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El diputado provincial santafesino se refirió así a la designación de Antonio Aracre, ex CEO de la semillera Syngenta como jefe de asesores del presidente de la Nación Alberto Fernández. Del Frade pasó por el programa radial La Retaguardia y habló también de la situación del agronegocio y los incendios en Argentina. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero Carlos Del Frade es diputado provincial por Santa Fe. En los últimos años presentó diferentes proyectos en la Cámara de Diputados y Diputadas para frenar las fumigaciones de los pueblos en la provincia. Esos proyectos fueron siempre cajoneados y perdieron estado parlamentario. “Nos los duermen, porque muchos diputados y diputadas en Santa Fe tienen grandes extensiones de campo. Y lo que ellos quieren no es que el campo dure, es que les dé dinero, por más de que se muera el campo. Esa es una discusión que hay que dar de una vez con los representantes gremiales del campo. Están llevando adelante un proyecto productivo que destruye al campo. Es impactante, pero algún día se van a tener que dar cuenta porque se están suicidando”, dijo el diputado. Syngenta y el Estado nacional Antonio Aracre fue, hasta octubre de 2022, el principal CEO de la empresa semillera Syngenta. En el último coloquio de IDEA, encuentro de empresarios en Mar del Plata, anunció su retiro de la empresa para lanzarse al mundo de la política. Meses después, en enero de 2023 fue elegido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que sea el jefe de asesores de la presidencia. Syngenta es una de las más importantes empresas semilleras a nivel mundial: venden semillas modificadas genéticamente (transgénicas) y agrotóxicos. “Este hombre es la síntesis individual de los intereses que gobiernan la Argentina. Es angustiante para los sectores populares, que votamos a este gobierno, no porque formamos parte del Frente de Todos, pero sí con la idea de que iba a ser diferente en lo referido a la política de entrega y subordinación a las multinacionales, que había sido ostensiblemente el macrismo. Pero, lamentablemente, hemos visto retroceso tras retroceso: empezando con Vicentín (la expropiación que finalmente no sucedió), siguiendo con la privatización de la rama troncal del Río Paraná, continuando con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esta designación va en este sentido. En lo estructural, el dominio económico de la Argentina está en manos internacionales. No sorprende”, planteó Del Frade. El diputado provincial por el Bloque Frente Social y Popular relacionó la situación del agronegocio en nuestro país con lo que sucede en la región, particularmente en Brasil, a partir de los decretos que el presidente Lula Da Silva quiere poner en práctica en el país vecino y que tuvieron una violenta respuesta por parte de la oposición bolsonarista. “Si hay algo claro de lo que pasó en Brasilia el otro día, es que el interés que hay detrás de esto, es tratar de ir contra el nuevo gobierno de Brasil que lo primero que hizo fue plantar decretos que paren el extractivismo de las mineras en el Amazonas, que paren las privatizaciones, que paren la circulación de armas y devuelvan el fondo de protección al Amazonas. Esos mismos intereses, que para mí son los afectados por los decretos de Lula, hoy están presentes en cada una de las provincias argentinas, sintetizados en este representante de Syngenta que ahora se agregó a un gobierno que se suponía nacional y popular y no lo está siendo”, argumentó. El sector político Del Frade habló de la fuerza que existe en el campo político, en las diferentes cámaras, para dar batalla a los intereses populares que buscan defender una tierra libre de agrotóxicos: “El problema grande es que somos minoría los sectores políticos que somos herederos por amor de lo que significaron las tradiciones que combaten al capital, que son esas empresas que concentran las riquezas en pocas manos, que está devastando el planeta y poniéndole fecha de plazo fijo. Lamentablemente, los partidos grandes toman los resortes del poder a través de las herramientas del manejo del Estado, pero nunca son los sectores de izquierda o transformadores los que gobiernan. Ni en las provincias, ni en la nación”. El diputado planteó que en los medios de comunicación tradicionales toman el tema de las sequías y los incendios, pero no ligan esta problemática con el agronegocio: “Ahora se habla de la sequía del norte de la provincia de Santa Fe como si fuera un castigo de algún dios caprichoso, pero es en realidad consecuencia del modelo extractivista, este sojismo exacerbado, de poner soja hasta en una maceta y hacer cada vez más desiertos en provincias tan verdes. El problema es la resignación de los sectores poderosos que cuando llegan al poder ceden ante los sectores conservadores. A 40 años de la vuelta de la democracia, es fundamental reflexionar sobre esto. Hasta que no construyamos una herramienta política de mayorías por fuera de los que ya se resignaron a ser gerentes de los poderes económicos, vamos a tener