Otras
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), anunció los avances en las gestiones para lograr la reincorporación de los y las despedidas. A partir de la lucha, 5 personas fueron reincorporadas, una gran reivindicación que sigue abriendo camino y solidaridad en las luchas. Redacción: Marilina ContrerasEdición: Pedro Ramírez OteroFotos y videos: Marilina Contreras Si bien el Ministerio de Salud confirmó los despidos y dice que es el 2% del plantel del Hospital Posadas, hecho que no representa un valor fiscal considerable, por el contrario sí afecta la atención en la salud, por la especificidad de las especialidades de las personas despedidas y la vida de las familias. Hubo 93 despidos irregulares, que tenían contratos precarizados. En algunos casos, de 10, 15, 25, hasta 30 años de antigüedad. A esta lucha se le suma la de los y las residentes del Hospital Posadas. Rocio Pelose, jefa de residentes de kinesiología, contó: “Hice la residencia hace tres años y ahora la jefatura. Exigimos un aumento salarial, el salario es muy bajo comparado con las residencias de la Provincia y de CABA. Hace más de seis meses que venimos reclamando en el Ministerio de Salud un aumento y nos vienen con excusas”. Luego de la ronda en el Hospital Posadas, como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, una herramienta de lucha que se replica, los y las trabajadoras brindaron una conferencia de prensa en el hall del hospital con cierta tensión, ya que las autoridades no estaban de acuerdo. “Reivindicamos la lucha, hubo cinco reincorporaciones en el hospital, a pesar de que ellos intenten debilitar, para dividir. El único punto que vamos a resaltar es que las reincorporaciones se deben a la lucha y a todos los compañeros que están presentes. A pesar de la represión, y la persecución que están recibiendo en los servicios con control de horario. Para que sepan, esta dirección ha instaurado una persecución tal que envía a gente de recursos humanos a recorrer los servicios para ver donde se encuentran los compañeros. Entonces, hay que justificar hasta si los compañeros fueron al baño. Queremos reivindicar muy fuertemente a los compañeros que están acá, a nuestros compañeros delegados de CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) y nuestros compañeros de la comisión Directiva de CICOP a pesar de la persecución directa con los despidos de 8 compañeros con foro gremial, 4 delegados y 4 compañeros de la comisión directiva, están firmes acá, dando la pelea juntos a todos nosotros”, dijo Edgardo Sacarias, secretario gremial de la CICOP. De las 93 personas despedidas, 26 son afiliadas de CICOP. Anunciaron la continuidad de la jornada de lucha semanal en el hospital con una nueva ronda, el día y horario será definido en asamblea. Además, están preparando una jornada de lucha nacional con una movilización al Ministerio de Salud, a la que están convocadas todas las personas despedidas y de todos los organismos. También, como parte de estas actividades, estarán recorriendo distintas instituciones y congresos de la Provincia de Buenos Aires, ya con varios pronunciamientos de diputados/as nacionales, provinciales y concejales en contra de los despidos. También se realizó una audiencia en el Congreso nacional, junto con despedidos y despedidas de otros organismos. Un trabajador de los consultorios externos del Posadas, con 25 años de antigüedad, contó: “Mi telegrama decía que rescindieron de mi contrato a partir del 31 de marzo pero me lo mandaron el 26 de junio, osea que durante tres meses no se sabe quién nos estuvo pagando el sueldo a los trabajadores. Hay casos de compañeros que fueron contratados anualmente. El problema es que desde fin de año del 2023 se implementaron para el conjunto de los trabajadores contratados, contratos de tres meses. El 85 % de los trabajadores estaban en modalidades precarias, contratados incluso como monotributistas que le tenían que facturar al hospital. El hospital Posadas está en una situación de precariedad absoluta. Actualmente se encuentra acéfalo, el director, el que tiene la firma habilitada, está en un rango ministerial y actualmente en el hospital no tenemos ninguna respuesta a nuestros reclamos y los reclamos de los pacientes”. Elizabeth Correa, trabajadora y despedida del Posadas, dijo: “Soy trabajadora del Hospital Posadas hace 22 años, soy técnica radióloga y pertenezco a la comisión directiva del CICOP, y estoy despedida en este momento. La situación es que estamos movilizando muchos compañeros, de otros gremios y federaciones. Enviamos telegramas rechazando los despidos irregulares y denunciando la manera de contratación ilegal”. Mirta Jaime, médica del Hospital Posadas y presidenta de la CICOP, dijo: “El plan de lucha votado siempre en asamblea es una jornada nacional a través de una campaña provincial y regional con todas las seccionales de la CICOP. Estamos pidiendo cese al ataque de la salud pública del país y no más despidos en el Estado. En el hospital hubo 93 despidos a profesionales y no profesionales de excelencia. Hoy se quedan sin la fuente de trabajo, por eso este plan de lucha con una multisectorial desde bloques de diputados que se han pronunciado por la reincorporación. Desde el Ministro de Salud de la Provincia, desde las asambleas autoconvocadas de Moreno hasta Ciudadela, vecinos, pacientes, usuarios del Hospital Posadas. Desde educación, desde el frente de gremios estatales y empresas públicas, estamos tendido un arco muy grande alrededor del conflicto del Posadas”.La emoción a través de los cánticos de solidaridad es un abrigo ante estos tiempos de incertidumbre y precarización. Una amplia unidad se está consolidando con el Hospital Posadas, años de resistencia que transmiten también a los y las residentes y a la población. La jornada nacional de lucha es inminente, y estamos a la espera de esta gran movilización.
