Medio Ambiente
Lo dijo Facundo Viola, periodista ambientalista, acerca del suicidio con agrotóxicos de una persona y la intoxicación de profesionales de la salud que la atendieron en el Hospital de Coronda, en Santa Fé. Viola, en diálogo con el programa radial Tengo una idea, planteó que están ocultando información sobre este caso. Entrevista: Graciela Carballo / Carlos Morchio / Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Valentina MaccaroneFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia En el hospital público de la localidad de Coronda, provincia de Santa Fé, ingresó a la guardia un joven de 31 años que ingirió voluntariamente un agroquímico fosforado para quitarse la vida. No pudieron salvarlo. Luego, los y las profesionales del hospital que lo atendieron presentaron síntomas de intoxicación y tuvieron que ser trasladados a otro hospital cercano. Contaminación cruzada Acerca de este hecho, Facundo Viola, periodista ambientalista, explicó: “Mi primera reflexión es que nos están ocultando algo. Lo primero a señalar es que no se cumplieron los protocolos debidos con los que tiene que tratarse a un paciente que está contaminado con agrotóxicos. Si se hubiesen hecho los protocolos como corresponde, creo que el impacto pudiera haber sido mucho menor”. Viola señaló que por eso se produjo la contaminación de los y las profesionales que atendieron al joven. “Hay una responsabilidad para empezar. Después, están hablando de que hubo 14 médicos y enfermeros que se vieron afectados. Quiere decir que, solamente, se afecta el personal de salud y los otros enfermos o gente que estaba ahí esperando para ser atendida no sufrió ninguna consecuencia. Entonces, están ocultando una parte de la verdad. Después, sabemos que al otro día la mayoría de los afectados fueron dados de alta inmediatamente. Algunos de ellos volvieron a ser ingresados. Horas más tarde, después de la conferencia de prensa que dio la Ministra de Salud de la provincia (Silvia Ciancio), fueron ingresados por lo menos dos personas a sanatorios privados para seguir siendo atendidos”, continuó denunciado el periodista. Por otro lado, para Viola hubo negligencia:“Ni siquiera se respetó el proceso de efectos agudos que produjo esa intoxicación para tratar de ocultarla. No se puede minimizar o naturalizar el manejo con tanta irresponsabilidad de estos productos que terminan llegando a la mesa de todos”. Además, indicó que particularmente el acceso a este tipo de productos se observa en el consumo de frutilla. El modelo de producción transgénico versus el modelo agroecológico Viola fue más allá del caso que tuvo lugar en Coronda y se refirió al agrotóxico como “arma química y como herramienta para un suicidio. Es de público conocimiento que Monsanto y los agrotóxicos tiene una extensa historia relacionada con el suicidio. Una de ellas, por ejemplo, fue cuando en la India comenzaron a utilizar semillas transgénicas. Gran cantidad de agricultores después de estar endeudados y no poder sostener sus procesos naturales de agricultura, se suicidaron con los productos de Monsanto. “Cuesta tomar dimensión frente al peligro al que seguimos expuestos. Después de la experiencia que tuvimos en la localidad de Arroyo Leyes (Santa Fé), logramos que se cambien las leyes. En Coronda, se producen frutillas con 40 productos químicos diferentes. Es una larga e intensa lucha de los vecinos. En Arroyo Leyes, se logró que ese modelo cambie hacia uno de transición agroecológica, que es lo que se está aplicando en este momento, en el cual se utilizan fertilizantes a base de elaborados orgánicos. Si bien son industriales, son cultivos que producen muchísimo menor impacto en la salud. Además, son amigables con el ambiente y permiten que los agricultores sigan produciendo sin dejar de tener que cambiar de rubro o quebrar como empresa, digamos, como proyecto sustentable económicamente”, explicó el periodista. Otro camino posible Sin embargo, en la actualidad, hay lugares como Coronda, capital nacional de la frutilla, donde todavía no se implementó el modelo agroecológico y continúan llevando a cabo la producción con gran cantidad de agrotóxicos “Calculo que hay alrededor de 500 hectáreas que son fumigadas con 40 productos químicos diferentes que son neurotóxicos, genotóxicos, cancerígenos y disruptores endocrinos”, indicó Viola. Por tal motivo, el periodista propuso: “Hay que seguir informándose. Seguir diciendo que uno puede elegir consumir en el mercado ecológico, siempre. Continuar contribuyendo a este cambio de paradigma cada uno desde su lugar. Se podría acompañar al pequeño agricultor y negarse a consumir estos productos fumigados. Quizás, sea una contribución potente para agregar cada uno el granito de arena”. El escenario actual Por último, habló del presente: “Se ve que lo que se está promoviendo en este momento es la fumigación a mansalva. Hay que tener en cuenta que el intendente de Coronda (Ricardo Ramírez) es uno de los principales productores de frutilla y que fue electo con más del 60% de los votos. Ese tipo de cultivo, está visto como algo bueno. Pero, las consecuencias son para las personas que lo consumen”. Además, el periodista cerró relacionando el presente con las medidas del gobierno de Javier Milei: “Creo que a nivel cambio de paradigma o la intensificación del modelo que se produce, con el cambio de Gobierno nacional en los últimos meses, se promocionaron los agrotóxicos. Además del extractivismo, de la liberación de los controles sanitarios, la desprotección y el quite de toda promoción a otros tipos de cultivos”.