muchos problemas, más allá de lo ecológico”. También se refirió a las políticas económicas encabezadas por el ministro de Economía Sergio Massa, que ajustan a los sectores populares bajo la premisa de la entrada de dólares al país, supervisados siempre por el Fondo Monetario Internacional. “Es peligroso pensar solo en la necesidad de dólares. Además, ni siquiera se quedan acá esos dólares. El extractivismo profundiza un modelo de dependencia que hace que las riquezas que producen nuestros pueblos queden en manos extranjeras. Además de la destrucción ambiental, tenes el empobrecimiento grande de nuestros pueblos. Llegamos a cifras de pobreza y de miseria muy grandes hoy. En provincias riquísimas como es la de Santa Fe, por ejemplo, que produce por año 50 mil millones de dólares y exportó el año pasado 20 mil millones de dólares, a la gente no le queda un peso. Hay 600 mil personas en medio de la pobreza. Es dramático. Es un modelo de dependencia, donde ni siquiera

El biólogo, filósofo, investigador del Conicet y profesor de la Universidad De Buenos Aires pasó por el programa radial Hora Libre y habló acerca de la designación de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores de Alberto Fernández. También planteó los riesgos que genera la megaminería, el agronegocio, y se refirió a la resistencia a la explotación petrolera offshore que llevan adelante en la Costa Atlántica.  Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Matías BreganteRedacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez Otero —¿Quién es Antonio Aracre y qué es Syngenta? ¿Qué significa políticamente que Aracre sea jefe de asesores de Alberto Fernandez? —Syngenta es una de las grandes empresas a nivel mundial que vende tanto semillas modificadas genéticamente, lo que se llama transgénicos, como químicos, agrotóxicos, agroquímicos, o como los llaman aquellos que los venden: fitosanitarios. La empresa es de origen suizo, luego la compró China y esto tiene mucha relación con los vínculos económicos entre Argentina y China. Respecto a Aracre, es una persona que trabaja desde hace muchos años siendo CEO en América Latina de Syngenta. Ha sido de los grandes representantes de Syngenta que en los últimos años tomó mucha visibilidad. El acercamiento de Syngenta a las políticas del Estado argentino es paulatina y todo lo que vamos a hablar trasciende signos partidarios, ojalá fueran problemas de un único partido. Pero hace un par de años empezó a ser una persona muy cercana a Alberto Fernández. Y también, no está mal que hablemos de los grandes medios de prensa, porque Syngenta puso mucha plata en publicidad y Aracre en particular empezó a coquetear con entrar al mundo gubernamental estatal. Con lo cual la noticia no sorprende, porque de alguna manera se esperaba la presencia de Aracre y de Syngenta. Sabemos que son gobiernos que están articulando directamente con los agronegocios, pero tiene una obscenidad que realmente impresiona. —¿Qué rol tiene la Academia en todo esto que nombraste sobre la trascendencia de los gobiernos de turno, los medios de comunicación y los agrotóxicos? —Muy importante. Por un lado ha sido un gran posibilitador técnico en muchos casos de manera directa. Por ejemplo, sobre el trigo transgénico (la variedad HB4 que funciona con el agrotóxico glufosinato de amonio) hablo de otra empresa, socia de Syngenta, que es  Bioceres. El trigo transgénico tuvo como una de las grandes protagonistas a Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral. Es un ejemplo clarísimo donde la universidad pública, en este caso santafesina provee recursos materiales y recursos humanos para generar un transgénico en este caso en asociación a Bioceres. Por otro lado, es muy importante en términos de lo que no hacen y lo digo como profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es impactante ver la falta de estudios y proyectos vinculados con las consecuencias de los agronegocios: estoy hablando de los daños en la tierra, la contaminación química en el agua y el aire, el modo en el cual está entrando en los cuerpos. Está produciendo enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Y el modo en el que incidieron en el incremento de la desigualdad social. Todas estas empresas y proyectos dejaron a la mitad de las personas bajo la línea de pobreza. También las cuestiones demográficas porque más de un 90% de personas vivimos en grandes ciudades y el modo en que se dieron los procesos de gentrificación dentro de las grandes urbes que implican un desplazamiento de los sectores bajos a las zonas marginales. Respecto al corrimiento del sector ganadero que a su vez multiplicó los focos de incendio por ejemplo en el caso del Río Paraná. Son una gran cantidad de eventos que están profundamente relacionados. Y en ese contexto, las universidades públicas y organismos como CONICET no fueron propicios en tratar de involucrarse y ver cómo pueden resolver esta situación. Se está dando un ocultamiento de esta figura que se dio a partir de la década del 90 durante el menemato, que es un período importantísimo para entender todo esto, que son los convenios públicos—privados. O sea, el modo en el cual se vertebran una universidad nacional y una empresa, eso nunca fue desarmado. Entonces encontramos instituciones académicas que parecen responder muchos más a esa lógica que generó y construyó el menemato que a una universidad autónoma capaz de cuestionar severamente el modo en el cual las empresas y las multinacionales están incidiendo directamente en las políticas públicas.  —Europa viene desacelerando y sacando leyes en las cuales se prohíben muchas de estas semillas transgénicas y agrotóxicos y se habla de Argentina como un gran laboratorio a cielo abierto. ¿Es tan así que el mundo occidental está desacelerando el consumo de estos productos y aquí no paramos de aumentar el uso y el consumo de ellos?  —La primera cuestión brutal es que Argentina no tiene datos confiables respecto a la cantidad de químicos que está tirando al ambiente y a los cuerpos. Eso tiene relación con la política montada en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Hay un montón de intentos individuales, de comunidades, de académicos, de profesionales que han intentado parcialmente tomar datos y a veces en hospitales públicos, pero a la hora de centralizar y sistematizar la información, no hay. En el último año he ido a un montón de pueblos llamados “pueblos fumigados” y las narrativas son de terror, el cáncer se está multiplicando. Es muy visible que conforme uno se va acercando a la zona donde se fumiga las enfermedades se multiplican. O sea, no hay ninguna duda. Pero que no haya datos es muy interesante porque tiene que ver con evitar que el Estado argentino aplique políticas de prevención, ese es el primer punto. La segunda cuestión es que hoy lo que Argentina y los órganos de control están haciendo cuando aprueban o no aprueban un agrotóxico o un transgénico básicamente tiene que ver con el mercado internacional. O sea, si Argentina garantiza un comprador del mercado internacional, el químico va a estar  aprobado. Suena brutal y terrible, y lo es. Y eso

Hoy habrá masivas movilizaciones a un año de la primera manifestación, después de que el Gobierno nacional anunciara la explotación offshore en la Costa Atlántica. El pueblo marplatense y de los alrededores salió a la calle en lo que fue el “Atlanticazo”. Las movilizaciones continuaron y llegaron también a otras comunidades costeras de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Fernanda Génova, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras pasó por el programa Tengo una Idea y contó cómo avanzó el conflicto. Entrevista: Nicolás Rosales/Graciela CarballoRedacción: Pedro Ramírez OteroEdición: Fernando Tebele En la Costa Atlántica, la empresa noruega Equinor junto con el Gobierno nacional están intentando destrabar el inicio de la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa marplatense. Las comunidades costeras que se manifestaron en lo que fue el Atlanticazo habían logrado frenar la exploración a partir de una medida cautelar que fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones en diciembre de 2022. Desde el Gobierno plantean, desde un principio, que no impactaría en las comunidades costeras por la distancia a la que se llevaría a cabo. Fernanda Génova, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, explicó por qué se oponen a este proyecto: “El mar no tiene fronteras y la contaminación que se produzca en esas áreas que son de altísimo valor biológico va a impactar sobre el resto del ecosistema marino. Por lo tanto, digamos que es como si nosotros dejáramos de preocuparnos por la devastación y la tala indiscriminada y los incendios en el Amazonas porque no lo vemos”. Los argumentos de la distancia, sostuvo Génova, se caen porque los pequeños o grandes derrames que pueda haber producto de las condiciones riesgosas que se den a esos 300 kilómetros, “van a impactar en el mar de una manera u otra, aunque no nos llegue la gota de petróleo a nuestras costas”. “Estos proyectos profundizan una matriz energética que no solamente es contaminante, sino que además provoca esta crisis ambiental, climática y sistémica que hoy ya nos está trayendo severas consecuencias como la sequía que estamos viviendo en nuestro país. Las temperaturas extremas que se están viviendo a nivel mundial tienen que ver con una matriz energética fósil que sigue extrayendo hidrocarburos del subsuelo y generando emisiones de carbono en la atmósfera. Y si no se detiene esta matriz energética, si no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero el colapso es inminente y por lo tanto el planteo es que los hidrocarburos deben quedarse en el subsuelo, y mucho más si esos hidrocarburos vienen de ecosistemas tan frágiles como es el marino”, planteó. David contra Goliat Las comunidades costeras se están enfrentando al poder de la industria petrolera, “que es un gran poder a nivel mundial que domina muchos territorios”. Los antecedentes de las luchas de las asambleas antimineras aparecen como referencia para los vecinos y vecinas que intentan frenar el extractivismo