Masacre de Wilde
Los siete policías condenados a 25 años de cárcel por la Masacre de Wilde continúan en libertad. Uno de ellos, el cabo Marcos Rodríguez, fue autorizado a afincarse en Córdoba, donde ya estuvo prófugo durante 20 años. “El Poder Judicial nos revictimiza”, denunció una vez más Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por la banda policial. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero Raquel Gazzanego, Natalia Cicutín, Gonzalo Cicutín, Patricia Corbo, y los abogados Ciro Annicchiarico, Gustavo Romano Duffau y Fernando Sicilia. El 10 de enero se cumplen 30 años de la Masacre de Wilde. Los siete policías condenados a 25 años de prisión en diciembre de 2022 por el asesinato de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta, siguen en libertad porque la sentencia no está firme. El Poder Judicial es lento para escuchar a las víctimas, pero actúa con rapidez para beneficiar a los victimarios. Uno de los condenados, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, fue favorecido por una decisión judicial que le permite volver, en libertad, a la provincia de Córdoba, donde estuvo 20 años prófugo, con la ayuda de otros jueces y de sus colegas de uniforme. Para cambiar de domicilio, de La Plata a Córdoba, Rodríguez argumentó “razones de salud y de dificultad económica para renovar su contrato de alquiler en la Provincia de Buenos Aires”. El fallo condenatorio había ordenado que los siete policías debían fijar domicilio en territorio bonaerense y cumplir una serie de condiciones para evitar cualquier intento de fuga. Además del cabo Rodríguez, fueron condenados a 25 años de cárcel los policías Marcelo Daniel Valenga, Hugo César Gatto, Pablo Francisco Dudek, Eduardo Gómez, Roberto Oscar Mantel y Osvaldo Américo Lorenzón. Todos siguen libres. Los y las familiares de las víctimas de la Masacre de Wilde denunciaron una situación que vuelve a demostrar que la Justicia es arbitraria y cómplice de quienes llevan uniforme. “Cualquier otro condenado puede tener las mismas dificultades” que alegó Rodríguez, “pero jamás sucede, o es impensable, que un privilegio igual se le conceda a otros bajo esas excusas”, le dijo a La Retaguardia Raquel Gazzanego, la viuda de Edgardo Cicutín, uno de los asesinados por el pelotón policial. Además, señaló que el fallo que favoreció al policía “fue confirmado por la Cámara con argumentos meramente dogmáticos e inconsistentes”. Gazzanego afirmó: “A la mayoría (de los condenados) jamás les dan ese tipo de privilegios, pero a algunos, sí. ¿Por qué esa diferencia de trato? ¿Por qué esa doble vara? Sencillo: porque algunos tienen poder o son amparados por el poder (político y judicial)”.A diferencia de lo que dicen muchas y muchos políticos y periodistas, recordó que son los policías, y no la gente común, los que “verdaderamente entran por una puerta y salen por la otra”. Además, la viuda de Cicutín dijo que este “nuevo hecho desconcertante” fue “confirmado por la Cámara sin expresión de fundamentos, es decir, violando el artículo 1 de la Constitución Nacional”. Todo eso conduce a “dudar de la razonabilidad de nuestra administración de la justicia, y a preguntarnos para quiénes ejercen sus cargos y en qué piensan cuando resuelven”. Otra de las dudas es si los jueces “tienen en cuenta el dolor de las víctimas, o solo deciden según el poder de alguna de las partes”. En diciembre del año pasado, luego de 29 años de espera, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a 25 años de prisión, el máximo de la pena por homicidio simple “a siete criminales que el 10 de enero de 1994 cometieron de manera vandálica una masacre espantosa, asesinando a cuatro personas y casi a una quinta”, pero “los dejaron en libertad”. Los jueces desoyeron el pedido de inmediata detención formulado por la Fiscalía y la querella, y los dejaron libres, a la espera de la confirmación de la pena. Gazzanego puntualizó que fue “un cuádruple asesinato atroz”, y que aún así “los dejaron en libertad, cuando en casos similares se ordena inmediatamente la detención y alojamiento carcelario, aunque el fallo todavía no esté firme”. Son medidas que los jueces toman “en perjuicio de los más necesitados, en perjuicio de las víctimas y a favor de los que tienen poder y privilegios”. El Poder Judicial protege “a quienes actúan detrás de la impunidad del poder”. Un Poder Judicial que “evidencia haber dejado de lado su obligación de independencia y equidad, para mostrar de una manera clara que su único norte es hacer concesiones a los intereses de los poderosos, asegurándose así la tranquilidad de permanencia en una corporación que les asegura privilegios y la exime de rendir cuentas ante la sociedad”. Raquel sostuvo que esta es “una realidad rayana con lo monárquico, no con la República”. Las víctimas de la Masacre de Wilde fueron Edgardo Cicutín, un trabajador vendedor de libros; Norberto Corbo, remisero; y los pasajeros Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. La quinta víctima fue Claudio Díaz, compañero de trabajo de Cicutín, quien salvó su vida de milagro. Las otras víctimas son Raquel Gazzanego y sus dos hijos con Cicutín, Natalia y Gonzalo; Patricia, la esposa de Corbo; y el sobreviviente Claudio Díaz. La viuda de Cicutín agregó que “también hay que decir que la sociedad entera es otra víctima, maltratada y engañada por un sistema que se supone se establece en la Constitución para protección de los ciudadanos, no para dañarlos”. Las y los familiares y la querella sostuvieron: “Lo que se escribió en el fallo condenatorio, que fue realmente contundente, hasta hoy no es más que una mera representación escenográfica, un montón de palabras y de ficciones, solo para que parezca que se hizo justicia”. Gazzanego concluyó: “En definitiva es un agravio más a la buena fe de quienes aún seguimos creyendo en la verdadera justicia, a las familias de las víctimas y sobre todo, un agravio más a los masacrados por esa banda policial. Y a todos quienes, de esta manera, este poder judicial sigue revictimizando, produciéndoles dolor sobre
Este martes 10 de enero se cumplen 10.592 días —29 años— del asesinato de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta, ejecutados por 12 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús. El 19 de diciembre pasado, siete de esos policías fueron condenados a 25 años de prisión, pero siguen en libertad hasta que la sentencia, que fue apelada por las defensas, quede firme. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, una de las víctimas, recordó la fecha del fusilamiento de su esposo y pidió a la población su ayuda para que se cumplan las restricciones ordenadas por la Justicia, para impedir cualquier intento de fuga de los siete sentenciados. Las otras personas asesinadas el 10 de enero de 1994 fueron Norberto Corbo, Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. El único sobreviviente es Claudio Díaz. El comunicado de las víctimas es acompañado por las fotografías, los datos personales y los domicilios declarados por los siete condenados: Marcos Ariel Rodríguez, Marcelo Daniel Valenga, Eduardo Ismael Gómez, Roberto Oscar Mantel, Pablo Francisco Dudek, Julio César Francisco Gatto y Osvaldo Américo Lorenzón. “Te pedimos prestados tus ojos, cual cámara ciudadana, para que se cumpla con lo que se dictó en la sentencia del 19 de diciembre de 2022”, dice el comunicado de Raquel Gazzanego, al que tuvo acceso La Retaguardia. La Fiscalía y las querellas habían solicitado que, de haber veredicto condenatorio, se ordenara la inmediata detención de los policías, pero los jueces del Tribunal Oral de Lomas de Zamora resolvieron que los condenados vayan a prisión cuando la sentencia quede firme. Mientras tanto, los policías deben cumplir una serie de medidas que ponen límites a sus movimientos. Gazzanego recordó cuáles son esas obligaciones que deben respetar los condenados “bajo apercibimiento de efectivizar” las detenciones en forma inmediata “ante su incumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 371 del Código Procesal Penal”. Estas son las obligaciones que deben cumplir los siete policías condenados: Fijar residencia “dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y someterse al control del Patronato de Liberados de la jurisdicción territorial de sus domicilios, debiendo concurrir (…) cada diez días a efectos de labrar las actas compromisorias”. El único exceptuado de estas normas es Pablo Francisco Dudek, teniendo en cuenta su estado de salud. En su caso, el control se debe realizar “mediante un sistema alternativo”. “Prohibición de ausentarse del domicilio por un término mayor a 24 horas, sin previa autorización de la autoridad judicial”. “Prohibición de acercarse y desarrollar manifestaciones de hostigamiento por cualquier medio, a los damnificados, familiares, sus representantes legales y testigos”. “Prohibición de salir del país sin autorización judicial previa, anoticiando en debida forma de ello a la Dirección Nacional de Migraciones mediante oficio de estilo”. Gazzanego reiteró que los familiares de las víctimas están “satisfechos de haber podido celebrar un juicio que por las trabas impuestas por las defensas se creía que nunca se iba a concretar”. La satisfacción es también porque se llegó al juicio y a la sentencia “a pesar de que los abogados defensores desplegaron todo tipo de artilugios, soberbia y burlas”, con “el único fin de conseguir la absolución de sus defendidos”. Las objeciones que hicieron a la sentencia se debe a que el hecho fue calificado por el Tribunal Oral 3 como “homicidio simple”, mientras que la Fiscalía y las querellas habían pedido condenas por “homicidio agravado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por esas razones, las querellas anunciaron que presentarán en su momento un recurso de Casación para insistir con esa calificación de los hechos. Los defensores de los siete policías apelaron el fallo condenatorio y como había dicho Gazzanego al comienzo de la audiencia, la batalla por la “justa justicia” que reclaman tiene todavía varias instancias por dirimir. Un hecho que llamó la atención fue la renuncia, como defensora, de la doctora Liliana Martínez, una encarnizada defensora de la Policía Bonaerense. Su padre fue integrante de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. La abogada representaba a los policías Roberto Oscar Mantel, Julio César Gatto y Pablo Francisco Dudek.
Casi 29 años después, el TOC N°3 de Lomas de Zamora falló altas penas por homicidio simple contra 4 personas que fueron acribilladas a balazos por integrantes de la Brigada de Lanús de la Bonaerense. ¿Qué dijeron el sobreviviente y las familias de las víctimas? Por Colectivo de Medios Populares*Redacción: Carlos Rodríguez (La Retaguardia) Los 7 policías que llegaron al juicio por la Masacre de Wilde, fueron condenados a 25 años de prisión por el delito de “homicidio simple” reiterado en cuatro oportunidades, y por el intento de homicidio del único sobreviviente. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora, dispusieron que la detención de los condenados se haga efectiva una vez que el fallo quede firme. La parte querellante, que junto con la Fiscalía había solicitado cadena perpetua para los siete efectivos y su inmediata detención, se manifestó “medianamente conforme” con la decisión de los jueces. Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, una de las víctimas, le dijo al Colectivo de Medios Populares que está “contenta de haber llegado a esta sentencia, porque si bien no es perpetua, son 25 años y con la edad que tienen hoy los policías, es como si fuera perpetua”. Solo lamentó que no hayan ordenado su inmediata detención: “Me hubiese gustado verlos salir esposados de acá, pero bueno… todo no se puede”. Por su parte, Claudio Díaz, el único sobreviviente, coincidió con Raquel en el hecho de estar “contento, simplemente contento, porque se llegó y salió la sentencia, que era lo que se tenía que dar”. El abogado Ciro Annicchiarico, quien representa a Gazzanego y a Díaz, dijo tener la misma opinión de sus representados, aunque le hubiera gustado una calificación más dura del hecho por parte de los jueces. En el juicio, el querellante había solicitado la cadena perpetua por el delito de “homicidio agravado por tres causales: alevosía, el peligro común y por el accionar de dos o más personas”. El “peligro común” fue porque los policías hicieron más de 200 disparos en dos lugares públicos y concurridos, lo que pudo haber determinado una mayor cantidad de víctimas. Los jueces separaron el caso en dos hechos: uno de ellos, la ejecución de las tres personas que iban en el Peugeot 505, uno de los vehículos baleados. Allí resultaron asesinados el remisero Norberto Corbo, y sus dos pasajeros, Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. El hecho dos fue la agresión a balazos contra el Dodge 1500 en el que iban Edgardo Cicutín, asesinado, y Claudio Díaz, el sobreviviente. Los policías Marcelo Daniel Valenga, Hugo César Gatto, Pablo Francisco Dudek y Eduardo Gómez, fueron condenados por los hechos uno y dos. Los imputados Roberto Oscar Mantel y Osvaldo Américo Lorenzón, recibieron la pena por el hecho uno; mientras que el cabo Marcos Ariel Rodríguez, lo fue por el hecho dos. Todos fueron condenados a 25 años de cárcel, por ser culpables de los delitos “en el hecho uno, de homicidio simple reiterado en tres ocasiones; y por el hecho dos, homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa”. La Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994 y este fallo llegó luego de casi 29 años de espera por parte de la víctima directa, Claudio Díaz, y las familias de Cicutín y Corbo, las únicas que siguieron reclamando justicia, a pesar de las apelaciones de las defensas, del mal desempeño de actores judiciales y del encubrimiento político-policial en los años en que reinó la “Maldita policía”; en especial durante el mandato del exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde. Los policías Marcelo Daniel Valenga, Hugo César Gatto, Pablo Francisco Dudek y Eduardo Gómez, fueron condenados por los hechos uno y dos. Los imputados Roberto Oscar Mantel y Osvaldo Américo Lorenzón, recibieron la pena por el hecho uno; mientras que el cabo Marcos Ariel Rodríguez, lo fue por el hecho dos. Los jueces resolvieron que las detenciones se ejecuten una vez que la condena quede firme, habida cuenta de que el fallo será apelado por los defensores de los siete policías. Annicchiarico aclaró que, al haber un fallo condenatorio, los querellantes no tienen la posibilidad de insistir en el pedido de cadena perpetua. Al margen de eso, dijo que analizará los fundamentos de la sentencia, que fueron enviados a las partes por medios electrónicos. Los jueces impusieron a los condenados las siguientes obligaciones: • Fijar residencia dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires y ponerse bajo el control del Patronato de Liberados, que realizará controles cada diez días. El único exceptuado es Dudek, en razón de su actual estado de salud que lo obliga a permanecer internado en un complejo asistencial. • Tienen prohibido ausentarse de sus domicilios por un término mayor a las 24 horas, sin previa autorización de la Justicia. • Tienen prohibido acercarse por cualquier medio a los damnificados por la Masacre de Wilde y a los testigos del juicio. • Tienen prohibido salir del país sin autorización judicial previa y de la Dirección de Migraciones. • Deben mantener estricta reserva de los informes de inteligencia elevados al juicio por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los autores de la Masacre de Wilde fueron 12 policías pertenecientes a la Brigada de Investigaciones de Lanús. 