En el marco del juicio oral por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, el 13 de agosto se realizará un nuevo intento para acceder a los datos que contiene el celular del principal imputado, Fernando Sabag Montiel. La medida es clave para indagar sobre los posibles instigadores del intento de homicidio de la entonces vicepresidenta de la Nación. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Al testigo amenazado le dijeron: “Te vamos a hacer cagar si te haces el super testigo y perjudicás a ‘Ale’”, un misterioso personaje cuya identidad se desconoce por el momento.El mismo testigo amenazado fue filmado por un desconocido cuando esperaba —en el sexto piso de los Tribunales de Comodoro Py— ser llamado a prestar declaración en el juicio oral, en el que también son acusados Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo.Las audiencias se reanudarán luego de la feria judicial y serán transmitidas en directo, como había solicitado La Retaguardia. Al pedido se sumaron los abogados que representan a CFK: Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira.En la tercera audiencia analizaron también el extraño pedido de un policía, custodio de CFK el día del intento de homicidio, para que “borraran” un video que muestra como ningún otro el momento en que Sabag manipula la pistola Bersa a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. “Te vamos a hacer cagar” La amenaza que sufrió Guillermo Federico García, testigo presencial del intento de magnicidio, ocurrió en mayo de este año, cuando fue a declarar por segunda vez en el juzgado de María Servini de Cubría, en la causa en la que se investiga en qué circunstancias y por quiénes fue dañado el celular del principal imputado en el juicio oral, Fernando Sabag Montiel. El testigo García es uno de los militantes kirchneristas que capturaron a Sabag Montiel minutos después del atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Con posterioridad, en la madrugada del 2 de septiembre, García fue a declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la instrucción de la causa que está ahora en la instancia del juicio oral.En esa madrugada del 2 de septiembre de 2022, García fue testigo del primer intento, fallido, de abrir el celular del principal imputado, una cuestión clave para determinar si hubo conexiones políticas y responsables ideológicos del intento de homicidio.Es obvio que los dichos de García —en las dos instancias, juicio oral y causa de Servini— preocupan a personajes que indudablemente tuvieron alguna participación en la planificación del intento de magnicidio.Además de las amenazas de muerte por Facebook, García y tres amigos suyos que también declararán en el juicio oral, fueron filmados impunemente con un celular, por un hombre que se les acercó cuando el testigo esperaba turno para declarar. Se encontraban en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py, esperando el llamado para prestar testimonio en la sala AMIA de la sede judicial.En la tercera audiencia del juicio oral, otro testigo presencial del ataque a CFK, Cristóbal José Elgueta Collado, hizo referencia a las extrañas situaciones que tuvo que vivir luego de grabar con su celular un video que capturó el preciso momento en que Sabag puso su pistola Bersa a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. Junto con un grupo de amigos, el testigo se acercó a la custodia de la vicepresidenta de la Nación para mostrarle la filmación en la que se ve la mano de Sabag empuñando el arma. La sorpresa fue que uno de los policías que integraban la custodia esa noche, le pidió que le mostrara el celular, para saber si ya había enviado las imágenes a otras personas. Luego le pidió que borrara el video, que de todas maneras llegó al juicio oral por ser una prueba irrefutable de la intervención de Sabag Montiel en el hecho.Una amiga del testigo, Sofía Manusovich, ya le había enviado el video al mismo agente, que luego lo devolvió al ver que se había difundido. El curioso episodio fue narrado por Manusovich en el juzgado de Capuchetti, en la madrugada del 2 de septiembre. Cristóbal recién declaró ahora, en el juicio oral, sobre el mismo punto.En el expediente que llegó al juicio oral, figura que habrá un nuevo intento para peritar el teléfono de Sabag Montiel. Esto ocurriría el 13 de agosto a las 10 según dispuso el Tribunal Oral Federal 6, a pedido de la fiscala Gabriela Baigún como medida de “instrucción suplementaria” en el marco del juicio oral.Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) señaló que existe alguna posibilidad de recuperar la información que guarda ese celular.Lo que se realizará es “una operatoria de rooteo y posterior extracción física del contenido” del celular. Lo harán los técnicos de esa dependencia, en colaboración con la Gendarmería. La fiscalía y la querella designarán peritos de parte que estarán presentes durante el intento. Nadie puede asegurar que el peritaje sea exitoso.En el juicio, Sabag aseguró que su celular estaba intacto cuando llegó a manos de la Policía Federal y luego al juzgado de Capuchetti, horas después del atentado. Cerca de las tres de la madrugada del 2 de septiembre, fue llevado por dos agentes de la Federal.El testigo García dijo que el celular estaba apagado y que lo enchufaron para cargarlo. Hasta ahí lo que pudo ver.Con posterioridad, se sabe que fue conectado al sistema UFED (Universal Forensic Device), pero no pudieron acceder a los datos. Según declaró el testigo en el juicio oral, el teléfono tenía pegado el chip y la tarjeta de memoria.La jueza Capuchetti, ante el fracaso inicial, decidió enviar el aparato al laboratorio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hasta el traslado, el celular estuvo en el despacho de la jueza, se supone que con estrictas medidas de seguridad. El traslado a la PSA estuvo a cargo de la agente Priscila Santillán, custodia del juzgado.El celular llegó en un sobre abierto, lo que indica que en algún momento se cortó la cadena
Laura Guinsberg es integrante de APEMIA (Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA). En diálogo con el programa radial La Retaguardia anunció cómo será la actividad de este 18 de julio en el que darán cuenta de los archivos secretos a los que pudieron acceder. LR transmitirá en vivo la jornada de la que también participaran el periodista Alejandro Bercovich, el abogado Dr. Martín Alderete y Adolfo Pérez Esquivel. Lo podés ver en vivo acá
Un fallo de la Sala IV de Casación Penal benefició a Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari. Los tres fueron condenados en el juicio RIM 6 de Mercedes/Imprenta PRT_ERP a prisión perpetua por homicidio agravado. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky cambiaron la calificación a homicidio simple, por los que el TOF que les impuso las penas deberá ahora readecuarlas a ese delito. El rango va desde los 8 a los 25 años de prisión. Bárbara García es periodista. Junto a su hermano Camilo, también comunicador, fueron testigos del secuestro de su mamá, Rocío Ángela Martínez Borbolla, quien permance desaparecida. En el programa radial Oral Y Público de Radio La Retaguardia, nos contó sobre sus angustias y broncas por el cambio de decisión sobre los 3 renombrados excarapintadas. Morello incluso fue diputado nacional por el MODIN en los 90.
¿Es posible utilizar la Justicia universal en el caso Israel-Palestina? Por una convocatoria del Llamamiento Argentino Judío, se realizó ayer una charla en Hasta Trilce. La intención fue debatir acerca de la posibilidad de aplicar alguna instancia de Justicia al genocidio palestino en la jurisdicción de otros paises. Participaron Luis Kon, del Llamamiento; Federico Hairabedian, presidente de la Fundación Luisa Hairabedian; Damian Ravenna, presidente de la APDH de Zona Norte; también estuvo el abogado de DD.HH. Rodolfo Yanzón; y desde Francia participó el abogado palestino-chileno Emilio Dabed. Moderó Arturo Desimone. La Retaguardia transmitió la jornada en vivo.
