el juicio, en cómo llegamos a los aniversarios de Tablada y de cómo se ve Tablada hacia afuera. El juicio como un hito, pero parte de un proceso más amplio de poder empezar a instalar que en Tablada hubieron violaciones a los derechos humanos, que vos denunciaste al principio. Y eso nos para diferente también, es llegar a cada 23 siempre con la reivindicación de los compañeros y las compañeras caídos ahí, y también con la legitimidad de una denuncia que se va transformando en una confirmación a través de la justicia. Que hubo fusilamientos, que hubo desapariciones y que hay responsables de eso y que los tenemos que juzgar. Que hubo encubrimiento judicial y se empieza a probar. Y eso nos para de un modo diferente. —Joaquín, vos tenías 19 años cuando se dio el hecho de La Tablada y has pasado también muchos años en prisión después de aquel juicio que se realizó al poco tiempo del intento de toma. ¿Qué significa para vos Tablada hoy, luego del juicio que se realizó hace 4 años y que de alguna manera dio vuelta la lectura sobre esta historia? Pasaron de investigados y de culpables a testigos que pudieron dar este testimonio como sobrevivientes. —Joaquín Ramos: Sí, a mí la palabra sobreviviente no me gusta, entiendo que lo soy pero como que somos más cosas. Justo hoy pensaba que el juicio por (José) “Maradona” Diáz fue muy reparador para todos nosotros, incluso para todos los compañeros que quedamos, que pasamos la cárcel juntos, que la mantuvimos ahí como una trinchera de lucha. No ir ahí como acusados sino como testigos y que se nos escuchara, fue muy reparador. Porque estaba pensando un poco con todo este tema del Lawfare y todo lo que
El ex jefe militar Alfredo Arrillaga, quien ya fuera condenado a prisión perpetua por ser coautor penalmente responsable del homicidio agravado por alevosía de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos tras la represión en La Tablada, sumó una nueva condena, la séptima, en el juicio denominado Subzona 15, por privaciones ilegales de libertad, tormentos, asesinatos y desapariciones de 272 víctimas. Alfredo Arrillaga recibió su sexta condena a cadena perpetua en abril del año pasado, cuando se cerró el histórico juicio, que después de 30 años y por primera vez, juzgaba a los responsables de la represión desatada tras el intento de toma del Cuartel de La Tablada por parte de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), en enero de 1989, . Las condenas anteriores habían sido por delitos de lesa humanidad ocurridas en la Subzona 15. El frondoso prontuario del genocida sumó hoy una nueva perpetua cuando en una sala prácticamente vacía, y en el marco de la cuarentena por el coronavirus, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó este lunes a la pena de prisión perpetua a 28 imputados en otro tramo de la causa por crímenes de lesa humanidad conocida como “Subzona 15”, que se inició en abril de 2018. Además, impuso penas de entre 7 y 25 años a otros siete acusados y absolvió a cinco. La acusación fiscal, representada por el fiscal Juan Pablo Curi y los auxiliares fiscales Eugenia Montero y Julio Darmandrail, incluía 31 pedidos de prisión perpetua y penas que van de los 6 a los 25 años para el resto de los imputados. Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían expuesto la evolución que se llevó adelante para la investigación de lo sucedido y su posterior juzgamiento. “Primero se juzgaron un grupo pequeño de casos en relación a dos o tres imputados (Juicios Molina o Base 1); luego se juzgó la dinámica y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención conocidos como “La Cueva”, “Base Naval”, ESIM y Prefectura, por un número mucho más significativo de casos y de imputados (Juicios La Cueva I y Base Naval II). Más tarde se acreditó que la FUERTAR 6 funcionó como una verdadera asociación ilícita cuyos miembros cometieron innumerables delitos en coordinación con las autoridades de la Subzona 15, quienes tenían la responsabilidad primaria en la ‘lucha contra la subversión’ (Juicio Base Naval III y Máspero)”. “Hoy estamos juzgando el circuito represivo completo que operó en la Subzona 15, superando el paradigma del centros clandestinos de detención como factor aglutinante de la investigación y juzgamiento de