3 de los responsables ya fallecieron. Ellos son el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes. Otro de los imputados, Marciano González, sufrió hace un año un ACV y por eso no llegó al juicio, aunque sigue bajo proceso. El número 12 fue el policía Daniel Roque Cinquino, quien fue sobreseído a poco de ocurrido el hecho porque dijo que su arma reglamentaria había sido utilizada en el hecho por el cabo Rodríguez. *La Retaguardia / Sur Capitalino / FM Riachuelo / Revoluciones / Radio Presente Todo el Diario del Juicio puede leerse haciendo click aquí
En sus alegatos, los defensores de los siete policías imputados por la Masacre de Wilde, apelaron a justificativos gastados como el del supuesto “enfrentamiento armado” o el rechazo al fallo de la Suprema Corte bonaerense que reabrió el caso. Pero en el último alegato fueron más lejos, como con la frase del título. El 5 de diciembre se escucharán las últimas palabras. Por Colectivo de Medios Populares* Redacción: Carlos Rodríguez María Celeste Vázquez, la defensora oficial de Marcos Ariel Rodríguez, rompió las normas y dijo en forma tajante que su representado “No estuvo en la Brigada de Lanús ni participó en el hecho” ocurrido en enero de 1994. Por eso pidió su absolución. Para justificar su postura, rechazó la validez de la declaración de otro policía, Daniel Roque Cinquino, quien dijo que Rodríguez estuvo y que fue uno de los que más disparó. Según Cinquino, el cabo Rodríguez le sacó su arma, una pistola 9 milímetros, y disparó contra las víctimas. Vázquez coronó su alegato con una frase polémica: “Aplicar una pena 28 años después no es justicia, es venganza”. En su exposición, Vázquez no dijo una sola palabra sobre Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, dos de los fallecidos, totalmente ajenos a cualquier hecho delictivo. Su postura choca con la de Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín, quien viene reclamando “una justa justicia”, luego de casi 29 años de impunidad. La defensora de Rodríguez Vázquez dijo que había pedido la realización del juicio oral para poder refutar “la imputación absurda” que pesa sobre su defendido. Sostuvo que en el debate “no se ha acreditado de ninguna forma la participación del señor Marcos Ariel Rodríguez”, en el cuádruple homicidio ocurrido el 10 de enero de 1994. La defensora, leyó la lista de integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús y señaló que Rodríguez no figuraba en la nómina, porque no formaba parte de ella. Además, recordó que su defendido “se encontraba en disponibilidad preventiva” desde el 23 de septiembre de 1993, “sin goce de sueldo”, como surge de su legajo. Eso la lleva a “presumir que no participó en ningún operativo” y que tampoco “Salió a hacer ninguna diligencia ni a matar a nadie”. Para justificar sus dichos, hizo mención al libro de guardia, en el que se indica que a las 14:,15 comenzó a salir personal de la Brigada, pero allí no se dejó constancia de la salida de Pedro Cinquino y de Rodríguez, en un Volkswagen Gol bordó, conducido por el primero. De acuerdo con constancias de la causa, la parte acusadora sostiene que Rodríguez y Cinquino salieron juntos, para unirse al operativo que terminó con la Masacre de Wilde. Cinquino estuvo imputado al comienzo del caso, junto con otros 11 policías, pero luego fue sobreseído porque se consideró probado que Rodríguez fue quien participó en la balacera contra el Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo y el Dodge 1500 en el que iban Claudio Díaz y Edgardo Cicutín, utilizando la pistola 9 milímetros de Cinquino. Los asesinados fueron Corbo, Cicutín y los pasajeros del Peugeot, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza, mientras que Díaz salió ileso. En su alegato, Vázquez señaló que Rodríguez “no prestaba funciones en la Brigada, estaba en disponibilidad y además, no tenía armas”, precisamente por estar sancionado. Esos datos son ciertos, pero la parte acusadora afirma que Rodríguez participó en el ataque y que el hecho de estar “en disponibilidad” agrava su situación, porque no estaba en condiciones de realizar ningún acto de servicio. Vázquez consideró que “lo único que vincula a Rodríguez con la causa es la declaración indagatoria de Daniel Roque Cinquino”. Este policía declaró que salieron con Rodríguez en el Gol, que él estaba al volante y que tenía su arma reglamentaria sobre el asiento, del lado del conductor, debajo de su pierna derecha. Según su relato, Rodríguez tomó el arma que no era suya, bajóo del auto y empezó a disparar con la pistola 9 milímetros de su compañero. La parte acusadora dijo que fue Rodríguez el que usó el arma y fue uno de los que más disparos realizó. Vázquez, en cambio, aseguró que “es increíble” el relato de Cinquino, quien dijo que Rodríguez se llevó su pistola, que hizo varios disparos contra el Dodge 1500, que luego lo perdió de vista y que al final lo vio regresar, siempre con el arma en la mano. Para la defensora “es inverosímil que un cabo como era Rodríguez, de más baja jerarquía que Cinquino, le haya robado su arma a un superior y que éste no haya hecho nada para recuperarla” en forma inmediata. Recalcó que esta declaración de Cinquino “no puede ser el único elemento a valorar para justificar una pena de prisión perpetua” como la que fue pedida para Rodríguez, al igual que para el resto de los acusados. La defensora reiteró que Rodríguez “no participó de los hechos” y le dio credibilidad a lo que dijo su cliente respecto de que nunca supo que estaba prófugo y por eso “desarrolló sus actividades en forma normal” durante 20 años, en la provincia de Córdoba, donde vivió sin que la Justicia hiciera nada para detenerlo. Al hablar en el juicio, Rodríguez dijo que nunca se enteró que estaba prófugo, algo difícil de entender por la gran difusión que tuvo el caso en los medios de comunicación de todo el país. En las noticias, Rodríguez siempre figuraba como “el policía prófugo”. Vázquez insistió en que su defendido “no estuvo presente en los hechos, ni siquiera estuvo presente en la Brigada, porque no cumplía funciones allí”. Agregó que para imputarlo “y haberlo tenido detenido ocho años (por la fuga) se ha traído al debate una declaración indagatoria realizada en 1994 por Daniel Roque Cinquino”. De todos modos, está probado que Rodríguez estuvo el 10 de enero de 1994 en la Brigada de Lanús, porque él mismo lo reconoció al dar su versión en el debate. También se demostró que lleva su firma el acta de detención del cabo y, por consiguiente, la posterior