En el juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Carrizo afirmó que es inocente y que dijo “en broma” que era parte del grupo que quería “matar a la puta esa”. Brenda Uliarte pidió declarar, pero luego desistió. El Tribunal desechó un pedido para declararla inimputable y rechazó incorporar un escrito que menciona al diputado Gerardo Milman como presunto instigador. Eso se investiga en otra causa. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero En la segunda jornada del juicio oral por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, los imputados Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo aceptaron prestar declaración indagatoria y cerraron el controvertido combo abierto una semana antes por Fernando Sabag Montiel. Mientras Sabag confesó su culpabilidad con lujo de detalles, Carrizo lo emuló en cuanto a la extensión de su relato, pero para declararse inocente. Por su parte, Uliarte aceptó declarar, pero desistió abruptamente luego de decir algunas frases incoherentes. Carrizo, señalado como el “jefe” de la Banda de los Copitos, el que le daba empleo y le bajaba línea a Fernando y a Brenda, dedicó buena parte de su relato a situarse asimismo entre los seres más desgraciados y vulnerables del planeta Tierra. Dijo que estaba alcoholizado y que hacía “chistes” luego del fallido atentado a Cristina Kirchner, a quien le pidió disculpas, con la voz entrecortada por el llanto. Las bromitas que disparó desde su celular y que lo llevaron a prisión, fueron frases suyas cuando ya sabía que el intento de magnicidio se había concretado y que no era ninguna broma. Estos fueron algunos de sus dichos: “Esto (el atentado) estaba planificado para dentro de una semana” y Sabag “hizo todo mal, es un pelotudo”. En otras de sus bromas telefónicas, afirmó que los integrantes del grupo que parecía encabezar estaban “decididos a matar a la puta esa”. Después del insulto que había dirigido contra Sabag por haber fallado, reconocía que su “amigo” (también lo llamó “empleado”) había estado “a un segundo de convertirse en héroe nacional”. Brenda, que sí, que no La primera en ser invitada a indagatoria fue Brenda Uliarte. La sorpresa fue que dijo que iba a declarar, cuando minutos antes su abogado, Alejandro Cipolla, le había dicho a los y las periodistas que no iba a hacerlo “porque no estaba en condiciones”. Los problemas comenzaron cuando la presidenta del Tribunal Oral 6, Sabrina Namer, le solicitó algunos datos personales. Cuando le preguntó con quién vivía antes de su detención, señaló a su novio de entonces, el imputado Sabag Montiel, a quien llamó “ese convicto”, “ese manipulador”. La joven que había sorprendido con sus mensajes afirmando que tenía “los ovarios” necesarios para matar a Cristina Fernández de Kirchner, frente al Tribunal se mostró confusa y dispersa. Dijo que tenía 24 años cuando hace dos semanas cumplió 25. Había tardado en precisar la fecha y lugar de nacimiento. Varias veces, antes de responder, le salía un “ehhh”, que daba cuenta de su mal momento anímico. Dijo que tenía secundario incompleto y que había cursado el CBC de Medicina, pero no recordaba si había aprobado alguna materia para el ingreso a la carrera. Los problemas de dicción de la imputada se sumaron a fallas técnicas que impidieron el vivo por YouTube de lo que fue, al final, una fallida declaración indagatoria. Brenda dijo que trabajaba como “kiosquera” en un lugar que “podría ser” la Capital Federal. En este punto, la fiscal quiso saber si trabajaba también vendiendo “contenido erótico” y ella confirmó: “Sí, he ganado dinero con eso”. Ante una consulta de la jueza Namer, respondió que prefería responder preguntas, en lugar de hacer un relato en su defensa. La presidenta del Tribunal le dio la palabra al defensor de la joven para que ordenara el interrogatorio. Como una forma de demostrar el estado en que se encontraba su defendida, Cipolla le pidió que dijera la causa del proceso en marcha y qué participación tuvo ella. Brenda respondió: “Partícipe y encubridora, pero no soy ehhh”. Luego la imputada se quedó en silencio por unos minutos y se agarró la cabeza. La fiscal pidió la palabra, pero la jueza Namer llamó a todas las partes para que se acercaran al estrado para hablar en privado. Namer le recordó luego a la imputada que la indagatoria es un acto de defensa. “Pero todo lo que usted diga es muy importante, tiene que ser claro, conteste lo que se le pregunta, pero trate de ser lo más clara posible. De lo que usted diga puede haber consecuencias. ¿Le quedó claro?”, dijo la jueza. “Sí, me quedó claro, no más preguntas”, fue la respuesta de Uliarte. La jueza le pidió que fuera más concreta y Brenda precisó: “No, no declaro, anulo. No me siento en condiciones de declarar”. La fiscal Gabriela Baigún, quiso saber si la defensa ratificaba un escrito que había sido presentado hace tiempo por Carlos Telleldín, cuando era defensor de la joven. En ese escrito, se vinculaba a Sabag Montiel con el entorno del diputado Gerardo Milman. Se decía que le pagaban por generar actos violentos contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y de estar vinculado al grupo Revolución Federal. La jueza Namer dijo que eso era parte de otro proceso. Luego se produjo una polémica entre Baigún y Cipolla respecto del presunto consumo de “pastillas” por parte de Brenda, antes de concurrir a la audiencia. Cipolla insistió en que se declare inimputable a su defendida, Baigún recordó que dos pericias incorporadas al expediente dicen que tiene “capacidad de juicio y comprender la criminalidad” de los hechos. Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal rechazó el pedido de inimputabilidad. Por momentos, la controversia tuvo las chispas de un show televisivo. Podés ver la transmisión completa en https://www.youtube.com/watch?v=qjZD2a0KDZU&ab_channel=LaRetaguardia Carrizo, el bromista “Estaba esperando un montón para hablar con ustedes, pensé que esto iba a resolverse antes”, fueron las primeras palabras que Gabriel Nicolás Carrizo dirigió al Tribunal integrado por Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg.
Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba, fue imputado por delitos relacionados con la investigación del homicidio de Valentino Blas Correas, de 17 años, ocurrido el 6 de agosto de 2020. De llegar a juicio oral, será el segundo por el mismo caso de gatillo fácil y también estarán en el banquillo de los acusados el comisario Gonzalo Cumplido, otro exfuncionario civil y 15 policías, algunos de los cuales ya fueron condenados en el proceso anterior. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero En el primer juicio por el asesinato del joven Valentino Blas Correas, dos policías recibieron la pena de cadena perpetua como autores del crimen y otros nueve fueron condenados por encubrimiento. El crimen fue calificado como “inadmisible masacre” y de ser “uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”, según afirmó Fernando López Villagra, uno de los fiscales. El asesinato de Correas se produjo durante un control vehicular, en la capital cordobesa, cuando los policías balearon sin razón alguna el automóvil en el que iban Blas y cuatro amigos que también podrían haber perdido la vida por la violencia irracional del ataque. En estos días, Soledad Laciar, la mamá de Blas, reiteró lo dicho cuando finalizó el primer juicio: “Voy a seguir luchando hasta que sean juzgados los responsables políticos y los que dejaron morir a mi hijo”, negándole la posibilidad de ser asistido en un sanatorio, cuando se encontraba gravemente herido. Laciar sostuvo: “Hay muchos casos que están clamando por justicia y esa también es mi lucha, para que esto no le ocurra a ningún pibe más”. El nuevo juicio Ahora, por derivaciones del mismo caso, el fiscal Franco Mondino, del fuero Anticorrupción, imputó a 18 personas, entre policías y exfuncionarios, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria en los primeros días de julio. La decisión de Mondino es el primer paso en el marco de las actuaciones que le fueron giradas por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, luego de dictar sentencia condenatoria a los dos policías autores del homicidio y a otros nueve por el delito de encubrimiento. Los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno habían solicitado al fuero Anticorrupción que investigara la posible comisión de delitos en torno al manejo de recursos del Ministerio de Seguridad, en 2020 a cargo de Mosquera, en los que se veía envuelto el comisario Cumplido. También se ordenó investigar los hechos relacionados con la falta de auxilio a Blas Correas cuando estaba agonizando y ahondar sobre las maniobras de encubrimiento que se revelaron en el juicio.Al comisario Cumplido, que no llegó al juicio oral porque había sido sobreseído en la instrucción, el fuero Anticorrupción lo imputó ahora por haber “recibido dádivas” y por encubrimiento. Al comisario, que era jefe de Seguridad de la ciudad de Córdoba, lo acusaron por “omisión de denuncia, agravado por su condición de funcionario público, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en el ejercicio de sus funciones”. El caso de Cumplido tiene íntima relación con la situación procesal de Fernando Mosquera, exministro de Seguridad de la provincia y actual legislador por Hacemos Unidos por Córdoba. A Mosquera se lo acusa de “ofrecimiento de dádivas” en los días en que era ministro y cuando Cumplido había sido separado de la fuerza policial por su vinculación con el caso Correas. Entre otras cuestiones, se sabe que Mosquera le regaló al comisario suspendido, con fondos públicos, un Toyota Corolla. También le prometió un ascenso, que no se concretó, una vez que se aquietaran las aguas de la investigación por el crimen. El incumplimiento de la promesa derivó en fuertes revelaciones del comisario, que ahora son investigadas a fondo. Mosquera fue cuestionado duramente por la familia de Blas, quienes lo mencionaron como parte del encubrimiento. Por si fuera poco, Mosquera tuvo que pedir licencia como legislador, luego de recibir una grave denuncia por violencia de género, de parte de una suboficial de la policía provincial. La víctima se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, para denunciar al exministro, con quien mantenía una relación de pareja. La suboficial, de 34 años, fue encontrada con heridas en el rostro, ensangrentada y desvanecida luego de ingerir pastillas. Tuvo que ser hospitalizada. Esta causa contra Mosquera es por los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo, por mediar violencia de género, y por amenazas calificadas”. Los otros imputados Las derivaciones del caso de gatillo fácil, involucran también a Lucas Mezzano, exfuncionario del Ministerio de Seguridad, quien hoy tiene un cargo nada menos que en el órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad. También está señalado en el “ofrecimiento