Dos policías de la Metropolitana detenidos e indagados por los baleados con plomo de la RNMA

El orificio de entrada y de salida de una de las balas metropolitanas

(Por La Retaguardia) Se trata de los oficiales mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, que integran la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y participaron de la represión durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi en la tarde y noche del 12 de marzo de 2013. Están imputados por triple homicidio en grado de tentativa, acusados de haber dirigido los grupos de efectivos desde donde salieron los disparos con proyectiles de plomo que hirieron a Germán De Los Santos (DTL!) y Esteban Ruffa (ANRed), ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a Mario Fumaroni de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina. Dialogamos con la abogada querellante María del Carmen Verdú, quien explicó todos los detalles de este avance en la causa.

El miércoles 13 de agosto comenzó diferente. Por la mañana, Germán De Los Santos había sido citado por el juzgado de instrucción a cargo de Wilma López a ampliar su declaración: “lo llamaron muy de apuro, por teléfono, una situación que nos llamó la atención y que nos dio la pauta de que algo estaba por pasar”, contó en horas de la noche la abogada querellante María del Carmen Verdú en diálogo con La Retaguardia.
“Además, cuando llegamos para ampliar su declaración testimonial –continuó– nos encontramos con la causa en secreto de sumario y con mucha ebullición en el juzgado. Es un juzgado que conocemos bastante cómo funciona habitualmente porque es en el que se tramitó la causa contra los asesinos de Mariano Ferreyra, así que uno le tiene más o menos el ritmo tomado, y la verdad que nos fuimos los dos a las 10 de la mañana, cuando terminó su declaración, con la sensación de que estaba por pasar algo”.
Y efectivamente algo ocurrió: “a media tarde empezó a circular entre el periodismo especializado, que se enteran de estas cosas antes que las partes de las causas, la noticia de que estos dos jefes de la Metropolitana habían sido detenidos e imputados por triple homicidio en grado de tentativa, porque además de los dos compañeros de la RNMA, hubo un tercer herido integrante de la Biblioteca Los Libros de la Esquina, que si bien no se constituyó como querellante sí es víctima igual que ellos del mismo hecho y también recibió un balazo de plomo, y es el único caso en el que hemos podido recuperar el proyectil”, agregó la abogada y referente de Correpi.
Los policías no solo fueron detenidos sino también indagados el mismo miércoles, fecha a partir de la cual se inició un plazo de diez días en el que la jueza López deberá resolver la situación procesal de los uniformados. Es decir, puede procesarlos, sobreseerlos o dictar la falta de mérito. Además, en las próximas horas deberá definir los pedidos de excarcelaciones ya presentados por la defensa de los policías: “si se aplicase al conjunto de la población carcelaria el criterio de excarcelaciones que se usa con policías y otros uniformados habría que contratar extras en Hollywood para que hagan de presos; respecto del procesamiento nosotros estamos convencidos que acá hay elementos absolutamente sobrados para procesarlos. Pero solo con estos dos metropolitanos tenemos la punta del iceberg. Nosotros esperamos que sea solamente el inicio del desarrollo que tiene que tener esta causa que tiene que avanzar hacia la Policía Federal, y hacia los funcionarios del gobierno de la Ciudad”, expresó Verdú.

La declaración de Germán De los Santos

María del Carmen Verdú explicó que la citación de uno de los dos querellantes (cabe recordar que el tercer herido decidió no interponer una acción judicial por descreer de la justicia como institución) tiene que ver con su primera declaración: “cuando formuló la denuncia dijo que él podía identificar a uno de los policías que había apuntado un arma larga en su dirección, y el tribunal quería saber si cuando él decía identificar se refería a que había visto la cara en cuyo caso se iba a realizar una rueda de reconocimiento, o si se trataba como en definitiva explicó el compañero en esta audiencia que podía ubicar al policía en el cordón que habían formado los uniformados de acuerdo a su ubicación, el tipo de uniforme, el arma que portaba a través de los videos, de las fotos, no solamente de los propios compañeros heridos sino del resto de las cámaras compañeras que nos aportaron cualquier cantidad de documentación gráfica, que fue la que permitió individualizar sin ningún problema cuáles fueron estos dos grupos que realizaron el ataque. Una vez que él explicó que no se trataba de que pudiese reconocer las facciones, porque además con los cascos de tortuga ninja que usan los especiales de la Metropolitana ni siquiera les ves el color de los ojos, terminó allí la declaración, donde sí el compañero se explayó bastante más tranquilo que en su primera declaración, donde todavía tenía la herida abierta, acerca de algunos detalles de los momentos previos y posteriores, precisiones en cuanto al lugar, la cantidad de policías, etc.”, expresó la abogada.