Lo dijo José Manuel Ubeira, reconocible por ejercer la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. Fue en el marco del alegato en defensa de Marcelo Valenga, uno de los policías acusados por la Masacre de Wilde, perpetrada en 1994. La figura de Juan José Ribelli sobrevuela en el juicio. El debate entra en la etapa final con veredicto previsto para mediados de diciembre. Por Colectivo de Medios Populares*Redacción: Carlos Rodríguez (La Retaguardia) Con el tono y el estilo de quien brinda una conferencia sobre asuntos que no dejan lugar a controversia, el abogado José Manuel Ubeira alegó en defensa de uno de los siete policías imputados por la Masacre de Wilde. El letrado apeló al argumento de la “causa armada” —una vieja especialidad policial—, adjudicándole la supuesta maniobra a la Suprema Corte bonaerense. De esa forma, hizo referencia al “desafortunado fallo” del 26 de noviembre de 2013, mediante el cual el alto tribunal reabrió la causa contra su defendido, el oficial Marcelo Valenga, para quien pidió la absolución. Los argumentos de Ubeira, secundado por su socio, el abogado Javier Leira, fueron tediosos y repetitivos de todo lo que vienen argumentando las defensas desde que ocurrió el hecho, el 10 de enero de 1994. Ubeira, el mediático abogado que defiende por igual a la vicepresidenta Cristina Kirchner o al comisario Juan José Ribelli, cuando estuvo acusado por el atentado a la AMIA, se movió en el juicio como si estuviera en un programa de televisión. Solo le faltó el maquillaje. Con soberbia y verborragia, Ubeira estuvo alegando durante más de seis horas, para decir lo mismo que han dicho desde 2013, para demorar el debate por otros nueve años hasta casi completar las tres décadas de impunidad en un caso emblemático de gatillo fácil. De entrada, Ubeira sostuvo que se llegó al juicio por el “desafortunado fallo” de la Suprema Corte bonaerense de noviembre de 2013. Dijo que esa sentencia, que reabrió la investigación del caso, había convertido al Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora “en una escribanía”. Luego, para tratar de alivianar el tono de su alegato, instó a los jueces para que “restablezcan el Estado de Derecho, porque ustedes no son una escribanía, son jueces que juraron por nuestra Constitución y no deben responder a la Corte Suprema de la Nación ni a la Suprema Corte” provincial. Después, tanto Ubeira como Leira, reiteraron, uno por uno, todos los planteos de las defensas en oposición a la realización de este debate, citando resoluciones de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora ya perimidas, que no se pueden introducir por lectura al juicio. Ubeira dijo que la Suprema Corte dejó sin efecto de manera arbitraria “un decisorio de cosa juzgada que beneficiaba a nuestro defendido Valenga desde hacía muchos años”. Citó algunos de los siete pecados capitales, considerados por los juristas ingleses como las razones que llevan a cometer un delito. Lo hizo para afirmar que “no hubo pecado capital y por eso a esta causa le falta un motivo”, un móvil. Ubeira criticó la actitud “dogmática” de los jueces de la Suprema Corte, a la vez que desarrollaba un alegato lleno de dogmas y citas complejas, en castellano y en latín, para darle un vuelo jurídico rebuscado a su prédica. Según su relato, Valenga se levantó el 10 de enero de 1994 “como todas las mañanas, para ir a tomar servicio, sin tener idea de que iba a conocer al señor (Edgardo) Cicutín, de quien dicen que lo fusilaron, cuando aquí se demostró que no fusilaron a nadie”. En su entusiasmo por redondear conceptos, olvidó decir que Cicutín fue asesinado a balazos por la espalda. Aseguró que su cliente nunca se enteró, desde 1999, cuando fue sobreseído, de que la causa seguía en trámite, hasta que uno de sus co-procesados le comentó lo del fallo de 2013. En el juicio se han producido varios hechos curiosos: Valenga nunca se enteró de que la causa seguía abierta; y Marcos Ariel Rodríguez, otro de los imputados, estuvo 20 años prófugo sin saber que lo estaba. “El fallo de la Corte se hizo a espaldas de mi cliente”, insistió Ubeira. En uno de sus párrafos más rotundos, para rechazar uno de los temas centrales, el de la violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, Ubeira consideró que: “lo de la violación a los DD.HH. fue un argumento para la tele”. Las palabras de Ubeira provocaron malestar en la parte acusadora y de manera especial en dos mujeres, Raquel Gazzanego y Patricia De Angelis, cuyos maridos, Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, fueron víctimas de la Masacre de Wilde. A pesar de lo dicho por Ubeira en el sentido que “no hubo fusilamiento”, las constancias de la causa hablan de dos autos, el Peugeot 505, y el Dodge 1500, acribillados con un centenar de impactos de bala hasta quedar hechos “un colador”, como dijeron varios testigos. Además de Cicutín y Corbo, fueron asesinados Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza, mientras que el conductor del Dodge, Claudio Díaz, salvó su vida de milagro. Ubeira, dirigiéndose a los jueces, afirmó: “La Fiscalía y los abogados de las querellas pretenden que ustedes se transformen en una escribanía de la Suprema Corte”. Para el abogado mediático, “los que acusaron a los policías en esta causa no probaron nada porque todo esto fue solo un hecho desafortunado”. Como si estuviera en un programa de C5N, Ubeira apeló a esas frases que los panelistas dicen para aparecer en el zócalo de la pantalla: “Este es un proceso arqueológico”, dijo sobre los casi 29 años de impunidad. Mientras los representantes de la parte acusadora han denunciado la complicidad de sectores de la política y del Poder Judicial, Ubeira dijo que hoy su defendido “no tiene tranquilidad de ser juzgado en la Provincia de Buenos Aires”. Luego aclaró que no se refería a los jueces del Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora, a quienes se dio el lujo de hacerles una recomendación: “No se dejen copar la parada, porque