de dádivas”, un delito penado hasta con dos años de prisión. El fiscal Mondino imputó por “violación de medios de prueba” a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.Por el delito de “abuso de autoridad”, deberán responder en las indagatorias los policías Víctor Rubén Di Stefano, Diego Norberto González. Emmanuel Fachisthers, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emmanuel Toloza y Natalia Soledad Márquez, quien también está imputada por “lesiones leves calificadas en abuso de su función”. El listado puede ser parcial, ya que estaban en la mira de la Justicia otros funcionarios, entre ellos la comisaria general Liliana Zárate Belletti, jefa de Policía mientras se sustanciaba el juicio por el homicidio de Blas Correas. Las condenas En el primer juicio, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homcidio calificado los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón. Los condenaron también por los “homicidios en grado de tentativa” de los cuatro chicos que iban con Blas en el automóvil baleado por los policías. También fueron condenados el comisario inspector Walter Soria, a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga y el comisario inspector Jorge Galleguillo, ambos a cuatro años
En clave futbolera, en los pasillos de los Tribunales de Comodoro Py, el abogado Juan Manuel Ubeira, dio su opinión sobre la decisión de Fernando Sabag Montiel de autoincriminarse durante dos horas y media. En el juicio por el intento de asesinato a la ex vicepresidenta de la Nación, el abogado que representa a Cristina Fernández de Kirchner, dio la impresión de que los que intentaría “salvar” Sabag van más allá de su novia Brenda Uliarte y de Gabriel Nicolás Carrizo, los otros imputados en este juicio oral. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero La investigación se dividió en dos y la causa de mayor gravedad, la de los posibles responsables políticos del atentado, está en la etapa de instrucción, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría. El propio Sabag, en su extensa autoincriminación, expresó sus temores por una supuesta imparcialidad de Servini de Cubría, de quien dijo que “ya ha desprocesado a militantes kirchneristas”. De todos modos, Sabag sostuvo que es “apolítico” y que nada tiene que ver con el grupo de ultraderecha Revolución Federal, con el que sí tenía contactos la imputada Uliarte. En su declaración, Sabag aseguró que su novia y Carrizo no tuvieron “nada que ver” en el intento de homicidio. “Fue la autoincriminación más descriptiva que escuché en mis 40 años de abogado penalista”, sostuvo Juan Manuel Ubeira, el abogado que representa a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que durante la larga exposición de Sabag, lo conmovió que “una persona tan joven confesara que su odio (hacia Cristina) se fue gestando en razón de sus dificultades económicas”. En el juicio, Ubeira le preguntó a Sabag si no midió las consecuencias personales y públicas de su accionar. La respuesta del imputado fue que sabía que si hubiese asesinado a la vicepresienta “se habría desatado una guerra civil”, pero que a él no le había preocupado esa tremenda derivación. De todos modos, en su confesión, el imputado dejó dudas sobre sus supuestos problemas económicos. Incluso dijo que su prosperidad se había consolidado entre los años 2011 y 2017, durante la era kirchnerista. Le echó la culpa a CFK por “la inflación”. De todas maneras, en ese período dijo que pagaba un alquiler de 6 mil pesos en una vivienda compartida con un amigo y a su vez recibía 60 mil pesos mensuales por el alquiler de una casa de su propiedad. Además, es propietario de cinco automóviles que ahora dice que están “muy caídos”. https://www.youtube.com/watch?v=bFOdTLGGBXY&ab_channel=LaRetaguardia Sobre la confesión del principal imputado, Ubeira afirmó que le llamó la atención que “en este joven, como en otros, incluso de sectores populares, hayan tenido efecto los discursos de odio difundidos por algunos medios” de comunicación. Agregó que “la demonización de una persona”, en referencia a Cristina Kirchner, conduce a que se produzcan “situaciones similares a las narradas en el libro ‘Un enemigo del pueblo’, de (Henrik) Ibsen”. La obra transcurre en un pueblo donde el balneario municipal es su mayor fuente de ingresos. El problema surge cuando el hermano del alcalde denuncia que el agua está contaminada y eso deriva en que sea atacado por los medios de difusión, por el pueblo en general y hasta por su propia familia. Ubeira dijo, acerca del atentado en sí, que es “muy impresionante que no haya salido la bala” cuando Sabag apuntó “a la cara de Cristina”, como el mismo imputado admitió. “El arma estaba en condiciones, porque después se hicieron más de 300 disparos de prueba y todos salieron”, explicó. Sobre la segunda audiencia de este miércoles 3 de julio, dijo que hay que ver “si quieren declarar o no los otros dos imputados”. Respecto de lo que este juicio puede aportar en la causa que lleva Servini de Cubría, comentó: “Lamentablemente la causa se dividió y el teléfono celular de Sabag está destruido, cuando él afirmó ahora que lo entregó en perfectas condiciones”, en el mismo momento en que fue detenido en la noche del 1 de septiembre de 2022, poco después del fallido atentado. “Nosotros estamos seguros de que Sabag no actuó solo, sino que es miembro de una organización”, planteó el abogado. En la primera jornada del juicio, Sabag dijo que entregó su celular “en perfectas condiciones” y que dio la clave para que pudieran abrirlo. La clave del Samsung era la letra “Z”. No pudieron abrir el teléfono. Las posibilidades que quedan ahora son mediante la intervención de expertos de Samsung de Corea o enviarlo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los querellantes creen que la destrucción fue para que “no se pudieran establecer contactos de Sabag” con personas de organizaciones de ultraderecha como Revolución Federal, por ejemplo. Sabag negó toda relación suya con Revolución Federal, pero Ubeira señaló que “con ellos aparecen ligados los Caputo”. En el terreno político, lo que se investiga es la relación que pudo haber tenido el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. Testigos afirmaron que le escucharon decir, dos días antes del atentado: “El día que la maten, yo voy a estar camino a la costa”. En sus declaraciones luego del comienzo del juicio, Ubeira recordó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, designó como director de Tecnología de la Información y Comunicaciones, al perito Jorge Adolfo Teodoro, el mismo que habría borrado los teléfonos de las secretarias de Milman, presentes en el bar Casablanca, el día que habló sobre esa “muerte”, dos días antes del atentado a Cristina. Esas dos mujeres son Carolina Gómez Mónaco, exdirectora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito durante el gobierno de Cambiemos e Ivana Bohdziewicz, colaboradora del legislador Milman. El 10 de noviembre de 2022, Bohdziewicz relató en la Justicia que en las oficinas de Patricia Bullrich, en Avenida de Mayo 953, el perito mencionado borró por completo el contenido de su teléfono celular. Lo mismo habría hecho con el teléfono de Milman. La excusa fue evitar que hubiera “filtraciones”. En el caso de Gómez Mónaco, ella tenía dos celulares, pero solo uno estaba registrado a su
En la apertura del juicio oral por el atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022 por la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el principal acusado hizo de su declaración indagatoria una confesión pública transmitida en directo, en lugar de argumentar algún tipo de defensa por lo sucedido. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Transmisión de La Retaguardia Durante más de dos horas, Fernando Andrés Sabag Montiel realizó un descarnado relato sobre una jornada inédita de violencia política nunca vista desde el regreso de la democracia. En su declaración indagatoria durante el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, intentó deslindar de responsabilidades, en la tentativa de homicidio, a su novia Brenda Uliarte y a Nicolás Carrizo, los otros dos imputados. Pero como nada de lo hecho por Sabag tuvo alguna lógica, los acusó por otro lado de “autoincriminarse” para perjudicarlo por el agravamiento de la posible condena por la participación de “dos o más personas”. Dijo que habían sido sobornados por el kirchnerismo. https://www.youtube.com/watch?v=bFOdTLGGBXY Alejandro Cipolla, abogado de Brenda Uliarte, se mostró optimista luego de finalizada esta primera audiencia: “Mi clienta nada tiene que ver con el hecho, no sabía absolutamente nada, incluso el propio Sabag manifestó que ella nunca le creyó que iba a intentar matar a la vicepresidenta”. Agregó que “por otra parte, Sabag dijo que ella fue solo una espectadora” del intento de magnicidio. Tanto Cipolla como Gastón Marano, el abogado de Carrizo, consideran que sus representados han quedado favorecidos luego de los dichos del principal imputado. Sin embargo, la versión de Sabag está llena de contradicciones. Al mismo tiempo, en la sala de audiencias, fue evidente la existencia de malestar entre las tres personas imputadas. El próximo miércoles, en la segunda audiencia, Uliarte y Carrizo tendrán la posibilidad de prestar indagatoria y dar su versión ante el tribunal. La declaración indagatoria de Fernando Andrés Sabag Montiel tuvo características inusuales en el marco de un juicio oral por delitos graves. Lo habitual es que los imputados opten por no declarar en el comienzo del proceso —pueden hacerlo