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Destacamento 144 – Mendoza


Llega al final el juicio contra 18 imputados, en su mayoría pertenecientes al Destacamento de Inteligencia del Ejército 144. Es el noveno juicio de la provincia. #lesahumanidad humanidad, #laretaguardia #juicios #juiciosenvivo #juiciosenlaretaguardia #destacamento144

El 7 de julio fue la declaración de Alfredo Puente, padrino de una de las hijas de Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera, a quienes desparecieron en el “Operativo Antijesuita”. En la audiencia siguiente, en el marco de la causa del  noveno juicio de lesa humanidad que se lleva adelante en el Tribunal Federal Oral Nº 1 de Mendoza,  testimoniaron María Soledad Olivera y María del Rosario Olivera, hijas del matrimonio Rodríguez Jurado-Olivera. Texto y cobertura del juicio: Luis Angió Edición: Pedro Ramírez Otero / Diego AdurFoto de portada: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia                 Alfredo Puente declaró en el caso de la desaparición de Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera. Era cuñado de Rafael y con su esposa fueron padrinos de la primera hija del matrimonio. Olivera hizo la secundaria en El Salvador y conoció a Nora cuando estudiaban juntos la carrera de Sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA).   El matrimonio Rodríguez Jurado-Olivera se fue a estudiar a Alemania. Allí nacieron Gimena y Soledad. Cuando regresaron a Argentina, en el año 1971, se alojaron en un departamento de la calle Viamonte, en Capital Federal.  En esos años quisieron amalgamar su fe católica con las relaciones sociales comunistas y la doctrina marxista. Puente dijo que “esa era la ‘melange’ ideológica con que querían justificar la violencia”.   Cuando asumió el Gobierno de Héctor Cámpora en 1973, se fueron a vivir a San Juan y nació su tercera hija, Rosario. Allí vivieron de manera austera. De San Juan se trasladaron a Mendoza y se alejaron de la familia. A principios de 1976 nació su última hija, Guadalupe. “En ese tiempo ya habíamos perdido todo contacto con ellos. Nosotros decíamos que estaban en la clandestinidad”, señaló el testigo. El 12 de julio de 1976, Nora y su hija Gimena bajaron del jardín de infantes a hablar por teléfono. De ese lugar se llevaron a las dos. En ese momento, en un operativo sincronizado, fueron a la casa donde se encontraba Guadalupe, la menor, y la entregaron en el jardín de infantes a quienes estaban llevando a cabo el secuestro de su madre y su hermana.   Posteriormente, Ercilia, la madre de Nora, recibió en España un llamado telefónico avisando que sus nietas estaban solas en Mendoza. El suegro de Rafael Olivera era comandante de la Región Militar. A partir del llamado, viajaron a Mendoza para localizar a sus familias. Fuentes militares les informaron que Nora tenía orden de captura y les entregaron una bolsa con ropa interior, carnet de vacunas y otra documentación.   Encontraron a las niñas, aunque tuvieron que esperar a que el juez les diera la tenencia. “En el Plumerillo los tres abuelos y yo nos encontramos con las chicas y reconocen a una abuela. La más grande (Gimena) le dice a la más chica (Guadalupe) ´no se llora, no se pregunta´. Esto fue en julio del 76”, recordó Puente.   Las otras dos hermanas, Soledad y Rosario, quedaron a cargo del juez y se las entregaron a una de las abuelas. En el aeropuerto de El Plumerillo, las abuelas y el abuelo pudieron hablar con ellas y Gimena comentó que estaban “en un lugar en el centro, donde había una máquina de escribir y que jugaban con ella”.    En relación a Rafael Olivera, Puente mencionó que la historia la reconstruyó a través de las hijas. Recordaron que andaba en bicicleta, aunque no hay ningún registro de lo que pasó con él. El padre de Rafael, que era general en el Comando de Sanidad, habló con otros militares en Mendoza quienes le dijeron que ellos no tenían nada que ver con su desaparición. Él creyó esa versión. Luego le dijeron que sus nietas estaban en la casa de otro militar y que a Guadalupe la tenía el intendente de Mendoza, también militar.   