estas causas; y analizando la responsabilidad de los Jefes de Subzona y de los Jefes de Área en relación a los procedimientos que terminaron con el secuestro de víctimas que no fueron luego ‘vistas’ ni percibidas en ningún centro clandestino de esta jurisdicción o -incluso- respecto de aquellas cuyos cuerpos aparecieron en el ámbito jurisdiccional de otras subzonas”, precisaron. “Se ha probado que en la ciudad de Mar del Plata existieron centros clandestinos de detención y tortura, operados por las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad que conformaron un circuito represivo de gran envergadura”, sostuvieron. Exactamente dos años después del inicio del juicio, este lunes pasado el mediodía los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava -en reemplazo de Alfredo Ruiz Paz, que se jubiló- dieron a conocer la sentencia contra los 40 imputados. A media mañana se habían escuchado vía teleconferencia las últimas palabras de dos de los acusados. De esta manera, por unanimidad condenaron -mayormente en sintonía con los pedidos de la fiscalía y las querellas- a 35 acusados que formaron parte del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Prefectura, y entre ellos a tres médicos. La lectura de la sentencia se produjo sin la presencia de público en el marco de las medidas sanitarias vigentes, y sólo participaron además de los jueces y el secretario dos representantes de la fiscalía, uno de las querellas y algunos defensores. Los acusados y el público pudieron seguir la lectura en vivo a través de la web de la Corte Suprema y de redes sociales de organismos de derechos humanos, como el que la querella o el del Colectivo Faro de la memoria. Los fundamentos del fallo, anunció el Tribunal, se darán a conocer el próximo 18 de junio. Con su séptima perpetua en el bolsillo, Arrillaga debería afrontar en algún momento de este año o del 2021, el segundo tramo por los desaparecidos de La Tablada. Condenas y absoluciones de Subzona 15 Virton Modesto Mendiaz: Prisión perpetuaAlfredo Manuel Arrillaga: Prisión perpetuaEduardo Jorge Blanco: Prisión perpetuaJorge Luis Toccalino: Prisión perpetuaJulio Cesar Fulgencio Falcke: Prisión perpetuaOscar Ayendez: Prisión perpetuaHéctor Raúl Azcurra: Prisión perpetuaPolicarpo Vázquez: Prisión perpetuaRafael Alberto Guiñazú: Prisión perpetuaJosé Omar Lodigiani: Prisión perpetuaCarlos María Robbio: Prisión perpetuaJusto Alberto Ignacio Ortíz: Prisión perpetuaEduardo Carlos Frías: Prisión perpetuaAlfonso Eduardo Nicolás: Prisión perpetuaRoberto Mario Blanco Azcarate: Prisión perpetuaLuis Héctor Bonanni: Prisión perpetuaRaúl César Pagano: Prisión perpetuaOsvaldo Gaspar Siepe: Prisión perpetuaNéstor Ramón Eduardo Vignolles: Prisión perpetuaHéctor Eduardo Vega: Prisión perpetuaFortunato Valentín Rezzet: Prisión perpetuaCarlos Alberto Suárez: Prisión perpetuaHugo Ernesto Pabón: Prisión perpetuaAlcides José Cerutti: Prisión perpetuaOscar Ramón Gronda: Prisión perpetuaAlfredo Raúl Weinstabl: Prisión perpetuaErnesto Davis: Prisión perpetuaRaúl Enrique Pizarro: Prisión perpetuaJuan Eduardo Mosqueda: 25 años de prisión.Ariel Macedonio Silva: 22 años de prisión.Gonzalo Gómez Centurión: 12 años de prisión.Cesar Enrique Martí Garro: 10 años de prisión.Miguel Ángel Domingo Parola: 10 años de prisión.Carlos Arturo Mansilla: 7 años de prisión.Juan Carlos Aiello: 7 años de prisión.Eduardo Carlos Isasmendi Sola: Absuelto.Juan Roberto Contreras: Absuelto.Silverio Abel Cortez: Absuelto.Juan Tomás Carrasco: Absuelto.Juan Alberto Rincón: Absuelto.
Lo dijo Matías Mancini, el presidente del TOFC 4, que lo condenó a perpetua por el asesinato de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos en La Tablada en 1989. Mancini y Esteban Rodríguez Eggers recibieron a El Diario del Juicio para analizar la sentencia. Se refirieron a la reparación simbólica al hijo de Díaz y al control total de la situación por parte de Alfredo Arrillaga. Explicaron por qué le dieron prisión domiciliaria y no consideraron el hecho como crimen de Estado. Foto: el presidente del Tribunal, Matías Mancini, en pleno juicio. (Foto: El Diario del Juicio)El 15 de mayo se conocieron los fundamentos del fallo que condenó a Alfredo Arrillaga a la pena de prisión perpetua por considerarlo