en cualquier momento— o bien hacen una exposición exculpatoria clara. En esos casos, sólo responden preguntas de sus abogados defensores, lo que les permite desarrollar su estrategia. Sabag Montiel rompió el molde, porque no sólo respondió preguntas de quienes lo acusan, sino que, además, habló durante dos horas y media. La presidenta del Tribunal Oral 6, Sabrina Namer, dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, luego de una avalancha de preguntas que el imputado respondió más de una vez, en algunos casos en forma contradictoria. La sensación que quedó entre las personas presentes es que podría haber seguido hablando una semana entera. Sabag Montiel, de 37 años, dijo que antes de su detención trabajaba como remisero y como vendedor de copitos. Contó que lo apodan Nando, que tiene “estudios terciarios completos” de Ingeniería Industrial en la UBA, pero luego admitió que sólo cursó dos años esa carrera. Nació en Brasil, tiene familiares en ese país, en Argentina, Chile y Canadá. “Arterioesclerosis curada”, respondió cuando le preguntaron si sufría alguna enfermedad. Desde el vamos, cuestionó la incorporación de Nicolás Carrizo como tercer imputado, a pesar de que en la causa está probado que, cuando menos, el nombrado tenía conocimiento pleno del plan para asesinar a Cristina Kirchner, iniciativa a la que él mismo dijo haber aportado un arma calibre 22 que finalmente no fue usada por Sabag. “Yo creo que Carrizo trata de autoincriminarse o expropiarse a sí mismo porque el arma no fue encontrada”, opinó Sabag. Más adelante dijo que con Carrizo sólo tuvieron “una relación laboral que nada tuvo que ver con la política”. Desde ese momento, Sabag empezó a reconocer su participación en el fallido atentado contra CFK, tras recordar que lo sorprendieron “en flagrante delito”. Dijo luego que su relación con la imputada Brenda Uliarte tiene “siete años”, que fueron “amigos con derechos” y que vivía con ella al momento de su detención. Aseguró que “no hubo un noviazgo serio ni una relación relevante, tanto de parte de ella” como de él, porque esa relación de pareja comenzó “un año antes del atentado” a CFK. Aclaró que los dos “nunca” compartieron “ambiciones políticas salvo en el último tiempo, que fue la decisión de perpetrar el atentado” contra la entonces vicepresidenta. Esta fue la primera vez que mencionó una participación conjunta con Uliarte, afirmación que luego modificó. “Ella tiene una posición (favorable) respecto de los libertarios que yo no comparto porque soy apolítico antes que nada”, dijo Sabag. Afirmó que él cometió el atentado “pero no por estar en las antípodas de una posición política o por estar en otro partido”. Señaló que el intento de homicidio tuvo que ver “con algo personal y no para favorecer a un sector político”. En el relato, por momentos muy confuso, volvió a hablar en plural sobre el intento de magnicidio: “Decidimos cometer el atentado”. En ese momento hablaba de los mails y mensajes intercambiados, en esos días, no solo con Brenda sino también con el otro imputado. En los mensajes, incorporados a la causa, los tres hablan sobre la idea de atentar contra la entonces vicepresidenta. De todos modos, Sabag volvió a dejar fuera del plan a Carrizo, de quien dijo que tenía relaciones “con el kirchnerismo y hasta cobraba planes sociales”. Cuando le pidieron que explicara las razones que lo llevaron a intentar asesinar a CFK, respondió: “Fue más por un interés público, porque me cargué una mochila por lo que la Justicia no hizo, porque considero que la señora Kirchner es corrupta, porque roba, porque le hace daño a la sociedad y por otras cosas que ya son sabidas por muchas personas que son como yo; por la mayoría”. Llegó a estimar, incluso, que hay algunos hechos violentos que “son bien vistos por una parte de la sociedad”. Se mostró ofendido porque en los medios se lo trató de “sicario, de psicópata, de estar relacionado con el
El domingo pasado, se realizó en La Retaguardia la primera jornada de cine debate del año. Eduardo Nachman, director del documental “Las venas siguen abiertas”, presentó la última función antes de viajar con la película a diferentes festivales en otros países.Inspirado en “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano, el documental fue filmado en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. A partir de testimonios e imágenes del territorio, se teje un recorrido sobre la lucha, resistencia y la construcción de autonomía en distintas agrupaciones, especialmente vinculadas a los pueblos originarios.La jornada cerró replicando el mismo espíritu de la película: compartiendo una cena a la canasta, lo que sin dudas refuerza que la salida es colectiva. En este link podés ver el teaser de la película https://youtu.be/1mIsAEFSuew?si=sjWR7585GQNAtQoM