Miriam Lewin
Declara Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA.
Una de las aeronaves que fue utilizada para arrojar personas vivas al mar en los Vuelos de la muerte de la ESMA estaba en actividad y realizaba prácticas de paracaidismo en Estados Unidos. El Gobierno nacional se propone traerla a Argentina, ya que fue una pieza clave del plan sistemático de exterminio. La palabra de la sobreviviente y periodista, Miriam Lewin, quien junto al fotógrafo Giancarlo Ceraudo halló el avión en 2010; y de la exfiscal en la Megacausa, Mercedes Soiza Reilly. Entrevistas: Fernando TebeleRedacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Skyvan PA-51, uno de los aviones fotografiados por Giancarlo Ceraudo en el libro “Destino Final”. Por “Decisión Administrativa 54/2023” del 25 de enero de 2023, se modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 y la Decisión Administrativa N°4 del 9 de enero de 2023. Entre otros considerandos se destaca: “Que resulta necesario reforzar los créditos del MINISTERIO DE ECONOMÍA destinados a la adquisición de la aeronave Short Skyvan N80GB, para su incorporación al MUSEO DE SITIO ESMA – EX-CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y DESAPARICIÓN, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS”. Ese avión fue parte de los Vuelos de la muerte de la ESMA. Todo indica que se utilizó para arrojar con vida a las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, y a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, entre otras víctimas. La escritora y sobreviviente del genocidio, Miriam Lewin, contó a La Retaguardia que la investigación comenzó en 2007 a raíz de una entrevista: “Me contacta un fotógrafo italiano a quien yo no conocía, Giancarlo Ceraudo, como sobreviviente de (los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio) ESMA y Virrey Cevallos. El fotógrafo viene solo. El periodista viene unos días después, era una nota para la República de Milán. Y después de hacerme las fotos, medio desganado, me pregunta si alguna vez había pensado donde estaban los aviones de los vuelos de la muerte”. —Nunca pensé en eso —contestó Lewin, quien reconoce que se sintió interpelada. “Tal vez en Argentina teníamos tantas deudas en cuanto encontrar a las personas, y a los bebés robados, que nunca lo había pensado, ¿pero además para qué podía servir?”, le dijo Lewin. —Puede servir para llegar a identificar los pilotos de los Vuelos de la Muerte —contestó Giancarlo. En ese momento Miriam pensó que “era un delirio”, pero se asoció con el fotógrafo que venía masticando la idea desde hace varios años. “Me agarró con la guardia baja”, justificó la escritora. “Empezamos a buscar primero a los aviones, con los datos que aparecían en un libro de (Adolfo) Scilingo, que había publicado él, además del testimonio que le había dado a Horacio Verbitsky”, recordó. Scilingo fue la parte humana, necesaria, para la concreción de los Vuelos de la muerte. Las máquinas no se manejan solas. El represor fue capitán de corbeta y exjefe de automotores de la ESMA. En 1995 encaró a Horacio Verbitsky en el subte: “Yo estuve en la ESMA, quiero hablar con usted”, le dijo. Así contó el periodista ese primer encuentro en su libro “El vuelo”, y en ese momento pensó que se trataba de un sobreviviente. Así dicha la frase, era lógica la confusión. Fue cuestión de dos diálogos más para aclarar la cosa. Scilingo estaba del otro lado. El informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de ese año dice: “Scilingo participa de los vuelos, al término de los cuales —dijo— los capellanes confortaban a los oficiales con citas de los Evangelios. No reivindica aquellos asesinatos, por los que se siente culpable: tampoco se considera arrepentido, sino alguien cuya perspectiva de los hechos cambió a raíz de la actitud vergonzante de sus superiores”. Scilingo, quien fue presentado como arrepentido en algunos canales de televisión pero no lo estaba, también dijo que entre “1.500 y 2000 mil detenidos fueron arrojados al Atlántico con vida, narcotizados y desnudos, desde aviones de la marina de guerra y de la prefectura naval, durante los años 1976 y 1977”. Ahí estuvo la aeronave Short Skyvan N80GB. El exjefe de automotores de la ESMA fue condenado en España por crímenes de lesa humanidad a una cantidad de años que supera el promedio de vida humana (más de mil) y en 2020 gozaba del beneficio de la libertad condicional. Aparentemente colabora en una parroquia. Miriam Lewin se refirió a la confesión de Scilingo a mediados de los 90: “Era la primera vez que quienes sobrevivimos a los campos de concentración, sobre todo a la ESMA, supimos que los Vuelos de la muerte habían tenido lugar, porque a nosotros nos decían ‘Los llevábamos a una prisión en el sur’, ‘Los llevamos a una estancia…’. A los prisioneros que estaban en Capucha les inyectaban una sustancia tranquilizante, después a un camión, después al área militar de aeroparque”. La investigación que realizaron Giancarlo Ceraudo y Lewin tomó forma en dos libros. “Destino Final”, el del fotógrafo; “Skyvan, aviones pilotos y archivos secretos”, el de la escritora. El trabajo le valió la condena a dos pilotos: Alejandro D´Agostino y Mario Arrú. Terminaba el tercer tramo del juicio ESMA y era el año 2017. Lewin contó que el piloto de aviones y excineasta, Enrique Piñeyro, “analizó documentación que nosotros encontramos en el seno de los Skyvan, de apariencia tenebrosa, que era utilizado por la marina, a pesar de que pertenecía a la prefectura. Analizando esa documentación y los vuelos sospechosos, se llegó a la conclusión de que uno de los vuelos era el que había llevado al grupo de la Santa Cruz”. El grupo de la Santa Cruz está compuesto por 12 personas que fueron secuestradas en diversos operativos entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Eran familiares y militantes de Derechos Humanos que reclamaban por las y los desaparecidos. Fueron llevadas a la ESMA y desaparecidas. Tenían en