co-autor del homicidio agravado por alevosía de José Maradona Díaz, uno de los cuatro integrantes del Movimiento Todos por La Patria (MTP), que hasta el día de hoy permanece desaparecido. Pocos días después de conocida la sentencia, entrevistamos al presidente del tribunal, Matías Mancini, y al vocal Esteban Rodríguez Eggers. Ambos son, además, docentes de la carrera de derecho. La charla con quienes escribieron las 189 páginas de fundamentos que responden a las preguntas de quién, cómo, dónde y cuándo asesinaron y desaparecieron a José Díaz, tiene un sentido para el Diario del Juicio: intentar que las sentencias (y los juicios todos) se conviertan en hechos pedagógicos y comunicacionales. Los jueces del tribunal aceptaron la entrevista con tanta amabilidad como precaución. “Hay algunas cosas que uno podría decir de las bambalinas de la causa -comenzó Rodríguez Eggers- Por ejemplo a nosotros nos llamó la atención que en algún lugar haya parecido tan novedoso el tema del tratamiento a la víctima. Por el caso especial de este chico Díaz”, dijo con referencia a Daniel, el hijo de José, que viajó desde Nicaragua y presenció todo el juicio del que fue querellante. “Durante muchos años, yo lo estafaba a él con plata tuya y el derecho penal se preguntaba ¿quién es la víctima? ¿él que lo engañé, o vos que la guita que era tuya? A partir del 2000 hay toda una mirada en el mundo diferente del tema de la víctima y el testigo, mucho más en Naciones Unidas a partir de tipos que resultaban víctimas de los conflictos armados en un montón de lugares: Ruanda, Yugoslavia: ¿alcanza con que al tipo lo indemnicen y le den 25.000 dólares? No. Todo esto empezó con la trata de personas, con la trata de migrantes. Fíjense que con el tema migratorio, si yo era un migrante, la sanción era para mí, que fue como se trató en Europa siempre con los tipos que cruzaban o no el Mediterráneo: se los sancionaba. A partir de la trata de migrantes se considera el porqué hace eso el migrante. ¿Por qué hace esto? Porque hay una situación en África, las guerras, los problemas de hambruna, un montón de variables que a este tipo lo llevan ser una víctima porque hay grupos que lucran con eso. El tipo vende lo poco que tiene y lo infiltran en una sociedad para ser explotado. A partir del Tratado de Palermo, se considera una víctima al tipo que es tratado, al migrante. Es decir, hay otra mirada. La cuestión de la ayuda humanitaria tiene que ver con esto, con los desplazamientos, y mucho más con las cuestiones estatales. De pronto es el Estado escuchando a la víctima de un delito cometido por el Estado. El abordaje es diferente a partir de ahí. Es un poco la cura ‘Ah mirá… nosotros hicimos esto en otro momento’”, comenzó explicando Rodrìguez Eggers, traje impecable y mucho más descontracturado que su colega. “Él es más teórico” agregó, señalando a Mancini, que apenas tiene 35 años y presidió el tribunal en este juicio. Rodríguez Egger y uno de sus gestos característicos de atención durante las audiencias. (Foto: El Diario del Juicio) —DDJ: ¿Para ustedes fue natural que la sentencia implicara una reparación simbólica? —Matías Mancini: Nos sorprendió el pedido de la querella porque es original. No sucede que hayan pedidos de partes donde se requiera que se deje expresa mención a una cuestión así. Como uno puede interpretar la función de la pena, cada vez va tomando más fuerza la idea de la sanción como reparación a la víctima. Está bastante discutido para qué sirve la pena: históricamente se habló de una prevención general: “tengamos a la gente amenazada con que si hace las cosas mal o contrarias a la ley va a ser penada”, es una manera de prevenir el delito. Después aparecieron otras ideas como resocializar, o retribuir mal por mal y cada vez más empezó a aparecer la idea autónoma de reparar a la víctima y esto no es algo que nos sorprendiera teóricamente pero si nos sorprendió porque no hay pedidos concretos en general en causas donde se solicite que esto quede expresamente. Ante un pedido expreso y fundado nos pusimos en la situación de “bueno, aprovechemos, reflexionemos y demos respuesta”. Y para dar respuesta acudimos a una sentencia de la CIDH, donde dice justamente la idea de reparar a la víctima. Nos apoyamos