Lo anunció a través de su vocero, Manuel Adorni, quien explicó que se convertirá “en una dirección en la que quedarán 64 empleados” y eliminarán 900 puestos de trabajo. El Instituto se encargaba de coordinar y aplicar políticas para las y los pequeños productores, y para las familias campesinas. Un repaso por la historia del INAFCI y la opinión de Rosalía Pellegrini, de la Asociación Mujeres de la Tierra. Redacción: Sergio ZalbaEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Asociación Mujeres de la Tierra En un tiempo fue Subsecretaria de Agricultura Familiar y dependía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con los años, y tras cambios de gestiones nacionales devino, en noviembre de 2022, en Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal (INAFCI). Organismo descentralizado cuyo objetivo central fue el de coordinar y aplicar políticas que atiendan a las necesidades de las y los más pequeños pescadores y agroproductores: quienes se organizan desde su estructura familiar, campesinos y campesinas que trabajan sus parcelas de tierra, las comunidades indígenas y a quienes viven de la pesca artesanal. La promoción de la agroecología, el mejoramiento del hábitat rural y, en especial, la permanencia en la tierra de los campesinos, campesinas e indígenas, en condiciones dignas, con seguridad jurídica y garantizando el acceso a sus derechos, fueron las prioridades del Instituto. Es bueno recordar, en estas horas de su desmantelamiento, que el horizonte del Instituto se preanunciaba lejano. No por incompetencia de sus autoridades ni mucho menos por desidia, sino por el peso de su historia. Por una mochila cargada de limitaciones. En diciembre de 2014, apenas iniciado el gobierno de Mauricio Macri pero impulsada por el gobierno saliente, se sancionó la ley 27.118, conocida como “Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”. En esa ley, además de exigir el fortalecimiento de “la organización y movilidad social ascendente de la agricultura familiar, campesina e indígena”, se instaba a la aplicación obligatoria del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), instrumento promovido por el Mercosur en su resolución 25/07 y creado en Argentina en octubre de 2007. Constar en el RENAF se hacía imprescindible para percibir cualquier beneficio. Pero esta ley quedó “dormida”. Recién se reglamentó en junio de 2023 cuando a Miguel Ángel Gómez, primer y único presidente que gobernó al Instituto, le quedaban menos de seis meses de gestión. Después de diecisiete años de creado el RENAF y a diez años de la ley de reparación histórica, las familias campesinas e indígenas siguen padeciendo similares complicaciones. Conseguir un crédito en Banco Nación, por ejemplo, es un objetivo difícil de alcanzar. “La inscripción en el Registro habilita a las familias y comunidades indígenas para acceder a un crédito, pero el banco les pide antecedentes comerciales que, obviamente, no tienen”, explicó Gómez en junio de 2023, en el programa Las Vaquitas son Ajenas de radio La Retaguardia. Como en tantos otros ámbitos de la economía popular, hay mucha voluntad organizativa pero casi nunca hay plata. O hay muy poca. Toda la tarea, de la Secretaría primero y del Instituto después, estuvo signada por el esfuerzo y la aplicación de herramientas concretas para el beneficio de la población. Los resultados, ante la inconmensurabilidad de las necesidades, siempre parecen escasos. El 10 de diciembre de 2023, el Instituto quedó a la deriva. No se designaron autoridades y nadie sabía que podía ocurrir. Aunque todos y todas lo imaginaban. Así como Macri, durante su presidencia, había ignorado a la agricultura familiar, era presumible que el gobierno de Milei la abandonara por completo. Como en otros casos, también en éste se intenta justificar el cierre por motivos económicos. Y lo que es peor, lo presentan como un ámbito que sólo servía para realizar transferencias discrecionales a cooperativas o como una empresa de empleo público. Lo cierto ―lo evidente― es que el motivo es profundamente ideológico. Pero además, parece que no tienen demasiada noción sobre el valor real y estratégico de la economía popular. Según un informe del SENASA, la Agricultura Familiar representa al 66% de las familias que viven en el campo y a 250 mil establecimientos productivos que involucran a más de 2 millones de personas. Los alimentos que producen abastecen a más de la mitad de los pobladores de sus territorios. La desconsideración de estas actividades productivas habla de un posicionamiento ideológico pero también de ignorancia. Frente a esta lamentable novedad, Rosalía Pellegrini, referenta de la Asociación Mujeres de la Tierra, dijo a La Retaguardia: “Nos estamos enterando de que van a eliminar el Instituto de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Desde que asumió Milei no había autoridades ni se estaba pudiendo hacer nada. La agricultura familiar y campesina logró institucionalidad a través de la lucha, a través de demostrar que producimos más del 60% de los alimentos que consume el territorio, cada vez en condiciones de mayor precariedad”. Además, contó cómo es la realidad actual de quienes producen alimentos: “Los aumentos de los insumos, del combustible y de las tarifas de electricidad están ahogando al pequeño productor. Hay muchas familias que están dejando las chacras, las quintas. Esto significa sumarse a una masa cada vez más grande de desocupados, salir a changuear. Las mujeres generalmente no tienen la posibilidad de changuear. Estamos con los pibes, cuidándolos. Hay una situación de empobrecimiento total. No podemos acceder ni siquiera a un proyecto, un programa o al RENAF, que es el reconocimiento de que somos agricultores familiares”. Por último, Pellegrini sostuvo: “El gobierno de Milei, quiere destruir al pueblo, a sus organizaciones y a cualquier política pública que entienda que el alimento es un bien social y que las familias productoras necesitan apoyo del Estado”.