“Estamos muy preocupados por lo que vaya a pasar con los fondos específicos en lo que respecta a todo el sector de la cultura de la Argentina”, dijo Marcos Ocampo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diálogo con La Retaguardia, Ocampo se refirió a la situación de la cultura en general y de la Defensoría en particular en relación a la caducidad de los fondos destinados a organismos y proyectos para el fomento de la comunicacion y la cultura. ¿Por qué peligra también la Defensoría que dirige actualmente Miriam Lewin? Entrevista/Redacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Daniela Andam En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se aprobó la Ley 27.432 en una reforma impositiva que programó la caducidad de los fondos de fomento de la cultura y la comunicación comunitaria para el 31 de diciembre de este año. Al respecto, Marcos Ocampo comentó: “Yo soy delegado de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Capital e hicimos recientemente una asamblea, tenemos un pronunciamiento público y nos declaramos en estado de alerta y movilización. Estamos muy preocupados por lo que vaya a pasar con los fondos específicos, en lo que respecta a todo el sector de la cultura de la Argentina, en una afectación posible de la soberanía cultural de la Argentina, la pluralidad y la independencia para la generación de contenidos y también para el control y para el trabajo. También sobre el punto de vista de la libertad de expresión y desde la protección de los derechos de las audiencias de radio y televisión. En ese sentido, vamos a participar en todas las instancias que se pueda, en todos los lugares, hablar con legisladores y funcionarios, para que lleguemos a una renovación antes de fin de año de la asignación de fondos específicos”. Las políticas redistributivas que se desarrollan con los impuestos contemplados en las leyes 26.522, 20.630 y 17.741, se verían afectadas y modificadas por la Ley 27.432 aprobada en 2017. Por mandato de esta ley, se reestructurarían los destinos de los fondos que ya no serían para el fomento del cine, la música, el teatro, las bibliotecas populares y la comunicación comunitaria, sino que pasarían a las cuentas generales del Estado y se generaría así la pérdida de independencia de los organismos y sectores vinculados. La Ley 27.432 afecta así a los programas y proyectos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Los fondos de fomento no son exactamente lo mismo en todos los organismos. Hay algunos que tienen una trayectoria, por ejemplo el INCAA, que vienen de la década de los 90 con la Ley de Cine, pero con la discusión de la Ley de Medios en 2009 se produjo un salto respecto a este financiamiento y los modos del financiamiento también. Para el INCAA es muy importante el financiamiento que se deriva de la Ley 26.522, que estableció un mecanismo de captura de fondos del propio sector que se beneficia de la cultura. Esa es la lógica: los contenidos transcurren en los medios y los medios tienen que tributar para que haya una vuelta hacia el sector de la cultura que responda a criterios de independencia, de fomento de la producción genuina cultural y no a criterios extranjeros o comerciales”, explicó Ocampo. En los casos mencionados, la caducidad de los fondos pone en peligro determinadas áreas y/o sectores de esos organismos. Pero para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual la situación es más preocupante y particular: “En el caso de la Defensoría, está íntegramente financiada por este sistema y el mecanismo es la asignación específica de estos fondos que se recaudan del propio sector. O sea, no se saca de ningún otro sector del Estado en ninguna otra empresa que no sea el mismo sector de la cultura. Y la asignación se mantiene dentro de una cierta burbuja e independiente del Ejecutivo. Si se cae el plazo, el problema es que los fondos serían recaudados de todos modos pero irían al ejecutivo o gubernamental y sería lo contrario a lo que algún sector de la oposición ha manifestado”, agregó Ocampo. La Defensoría del Público es un organismo creado en 2012 por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y tiene entre sus misiones la defensa del Derecho a la Comunicación Democrática y la protección de las audiencias en todo el país. El modo de funcionamiento, existencia y designación está vinculado a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Digitalización. “Hay un mecanismo plural que se hace desde la Comisión Bicameral. Existe una comisión bicameral sobre medios de comunicación en el Congreso, con participación de todas las fuerzas políticas, donde circulan los candidatos al momento de la elección de defensor o defensora y se eligen a propuesta de los sectores de las fuerzas políticas. El defensor tiene cuatro años de mandato descalzado del período del Ejecutivo, justamente para que no se gubernamentalice y tiene la posibilidad de una nueva reelección, una sola. Ahora estamos con una defensora con mandato vigente. Vamos por el tercer año, quedaría después un año, seis meses adelante de la elección presidencial el año que viene. Y nosotros respondemos básicamente a las audiencias de radio y televisión, hacemos audiencias públicas constantemente, monitoreamos la opinión de las audiencias e institucionalmente respondemos a la bicameral, a la comisión bicameral que nos controla mes a mes cuáles son las actividades que realizamos”, dijo. Sobre esta modificación presupuestaria y el funcionamiento de la Defensoría, el delegado planteó: “En realidad, lo que pasaría es que el Ejecutivo tendría mucha más incidencia dentro del sector de la cultura, de los organismos y de la Defensoría. La
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