también en la ley de la víctima y la sanción penal como uno de los modos para reparar. Esto viene enganchado en toda una corriente teórica que no pusimos porque sino ya sería una obra de doctrina, pero es la idea de empezar a ver el derecho penal no tanto para imponer un orden sino para resolver conflictos que se resuelven de muchas maneras, se resuelven a veces con conciliaciones, con suspensiones a prueba, se resuelven a veces con sanciones. Eso es bastante complejo porque es un ida y vuelta entre víctima y victimario y también está el Estado involucrado. Entonces no es tan lineal el asunto, en la sentencia no hicimos una obra de doctrina pero fue un buen momento para decir algo que nosotros consideramos pertinente que es que esta sanción esperemos le sirva de reparación a Daniel Díaz Padilla. —Esteban Rodríguez Eggers: La
Se publicaron los fundamentos del veredicto del juicio por el asesinato y desaparición de José “Maradona” Díaz, uno de los cuatro militantes del MTP que aún permanecen desaparecidos tras las trágicas jornadas vividas en el cuartel de La Tablada en Enero de 1989. Para los jueces, Díaz fue conducido hasta Arrillaga, que decidió que fuera asesinado. Repasamos los puntos centrales de los fundamentos. Los integrantes del TOCF 4 de San Martín, Matías Alejandro Mancini, en su calidad de presidente; Alejandro de Korvez y Esteban Carlos Rodríguez Eggers, condenaron a Alfredo Manuel Arrillaga por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía a la pena de prisión perpetua, con accesorias legales y las costas del proceso. En el escrito que brinda los fundamentos del fallo, se deja constancia que fue probado a lo largo del debate que una vez identificados “Iván Ruiz y José Alejandro Díaz como intrusores, fueron separados de los conscriptos y desertores (que con ellos se encontraban al momento de ser detenidos). Estos últimos fueron hacia el perímetro del regimiento para luego ser evacuados en un vehículo militar. Respecto de Ruiz y Díaz, Naselli ordenó al entonces Cabo Primero Hugo Daniel Stegmann que los llevara detenidos al puesto comando de la Sección de la Escuela de Caballería encabezada por el Mayor Jorge Eduardo Varando con el objeto de que fueran interrogados. ´A punta de fusil´ fueron conducidos hacia dicho lugar. Díaz y Ruiz fueron interrogados, subidos a un Ford Falcón manejado por personal del Ejército Argentino y nada más se supo al respecto. Arrillaga controlaba la situación por ser el comandante táctico de la recuperación, en un combate desplegado en un área limitada del RIM III y cercada por personal militar. Todo este personal respondía a él, quien tuvo dominio efectivo sobre los detenidos. El imputado se aprovechó de su posición jerárquica para que se perpetrara el homicidio de José Alejandro Díaz. En tal sentido, se valió del total estado de indefensión de José Alejandro Díaz, quien se hallaba desarmado, detenido, severamente herido y en poder de su subordinado Varando. Concretamente, el aquí imputado acordó con -al menos- Varando la muerte de Díaz luego del interrogatorio, y proveyó y garantizó los medios y el marco de impunidad para que se pudiera actuar físicamente sobre la víctima quitándole la vida”. Varando estaba imputado en la causa, pero murió antes de llegar a este juicio. El “al menos”, aparece como una manera de no descartar otras imputaciones de militares. Al mismo tiempo, se establece que: “como primer peldaño del razonamiento se debe poner de resalto que, sin perjuicio de que la irrupción en el cuartel fue a todas luces ilegal y -como consecuencia de ello- la intervención estatal en sí misma justificada, el Estado (representado por el Ejército Argentino y las fuerzas de seguridad) no se encontraba facultado legalmente para establecer una lucha sin miramientos ni límites. En otras palabras: la legítima recuperación no impedía ni limitaba el cumplimiento de la ley. Particularmente, la participación de Díaz en el copamiento no lo privaba de las garantías y de los derechos previstos en el ordenamiento jurídico. Concretamente, la ejecución de Díaz se encontraba claramente prohibida”. Los fundamentos del fallo destacan asimismo la labor periodística que tanto sirvió a esclarecer la causa. “Debe destacarse el valor que han tenido