Lo dijo Marta Maffei, exdiputada de la Nación, conocida por su compromiso con la educación pública y las luchas docentes, principalmente por encabezar la instalación de la Carpa Blanca docente frente al Congreso (1997-1999). En su paso por el programa Conciencia Rebelde de radio La Retaguardia, Maffei reflexionó acerca del espacio que el gobierno de Javier Milei le dará a los distintos derechos, dado que detrás de cada uno hay una actitud del Estado que los hace viables y eso ya se encuentra afectado por el mega DNU. Además, se enfocó en el impacto medioambiental de las medidas, entre ellas la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), de la cual Maffei fue autora. Entrevista: Sandra Gioia / Carlos Ron / Silvia Medrano
El día de la movilización en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires en contra del “decretazo” del presidente de la Nación Javier Milei también se realizó un nuevo “feriazo” a precios populares en la plaza frente a la estación de trenes de Constitución. Se trató de una iniciativa de parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y lo explicó con más detalles en el programa Tengo una Idea, Agustín Suárez, integrante de la organización. Además, realizó una análisis de lo que no se pudo avanzar en el gobierno anterior con la “la ley de tierras” y vaticinó un escenario aún más adverso con el gobierno nacional recientemente electo. Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás RosalesFotos: Natalia Bernades Escuchá el audio de la nota acá:
Guillermo Folguera es biólogo, filósofo e investigador del CONICET. Pasó por el programa Estás Muteadx de radio La Retaguardia, y reflexionó acerca de los efectos del mega DNU de Javier Milei. Folguera se enfocó principalmente en la problemática medioambiental y en cómo crecerá a partir de las nuevas medidas del Gobierno nacional. Planteó también que la sociedad asumió una lógica binaria de Estado ausente o Estado socio, en vez de discutir de qué empresas es socio el Estado. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierFoto: Valentina Maccarone Escuchá la entrevista completa
La exposición fotográfica se podrá visitar en el Museo del Hambre desde el sábado 11. El periodista Maxi Goldschmidt, quien acompaña a Piovano en sus registros de la cultura mapuche, pasó por el programa radial La Retaguardia y habló acerca de la muestra y de las problemáticas de las comunidades. Entrevista: Fernando TebeleRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Pablo Piovano “Lo que está en juego es la salud, la espiritualidad, el futuro. Nuestra lucha es para que podamos seguir haciendo lawen, la medicina que preparamos con nuestras plantas nativas. Esas plantas que usamos para curar, incluso a mucha gente no mapuche que viene en búsqueda de salud, están siendo afectadas en nuestro territorio por la construcción de dos centrales hidroeléctricas, y en otros lugares por petroleras, salmoneras o forestales. Y ese daño que hacen las industrias extractivistas es irreversible”. Estas palabras pertenecen a la Machi Millaray Huichalaf, la protagonista de la muestra fotográfica “Mapuche, el retorno de las voces antiguas. Machi Millaray, guardiana del agua”, de Pablo Piovano. La exposición podrá verse de manera libre y gratuita en el Museo del Hambre, en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 11 de noviembre. Maxi Goldschmidt, es periodista, docente y co-fundador de Revista Cítrica y de Agencia Tierra Viva. Desde hace más de cinco años realiza coberturas y crónicas de conflictos socioambientales, resistencia de comunidades al extractivismo y, en particular, acerca del proceso de recuperación territorial, espiritual y político del pueblo mapuche. Maxi acompañó a Pablo en los registros. “Está pasando algo en nuestro territorio que si uno está por ahí cerca lo puede ver. Es algo histórico y muy poderoso que tiene que ver con la espiritualidad, la naturaleza, la recuperación de los saberes ancestrales y de prácticas que vuelven a lo comunitario con esa fortaleza”, comenzó describiendo acerca de la actualidad de los territorios. Goldschmidt contó que entraron “al mundo mapuche” por Santiago Maldonado, por Rafale Nahuel, Elías Garay y por las represiones que viven las comunidades. “Muchas veces no se entiende a las comunidades mapuche, porque se muestran encapuchados cortando rutas, y en realidad hay un proceso muy poderoso de recuperación de la identidad y de preguntarnos cuál, cuándo, y dónde empieza nuestra historia. Qué había en nuestro país antes de que se llamara Argentina, quiénes