Al finalizar su testimonio, narró que le llamó la atención que denominaran “Operativo Antijesuita” a esta operación de secuestro y desaparición de personas, y recordó una conversación con su suegro en la que unos sacerdotes jesuitas chilenos le comentaron que les molestaba la orientación conservadora de los jesuitas argentinos. En esa época uno de los referentes era Jorge Bergoglio.   Declaración de María Soledad   María Soledad Olivera dijo que su abuelo paterno era General retirado y que alrededor del año 2000 fue a Mendoza a ver si podía averiguar algo sobre la desaparición de sus padres. Sólo tenía el nombre de José Luis Moyano. A través de él se enteró de que las cartas que le llegaban a su familia eran por ese vínculo. Cartas donde su abuela contaba que le decían que se estaba poniendo difícil la situación en San Juan, donde su madre y su padre habían vivido hasta 1973, antes de radicarse en Mendoza.  La hija de Rodríguez Jurado y Olivera también comentó que su madre trabajaba en alfabetización de adultos y en la Organización Evita. Por lo que averiguó, en Mendoza conoció el caso de la desaparición de una persona de apellido Britos, aunque no conoció muchos casos más.     La denuncia de la desaparición de su padre la obtuvo del Juzgado de Mendoza en el 2006, y consta en el expediente 49143/0-861, del 11 de julio del 76. Un amigo de su papá le contó que vio que se lo llevaban unos hombres. Al día siguiente, se llevaron a su mamá que estaba con sus hermanas Gimena y la bebé Guadalupe.   “De eso no se podía hablar”    En su testimonio, María del Rosario Olivera recordó que de grande nunca habló con sus abuelos sobre el tema, ya que “de eso no se podía hablar”. Sólo recordó que de chica, cuando tenía unos diez años, le manifestaron que “ojalá hayan muerto rápido” sus padres. “Mis abuelos fallecieron en el año 1998”, contó.   La testigo dijo que, a través de información que le brindó su tío, suponía que a sus padres los habían secuestrado el mismo día, aunque

En el marco del noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, declararon como testigos de la causa denominada ‘Operativo Antijesuita’ Yamila Álvarez, Pablo Correa Llano y Oscar Martín Midone. Fue ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa provincia, en general los viernes por la mañana, con modalidad semipresencial. (Por La Retaguardia) ✍️ Texto y cobertura en el juicio 👉 Luis Angió 💻 Edición  👉 Fernando Tebele/Diego Adur 📷 Fotos 👉  Pablo Correa Llano, quien declaró por su hermana desaparecida, María Inés Correa Llano. (Luis Angió) Yamila Álvarez, es docente e investigadora. Investigó la tarea del Padre José María Llorens en el barrio San Martín, donde junto al grupo de los 27 sacerdotes crearon las Juventudes Universitarias Católicas (JUC). Álvarez manifestó que, si bien esos grupos eran integrados por jóvenes de distintas organizaciones sociales y políticas, predominaban otros vinculados al peronismo. El padre Llorens había organizado campamentos, llamados Juventudes Universitarias de Trabajo (JUT), que durante el verano ayudaban en la construcción de viviendas en el barrio San Martín. Además, les servía para que tomaran contacto con otra realidad. Yamila Álvarez comenzó a investigar estos hechos en el 2008, dentro del Movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo en Mendoza, y su vinculación con Montoneros. Su trabajo de investigación llega hasta el año 1968. En esa provincia se identificaban más con el Peronismo de Base (PB), ya que no estaban de acuerdo con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ni Montoneros por la metodología de la lucha armada. El Peronismo de Base en Mendoza tomó el nombre de Coordinadora. Álvarez también manifestó que los grupos armados nunca tuvieron un mayor desarrollo y no había una distinción entre los distintos grupos, como FAR, FAL y FAP. Ante la pregunta del Dr. Pablo Salinas, querellante por parte de del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Yamila Álvarez expresó que a nivel provincial no había vinculación entre las CUT y los Montoneros. Antes de finalizar su declaración, el