las fotografías de Eduardo Longoni para el avance de la investigación y para el presente debate”, como así también “poner de resalto el contenido de los vídeos que fueron exhibidos durante el juicio. Se recuerda aquí el proverbio ‘una imagen vale más que mil palabras’, atribuida al escritor ruso Iván Sergeyevich Turgeniev del siguiente modo: ‘una imagen muestra de un vistazo lo que requiere más de diez páginas de libro para exponer’”. El fin de la versión oficial A lo largo del proceso algo quedó claro en la causa: la versión que durante 30 años sostuvo el Estado era completamente falsa. La idea de una posible fuga quedó rápidamente descartada. “Ha quedado demostrado contundentemente que al momento en que Díaz y Ruiz fueron detenidos no era posible que se fugaran del RIM III. Luego del debate ha resultado tan inverosímil la idea de la fuga, que ha sido abandonada incluso por la defensa; ello, a pesar de que -como se verá- se trataba de la hipótesis utilizada originalmente por miembros del Ejército Argentino. Al momento en que Díaz y Ruiz fueron tomados prisioneros, el RIM III contaba con un “cerco perimetral completo” formado por miembros del Ejército Argentino, de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de otras fuerzas de seguridad”. En el apartado titulado “El desmoronamiento de la versión original del personal del Ejército Argentino sobre la fuga de Díaz y de Ruiz” se detalla la falacia oficial. “Durante la instrucción se recibieron declaraciones testimoniales -incorporadas al debate por pedido de las partes- que pretendían instalar la hipótesis de que Díaz y Ruiz se habían fugado luego de que ellos u otra persona matara al enfermero Sargento Ayudante Raúl Ricardo Esquivel que los custodiaba por orden del entonces Mayor Varando. Esta versión se sostenía principalmente en el testimonio de Varando -que acabó imputado en la causa y luego falleció- y de César Quiroga, un ambulanciero que corroboraba la idea de que Díaz y Ruiz habían quedado bajo la custodia del aludido enfermero”. De acuerdo a la prueba producida durante el debate, el TOCF 4 indicó que se demostró lo siguiente: 1) Varando escogió a una persona que había fallecido en combate para atribuirle la responsabilidad de la custodia de los dos detenidos desaparecidos. 2) Su versión fue falaz y tuvo como objetivo procurar su impunidad. 3) Al poco tiempo de sucedidos los hechos, Quiroga fue presionado en el Juzgado de Instrucción por parte de un auditor del Ejército Argentino para corroborar la versión de Varando. 4) El enfermero Mario Gualberto Cruz fue el único y verdadero testigo presencial de la muerte de Raúl Ricardo Esquivel. 5) Al poco tiempo de los hechos Cruz relató en una oficina
Es la última audiencia del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada y se corta la calle. Se instala una radio abierta desde los medios que hacemos este Diario del Juicio. Se ponen las fotos de los cuatro, Pancho, el Sordo, Maradona e Iván, para esperar el veredicto. Están sus familiares, sus compañeros y compañeras. Están quienes iniciaron el camino de exigencia de justicia, hace 30 años, los primeros abogados de cuando MTP era mala palabra. Están las viejas. Los pañuelos. Los hijos, las hijas que no conocieron casi a sus madres y padres, las que los conocieron un poco más. Las tías, hermanos, sobrinos. Amigos, amigas. Entre todos y todas aún siguen reconstruyendo sus historias con pedacitos que les cuentan otras personas. “La fortaleza del edificio a atacar determinará los medios a utilizar debiendo ser los mismos de una contundencia tal que dobleguen o destruyan a los subversivos que combaten en el lugar”. La cita es de octubre de 1989, de la revista SOMOS. Allí se publicaba, en la prensa gráfica del momento, en exclusiva “las enseñanzas prácticas que tuvo un jefe militar después del combate a La Tablada”. Casi oficiando de maestro, Arrillaga cuenta, a pocos meses de los hechos, cuál es la intencionalidad que tuvo como jefe máximo del operativo militar: destruir a los “subversivos” que estaban dentro del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3 de La Tablada.30 años más tarde, en el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, el ahora ex jefe militar Alfredo Arrillaga fue condenado a