Del miedo al cajoneo de la causa a las detenciones

El 18 de julio pasado se realizó una audiencia en la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional en la que sus integrantes resolvieron no hacer lugar al pedido de la jueza Wilma López de declararse incompetente y pasar a un Juzgado de Menores la causa iniciada por los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. La audiencia fue acompañada por una radio abierta en la puerta de la Cámara, y una transmisión y cobertura especial por parte de la RNMA.
A menos de un mes se produjeron estas detenciones de los dos oficiales mayores de la Metropolitana. Al ser consultada por este cambio avance en el accionar judicial, Verdú reflexionó: “creo precisamente que la campaña que hicimos desde los tres espacios, Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), ENECA (Encuentro de Espacios Culturales Autónomos) y RNMA, el apoyo que tuvimos de muchísimos otros compañeros, organizaciones, sobre todo del conjunto de toda la red de comunicación alternativa fue lo que marcó la diferencia. Si repasamos el comunicado que sacó Correpi el día en que la Cámara, después de escuchar nuestros argumentos y después de cagarnos bien a pedos por el volumen de la radio abierta, en tiempo récord, menos de media hora, resolvió que teníamos razón y que la causa debía seguir en la justicia de instrucción y se debía avanzar en su investigación; decíamos que apenas terminara la feria judicial de invierno la jueza Wilma López iba a tener que buscar alguna otra excusa, diferente a la que había esgrimido y con la que había fracasado para evitar llevar a indagatoria a los policías metropolitanos, federales y los funcionarios del gobierno de la Ciudad. No nos equivocamos, no pudo esquivar el bulto, tuvo que cumplir con lo que la propia Cámara le estaba ordenando hacer en aquella resolución donde con mucha claridad le dijeron ‘lo que usted planteó es infundado, insustancial’, tuvo entonces que acomodarse, no es normal ni habitual que una Cámara de Apelaciones castigue tan duramente a un juez de instrucción y diga las cosas en los términos en que se lo dijeron a la doctora López, y eso necesariamente motiva a que ella ahora tenga que avanzar en la línea que le marcó su superior. Así y todo empezó por lo más fácil, los metropolitanos, vamos a ver si se anima con los federales y con el ministro (de Justicia y Seguridad, Guillermo) Montenegro, (de Cultura, Hernán) Lombardi y con el jefe de la Metropolitana y el jefe de gobierno”.
Respecto a si es habitual que para indagar a una persona, el juez lo mande a detener en lugar de llamarlo directamente a indagatoria, Verdú fue contundente: “en general es la conducta habitual cuando se trata de personas, gente común y silvestre; no es lo frecuente en el caso de los uniformados, pero no nos olvidemos que en esta situación particular no solamente la querella, sino también la fiscalía los está imputando por triple homicidio calificado en grado de tentativa, sería un poquito escandaloso que se les mandara una citación a sus casas para preguntarles si serían tan amables de presentarse a una indagatoria”.
En cuanto a los autores materiales de los disparos, Verdú explicó que al haber secreto de sumario no pudo conocer los resultados de las últimas pericias incluidas en el expediente: “para poder analizar la cuestión de los autores materiales puntuales, quién disparó, si fue este hombre que tenemos semi-identificado o si fue alguno de los que estaban a su costado, precisamente por el secreto de sumario no pude ver esas actuaciones, así que la imputación hacia abajo va a depender de esa reconstrucción dinámica que está haciendo Gendarmería para determinar el origen de los disparos”, especificó. Al cierre de este informe, corrían fuertes rumores que hablaban de una tercera detención.

Estado policial

Aprovechando el diálogo con María del Carmen Verdú, le consultamos acerca de si los efectivos deben portar armas aún cuando están de franco y si tienen la obligación de intervenir ante un hecho aunque no estén de servicio: “hay bastante confusión al respecto, y la forma en que jueces y fiscales resuelven va a depender de que tengan que amparar a un policía que intervino en un hecho estando de civil después de haberse tomado dos o tres copas de vino durante una cena o en un baile, o que tengan que evaluar otro tipo de situaciones”, respondió la abogada e inmediatamente agregó: “lo que dicen las normas es que existe algo que se llama estado policial, que indica que la condición de funcionario de fuerza de seguridad, quien la tiene, la ostenta durante las 24 horas del día, esté de franco o de servicio, y por eso es que el argumento de estos policías que por ejemplo generan una masacre en un restaurante porque se paran y empiezan a los tiros cuando alguien manotea una billetera y entonces terminas con cinco muertos en lugar de veinte pesos perdidos, es siempre ‘si yo no intervengo me pueden sancionar’. El tema de la portación de armas es otra cuestión, porque hay una serie de normas que no son absoluta y totalmente compatibles entre sí. Al inicio de la gestión kirchnerista, Aníbal Fernández, cuando era ministro del Interior y estaban las fuerzas de seguridad bajo su mando, dictó una resolución autorizando a los policías federales a dejar la chapa y el arma reglamentaria en su casa cuando estaban de franco, pero esto es una cuestión absolutamente voluntaria, no hay nada que impida que el policía lleve el arma cuando está de franco. Hay una cantidad de casos de gatillo fácil protagonizados por policías, gendarmes, perfectos o metropolitanos de franco, lo cierto es que todo el tiempo la llevan con ellos. Conocí a un compañero psicólogo que alguna vez me esbozó una tesis que él llamaba ‘del doble pito’”.
Un gran avance en la causa por los baleados con plomo durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi en marzo de 2013, “una muy buena noticia” en palabras de la abogada querellante María del Carmen Verdú. Habrá que ver ahora si se cumple su deseo que la jueza avance con el juzgamiento de los responsables políticos y materiales tanto de la Metropolitana como de la Policía Federal.