defensor oficial, Pérez Videla le preguntó si junto con el Padre Llorens estuvieron trabajando integrantes del ERP y de los Montoneros, a lo que ella respondió que desconocía esa situación. El dolor de no saber Luego declaró Pablo Correa Llano, hermano de María Inés Correa Llano, quien trabajaba como instrumentadora en el sector de cardiología del Hospital Central. Además, era montañista en el Club Andinista de Mendoza y tenía actividad con el Padre Llorens en el parque San Martín. Él nunca conoció ninguna actividad política de su hermana. Cuando ella desapareció, Pablo concurrió al hospital para saber si María Inés estaba yendo a trabajar. Allí se enteró de que había sido despedida por ausentarse un tiempo. Posteriormente, hizo la denuncia en la dependencia policial de Chacras de Coria. Contó que su padre hizo gestiones ante autoridades militares y que en una oportunidad reunió a su familia para decirles que personal del Ejército secuestró y asesinó a María Inés, aunque el testigo no supo quién le había dado esa información. Correa declaró en el año 2006. Ya en esa instancia comentó lo que el padre le había dicho sobre las averiguaciones, pero que nunca supieron el destino de su hermana.  María Inés estaba en pareja con un hombre de Gral. Alvear y estaba embarazada aproximadamente de 8 meses. Nunca supo nada del bebé de su hermana, pese a que dejaron muestras genéticas en el Banco nacional de Datos Genéticos (BNDG). Sobreviviente, testigo y familiar de desaparecida Oscar Martín Midone declaró sobre la desaparición forzada de María Cristina Lillo, estudiante de la Facultad de Medicina y compañera en esa facultad. Le decían Pili. Él fue secuestrado, y luego detenido y reconocido.  Contó que junto a Pili militaban con otras compañeras y compañeros. Tenían diferencias con la dirección de la carrera, pero no tenía conocimiento de que ella militara en ninguna organización política.  Midone se exilió y cuando regresó al país tomó conocimiento de las desapariciones, cuando comenzaron los juicios. En ese momento le comentaron que Lilo tenía alguna militancia en Guaymallén. Narró que ellos militaban en el barrio Olivares y Flores. Hacían medicina popular con el Padre Llorens, visitaban a los vecinos en los dispensarios, realizaban historias clínicas y ayudaban a los vecinos a organizar la unión vecinal. En una oportunidad hubo un atentado en la Iglesia de los Pobres. En la facultad realizaban asambleas todos los días en el aula magna, que era como un anfiteatro, y peleaban por un plan de estudios y biblioteca, ya que en esa época no había asistencia del Estado.  A la pregunta de uno de los abogados defensores, respecto de si les llegaban provisiones de mujeres de clase alta, manifestó que les daban maicena para reemplazar la leche. Eran señoras vinculadas a la Iglesia Católica. También le preguntaron si les habían hecho inteligencia previa antes de su detención. Comentó que luego de ser detenido, en los interrogatorios que le hacían y donde era torturado, salieron a la luz las actividades en los barrios. De ahí concluyó que hacían inteligencia en la facultad. Respecto a su situación personal, dijo que estuvo detenido dos años y tres meses. “Vinieron a mi casa el 6 de junio a las dos de la mañana con camiones y jeep. Me llevaron a la 8ª Brigada de Infantería. Había 120 personas. Tres o cuatro días después le avisaron a mi familia. Había torturados y secuestrados sin ninguna legalidad. Nos decían que estaban a disposición de Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”. Habló de la “tortura, que era terrible” y de “los bastones largos con que nos pegaban”. Luego comentó que lo imputaron con la Ley 20840 de actividades subversivas, y lo pasaron a disposición del Poder Judicial. Estuvo dos años y medio, hasta septiembre de 1976, en el Regimiento 8º de Comunicaciones, y luego fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza y al Aeropuerto de Mendoza, hasta La Plata donde lo fue a ver un fiscal de Mendoza. El padre le dijo que su pareja estaba embarazada y entonces decidió casarse en la cárcel. La parte civil fue en la oficina donde