y cómo vivían. En el wallmapu, en el sur de Argentina y de Chile, están sucediendo procesos de recuperación del territorio muy profundos, de lo ancestral, del lenguaje de la tierra y de todo lo que tienen para decirnos, el agua, las plantas y su poder curativo”, dijo Goldschmidt. En referencia a la muestra fotográfica, explicó: “El trabajo que estamos haciendo con Pablo tiene que ver un poco con bucear en esas profundidades, y puntualmente en este capítulo que se llama ‘Mapuche, el retorno de las voces antiguas. Machi Millaray, guardiana del agua’”.. El periodista continuó detallando la historia de la Machi, que hace 15 años volvió al territorio que era de sus ancestros. “Fue el río que empezó a hablar a través de ella, de que iban a hacer unos proyectos con dos centrales hidroeléctricas de una empresa estatal noruega y que están prohibidas en el país de origen. Esto no solo iba a afectar al río, sino también a parte de un complejo ceremonial muy antiguo utilizado por cientos de comunidades desde hace muchos años. La empresa no hizo una consulta previa, y la Machi, que era tímida al principio, se tuvo que descolonizar para luego conectarse con la naturaleza”. Millaray estuvo presa y sufrió “una campaña feroz contra ella y las comunidades”, que son más de 150. “En este caso, efectivamente lograron frenar una de las obras. La otra está avanzando pero le están dando batalla poniendo el cuerpo, pero también desde el plano político, jurídico nacional e internacional”, contó. Por último, Goldschmidt adelantó otro trabajo que se encuentra en proceso de producción, y comentó cómo es trabajar con PabloPiovano: “Estamos haciendo una peli. Cuando nos surgió la necesidad de contar de otra manera esto, vamos y venimos al territorio. Trabajar con Pablo es una alegría y un aprendizaje, él es muy sencillo y profundo”. El Museo del Hambre se encuentra en la Avenida San Juan 2491, en la Ciudad de Buenos Aires. La entrada a la muestra es libre y gratuita y permanecerá unos meses.
Lo dijo Susana Aranda, una de las referentas de la lucha contra la contaminación de la empresa Sika-Klaukol en Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza. Después de más de 12 años de reclamo, la Justicia Federal dictó un fallo que suspende la actividad de la planta. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Aranda habló acerca de esta victoria y contó cómo contamina esta empresa multinacional al barrio y las consecuencias que genera en la salud de sus habitantes. Entrevista: Pedro Ramirez Otero / Fernando Tebele Redacción: Julián BouvierEdición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero Jorge Rodríguez, el juez de la Cuenca Matanza Riachuelo dictó la sentencia que le prohíbe a la multinacional Sika-Klaukol trabajar con arena y procesar material particulado de emisiones gaseosas. Esta es la planta madre en Latinoamérica, ubicada en Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires, y fue habilitada en 2003 por el entonces director de Industrias y Medio Ambiente de la Municipalidad de La Matanza, Raúl Magario. “No creo que la planta cierre. De hecho, en estos días fuimos y los encontramos infraganti: estaba la chimenea andando. Debería cambiar el proceso de fraguado de los materiales. Pero es imposible, porque Klaukol está en la tercera categoría, la de mayor complejidad y contaminación que puede causar al medioambiente y a las personas. Entonces, por la Ley Provincial 11.459, que regula esta clase de industrias, no podría nunca haber sido habilitado en un barrio, menos en un casco urbano como acá. La chimenea de la fábrica apunta al barrio. Lo habilitaron como si fuera un maxikiosko y es una fábrica con contaminación de categoría tres”, dijo Susana Aranda, integrante del grupo de vecinas y vecinos autoconvocados contra la contaminación de Sika-Klaukol. La referenta de esta lucha que lleva más de 12 años explicó que esa planta de la empresa produce para Europa. “Lo que no pueden hacer en Suiza lo hacen acá, a costa de la vida de los obreros, que fallecieron casi todos antes de jubilarse. Cuando les detectan las cicatrices pulmonares, los echan o les ofrecen un poco de dinero. Y después, las personas no pueden insertarse en el mundo laboral, no pasan ningún examen médico, porque la capacidad respiratoria que nosotros tenemos acá es muy mala. Me hice la espirometria hace poquito y no pude levantar dos tubitos, nada. Te saca la capacidad de respirar y de moverte. Vivís asfixiado. Vivimos con broncodilatadores”, contó. El inicio de la lucha En el 2009, explotó la tolva de la fábrica y un humo brilloso y grisáceo tapó el cielo de Virrey del Pino. Después, contó Aranda, cuando llovía se ponía fosforescente. La empresa comenzó a darles un resarcimiento económico a los vecinos y vecinas, a cambio de que aceptaran que después no podrían reclamar a Sika-Klaukol si el material particulado respirable dañaba su salud. “Tres mamás empezamos a averiguar de qué se trataba. No aceptamos, no firmamos. Y descubrimos que el 99 por ciento de los vecinos usábamos los mismos remedios, teníamos la misma patología, sufríamos de las mismas cosas y todo se debía a respirar vidrio molido de 2,5 micrones para abajo. Eso es lo que respiramos, vidrio molido”, dijo la vecina.. ―¿Cómo fue el proceso judicial? ―Nosotros teníamos que generar las pruebas, porque si usted va y mata con un revólver, el Estado te asiste y te pone un perito gratis. Ahora, cuando uno dice ‘una multinacional me está matando’, vos tenés que proveer toda la información de prueba para que la Justicia actúe. Gastamos hasta lo que no teníamos.Somos gente trabajadora y tuvimos que probar nosotros que había sílice en el aire. Después, fuimos llevados ante la Justicia. Y, a cuentagotas, empezó a investigar, pero siempre le faltaba una pata. Que el laboratorio de la Policía Federal no andaba, o que no tenían para medir las emisiones gaseosas. Y en ese entonces, los organismos provinciales eran OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo). Los dos organismos que tenían que controlar esta clase de industria siempre nos patearon la pelota para adelante. Silvina Ambrosolio, la actual jefa de laboratorio del OPDS, ahora Ministerio de Ambiente de la Provincia, siempre les dio luz verde para que nos envenenen. Y están atados con la pata política que es todo el aparataje de acá de La Matanza. Si Klaukol trabaja como tiene que ser, como dice el fundador de la empresa en Estados Unidos, es muy costoso, entonces no es rentable. Se vienen a Latinoamérica porque trabajan a cielo abierto, sin ningún filtro, sin ningún miramiento. Los obreros no trabajan como tienen que trabajar, no tienen los equipos especiales. Les sale todo gratis y por eso vienen y se instalan acá. Pero dejan un tendal de muertos y de destrucción para el barrio y la gente que trabaja en la empresa. No es una fuente de trabajo, ellos destruyen la vida. Por eso documenté casa por casa a los obreros de planta permanente de Klaukol. Ya no creo que hayan quedado vivos, murieron casi todos por la misma razón. Muchos casos de asfixia, cáncer pulmonar o de garganta. Mi barrio es de diez manzanas y el problema es que ahora es tan grande la contaminación y está muy avanzada. El bioquímico del CONICET, el doctor (Andrés) Porta, fue quien dio el puntapié inicial para que el juzgado federal tome cartas en el asunto, fue claro y dijo que a simple vista se veía que ese material particulado estaba por todos lados, que la fábrica trabajaba a destajo sin ningún control y que hubo ausencia del Estado. Ahora, tenemos este fallo donde dice que por cinco días Klaukol no puede trabajar y que en cinco días tiene que presentar una alternativa. Yo no creo que presenten nada, porque no vivimos en una burbuja, esto es un parche. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Mi casa está antes que Klaukol acá, eso era un tambo de leche. Mi casa tiene título de propiedad. Cada ladrillo lo compré
Lo dijo Yesica Sánchez, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. En su paso por el programa radial Tengo una Idea, contó que la exploración sísimica comenzará a 300 kilómetros de la costa marplatense y que el barco de la empresa noruega Equinor ya se está moviendo en la zona. “Vamos a seguir resistiendo como comunidad”, sostuvo. Entrevista: Carlos Morchio / Graciela Carballo / Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Asamblea por una Mar Libre de Petroleras Yesica Sánchez, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, mencionó la importancia de extender la protesta contra la explotación offshore en la Costa Atlántica: “Los territorios estamos muy atrevesades por todo lo que siginifican estos proyectos extractivistas. En este caso acá en Mar del Plata, ciudad muy conocida como “la perla del atlántico” históricamente, turística, pesquera. Pero queremos sacar un poco el foco de esta ciudad y ponerlo en toda la costa argentina desde Buenos Aires a Tierra del Fuego, porque somos muchas las comunidades que nos venimos organizando hace tiempo para visibilizar una primera instancia, denunciar, y querer transformar esto que nos imponen”. Por otro lado, la militante socioambiental detalló las actividades para hacer aún más visible la lucha que están llevando a cabo desde que se confirmó la explotación de petróleo a 300 kilómetros de las costas marplantenses “Arrancamos a principios de este mes con una actividad que estuvo concentrada en el puerto como epicentro de Mar del Plata, donde hicimos una intervención artística y un mural. Luego estuvimos en el juzgado federal porque también cumplimos un año del acampe que iniciamos el año pasado, esperando una sentencia a favor de las comunidades costeras y de toda la biodiversidad”, contó. Desde la Asamblea hicieron también una actividad frente a la municipalidad, que finalizó con otro “Atlanticazo”. “Se replicó en diferentes puntos de la costa, y también en provincias que vienen atravesadas por el extractivismo, como Mendoza, Catamarca, o Santa Fé. También a nivel mundial, y que fue muy importante, hubo otras comunidades que miraron lo que estaba pasando acá y en solaridad con nuestras actividades también hicieron manifestaciones”, agregó Sánchez. Además, destacó la importancia de la movilización que hicieron desde el Monumento al Lobo Marino, en Mar del Plata, hasta diferentes puntos de la ciudad. “Fueron días muy álgidos, con mucho movimiento. Esto nos dio nuevamente el puntapié para que sea otro Atlanticazo masivo donde mucha gente, organizaciones, comunidades organizadas y no organizadas estuvimos en la calle. Fue un Atlantizaco muy necesario, urgente, y sobre todo muy sentido”, dijo. Sánchez contó que buscan “generar sensibilidad sobre este tema”, y que esa es una de las principales herramientas que utilizan a la hora de comunicar lo que está sucediendo con la explotación offshore. “En la Asamblea tenemos comisiones de trabajo donde vamos a las escuelas con la comisión de educación y trabajamos sobre este tema, lo que nos convoca, rompiendo la idea de que si no me afecta directamente y no lo veo parece que no sucede nada”, explicó. Los riesgos de la explotación Además, detalló algunos de los impactos de esta práctica contra la que luchan: “Pensemos que la prospección sísmica son bombardeos con aire comprimido cada cinco segundos durante muchos meses, que va impactar sobre el suelo y el subsuelo marino en aguas ultraprofundas donde la bioversidad marina es increíble, y donde la migración de diferentes especies es algo común. Porque el bombardeo va a afectar al sistema neurológico y auditivo de muchas especies animales y que las va a ahuyentar. Esto es algo que no lo decimos nosotros, sino que hay evidencias cientíticas de diferentes puntos del mundo que ya lo denotan”. También brindó ejemplo concretos acerca de la posible contaminación de las aguas: “En Argentina tuvimos el caso de Golfo San Jorge, donde el 2007 primero hubo derrames de petróleo que transportaban los buques y después de dos años arrancaron con las primeras prospecciones sísmicas y las comunidades pesqueras que dependen de la pesca artesanal durante varios se quedaron sin la posibilidad de pescar las especies propias del lugar. Nada nos haría pensar que esto no sucedería estando a 300 kilómetros, porque el mar es como un ser viviente que tiene dinámica propia con corrientes marinas superficiales y produndas, como la cálida de Brasil o la fría de Malvinas que genera que nuestro mar tenga una gran biodiversidad y un caladero casi único en el mundo”. Lo que no se pudo frenar “El barco BGP Prospector contratado por la empresa noruega de bandera Equinor ya se está moviendo en la zona. Lo pudimos ver a través de imágenes claras y lamentablemente este barco hoy ya se encuentra a 300 kilómetros del puerto marplatense para arrancar con la exploración sísmica, con el bombardeo en aguas profundas para poder detectar dónde se encuentran las cuencas hidrocarburíferas más importantes en términos de potencialidad económica para empezar a diagramar las perforaciones para el mes de enero”, detalló Sánchez. La integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras explicó que no pudieron frenar el avance de la exploración de ese barco, ya que no pudieron aplicar ninguna medida cautelar. “A este barco se le sumarían otros dos que servirían de auxilio en térmimos energéticos transportando insumos que se llaman ‘Geo Service’, y ‘Candela’. Todo esto nos genera tristeza y una angustia enorme, pero vamos a seguir resistiendo como comunidad de manera consciente teniendo en cuenta lo que todo esto significa en términos del entramado político y económico. Quieren seguir avanzando con el extractivismo en nuestro mar”, cerró.
Lo dijo Ariel Rota, integrante de la organización “Recuperando Flores Norte”. En su paso por el programa radial “Mis hijos están con el padre” habló acerca de las problemáticas de la zona y la falta de respuesta estatal. Además, se rifirió al código urbanístico de la Ciudad y a un nuevo proyecto de ley que redactaron los vecinos y vecinas. Entrevista: Braulio Domínguez / Silvio FlorioRedacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Facebook Recuperando Flores Norte La especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, genera una brecha cada vez más amplia de desigualdad entre sus habitantes, quienes sufren las implicancias económicas de este fenómeno. A la dificultad en el acceso a la vivienda se le suman las abruptas transformaciones a las que se ven sometidos los distintos barrios porteños. En el medio de la disputa, se encuentran los vecinos y vecinas que ven cambiar el barrio y con ello sus hábitos y costumbres, sin entender mucho los conceptos estéticos ni la funcionalidad de las modificaciones instaladas y/o permitidas por el Gobierno de la Ciudad. La compra de propiedades y demoliciones sin un control y estudio ambiental, han resultado en una proliferación de depósitos textiles en la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco), en la zona denominada “Flores Norte”. Ariel Rota, integrante de la agrupación “Recuperando Flores Norte”, explicó “Esto es algo que viene sucediendo hace más de 15 años pero se incrementó muchísimo a partir de la pandemia. Y lo que está pasando más allá del crecimiento de los locales y el comercio en la zona de avenida Avellaneda, es que a nosotros nos está afectando muchísimo todo lo que es la actividad satélite de eso: los depósitos, los talleres, la venta de insumos, los camiones portacontenedores en una zona que no está habilitada para tránsito pesado, los residuos. Tenemos muchísimo residuo textil. Y hay un informe de la ONU que lo tenemos publicado en nuestro Facebook que dice que la industria textil es la segunda más contaminante. Y venimos haciendo reclamos y no pasa nada. Nadie hace nada, no se controla nada”. El Gobierno de la Ciudad gestiona y ejecuta distintos cambios en los barrios porteños de modo inconsulto que modifican la manera de vivir, costumbres, posibilidades y limitaciones de los vecinos y vecinas. “Lo que está sucediendo es que el tema de la contaminación nos afecta mucho la calidad de vida, porque están circulando estos camiones, no solo los portacontenedores, sino camiones y camionetas de todo tipo que estacionan en las rampas en las esquinas, en la entrada de garaje. No te dejan pasar, descargan los camiones a cualquier hora. La gente que descarga los camiones claramente no tiene sanitarios, hace sus necesidades en la calle, almuerzan o cenan en la calle. Es todo un descontrol. Y la verdad que hicimos denuncias, fuimos para hablar con la comuna, con otras autoridades de Gobierno y no logramos absolutamente nada”, dijo el integrante de Recuperando Flores Norte. Además, planteó que los vecinos y vecinas consideran que el Gobierno porteño actúa a favor de esta “actividad” que vienen denunciando. “Digo actividad y no industria porque la industria uno tiende a pensar que es algo bueno, que genera un beneficio y no es lo que ocurre acá. Porque es una industria que paga todo en negro, evaden impuestos, violan todas las normas medioambientales, violan las autorizaciones y del lado de enfrente tenemos un Estado totalmente ausente que trabaja a favor de esta actividad. Yo vivo en una zona que se llama zona Tipo 2, hay 4 tipos de zona, donde yo estoy es zona tipo 2 y dicen que no puede haber ningún taller o depósito. Y los relevamos, tenemos un Excel con todos los talleres que hay en la zona y nadie hace nada. Participamos de los consejos consultivos, hacemos denuncias en la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y no pasa nada, está todo bien”, dijo. Además de los cambios en su forma de vivir y habitar el barrio, los vecinos y vecinas han visto decrecer el valor de sus propiedades, perdieron la tranquilidad porque la zona se tornó muy insegura por los enfrentamientos entre las personas del barrio y los denunciados. “La gente de esta actividad nos amenaza porque saben que nosotros los denunciamos. Entonces cada dos por tres tenemos un vecino golpeado, amenazado. Yo tengo dos denuncias hechas en la policía por amenazas. Entonces es muy complicado. Y me parece que por el negocio de algunos, no debería suceder esto”, contó Rota. El código urbanístico de la Ciudad “El código urbanístico es malo, está mal hecho, no considera un montón de cosas. Pero también hay que tener en cuenta qué significa derogar un código hasta no tener uno nuevo. A mí me genera muchas preguntas. ¿Quién va a hacer el código nuevo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a contemplar lo que nosotros estamos reclamando? Y si hay un código nuevo, ¿se va a respetar? Porque el que hay hoy es malo y nadie lo respeta. Hemos visto fajas de clausura que la misma gente de los talleres la levantan, trabajan y a la noche la vuelven a pegar. Está filmado eso y nadie hace nada”, planteó el vecino. Frente a la posibilidad de derogación del código actual, explicó: “Entonces, derogar el código es un lindo título, está bien. Pero yo creo que hay que ir a cosas muchísimo más sencillas que se pueden empezar a aplicar hoy sin tocar ningún código. Es controlar la Comuna, el Gobierno de la Ciudad, y todas las entidades que forman parte: AGC, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), el tránsito. Tendrían que ejercer una función de control y no lo están haciendo. Hemos hecho miles de denuncias y no pasa nada. Nos cambiaron el sentido de la calle Páez para beneficiar a todos los transportistas que dejan su mercadería en toda la zona comercial de Avellaneda y puedan salir rápido. Eso provocó accidentes. Al cambiar el sentido ponés en peligro dos escuelas, un jardín de infantes. Tardamos dos años en lograr
Las y los representantes de pueblos originarios continúan su reclamo en contra de la reforma constitucional de Jujuy. Irma Puca, integrante del acampe que están haciendo frente a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que están siendo discriminados por la Corte Suprema y por diputados y diputadas. En diálogo con el programa radial Tengo una Idea, planteó que van a continuar luchando por sus derechos. Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Natalia Bernades/La Retaguardia El Tercer Malón de la Paz está compuesto por 200 representantes de unos diez pueblos originarios de Jujuy que llegaron a la Ciudad Buenos Aires desde La Quiaca, Purmamarca y Tilcara. Luego de más de un mes, permanecen en vigilia en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Allí, continúan visibilizando su reclamo contra la reforma de la Constitución de la provincia norteña. Irma Puca, integrante del acampe, contó: “Yo vengo del departamento de Yavi, pueblo coya de la ciudad de Cangrejillos. Venimos desde la Quiaca desde el 25 de julio, y veníamos de un corte de ruta que se hizo en junio. Desde ese momento estamos luchando por nuestros territorios que lastimosamente el señor (Gerardo) Morales, como todos lo saben, comenzó con una reforma inconstitucional cuando la firmó”. Acerca de lo que está pasando en Jujuy, planteó: “Para nosotros en Jujuy se vive un golpe de Estado, y ninguna provincia debería pasar esto. Estamos todos los hermanos muy dolidos, se las están agarrando con nuestros hijos, a los chicos de las escuelas los están expulsando por hablar, Morales va por todas las comunidades”. Puca explicó que parte del pueblo jujeño vive de la cría de ganado y de la agricultura. “Y el agua es algo sagrado, porque no tenemos agua para beber como tienen aquí (en CABA), la alzamos del río porque es dulce y está limpia. A principios de septiembre llegaron las empresas mineras para entrar a nuestros sitios”, dijo. El ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) recibieron al Tercer Malón de la Paz de Jujuy. Luego del encuentro, acordaron la puesta en marcha de una comisión de investigación y resguardo del pueblo y comunidades jujeñas, conformada por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los pueblos originarios violentados por la reforma constitucional. Acerca de esto, Puca opinó: “Es algo sorprendente, si ellos ya saben lo que está pasando”. Luego de más de un mes de acampe frente a Tribunales, contó cómo lo están están viviendo: “Después de la lluvia nos llenamos de barro y la pasamos muy mal. Seguimos poniéndole mucha garra a lo que vinimos a defender. Entendemos que no solo es para nuestro beneficio, sino para todos a nivel nacional, e internacional teniendo en cuenta lo que está pasando con los pueblos originarios. Nuestros abuelos que lucharon, vinieron en el primer Malón de la Paz y no obtuvieron nada. Están representados hoy por los nietos y bisnietos que continúan con la lucha. Hemos sido discriminados y seguimos siendo discriminados por la Corte Suprema, por los diputados. Eso nos duele”. Puca pidió apoyo para el Tercer Malón de la Paz, “ porque en el acampe vivimos como en una situación de calle”. Además, dijo: “Somos defensores de nuestra cultura, de la tierra, del agua, del aire, de nuestra naturaleza. Queremos que esto se resuelva, nosotros pedimos libertad por nuestros derechos”. También denunció que tienen los celulares intervenidos, pero que no tienen miedo y van a seguir peleando: “No importa el gobierno que venga, estamos dispuestos a luchar hasta morir. Por más que nos sigan matando, las comunidades van a seguir viniendo, no pueden decirnos que nosotros no existimos, porque nuestra cultura es milenaria. Somos muchísimas las comunidades, solo en Jujuy hay 400 y otras 20 que aún no son reconocidas”, dijo. Por último, contó: “En el acampe no nos dejaron poner baños químicos, y en muchas de las confiterías, restaurantes y del teatro de alrededor no nos dejaron entrar, cerraron sus baños. Nosotros no somos ignorantes, no ensuciamos. Fue horrible lo que vivimos. Hemos tenido que caminar hasta 15 cuadras. Nos hace falta agua, para poder tomar o cocinar. Hay abuelos y niños. La gente nos ha ayudado con ropa y zapatillas”.