Los primeros dos alegatos en defensa de los policías imputados culpabilizaron a las víctimas por sus propias muertes. ¿Qué dijeron? Por Colectivo de Medios Populares* Redacción: Carlos Rodríguez En los dos primeros alegatos de las defensas de los policías imputados por la Masacre de Wilde, hubo coincidencia en quitarle telarañas a la vieja fábula del “enfrentamiento armado”. En ambos casos se pidió la absolución de los acusados, pero el alegato de la abogada Liliana Martínez superó todos los límites imaginables. Lo hizo cuando calificó de “delincuente” al remisero Norberto Corbo, y cuando insinuó que la culpa del asesinato del vendedor de libros Edgardo Cicutín fue de otra de las víctimas, Daniel Antonio Díaz, el único sobreviviente. Liliana Martínez, quien representa a tres de los imputados, recordó que Díaz fue integrante de la Policía Federal. Con ese dato, señaló que debía saber que en lugar de tratar de huir de la Brigada de Investigaciones de Lanús que los perseguía sin motivo, tendría que haber arrimado el Dodge 1500 al cordón y quedar a disposición de los policías. Lo que omitió la doctora Martínez es que los autos que los perseguían eran particulares, que no hubo voz de alto, ni balizas, ni sirenas, ni uniformes que los acreditaran como policías. También omitió que el Dodge recibió –al menos— 36 impactos de bala, y que los disparos mortales recibidos por Cicutín fueron por la espalda, cuando ya había bajado del auto y estaba con las manos en alto, sin armas, porque nunca en su vida usó armas. En el caso, además de Cicutín y Corbo, fueron asesinados Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. El primero en exponer su alegato fue el defensor oficial Roberto Fernández, quien pidió la absolución de sus representados, Eduardo Gómez y Osvaldo Lorenzón. Al igual que su colega Martínez, alegó que fue un caso de “legítima defensa”, porque hubo un “enfrentamiento armado”. Fernández, al menos, dijo que no tiene dudas sobre “la honorabilidad” de Cicutín y de Díaz. Un alegato de uniforme La doctora Liliana Martínez, quien representa a Roberto Oscar Mantel, Julio César Gatto y Pablo Francisco Dudek, se presentó como una experta en lo que se refiere al funcionamiento de las brigadas policiales. Lo fundamentó diciendo que su padre fue integrante, desde 1956, de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Por otro lado, dijo que entre 1985 y 1989 fue tesorera de una cooperadora policial. Sobre las brigadas, sostuvo que “siempre, pero siempre, han vestido de civil”, y que “no existía jurisdicción, actuaban en todos los lugares donde había que intervenir”. En la causa se dijo que el área de acción de la Brigada de Lanús era ese partido y Lomas de Zamora, de manera que no era normal que intervinieran en Wilde, Avellaneda. Trató de minimizar la frase de uno de los querellantes en el sentido que los policías del caso Wilde estaban “armados hasta los dientes”. Para Martínez, el armamento con que contaba la Brigada era “más bien escaso, no como en las series norteamericanas”. Agregó que el funcionamiento de esas armas “dejaba que desear y por eso, el que podía se compraba la propia”. En la Masacre de Wilde se hicieron cerca de 270 disparos con pistolas 9 milímetros, carabinas, Itakas, ametralladoras Uzi, escopetas 12,70 y otras armas, algunas propiedad de los policías que intervinieron. Martínez insistió en que había “una escueta colección de armas largas que, como podían, cumplían con su cometido”. Y ante un operativo, “todo el mundo tomaba la que podía, no había un numerario que se las iba entregando de manera ordenada”. Quiso decir que, por eso, se tardó tanto en saber qué armas usaron cada uno de los 12 policías que actuaron en la masacre. Reflotó el tema del “enfrentamiento armado”, desechado por la Fiscalía y por los querellantes. Aseguró que “quien nunca estuvo en un enfrentamiento, nunca sintió peligrar la vida, la propia o la de un compañero”. Luego defendió la labor de las Cooperadoras Policiales, de la que fue tesorera. Trató de disipar el halo de corrupción que siempre rodea a esas organizaciones que reciben donaciones de los vecinos y que han generado investigaciones por enriquecimiento ilícito. Según Martínez, “los vecinos controlaban los libros y se han prestado a llevar la contabilidad”. Agregó que el dinero recaudado “era para comprar combustible, ropa, borcegos, municiones y hasta para pagar adelantos de sueldo”. Subrayó que “la verdad nunca se puede modificar”, frase que provocó movimientos en el sector de los que acusan. Su pedido de absolución, se basó en los fallos que dictó en ese sentido la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, y que fueron desestimados en 2013 por la Suprema Corte bonaerense. Ese fallo fue el que permitió, nueve años después, llegar al presente juicio. Los defensores citaron un fallo de cámara que fue invalidado y por lo tanto, no puede incorporarse por lectura a la causa. Martínez dijo que en los dos autos que partieron de Santos Lugares, fueron secuestradas ocho armas de fuego. Se refiere al Peugeot 505 manejado por Corbo, en el que iban Bielsa y Mendoza; y el Dodge 1500 amarillo conducido por el remisero Guillermo Correa, en el que iban Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón. Al describir las armas, citó como fuente principal a los imputados. Insistió en que los dos autos fueron a Wilde “con fines inconfesables”. Volvió a citar el viejo argumento de “las tareas de prevención” de la Brigada y de la “actitud sospechosa” de los ocupantes de los dos autos. A contramano de lo que dijeron los testigos presenciales, afirmó que los policías colocaron las balizas e hicieron sonar las sirenas que nadie en el barrio dijo haber escuchado. Llegó a señalar que Corbo estaba armado y disparaba, cuando un testigo señaló que al ver al remisero ya inmóvil, fallecido, un policía le quiso poner un arma en la mano y no pudo. Argumentó, contra la evidencia en la causa, que las tres armas “plantadas” en el Dodge 1500 estaban en condiciones de ser utilizadas, cuando
En el juicio por la Masacre de Wilde está demostrado que los 12 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús coordinaron una cacería para eliminar a cuatro hombres de su conocimiento, pero terminaron matando a personas que nada tenían que ver con el plan original. El “ajuste de cuentas” tuvo por objeto recuperar un cargamento de cinco kilos de cocaína con el que uno de los acribillados se habría quedado sin el consentimiento de sus verdugos. Por Colectivo de Medios Populares*Redacción: Carlos Rodríguez (La Retaguardia)Foto: Télam Ninguno de los cuatro homicidios pueden justificarse, mucho menos los del vendedor de libros Edgardo Cicutín y el remisero Norberto Corbo, víctimas inocentes de la “emboscada” policial. Lo mismo vale para Claudio Díaz, quien salvó su vida de milagro.Los otros dos fallecidos, Héctor Enrique Bielsa, colaborador de la policía, y Gustavo Pedro Mendoza, con antecedentes delictivos, fueron igualmente víctimas del gatillo fácil policial, porque estaban desarmados y podrían haber sido detenidos sin disparar una sola bala.Bielsa fue señalado por testigos como una persona “incapaz de hacer daño a alguien”, mientras que la familia Mendoza fue representada en el juicio por el abogado Eduardo Félix Michaud, quien realizó un alegato carente de validez jurídica, que pareció dirigido a sostener la postura de los defensores de los siete policías que llegaron al juicio oral. La trampa Cristian Bielsa, hijo de Héctor Enrique, aportó uno de los testimonios más esclarecedores. El joven, por pedido de su padre, atendió un llamado y le confirmó a su interlocutor que “ya habían partido”, desde Santos Lugares, los dos autos que esperaban en Wilde los policías de la Brigada de Lanús.Esos dos autos, que partieron juntos, eran el Peugeot 505 conducido por Corbo, en el que iban Bielsa y Mendoza, y un Dodge 1500 amarillo cuyo conductor era el remisero Guillermo Correa, en el que iban Fernando Quintana y Gustavo Leguizamón. Ellos dos, junto con Bielsa y Mendoza, eran el “blanco móvil” de los policías. La fatalidad hizo que otro Dodge 1500, el ocupado por Díaz y Cicutín, cruzara por las calles de Wilde, en su viaje de trabajo hacia la zona sur del conurbano y recibiera al menos 36 disparos.La Fiscalía y dos de las querellas dieron por sentado que los efectivos salieron de la Brigada “en patota” a la búsqueda de esos dos autos “de los que tenían datos previamente obtenidos”.Carlos Alberto Ancharte, quien estaba detenido en Olmos, declaró en la causa que fue “colaborador” del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, encumbrado jefe de la “maldita policía”. Dijo que Bielsa lo visitó en prisión y que le dijo que “vendía cocaína para la Brigada de Lanús”. El testigo habló sobre los cinco kilos de cocaína que, al parecer, se creía que estaban en poder de Bielsa, cuando el que los tenía, según Ancharte, era Mendoza. Dijo que de Bielsa desconfiaban porque era “muy bocón”.Ancharte sostuvo que “fue Mendoza el que llevó a Bielsa a Wilde junto con los chicos (Quintana y Leguizamón) que viajaban en el Dodge 1500”. La excusa fue que debían “aclarar la situación con la gente de la Brigada”. Ancharte recalcó que los cuatro “no llevaban armas, que Bielsa no usaba armas y que ahí los esperaron y los mataron a todos”. Ancharte dijo que, luego de la masacre, fue visitado en la cárcel por el comisario Aníbal De Gastaldi, entonces jefe de la Brigada de Quilmes, hoy con prisión domiciliaria por causas de corrupción. Hablaron sobre el caso y el jefe policial le dijo: “La Brigada de Lanús no perdona”. Además, le aconsejó “no hablar de Bielsa” ante la Justicia, porque con el caso de Wilde había “un quilombo bárbaro”.La trama de la “cacería” organizada por los policías, queda clara en las escuchas telefónicas del teléfono de Bielsa, que estaba “pinchado”. Cristian Bielsa confirmó que su padre “colaboraba” con los comisarios Alberto Molina, de la Policía bonaerense, y Silvio Cuadros, de la Federal. Cristian dijo que su padre estaba vinculado con un tal “Pedro”, segundo nombre de Mendoza. Dijo que también le eran conocidos los apellidos Córdoba y Gómez. Todo indica que se trata de César Córdoba, que participó en la masacre y está fallecido, y Eduardo Gómez, uno de los policías que llegó imputado al juicio.Más de diez escuchas telefónicas confirman no solo la vinculación de Bielsa con la Brigada de Lanús sino el hecho de que fue objeto de una encerrona que en lenguaje policial se llama “ratonera”.Desde 1993 hay conversaciones de Bielsa padre, a quien llamaban “Cacho”, con los policías Molina y Cuadros, con quienes “colaboraba en la resolución de casos”. Los datos más importantes aparecen en cuatro escuchas del 10 de enero de 1994, el día del cuádruple homicidio.Patricia, la hermana de Bielsa, se comunicó con su tío, dueño del taxi con el que trabajaba Héctor Enrique Bielsa. En la charla hay preocupación porque Bielsa no volvió de su viaje a Wilde. Ellos sabían que había ido a “una de sus colaboraciones” con la policía.El tío, ante la preocupación de Patricia, respondió: “Ahora voy a ir para Avellaneda, a recorrer la zona, a ver si saben algo”. Es obvio que los que podían “saber algo” eran los de la Brigada. En un nuevo contacto, el tío agregó un dato inquietante: “Dicen que hubo bronca allá”.La que habla luego es “Mary”, como llamaban a Carmen Marcela Ferriol, la esposa de Bielsa. La mujer se comunicó con la comisaría 21 de la Policía Federal. Preguntó, con notoria preocupación, por el comisario Cuadros. Le respondieron que no estaba y ella pidió que le digan que llame “urgente” a la casa de la mamá de “Cacho”, es decir Bielsa.Mary llamó luego a un tal “Oscar” y recibió el impacto de la noticia: “Lo que sé es que las tres personas del Peugeot, desgraciadamente ya no están con nosotros, no sé cómo decirle”. En la causa hay imputado un “Oscar”: Roberto Oscar Mantel.Fue muy precisa la respuesta del tal “Oscar”, quien mencionó entre los fallecidos a “Gustavo, el chico por el cual nosotros fuimos a averiguar”. Es
Con la convicción de que lo ocurrido fue “una cacería premeditada” por 12 policías “armados hasta los dientes”, el abogado querellante Gustavo Romano Duffau, también solicitó la prisión perpetua de los siete efectivos que llegaron al juicio por la Masacre de Wilde. Por Colectivo de Medios Populares*Redacción: Carlos Rodríguez (La Retaguardia) Gustavo Romano Duffau, el abogado que representa a Patricia De Angelis, viuda de Norberto Corbo, una de las cuatro personas asesinadas en el hecho, hizo hincapié en “la impunidad” que tuvo el caso, ocurrido el 10 de enero de 1994, que llegó a juicio oral casi 29 años después.Romano Duffau sostuvo que esa impunidad comenzó a gestarse en la instrucción policial y continuó después “con la ayuda de jueces amigos”, al amparo de funcionarios políticos que decían tener “la mejor Policía de la historia de la provincia de Buenos Aires”, en referencia a los dichos de Eduardo Alberto Duhalde cuando era gobernador bonaerense.Romano Duffau se refirió tanto a las circunstancias del asesinato del remisero Corbo y sus acompañantes, Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Pedro Mendoza, como al homicidio de Edgardo Cicutín, y al intento de homicidio sufrido por Claudio Antonio Díaz, único sobreviviente de la masacre. Los dos últimos iban en un segundo vehículo atacado. El abogado querellante señaló que la tergiversación de los hechos hizo que, al principio, se hablara de un “homicidio en riña”, es decir en un supuesto “enfrentamiento armado” entre dos grupos, cuando se mencionaba la balacera recibida por el Peugeot 505 que conducía Corbo.Recordó que la Policía dijo que fue un “enfrentamiento”, que desde el auto de Corbo se hicieron supuestos disparos contra los policías, y que los ocupantes del auto intentaron escapar. “Está probado en la causa que no hubo disparos, ni desde el Peugeot 505, ni desde el Dodge 1500 en el que iban Díaz y Cicutín. Los que dispararon fueron los policías”. En el caso del auto en el que iba Corbo, resaltó: “Se sabe que iba a una velocidad de entre 8 y 25 kilómetros por hora. Una velocidad que no se corresponde con alguien que intenta darse a la fuga como se dijo”. Esa era la velocidad que desarrollaba el Peugeot cuando fue baleado frente a la parrilla “La Noche”, de Wilde.Los testigos que declararon en el juicio y que estaban en la vereda de la parrilla, confirmaron que sólo hubo disparos desde los autos policiales.Además, precisaron que un policía intentó ponerle un arma en la mano al remisero cuando este ya había fallecido; que otros policías siguieron haciendo disparos cuando los tres ocupantes del vehículo ya estaban tirados sobre los asientos, ya fallecidos, y que algunos de los efectivos juntaban las vainas servidas de la calle en un intento por borrar las evidencias.Uno de los detalles más dramáticos que mencionó el abogado, fue un testimonio que narró que los policías sacaron el cuerpo de Corbo del asiento del conductor, lo arrastraron por el pavimento y lo subieron a uno de los autos policiales. A Corbo, ya fallecido, lo trasladaron al Hospital de Wilde los mismos policías para tratar de demostrar que intentaron salvarle la vida, cuando ya había fallecido, como dijeron los médicos del hospital.Romano Duffau recalcó que cuando las viudas de Corbo y Cicutín, Patricia De Angelis y Raquel Gazzanego, lloraban por la muerte de sus maridos, “en los medios de comunicación se hablaba del hecho como si hubiera sido un ‘homicidio en riña’”. Con posterioridad, en la reconstrucción del hecho, los policías cambiaron la versión sobre el Dodge en el que iban Díaz y Cicutín. Ese hecho fue considerado, en forma extraoficial, como “un lamentable error”. En ese punto, Romano Duffau señaló que “no fueron dos hechos, fue uno solo, y se trató de un operativo coordinado para dar muerte a los ocupantes” de los dos vehículos.Afirmó que hubo cinco móviles “no identificables” que salieron de la Brigada de Investigaciones de Lanús en forma coordinada, con diferencia de pocos minutos, pero que “sabían dónde ir y sabían lo que iban a hacer”.Precisó que el objetivo predeterminado que tenían los policías estaba circunscripto a un área de “cinco o diez cuadras, en un cuadrado marcado por las calles Franco, San Vicente, avenida Mitre y Navarro”.Consideró que fue falsa la información oficial que dio en su momento el jefe de la Brigada, el comisario José Miguel Ojeda, en el sentido que habían salido a realizar tareas de “prevención del delito” en la zona bancaria.