en la Costa Atlántica. “El petróleo ha sustentado el avance del sistema capitalista, básicamente porque es quien provee de la energía que necesita este sistema para poder seguir creciendo y devorando el planeta. Y nos estamos enfrentando nada más ni nada menos que a empresas, a grandes corporaciones que dominan territorios, dominan gobiernos, decisiones políticas a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de nuestra supuesta fragilidad como individuos, vemos que la acción colectiva ha tenido sus frutos y que estas grandes movidas que se han generado a partir del Atlanticazo tomaron repercusión no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Permitieron demostrar que hay comunidades que ya no estamos dispuestas a dejarlos pasar”, dijo Génova. El Gobierno nacional, a pesar de las manifestaciones de la sociedad en contra de la explotación offshore, sigue insistiendo en dar autorizaciones y que la empresa Equinor pueda operar en el mar. “Nosotros sabemos que nuestra herramienta fundamental es la calle, así como lo fue el Chubutazo para ponerle un freno a la megaminería. Y por eso es que sentimos que hay mucho respaldo para esta resistencia que se está generando desde las colonias costeras, porque no solamente estamos levantando esta consigna de defensa el mar nosotros, sino que también hay otros territorios, otras asambleas, otros colectivos en todo el país están defendiendo el mar como si vivieran acá”, agregó la activista. A un año del “Atlanticazo” La integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras contó cómo serán las actividades en Mar del Plata y en otras partes del país: “Vamos a estar movilizándonos a las 16 horas haciendo un abrazo al mar. A las 17 nos concentramos en la Rambla, que es un edificio emblemático de la ciudad, y nos movilizamos hacia el monumento de San Martín, que está cerca de la Municipalidad, también otro lugar muy emblemático de nuestra ciudad. A las 19 va a haber un festival de la mano de artistas locales que están comprometidos con la lucha ambiental”. También habrá movidas “en otras comunidades, a lo largo de la costa de la Provincia de Buenos Aires, de Río Negro y de Chubut. Y también en otros puntos del país, en CABA, vamos a estar haciendo distintas acciones de visibilización y de lucha, porque esta lucha no solamente tiene que ver con defender el mar de nuestra ciudad, sino que es una lucha que está encarada por todos los territorios”.

La semana pasada, vecinos y vecinas del Delta se manifestaron en el centro de Tigre para pedir la renuncia de Santiago Serantes, director de Plan de Manejo, por estar vinculado a grupos inmobiliarios. Es necesario recordar que semanas atrás un gran incendio en la Primera Sección del Delta del Tigre dejó varias casas destruidas y zonas arrasadas por el fuego. A la espera de que el Congreso se decida a tratar la Ley de Humedales, Alejandra Meneguzzi, integrante de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta; y Fernando Soto, vecino del Delta; pasaron por el programa radial La Retaguardia y se refirieron al reclamo, el manejo del fuego en los incendios, la demora en el tratamiento del proyecto de ley y los intereses en disputa. Entrevistas y redacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez OteroFotos: Fernando Soto La expansión de los incendios en diversas secciones del Delta del Río Paraná es un problema recurrente que afecta a la región cada vez más seguido. Los y las habitantes de las zonas afectadas o aledañas, e incluso de regiones más alejadas, padecen las consecuencias del fuego y lo que deja a su paso. Las distintas épocas del año, sumadas al viento y la sequía, hacen de la zona del Delta y alrededores un terreno propicio para el inicio y desarrollo de fuegos rápidos y enormes, difíciles de extinguir. El lunes 7 de noviembre más de 120 vecinos y vecinas isleñas del Delta del Tigre se manifestaron en las oficinas centrales para exigir la renuncia del director de Plan de Manejo, Santiago Serantes. Acerca de Serantes, Alejandra Meneguzzi, integrante de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta, dijo: “Lo ha designado en el mes de septiembre el intendente Julio Zamora y es un agente inmobiliario. Entendemos que responde y representa a los intereses inmobiliarios que destruyen el humedal. Se entregó una carta acompañada por 800 firmas de vecinos de Tigre y de la isla. No es casualidad que apenas lo designaron empiezan a aparecer megaproyectos como un transbordador para trasladar vehículos a la isla. Logramos tener una reunión y exigimos la renuncia inmediata del director Santiago Serantes, rechazamos toda modificación que intenten generar a la ordenanza 3343/13, la ordenanza de plan de manejo, que es nuestra pequeña ley de humedales. Están intentando modificar esta ordenanza. Y también pedimos una reunión con el intendente Julio Zamora. El 12 de octubre hubo un incendio en la Primera Sección del Delta, en un barrio que se encuentra en el Arroyo Caraguatá al 800. El vecino Fernando Soto detalló: “Había mucho viento que cambiaba de un sentido al otro y se propagó muy