incendios
Jackeline Ermini, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e integrante del equipo que investiga el impacto que tienen los incendios en la biodiversidad acuática en las islas del Delta de Paraná, pasó por el programa radial Estás Muteadx. Allí habló acerca del documental que aborda la problemática de las quemas y se refirió a la importancia de estas investigaciones como prueba del daño ambiental. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero/Valentina Maccarone El 2020 fue un año caótico en la zona del Delta del Paraná: los fuegos que se propagaron en las islas vecinas a Rosario llenaron la ciudad de humo. Si bien no era una problemática nueva, ese año se le sumó la bajante del Río Paraná, que detonó en un problema de una magnitud que no pasó desapercibida. A raíz de esto, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de la plataforma ambiental que depende de ella, coordinó y financió a más de 20 grupos de investigación. “Somos grupos de Rosario y alrededores que investigamos el impacto que tienen los incendios en diferentes áreas. Algunos grupos están estudiando el impacto de los incendios en la salud humana, que dependen sobre todo de la Facultad de Medicina. Algunos estudian el impacto que tuvieron sobre los animales, los invertebrados, las aves, en la composición de la piel, del ecosistema en general, sobre la diversidad de plantas, sobre insectos. Esos grupos están a cargo de la Facultad de Agronomía. Después, estamos nosotros, que somos parte del laboratorio mixto de Biotecnología Acuática. Estudiamos el impacto que tuvieron los incendios en la biodiversidad acuática, es decir, cómo afectaron y afectan esos fuegos a todos los seres vivos que viven en los cuerpos de agua del Delta”, explicó Jackeline Ermini, docente de la UNR. Como parte del equipo que investiga el impacto que tienen los incendios en la biodiversidad acuática en las islas del Delta del Paraná, Ermini habló acerca de la tarea que realizan. “Desde 2020 trabajamos en una isla en particular, que se llama Isla de los Mástiles, ubicada frente a Rosario. Y podemos trabajar ahí porque es una isla que tiene 600 hectáreas y la mitad de ellas forman parte del área protegida municipal de la Ciudad de Granadero Baigorria, que está pegada a Rosario. Entonces, a raíz de un convenio con el Municipio, nos dejaron ir a investigar esa isla y desde ese entonces, estamos yendo cada tres meses a tomar muestras de agua de lagunas internas. Algunas de las lagunas que fueron afectadas por los incendios porque al momento de los mismos, actuaron como cortafuegos. Entonces, nuestro objetivo es poder comparar la biodiversidad presente en los cuerpos de agua afectados por los incendios y los que no fueron afectados, y los estudiamos a lo largo del tiempo. Pero hace dos años que venimos llevando adelante este proyecto con el objetivo de ver si los incendios afectan a la biodiversidad acuática y al ecosistema. Y si es que se recupera a lo largo del tiempo o si los cambios son irreversibles”, contó. La docente detalló de qué manera trabaja su equipo y se refirió al proceso de investigación que realizan y cuál es el impacto que tienen los incendios en la biodiversidad acuática: “Somos un grupo de biología molecular y principalmente, analizamos la biodiversidad acuática desde el punto de vista genético. Utilizamos una metodología de examen ambiental, en donde al agua que recolectamos de la isla, le extraemos ADN correspondiente a todos los seres vivos que habitan en esos cuerpos de agua. Después, por medio de una serie de técnicas de biología molecular, podemos identificar a qué organismos corresponden. De este modo, pudimos hacer un perfil genético de cada una y obtuvimos un montón de resultados. Lo que observamos es que los incendios y la bajante del Río Paraná afectan a la biodiversidad, es decir, a las especies que se encuentran presentes en un momento y en otro. Realmente los incendios tienen un impacto muy negativo. Además de hacer el análisis genético, cuando vamos a los muestreos, también llevamos equipos para medir la concentración de algunos compuestos contaminantes, la concentración de PH y la temperatura del agua. Y lo que observamos es que en las lagunas afectadas, todos los productos de combustión que se generan durante un incendio terminan en estos cuerpos de agua y cambian el perfil físicoquímico de la laguna radicalmente. El PH se dispara. Tenemos lagunas con el PH altísimo y aparecen un montón de compuestos que son tóxicos para los seres vivos. A lo largo del tiempo la laguna tiende a recuperar su estado natural y muchos de esos contaminantes desaparecen porque se terminan diluyendo o yéndose. Pero obviamente hay algunos impactos de los incendios que son irreversibles”. Muchas veces conocemos el impacto que tienen los incendios en cuanto a la biodiversidad , como a las personas que viven en las inmediaciones. Pero no hay tanta evidencia científica que lo pruebe. La docente planteó la importancia de ampararse en la ciencia a la hora de realizar reclamos: “Tener una evidencia científica concreta materializada es muy importante a la hora de fundamentar leyes o políticas públicas. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo creemos que es un gran aporte porque estamos pudiendo probar con métodos científicos, con pruebas tangibles, que el impacto ese del que hablamos siempre es real. Se puede probar, lo podemos medir”, dijo Ermini. Y contó en qué situación se encuentra la Ley de Humedales: “Durante 2020, el tema humedales pasó a ser un tema mediático, salía por todos los medios. En ese momento empezaron a llover proyectos de leyes de humedales, tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores nacional. Hubo un primer avance en la consolidación de un texto en conjunto en la Cámara de Diputados, al cual se le dio diferentes giros por comisiones. Primero en la comisión de Recursos Naturales, luego Agricultura y demás. Solamente avanzó en la comisión de Recursos Naturales, donde se aprobó, pero después quedó trabada en
El diputado provincial santafesino se refirió así a la designación de Antonio Aracre, ex CEO de la semillera Syngenta como jefe de asesores del presidente de la Nación Alberto Fernández. Del Frade pasó por el programa radial La Retaguardia y habló también de la situación del agronegocio y los incendios en Argentina. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero Carlos Del Frade es diputado provincial por Santa Fe. En los últimos años presentó diferentes proyectos en la Cámara de Diputados y Diputadas para frenar las fumigaciones de los pueblos en la provincia. Esos proyectos fueron siempre cajoneados y perdieron estado parlamentario. “Nos los duermen, porque muchos diputados y diputadas en Santa Fe tienen grandes extensiones de campo. Y lo que ellos quieren no es que el campo dure, es que les dé dinero, por más de que se muera el campo. Esa es una discusión que hay que dar de una vez con los representantes gremiales del campo. Están llevando adelante un proyecto productivo que destruye al campo. Es impactante, pero algún día se van a tener que dar cuenta porque se están suicidando”, dijo el diputado. Syngenta y el Estado nacional Antonio Aracre fue, hasta octubre de 2022, el principal CEO de la empresa semillera Syngenta. En el último coloquio de IDEA, encuentro de empresarios en Mar del Plata, anunció su retiro de la empresa para lanzarse al mundo de la política. Meses después, en enero de 2023 fue elegido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que sea el jefe de asesores de la presidencia. Syngenta es una de las más importantes empresas semilleras a nivel mundial: venden semillas modificadas genéticamente (transgénicas) y agrotóxicos. “Este hombre es la síntesis individual de los intereses que gobiernan la Argentina. Es angustiante para los sectores populares, que votamos a este gobierno, no porque formamos parte del Frente de Todos, pero sí con la idea de que iba a ser diferente en lo referido a la política de entrega y subordinación a las multinacionales, que había sido ostensiblemente el macrismo. Pero, lamentablemente, hemos visto retroceso tras retroceso: empezando con Vicentín (la expropiación que finalmente no sucedió), siguiendo con la privatización de la rama troncal del Río Paraná, continuando con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esta designación va en este sentido. En lo estructural, el dominio económico de la Argentina está en manos internacionales. No sorprende”, planteó Del Frade. El diputado provincial por el Bloque Frente Social y Popular relacionó la situación del agronegocio en nuestro país con lo que sucede en la región, particularmente en Brasil, a partir de los decretos que el presidente Lula Da Silva quiere poner en práctica en el país vecino y que tuvieron una violenta respuesta por parte de la oposición bolsonarista. “Si hay algo claro de lo que pasó en Brasilia el otro día, es que el interés que hay detrás de esto, es tratar de ir contra el nuevo gobierno de Brasil que lo primero que hizo fue plantar decretos que paren el extractivismo de las mineras en el Amazonas, que paren las privatizaciones, que paren la circulación de armas y devuelvan el fondo de protección al Amazonas. Esos mismos intereses, que para mí son los afectados por los decretos de Lula, hoy están presentes en cada una de las provincias argentinas, sintetizados en este representante de Syngenta que ahora se agregó a un gobierno que se suponía nacional y popular y no lo está siendo”, argumentó. El sector político Del Frade habló de la fuerza que existe en el campo político, en las diferentes cámaras, para dar batalla a los intereses populares que buscan defender una tierra libre de agrotóxicos: “El problema grande es que somos minoría los sectores políticos que somos herederos por amor de lo que significaron las tradiciones que combaten al capital, que son esas empresas que concentran las riquezas en pocas manos, que está devastando el planeta y poniéndole fecha de plazo fijo. Lamentablemente, los partidos grandes toman los resortes del poder a través de las herramientas del manejo del Estado, pero nunca son los sectores de izquierda o transformadores los que gobiernan. Ni en las provincias, ni en la nación”. El diputado planteó que en los medios de comunicación tradicionales toman el tema de las sequías y los incendios, pero no ligan esta problemática con el agronegocio: “Ahora se habla de la sequía del norte de la provincia de Santa Fe como si fuera un castigo de algún dios caprichoso, pero es en realidad consecuencia del modelo extractivista, este sojismo exacerbado, de poner soja hasta en una maceta y hacer cada vez más desiertos en provincias tan verdes. El problema es la resignación de los sectores poderosos que cuando llegan al poder ceden ante los sectores conservadores. A 40 años de la vuelta de la democracia, es fundamental reflexionar sobre esto. Hasta que no construyamos una herramienta política de mayorías por fuera de los que ya se resignaron a ser gerentes de los poderes económicos, vamos a tener muchos problemas, más allá de lo ecológico”. También se refirió a las políticas económicas encabezadas por el ministro de Economía Sergio Massa, que ajustan a los sectores populares bajo la premisa de la entrada de dólares al país, supervisados siempre por el Fondo Monetario Internacional. “Es peligroso pensar solo en la necesidad de dólares. Además, ni siquiera se quedan acá esos dólares. El extractivismo profundiza un modelo de dependencia que hace que las riquezas que producen nuestros pueblos queden en manos extranjeras. Además de la destrucción ambiental, tenes el empobrecimiento grande de nuestros pueblos. Llegamos a cifras de pobreza y de miseria muy grandes hoy. En provincias riquísimas como es la de Santa Fe, por ejemplo, que produce por año 50 mil millones de dólares y exportó el año pasado 20 mil millones de dólares, a la gente no le queda un peso. Hay 600 mil personas en medio de la pobreza. Es dramático. Es un modelo de dependencia, donde ni siquiera
Esta fue la pregunta que desde el programa radial Tengo una Idea, le realizaron a la periodista socio ambiental correntina Gabriela Bissaro. Además de describir el estado de situación con las últimas informaciones de los incendios en aquella provincia, la periodista se refirió al vacío ambiental y sus consecuencias. Por último, mencionó el mal y tardío accionar de los Estados provincial y nacional cuando en enero los focos de incendios fueron más graves. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero La periodista Gabriela Bissaro desde Corrientes brindó algunos detalles e información de lo sucedido en la provincia: “Los incendios se siguieron sucediendo hasta la primera semana de marzo. La lluvia, tal vez la más importante de los últimos años, ayudó a aplacar bastante. Pero se reavivaron seis focos de incendio bastantes importantes que obligaron a los bomberos a estar otra vez trabajando durante varios días con temperaturas que oscilaron entre los 43 y 45 grados. La semana pasada, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de Corrientes informó que se superaron el millón de hectáreas quemadas, esto significa el 12% de territorio provincial quemado”. Por otro lado, Bissaro, especialista en la temática del medioambiente, esbozó algunas acciones gubernamentales ante el actual estado de situación: “Si bien hay ciertos anuncios por parte del Gobierno, como por ejemplo el Plan Renacer Iberá que contiene una serie de acciones tendientes a recuperarlo, no está muy clara cuál va a ser la estrategia”. Vacío ambiental “Lo que sí están señalando los y las especialistas investigadoras del territorio es que para empezar a ver cómo se puede recuperar y restaurar el ambiente primero tenemos que tener un diagnóstico de lo que se perdió. Es todo tan reciente que la tormenta que se sucedió al mismo tiempo generó mucho viento y se hizo como una especie de nube y tornado de cenizas. Nunca se había visto algo igual. De lo que se quemó en total, los bosques cultivados representan solo un 3%, la mayor superficie afectada. El 32% son esteros y bañados, que era lo que estaba totalmente seco y se incendió. Le siguieron los malezales y pastizales en una porción bastante importante. No obstante esto, para las áreas cultivadas agropecuarias que sufrieron las llamas hay diferentes líneas de ayuda para pensar el día de mañana. Los pastizales y los malezales tienden a regenerarse solos. En el caso de los bosques quizá necesiten algún tipo de intervención, pero ahí los biólogos son muy cautos”, explicó Bissaro. Pérdidas agroganaderas La periodista también explicó otras problemáticas: “Hay otra discusión política y económica sobre la agroganadería y qué hacer con los animales. Los terneros que se crían en Corrientes representan el 50% de la cría de ganado en nuestro país. El problema en el corto plazo es que no hay comida para estos animales, por eso se están recibiendo donaciones. De esta forma, los productores no tendrían la espalda para comprar los alimentos, y por lo tanto verían la oportunidad de malvender la hacienda. Además están comprometidas las crías que siguen. Según los técnicos que están trabajando en el territorio, aún no pueden dimensionar las pérdidas producidas para el sector. Hay mucha preocupación”. El estado distraído Por último, expresó: “Lo que hoy es una verdad es que se comieron la curva. Esto aplica para todos los gobiernos. Porque no estuvieron a la altura de las circunstancias. Esto se veía venir porque la gente del campo que trabaja con pronósticos lo venía anunciando desde octubre de 2021. Hubo un despliegue de fuerzas y recursos increíbles, pero recién la segunda quincena de febrero, cuando ya se llevaban quemadas 500 mil hectáreas. Todo enero Corrientes ardió y la gente estaba de vacaciones, incluyendo los funcionarios, por lo tanto las responsabilidades son compartidas. Esto ha sido una catástrofe y lo será por mucho tiempo. Se podría tardar de 70 a 80 años en restaurar los esteros del Iberá tal los conocíamos a diciembre del año pasado. Estamos hablando de la segunda reserva natural más importante que tenemos. Es una pérdida que nos toca a todos”.
El abogado ambientalista Darío Ávila se refirió a los últimos incendios que se vienen sucediendo en la provincia de Córdoba poniendo el énfasis en cómo se incumple con la ley que debería proteger los bosques y en el desfinanciamiento en la Secretaría de Ambiente. En la entrevista con el programa radial Tengo Una Idea, demás, analizó las causas de los incendios con una mirada profundamente política. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur/Fernando Tebele 📷 Foto de portada: El resaltador —Hay una política que es la falta de política respecto al manejo del fuego, la falta de presupuesto. ¿Qué pasa para que esto suceda en Córdoba? —Aquí en Córdoba se ha conformado una asamblea muy importante que es la Coordinadora Provincial en Defensa de los Bosques Nativos. Surgió en 2016, a raíz precisamente de distintas vicisitudes que nosotros venimos advirtiendo hace más de veinte años en nuestra provincia de Córdoba y que alternativamente viene siendo gobernada por dos personas: en su momento por el gobernador José Manuel de la Sota; y ahora por el actual gobernador, Juan Schiaretti. Desde ese lugar y del sector que integramos más de cuarenta asambleas socioambientales divididas en distintas regiones, venimos denunciando una política pública impulsada desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que en su afán de seguir promoviendo y seguir profundizando el modelo de progreso y de crecimiento y desarrollo económico, se viene llevando puesto nuestro último reducto que nos queda en Córdoba de apenas un un 3%, unas dos millones de hectáreas de bosque nativo y en muy buen valor de conservación. El Gobierno viene dándole, por un lado al modelo del agronegocio, permitiendo o promoviendo y facilitando las condiciones para que el agronegocio avance con su frontera a costa de nuestros montes; y más moderadamente llevando adelante un feroz plan de desarrollo inmobiliario que consiste precisamente en llevar la propuesta a desarrollistas a lugares donde donde entran a competir estos proyectos con nuestro bosque nativo. La zona de los perilagos, de humedales, ríos y ahora, más recientemente, con el claro propósito de avanzar en la ganadería intensiva en todo lo que es el arco noroeste. Es allí donde nos queda nuestro último relato de bosque nativo de Zona Roja categoría 1, de mayor valor de conservación. Es ahí donde se han incendiado estas últimas 60 hectáreas. Por eso es que desde las asambleas ambientales cordobesas hay un lema que de alguna forma nos identifica, que es sostener y denunciar que, en Córdoba, todo fuego es político. El fuego se ha transformado en una herramienta que tiene por finalidad hacer desaparecer nuestro bosque nativo. —Han sacado 390 vigías, cuando se sabe que en las zonas donde hay peligro de fuego lo importante es no liberar esas zonas, y por otro lado tener gente que vigile esos lugares. Sabemos que el 90% de los incendios son intencionales y que el financiamiento es directamente responsabilidad política. ¿Qué opinás? —Por eso nosotros decimos que el uso del fuego es una herramienta política, porque acompaña decisiones políticas de este Gobierno y que se traducen en distintos campos en materia de protección de los bosques nativos. Hay una Ley Nacional, la 2631 , que obliga a cada una de las provincias a ordenar territorialmente los bosques nativos existentes según distintas categorías: roja, amarilla, verde, y con mayor o menor grado de protección, según las funciones y los servicios ecosistémicos que nuestros bosques brindan como sumideros de dióxido de carbono, regulación de clima y todo lo demás. Esa ley de presupuestos mínimos impone a todas las provincias cada cinco años, actualizar esos ordenamientos de territorios y está muy bien que así sea. Tiene un claro objetivo y finalidad, que sería rediscutir cada cinco años cuál es la realidad de nuestros bosques. Podemos apreciar que es muy dinámica, cambiante. A lo largo de todo su desarrollo distintas intervenciones antrópicas hacen que los bosques estén mutando permanentemente. Hay que volver a discutir el objeto para ver si las normas existentes protegen o no realmente a nuestro bosque y si es necesario establecer nuevas mejoras, mayores restricciones. Córdoba no cumplió con esta obligación de actualizar en el 2015 y tampoco en el 2020. Ya han pasado diez años y al día de hoy no sabemos los cordobeses cuál es la situación real de nuestro bosque, cuánto nos queda de protegido en zona roja, o de superficie de bosque en zona amarilla. Esto permite que en medio de este caos y falta de certeza en los distintos proyectos desarrollistas, inmobiliarios y demás, hagan de las suyas con nuestra agua. No solamente no cumple con la ley, no controla, no fiscaliza, no revisa, sino que también desfinancia. El único sistema que funcionó correctamente es el sistema de prevención. Córdoba tenía un sistema de financiamiento propio, el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Cada vez que se pagaba una boleta de luz, la boleta de energía, que es un servicio provincial de una empresa provincial, se pagaba una alícuota y esa cuenta estaba destinada al financiamiento del Plan Provincial. Esto tenía dos objetivos: proveer precisamente de materiales y recursos necesarios para afrontar la lucha contra el fuego y también la compra de equipamiento para la atención y también financiar eso de los vigías y el personal de vigía. Estos bomberos estaban en una posta, en una torre de altura, en lugares estratégicos. La misión de ellos era visibilizar el comienzo de los incendios y apenas se daban cuenta denunciaban al cuartel de bomberos más próximo y automáticamente se prevenía y actuaba sobre el fuego. Así se evitaba la pérdida masiva de esta superficie. Ese sistema fue absolutamente desmantelado. No existe sistema de control de vigía, de manera que hoy, cuando comienza un fuego y hasta tanto los bomberos llegan al lugar, nos encontramos con algo como lo que ha ocurrido el año pasado. Hemos perdido más de 400 mil hectáreas de bosque. Entonces, el desfinanciamiento, la falta de actualización, de control, o
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