Lesa Humanidad

Los reiterados pedidos del diario La Nación para garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Quién escribe los editoriales sin firma del diario? El rol que cumplió el medio durante la dictadura y su coherencia. El repaso de una charla con Guadalupe Godoy.  Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Fernando TebeleFoto: Jaime Lamont Smart leyendo el diario La Nación en una audiencia del juicio Brigadas. El juez Basílico le llamó la atención. “Es preciso regularizar la situación de quienes están ilegal e injustamente privados de la libertad desde hace ya muchísimo tiempo”, publicó el diario La Nación, en un editorial sin firma, el 14 de diciembre del año que se nos fue recién, el 2023. “La venganza debe cesar” fue el título elegido de esta repetida arenga en defensa de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.  Apenas habían pasado cuatro días de la asunción de Javier Milei. El hecho pasó casi desapercibido quizá por estar siendo arrastrados en un remolino de caos, sufrimiento y locura a la Argentina previa a 1916; o tal vez porque ya no sorprenden esos pedidos de impunidad del diario La Nación. ¿Es acaso la coherencia una virtud? Depende. Ser coherentes, por ejemplo, en mantener posturas antidemocráticas no merece estar ligado a cualidades que puedan estar relacionadas con el comportarse debidamente.  El diario La Nación fue parte de los medios de comunicación que durante la dictadura publicaron noticias falsas como parte de una serie de acciones psicológicas contra la población. Necesarias dentro del plan de exterminio. Existen pedidos judiciales para que rectifiquen las mentiras que publicaron durante esa época “como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria”, tal como lo expresó la fiscal del juicio ESMA, Mercedes Soiza Reilly. “Estos reportes gráficos eran parte de la propaganda totalitaria para agitar en la población los fantasmas del miedo y del odio. Con claras intenciones de instalar, aún más, la división social entre los ciudadanos”, señalaron Soiza Reilly y Guillermo Friele en el cierre del alegato en 2015.  Ya en democracia, los editoriales del diario pidiendo el fin de los juicios por crímenes de lesa humanidad le han valido todo tipo de repudios. Incluso de los propios trabajadores del diario.  “La persecución que, con apoyo de gobiernos kirchneristas, montaron organismos de derechos humanos contra civiles y militares por hechos de los dolorosos años 70 ha continuado sembrando fragmentación y conculcando derechos y garantías de numerosos adultos mayores privados de su libertad”, falsea en su introducción el último editorial del diario La Nación. No existe tal persecución y en los juicios de lesa humanidad se respetan todas las garantías del debido proceso. Por el contrario, son los imputados los que no respetan a los tribunales, desconociéndolos y en algunos casos insultándolos o protagonizando acciones repudiables que merecen llamados de atención y sanciones.  “Un caso paradigmático de persecución es el del doctor Jaime Smart”, continúa el editorial de La Nación, que dedicará el resto del texto a la defensa de ese condenado por crímenes de lesa humanidad, que fue Ministro de Gobierno bonaerense en la dictadura y desde ese lugar impartía órdenes a la Policía. dictadura En este punto debemos dar paso a las premonitorias declaraciones que la abogada querellante, Guadalupe Godoy, brindó el 30 de agosto del año pasado, a La Retaguardia y Pulso Noticias, al finalizar una audiencia del Juicio Benavides. “Muchos de los editoriales de La Nación, si uno los mira, son la pluma de Smart. De hecho, en uno de los últimos que vi, había párrafos de uno de los alegatos de Smart. Me resonaron muy sencillamente”. Para ahorrar disgustos a quien lea estas líneas no ahondaremos en el editorial del diario, solo unos detalles menores.  