rápido. Vinieron Prefectura y la Policía y trabajaron conjuntamente con los vecinos. En las islas los primeros que atacan los incendios son los vecinos pero no tenemos los recursos para combatir en forma inmediata, y se va de las manos siempre. Los bomberos llegan relativamente rápido, pero la zona del Delta es muy amplia y tardan en llegar. También tienen pocos recursos”. Acerca de las pérdidas materiales, Soto contó: “Las casas afectadas fueron dos que se destruyeron por completo y después hay aproximadamente seis casas que sufrieron daños en forma parcial. La zona del arroyo Caraguatá fue la más afectada. Se trabajó toda la noche e incluso al otro día llegaron los helicópteros hidrantes y se logró apagar el foco que está en el centro de la isla y es una zona de muy difícil acceso”.   A esta altura de los acontecimientos, los vecinos y vecinas no pueden afirmar si los incendios han sido intencionales. “Se han quemado 196 lotes casualmente en lugares donde no hay dueño con escritura. No es casualidad que a partir de la designación del nuevo Director de Manejo del Delta, que es un agente inmobiliario se empiezan a presentar proyectos y megaproyectos para desarrollar en el territorio con la idea de tener un transbordador para pasar automóviles a la isla y hasta se piensa en puentes subfluviales. Y se está pensando en el municipio en generar una reforma sobre el punto de insularidad a la ordenanza de manejo” contó Meneguzzi. Hacia una Ley nacional de Humedales La Convención Ramsar es un tratado internacional suscripto en 1971 en Irán que fue aprobado por la Argentina mediante la Ley 23.919 y su misión es la conservación y uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales. Además, a través de la cooperación internacional, debe contribuir al desarrollo sostenible a nivel planetario. Uno de los compromisos de la convención consiste en identificar humedales y sumarlos a la Lista de Humedales de Importancia Internacional o Lista Ramsar, lo que significa que cada país debe armar su inventario de humedales. La lista de esta convención reconoce veintitrés sitios Ramsar en nuestro país, pero en Argentina actualmente se presentan disputas entre distintas jurisdicciones para poder decidir sobre lo que es o no un humedal y sus características. Alejandra Meneguzzi dijo sobre este punto: “En la ley de humedales que nosotros estamos apoyando se propone una moratoria hasta que ese inventario esté realizado en su totalidad y se plantea que no se puede seguir expandiendo la producción, el comercio en las zonas que están declaradas como humedales, hasta que no haya una regulación. La producción que ya está no se va a prohibir, pero no se puede avanzar con más campos para la ganadería, más cantidad de campo para arrozales hasta que la ley esté aplicada. Nosotros debemos garantizar que el funcionamiento ecosistémico del humedal no sea roto por esta producción que proponen los otros sectores, para que no se excedan, porque si nosotros tenemos exceso de producción, vamos a terminar perdiendo los humedales”. Además, subrayó que aún continúan en la lucha para que vuelvan a tratar el proyecto en el Congreso y poder tener una Ley Nacional de Humedales. Actualmente, el Delta del Paraná no está declarado como sitio Ramsar ni incluido en el inventario. Las distintas secciones deberían estar integradas al inventario nacional de humedales a sabiendas de

Lo dijo María Angélica Di Giacomo, integrante de la organización Basta de Mutilar a Nuestros Árboles. En su paso por el programa Tengo una idea, de Radio La Retaguardia, habló acerca de la situación ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se refirió a la manifestación que realizaron el 20 de octubre en el marco de la Cumbre Global de Alcaldes del C40. Entrevista: Graciela Carballo / Nicolás RosalesRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Basta de Mutilar Nuestros Árboles En uno de los spots del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cuenta que la Ciudad fue sede de la Cumbre Global de Alcaldes del C40 (conferencia de acción climática) entre el 19 y el 21 de octubre. Allí asegura que el Gobierno porteño tiene “un firme compromiso de luchar contra el cambio climático que hoy está sufriendo todo el planeta”. Además, afirma que van a reducir a la mitad la emisión de carbono para 2030 y la Ciudad se convertirá en carbono neutral para el 2050. También sostiene que habrá más y mejores espacios verdes. Y, explícitamente, más árboles.  