cadena perpetua por ser coautor penalmente responsable del homicidio agravado por alevosía de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos. Esta es su sexta condena, la anteceden cinco, todas cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. La orden de aniquilamiento que se lee en SOMOS y se presenta como las “enseñanzas”, fue señalada en el juicio oral desde el día uno. Fue negada una y otra vez por el genocida que por el ‘89 era aplaudido y daba clases de combate. La última jornada del juicio no fue la excepción. Con una sala colmada de familiares, amigos, amigas, ex militantes del MTP, Madres de plaza de Mayo, el otrora Dios y maestro de combates militares hizo uso de sus últimas palabras y volvió a negar su responsabilidad: “Lo que sí manifiesto es mi inocencia en base en que no he asesinado en ninguna forma y manera a persona alguna. No he impartido orden de manera directa o indirecta para que se le quite la vida a alguien o se la desaparezca”. Es la última audiencia del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada y se corta la calle. Se instala una radio abierta desde los medios que hacemos este Diario del Juicio. Se ponen las fotos de los cuatro, Pancho, el Sordo, Maradona e Iván, para esperar el veredicto. Están sus familiares, sus compañeros y compañeras. Están quienes iniciaron el camino de exigencia de justicia, hace 30 años, los primeros abogados de cuando MTP era mala palabra. Están las viejas. Los pañuelos. Los hijos, las hijas que no conocieron casi a sus madres y padres, las que los conocieron un poco más. Las tías, hermanos, sobrinos. Amigos, amigas. Entre todos y todas aún siguen reconstruyendo sus historias con pedacitos que les cuentan otras personas. La sala está repleta en medio de la tensión que genera la espera. De esos minutos. De 30 años. Estamos todos y todas. La primera fila es de pañuelos blancos en las cabezas de las Madres de la Plaza. Ahí nomás, Daniel Díaz, con la foto de José pegada al pecho, y una angustia que se le torna incontenible. Arrillaga no entra. Es la primera vez en estas 18 audiencias que hay que avisarle que sólo falta él para iniciar. Entra acompañado por la policía y una mujer que se sienta a su lado, suponemos familiar. No es la hija que lo acompañó y conocimos en los alegatos, ella tenía un pasaje de avión hace mucho para vacacionar y eligió viajar a escuchar una nueva perpetua para su papá. Del otro lado, Hernán Silva, su defensor. Estamos una hora tarde. Son las 10:00 y empiezan las presentaciones de las partes. No sin antes acudir una vez más a un planteamiento por parte del defensor oficial Hernán Silva. Los “carteles”, sostiene, y se refiere a las pancartas en la sala con las caras de Pancho, el Sordo, Maradona e Iván, lo intimidan. Pide al tribunal que le pida a la gente que no tenga “carteles” atrás suyo. Un minuto más de espera a pedido del defensor oficial, los jueces se retiran a deliberar. Regresan y, una vez más, no hacen lugar. La imagen de Hernán Silva pasará a la historia al lado del genocida, con las caras de los desaparecidos detrás. Antes del veredicto que condenó al genocida a una nueva prisión perpetua escuchamos sus últimas palabras. Una vez más una extensa declaración de quien no se arrepiente de nada, dice una y otra vez la palabra terroristas, se permite hablar de la dignidad “la querella no puede ignorar mis declaraciones sobre los terroristas, donde expresé que no compartía su ideología pero les reconocí que habían combatido muy bien causando once bajas a las fuerzas de recuperación”, dice con un cinismo al que ya nos acostumbró y termina aconsejando a sus pares: “soldado si tu vida estuvo en peligro no te arrepientas, defendiste la patria”. 30 años y 79 días después del 23 de Enero de 1989, Alfredo Arrillaga sigue sosteniendo que defendió a la Patria y tal vez por eso se siente “víctima de una política vengativa y revanchista”. Dejar de ser los ogros A las 12:35 del viernes 12 de abril del 2019 escuchamos por fin “condenar a Alfredo Arrillaga por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado con alevosía en perjuicio de José Alejandro Díaz a la pena de prisión perpetua” Prisión perpetua. Aplauso contenido. Pedidos de silencio. Esperar de nuevo, hasta el fin de la