“La masacre se produjo en una zona residencial, poblada, alejada de la zona donde están las entidades financieras, y el suceso ocurrió a las 15:30, en un horario en el que los bancos ya están cerrados”. La Brigada de Lanús tenía un radio de acción “de 100 kilómetros cuadrados (en Lanús y Lomas de Zamora), pero ese día sólo patrullaron un área de cinco o diez cuadras porque tenían un objetivo claro, ya identificado, y tenían la decisión de matar. Produjeron cinco homicidios, uno en grado de tentativa”.Mediante la cita de escuchas telefónicas a familiares del asesinado Héctor Enrique Bielsa, el querellante dijo que los policías sabían que habían partido hacia la zona de Wilde el remis de Corbo y el que manejaba Guillermo Correa, llevando como pasajeros a Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón. Ellos iban en un Dodge 1500 parecido al que ocupaban Díaz y Cicutín.Los policías los citaron para “aclarar algo”. Los que iban a la cita eran Bielsa, Mendoza, Quintana y Leguizamón.Todo hace suponer que ellos cuatro eran el blanco, no los remiseros Corbo y Correa, totalmente ajenos a toda vinculación con los policía de la Brigada de Lanús.“La patota policial” baleó al remís de Corbo, que tenía al menos 62 impactos de bala, y al Dodge 1500 que manejaba Díaz, que recibió al menos 36 balazos. Se estima que los disparos efectuados en los dos ataques fueron más de 200, y pudieron haber impactado en los vecinos, transeúntes y conductores de vehículos que circulaban a las 15:30 por el lugar.Romano Duffau señaló que los siete policías que llegaron al juicio
En un alegato pormenorizado de cerca de cuatro horas, el abogado querellante Ciro Annicchiarico sostuvo que en la Masacre de Wilde debe aplicarse la condena a prisión perpetua de los siete policías que llegaron en libertad al juicio oral. Por Colectivo de Medios Populares* Redacción: Carlos Rodríguez (La Retaguardia) “Es tan evidente la mecánica de los hechos, la materialidad ilícita, el dolo de homicidio y la autoría, que entenderlo de otro modo sería cerrar los ojos a la verdad, no hacer justicia”. De ese modo argumentó su pedido para que se aplique la pena máxima a los acusados. Del mismo modo que la fiscal Viviana Simón, quien alegó en la jornada anterior, Annicchiarico pidió a los jueces del Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora, que luego del veredicto condenatorio ordenen “la inmediata detención” de todos los imputados. Por otro lado, una vez finalizado el juicio, solicitó que se envíen las constancias del proceso para iniciar “una investigación por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y adulteración de documento público” contra los policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús que ocultaron datos de importancia en el informe inicial del caso elevado a la primera jueza a cargo de la instrucción, Silvia González. Entre el cúmulo de irregularidades que reúne esta causa que lleva casi 29 años, fueron señaladas las relacionadas con “la absurda y consentida fuga” del imputado Marcos Ariel Rodríguez, de la sede de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en la noche del 10 de enero de 1994, horas después de la masacre. A eso se sumó “su situación de prófugo durante 20 años, sin que se procurara su detención, que fue posible por la intervención de mi representada, Raquel Gazzanego, que lo ubicó en Córdoba” porque figuraba en el padrón electoral, con su nombre y su documento verdaderos. El querellante sostuvo que en este punto fue reprochable la actuación de una parte del Poder Judicial y de las autoridades políticas de entonces. Otro de los argumentos señalados por el querellante respecto del encubrimiento, fue el acta policial del día del hecho, sobre los autos que intervinieron en el supuesto “enfrentamiento”, que en realidad fue una “ejecución sumaria” de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta. “Los policías que confeccionaron el acta sólo citaron los autos de las víctimas, sin hacer mención a ninguno de los cinco autos no identificables en los que se movilizaron los policías”. El dato se consiguió después y así se pudo identificar a los doce policías que participaron del operativo. Además, los autos fueron vendidos por la policía, desoyendo una orden en contrario de las autoridades judiciales. En su alegato, en coincidencia con la fiscal del juicio, el abogado querellante señaló que no existió “ningún enfrentamiento” como intentan todavía alegar los defensores de los siete policías que llegaron a esta instancia. Annicchiarico definió lo ocurrido como “una encerrona sorpresiva” que tuvo como objetivo “matar a las víctimas”, y eso se materializó en “una cuádruple ejecución extra judicial, más una tentativa de homicidio” de uno de sus defendidos, el vendedor de libros Claudio Díaz, el único sobreviviente de la Masacre de Wilde ocurrida cerca de las 15 horas del 10 de enero de 1994. Annicchiarico también representa a Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, quien iba junto con Claudio Díaz en el Dodge 1500, uno de los autos acribillados a balazos por lo que definió como “una patota policial”. Los policías que confeccionaron el acta sólo citaron los autos de las víctimas, sin hacer mención a ninguno de los cinco autos no identificables en los que se movilizaron los policías” El abogado pidió a los jueces que le otorguen “especial importancia” al testimonio de Díaz, como víctima y testigo de los hechos. El querellante sostuvo que lo ocurrido fue planificado por los policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús, quienes habrían convocado a una parte de las víctimas, los pasajeros del Peugeot 505, Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza, “a un encuentro para arreglar algo” con integrantes de esa dependencia policial. Ese auto era conducido por el remisero Norberto Corbo, ajeno a la “convocatoria” que los llevó a la trampa mortal en Wilde. A tal convocatoria, también concurrieron Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón, en el auto de otro remisero, Guillermo Correa, ajeno al propósito de la convocatoria, igual que Corbo. Estos iban en un Dodge 1500 similar al ocupado por Díaz y Cicutín. Desde el comienzo de la causa, las fuentes policiales sostuvieron que el asesinato de Cicutín y el intento de homicidio de Díaz fue “un lamentable error”. Annicchiárico rechazó la “excusa” citando abundante argumentación contraria. Eso se puede resumir diciendo que “si van a asesinar a ‘A’ y por alguna razón en