María Angélica Di Giacomo, integrante de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles, le respondió al jefe de Gobierno porteño y contó que en la Ciudad de Buenos Aires se están talando y extrayendo alrededor de 30 árboles por día. “Las políticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van en sentido contrario a la adaptación al cambio climático. Todo el dióxido de carbono que se emite como ciudad, tanto en los transportes como en las nuevas construcciones, la única manera que tenemos de quitarlo de la atmósfera es con el verde vegetal vivo. No con el verde lata ni el verde plástico, que propone Larreta. A los árboles les quitan todo su follaje por podas reiteradas. Toda la función ambiental de los árboles depende del follaje, porque la fotosíntesis se hace en las hojas, la evapotranspiración, que es el fenómeno que permite que baje la temperatura debajo de un árbol, también lo hacen las hojas. Y los espacios verdes se están cubriendo de cemento y de plástico. Con lo cual, sus funciones ambientales son ignoradas”, dijo la integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Angélica comentó que en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 0,8 grados centígrados la temperatura ambiente en los últimos 50 años, lo cual demuestra un gran crecimiento para el cambio climático. También aumentó el número de eventos de precipitaciones copiosas, es decir, que las lluvias son más fuertes. “Lo que puede absorber el agua de lluvia son justamente los árboles, si tuvieran planteras adecuadas, porque a veces los encierran y no pueden absorber el agua. Y también los espacios verdes y la costa del Río de La Plata, que deberían actuar como esponja en las precipitaciones copiosas o en las crecidas. Y está sucediendo exactamente lo contrario”, explicó. En el marco de la Cumbre Global de Alcaldes del C40, que se llevó adelante en Buenos Aires, diferentes agrupaciones y movimientos ambientalistas se juntaron para denunciar las políticas del Gobierno de la Ciudad.. “Hicimos una conferencia de prensa y una manifestación con intervención artística en las escaleras del Paseo del Bajo, que conectan la Plaza Colón con Puerto Madero. Elegimos ese lugar porque es el paradigma de los nuevos espacios públicos de esta Ciudad: puro cemento y baldosas. Y la verdad que fue un montón de gente. Superó nuestras expectativas. Y de allí salió un comunicado donde, las organizaciones participantes (“Basta de Demoler”, “Fundación Ciudad”, “Basta de Mutilar Nuestros Árboles”, entre otras), dimos nuestra visión del asunto”, contó. Di Giacomo planteó que una ciudad que no tenga suficiente follaje frondoso y suficientes espacios verdes de suelo absorbente, la vida se hace cada vez más difícil. Y que con el nuevo Código urbanístico, como se puede construir hasta el 90 por ciento de la manzana, aproximadamente, se está perdiendo el suelo absorbente de los pulmones de manzana y el arbolado, que antes existía en esos pulmones. “El ‘bosque urbano’, por definición, incluye a los árboles privados, porque el beneficio del arbolado no termina con el límite de una casa. Sumado a esto, está la situación de la costa del Río de la Plata, que se va a seguir concesionando, que se rellena cuando está prohibido por el Plan Urbano Ambiental. Lo que nosotros entendemos es que toda la costa del Río de la Plata, de norte a sur, tendría que ser natural, verde, que actuara como esponja y que permitiera funcionar como corredor biológico, entre la reserva de Costanera Sur y la de Ciudad Universitaria, pero no es eso lo que plantea el gobierno. Cualquier similitud de este gobierno con la naturaleza es pura coincidencia”, dijo. Angélica explicó que cuando hacen veredas al lado de los árboles, cortan raíces. Y que cuando hacen las planteras que rodean a los árboles o los caminos de cemento, también. Y que esos árboles no pueden vivir. “Tuvimos el caso de un árbol Gomero añosisimo en Plaza Lavalle, que no tuvieron mejor idea que hacerle un canil alrededor y el árbol resistió hasta que estuvo muy dañado y hubo que sacarlo. El objetivo no se cuál es, pero tienen que tener en cuenta que no dañan solo a los árboles, también dañan a la fauna asociada, porque cuanta menos tierra tengamos, menos podemos vivir. La tierra es fértil por todo lo que tiene: hongos, bacterias, pequeños microorganismos, insectos, y que después sirven de alimento a otras especies como los pájaros”, cerró.

La industria del petróleo pretende avanzar aún más en la provincia de Río Negro. Asambleas y colectivos socioambientales se manifestaron en contra de la modificación de la ley 3308 llevada adelante por la Legislatura provincial a fines de agosto. La misma protegía la vida marina en el Golfo de San Matías. Alicia Calendino, integrante de la Asamblea por La Tierra y el Agua de Las Grutas y la Multisectorial en Defensa del Golfo de San Matías pasó por el programa radial Tengo una Idea y habló acerca de la defensa del golfo y el medioambiente a fuerza de lucha, resistencia y organización. Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Informativo Hoy La Legislatura rionegrina aprobó en segunda vuelta la modificación de la Ley 3308 para destrabar el desarrollo de actividad hidrocarburífera en la zona. “Nos impulsará a poder generar el desarrollo que hace falta en la región”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez en su defensa.  