En esa oportunidad Godoy decía que a “Smart le cuesta aceptar, al día de hoy”, el criterio de juzgamiento que “no es sólo a quiénes fueron los responsables directos de los delitos, sino a quiénes planificaron y propiciaron el exterminio, a quienes lo llevaron adelante. Los famosos autores de escritorio. Eso es lo que más le pesa, esto de pensar que él solamente era un burócrata estatal. En realidad, y eso lo mostramos en el (juicio) Circuito Camps, la policía y todo el aparato represivo respondían a órdenes. Y esas órdenes no sólo las dio el Ejército, sino que también se dieron desde ese aparato ‘legal’, entre comillas”. Sucede que el día de la entrevista no fue un día más del Juicio Benavidez. Fue una audiencia donde Jaime Lamont Smart, imputado en ese momento y finalmente condenado a perpetua, había dicho sus últimas palabras. “En la Causa 13 (el Juicio a las Juntas) se absuelve al teniente General Videla y al General Viola por todos los hechos que estaban investigados en esa causa, arriba de 800, porque no ocupaban el comando en ese momento del ejército, sino que habían dejado de ser comandantes, eran simplemente presidente Videla y presidente Viola”, decía Smart en su defensa trazando un paralelismo con su caso  ya que Videla y Viola fueron condenados por haber sido Jefes del Ejército, no por su accionar como presidentes de facto. El editorial del diario La Nación, no obstante, dice lo mismo sobre Smart: “Resulta imprescindible recordar que el fallo rector en la sentencia contra los comandantes de 1984 también actúa decididamente en favor de Smart, ya que, en concordancia con todo lo probado, no responsabilizó a los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola por los hechos acaecidos mientras ejercieron el poder administrador del gobierno como presidentes de facto, sino exclusivamente por los ocurridos durante su desempeño como comandantes en jefe del Ejército por el dictado de órdenes de servicio militares contrarias a la ley en su carácter de jefes de esa fuerza”.  Esto ya lo explicó Godoy: “A Smart le cuesta aceptar, al día de hoy, el criterio de juzgamiento”.  “Hoy, a los 87 años, Smart asiste simultáneamente a cuatro debates orales que lo tienen como acusado y soporta otros diez procesos en espera. En ninguno de los procesos hubo testigos ni indicios que

Desde Asamblea Desobediente repudiamos la designación de Carlos Alberto Presti como jefe del estado mayor del ejército, e interpelamos al Congreso para que urgentemente impugne dicha designación. Ilustración: Chechu Rodríguez Este nuevo jefe del ejército es hijo del genocida Carlos Roque Presti, muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5ta), por lo que fue parte de la dirección del ataque en la calle 30 entre 55 y 56 el 24/11/76, donde entre tantas atrocidades fue secuestrada Clara Anahí Mariani-Teruggi a sus 3 meses de edad.Son 44 sus víctimas por los crímenes de lesa humanidad por las que estaba acusado este coronel de la dictadura genocida llamado Carlos Roque Presti. Los familiares de genocidas no somos responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos, pero no podemos dejar de señalar que todo el personal de las fuerzas armadas o de seguridad debe brindar garantías de su compromiso democrático, en términos concretos. Carlos Alberto PRESTI no ha manifestado ninguna oposición a los crímenes de la dictadura genocida ni a los cometidos por su padre antes de asumir este altísimo cargo. Es que cualquier militar o policía que teniendo un padre genocida no tome partido en cuanto a que ninguna diferencia política puede dirimirse mediante un exterminio, presenta muy serias dudas y ninguna garantía de compromiso democrático. Significa un deber ineludible de respeto de la Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que de no expresarse en términos inequívocos y concretos, implica desconocer la garantía de no repetición, o en otras palabras, desconocer que el pueblo argentino hace ya casi 40 años dijo NUNCA MÁS.Muy por el contrario, el silencio de Carlos Alberto PRESTI y su designación por parte de Milei y el ministro Petri, sin lugar a dudas es una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Por qué? Porque la última etapa del genocidio es su ocultamiento y su negación. Además, la designación de Carlos Alberto PRESTI como jefe del estado mayor del ejército, claramente es un esbozo de reforzamiento simbólico en la dirección de intentar consolidar un gobierno que no respeta la Constitución Nacional. Ya desde el comienzo este gobierno lo ha demostrado, intentando avasallar deliberadamente la división de poderes en violación del art. 99 inc. 3 de nuestra Constitución mediante el dictado de un DNU de tinte bonapartista, que como la misma Carta Magna lo indica, es de nulidad absoluta e insanable. Nuestro pueblo ya dijo NUNCA MÁS.Memoria, Verdad y Justicia.¡¡¡30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs, SIEMPRE PRESENTES!!!