lugar de asesinar a ‘A’, asesinan a ‘B’, de todos modos es un homicidio y el homicidio es penado por la ley”. Annicchiarico refutó la versión de las defensas, en el sentido de que el operativo policial, con autos “no identificables” y doce efectivos de civil, se hizo para “interceptar a sospechosos de algún delito”. De haber sido cierto ese argumento “la obligación policial era hacerlo conforme a las reglas que gobiernan la buena actuación de prevención policial y que emergen de la ley procesal penal”. La actuación legal incluye darse a conocer como policías, hacer sonar las sirenas de los vehículos “no identicables”, detener a los supuestos sospechosos y ponerlos a disposición de la Justicia. Por el contrario, “nada se hizo en esos términos legales”, sino que fue “un plan criminal organizado para matar, por eso todos los móviles policiales, que partieron de la Brigada de Investigaciones de Lanús en distintos momentos con diferencia de algunos minutos cada uno, sabían dónde tenían que ir y sabían que el objetivo era una ejecución” de personas que, en algunos casos, como Bielsa y Mendoza, eran conocidos por los policías. si van a asesinar a ‘A’ y por alguna razón en lugar de asesinar a ‘A’, asesinan a ‘B’, de todos modos es
La fiscal Viviana Simón sostuvo que hubo “un fin común” que fue el de “ejecutar a las víctimas, a las que emboscaron en la zona de Wilde”. Hoy y mañana alegatos de las querellas. Por Colectivo de Medios Populares*Redacción: Carlos Rodríguez La fiscal Viviana Simón solicitó al Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora que de haber un fallo condenatorio “se ordene la inmediata detención” de los acusados, dada la gravedad del hecho, con cuatro homicidios y uno más en grado de tentativa. Lo hizo al pedir perpetua para los 7 policías imputados. En la causa hay elementos que hacen deducir que fue un “ajuste de cuentas” con alguna de las víctimas, relacionadas con los policías como “informantes”, y un tema de drogas que involucraba en forma directa a policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús. En la causa fueron mencionados por testigos los ex comisarios Mario “Chorizo” Rodríguez y Aníbal De Gastaldi, dos encumbrados personajes de la “maldita policía”. La fiscal consideró que “no hay eximentes de responsabilidad”, ni la legítima defensa, porque no hubo “enfrentamiento” alguno. Tampoco habilitó el argumento del “error” en el caso del ataque al auto en el que iban los vendedores de libros Edgardo Cicutín, asesinado, y Claudio Díaz, el sobreviviente. Viviana Simón, en cambio, mencionó una serie de agravantes: La fiscal mencionó de manera especial los casos de “Raquel Gazzanego (viuda de Cicutín), quien el día del hecho preparaba comida para el bautismo de su hijo; de Patricia De Angelis, la viuda de Corbo, quien estaba esperando el regreso de su marido que había ido a trabajar”, y el del sobreviviente Claudio Díaz, “que vendía libros a crédito”. Por todo esto, calificó el caso como “homicidio calificado reiterado en cuatro hechos, más uno en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí”. Simón cuestionó la demora de casi 29 años para acceder a la Justicia por parte de los familiares. Insistió en mencionar “el estado de desamparo” de Raquel Gazzanego y Patricia De Angelis, las viudas de Cicutín y Corbo, dos mujeres solas, con niños pequeños, lo que constituye un plus en el reproche penal” que corresponde en esta causa. Comparó la situación de las víctimas con los veinte años que vivió en Córdoba, como prófugo, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, uno de los imputados. “Tuvo una vida normal, un placer que no tuvieron las víctimas”. Definió lo sucedido como “un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado en dos secuencias de un mismo hecho”. Todo se hizo “sin advertencia previa y sin ser agredidos en modo alguno” por las víctimas. Los hechos según la fiscalía La acusación consideró probado que el 10 de enero de 1994, cerca de las tres de la tarde, doce policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús, con sede en 12 de Octubre 234 de Avellaneda, mataron de manera intencional a cuatro personas e intentaron matar a una quinta. Se recalcó que los autores del hecho, que se movilizaban en cuatro autos particulares y vestidos de civil, actuaron como “un pelotón de fusilamiento”. Los hechos ocurrieron en forma sucesiva en Ramón Franco y Lobos, y en Moreno al 5400, en la localidad de Wilde, fuera de la jurisdicción de la Brigada de Investigaciones de Lanús, cuyas áreas de intervención eran esa localidad y Lomas de Zamora. El entonces jefe de la Brigada de Lanús, José Miguel Ojeda, justificó la presencia de sus subordinados en una jurisdicción ajena a “un pedido de comerciantes que aportaban muchas sumas de dinero” a esa dependencia policial. Al principio del caso se había dicho que concurrieron ante un supuesto intento de robo a una entidad bancaria, hecho desmentido luego por la Intendencia de Avellaneda y por el Banco Central, que coincidieron en que el 10 de enero de 1994 no hubo ningún reporte de un hecho delictivo de esa naturaleza. El operativo Desde Santos Lugares partieron en forma conjunta el Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo, en el que iban como pasajeros Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza; y un Dodge 1500 color amarillo-naranja conducido por el remisero Guillermo Correa, en el que iban Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón. Los dos pasajeros estaban relacionados con una de las víctimas, Héctor Enrique Bielsa. Por otro lado, desde Palermo, donde trabajaban en una editorial de libros, partió el Dodge 1500, similar al conducido por Correa, en el que iban Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, único sobreviviente. La Fiscalía sostuvo que “no fue casual” el viaje a Wilde, lejos de Santos Lugares, de los autos conducidos por Corbo y Correa. Y que tampoco fue “casual” que los policías salieran hacia el mismo lugar, fuera de su zona de influencia. Alberto Molina, comisario de la Bonaerense, y Silvio Cuadros, comisario de la Federal, confirmaron que Bielsa era “un colaborador” de ellos en la resolución de casos porque “quería a la policía y era un policía frustrado”. Cuadros había trabajado en la Brigada de Lanús y conocía a César Córdoba, ya fallecido, subjefe de la Brigada de Lanús que estuvo imputado en la causa. Cuadros aclaró que Bielsa “no era un buchón, sino su colaborador”. Cristian Bielsa, ya fallecido, hijo de Héctor Enrique Bielsa, declaró en la Instrucción que ellos tenían “los teléfonos chupados” por la policía. Dijo incluso que creía que su padre se había reunido con Córdoba en la pizzería Los Ases de Santos Lugares, días antes de los hechos. La fiscal Simón dijo que todo demuestra que fue “un encuentro concertado”, que luego se transformó en una emboscada en la que se vio involucrado, sin comerla ni beberla, el Dodge 1500 en el que iban Cicutín y Díaz, vehículo que era parecido al de la misma marca que había partido de Santos Lugares. El testigo Carlos Alberto Ancharte, quien dijo haber sido informante del corrupto ex comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, de la Brigada de Investigaciones de La Matanza, declaró que cuando estuvo preso en Olmos recibió la visita de Bielsa, quien era “informante de la