Aquella ley promulgada en 1999, prohibía “las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos” en el Golfo San Matías y en el mar que se extiende de manera extensa. Así, YPF podría construir un oleoducto y un puerto petrolero desde donde se podría transportar y exportar el petróleo que se extrae en Vaca Muerta. “Estamos en plena campaña de defensa de nuestro Golfo de San Matías, que para que se ubiquen está ubicado en toda la costa atlántica rionegrina, desde el sur y desde la desembocadura propia del río Negro hasta el límite con Chubut, abarcando las localidades de Viedma, San Antonio Oeste, el puerto de San Antonio Este, Las Grutas, y Sierra Grande”, comenzó ubicando la zona en cuestión la ambientalista Alicia Calendino.  Luego, Calendino afirmó: “Creemos que el golfo está bajo amenaza. Nos enteramos la noche anterior de la modificación que llevó adelante la Legislatura. Un grupo de personas viajamos, quisimos escuchar la sesión pero no pudimos ingresar, permanecimos afuera. La industria turística, la biodiversidad y nuestros trabajos dependen de la salud misma del golfo”. Burocracia sindical La ambientalista contó que  al momento del tratamiento de la ley se presentó la gente del sindicato UOCRA, creen queconvocados por el propio Gobierno, con tambores y cánticos. “Ellos nos impidieron entrar. Habíamos llevado dibujos de chicos de las escuelas, banderas, pero la presión de ellos fue muy fuerte. Nos tuvimos que ir. No fue violento, pero sí intimidante”, dijo. “Esta es una ley que tiene 27 años, YPF en aquel momento se tuvo que retirar. Sacaron la parte de las terminales y los oleoductos. La UOCRA acompaña la modificación por la supuesta promesa de trabajo, unos 2000 puestos que traerán las obras. Los caños de la obra pasarían incluso por debajo del río, hasta llegar a Conesa, Sierra Grande. Y se necesitaría mano de obra. Mantener el puerto que se requiere, solo va a necesitar 100 personas”, indicó.  Río Negro no tiene una historia relacionada con la producción de petróleo, más bien tiene una tradición productiva relacionada a lo frutihortícola, al turismo, y la pesca.  “Esto que se pretende, darle vía libre a la industria petrolera, sería incompatible con un desarrollo sustentable”, agregó Calendino. Sin retroceder Por último, la integrante de la Multisectorial en Defensa del Golfo de San Matías reflexionó: “Nos sentimos fuertes y aunados en esta lucha. Pertenecemos a otra asamblea integradora que es la Curru Leufu, que incluye a las asambleas ambientales de toda la provincia. Recibimos además el apoyo de las asambleas costeras como las de Mar del Plata,  Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn.,  Estamos esperando recibir el apoyo de la gente de la comunidad científica que aún no se ha manifestado y también de la gente de la pesca. Entendemos que hay pactos que exceden al pueblo. Estamos defendiendo al mar”. La fauna marina está en peligro. Las asambleas y quienes defienden el medio ambiente se encuentran en estado de alerta. 

Lo dijo la periodista y abogada Mara Puntano. En un diálogo con Alfredo Grande e Irene Antinori en el programa radial Sueños Posibles, que se emite desde hace 12 años en La Retaguardia, Puntano repasó ambas problemáticas en particular, pero además las vinculó necesariamente. Entrevista: Alfredo Grande / Irene Antinori

La noticia tuvo repercusión recién cuando el humo y el olor molestaron a los y las porteñas. Sin embargo, en Santa Fe se está sucediendo lo que se conoce como un ecocidio. Los incendios en el Delta del Paraná y sus alrededores continúan y una parte de la población se encuentra movilizada. Las preguntas que surgen alrededor de sus orígenes y consecuencias las respondió Julieta Bernabé, integrante de la Multisectorial Humedales Rosario en su paso por el programa radial Tengo una Idea. Este tipo de incendios han sido comunes en el último tiempo y en esta época del año, sin embargo esta vez la situación está fuera de control. Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Diego AdurFoto portada: El Resaltador —¿Cuáles son los orígenes y las consecuencias de los incendios? —Los orígenes es algo que, básicamente, queremos averiguar todos. Lo que nosotros estamos viendo ya hace un tiempo es la expansión productiva sobre todo en el territorio cercano donde vivo yo, que es la ciudad de Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe. Todo lo que nosotros tenemos enfrente de zona insular  pertenece a Entre Ríos casi en su totalidad, y dentro de esta provincia al ejido de Victoria. Hay una gran irregularidad y descontrol sobre toda el área, situaciones que mediante las ordenanzas vigentes no deberían ser permitidas, se denuncian y no se avanza. La cantidad de cabezas de ganado a través de los años, y sobre todo posterior a lo que fue la construcción del puente Rosario/Victoria, se han incrementado notablemente. Había 170 mil al comienzo del año 2000 y ahora tenemos un millón y sigue aumentando. Esto se puede ver a simple vista, hay partes de la isla que parecen un campo directamente con tranqueras y alambrados, todo desmontado. Porque la actividad productiva no solo supone la quema, sino que es devastadora. Porque han quemado 1 millón 200 mil hectáreas del Delta. Lo que supone una diversidad que está cayendo alarmantemente, todas las especies por completo, incluso en las áreas que no se quemaron. Las actividades productivas también implican cortar cursos de agua, secar lagunas, terraplanear, levantar los terrenos. Es realmente muy triste. Mis abuelos vivieron en la zona de islas, mi abuelo fundó una escuela, y la imagen que yo tengo hace unos años atrás es un lugar lleno de color verde, flores, animales, que ahora no se ven más.  —Según tu opinión, ¿cuál ha sido el accionar del Estado nacional en este caso? —Yo creo que ha sido muy corta y tardía por decirlo de alguna manera. En el 2020 cuando acá se quemaba todo, barajaban opciones que ninguna parecía cuadrar, hasta que finalmente se decidieron por el tema por los “Faros de Conservación” a través del ministro de Ambiente, (Juan) Cabandié. Esto supuso una inversión de 150 millones de pesos y su principal objetivo era la alerta temprana. Algo que acá se da siempre, porque cuando hay un foco de incendio salimos todos corriendo a avisar, porque sabemos lo que se nos viene después. El tema es que uno daba la alerta y los brigadistas eran enviados a lo mejor uno o dos días después, cuando el foco era inmenso y poco controlable. Entonces esos faros que supusieron una inversión y que iban a venir acompañados de equipamiento que nunca llegaron; esa es otra pregunta que tenemos, qué pasó con ese dinero, porque básicamente montaron un par de postes con un par de cámaras, y no hay más que eso, y la inversión fue muy grande en su momento. Después hicieron denuncias pidiendo identificar responsables y viajaron a la zona para ampliar estas denuncias, pero esto llega cuando la situación es límite y el terreno está devastado. Esto se tendría que haber previsto, ordenado ese territorio y haber hecho muchas más cosas de las que se hizo, porque no es solo una devastación ambiental, porque acá la gente está sufriendo muchísimo las consecuencias, los alumnos y profesores de las escuelas están faltando. Porque son días y días de humo. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) está haciendo un estudio de impacto para saber cuál es el nivel de contaminación que tenemos y lo que tendrán los niños al nacer. Esto ya no es una molestia, está matando personas asmáticas por la contaminación del aire.  —¿Cómo ha afectado el humo la cuestión de la seguridad vial? —Ha muerto gente por accidentes de tránsito. La situación es muy grave y la visibilidad es muy mala. Acá en Rosario, cuando uno ve los mapas satelitales, la superficie en rojo que se está quemando es casi más grande que toda la ciudad. Acá hubo grandes quemas en el año 2008, después se cortó por un tema climatológico, por la crecientes durante muchos años. En el 2018 se retoman, el 2019 se frenó, no sé porque motivo, y a partir del 2020 se retoman y se desató el infierno. Si bien hay meses con más quemas, se está quemando en todo momento. Yo entiendo que lo que está pasando es que se está expandiendo esa frontera. Acá hay todo un conflicto con los ganaderos instalados en la zona, porque ellos dicen que se los señalan como los culpables sin pruebas y se ofenden. Algunos dicen que no han quemado y que podemos ir a los campos a ver. No queman, pero si desmontan, corren a la flora y fauna nativa, y hacen un desastre ambiental que es ponerle punto final a todo un humedal. Vemos en internet cómo se ofrece el humedal para actividad ganadera y agrícola aunque está prohibida, en esto de la expansión. Lo que tenemos enfrente es un área natural protegida. Hay mucho desmanejo, porque hay ordenanzas y leyes que los gobiernos le buscan la vuelta.  —¿Cómo se vienen movilizando para protestar? —Se han hecho denuncias que no tuvieron impacto. La gente se está movilizando, no sé si por una conciencia social o por mera supervivencia. Porque no podemos respirar, y hay problemas emocionales por el humo, ansiedad, ataques de pánico, etc. A

La asamblea de vecinas y vecinos envenenados por glifosatos en La Matanza denunció amenazas e intimidaciones a la referenta de la asamblea, Erika Gebel. El concejal Juan Romero del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FITU) pasó por el programa radial Tengo una idea y dio más detalles sobre la contaminación en esta parte de la Provincia de Buenos Aires. Entrevista: Carlos Morchio y Graciela Carballo Foto: Lavaca.org

El sábado 21 se realizó una nueva Marcha Mundial contra Monsanto. En Argentina tenemos un récord de uso de agrotóxicos, con unos 500 millones de litros anuales y se siguen agregando nuevos transgénicos a la mesa de los argentinos y argentinas. Este año, se sumó la variedad de trigo HB4, que utiliza el agrotóxico glufosinato de amonio, mucho más potente que el conocido ya glifosato. La empresa que lo impulsó es Bioceres, que fue repudiada en esta nueva marcha y se sumó a Monsanto-Bayer, Syngenta y el resto de las que envenenan nuestros suelos y cuerpos. En esta edición estuvo más presente que nunca la figura de Fabian Tomasi, el peón rural que se convirtió en un iconos de la lucha contra los agrotóxicos después de haberse envenenado manipulándolos en su trabajo. Tomasi murió después de un extenso sufrimiento que no le impidió colocarse en rol docente y luchador. Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia